El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales, de 78 años, ha reconocido este jueves al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Iván Yáñez, el presunto testaferro que según la Fiscalía Anticorrupción le acompañó a un banco suizo para ayudar a Luis Bárcenas a mover de sus cuentas tres millones de euros tras destaparse el caso Gürtel con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también gestionó una parte de su sicav familiar, según su declaración en el juicio que se desarrolla desde octubre en San Fernando de Henares (Madrid).

En su declaración, Bárcenas negó que con el envío de tres millones de euros a la firma uruguaya Brixco, de la familia de Sanchís, tratara en realidad, como asegura Anticorrupción, de sacar el dinero de Suiza, ante la posibilidad de que ya estuviera siendo rastreado por el juez Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de la causa en la Audiencia Nacional.

Los dos extesoreros han asegurado que ese dinero era en realidad un préstamo realizado por Bárcenas a una de las sociedades de Sanchís, en concreto la uruguaya Brixco, que estaba pasando en ese momento "un problema de liquidez".

Preguntado por qué se desplazó a Suiza, Sanchís aludió a su condición de jubilado para justificar el viaje: "Yo ya estoy jubilado y a mí me apetece viajar e ir a Suiza era una excusa como otra cualquiera para ir a comer a un buen restaurante y volverme para casa".

La fiscal también se interesó por el motivo por el que Sanchís acudió a uno de los bancos suizos el 10 de marzo de 2009 en compañía de Yáñez. Y el extesorero de AP aseguró que su encuentro en el banco fue casual, ya que él acudió a Suiza desde Francia y no desde España: "Me lo diría el día antes el propio Bárcenas o me lo dijo él, no me acuerdo", contestó Sanchís a la responsable del Ministerio Público.

"¿Dónde conoció a Iván Yáñez?", le interpeló después la fiscal Sabadell a Sanchís, que recordó que era hijo de Francisco Yáñez: "Que fue una de las cinco personas que llevé al Partido Popular [en 1982]. Fue empleado mío en Costa Rica, en dónde yo tengo una explotación maderera y durante unos años estuvo al frente de la explotación maderera y alguna vez que yo iba a Costa Rica estaba él con su padre. Y allí lo conocí, y era un chaval, claro".

"Le dimos una parte"

Pero después Sanchís reconoció su vinculación societaria con Iván Yáñez, otro de los procesados en el caso Gürtel: "Pasó mucho tiempo, pero luego, en algún momento, quizá por indicación del señor Fraga [...] yo tengo una cartera en lo que se llaman las tan denostadas sicav, pues tengo una Sicav familiar, la tienen mis hijos, vamos, y entonces, de esa sicav le dimos una parte para que la administrase, y lo hizo con bastante éxito", completó el extesorero de AP.

La fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell trataba de conocer la fecha en la que Yáñez trabajó para la familia Sanchís, aunque el extesorero de Alianza Popular, la formación política creada por Manuel Fraga y que está en el origen del actual Partido Popular, no fue nada preciso: "Hará siete u ocho años, o diez o doce, no sé".

"¿Fue antes del préstamo del que estamos hablando?", preguntó la fiscal, en referencia a los tres millones de euros que según Bárcenas prestó a la familia Sanchís, en concreto a su empresa Brixco, que se llevó a cabo en 2009. "Antes", contestó de forma escueta Sanchís.

Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado por grandes fortunas principalmente de Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Francia. Este tipo de sociedad, muy criticada por ser vista como una herramienta legal para evadir impuestos, permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.

Estas sicavs son bastante comunes en Europa no solo entre las familias más acaudaladas, sino también como instrumento para gestionar fondos de inversión, gracias a sus ventajas fiscales: en España se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen, pero en Luxemburgo se tributa un 0,01%.

Una sicav de Madrid

Pero el abogado del hijo del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Herrero quiso que el procesado especificara dónde estaba situada la sicav: "¿Puede especificar si esa actividad normal, estaba en un banco en España, en Suiza o en Estados Unidos?", preguntó el letrado, a lo que Sanchís respondió: "En el Barclays Bank en Madrid. "¿La actividad de Yáñez asesorándole en esta actividad de bolsa que ustedes tienen en el Barclays Bank Madrid dónde se realizaba?", volvió a preguntar el abogado, ante lo que de forma escueta contestó Sanchís: "En Madrid".

Asimismo, negó saber que Francisco Yáñez, padre del presunto testaferro Iván Yáñez, fuera propietario de la cuenta de Suiza denominada Obispado. Tampoco sabía, según declaró, que Bárcenas hubiera abierto su primera cuenta con el nombre de Iglesia, al mismo tiempo que se desvinculó por completo de la creación de la sociedad uruguaya Tesedul, creada por Iván Yáñez para Bárcenas y con la que éste último regularizó 10 de los 21,3 millones que tiene bloqueados en Suiza. Según el sumario, Bárcenas utilizó la cuenta suiza Obispado, del padre de su testaferro, para sacar el dinero de la cuenta de su mujer, Rosalía Iglesias Villar.

En su declaración Sanchís recordó que al igual que a Iván Yáñez, también conoció a Bárcenas "con seis o siete años". "Fui íntimo amigo de su padre hace 50 años. Su padre era director de banco en Badajoz cuando empezaba, ya que tenía una fábrica de insecticidas, que es con la que me hice los primeros millones, y él me ayudó. Y ahí hicimos la amistad. Y la amistad con Bárcenas es la correspondiente a una segunda generación".

Y por eso, cuando Sanchís entró en Alianza Popular en 1982, se llevó a Luis Bárcenas: "Tenía una sociedad que se llamaba Corporación Industrial 25, que era un holding de las empresas que nosotros teníamos entonces, y ahí tenía a varias personas, y entonces me llevé a cinco personas [Luis Bárcenas y Francisco Yáñez padre, entre ellas] porque cuando llegué allí, la tesorería del partido, estamos hablando de los años 80, y no había contabilidad ni había nada. Y entonces yo me llevé a estas cinco personas, que por cierto nunca a mi Alianza Popular me pagó un sueldo y ni estuve en nómina".

Pagó nóminas de Alianza Popular

Preguntado por el abogado de la defensa de Luis Bárcenas Francisco Maroto, Sanchís reconoció que "durante un tiempo, y aunque sea una ilegalidad, estuvieron cobrando de mis empresas y no de Alianza Popular, porque no tenían dinero para pagar. Pagué los fondos de todas estas personas", explicó Sanchís en referencia a Bárcenas, Francisco Yáñez y las otras tres que llevó a Alianza Popular.

El extesorero de AP entre 1982 y 1987 Ángel Sanchís Perales fue procesado en 1991 por decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luis Román Puerta, el juez que instruyó el denominado caso Naseiro. En el caso, que resultó finalmente archivado, también estuvieron presuntamente implicados el extesorero de esa formación Rosendo Naseiro, el concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop y el constructor José Balaguer.

Sin embargo, este mismo jueves Sanchís aseguró al tribunal del caso Gürtel que no tiene ningún tipo de relación con el PP ni con nadie que pertenezca al partido, ya que la recuerda como una "época mala" y le ha "costado muchos disgustos". "Afortunadamente no tengo ninguna relación", le contestó a la Fiscalía.

El extesorero del PP Luis Bárcenas confesó al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebra el juicio por el caso Gürtel que en 2011 intermedió entre la empresa Mercadona y la finca argentina del también extesorero de la formación conservadora [Alianza Popular], Ángel Sanchís, para que su amigo fuera proveedor de la firma de supermercados valenciana.

En concreto, logró que la firma de La Moraleja, que es una finca situada en el norte de Argentina en la que se producen sobre todo limones, multiplicara sus ventas por cinco, según declaró Bárcenas este martes por la tarde en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

"Yo no me dedicaba a lo que es gestionar los envíos ni nada por el estilo. Lo que hacía en función de alguna relación que podía tener es poner en contacto, en este caso concreto puse en contacto a Ángel Sanchís padre con una importante cadena de distribución que quería comprar directamente en finca el producto, que no quería intermediarios en la operación, hice un contacto y se consiguió cerrar un acuerdo comercial de venta directa entre la finca de argentina y esta empresa que significó, creo recordar, multiplicar por cinco" las ventas, según especificó Bárcenas en relación a la supuesta existencia de un contrato suyo con el propio Sanchís.

Y Bárcenas, que en un principio no quiso identificar el nombre de la sociedad con la que Sanchís habría hecho negocio gracias a sus contactos, acabó confesando tras la insistencia de la fiscal Concepción Sabadell: "Mercadona".

Una empresa de Mercadona

Bárcenas aseguró que en concreto fue una filial de Mercadona, cuyo nombre no identificó, "pero que es la que compra para ellos. No recuerdo, pero es una empresa específica que tiene Mercadona. Es la única gestión que hice. Pero cubrí de sobra mis honorarios", completó el que también fuera exsenador del PP por Cantabria.

Según consta en la contabilidad B del PP, Mercadona realizó dos aportaciones en 2004 y 2008 en la caja B controlada por el propio Luis Bárcenas de 90.000 y 150.000 euros, respectivamente. Por ello, el principal dueño de Mercadona, Juan Roig, declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la pieza separada denominada papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad en negro del partido, que el pasado lunes Bárcenas denominó "extracontable". Roig negó los pagos a Bárcenas, pero reconoció aportaciones a la Fundación FAES de José María Aznar.

Con esta confesión, el extesorero del PP trata de desmontar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Sanchís, amigo de la familia de Bárcenas, le ayudó a sacar de Suiza hasta tres millones de euros tras la detención de Francisco Correa, y que después se los devolvió de diferentes formas.

Actividades de su mujer

Según Anticorrupción, entre esas transferencias devueltas estarían varios pagos de hasta 143.689 euros a la firma de Bárcenas, Conosur Land, que disponía de una cuenta en España, y en concreto en Bankia. Los honorarios de La Moraleja se abonaban, según Bárcenas, en esta empresa, creada para canalizar "las actividades de [su mujer] Rosalía [Iglesias] en el mundo del arte". El extesorero también dijo que pese a que negoció con Sanchís, no consiguió cobrar a porcentaje y sus emolumentos fueron fijos.

Por aquella operación, el que fuera también gerente del PP hasta el Congreso nacional del partido de Valencia celebrado en 2008, tenía fijados beneficios trimestrales de 100.000 dólares que después pasaron a ser mensuales y que recibía de la compañía de Sanchís.

Para la Fiscalía, sin embargo, y así se lo dijo la fiscal Concepción Sabadell al extesorero en un momento del interrogatorio, el contrato de asesoramiento pretendía dar apariencia a la reintegración por los Sanchís [padre e hijo] a Bárcenas del dinero que salía de sus cuentas suizasBárcenas. "Eso es lo que dice usted", le indicó el extesorero popular a la representante de la acusación pública.

Bárcenas resaltó, también, que la relación con Mercadona se rompió en 2013 tras ser imputado por "riesgo reputacional", por lo que no le habría dado tiempo a realizar más contactos para la empresa de Ángel Sanchís.

Mientras cobraba del PP

Bárcenas emprendió esta nueva faceta profesional antes del verano de 2011, cuando -según explicó- ya no desempeñaba funciones de tesorero en el PP aunque sí continuaba cobrando del partido. "Tenía todo el tiempo del mundo y me ofrecí", dijo.

Para la firma del contrato con la empresa de Ángel Sanchís, Bárcenas se desplazó a Argentina en junio de 2011 y firmó la documentación ante notario, razón por la que únicamente estuvo 24 horas en el país sudamericano. Según Bárcenas, la brevedad del viaje obedeció sin embargo a que la erupción del volcán chileno Puyehue le obligó a modificar sus planes, ya que tenía previsto estar allí varios días para conocer Buenos Aires.

El supuesto interés de Bárcenas por la fruta fresca no se detuvo con este acuerdo, ya que aseguró que llegó a estudiar un subproducto del limón, la cáscara, con la intención de darle valor añadido a través de la obtención de pectinas. Este uso ya había sido empleado en Dinamarca con excelentes resultados, destacó Bárcenas ante el tribunal.

Elude las cajas B regionales

Por otra parte, el extesorero del PP se negó este martes a contestar a cualquier pregunta relacionada con la existencia de la caja B en las sedes regionales del PP , ya que, según recordó, se trata de una investigación que no es objeto del procedimiento que está juzgando en este momento la Audiencia Nacional, relativo a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), informa Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell le preguntó sobre si las sedes locales de la formación política como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), cuyos exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, también están acusados en esta causa, tenían cajas B.

