“No buscamos adhesiones pasivas, sino la movilización consciente contra los pilares del régimen de guerra permanente: el rearme, la militarización de la vida pública y la normalización cultural de la violencia”. Así lo recoge el manifiesto Otra paz es posible, firmado por más de 200 personas con el propósito de impulsar que la ciudadanía salga a las calles para exigir que cese la guerra. El texto se presentará el viernes 15 de mayo, coincidiendo con la conmemoración de la Objeción de Conciencia.

En los últimos años, el rearme se ha instalado de forma recurrente en el debate público. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sus exigencias a los aliados europeos han vuelto a situar el gasto militar en el centro de la agenda internacional. El ejemplo más evidente es la presión para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en los países de la OTAN, una meta de la que España se ha desmarcado al defender el límite del 2,1%. 

Pero, más allá de las exigencias del presidente de Estados Unidos, el proceso de rearme ya estaba en marcha. Según el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) de 2025, el gasto militar aumentó el año pasado en todas las regiones del mundo excepto en el continente americano. Estados Unidos mantuvo el primer puesto, mientras Europa registró un incremento del 14%. Además, solo cinco países concentraron el 58% del gasto militar mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. 

Para los firmantes del manifiesto, este escenario encierra una contradicción de fondo: se invoca la paz mientras se prepara la guerra. “La acumulación de armamento y tecnologías de muerte, incluida la inteligencia artificial aplicada a la guerra, no nos hace más libres ni seguros: agrava la fragilidad de la vida, acelera la destrucción de los ecosistemas y alimenta conflictos en todo el mundo”, denuncian. 

Esta forma de “prevenir la paz” haciendo uso de la fuerza, a golpe de amenaza, sostienen, no es más que una forma de control. “La paz militarista sirve para dominar: es cuando uno habla y el otro calla. Eso no es paz. Eso es no dar problemas y mantener una injusticia, que nos come los recursos, en vez de invertir en una seguridad humana basada en lo público”, cuenta a infoLibre Ovidio Bustillo, uno de los firmantes. 

Bustillo fue uno de los primeros objetores de conciencia al servicio militar durante el franquismo y la Transición. También formó parte del grupo de objeción y servicio civil de Can Serra, en Barcelona, y fue editor de la revista pacifista Oveja Negra. Para el activista, la sociedad civil tiene que exigir un cambio de rumbo. A su juicio, tiene que ser la ciudadanía quien empuje esa transformación, porque la política —también la izquierda— no está siendo lo suficientemente firme para frenar lo que considera un “peligro para la supervivencia”. 

En ese sentido, Bustillo sostiene que tampoco la acción del Gobierno de España está siendo suficiente. Es más, considera que su defensa de la paz es “puramente testimonial”. “El PSOE es el partido que más ha impulsado el uso de la fuerza, porque ha invertido en defensa sin pasar por el Congreso. Lo cierto es que tiene una política militarizadora”, denuncia. 

“Es una contradicción”, prosigue. “Tiene mérito enfrentarse a los más poderosos y ser la voz progresista en Europa, pero todo se queda en las palabras y lo que necesitamos son hechos y políticas más audaces”, reclama. 

Por eso, los firmantes del manifiesto defienden que la verdadera presión tiene que venir de la calle. Un buen ejemplo son las protestas que inundaron las calles de todo el mundo para exigir el fin del genocidio en Gaza. También la respuesta ciudadana en Minneapolis frente a las agresiones y detenciones del ICE contra la población latina en Estados Unidos. “Tanto en las protestas por Gaza como en Estados Unidos se puede ver cómo distintos colectivos, por ejemplo feministas o ecologistas, incorporan estas luchas en sus propios espacios. Tenemos que aprender de ellas y tomarlas como modelos de movilización”, sostiene Bustillo. 

Las bases militares de Estados Unidos en Alemania son la "punta de lanza" del Ejército estadounidense en Europa para operaciones en el continente, África y Oriente Medio, con una decena de bases de peso y más de 36.000 soldados desplegados en el país centroeuropeo, que se beneficia de esa presencia no solo militarmente y por su efecto disuasorio, sino también económicamente, según informa EFE.

Estados Unidos tenía aproximadamente 68.000 militares asignados de forma permanente a sus bases en Europa en diciembre de 2025, según el Defense Manpower Data Center (DMDC), cifra que no incluye a las fuerzas rotatorias enviadas a misiones o ejercicios. Eso significa que casi la mitad se encuentra en Alemania, país con más militares del país norteamericano fuera de EE.UU. solo por detrás de Japón, que cuenta con unos 54.000.

En Alemania se calcula que hay unas 40 instalaciones militares estadounidenses de diferente tamaño, si bien las grandes son aproximadamente una decena y se encuentran sobre todo en el sur y suroeste del país.

Por ejemplo, la base aérea de Ramstein, la mayor fuera de Estados Unidos se encuentra en el estado federado de Renania-Palatinado. La base es, además de la logística, importante para el despliegue de drones, incluido en Oriente Medio. 

En esta base también se encuentra desde 1974 el cuartel general del Mando Aéreo Aliado, que es responsable de planificar, realizar ejercicios y ejecutar operaciones integradas de defensa aérea y antimisiles dentro del área de responsabilidad europea de la OTAN.

A su vez, la sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando para África (AFRICOM) se encuentra en Stuttgart, en la región de Baden-Württemberg; el mayor hospital militar fuera de Estados Unidos está en Landstuhl; también en Renania-Palatinado; y el mayor campo de entrenamiento militar fuera del país norteamericano está situado cerca de Grafenwöhr, en Baviera.

Además, se estima que hay unas 20 armas nucleares tácticas en la base aérea de Büchel, en Renania-Palatinado, un dato que recoge la cadena de televisión pública ARD, pero que no es público.

De ahí que no sea de extrañar que el anuncio de la retirada de unos 5.000 soldados que hizo el Pentágono el viernes y la advertencia en la víspera del presidente Donald Trump de que al final serán "muchos más" hayan generado inquietud en las regiones que acogen las diferentes bases estadounidenses.

Miles de puestos de trabajo dependen de la presencia militar estadounidense en Alemania.

Todavía se desconoce qué regiones se verán afectadas. Por ahora ha trascendido que Estados Unidos quiere retirar en los próximos seis a doce meses una brigada completa ya desplegada y a un batallón de fuego de largo alcance que debía llegar al país más adelante este año, según medios como CBS News y The Washington Post.

Sin embargo, la inquietud ya se percibe al menos en Renania-Palatinado, donde muchos empleos dependen de la presencia estadounidense. 

"La fuerza económica de la presencia militar estadounidense puede estimarse en más de 2.000 millones de dólares por año fiscal", afirmó la víspera el alcalde de Ramstein, Ralf Hechler. 

El propietario del restaurante Big Emma en Ramstein, Andreas Hausmann, dijo a la cadena de televisión NTV que cada puesto de trabajo en el municipio de unos 18.000 habitantes depende directa o indirectamente de la base aérea. El primer ministro saliente de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, también se mostró preocupado por el anuncio. 

El primero recalcó que "no se trata solo de la cooperación en cuestiones de política de seguridad". "También es una cuestión de política económica que las fuerzas estacionadas estén aquí", dijo.