"Es una pieza separada", subrayó el extesorero del PP. Ante esto, la fiscal le destacó que en abril de 2014 ya declaró ante el entonces juez instructor Pablo Ruz que la formación política tenía "una caja B en todas las provincias y regiones de España" para financiar las campañas electorales.

"No recuerdo la declaración. En cualquier caso no estamos hablando de una declaración que no estamos viendo en estos momentos y no le voy a contestar", dijo.

No habla de la reunión con Rajoy

Bárcenas tampoco quiso responder a las preguntas relacionadas con la presencia de su mujer en una reunión que celebró en marzo 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, y en la que presuntamente se pactó que seguiría cobrando del partido pese a abandonar su cargo como tesorero.

"De eso tampoco voy a contestar", respondió ante la cuestión planteada por la fiscal Sabadell por tratarse de una cuestión "de ámbito privado". Rosalía Iglesias ratificó en una declaración prestada en 2014 que estuvo en ese encuentro en el que se fijó la "indemnización en diferido" por sus servicios.

Respecto a aquel encuentro, la esposa de Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa, que ambos dirigentes del PP les dijeron que "todo seguiría igual"dirigentes del PP.

El extesorero del PP Luis Bárcenas está citado a declarar en la Audiencia Nacional este lunes, el mismo día en el que comparecerá en el Congreso por el caso del Yak-42 su enemiga, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y lo hará como procesado del caso Gürtel, por cuya participación en la trama liderada por Francisco Correa la Fiscalía Anticorrupción pide su reclusión en prisión por un periodo de 42 años y seis meses.

Esta será la primera vez que el que fuera máximo responsable de las finanzas del PP de Mariano Rajoy preste declaración ante un tribunal, ya que hasta ahora todas sus comparecencias se habían desarrollado ante los jueces y fiscales que investigan las causas, pero nunca ante un tribunal que puede condenarle a prisión por los delitos de cohecho, falsedad documental, estafa procesal, blanqueo de capitales y apropiación indebida.

Sin embargo, el predecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, se salvó in extremis del juicio tras confirmar el tribunal que éste sufre demencia sobrevenida.

Anticorrupción concentró en un apartado de su escrito de acusación denominado Castilla y León todas las acusaciones atribuidas a Bárcenas, que consisten en su intermediación en esa y otras Comunidades Autónomas a favor de, al menos, las sociedades Teconsa, Sufi SA, Constructora Hispánica SA y el Grupo Ros Roca. A cambio Bárcenas y el resto de integrantes de la red de Correa recibía comisiones ilegales de estas empresas.

Bárcenas también tendrá que defenderse de la acusación de percibir comisiones ilegales  en otras adjudicaciones públicas, pero también por sustraer fondos de la caja B del PP y por realizar compraventas ficticias de obras de arte.

El escrito de Anticorrupción también acusa a Bárcenas de ocultar las comisiones y fondos a través de facturas y contratos ficticios, de sociedades pantalla y de cuentas abiertas en sucursales bancarias en Suiza, país en el que pudo llegar a tener 47 millones de euros. "En esta actuación colaboraron con el acusado su cónyuge, Rosalía Iglesias Villar [que tiene una petición de 24 años y un mes de cárcel], y los también acusados Iván Yáñez, Ángel Sanchís Perales y Ángel Sanchís Herrero", especifica el documento.

infoLibre analiza el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que se juzga en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

  1. Comisiones por adjudicaciones en Castilla y León

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Bárcenas entre los años 2000 y 2009 consiguió mantener la "opacidad" de las rentas derivadas de la trama "a través de sociedades interpuestas, con la emisión de facturas ficticias, con el ingreso de las rentas en cuentas suizas y con su incorrecta declaración ante la Hacienda Pública como ganancias procedentes de supuestas compraventas de obras de arte".

De esta forma, y siempre según el escrito de acusación de Anticorrupción, Correa y otros procesados se aprovecharon de la influencia que Bárcenas y el exdiputado del PP Jesús Merino tenían sobre otros cargos de Castilla y León, gobernada por el PP, "para obtener adjudicaciones públicas a favor de empresas de la confianza de Francisco Correa, y a cambio de la entrega a aquellos cargos de gratificaciones en efectivo". Por estas actividades Bárcenas recibió al menos 1.248.561 euros, por 331.737 euros Jesús Merino.

En concreto se trata de tres obras: la variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas (Burgos), la variante de Olleros de Alba (León) y el centro de tratamiento de residuos urbanos de Salamanca, en las que los procesados, uno de ellos Bárcenas, "acordaron percibir la correspondiente comisión por su labor de intermediación en estos casos, que distribuía Francisco Correa, y que entregaba bien en efectivo bien, en el caso de Luis Bárcenas, en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados con facturas ficticias", explica Anticorrupción.

Correa, Bárcenas, Merino y Jesús Sepúlveda acordaron para cobrar la comisión la utilización de la sociedad Spinaker 2000 SL, creada por el procesado Luis de Miguel y gestionada por el número dos de la trama, Pablo Crespo, que seguía las directrices del propio Correa. "El origen de los ingresos y su destinatario se enmascaraba con la emisión de facturas falaces por servicios inexistentes cuyos importes se distribuían entre sus verdaderos beneficiarios en efectivo y de modo opaco a la Hacienda Pública", sostienen las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

A través de la sociedad Spinaker 2000 SL, los acusados ocultaron sus participaciones en las sociedades Rialgreen SL y Langa de Duero Enercor XXI, con las que tuvieron al menos un ingreso de 13.927 euros en octubre de 2003 derivado de los beneficios obtenidos del contrato suscrito con el Partido Popular, que en el negocio estuvo representado por Bárcenas. Estos cobros se realizaron mediante "cinco facturas mendaces correspondientes a servicios inexistentes emitidas por sociedades gestionadas por Luis de Miguel quien, tras recibir de este modo los fondos, los distribuyó entre sus verdaderos beneficiarios en efectivo y de forma opaca para la Hacienda Pública".

La Fiscalía Anticorrupción asegura que el extesorero del PP también ingresó de forma irregular importantes cantidades en especie, especialmente en viajes abonados por Francisco Correa, que ascendieron a 33.000 euros en 2002, 6.000 euros en 2003 y 72.000 euros en el 2007. Bárcenas percibió en mayo de 2003 otros 36.000 euros en concepto de pago de deudas y en noviembre de 2003 un importe de 4.750 euros.

  2. Sustrajo 299.000 euros de la caja B del PP

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Bárcenas sustrajo una parte de los fondos que el PP ingresaba de forma opaca en su caja B, conocida tras publicarse los conocidos como papeles de Bárcenas. Las fiscales aseguran que Bárcenas, como gerente nacional del PP, tenía encomendada la gestión de ese dinero, aunque el propio procesado asegura que era su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, era el que realmente llevaba el control de la misma. Sin embargo Lapuerta, con demencia sobrevenida, no ha sido procesado.

Los fondos sustraídos, en concreto 299.650 euros, se ingresaron en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza. Según Anticorrupción, este dinero procedía de la caja B del Partido Popular, "que se nutría de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Luis Bárcenas, con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, "prevaliéndose de su cargo en la formación política y aprovechándose al efecto de la evidente opacidad que ofrecía la doble estructura contable creada por el Partido Popular", sustrajo primero en 2003 al menos 150.050 euros que ingresó en el Dresdner Bank suizo. En 2005 Bárcenas se apropió de otros 149.600 euros, de los que destinó 149.000 euros, según reconoció su esposa Rosalía Iglesias, a pagar parcialmente unos inmuebles adquiridos por el matrimonio.

La sustracción de esta última suma se produjo con motivo de la compra de acciones de Libertad Digital SA, "decidida en el seno de la formación política con el fin de colaborar con esa sociedad ocultando el verdadero aportante de los fondos".

"A tal objeto", prosigue el escrito de Anticorrupción, "Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta contactaron con distintas personas, como la acusada Rosalía Iglesias, a quienes entregaron fondos de la caja B del PP con los que suscribieron acciones de la referida sociedad. En el marco de esa operativa, el acusado Luis Bárcenas, con el conocimiento y anuencia de Álvaro Lapuerta, aprovechando la compra de acciones de Libertad Digital SA, con fondos opacos, dispuso, en octubre de 2004 de un total de 149.600 euros con los que adquirió 1.360 acciones de esa entidad a nombre de su esposa, quien, conocedora de la operativa y de la procedencia de los fondos, se prestó a ello".

  3. Ocultó 47 millones en Suiza

Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias Villar crearon "un entramado financiero" constituido en entidades bancarias suizas en el que acumuló hasta 47 millones de euros, "cuyo origen no se corresponde con su declarada actividad ni con su ahorro". "El acusado únicamente declaró a la Hacienda Pública las citadas ganancias patrimoniales como derivadas de ficticias operaciones de compraventa de cuadros ocultando el resto de las rentas generadas" hasta que presentó, con la ayuda del presunto testaferro Iván Yáñez, sendas declaraciones tributarias especiales "inveraces e incompletas", explica Anticorrupción, que justifica esa opinión en que se presentaron en nombre de las sociedades Tesedul y Granda Global, "omitiendo toda referencia a su verdadero titular y consignando sólo parcialmente los fondos generados".

Bárcenas, tras conocer en febrero de 2009 la detención de Francisco Correa por orden del juez Baltasar Garzón, fue "auxiliado" por Iván Yáñez, Ángel Sanchís Perales y Ángel Sanchís Herrero para desplegar "una compleja operativa de ocultación de los fondos que tenía depositados en Suiza", con la intención de sacarlos de este país y darle una cobertura legal.

Para ello, sostiene la acusación del Ministerio Público, Bárcenas simuló la concesión de un préstamo "ficticio" de su Fundación Sinequanon de tres millones de euros a su amigo y extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Perales "con el fin de que se lo reintegrara" en diez años. La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Sanchís Perales.

Los fondos supuestamente prestados se remitieron desde la cuenta que Luis Bárcenas tenía en el Dresdner Bank a una empresa uruguaya vinculada a la familia Sanchís. Y una parte de dichos fondos fue, a su vez, posteriormente transferida a cuentas de otra sociedad relacionada con Sanchís, la argentina La Moraleja SA, en cuya administración intervenía Ángel Sanchís Herrero. Otra parte de esos fondos se trasfirieron desde Brixco SA a la sociedad uruguaya Rumagol SA.

La Fiscalía sostiene que el presunto testaferro Iván Yáñez colaboró con Bárcenas para transferir el resto de sus fondosBárcenas a nombre de la panameña Fundación Sinequanon y de la sociedad uruguaya Tesedul a otras situadas fuera de Suiza. Bárcenas también trató de sacar el dinero de la cuenta que su mujer tenía en Suiza a otra denominada Obispado, que propiedad del empleado de la tesorería del PP Francisco Yáñez, el padre fallecido del testaferro Iván Yáñez, para su posterior traspaso al extranjero.

  4. Simulación de operaciones de compraventa de obras de arte

Luis Bárcenas "enmascaró" desde el año 2000 la procedencia de sus fondos en efectivo como operaciones de compraventa de obras de arte, al igual que lo hizo su esposa Rosalía Iglesias con algunos de sus ingresos, según indica la Fiscalía Anticorrupción,

De esta forma, ante los gestores de sus cuentas suizas Barcenas justificó "falazmente" una gran parte de esos ingresos como ganancias procedentes de compraventa de obras de arte, "justificación habitualmente empleada por el matrimonio Bárcenas-lglesias como cobertura formal de sus ingresos en efectivo".

Una de las operaciones encubiertas como compraventa de cuadros fue la solicitud de un crédito de 330.000 euros "con el simulado fin de adquirir una obra de arte siendo su verdadera finalidad la de disponer de una aparente justificación documental legal para la tenencia de esa cantidad en metálico". Poco después Bárcenas canceló el crédito, también en metálico.

Además, el matrimonio reflejó en sus correspondientes declaraciones tributarias supuestas ganancias derivadas de transmisiones de cuadros. "Con estas operaciones no solo consiguió aflorar sus rentas bajo una apariencia legal, sino evitar al mismo tiempo su tributación", ya que consignaron una fecha de compra de los cuadros supuestamente vendidos que les otorgaba una reducción del 100% en la tributación sobre las plusvalías.

"En la declaración de IRPF de 2004, el matrimonio Bárcenas-lglesias reflejó la venta por 270.000 euros de un bodegón supuestamente adquirido en 1983 por Rosalía Iglesias a un precio de 4.086 euros. Con esta declaración se eludió el pago de gravamen sobre la ganancia aparentemente obtenida con esa transmisión y se justificó el ingreso en efectivo de 120.000 euros realizado en marzo de 2004 por Rosalía Iglesias en su cuenta de Caja Madrid", especifica la acusación del Ministerio Público.