Al mismo tiempo pidió cautela, porque, según dijo, "hay indicios" de que la retirada parcial de soldados podría tener lugar en Grafenwöhr, en Baviera.

Halil llega puntual a Tria Fanaria, un café del sur de Nicosia a un paso de la Línea Verde. Estamos en pleno corazón de Faneromeni, a escasos metros del puesto de control. Como uno de los pocos kahveneios históricos que quedan en la Ciudad Vieja, el café es un lugar donde el nacionalismo griego mantiene una presencia discreta pero omnipresente. En las paredes destaca la bandera de la Enosis, la unión de Chipre con Grecia, flanqueada por iconos de santos y de los caídos en la guerra de 1974. El ambiente no resulta asfixiante, pero para un chipriota turco como Halil difícilmente puede sentirse como en casa. "Vengo a estos sitios y hablo con la gente", dice mientras se lía un cigarrillo.

El ataque contra la base británica de Akrotiri el 2 de marzo —un ataque con dron lanzado desde Líbano en represalia por bombardeos estadounidenses e israelíes— tuvo escaso impacto práctico en la isla. Pero los nervios siguen a flor de piel. Marzo fue un mes de alarmas. Un incidente de seguridad en la base británica de Akrotiri el día 13 llevó a pedir a la población que se refugiara y se mantuviera alejada de las ventanas; luego, el 24 de marzo, un misil, quizá con destino a Chipre, fue interceptado sobre Beirut, lo que derivó en el cierre del aeropuerto internacional de Lárnaca. Este desgaste psicológico ha arrastrado a los chipriotas de ambas comunidades de vuelta a un pasado que creían haber superado. La tensión evoca la violencia intercomunal que culminó con la invasión de Ankara y una división que persiste hasta hoy: una isla partida en dos por una zona de amortiguamiento de la ONU, con la comunidad turcochipriota relegada a un Estado no reconocido.

Para Halil, poeta y doctorando en la Universidad del Mediterráneo Oriental en Famagusta, en la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), el conflicto no ha hecho sino reforzar la posición de Turquía. "Turquía aspira a la supremacía regional, y consolidar su presencia en el norte sirve a ese objetivo", explica. Activista antimilitarista que ha pasado tiempo en prisiones militares del norte por negarse al servicio obligatorio, sus palabras tienen peso. "En el norte vivimos en una vasta zona militar con pequeños enclaves civiles aislados", añade con ironía, señalando que en la práctica el estado de emergencia sigue vigente desde 1974.

Las Áreas de Bases Soberanas británicas (SBA, por sus siglas en inglés) de Akrotiri y Dhekelia ocupan un espacio complejo en este paisaje. "Los residentes del norte nunca han adoptado una postura firme respecto a ellas", observa Halil. "El norte ya está saturado de bases turcas, y el único tabú real para nosotros es criticar a Ankara. Ese es el núcleo del problema, junto con las históricamente buenas relaciones que muchos aún mantienen con los británicos".

Mientras que en el sur grecochipriota han estallado protestas contra las SBA, el impacto en el norte ha sido más contenido, pese a la exposición de la isla a posibles represalias. En línea con Ankara, las autoridades del norte condenaron el ataque a Irán; Turquía desplegó seis F-16 y reforzó las defensas aéreas, pero los turcochipriotas solo se manifestaron en el sur. Al norte de la Línea Verde, las tensiones internacionales se superponen al lastre histórico del problema chipriota. Turquía —aliada de la OTAN pero adversaria de la República de Chipre— actúa como mediadora regional mientras defiende simultáneamente su presencia militar en la isla.

La RTNC comparte frontera directa con Dhekelia. En los pasos de Strovilia y Pergamos ondea la Union Jack –la bandera nacional del Reino Unido– y los pasaportes los revisa la Policía Militar británica en lugar de agentes locales. Aquí, las colinas onduladas de las zonas agrícolas administradas por los británicos descienden hacia la costa, salpicadas de áreas militares restringidas. En la bahía de Dhekelia, la presencia militar apenas se delata por el alambre de espino y un radar que gira entre la vegetación mediterránea. Un cartel de hormigón reza: "Welcome to Dhekelia Station". La carretera atraviesa una puerta sin vigilancia, flanqueada por vallas: la bandera británica a un lado y, al otro, Cessac Beach, el único acceso al mar dentro del perímetro militar. Aunque la administración guarda silencio, es un secreto a voces que la zona funciona principalmente como centro de inteligencia.

"¡Esto es el Reino Unido!", exclama Alexandros, señalando el suelo. El joven propietario de un bar en las afueras de Ormidhia, un enclave rodeado por la base, no se inmuta ante las medidas de seguridad posteriores al ataque. "Hay protocolos y búnkeres", dice, "pero las autoridades solo se pusieron en contacto mucho después de lo ocurrido".

Pese a la independencia en 1960, Chipre sigue conviviendo con estas dos bases, un legado colonial que marca la vida cotidiana. Akrotiri, objetivo del dron en marzo, es la zona civil más densamente poblada dentro de las SBA. El sistema, que abarca el 3% de la isla, otorga al Reino Unido soberanía no solo sobre infraestructuras militares, sino también sobre la vida civil circundante.

Melanie Steliou, actriz chipriota-británica de 50 años que vive en Pyrgos, cerca de Akrotiri, percibe esa fricción. "Cuando llevo a mi hijo al colegio en Trachoni, un pueblo parcialmente bajo jurisdicción británica, oímos los aviones despegar justo encima de nosotros. Los niños están acostumbrados". Para Steliou, el problema es el limbo legal de la que es la mayor base de la RAF fuera del Reino Unido. "La base tiene sus protocolos, pero ¿quién cuida de los civiles que viven dentro o justo fuera del perímetro? Si un dron fallara su objetivo, ¿quién nos protege?".

Tras el ataque de marzo, cientos de civiles en Akrotiri fueron desplazados durante unos días, alimentando la incertidumbre entre quienes viven a lo largo de estas fronteras invisibles. En el paseo marítimo de Limassol, una mujer rusa juega con su hijo. Cerca, una lancha rápida arrastra a un esquiador sobre el agua. El sol deslumbra, pero en el horizonte la silueta de una fragata se distingue con claridad entre la bruma.

En la playa de Lady’s Mile, una franja desierta de arena dominada por antenas, no hay aduanas: solo Google Maps o algún coche ocasional de la Policía Militar indica el cambio de jurisdicción. El pueblo de Trachoni es el emblema de esta anomalía, dividido no por cascos azules de la ONU, sino por una línea burocrática invisible. En la calle principal, dos tiendas contiguas pueden pertenecer a distintos Estados. "Aquí es Reino Unido, pero allí, donde ves esos edificios, es Chipre", explica Giorgos, encargado de un café.

En esta "tierra de nadie", la burocracia se duplica. "Para abrir un negocio necesitas una licencia tanto de Nicosia como de la base", explica un joven barbero. Sin embargo, la reciente situación de emergencia apenas alteró la rutina. "En marzo, cuando la tensión era alta, no recibimos ninguna advertencia. Seguimos abiertos", añade Giorgos. Muchos en Akrotiri prefieren no alzar la voz; para algunos, los británicos son empleadores esenciales; para otros, constituyen la única garantía de defensa de un país sin un ejército formal.