Pero además, Rosalía Iglesias, "de acuerdo con Luis Bárcenas", consignó en su declaración de IRPF de 2006 otros 560.000 euros como procedentes de la transmisión de cuadros adquiridos en 1987 por un importe de 1.803 euros. "Con ello la acusada eludió nuevamente la tributación de su ficticia ganancia por la aplicación del régimen transitorio dada la supuesta antigüedad del bien y justificó mendazmente el ingreso en efectivo de 500.000 euros efectuado en enero de 2006 y el cobro en diciembre de un talón de 60.000 euros en la misma cuenta. Este talón correspondía a un pago efectuado por Rosendo Naseiro a Luis Bárcenas", indica el escrito de acusación de Anticorrupción.

En su intento de justificar las operaciones de su mujer, Bárcenas aportó a la Agencia Tributaria una serie de documentos que reflejaban "operaciones comerciales inexistentes que habían sido elaborados por los dos acusados, con la colaboración de otras personas, a fin de justificar falazmente la procedencia de los fondos ingresados en la cuenta de Caja Madrid de Rosalía Iglesias y conseguir la finalización del expediente administrativo".

Por este motivo, el juez Pablo Ruz imputó a Bárcenas y a su mujer los delitos de falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa, de los que se tendrán que defenderse este lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

Standard Chartered Bank, el banco británico que actuó como corresponsal en el envío de transferencias al extranjero por un valor de 617,6 millones de euros del Banco Pastor, y que investigan Hacienda y el magistrado José de la Mata en una pieza separada del caso Gürtel denominada Cantón, ha sido multado en dos ocasiones por más de 600 millones de dólares por autoridades de Estados Unidos por no luchar contra el blanqueo de capitales.

En concreto, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, en el que están instaladas el 90% de las entidades financieras en este país, ha impuesto dos sanciones contra el banco por un valor de 640 millones de dólares, según ha informado el propio departamento encabezado por el superintendente Benjamin M. Lawsky, que también ha sancionado a otras entidades como el HSBC.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria envió un duro informe sobre la actuación del Banco Pastor en la presunta trama de blanqueo de capitales de 617,6 millones de euros descubierta gracias a la investigación de la trama Gürtel, y cuya operativa fue adelantada por infoLibre.

"Elevadísimo" blanqueo

"Se han apreciado indicios de que Banco Pastor y Belfast Link podrían haber participado en un escenario de blanqueo de capitales", indica el documento de la Onif fechado el 15 de marzo y que califica como "elevadísimo" el volumen de fondos canalizado entre 2006 y 2010 por esta entidad financiera gallega: 617,6 millones de euros.

El informe de la Agencia Tributaria especifica los "posibles graves incumplimientos del Banco Pastor", que "lejos de ser puntuales, podrían afectar a varias de las principales obligaciones contenidas en esas normas". Como por ejemplo que el banco no identificó a los intervinientes de las 34.000 operaciones investigadas en relación a las firmas Eves y Belfast Link, y los titulares reales de las sumas transferidas. 

Pero el Pastor, que en 2011 fue comprado por el Banco Popular, tampoco conservó la documentación, tal y como obliga la ley, al mismo tiempo que incumplió la obligación de no establecer relaciones de negocio con "bancos pantalla" y que no comunicó a las autoridades españolas, en concreto el Servicio de Protección del Blanqueo de Capitales (Sepblac), las importantes cantidades de dinero transferido de forma irregular mediante las empresas Belfast Link (Uruguay) y Eves (Argentina).

"Copia de los cheques"

El Banco Popular, en una carta dirigida al magistrado De la Mata, explicó a éste que había reclamado al banco corresponsal de las transferencias bancarias sospechosas, el Standard Chartered Bank, "copia de los cheques que formaban parte de casa remesa".

En concreto, el banco corresponsal hasta 2008 fue el American Express Bank, que en febrero de 2008 fue adquirido por el Standard Chartered Bank, a quien ahora se dirige el Banco Popular, y más en concreto a la directiva Margherita Invernizzi, a quien le reclama todos los cheques abonados entre 2006 y 2010 desde la cuenta del antiguo Banco Pastor.

Pero la entidad financiera española, que ahora mismo está inmersa en una dura crisis de solvencia, aportaba un dato más para la investigación del magistrado De la Mata: que pese a que en los ficheros con los que contaba el banco español "se han respetado los datos del país del ordenante/beneficiario que figuran en el fichero informático del Banco Pastor del que se han extraído, es obvio que en todos estos movimientos el dato sobre el país en que está domiciliada la cuenta del ordenante (dato por el que se interesaba el Juzgado) es siempre Estados Unidos. Extremo distinto es cuál es el país del ordenante", completa el documento del Banco Popular.

Pero infoLibre ha accedido a documentación del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York que muestra que el británico Standard Chartered fue objeto de dos sanciones. La primera fue el 21 de septiembre de 2012, tras confirmar que desde al menos 2001 a 2007, el banco británico proporcionó servicios de compensación en dólares a clientes iraníes sujetos a sanciones económicas estadounidenses.

En concreto, las autoridades del Estado de Nueva York pusieron su foco sobre 59.000 transacciones por un total de aproximadamente 250.000 millones de dólares, a través de la sucursal del banco en Nueva York.

Omitiendo información

La entidad financiera facilitó estas transacciones eliminando u omitiendo la información que identificaba a las contrapartes sancionadas de los mensajes de pago (mediante el uso de separación de cables y pagos de cobertura), ocultando así su conducta de los reguladores y las autoridades policiales. La primera multa fue de 340 millones, al tiempo que obligó al banco a contratar a un empleado durante dos años cuyo cometido era examinar y evaluar los programas, políticas y procedimientos de cumplimiento de la normativa de la lucha contra el blanqueo.

Standard Chartered contrató al analista, que identificó nuevos fallos, con respecto a los sistemas de control de las de transacciones que el banco no había revelado. Por ello, el 9 de agosto de 2014, Standard Chartered y el Departamento firmaron una segunda sanción según la cual el banco suspendió la compensación de dólares en su sucursal de Nueva York y pagó una multa adicional de 300 millones de dólares, al mismo tiempo que fue obligado a adoptar nuevas medidas correctivas que supervisaría el analista, que permanecería dos años más en el banco.

Sanción de Argentina

Además, y según reconoció recientemente el propio banco británico, el regulador financiero de Hong Kong tiene intención de emprender acciones contra Standard Chartered, cuyo negocio se concentra principalmente en Asia, en relación al patrocinio de una salida a Bolsa asesorada en la región en 2009, según informó el banco británico durante las presentación de sus cuentas trimestrales, donde admitió que dicha acción podría tener "consecuencias financieras" para la entidad.

Tal y como adelantó infoLibre, los propietarios de una de las empresas implicadas en el presunto blanqueo, en concreto la argentina Eves, fue objeto de dos sanciones por parte del Banco Central de la República Argentina por un total de 612.000 euros.

El juez José de la Mata, que continúa la instrucción del caso Gürtel tras tomar el relevo de su antecesor, Pablo Ruz, ha frenado en seco el intento de los principales inculpados por sembrar sospechas sobre la limpieza del proceso y allanar así el camino hacia la nulidad de todo lo que en el caso se deriva de la información facilitada por Suiza.

Sin esa información, producto de nada menos que 50 requerimientos de ayuda judicial, nadie podría, por ejemplo, utilizar en el juicio la existencia de cuentas ocultas como las que permitieron a Luis Bárcenas mantener hasta 48 millones fuera del control de la Hacienda española.

En un auto dictado el martes de esta semana, De la Mata deniega de forma rotunda la petición de Ángel Sanchís, extesorero del PP, para que al requerimiento número 51 se incorpore la siguiente solicitud: que el fiscal federal suizo Sergio Mastroianni “certifique” si las fiscales del caso y el juez Pablo Ruz se reunieron con él en marzo a espaldas de las defensas, lo que, tanto Sanchis como otros relevantes procesados dan por hecho que ocurrió.

Bajo la acusación de haber ayudado a Bárcenas a blanquear tres millones ocultos en Suiza, Sanchís está imputado en la primera pieza del caso Gürtel que se verá en juicio, la denominada Primera Época (1999-2005).

La cuestión, viene a responder De la Mata, no es tanto si aquella reunión u otra de similares características e inscrita en el contexto de la cooperación internacional se produjo sino “si se han desarrollado actividades procesales en una causa [aquí, en la Gürtel] sin el conocimiento de las partes”. Y eso, zanja el magistrado, “no es el caso”.

“No consta –sostiene el auto judicial- que se haya realizado actividad alguna de carácter procesal (y de hecho, de ningún otro carácter) y con incidencia directa o indirecta en la causa que haya motivado el desplazamiento sugerido a Berna (Suiza) del juez central de instrucción junto con representantes del ministerio fiscal”.

Porque si tal actividad se hubiera desarrollado, argumenta el juez, “habría sido acordado en la causa y, como el propio recurrente indica se habría practicado la diligencia procesal correspondiente con citación y participación de las partes personadas”.

De la Mata ya había tumbado el 6 de mayo los recursos previos de otros imputados -entre ellos el propio Luis Bárcenas- con los que pretendían evitar que España recabe de Suiza nuevos datos que, de ser facilitados, pueden sin duda agravar su situación procesal. Y ya entonces les advirtió de que las reuniones y contactos que pueden mantener autoridades extranjeras “en materia de cooperación judicial” están reguladas “sin que supongan irregularidad alguna”.

Pero ahora, el nuevo instructor del caso Gürtel llega más lejos y asesta un sopapo argumental a Sanchís y a quienes, como él, alientan la tesis de que su antecesor al frente de la instrucción y las fiscales vulneraron las garantías procesales. Sanchís, aduce De la Mata, sustenta su petición en “la mera sospecha de que se ha instruido el proceso al margen de las partes y sin contradicción”. Y esa premisa, concluye el juez, “carece del más mínimo anclaje y soporte en la causa”.

Las fiscales no se opusieron

Las fiscales del caso habían pedido al juez que admitiera la petición de Sanchís en lo que, fuentes jurídicas conocedoras de la instrucción consideran un paso lógico: “Muy probablemente no querían que alguien pudiera pensar que obstaculizaban la solicitud porque tenían algo que ocultar”.

El primero de los inculpados que destapó sus cartas para lograr la nulidad al incluir en uno de sus escritos la acusación de que Ruz y las representantes del ministerio público se habían reunido con el fiscal suizo Sergio Mastroianni fue Iván Yáñez, considerado testaferro de Luis Bárcenas en Suiza.

Yáñez introdujo una segunda afirmación que, de haber sido cierta, habría dado nuevas bazas a los imputados: que quien, contraviniendo la legislación suiza, envió a España los documentos requeridos a Berna no fue la Fiscalía de aquel país ni ningún tribunal sino una funcionaria de la Oficina Federal de Justicia que acabó “despedida”.

La propia Oficina Federal de Policía y Justicia de Suiza desmintió tal afirmación. En respuesta a una pregunta de infoLibre, su portavoz verificó que la funcionaria ya no trabaja para la Administración helvética pero en absoluto porque hubiera sido despedida sino porque acabó fichada por uno de los más reputados bufetes del país, fue la respuesta oficial. Y si envió los papeles a España lo hizo en su calidad de funcionaria de la Oficina Federal de Justicia y no por iniciativa propia.

De Rajoy abajo, ninguno

Al margen de su petición sobre Suiza, la defensa de Sanchís asegura que siempre confió en su compañero de filas porque en febrero de 2009, cuando estalló el escándalo, era "un reputado senador del Reino de España y tesorero prestigioso del PP". Lo que subyace bajo esa afirmación es el argumento de que si la propia dirección del PP, empezando por el presidente Mariano Rajoy, continuó confiando en Bárcenas tras su imputación inicial, tampoco Ángel Sanchís tenía motivos para desconfiar de él.

"Si las opiniones que sobre él se realizaban, entonces, eran todas favorables y de defensa a ultranza sobre su honestidad, ¿por qué mi representado tenía que sospechar lo contrario?", se pregunta el antiguo responsable de las finanzas 'populares' en el escrito de defensa remitido al juez José de la Mata.

Las autoridades suizas se han vuelto a dirigir al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel,Pablo Ruz, para reclamarle que suspenda "inmediatamente" la utilización de nuevas informaciones bancarias que habían sido enviadas a España el pasado 12 de febrero.

La documentación aporta datos novedosos sobre las cuentas abiertas por una fundación del extesorero del PP Luis BárcenasLuis Bárcenas en una entidad bancaria de este país, según un documento al que ha tenido acceso infoLibre.

Este comunicado de las autoridades suizas está firmado por el procurador federal de la Confederación Helvética, Sergio Mastroiani, y en la misma se indica que la prohibición, que no es definitiva, se produce a instancias del Tribunal Penal Federal suizo.

En concreto, Suiza reclama a a Ruz que no utilice la documentación que había sido aportada el 12 de febrero desde la entidad financiera suiza Lombard Odier sobre una cuenta de la Fundación Sinequanon, creada en Panamá y que la policía atribute a Bárcenas.

En esta documentación, que ya tienen las partes personadas en el caso Gürtel, se puede constatar que el presunto testaferro de Bárcenas Iván Yáñez da instrucciones al gestor de la cuenta de la la asociación: "Federico [Mentha], creo que has hablado con nuestro amigo común para hacer el traspaso del fondo desde mi cuenta a la suya (sin gastos para él). El traspaso del dinero habrá que hacerlo al valor liquidativo del día que se haga. Cuando esté el efectivo, necesitaría que transfieras 110.000 euros a mi cuenta de Deustche Bank Madrid”.

Cuentas en Suiza

Esta no es la primera vez que Suiza pone impedimentos a Ruz para que pueda utilizar la documentación bancaria de Bárcenas e Iván Yáñez, el hijo del fallecido empleado del PP Francisco Yáñez, que también disponía de cuentas en Suiza al margen del fisco.

En enero pasado, la Oficina Federal de Justicia de Suiza reiteraba su negativa a que los documentos ya enviados a Ruz pudieran servir para acusar a Bárcenas de fraude fiscal: "Las autoridades españolas no ofrecen explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal", especifica el texto.

Esta negativa se extendía también a la documentación aportada por Suiza sobre el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

Suiza adoptó esta decisión al considerar que los sobornos de Bárcenas "repercutían en perjuicio del Partido Popular y no en el de la Hacienda pública española". "Dicho de otro modo", prosigue el escrito, "en este momento no se desprende que el Estado español hubiese sufrido un perjuicio patrimonial por fraude fiscal".

Dos extesoreros del PP

Precisamente, esta nueva documentación aportada al sumario del caso Gürtel es el centro de la nueva disputa jurídica entre Bárcenas y Ruz. Las representaciones legales de los extesoreros del PP Bárcenas y Sanchís, y la de Iván Yáñez enviaron al juez escritos en los que solicitaban que se dejara sin efecto la decisión de Ruz de trasladar a las partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Policía Judicial.

Según estos tres acusados, al que se ha sumado el hijo de Ángel Sanchís, Ruz ha pedido nuevos informes cuando el sumario de la pieza de Gürtel denominada Época I, 1999-2005, ya está cerrada. “El instructor, al recabar informes del Ministerio Público y de las unidades de Policía Judicial y de Auxilio de la AEAT), está vulnerando las garantías procesales que amparan a mi mandante como imputado/acusado, así como sus derechos fundamentales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías”, denunciaba el escrito presentado por Yáñez.

No es una diligencia novedosa

Pero un auto firmado este mismo jueves por el juez Ruz asegura, "en consonancia con el Ministerio Público", su decisión de mantener la resolución, pues la comisión rogatoria se expidió durante la fase de instrucción.

Además, el traslado de esta nueva documentación, "que no petición de informe, no supone la práctica de una diligencia novedosa, [...] por lo que en modo alguno se vulneran los derechos a la defensa y a la tutela judicial", confirma el auto del juez Pablo Ruz.

Los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Ángel Sanchís, así como el presunto testaferro Iván Yáñez, han reclamado al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, Pablo Ruz, que deje de solicitar nuevas pruebas en el marco de la pieza separada denominada Época I. En la misma se incluyen todas las ilegalidades cometidas entre 1999 y 2005 por los integrantes de la trama corrupta liderada por Francisco Correa.

Ruz acordó el pasado 5 de marzo mediante un auto la apertura del juicio oral contra 40 empresarios y una quincena de excargos del PP, entre los que se encuentran los extesoreros Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta. En concreto, la Fiscalía reclamó más de 360 años para los exintegrantes del PP que formaban parte o se beneficiaron de la red corrupta.

Pero Bárcenas, Yáñez y Sanchís tratan de que Ruz no puede seguir aportando nuevas pruebas, y acusan al magistrado de vulnerar sus derechos constitucionales por seguir pidiendo pruebas sobre los aspectos incluidos en la pieza cerrada a principios de marzo.

La resolución judicial que tratan de frenar es una providencia de Ruz en la que pide a la Fiscalía Anticorrupción, a los agentes de la Policía Judicial y a los funcionarios de la Agencia Tributaria que realicen un informe sobre el contenido de la última comisión rogatoria procedente de Suiza.

En la misma se aportan datos de las cuentas de Yáñez, y su trabajo como presunto testaferro de Bárcenas: “Federico [Mentha], creo que has hablado con nuestro amigo común para hacer el traspaso del fondo desde mi cuenta a la suya (sin gastos para él). El traspaso del dinero habrá que hacerlo al valor liquidativo del día que se haga. Cuando esté el efectivo, necesitaría que transfieras 110.000 euros a mi cuenta de Deustche Bank Madrid”.

Escrito del 20 de marzo

Pero ni Bárcenas ni el propio Yáñez quieren que Ruz siga investigando este movimiento bancario: “Al haberse cerrado la instrucción no se puede continuar con la práctica de diligencias de prueba, al haberse dado traslado a los imputados para la formalización de los escritos de defensa”, explica el letrado defensor en un escrito en nombre de Bárcenas remitido el pasado 20 de marzo a la Audiencia Nacional.

Según la investigación llevada a cabo hasta el momento por Ruz, Iván Yáñez fue una de las personas que ayudó a Bárcenas a sacar su dinero de Suiza tras producirse la detención en febrero de 2009 de Francisco Correa tras la orden de Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que por el momento ocupa Pablo Ruz.

Yáñez considera que el traslado decidido por el juez de la documentación a la Policía y a Hacienda para que hagan un informe vulnera los derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a tener un procedimiento con todas las garantías. “No debemos olvidar que el instructor, teniendo en cuenta la fase del procedimiento en que nos encontramos […] no tiene ya ninguna facultad ni competencia para acordar diligencias de prueba de carácter instructorio en la pieza separada Época I: 1999-2005” de Gürtel.

Infracción del principio "acusatorio"

El presunto testaferro de Bárcenas recuerda al magistrado que ya sólo puede recibir de los acusados los escritos de conclusiones provisionales y remitir las actuaciones a la Sala de lo Penal, el órgano competente para juzgar la causa.

“El instructor, al acordar nuevas diligencias de prueba (en este caso trata de recabar informes del Ministerio Público y de las unidades de Policía Judicial y de Auxilio de la AEAT), está vulnerando las garantías procesales que amparan a mi mandante como imputado/acusado, así como sus derechos fundamentales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías”, explica el escrito presentado en nombre de Iván Yáñez.

Para este imputado, la decisión de Ruz se trata de una clara infracción del principio “acusatorio”, algo que, continúa Yáñez, significa una “doble vulneración constitucional: la del derecho a conocer de la acusación, y la del derecho a no sufrir indefensión”.

Las fiscales asignadas al caso Gürtel han rechazado archivar las acusaciones contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, según los escritos enviados al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

En total, las representantes del Ministerio Público han confirmado las acusaciones dirigidas contra una treintena de imputados, entre los que se encuentran los extesoreros del PP y otros exdirigentes de esta formación política, como por ejemplo el exconsejero madrileño Carlos Clemente; el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda; y el exdiputado Jesús Merino.

En la lista de 30 imputados cuya cusación confirman las fiscales aparecen también el cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa; el número dos de la trama, Pablo Crespo; así como el presunto testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez, y la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias Villar.

Delito de cohecho

Las fiscales defienden la imputación de Bárcenas y de Lapuerta del delito de cohecho pese a que en el monento de cometer el presunto delito no ejercían cargos en instituciones que pudiera adjudicar obra a Francisco Correa, al recordar que una sentencia del Tribunal Supremo "admite el cohecho cuando la entrega se realice en consideración a la función de aquel".

"En definitiva, los hechos y delitos atribuidos a Luis Bárcenas en el auto recurrido aparecen indiciariamente acreditados motivando, en consecuencia, la denegación del archivo interesado por su defensa", concluyen las fiscales, que especifican que la participación de un particular como Luis Bárcenas en un delito de cohecho "es plenamente admisible". "Asimismo, cabe destacar que el delito de tráfico de influencias lo puede cometer tanto un particular como un funcionario".

Libertad Digital

Además, para las fiscales está claramenta acreditado que las siglas "L. B". corresponen a Luis BárcenasLuis Bárcenas. También aseguran que el extesorero del PP se aprovechó de la operación de compra de acciones de Libertad Digital para quedarse con dinero de esta formación política, con la que el matrimonio adquirió un inmueble en los Pirineos.

"La titularidad de Luis Bárcenas de los fondos de las cuentas suizas ha quedado indiciariamente acreditado", continúan las fiscales en su escrito, que destacan que en 2009 Bárcenas cambió la titularidad de las cuentas para ocultar al verdadero propietario de las mismas.

Precisamente en este presunto "ocultamiento" habría participado Ángel Sanchís, otro extesorero que recibió un préstamo "falso" de 3 millones de euros "al amparo del cual se habría transferido ese importe desde una cuenta suiza de Bárcenas a otra vinculada al imputado Ángel Sanchís Perales".

Las fiscales tampoco rechazan el sobreseimiento de la acusación contra Lapuerta, asegurando que durante el juicio oral se le realizará "un examen del eventual deterioro de las facultades intelectivas y cognitivas del imputado".

La Fiscalía argentina especializada en corrupción ha enviado al juez Pablo Ruz un demoledor informe donde sostiene que el emporio agrícola que el exdirigente del PP Ángel Sanchís posee en el país, La Moraleja SA, sirvió como cauce para una "millonaria operación" de blanqueo de los capitales ocultos del extesorero del partido Luis Bárcenas. "La Moraleja –acusa la Fiscalía argentina– no sólo habría actuado en algunas operaciones aisladas de lavado de activos, sino que su estructura, tanto contable como operativa, habría sido puesta a disposición de Bárcenas a fin de ayudarlo en su blanqueo de capitales de procedencia ilícita".

En el informe, el fiscal Carlos Gonella define a Sanchís como "amigo y mentor político" de quien terminaría siendo su sucesor en el control y manejo de las finanzas del PP, Luis Bárcenas.

El documento, que en buena parte se sustenta en el trabajo realizado por la unidad antiblanqueo de Argentina (UIF), plantea el interrogante de si, supuestamente, Bárcenas desvió sólo tres millones de euros a La Moraleja a través de la compañía uruguaya Brixco o si la cifra fue muy superior. Porque, según la Fiscalía de Buenos Aires, si Brixco transfería anualmente una media anual de 3,9 millones de dólares a la empresa de Sanchís, en 2009, el año en que estalló el caso Gürtel y Bárcenas sacó su dinero de Suiza deprisa y corriendo, la mercantil uruguaya hizo llegar a La Moraleja nada menos que 11,9 millones de dólares.

Gracias a La Moraleja, sostiene el informe, Bárcenas pudo evitar el bloqueo del dinero que acumulaba en Suiza, donde llegó a tener 48 millones de euros, y reintroducir parte de los fondos en el circuito legal argentino como si fuesen anticipos de un tercero –la compañía uruguaya Brixco– abonados a la empresa de Sanchís por la venta de zumo de limón en otros países.

El informe expresa esa idea en los siguientes términos: "Los hechos del presente caso se configuran a partir de una compleja maniobra de lavado procedente [...] del desvío de fondos y activos financieros generados en delitos de corrupción cometidos [...] en España. Parte de estos fondos ilícitos habrían sido colocados formalmente en la economía a través de dos tipos de operaciones, en las que la sociedad comercial La Moraleja SA, su actual presidente [Ángel Sanchís hijo] y el síndico titular [Patricio Bel, abogado de Bárcenas en Argentina] tomaron intervención directa".

Por un lado, La Moraleja habría actuado como "pantalla para ocultar el fruto de operaciones delictivas". Y, por otro, "se habrían utilizado las oficinas comerciales de La Moraleja pará realizar compraventas simuladas en las que habrían participado [Patricio] Bel, [Ángel] Sanchís y [Luis] Bárcenas". La de los cuadros que Bárcenas dijo haber vendido para justificar el origen de medio millón de euros.