Para evitar tensiones con quienes ven las bases como un símbolo del colonialismo, la administración de las SBA mantiene un perfil bajo: pocas patrullas, a menudo con agentes locales, y oficinas judiciales discretamente ubicadas dentro de zonas militares. Pero la ausencia de banderas no hace que el territorio dependa menos de Londres.

Matthew Stavrinides, ingeniero químico y activista pro palestino, fue uno de los primeros en dar la voz de alarma. "Era solo cuestión de tiempo. Este es el resultado de una estrategia en la que Londres y Nicosia han aceptado riesgos inaceptables para la población civil". A través de la página de Instagram "Genocide Free CY", Stavrinides y un colectivo bicomunal llevan dos años documentando vuelos de espionaje de la RAF sobre Gaza. "El Gobierno británico lo negó durante mucho tiempo, pero los datos recopilados con Declassified UK llevaron a una investigación parlamentaria en la que el ministro tuvo que admitir la actividad".

Lo que antes se limitaba a unos pocos activistas se ha convertido en una preocupación generalizada. "Cada crisis regional vuelve a poner a Akrotiri y Dhekelia en el punto de mira, pero la atención actual no tiene precedentes", afirma Ceylan Hassan, investigadora británica de origen turcochipriota, activa en el movimiento "Bases Off Cyprus".

Para ella, la cuestión es personal: su familia fue desplazada en 1974 de Episkopi por milicias de EOKA B, refugiándose en las bases antes de trasladarse al norte. "Las bases están intrínsecamente ligadas a la división de la isla", afirma. "Los antiguos colonizadores enfrentaron a las comunidades entre sí y se quedaron. Aceptar este sistema es aceptar que el colonialismo nunca terminó realmente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono citados por distintos medios estadounidenses, informa Efe. "El Secretario de Guerra ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de Alemania", explicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, citado en X por la periodista Kellie Meyer de Newsmax. Parnell añadió que Washington prevé "que la retirada se completará en los próximos seis a doce meses".

Tras conocer la noticia, la OTAN ha anunciado este sábado que está "trabajando" con Estados Unidos para "entender los detalles" de esta retirada, informó una portavoz de la alianza militar según recoge Efe. "Estamos trabajando con los Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania", dijo

La portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, señaló a través de un mensaje en redes sociales que "este ajuste pone de relieve la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad de nuestra seguridad común", añadiendo que ya están "observando avances" desde que los aliados acordaran invertir el 5% del PIB en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado. "Seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra disuasión y defensa a medida que continúa este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte", aseguró.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, respondió que el hecho de que EEUU "retire tropas de Europa y también de Alemania" era previsible, y coincidió con la portavoz de la OTAN en que "nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad".

La retirada de las tropas de Alemania respondería al descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con sacar tropas del continente debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán. Esta acción también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó que el republicano ha sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

En una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes, Trump advirtió a Merz de que debería ocuparse más de "arreglar" su país "roto" y de poner fin a la guerra en Ucrania, en lugar de "interferir" en el conflicto con Irán. El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EEUU en esta guerra y de creer "que está bien que Irán tenga un arma nuclear". "¡Con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!", afirmó el mandatario.

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la OTAN. 

Actualmente, el ejército estadounidense tiene una presencia en Alemania de más de 36.000 soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

El Gobierno ha ordenado el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán que ha originado una guerra en Oriente Próximo que se prolonga ya más de un mes, según informa EFE.

España no solo no permite el uso de las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones norteamericanos sino que tampoco autoriza a esta aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español según publica esta lunes El País y han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

La negativa de España al uso de las bases de Rota y Morón ha aumentando la tensión entre ambos países y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cargado contra España en numerosas ocasiones

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme en su postura de "No a la guerra" ante las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial tras la negativa de España a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota en las operaciones contra Teherán.

El cierre del espacio aéreo español a los vuelos militares de Estados Unidos no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales, según han indicado a EFE fuentes del gestor de navegación aérea Enaire. La medida por tanto afecta a las operaciones militares, no a las operaciones comerciales.

Preguntado por si la decisión de cerrar el espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con EEUU, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado este lunes que esta decisión forma parte de la postura adoptada por el Gobierno de España de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera "unilateral" y en contra del Derecho internacional.

Asimismo, ha subrayado que las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en EEUU y que el objetivo del Gobierno es intentar mejorar las relaciones también a nivel bilateral, entre España y Estados Unidos. 

Por ello, ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, cuyo cometido es ayudar a las empresas a establecerse en Estados Unidos "de manera efectiva y exitosa".

Estados Unidos continúa con las amenazas a España. Si hace unos días era con "represalias comerciales" por ser un "aliado terrible" como dijo Donald Trump, ahora es el turno del senador Lindsey Graham, que ha pedido la retirada de las bases de Rota y Morón, y, según Trump, quienes le sugieren represalias de este tipo con los países que no colaboran "tienen razón al pedirlo". "Creo que la OTAN va por mal camino. Deberían estar ayudando en el estrecho", ha lamentado el mandatario norteamericano.

Graham ha insistido en que la posición de España de negarse a que se usen sus bases para la guerra es "un insulto y una afrenta" a la alianza. "Señor Presidente, considero que redundaría en beneficio de los intereses de Estados Unidos trasladar dichas aeronaves de España a un país en el que realmente podamos confiar en momentos de gran necesidad. Confío en su criterio", ha escrito en X.

Así, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han llamado a la calma en nombre del Gobierno al asegurar que la retirada de las bases "es un escenario que no se contempla", ha dicho Robles en el Canal 24 horas de TVE.

Robles ha mantenido la posición "clara, honesta y comprometida" del Ejecutivo español al asegurar "claramente que esta guerra no es nuestra guerra. Entendemos que no puede haber guerras al margen del derecho internacional". De la misma manera, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha mandado “un mensaje de absoluta tranquilidad” para defender la postura del Gobierno ante “una guerra ilegal, que tiene un trasfondo político muy profundo y muy preocupante".

Montero ha insistido en que "las bases militares se tienen que utilizar en el marco del convenio" y se ha reafirmado que no serán usadas “para una guerra ilegal”, las bases llevan en España desde 1988 y realizan "una labor importante", ha recordado Robles que ha pedido que se respete la posición española.

No obstante, la ministra Robles cree que las palabras de Trump son una reflexión al hilo de una pregunta porque "no hay ningún pronunciamiento expreso" sobre una retirada.

"Me parece importante mantener y decir que España va a estar siempre en contra de las guerras, a favor de la paz, pero firmemente comprometida también con las misiones de paz y con nuestros aliados", ha subrayado la ministra que ha recibido esta madrugada en la base aérea de Torrejón a 205 militares españoles evacuados de Irak debido a la guerra en Irán

Montero pide cautela “a la hora de valorar y de interpretar cualquier afirmación”, ya que “un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria”, ha dicho en declaraciones a los periodistas durante la visita los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla).

El "no a la guerra" resucitado por Pedro Sánchez en su declaración institucional de este miércoles se invocó por el presidente del Gobierno con una finalidad: impedir "la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos". Más allá del compromiso con esa legalidad transfronteriza en otros asuntos –como por ejemplo el del Sáhara Occidental– expertos en derecho internacional consultados por infoLibre sostienen que el presidente actúa correctamente desde un punto de vista jurídico en el conflicto de Irán. "La posición de España es clara y consistente", sostuvo Sánchez. "Es la misma que hemos mantenido en Ucrania", donde España sí apoya económicamente a uno de los contendientes, el Ejecutivo de Kiev, y "también en Gaza", añadió. El uso de las bases de Rota y Morón para los bombardeos –que el Ejecutivo no ha permitido provocando la indignación del presidente de EEUU– está sujeto al cumplimiento de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Que la nueva guerra del Golfo iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu es ilegal constituye un consenso entre los académicos consultados. "Se trata de una agresión, un ataque armado al margen de la legalidad internacional y de la Carta de Naciones Unidas", explica la catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III Ana Manero. La profesora e investigadora recuerda que el uso de la guerra está expresamente prohibido por el artículo 2.4 de esa carta, que establece que "los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas", es decir, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Esa prohibición de recurrir a la violencia tiene, sin embargo, dos excepciones, como recuerda Manero. La primera, la legítima defensa individual o colectiva, que actúa como "un derecho inmanente" de los Estados recogido en el artículo 51 de la carta. Las represalias adoptadas en virtud de ese derecho a responder a una agresión deben ser puestas de manera inmediata en conocimiento del Consejo de Seguridad. La segunda excepción a la prohibición general del uso de la fuerza es, precisamente, la autorización de ese órgano integrado por 15 miembros, de los cuales China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos son permanentes con capacidad de veto. El ataque ordenado por Washington y Tel Aviv no cumple ninguna de esas dos condiciones.

"Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el uso de la fuerza que no solo afecta a Irán, sino también a los ataques de Israel en Líbano", explica la catedrática madrileña. "En la anterior guerra del Golfo", la de 2003, en la que el objetivo era Irak, "Estados Unidos no logró el apoyo del Consejo de Seguridad, pero intentó conseguirlo con la comparecencia de Colin Powell sobre las supuestas armas de destrucción masiva con las que contaba el régimen de Sadam Husein", recuerda. En aquella ocasión, Naciones Unidas llegó a mandar a una delegación de inspectores a Bagdad para tratar de comprobar la veracidad de esas acusaciones. Al final, EEUU y sus aliados, entre ellos el Gobierno de José María Aznar, decidieron actuar unilateralmente.

En una comparecencia pública el pasado lunes, el secretario de Guerra del Gobierno de Trump, Peter Hegseth, enmarcó los bombardeos en Irán en la política del presidente de poner "los Estados Unidos y los estadounidenses primero". "Les estamos golpeando quirúrgicamente, abrumadoramente y sin pedir disculpas", añadió Hegseth. Para el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Jaume I de Castellón Mariano Aznar, esas palabras demuestran que Estados Unidos "se sitúa fuera de la norma". El profesor de la universidad castellonense cree que con sus operaciones militares contra Teherán, Washington e Israel demuestran que "les da igual la legalidad". Es algo que, sostiene, también se ha visto en la guerra de Gaza y en la invasión rusa de Ucrania. Nada impide que China pueda recurrir a los mismos argumentos para hacerse con Taiwán.

Sánchez ha sostenido en su declaración institucional de este miércoles que la posición española frente al nuevo conflicto es coherente. "La misma que hemos mantenido en Ucrania y también en Gaza". En el caso de la invasión de ese país por las tropas de Putin, de la que el 24 de febrero se cumplieron cuatro años, España sí defiende económica y militarmente a uno de los contendientes, el Gobierno de Kiev. Ese apoyo, según Ana Manero, sí está justificado desde el derecho internacional. "Ucrania es un país agredido también de manera ilegal por Rusia. Al sufrir esa agresión, pidió ayuda justificadamente a sus aliados porque actuaba en legítima defensa", explica.

El Gobierno español tampoco se movió un centímetro del marco de Naciones Unidas frente a las decenas de miles de civiles muertos provocados por los bombardeos sistemáticos de Israel en Gaza. España, como la organización internacional, condenó los atentados de Hamás que dieron origen al conflicto, pero también la violencia indiscriminada contra la población civil desatada desde entonces por el Ejecutivo de Netanyahu. El Ejecutivo, además, ha reconocido el Estado palestino y defiende, además, la misma solución que la ONU para acabar con un conflicto de décadas: la de los dos Estados. Por último, España se ha personado junto a Sudáfrica en la causa por genocidio que se sigue contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de Naciones Unidas que resuelve los enfrentamientos y reclamaciones entre sus miembros.

Los "propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas" y el "deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los gobiernos", así como el respeto al "imperio de la ley", son también los objetivos mutuos que recoge el preámbulo del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados de Unidos de América, firmado el 1 de diciembre de 1988 y publicado en el BOE en mayo del año siguiente. Ese tratado internacional es el que regula el uso conjunto de las bases militares españolas concediendo a Washington en su artículo 2 "el uso de instalaciones de apoyo" así como "autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo" pero solo para "objetivos dentro del ámbito bilateral y multilateral de este Convenio", es decir el marco de Naciones Unidas –que no ha autorizado la operación– o el de la OTAN, que no participa como tal en los ataques.

Si España considera que las operaciones militares estadounidenses que se pretendan llevar a cabo valiéndose de su territorio o sus instalaciones militares (y las bases de Rota y Morón lo son a todos los efectos) son contrarias a la Carta de la ONU, el Convenio entre ambos países da derecho de veto a España, ya que deben ser previamente autorizadas por el Gobierno. "Cualquier uso que vaya más allá de estos objetivos [los contenidos en el preámbulo del tratado] exigirá la autorización previa del Gobierno español", establece el inciso final del artículo. "En realidad, todos los tratados están sometidos jerárquicamente a la Carta de Naciones Unidas, así que cualquier previsión contraria a esta sería nula de pleno derecho", explica Mariano Aznar.

"Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. No tenemos por qué hacerlo. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos hacerlo", dijo este martes Donald Trump tras amenazar con cortar el comercio estadounidense con España –incluso habló de un embargo– por la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para la campaña contra Irán. Las afirmaciones del presidente de EE UU son falsas, según los expertos consultados. "Dice que pueden hacer lo que quieran, pero no es así", sostiene Aznar. "Y no solo en las bases españolas sino en las de cualquier otro país". "Otra cosa es que algunos Gobiernos miren para otro lado", prosigue Aznar.

Pese a sostener, al igual que Manero, que la agresión contra Irán es del todo ilegal, el profesor e investigador castellonense duda que permitir el uso de las bases para abastecer de combustible a los aviones militares de EEUU –una posibilidad no autorizada por el Gobierno– pudiera tener algún tipo de consecuencia jurídica para España o alguna respuesta diplomática en el conflicto con Irán, aunque en caso de haberse permitido, sí hubiera supuesto "mostrar algún tipo de complicidad" con los bombardeos iniciados el sábado. Una respuesta de Teherán en represalia a España "parecería excesivamente exagerada" ya que, según Mariano Aznar, "no se habría tratado de un comportamiento activo" en la campaña militar.