El informe desvela que la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, encargada de la detección y lucha contra el blanqueo de capitales, ya estaba investigando las transacciones de La Moraleja desde los primeros meses de 2013. Ese año, un banco y una aseguradora locales denunciaron operaciones sospechosas detectadas en la empresa que gestiona en la provincia norteña de Salta el latifundio de Sanchís y su familia.

El segundo de los denunciantes, el Standard Bank Argentina, centró su denuncia en dos millones de dólares recibidos por la empresa de Sanchís a través de Brixco, una sociedad teóricamente especializada en intermediar en la venta de productos de La Moraleja y a la que el fiscal de Buenos Aires –igual que los investigadores españoles– viene a definir como la tubería a través de la cual Bárcenas condujo el dinero desde Suiza a Nueva York para, una vez allí, viajar hacia Uruguay y recalar finalmente en Argentina.

Las transferencias desde Brixco se triplicaron en 2009

Hasta ahora, lo que la investigación había sacado a la luz –el extesorero del PP Ángel Sanchís lo niega todo– es que Bárcenas habría desviado a La Moraleja tres millones de euros a través de Brixco. "No obstante que la operatoria de La Moraleja con Brixco –dice el informe– venía de años antes de que se realizaran las transferencias sospechadas desde Suiza a la cuenta de Brixco en Nueva York y que siguieron años después, lo cierto es que no casualmente, justo en el año 2009, registra un comportamiento significativamente distinto respecto a los años anteriores y posteriores disparándose el volumen operado".

Y ahora vienen las cifras. "Mientras que el promedio de los ingresos de moneda extranjera por operaciones de comercio exterior de La Moraleja relacionadas con Brixco de 2007, 2008 y 2010 fue de 3.909.263 dólares estadounidenses, lo operado en el año 2009 ascendió a 11.914.661 dólares".

El informe termina de desbaratar la coartada de Bárcenas sobre el origen de los 560.000 euros que su esposa ingresó en efectivo en un banco de Madrid y que desató la sospecha inmediata de la Policía. Según Bárcenas, ese medio millón procedía de la venta de unos cuadros, para la que habría utilizado como intermediaria a la pintora argentina Isabel Ardanaz Mackinlay.

Pero cuando Mackinlay se vio acorralada, confesó que firmó un contrato falso en 2006 a cambio de recibir 1.000 dólares. Y que en 2009, en las oficinas del grupo de Ángel Sanchís en Buenos Aires, y en presencia tanto de este como de Bárcenas, firmó un segundo contrato que modificaba el nombre del cuadro vendido. Ese segundo engaño, dijo ella misma, le reportó 500 dólares.

La confirmación del magistrado Pablo Ruz de que el Partido Popular se financió de forma ilegalfinanció de forma ilegal con la trama Gürtel, según consta en un auto del pasado 24 de septiembre, no hace sino apuntalar las investigaciones llevadas a cabo desde hace más de un año por el propio juez y por las dos fiscales asignadas al caso: Concha Sabadell y Myriam Segura.

Desde que el pasado 23 de abril de 2013 el juez acordara la expulsión del PP como acusación popular en el caso Gürtel y no aceptara su participación en la pieza separada del caso Bárcenas al considerar que el partido de Mariano Rajoy se habría beneficiado de las corruptelas de varios cargos del partido, especialmente alcaldes y otros cargos en la Comunidad de Madrid, el magistrado y la Sala de lo Penal han dictado una decena de autos cuyo leitmotiv es que el PP se financió de forma irregularleitmotiv.

Tres alcaldes

Y se pudo beneficiar, obteniendo una ventaja injusta, gracias a la existencia de una contabilidad B que controlaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, o con una parte de las mordidas que recibían los alcaldes presuntamente corruptos de los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda: Arturo González Panero, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente.

En el auto en el que expulsaba al PP, el magistrado recordaba que este partido no había sido admitido como acusación popular en el caso Bárcenas por sus vinculaciones con los delitos.

"La formación política [...] a partir de los datos obrantes en las diligencias y sin perjuicio del carácter incipiente de tal instrucción, resultaría directamente investigada y eventualmente responsable civil subsidiaria de parte de los hechos objeto de investigación, si se llegaran a confirmar tanto la realidad de los mismos como su calificación, entre otros, como presuntos delitos contra la Hacienda Pública", resalta el juez en la mencionada resolución.

Izquierda Unida

Unos meses después, el 30 de julio del mismo 2013, el juez Ruz aprovechó las diligencias solicitadas por la representación legal de Izquierda Unida para confirmar la veracidad de los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, hasta ese momento negados por los dirigentes del PP, especialmente por la secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-la Mancha, María Dolores de Cospedal.

"En la actual fase de la instrucción, mientras la autoría de los mencionados documentos por parte de Bárcenas se encuentra confirmada por él mismo (declaración de 15-07-13) así como por las pruebas periciales practicadas –estando pendiente la determinación de la intervención o participación de Álvaro Lapuerta en su confección o llevanza-, la realidad de varios apuntes contables ha venido a ser confirmada por las diligencias de instrucción hasta el momento practicadas".

Libertad Digital

Y un reciente informe de la Policía confirma la participación de Lapuerta en la compra de las acciones de Libertad Digital, un negocio que coincide con uno de los apuntos de los papeles de Bárcenas.

El anterior auto, cuyo contenido fue adelantado por infoLibre, significó un antes y un después en la instrucción del caso. Desde ese momento, la instrucción de la Audiencia Nacional daba crédito a la denuncia inicial de Izquierda Unida, que se basaba en los documentos manuscritos de Bárcenas publicados inicialmente por los diarios El País y El Mundo.

Tras el salto cualitativo del magistrado de la Audiencia Nacional del 30 de julio, el juez dictó un nuevo auto, el 27 de septiembre de 2013, en el que, basándose en un informe de la Agencia Tributaria, vuelve a confirmar la veracidad de los apuntes de la financiación irregular del PP. Y este auto sirve para ordenar el registro de la empresa Unifica, que fue la que renovó la sede central del PP en la madrileña Calle Génova. Precisamente, los papeles de Bárcenas reflejan varios pagos de dinero negro a esta firma.

Coincidencia

Dos meses después, el 22 de noviembre de 2013, el juez Ruz volvió a apuntalar con un auto la veracidad de la contabilidad manuscrita de Bárcenas, y en consecuencia, la financiación ilegal del PP. Ese día, el magistrado, tras analizar los documentos obtenidos en la empresa Unifica, constata la coincidencia de las cantidades reflejadas en varios documentos de la sociedad privada con los de la contabilidad B del PP. 

"El conjunto de los elementos objeto de análisis [...] permite confirmar, a nivel indiciario, la posibilidad que ya se avanzara por la Agencia Tributaria, respecto de la presunta existencia por parte del PP de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas", especifica Ruz, que sostiene que estos fondos opacos se habrían utilizado en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto y responsable de la empresa Unifica.

"Estos pagos no se reflejaron ni en la facturación ni en la contabilidad oficial sino en la contabilidad paralela o B llevada en el seno de la citada formación y de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, bajo sus respectivas responsabilidades al frente de la gerencia y tesorería del PP en el periodo temporal objeto de investigación, pagos que en definitiva se habrían atendido con el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada caja B del partido", completa el magistrado.

Presuntos delitos

Con esta conclusión, el juez adelanta que de la falta de concordancia entre la facturación real y la oficial del partido podría derivarse, "amén de la eventual responsabilidad tributaria, conducir a confirmar la presencia de indicios de presuntos delitos de falsedad documental o contable".

El 19 de diciembre, sorprendiendo a todo el mundo, incluido el PP, Ruz ordenó el registro de la sede de Génova. Y lo hizo, como apuntan algunos de sus incondicionales en la Audiencia Nacional con guante de seda y puño de hierro. Lo vistió de requerimiento para que el PP le entregara numerosa documentación. Pero en realidad se trató de un registro, que se alargó durante varias horas, ante la incredulidad del partido del Gobierno.

Ahorro del 8%

En ese registro, la Policía confirmó que el PP guardaba de forma secreta en su sede de la Calle Génova de Madrid documentación que demostraría que el partido se ahorró un 8% al pagar una parte de la remodelación del edificio en negro, según adelantó infoLibre.

Bárcenas confirmó en una de sus declaraciones la negociación para ahorrarse el 8%, asegurando que él, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez llegaron a ese acuerdo con el arquitecto Gonzalo Urquijo.

Cambio de año

Con el cambio de año y el trabajo de investigación de la Policía, Agencia Tributaria, fiscales y del propio juez, los autos de Ruz son todavía más claros respecto a la financiación irregular del PP. Así, el 2 de abril pasado, a unos dos meses de que Bárcenas cumpliera un año en prisión, el magistrado constata que la investigación se centra en la contabilidad paralela del Partido Popular que lleva, "entre otros, Luis Bárcenas". Esta caja B "se habría nutrido fundamentalmente de donativos de empresarios que habrían obtenido importantes adjudicaciones públicas".

Pero, además, el juez confirma que Bárcenas, "con la intención de lucrarse ilícitamente, aprovechándose de las ventajas de su cargo y de la opacidad de los fondos de la referida contabilidad paralela, habría detraído una parte de los mismos encubriéndolos como falsas entregas a distintos destinatarios". Es decir, además de dar por cierto que el PP manejaba dinero negro, también explicaba que Bárcenas había metido la mano en la caja, y con el consentimiento o ayuda de Lapuerta. Este dinero fue depositado por Bárcenas, apunta Ruz en su auto, en Suiza.

Tribunal de Cuentas

El 7 de abril pasado, cinco días después del anterior auto, Pablo Ruz viene a reiterar sus conclusiones: "La existencia en el seno del PP de una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".

El pasado 14 de mayo, un nuevo auto de Ruz, que repite las conclusiones del anterior auto de 2 de abril, va un poco más allá, asegurando que indaga sobre la realidad de las entradas y salidas de dinero registradas en la contabilidad paralela de la formación política por parte de Bárcenas entre los años 1990 a 2008, "con la

consiguiente determinación de la relevancia jurídico-penal de tales movimientos de capital ajenos al circuito económico financiero".

Campañas electorales

Y el propio magistrado especifica que gracias a estas comprobaciones ha podido confirmar "parcialmente" que el dinero de la caja B se destinó "al pago de gastos generados en campañas electorales; complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al partido, bien de forma periódica u ocasional; y de distintos servicios y gastos en beneficio del PP".

El 19 de septiembre, un nuevo auto, en esta ocasión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, venía a refrendar la investigación desarrollada por Ruz, recordando que en sus autos se destaca que Bárcenas llevaba una contabilidad paralela a la oficial.

Pero unos meses antes, el 20 de julio, Ruz firmaba un auto en el que separaba una pieza del tronco principal de Gürtel. El magistrado hace este movimiento con la intención de juzgar lo antes posible a Bárcenas, en prisión desde el principio del verano del año pasado. Dentro de esta primera pieza se incluyen las presuntas ilegalidades cometidas por la trama de Francisco Correa en los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda.

Partido Popular

Y como la red utilizó los fondos de estos dos consistorios en beneficio del PP, Ruz se dirigó a este partido para que designara a un representante legal. Los conservadores recurrieron esta decisión, argumentando que el PP era en realidad perjudicado. Una conclusión rechazada tanto por el juez como por las fiscales, que han confirmado que el PP se lucró con los fondos obtenidos de un delito.

De esta forma, el juez Ruz cierra el círculo que inició tras la expulsión del PP como acusación popular, dando por confirmado que el PP obtuvo dinero de empresarios, y que dedicó ese dinero a diferentes gastos del partido. La financiación ilegal del PP queda por tanto reflejada en al menos una decena de autos judiciales.

Ángel Sanchís Herrero ha declarado este martes como imputado en el caso Gürtel, en el que se le atribuye indiciariamente un delito de blanqueo de capitales junto a su padre por ayudar a Bárcenas a ocultar en Estados Unidos seis millones de euros provenientes de las cuentas que tenía en Suiza, en las que llegó a acumular 48,2 millones de euros a comienzos de 2007.

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en la causa, Bárcenas recibió en una sociedad sin actividad mercantil radicada en Madrid, denominada Consolur Land, 143.959,15 euros desde dos posiciones bancarias de La Moraleja, la empresa de producción de limones que la familia de Sanchís tiene en Salta (Argentina). El juez sospecha que estos movimientos formaban parte del "circuito de blanqueo" que los imputados utilizaron para que Bárcenas recuperara su dinero después de haberlo ocultado a la acción de la Justicia.