La Fuerza Aérea estadounidense ha trasladado desde el mediodía del domingo al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán, desde bases en España hasta Alemania y otros puntos geográficos, según datos públicos de Flightradar24, como ha recogido EFE.

Una decena de los KC-135 han partido de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) hasta la base aérea de Ramstein (Alemania), mientras que otros cinco han despegado de la base naval de Rota (Cádiz) con destino desconocido en algunos casos al dejar de emitir su posición de manera pública.

EFE ha podido conocer que tres de esos KC-135 estadounidenses han abandonado la base de Rota en las primeras horas de esta madrugada con rumbo a una base militar del Ejército del Aire y del Espacio francés en el sur del país vecino, ocasionalmente utilizada por aviones de EEUU, según datos recopilados de la aplicación de seguimiento aeronáutico Flightradar24.

Las tres aeronaves, empleadas como aviones cisterna para repostaje de cazas y cazabombarderos, han emprendido rumbo noreste, han cruzado parte de la Península y las costas de la Comunidad Valenciana y Cataluña y han aterrizado en la base militar gala de Istres-Le Tubé, ubicada al noroeste de Marsella.

En las últimas horas también ha habido vuelos de los gigantescos C-17 Globemaster de transporte logístico de tropas y material entre Rota y la base de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia.

Este gran cambio de posición y de activos militares necesarios para los ataques aéreos contra Irán, iniciados el sábado, se produce después de que el Gobierno se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EEUU, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar estos aviones a otras bases sabiendo que, desde las españolas, no van a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases andaluzas de Morón y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

"Rotundamente, no; en las bases que hay en Morón de la Frontera y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha resumido la ministra.

Además, ha añadido que, pese a que existe un convenio con Estados Unidos para el uso de las bases de Morón y Rota, ese acuerdo permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La titular de Defensa ha reiterado que España está "totalmente en contra de la violencia" y ha insistido en que las bases no van a prestar apoyo, salvo que fuera necesario que lo hicieran desde un punto de vista humanitario.

También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado de modo "taxativo" que las dos bases militares conjuntas con EEUU en el sur de España estén siendo usadas por Washington en la operación en Irán.

"No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", ha afirmado el ministro en una entrevista televisiva.

El Ministerio de Exteriores kuwaití anunció este lunes que varios aviones militares estadounidenses sufrieron accidentes en su territorio y que su tripulación ha sobrevivido, informó la agencia estatal de noticias KUNA, sin especificar el número de incidentes ocurridos, recoge EFE.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, dijo en un comunicado que los tripulantes fueron trasladados al hospital.

Desde Estados Unidos, el Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom) ha aclarado este lunes de que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron "por error" por "fuego amigo" kuwaití.

"Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", informó el Centcom en un comunicado sobre el incidente con tres cazas F-15E Strike Eagle que participaban en la llamada Operación Furia Épica contra Irán.

Medios iraníes reportaron esta mañana del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait. “Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio aéreo del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán”, anunció la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El Centcom añadió que Kuwait había reconocido este incidente y agradeció "los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso". EEUU e Israel volvieron a lanzar el sábado nuevos bombardeos contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que han muerto el líder supremo, Ali Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, tres militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos. Y en Israel hay reportadas 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

Israel ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chíi Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.

Las empresas de la industria de defensa española valoran con "optimismo" un contexto "único" que permitió al sector vender en 2024 un 17% más que el año anterior, con una facturación cercana a los 10.000 millones de euros, y representar el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional, según informa EFE.

Este lunes se ha presentado en Madrid el Anuario Spain Defence and Security Industry correspondiente a 2024 con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha abogado por potenciar la producción militar nacional, que a día de hoy supone un 2% del PIB (34.000 millones de euros) y crea alrededor de 89.000 empleos en nuestro país. "La seguridad no se delega", ha subrayado.

El anuario revela que en 2024 el volumen de facturación de la industria alcanzó los 9.997 millones, 1.459 más que el ejercicio precedente. De esas ventas, 3.031 millones fueron directas al Ministerio de Defensa, un 35,2% más que el año anterior. También experimentaron un aumento notable las ventas al exterior, hasta los 6.966 millones, un 10,6%.

El grupo Airbus acapara el 45,3% del volumen de ventas en el sector con sus dos filiales Airbus Defence and Space (31,4%) y Airbus Military (13,9%) que facturaron en 2024 un total de 5.712 millones de euros.

Al sector aeronáutico le siguen el de armamento, con 1.096 millones de euros en ventas; el naval, con 1.075 millones de los que Navantia representa el 75%; el de materiales auxiliares, con 656 millones y en el que más pymes trabajan; y el electrónico, con 612 millones y liderado por Indra.

El teniente general Miguel Ivorra, jefe de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), ha subrayado que la capacidad industrial militar "es clave para la seguridad nacional y para el posicionamiento internacional de las empresas españolas".

"España es una referencia en la industria de defensa europea", ha declarado para concluir: "Nos mantenemos firmes en nuestra vocación de servicio al país". En su turno, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo Alcaide, ha sostenido que el Gobierno "responde cuando se le pone delante un reto" con un importante apoyo al sector, que atesora el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional.

El anuario revela que la gran mayoría del sector ve el futuro con optimismo, en un momento en el que el gasto en defensa se ha disparado en todo el mundo y en el que existe incertidumbre por la posible fusión entre Indra y Escribano y una batalla judicial emprendida por Santa Bárbara Systems por los créditos concedidos por el Gobierno a esas empresas para inversión en desarrollar armamento. 

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha llamado a las empresas del sector a trabajar "juntas y sin ambiciones", puesto que hay trabajo para todas y el objetivo es conseguir que los recursos se queden en España y volver al 6º puesto como exportador mundial.

"Estamos ante una oportunidad única para nuestro sector", ha señalado con respecto un contexto geopolítico en el que España debe fortalecer su "soberanía industrial" tanto para las grandes empresas como para las pymes.

Persiste un “desacuerdo fundamental”. Este fue el único resultado concreto de la reunión celebrada en la Casa Blanca entre representantes estadounidenses, daneses y groenlandeses el 14 de enero, ya que cada parte mantuvo su posición original sobre la soberanía de Groenlandia. La Administración Trump argumentó que Estados Unidos debe asumir el control directo de la isla, mientras que los dirigentes daneses y groenlandeses rechazaron firmemente la idea.

Quizás esto era de esperar. La recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. dejó una cosa muy clara: la política exterior estadounidense se define ahora por un enfoque asertivo hacia todo el hemisferio occidental. Washington reclama el derecho a intervenir en los asuntos internos de otros países, incluso militarmente si es necesario, con el fin de garantizar los intereses estratégicos y corporativos de Estados Unidos.

Esta nueva “doctrina Donroe” es una versión renovada de la diplomacia de las cañoneras que configuró la política exterior estadounidense hacia América Latina (y la región Asia-Pacífico) a principios del siglo XX.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que Estados Unidos necesita asumir el control directo de Groenlandia por razones de “seguridad nacional”. Las redes sociales de la Casa Blanca ahora publican regularmente mensajes sobre el control de la isla por parte de Estados Unidos, pero Trump lleva tiempo haciendo alarde de su poderío militar: “La conseguiremos, de una forma u otra”, afirmó en un discurso ante el Congreso en febrero de 2025. Su nombramiento del actual gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial para Groenlandia en diciembre de 2025 confirmó esta línea de actuación.

Para Trump, Groenlandia es estratégicamente vital. Aunque escasamente poblada, la isla es potencialmente rica en materias primas, incluidos minerales críticos de tierras raras. Esto la convierte en un objetivo para los gigantes tecnológicos estadounidenses.

También encaja perfectamente en su idea de unos Estados Unidos imperiales, junto con la extraña propuesta de convertir a Canadá en el 51.º estado de EE. UU. y el controvertido cambio de nombre del golfo de México por el de “golfo de América”.

Como parte de su retórica sobre seguridad nacional, Trump ha afirmado que los barcos chinos y rusos están “por todas partes” en Groenlandia. Sin embargo, altos funcionarios nórdicos con acceso a la inteligencia de la OTAN han declarado pública y explícitamente que no hay registros de ello en los últimos años.

Geográficamente, Groenlandia es la puerta de entrada de América del Norte al Ártico. El cambio climático ha hecho que la región sea cada vez más fácil de navegar, y se espera que se convierta en un escenario de fuerte competencia entre las mayores potencias mundiales.

Los responsables políticos europeos han empezado a tomarse en serio las palabras de Trump, y con razón: en este segundo mandato está demostrando que quiere –y, en ocasiones, es capaz– de alinear sus palabras (incluso las más radicales y extremas) con la acción política. A pesar de formar parte de Dinamarca, que es aliada de la OTAN y miembro de la Unión Europea, Groenlandia parece una presa fácil.

El Gobierno autónomo de Groenlandia ha declarado en repetidas ocasiones, tanto antes como después de la reunión del 14 de enero, que no quiere ser anexionado por Estados Unidos.

Tras un largo periodo de mediación y un enfoque discreto, el primer ministro danés también ha adoptado una postura firme, ahora respaldada por otros socios europeos y el Reino Unido.

Por su parte, la Comisión Europea se ha mostrado indecisa, expresando su solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, pero siendo decepcionantemente ambigua en lo que respecta a compromisos concretos en materia de seguridad. Por el contrario, el Gobierno danés ha optado por ampliar su presencia militar en la región. Ha puesto en marcha la Operación Resistencia Ártica en estrecha colaboración con aliados como Francia, Alemania, Noruega y Suecia. Finlandia y los Países Bajos aún están evaluando la propuesta danesa.

Desde una perspectiva militar, se trata en gran medida de una medida simbólica, pero políticamente tiene una enorme relevancia, ya que supone un nuevo mínimo histórico en las relaciones transatlánticas. Las tropas europeas están ahora desembarcando en Groenlandia para defenderla de una amenaza real que no proviene de Rusia ni de China, sino de Estados Unidos, su socio en materia de seguridad desde hace décadas.

Dadas las circunstancias actuales, parece que hay tres posibles formas de superar este punto muerto.

La primera es que Trump dé marcha atrás, renuncie a su plan de “conseguir Groenlandia” y respete el statu quo. Esto es muy improbable: la escalada verbal del presidente ya ha llegado a un punto sin retorno, y ahora se encuentra en la posición de tener que vender la cuestión de Groenlandia a su electorado como una victoria histórica.

La segunda opción es, por lo tanto, la ocupación militar. Esto se rige por la lógica de la teoría de juegos del “juego del gallina”. Las fuerzas armadas estadounidenses son más numerosas, están mucho más preparadas para luchar y cuentan con el apoyo de una Administración que ya ha demostrado que puede utilizar la fuerza de forma deliberada y unilateral, con o sin la aprobación del Congreso, tal y como prescribe la Constitución de los Estados Unidos. En el momento de la verdad, Trump puede pensar que los europeos se asustarán y se retirarán.

Este es el peor de los escenarios, que podría conducir al fin de la OTAN. También podría desencadenar un efecto dominó de deterioro de las relaciones, lo que podría amenazar la unidad de la UE.

Es cierto que Trump puede verse tentado a continuar con su enfoque errático de “la fuerza hace el derecho” (que algunos analistas han bautizado de forma pintoresca como la estrategia “Fuck Around and Find Out” (“juega y descúbrelo”). Sin embargo, también podría verse frenado por las crecientes preocupaciones dentro de su propio partido, como las expresadas recientemente por el poderoso senador republicano Mitch McConnell.

La tercera posibilidad es negociar un compromiso que beneficie a ambas partes. Estados Unidos y Dinamarca podrían revisar su acuerdo bilateral de 1951 y, de esta manera, proporcionar a Washington una mayor presencia militar en la isla (como, por ejemplo, el permiso para construir una base para submarinos nucleares estadounidenses) junto con una concesión especial para los derechos mineros. Al mismo tiempo, Dinamarca y otros aliados de la OTAN se comprometerían a aumentar su presencia militar en Groenlandia y en todo el Ártico.

Se dice que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está trabajando activamente para lograr este resultado. Sería una solución beneficiosa para todas las partes y muy bienvenida.

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Michele Testoni es profesor de Relaciones Internacionales en la IE University. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lee el original aquí.

Es 16 de junio de 1951. El explorador francés Jean Malaurie avanza en trineos tirados por perros por la costa noroeste de Groenlandia. Había llegado solo, de forma impulsiva, con unos escasos ahorros del CNRS, oficialmente para trabajar en los paisajes periglaciales. En realidad, este encuentro con pueblos cuya relación con el mundo era de otra naturaleza forjaría un destino singular.

Ese día, tras largos meses de aislamiento entre los inuit, en el momento crítico del deshielo, Malaurie avanza con algunos cazadores. Está agotado, sucio, demacrado. Uno de los inuit le toca el hombro: “Takou, mira”. Una espesa nube amarilla se eleva hacia el cielo. A través del catalejo, Malaurie cree al principio que se trata de un espejismo: “Una ciudad de hangares y tiendas de campaña, de chapas y aluminio, deslumbrante bajo el sol entre el humo y el polvo […] Hace tres meses, el valle estaba tranquilo y desierto. Había plantado mi tienda, un día claro del verano pasado, en una tundra virgen y llena de flores”.

El aliento de esta nueva ciudad, escribirá, “no nos abandonará jamás”. Las excavadoras tentaculares raspan la tierra, los camiones vomitan los escombros al mar, los aviones dan vueltas. Malaurie es proyectado de la edad de piedra a la era atómica. Acaba de descubrir la base secreta estadounidense de Thule, cuyo nombre en clave es Operación Blue Jay, uno de los proyectos de construcción militar más ambiciosos y rápidos de la historia de los Estados Unidos.