Sin embargo, el hijo del extesorero de AP ha justificado estos pagos a partir de un contrato que su empresa hizo con Bárcenas para que le asesorara sobre la comercialización de limones en la Unión Europea y en otros mercados de todo el mundo.

Según ha explicado, el extesorero recomendaba las inversiones más adecuadas de forma oral en reuniones que ambas partes tuvieron en Madrid o Argentina o bien remitía sus conclusiones por correo electrónico. Un acta notarial de La Moraleja incorporada a la causa en octubre pasado refleja que con la supuesta asesoría de Bárcenas la empresa pasó a vender de 57.000 cajas de cítricos en 2011 a 215.000 en 2012.

Sanchís Herrero también ha indicado que los tres ingresos de 10.000, 15.000 y 20.000 dólares que La Moraleja realizó en 2012 a la cuenta del extesorero en el Chase Manhattan Bank de Nueva York no eran una operación de blanqueo de capitales, como sospecha el juez Ruz, sino un anticipo de este contrato.

Además, ha negado que ayudara a redactar el contrato que la supuesta marchante de arte Isabel Mckinley habría realizado con la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para la compra-venta de obras de arte y con la que ésta justificó unos ingresos en efectivo de casi medio millón de euros. "Esa señora nunca estuvo en mi despacho", ha dicho Sanchís Herrero, según fuentes presentes en su declaración.

Los investigadores también sostienen que en febrero de 2009, tras el estallido del caso Gürtel,caso Gürtel Bárcenas trasladó a tres millones de euros a la sociedad Brixco y otros dos a La Moraleja –ambas propiedad de Sanchís Herrero–, así como un millón más a Lidmel International.

El compareciente ha respaldado la versión de su padre y ha asegurado que el traspaso de tres millones de euros respondía a la concesión de un préstamo de Bárcenas a Sanchís para realizar nuevas inversiones en la empresa limonera.

Según la UDEF, el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez, y Sanchís Herrero crearon en septiembre de 2010 una sociedad en Uruguay denominada Rumagol que utilizaron para "contener fondos de Luis Bárcenas con la finalidad de mantenerlos ocultos a las autoridades".

La empresa, en cuya constitución participó Bárcenas tras un viaje a la provincia de Chubut (Argentina) en compañía de Sanchís Herrero, recibió esos tres millones de Brixco provenientes de los fondos que la Fundación Sinequanon tenía en el Dresdner Bank de Ginebra, 626.000 euros de la cuenta que Yáñez tenía en el Lombard Odier y 175.000 de la que estaba a nombre de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas.

La cuenta de Rumagol se canceló en marzo de 2013 debido a la imputación de Sanchís Perales en el caso Gürtel, según declaró el propio Yáñez ante el juez Ruz el pasado 27 de junio. Sus fondos fueron trasvasados, según la UDEF, a una cuenta de la sociedad TQM Capital en el HSBC de Nueva York y otra de Interactive Brokers en el Citibank de Londres a nombre del testaferro.

Una parte de los ingresos en esta última sociedad (132.051 euros) fueron utilizados en septiembre de 2012 para que Bárcenas se acogiera a la amnistía fiscal a través de la sociedad Granda Global.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales a Ángel Sanchís Herrero, hijo del extesorero de Alianza Popular (PP) Ángel Sanchís Perales, por ocultar en Estados Unidos seis millones de euros que el antiguo responsable de las finanzas conservadoras Luis Bárcenas tenía en Suiza, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que le tomará declaración el próximo 18 de marzo, imputa indiciariamente un delito de blanqueo de capitales a Sanchís Herrero, que dirige la empresa de producción de cítricos La Moraleja, que su familia tiene en Argentina.

Bárcenas y el hijo de Sanchís llevaron a cabo "una mezcla de capital" en las cuentas de las sociedades de éste último para intentar lograr la "ocultación de los fondos" que el exsenador tenía en Suiza, que alcanzaron los 48 millones de euros en 2007, según consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) remitido en agosto pasado al juez Ruz.

Tras el estallido del caso Gürtel en febrero de 2009, el entonces responsable de las finanzas del PP trasladó tres millones de euros a la sociedad Brixco y otros dos a La Moraleja –ambas propiedad de Sanchís Herrero– y un millón más a Lidmel International.

Después de estos movimientos, "disfrazados bajo presuntos contratos de préstamo de dinero con el objetivo de solapar la titularidad real de los mismos", según la UDEF, el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez, y el hijo de Sanchís crearon en septiembre de 2010 una sociedad en Uruguay denominada Rumagol que utilizaron para "contener fondos de Luis Bárcenas con la finalidad de mantenerlos ocultos a las autoridades".

La empresa, en cuya constitución participó Bárcenas tras un viaje a la provincia de Chubut (Argentina) en compañía de Sanchís Herrero, recibió tres millones de Brixco provenientes de los fondos que la Fundación Sinequanon tenía en el Dresdner Bank de Ginebra, 626.000 euros de la cuenta que Yáñez tenía en el Lombard Odier y 175.000 de la que estaba a nombre de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas.

El informe policial justificaba estos movimientos por la "relación personal" que Bárcenas tenía con los padres de Sanchís Herrero e Iván Yáñez, hijo del trabajador del PP Francisco Yáñez. "Esta relación personal favorece la creación de una confianza tal que permite que se puedan transferir fondos a cuentas abiertas a nombre de los anteriores con la finalidad de que sean estas personas las que figuren como propietarias ficticias del patrimonio de la sociedad, favoreciéndose de esta forma la ocultación del verdadero titular de ese capital, Luis Bárcenas", apuntaba el informe.

La cuenta de Rumagol se canceló en marzo de 2013 debido a la imputación de Sanchís Perales en el caso Gürtel, según declaró el propio Yáñez ante el juez Ruz el pasado 27 de junio. Sus fondos fueron trasvasados, según el informe, a una cuenta de la sociedad TQM Capital en el HSBC de Nueva York y otra de Interactive Brokers en el Citibank de Londres a nombre del testaferro. Una parte de los ingresos en esta última sociedad (132.051 euros) fueron utilizados en septiembre de 2012 para que Bárcenas se acogiera a la amnistía fiscal a través de la sociedad Granda Global.

"Bárcenas me llamó a mi, me dijo que le faltaba uno de los recibís y me lo dictó. [...] Está escrito en un cuaderno mío, cuaderno de obra. Yo voy de taxi en taxi. [...] Me dicen la factura de 560.000 euros [...] y yo copio y me dicen que tengo que hacerles este... y me dicta este texto. No le di la más mínima importancia, incluso yo estoy convencido de que ahí se quedó, y que la volví a imprimir". De esta forma contestó, el pasado 16 de diciembre, el arquitecto Gonzalo Urquijo al juez Pablo Ruz. Este empresario, a quién el PP encargó la reforma de su sede principal en la madrileña calle de Génova, permanece imputado como presunto receptor de dinero negro por parte del partido que preside Mariano Rajoy.

Gonzalo Urquijo es uno de los propietarios de la sociedad Unifica, que fue la encargada de la remodelación de la sede del PP en Madrid, pero también la de Logroño (La Rioja). Está imputado porque su nombre aparece como una de las personas que presuntamente percibieron el dinero negro que aparece en la contabilidad B del PP, conocida como los papeles de Bárcenas.

Tres horas de interrogatorio

Durante más de tres horas, Urquijo respondió en el interrogatorio como imputado a las preguntas de Ruz, quien realizó un repaso, planta a planta, de las facturas que requisó la Policía Judicial durante el registro de la sociedad Unifica. Y en sus respuestas destacó que el PP realizaba prácticas poco comunes: "Lo que más me ha chocado, en ese momento me chocó, pero después parecía que era una cosa normal, es que cuando me pagaban con cheque, había que entregar un recibí. Y me chocaba porque tengo clientes que me pagaban con cheques y en la vida me habían hecho firmar un recibí", especificó este empresario en su declaración.

Pero esta explicación no convenció a Ruz, que trató de que Urquijo concretara los motivos por los que escribió a mano un recibí que le había dictado Bárcenas, pero que según su versión no servía para nada. Y lo hizo porque el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción han detectado que estas cantidades coinciden con otras incluidas en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, por lo que podría tratarse de pagos en negro al margen de la Agencia Tributaria. "Esto de los recibís me lo va a tener que explicar un poco mejor [...] porque recibís he visto hasta cuatro distintos expedidos por ustedes", llegó a asegurar Ruz en su interrogatorio, tal y como se puede leer en la declaración a la que ha tenido acceso infoLibre.

"Mientras el número me cuadre"

Y después Ruz lee el texto escrito a mano: "He recibido de D. Luis Bárcenas la cantidad de 200.000 euros en concepto de pago complementario de la factura de la planta cuarta, con la que queda cancelada dicha factura". Para a continuación interesarse sobre qué significado tenían las palabras "pago complementario". Y Urquijo contestó: "Yo no lo he redactado señoría. Yo lo he escrito dictado. Me dicen que redacte eso. A mi, mientras el número me cuadre, la planta me cuadre... Al pago complementario no le di mucha importancia porque yo no le daba importancia a los recibís. Y segundo, era un pago parcial de la factura", dijo el empresario.

Pero Ruz, que según la transcripción del interrogatorio se mostró muy incisivo, llama la atención del arquitecto sobre si se había dado cuenta de que el documento manuscrito se había hecho a nombre de Luis Bárcenas y no del Partido Popular, que era quien contrataba la obra: "Era el tesorero. A mi ahora sí me extraña, ahora sí. Ahora empiezo a verlo todo... claro, es que ahora es muy fácil decir... Eso me lo dictan hace siete años y me dicen que has recibido y me dice, hablando por teléfono: pon que he recibido de D. Luis Bárcenas, bueno, pues yo puse eso, ¿me explico? Porque lo estaba dictando él", completó el arquitecto.

"Una explicación racional"

Ante esta explicación, Ruz seguía sin comprender la versión del imputado: "Yo estoy tratando de buscar una explicación racional, créame, a lo que usted me intenta alegar. En ocasiones se la encuentro y en otras le confieso que no. Aquí no se las encuentro. Aquí está usted redactando algo que pone 'complementario' y que pone que con 200.000 queda cancelada una factura y lo que nos documentan estos papeles es que hay un pago de 200.000, ya no sé si el mismo o es... lo trataremos de determinar. Pero aquí este pago de 200.000 lo ha cobrado usted en primer lugar el 27 de octubre", especificó el juez.

"Sí correcto", admitió el arquitecto, ante lo que Ruz dijo de nuevo: "Y lo que liquida finalmente la factura no son los 200.000, son los 361.000 que se pagan el 14 de noviembre de 2008". "Correcto", reiteró Gonzalo Urquijo al juez, que parecía renunciar a entender la versión del imputado: "Entonces no le encuentro mucha lógica al texto que le dictan a usted y que escribe usted", dijo el magistrado, que solo pudo escuchar de su interlocutor: "Yo tampoco".

"Follón de facturas"

El declarante sí que tuvo una explicación para justificar sus reuniones con Bárcenas: "Las tres o cuatro veces que me reuní con Bárcenas han sido porque primero siempre ha habido un follón en cuanto a facturas y a recibís de los cheques recibidos cobrados y facturados. Las tres veces que me ha llamado fue porque quería algo de la obra y para requerirme alguna copia de alguna factura o alguna copia o de que se había extraviado algún recibí", completó Urquijo en su testimonio, tras el que permanece imputado.

Con la inclusión de este nuevo ex miembro del PP, ya son cinco las personas vinculadas con la TesoreríaTesoreríade este partido imputadas en el caso Gürtel y en los papeles de Bárcenas: Los otros cuatro son Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, Cristóbal Páez y Ángel Sanchís.

Dejó que Bárcenas utilizara su cuenta

El instructor del caso Gürtel se basa en un informe de la Fiscalía Anticorrupción que determina que Yáñez, el padre de Iván Yáñez, también imputado en el caso como presunto testaferro de Bárcenas, dejó que el extesorero del PP utilizara su cuenta en en el banco Lombard Odier de Suiza, denominada con el término en clave de Obispado, para sacar su dinero de Suiza tras estallar el caso Gürtel con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

"A partir de los hechos anteriores puede presumirse racionalmente la colaboración en la ocultación del patrimonio opaco para la Hacienda Pública y de procedencia indiciariamente ilícita de los imputados Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias Villar, con la finalidad de desvincularlo tanto de su origen como de sus verdaderos propietarios", asegura el juez en su auto, que cita a declarar como imputado a Yáñez para el próximo 29 de enero. 

OK a las grabaciones de Peñas

Por otra parte, la Unidad Central de Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía ha acreditado en un informe que es la voz del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco CorreaGürtel, la que aparece en "la totalidad" de las grabaciones aportadas al procedimiento por el exconcejal del Partido Popular José Luis Peñas y que en 2009 iniciaron la investigación judicial.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que "la voz dubitada, atribuida a Francisco Correa Sánchez, y la voz indubitada han sido realizadas por la misma persona, situándose el resultado obtenido en el nivel de identificación". En una de estas conversaciones Correa aseguró que había llevado "mil millones de pesetas" a la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Estudio de la voz

En concreto, los agentes han analizado un CD y dos DVDs aportados por Peñas al procedimiento y han realizado un "estudio comparativo-metodológico de percepción auditiva" en el que han tenido en cuenta varios parámetros acústicos, entre ellos la entonación del interviniente.

El informe, de 13 paginas y fechado el pasado 23 de diciembre, sostiene que, a pesar del grado de "distorsión" que presentan algunas grabaciones, existe un "alto nivel de similitud" entre la voz indubitada de Correa y la que aparece en los soportes aportados a la causa en los niveles acústico, fono-articulatorio y de percepción auditiva.

No hubo manipulación

Peñas entregó el pasado 5 de diciembre al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz las dos grabadoras que utilizó para registrar la voz de Correa y aportó micrófonos y cables de conexión. El juez ordenó en julio una prueba pericial sobre las grabaciones con objeto de confirmar que los soportes aportados por Peñas no fueron sometidos a manipulaciones.

Peñas, primer denunciante del caso Gürtel, grabó una quincena de conversaciones entre los años 2006 y 2007 en las que, ademaás de Correa, intervenían el presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, la trabajadora Isabel Jordán, el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno y el presunto responsable de la red en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes.

Avaladas por la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional confirmó el pasado mes de junio la validez de estas grabacionesvalidez de estas grabaciones argumentando que el supuesto analizado no se puede equiparar a la técnica periodística de "cámara oculta" porque en este caso "no ha mediado el engaño ni la presión ni se han extraído datos que afecten a la zona mas intrínseca de la personalidad".

Así lo decidió la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en un auto en el que el que se rechazaba el recurso presentado por la defensa de Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el testaferro del primero, Antoine Sánchez; al que se adhirieron las representaciones de Luis Bárcenas y otros seis imputados.

El auto señalaba que la grabación realizada "no conculca el derecho constitucional, puesto que no es una conversación "de otro" sino "con otro", por lo que no se vulnera, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el secreto de las comunicaciones.

La resolución de la Cámara de Apelaciones, que avala el recurso de los abogados de Sanchís y fuerza a Ruz a partir de cero en su solicitud de ayuda judicial a Argentina, lleva la firma de dos de los tres magistrados de la Sala II del tribunal. Y figura datada el 3 de diciembre. Una semana antes, el último informe policial remitido a Ruz por la Brigada de Blanqueo de la UDEF señalaba a Sanchís como “depositario y custodio” de parte de los fondos evadidos por Bárcenas a Suiza, transferidos desde allí primero a cuentas del HSBC en EEUU, luego a La Moraleja SA y, cerrando el círculo, reenviados de nuevo a cuentas de Bárcenas, el único imputado del caso Gürtel que permanece en prisión y autor de los papeles manuscritos que supuestamente destapan la financiación ilegal del PP.

Según el tribunal federal argentino, de rango inferior a la Corte Suprema pero con competencias para resolver los recursos de alzada planteados en Buenos Aires, el bloqueo de las cuentas de La Moraleja se efectuó sin que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que actuaba a petición de su colega español Pablo Ruz, acreditase previamente “extremos esenciales”. La Cámara de Apelaciones sostiene que Giorgi no sustentó su decisión con datos concretos sobre el monto económico susceptible de embargo ni sobre los terceros que se verían afectados. Y no argumentó “la existencia de una imputación concreta” de los delitos atribuibles a Sanchís.

La resolución, cuyo encabezado no precisa si se trata de un auto o de una sentencia y que consta de solo cinco páginas, ni siquiera menciona la denuncia por blanqueo de capitales que contra Sanchís y otras cuatro personas ligadas a Bárcenas presentó en otoño la Fiscalía Anticorrupción argentina, oficialmente denominada Procuradoría de Criminalidad Económica (Procelac). Al igual que Ruz, la Fiscalía reclamó al juez Martínez de Giorgi el embargo de las cuentas bancarias de La Moraleja SA.

La decisión del tribunal de apelación argentino solo muestra la firma de dos de los tres magistrados que integran la Sala: Martín Irurzun y Horacio Cattani. El tercero, Eduardo Farah, no estampó su rúbrica “por hallarse en uso de licencia”.

Sobre Sanchís, también imputado y que niega al completo las acusaciones del juez Ruz, no pesa ninguna medida limitativa de su libertad. Pero sí una fianza civil de ocho millones para garantizar el pago de las eventuales sanciones que pudieran derivarse de una futura condena por complicidad en los delitos atribuidos a Bárcenas.

Las opciones de Ruz

Precisamente para asegurar que esos ocho millones quedarían de forma efectiva bajo tutela judicial, Ruz pidió a EEUU y Argentina que bloqueasen las cuentas de La Moraleja y de otras compañías de la familia Sanchís, entre ellas las de Brixco. Esa es la sociedad a la que Bárcenas transfirió unos tres millones de euros (3,9 millones de dólares) en 2009: al banco suizo Dredsner Bank le dijo que con el dinero transferido pretendía adquirir participaciones de La Moraleja SA. Sanchís, en cambio, sostiene que Bárcenas se limitó a hacerle un péstamo.

Para evitar el embargo bancario, el antiguo político y hoy empresario lanzó una contraoferta al juez: entregar en depósito acciones de La Moraleja por importe equivalente a cinco millones y aportar en dinero los tres millones restantes. Según fuentes relacionadas con el caso, el magistrado aceptó la propuesta de Sanchís pero demoró la solicitud de levantamiento del bloqueo en Argentina a la espera de que los peritos dirimiesen si los títulos societarios valen realmente cinco millones.

Ahora, y dado el tenor de la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, el magistrado tiene dos opciones: dar contraorden y renunciar de manera definitiva al embargo de las cuentas que La Moraleja posee en el argentino Banco Macro o permitir que la familia Sanchís opere de nuevo con esos depósitos pero sin que ello implique abandonar la investigación sobre los negocios de Sanchís en el Cono Sur.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido que el extesorero del PP Luis Bárcenas tiene "presumiblemente un importante patrimonio en el extranjero de difícil control e incautación judicial", según indica en un auto firmado este lunes, en el que el magistrado acuerda mantener en prisión al exsenador del PP. Para ello argumenta que en el actual momento procesal del caso Gürtel existe "riesgo de fuga", y el imputado podría "alterar pruebas" y volver a delinquir.

En este sentido, Ruz señala que el imputado sigue teniendo "una importante infraestructura patrimonial" en el extranjero y a la que habría transferido "fondos de procedencia indiciariamente ilícita tras conocer que estaba siendo investigado en este procedimiento".

Ruz, que ya denegó la petición de excarcelación planteada por la defensa de Bárcenas en septiembre pasado, argumenta que tiene que practicar varias diligencias de investigación con el fin de "confirmar y delimitar su participación delictiva" en los hechos investigados, ya que, conforme se ha ido desarrollando la instrucción se han seguido obteniendo "nuevos elementos fácticos que determinan la necesidad del mantenimiento" de esta medida. "Resta aún por concretarse el conocimiento y significado real de diversos movimientos patrimoniales vinculados a Luis

Bárcenas que se encuentran en fase de investigación".

Uruguay, Helsinki y Canadá

Entre los últimos descubrimientos de la investigación, el magistrado cita la incoación de un procedimiento penal en Uruguay por blanqueo de capitales y el conocimiento a partir de la información enviada por Estados Unidos de que, en colaboración con el extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís, quiso reintegrar de modo opaco parte de los fondos que desvió desde sus cuentas en Suiza.

Ruz también ha tenido constancia en estos últimos meses de una transferencia realizada en enero pasado por Bárcenas a la empresa de heliesquí Beyond Bounderies, con sede en Helsinki (Finlandia), así como de otros dos movimientos por valor total de 800.000 euros que realizó en abril de 2011 con destino a cuentas de su sociedad Tesedul en el Discount Bank de Montevideo.

De igual modo, el juez instructor señala que, en contra de la voluntad de "cooperación" aludida por el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, el imputado aún debe concretar "el conocimiento y significado real de diversos movimientos patrimoniales" vinculados a Bárcenas, como los relacionados con las cuentas denominadas 'Obispado', Ranke y Rosalía en el Lombard Odier. En concreto, la investigación ha logrado determinar que Bárcenas envió varios correos electrónicos a empleados del banco suizo Lombard Odier en los que les ordenaba que le vendieran determinados valores para cancelar una deuda con la entidad financiera de 1,3 millones de euros: "Todo ello en respuesta a la previa comunicación del banco donde le informan sobre el bloqueo acordado por el fiscal de Ginebra sobre la cuenta mantenida en el Lombard Odier" tras "un contacto telefónico con el cliente desde Canadá".

En prisión desde el 27 de junio

La defensa de Bárcenas, que permanece en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de junio, argumentaba que la permanencia en prisión estaba provocando al exdirigente "perjuicios de carácter personal, familiar, profesional y social, e incluso psicológico".

En un escrito presentado el pasado 5 de noviembre, el abogado del antiguo responsable de las finanzas del PP, Javier Gómez de Liaño, señalaba que el riesgo de fuga de su cliente es "inexistente" y que no tiene "ningún estímulo" para "sustraerse a la acción de la Justicia ni para neutralizar elementos del prueba".

Cinco delitos

Bárcenas se encuentra imputado en el caso Gürtel por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa. También es investigado en la pieza separada que se sigue por la presunta contabilidad B del PP.

Gonella también ha solicitado ante el juez el bloqueo de las cuentas que La Moraleja tiene en los bancos Patagonia, Galicia, HSBC y Macro. “Este tipo de investigaciones es una muestra más de los resultados que aporta el trabajo de la Procelac”, aseguró este jueves el fiscal.

La investigación de los funcionarios argentinos se inició tras conocerse que el también extesorero Luis Bárcenas había tenido depositados hasta 22 millones de euros en la entidad suiza Dresdner y que había reconocido ante ese banco su relación con la finca argentina de la provincia de Salta, en la que habría realizado inversiones.

En concreto, la denuncia apunta a movimientos por un total de tres millones de euros remitidos desde una de las cuentas suizas de Bárcenas a otra perteneciente a Brixco en el HSBC de Nueva York. Las operaciones se produjeron en el primer cuatrimestre de 2009, cuando Bárcenas, ya imputado, trasladó sus fondos con el objetivo de cubrirse ante un eventual embargo.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, en 2009 se registró un aumento sustancial de las operaciones entre La Moraleja y Brixco: mientras que en 2008 la sociedad de Sanchís ingresó 4,6 millones de Brixco bajo el concepto de "cobros anticipados de exportación", en 2009 esa cifra se disparó hasta los 9,6 millones.

Tras comprobar que el dinero recibido por la sociedad de Sanchís proviene de la cuenta en la que recalaron los fondos de Bárcenas en Suiza, la Fiscalía argentina sostiene que Bárcenas habría utilizado a Brixco y La Moraleja para ingresar al circuito financiero legal fondos provenientes de actividades delictivas.

La Fiscalía argentina considera así que existen indicios suficientes para atribuir la presunta comisión del un delito de blanqueo a Bárcenas, Sanchís y otros empresarios vinculados. 

La representación legal del extesorero del PP Luis Bárcenas ha apoyado al también extesorero de Alianza Popular Ángel SanchísÁngel Sanchís en su pretensión de que el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, levante el bloqueo de las cuentas que tiene su empresa La Moraleja en el banco argentino Banco Popular Macro. Esta empresa gestiona la finca que la familia de Sanchís tiene en la provincia argentina de Salta, en el norte del país sudamericano.

El juez Ruz decretó el bloqueo de las cuentas después de constatar que Sanchís había utilizado la empresa La Moraleja para realizar una transferencia de 143.959 euros a Bárcenas. Según Sanchís, el dinero se había abonado por un trabajo de asesoramiento del extesorero. Pero ni Ruz ni la Fiscalía Anticorrupción se creen estas explicacionesni Ruz ni la Fiscalía Anticorrupción se creen estas explicaciones. Y por eso mantienen la imputación de Sanchís, a quien acusan de cooperar con Bárcenas en su intento de sacar de Suiza los 48 millones de euros detectados por la investigación.