Tras este nombre anodino se esconde una logística faraónica. Estados Unidos teme un ataque nuclear soviético por la ruta polar. En un solo verano, unos 120 barcos y 12.000 hombres se han movilizado en una bahía que hasta entonces solo había conocido el silencioso deslizamiento de los kayaks. Groenlandia contaba entonces con unos 23.000 habitantes. En 104 días, sobre un suelo permanentemente helado, surge una ciudad tecnológica capaz de albergar los gigantescos bombarderos B-36, portadores de ojivas nucleares.

A más de 1.200 kilómetros al norte del círculo polar ártico, en un secreto casi total, Estados Unidos acaba de levantar una de las bases militares más grandes jamás construidas fuera de su territorio continental. En la primavera de 1951 se había firmado un acuerdo de defensa con Dinamarca, pero la base de Thule ya estaba en marcha: la decisión estadounidense se había tomado en 1950.

Malaurie comprende inmediatamente que la desmesura de la operación supone, de hecho, una anexión del universo inuit. Un mundo basado en la velocidad, la máquina y la acumulación acaba de penetrar de forma brutal y ciega en un espacio regido por la tradición, el ciclo, la caza y la espera.

El arrendajo azul (“Blue Jay” en inglés) es un pájaro ruidoso, agresivo y extremadamente territorial. La base de Thule se encuentra a medio camino entre Washington y Moscú por la ruta polar. En la era de los misiles hipersónicos intercontinentales, ayer soviéticos, hoy rusos, es esta misma geografía la que sigue sustentando el argumento de la “necesidad imperiosa” invocado por Donald Trump en su deseo de anexionar Groenlandia.

El resultado inmediato más trágico de la Operación Blue Jay no fue militar, sino humano. En 1953, para asegurar el perímetro de la base y sus radares, las autoridades decidieron trasladar a toda la población inughuit local a Qaanaaq, a unos cien kilómetros más al norte. El traslado fue rápido, forzado y sin consulta, rompiendo el vínculo orgánico entre este pueblo y sus territorios ancestrales de caza. Un “pueblo raíz” desarraigado para dar paso a una pista de aterrizaje.

Es en este momento de cambio radical donde Malaurie sitúa el colapso de las sociedades tradicionales inuit, en las que la caza no es una técnica de supervivencia, sino un principio organizador del mundo social. El universo inuit es una economía del sentido, hecha de relaciones, gestos y transmisiones, que dan a cada uno reconocimiento, papel y lugar. Esta coherencia íntima, que constituye la fuerza de estas sociedades, también las hace extremadamente vulnerables cuando un sistema externo destruye repentinamente sus fundamentos territoriales y simbólicos.

Hoy en día, la sociedad groenlandesa está ampliamente urbanizada. Más de un tercio de los 56.500 habitantes vive en Nuuk, la capital, y casi toda la población reside ahora en ciudades y localidades costeras sedentarizadas. El hábitat refleja esta transición brutal.

En las grandes ciudades, una parte importante de la población ocupa edificios colectivos de hormigón, muchos de ellos construidos en los años sesenta y setenta, a menudo vetustos y superpoblados. La economía se basa en gran medida en la pesca industrial orientada a la exportación. La caza y la pesca de subsistencia persisten. Las armas modernas, los GPS, las motos de nieve y las conexiones por satélite acompañan ahora a las antiguas costumbres. La caza sigue siendo un referente identitario, pero ya no estructura la economía ni la transmisión.

Las consecuencias humanas de esta ruptura son enormes. Groenlandia presenta hoy en día una de las tasas de suicidio más altas del mundo, especialmente entre los jóvenes inuit. Los indicadores sociales contemporáneos de Groenlandia –tasa de suicidio, alcoholismo, violencia intrafamiliar– están ampliamente documentados. Numerosos trabajos los relacionan con la rapidez de las transformaciones sociales, la sedentarización y la ruptura de las transmisiones tradicionales.

Volvamos a Thule. El inmenso proyecto secreto iniciado a principios de la década de 1950 no tiene nada de provisional. Radares, pistas, torres de radio, hospital: Thule se convierte en una ciudad totalmente estratégica. Para Malaurie, el hombre del arpón está condenado. No por una falta moral, sino por una colisión de sistemas. Advierte contra una europeización que no sería más que una civilización de chapa esmaltada, materialmente cómoda, pero humanamente empobrecida.

El peligro no reside en la irrupción de la modernidad, sino en la llegada, sin transición, de una modernidad sin interioridad, que opera en tierras habitadas como si fueran vírgenes, repitiendo, cinco siglos después, la historia colonial de América.

El 21 de enero de 1968, esta lógica alcanza un punto de no retorno. Un bombardero B-52G de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comprometido en una misión permanente de alerta nuclear del dispositivo Chrome Dome, se estrella en el hielo marino a unos diez kilómetros de Thule. Transportaba cuatro bombas termonucleares. Los explosivos convencionales de las bombas nucleares, destinados a iniciar la reacción, detonaron con el impacto. No se produjo una explosión nuclear, pero la deflagración dispersó plutonio, uranio, americio y tritio por una amplia zona.

En los días siguientes, Washington y Copenhague lanzan el Proyecto Crested Ice, una vasta operación de recuperación y descontaminación antes del deshielo primaveral. Se movilizan unos 1.500 trabajadores daneses para raspar el hielo y recoger la nieve contaminada. Varias décadas más tarde muchos de ellos iniciarán procedimientos judiciales, alegando que trabajaron sin la información ni la protección adecuadas. Estos litigios se prolongarán hasta 2018-2019, dando lugar a indemnizaciones políticas limitadas, sin reconocimiento jurídico de responsabilidad. Nunca se llevará a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva entre las poblaciones inuit locales.

Hoy rebautizada como Pituffik Space Base, la antigua base de Thule es uno de los principales nodos estratégicos del dispositivo militar estadounidense. Integrada en la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, desempeña un papel central en la alerta antimisiles y la vigilancia espacial en el Ártico, bajo un régimen de máxima seguridad. No es un vestigio de la Guerra Fría, sino un eje activo de la geopolítica contemporánea.

En Los esquimales del Polo: los últimos reyes de Thule, Malaurie muestra que los pueblos indígenas nunca tienen cabida en las consideraciones estratégicas occidentales. Ante las grandes maniobras del mundo, la existencia de los inuit se vuelve tan periférica como la de las focas o las mariposas.

Las declaraciones de Donald Trump no dan lugar a un mundo nuevo. Su objetivo es generalizar en Groenlandia un sistema que lleva setenta y cinco años en vigor. Pero la postura de un hombre no nos exime de nuestras responsabilidades colectivas. Escuchar hoy que Groenlandia “pertenece” a Dinamarca y depende de la OTAN, sin siquiera mencionar a los inuit, equivale a repetir un viejo gesto colonial: concebir los territorios borrando a quienes los habitan.

Los inuit siguen siendo invisibles e inaudibles. Nuestras sociedades siguen representándose a sí mismas como adultos frente a poblaciones indígenas infantilizadas. Sus conocimientos, sus valores y sus costumbres quedan relegados a variables secundarias. La diferencia no entra en las categorías a partir de las cuales nuestras sociedades saben actuar.