Y para defender a Sanchís, el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, recuerda que esta medida adoptada por el juez, la de bloquear las cuentas, podría tener una incidencia negativa sobre los más de 1.500 trabajadores de la finca argentina. "Acabar de un plumazo con esa actividad empresarial es una medida que no se caracteriza por la mesura ni la ecuanimidad que, como bien sabemos, son virtudes o cualidades que, desde siempre, han definido el arte de juzgar", explica Gómez de Liaño, que la medida acordada por el juez supone la disolución de la sociedad.

Falta de prudencia

Para Gómez de Liaño, el bloqueo de la cuenta es una medida "desproporcionada legalmente e injusta materialmente". Y por eso acusa a Ruz de "falta de prudencia", al mismo tiempo que explica que ha adoptado la medida "más cómoda y fácil". "Bastaría un mínimo esfuerzo de investigación para comprobar que La Moraleja no puede considerarse una empresa pantalla o fantasma".

“Venga, venga, que quien me manda me dice que aquí están los pendrives, los discos duros y los papeles”. Esa es una de las frases que, según relató ayer a infoLibre el entorno de Bárcenas, profirió Enrique Oliveras García tras asaltar la vivienda del extesorero del PP y mientras retenía a su esposa y a uno de sus hijos a punta de pistola, aunque ahora se sepa que la pistola era de coleccionista. Las fuentes consultadas creen que la mención a un tercero  –“quien me manda”– refuerza la tesis de que el ataque no fue obra de un perturbado, en contra de lo que en principio difundió la Policía, por mucho que perpetrase el asalto disfrazado de cura, se expresara de manera inconexa en el momento de su arresto y se declarase encantado con la idea de ir a la cárcel.

Mientras el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, se ha limitado a pedir una investigación en profundidad, personas cercanas al extesorero pero ajenas por completo a su defensa interpretan que lo sucedido guarda relación con “las cloacas”. Esa hipótesis ganó ayer adeptos en las redes sociales pero fue tajante y oficialmente descartada por los servicios secretos: Olivares no tiene ni ha tenido nunca nada que ver con el CNI, dijo a este diario una fuente cualificada del Centro Nacional de Inteligencia.

Otros expertos, estos sin ningún vínculo político ni afectivo con el extesorero del PP, creen que, en efecto, el asalto pudo ser ordenado desde las cloacas: “Pero no las del Estado sino de las que buscan amendrentar a Bárcenas”. Desde luego, entre los allegados al extesorero cunde el temor a que Olivares haya actuado solo como marioneta en una función destinada a frenar cualquier nueva revelación que afecte al PP, sus presuntas donaciones ilegales y sus preguntos pagos igualmente ilegales. Otros conocedores de la historia que comenzó en febrero con la difusión de los papeles de Bárcenas –la contabilidad B del PP- entienden que la amenaza puede venir de un flanco radicalmente distinto: “Si debe algo a alguien, el asalto es una forma de recordarle que lo debe”.

Lo presumible es que el juez ordene un examen psiquiátrico de Olivares, lo que despejará la primera duda del caso: si está o no en sus cabales.

El asaltante, que ayer se negó a declarar en comisaría, posee un jugoso historial delictivo pero de estricta apariencia cuerda: en enero de 2022, y como adelantó ayer este diario, fue detenido por estafa en Salta, la provincia argentina desde donde Ángel Sanchís, otro extesorero del PP cuyas operaciones con Bárcenas investiga el juez, comercializa cítricos cultivados en el latifundio de La Moraleja. Olivares, que llegó a usar varias identidades falsas en su periplo por países latinoamericanos con gran incidencia del narcotráfico como México y Colombia, fue condenado entonces por 17 delitos de estafa a braceros a los que, a cambio de dinero, ofreció un falso contrato y una falsa vivienda en el campo murciano. Fuentes de la Policía de Salta, provincia muy extensa y muy próxima a la frontera con Bolivia, aseguran que esos 17 “hechos de estafa” solo le costaron 10 meses de cárcel: ingresó en prisión en diciembre de 2002 y recuperó la libertad en octubre de 2003. Cuando la Policía pilló al estafador con las manos en la masa –un agente camuflado se hizo pasar por jornalero–, hacía mucho que Interpol lo buscaba por narcotráfico.

Aun sin ofrecer fecha exacta, las fuentes consultadas datan en 2006 el momento en que Olivares regresó al padrón municipal de Cuenca tras casi dos décadas en América. ¿Fue una condena leve la de Salta, territorio del Gran Chaco zarandeado durante décadas por caciques y narcotraficantes, o es solo que la legislación argentina impone penas modestas a los estafadores? La Policía salteña, que ayudó a este diario a reconstruir aquel episodio delictivo de Olivares, dice no saberlo. El dueño de La Moraleja SA, Ángel Sanchís recalcó de nuevo que jamás ha tenido relación directa o indirecta con el asaltante de los Bárcenas: ni personal ni laboral a través de su empresa frutícola o de cualquier otra sociedad.

Las características del asalto a los Bárcenas, audaz, teatral y “como de sainete” en opinión de una fuente jurídica con larga experiencia en la persecución de clanes, aparece conjugada con el peculiar perfil del asaltante. ¿Sabía Olivares que al portar una pistola de coleccionista sería más que difícil atribuirle el delito de tenencia de armas? ¿Es congruente su supuesta perturbación mental con su negativa a declarar ante la Policía? ¿Ha hecho uso de su derecho a un abogado de oficio porque está sin blanca o es ese un movimiento de despiste? Las incógnitas, tal vez, comenzarán hoy a resolverse cuando Olivares haya pasado su segunda noche en los calabozos de la comisaría de Moratalaz y sea puesto a disposición del juez.

Uno de los hijos de Luis Bárcenas y un guardia de seguridad han reducido a Enrique Olivares García, de 63 años y que vive en Cuenca, que irrumpió a las 17.19 horas en la vivienda del extesorero del PP con una pistola y ha retenido durante una hora a los Bárcenas, según confirman a infoLibre fuentes policiales. Olivares García, que irrumpió en la casa de Bárcenas del barrio de Salamanca (Madrid) vestido todo de negro como si se tratara de un sacerdote, según las mismas fuentes, tiene antecedentes policiales por robo con fuerza y tenencia de drogas. Quién es realmente el asaltante, identificado por la Policía como Enrique Olivares García, y por qué retuvo por la fuerza a la mujer y a un hijo de Bárcenas constituye todavía un enigma. Pero una serie de rocambolescas coincidencias añaden misterio al extraño suceso.

InfoLibre ha podido confirmar que un ciudadano español natural de Madrid cuyo nombre es también Enrique Olivares García  fue arrestado en 2002 por estafa en la provincia de Salta (Argentina). Salta es la provincia argentina en la que el extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís, también imputado en el caso Gürtel, es propietario de la finca La Moraleja. Precisamente, esta empresa ha aparecido en el caso como una de las firmas que ha pagado a Bárcenas. Este diario se ha puesto en contacto con Sanchís, que ha negado que Olivares García haya trabajado en su finca en el país sudamericano.

Según el diario La Nación, de Buenos Aires, Olivares fue detenido por cobrar a ciudadanos argentinos y bolivianos por ofrecerles falsos empleos en el campo en Murcia. Portavoces oficiales del departamento de Policía de Salta confirmaron que quien fue detenido en 2002 consta como natural de Madrid, había nacido en 1949 y había tenido relación con México: exactamente igual que el asaltante de Madrid. Las fuentes consultadas no pudieron sin embargo corroborar si el detenido en Salta tenía el mismo DNI que el autor del asalto ni ofrecer ningún dato sobre qué hacía en Argentina o sobre si mantenía vinculación laboral o empresarial con alguna compañía.  

Secuestro de la familia Bárcenas

Hasta la vivienda de Bárcenas llegó una unidad de la Policía Municipal de Madrid, que ha detenido al hombre y le han trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en el distrito de Moratalaz. El arrestado, según Europa Press, ha convencido a la familia para acceder a la vivienda afirmando que venía de Instituciones Penitenciarios para hablarles de la salud del preso. El extesorero del PP cumplirá el 27 de octubre cuatro meses en prisión.

Tras entrar en la vivienda, el arrestado ha sacado una pistola (que podría ser simulada) y ha encañonado con ella a los presentes: la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, su hijo Guillermo y la asistenta. El hombre les ha pedido insistentemente los pendrives con la supuesta contabilidad B del PP durante sus años de tesorero.pendrives

Médicos del Samur-Protección Civil han atendido a una mujer y al hijo de Bárcenas por una fuerte crisis de ansiedad. Poco después han sido dados de alta en el lugar.

Varios testigos presenciales del asalto a la casa de Luis Bárcenas consultados por Europa Press relatan que se enteraron del incidente pasadas las 17.20 horas tras oír unos gritos que partían de la ventana del piso situado en la calle Príncipe de Vergara de Madrid. Era la mujer del extesorero del PP que gritaba: "¡Socorro! socorro! ¡Mi hijo!".

Algunos de los vecinos pensaron "que se trataba de una broma", hasta que vieron que los gritos no cesaban. En ese momento una de las personas que estaba en el edificio, que según la Policía es un guardia de seguridad, subió corriendo las escaleras de la casa y se encontró con la puerta abierta. En ese momento Rosalía Iglesias, visiblemente nerviosa, seguía gritando "¡mi hijo! ¡la pistola! ¡le tienen encañonado a mi hijo!". En otra estancia de la casa el hijo de Luis Bárcenas, Guillermo, forcejeaba en el suelo con el asaltante que minutos antes les había maniatado a ambos y a la asistenta del hogar armado con una pistola.

Esta persona, que conoce a la familia Bárcenas, se abalanzó en ayuda del joven preguntando por la pistola y fijándose en las manos del desconocido por si la tuviese en las manos. En ese momento Guillermo le dijo que ya le habían quitado la pistola.

A continuación, según este relato, el hijo de Bárcenas sujetó al individuo presionando con la rodilla en su cuello mientras la otra persona le agarraba las piernas. Así aguantaron unos minutos hasta que llegó una tercera persona, el "chófer escolta" que tiene la familia y que habitualmente aguarda en la calle dentro del vehículo. También subió rápidamente al escuchar los gritos.

El chófer de los Bárcenas se encargó de inmovilizar en solitario al asaltante hasta que llegó la Policía Municipal en primer lugar y la Policía Nacional, después y procedieron a su arresto.

Un pedido de la frutería

Las fuentes consultadas por Europa Press explican que mientras todo esto pasaba otros vecinos llamaban por teléfono al 112. En uno de estos casos, cuando desde la centralita que recoge las llamadas comenzaron a hacerle las preguntas habituales sobre la localización del domicilio, el vecino se ahorró las explicaciones diciendo que era "en casa de Bárcenas". "Y no le ha hecho falta decir nada más", ha dicho uno de estos testigos.

Los testigos presenciales creen que esta persona podría haber accedido al portal aprovechando el descuido de la familia Bárcenas que podría haber abierto la puerta del portal sin preguntar dado que en ese momento esperaban un pedido de fruta.

"No es normal que le dejen pasar así como así porque la chica que trabaja en esa casa tiene orden de no abrir a nadie", indican estos testigos. Recuerdan que el portero no llega hasta las 17.30 y que el desconocido se aprovechó de esa situación ya que entró unos minutos antes.

El arrestado, Olivares García, publicó en octubre de 2011 una carta en el Diario de Castilla-La Mancha, según el periódico, en la que arremetía contra la presidenta de esta comunidad y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: En la misiva aseguraba: "Usted prometió en su campaña electoral que no recortaría las ayudas a la asistencia social, ni tampoco en el campo de la sanidad. Creímos en usted y su partido, el Partido Popular, pero nos mintieron y a los más necesitados de esta comunidad nos ha quitado el suplemento semestral de 356,69 euros (1,95 euros al día). Los discapacitados tenemos que vivir con 11,21 euros al día, de los cuales tenemos que pagar nuestras medicinas, la luz, el agua, la basura, el teléfono, la comida, la ropa, los artículos de aseo, limpieza, etc... Como no quiero que la educación y la asistencia médica, lo más básico del pueblo español, sea una utopía, igual que la asistencia social, no volveré a votar jamás por usted ni por su partido".

El arrestado ha estado en la casa alrededor de una hora sin conseguir los documentos que solicitaba. Los investigadores creen que se trata de un desequilibrado, que no está en posesión de sus facultades mentales, si bien la Policía está investigando las causas del asalto.