Siguiendo a Jean Malaurie, mis investigaciones abordan lo humano desde sus márgenes. Ya se trate de sociedades de cazadores-recolectores o de lo que queda de los neandertales, cuando los despojamos de nuestras proyecciones, el Otro sigue siendo el ángulo muerto de nuestra mirada. No sabemos ver cómo se derrumban mundos enteros cuando la diferencia deja de ser pensable.

Malaurie concluía su primer capítulo sobre Thule con estas palabras:

Por encima de todo, hay que temer no la desaparición brutal de un pueblo, sino su relegación silenciosa y radical a un mundo que habla de él sin mirarlo ni escucharlo nunca.

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Ludovic Slimak es arqueólogo, pensador e investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) en la Universidad de Toulouse. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Léelo aquí.

Aviones nos atruenan desde el cielo de Madrid.

Y es que se acerca (en dos días) el Día de la Fiesta Nacional.

Por cierto, ¿es el descubrimiento de América el hecho esencial que nos define como nación? ¿No sería más acorde con la sociedad actual que la fiesta nacional coincidiera con el día de la Constitución, que expresa el acuerdo de los españoles para convivir en paz y libertad?

Paseos, desfiles, contaminación (atmosférica y acústica), vivas al Jefe de Estado no elegido y a una idea de nación representada por la Corona y el ejército.

Y lo que aquí nos interesa, horas de insultos al Presidente del Gobierno –este sí, elegido por nosotros a través de la mayoría de los representantes de la soberanía popular– y a los miembros del Consejo de Ministros (¡qué ganas!) que acudan.

Siempre pienso: ¿por qué irá Sánchez, por qué estar quieto durante horas recibiendo insultos, quizá cada año peores, de quienes hacen gala de tan peculiar idea de nación?

Por supuesto es una pregunta retórica. Es el Presidente del Gobierno y "tiene" que ir, claro. (En el Partido Socialista, me imagino que ya acostumbrados, se autoconvencerán llamándolo "responsabilidad institucional"... Ya se sabe, hacer de tripas corazón)

Como en nuestro sistema político hay de facto muchas cosas pactadas antes del juego democrático (esto es, Franco dejó no todo pero sí muchas cosas atadas y bien atadas), en nuestro país siempre es "Hay que", "Tiene que", "No puede ser de otra forma".

En todo caso se pondrá en escena como cada año la fotografía socio-político-institucional de España:

1. Un jefe del Ejecutivo y unos ministros de izquierdas. De todos los que allí estarán, los únicos a quienes hemos votado.

2. Una Jefatura del Estado y un monarca designado por Franco (da igual que sea el hijo, el origen es ese).

3. Unos símbolos nacionales y una idea nacional, en fin, ligada a dos instituciones no electas.

4. Una representación de la sociedad civil pequeña pero concentrada, siempre militante, y que hasta hace unos años podíamos decir que prácticamente ni disminuía ni aumentaba con el tiempo.

La suma de la entrada de Vox en escena, la derechización del Partido Popular que ésta ha traído, sobre todo en las Comunidades Autónomas donde gobiernan, y la ola reaccionaria global desgraciadamente han parecido derechizar a la sociedad española y hacer crecer el bloque conservador-reaccionario.

En cualquier caso, un núcleo sociopolítico fuerte y agresivo a partes iguales con las otras Españas (a quienes niega tal condición) y con quienes quieren poder votar si quieren seguir siendo España o no.

Los insultos al Presidente del Gobierno, nos caiga en gracia más o menos, lo son a todos los y las españolas demócratas que hemos elegido a este Gobierno. Y lo son, en fin, a la soberanía popular. Al derecho del pueblo español y de los demás pueblos de España a gobernarse.

Año tras año, la mayoría de la sociedad española tiene que asistir –callada, en casa, casi como si no fuera nuestro país– a este día de reivindicación militante y agresiva de una idea de nación por una pequeña parte de ella que se cree sin embargo su totalidad.

¿Hasta cuándo este día ajeno a la gran mayoría de la sociedad española?

¿Para cuándo la constitucionalización de la fiesta nacional?

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Guillermo Errejón Galván es sociólogo.

El gasto global en defensa aumentó en un 7,4% en 2024 hasta alcanzar los 2,46 billones de dólares (2,38 billones de euros al cambio de hoy), siendo la guerra en Ucrania el principal impulsor en Europa de una mayor inversión militar, según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Según informa EFE, el centro de estudios presentó hoy en Londres la 66 edición anual de su Military Balance (Balance Militar) sobre las capacidades defensivas, equipamientos y presupuestos de más de 173 territorios. Entre sus hallazgos, destaca que el incremento en gasto militar realizado por Rusia estuvo centrado el pasado año en la modernización y recapitalización, mientras que en Europa la inversión militar fue mayor entre los países miembros de la OTAN.

En este sentido, la subida del 23,2% detectada en Alemania implica que solo Estados Unidos ha destinado un presupuesto para defensa nacional mayor dentro de la Alianza Atlántica. Si bien el gasto militar europeo es nominalmente un 50 % mayor que en 2014, el instituto alerta de que continúan las presiones presupuestarias en la mayor parte de países de ese continente.

Según datos del IISS, el actual gasto militar de la OTAN se sitúa en 1,44 billones de dólares, de los que el correspondiente a Europa -situado en 442.000 millones de dólares- supone menos de un tercio del total. En la presentación hoy a los medios, Bastian Giegerich, director general y director ejecutivo del ISS, dijo que "en cuanto a los estados europeos, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha sido el principal impulsor de una mayor inversión en defensa".

Sobre ese conflicto, el documento estima que Rusia ha perdido números significativos de personal y equipamiento, y unos 1.400 tanques de batalla en 2024. El director dijo que la guerra ha mostrado "un incremento en las conexiones entre la seguridad europea y la de la zona Asia Pacífico", patente en factores como "la decisión de Corea del Norte de apoyar la guerra de Rusia con unas 10.000 tropas" o la creciente prominencia de Corea del Sur como suministrador de defensa a naciones europeas como Polonia.

Según su análisis, "ninguna parte obtuvo una ventaja estratégica en su tercer año de conflicto". "Para que Ucrania pueda contrarrestar la agresión rusa de manera efectiva, el apoyo internacional tendría que incrementar de manera significativa más allá de los actuales niveles para así asegurar que pueden mantenerse las ofensivas", consideró. Además, "el liderazgo de Estados Unidos continuará siendo vital, incluyendo el suministro de una garantía de seguridad creíble para Ucrania como precondición para un acuerdo de alto el fuego estable".

Según él, "más allá del significativo coste material y humano, Rusia ha sentido cada vez más la carga económica de la guerra". El informe revela que el gasto militar ruso ha aumentado en un 41,9% hasta elevar su presupuesto en defensa hasta el equivalente del 6,7% del PIB, mayor que el total de gasto de defensa europeo.

El documento destaca que continúa la cooperación con Irán y Corea del Norte y menciona que 10.000 tropas norcoreanas han sido enviadas a impulsar las fuerzas rusas mientras que la producción iraní de drones y misiles balísticos para Rusia se ha incrementado.

El documento aborda además la situación de las fuerzas armadas chinas -el ejército de liberación chino (PLA)- que continúan modernizándose bajo tres ejes específicos: anticorrupción, reorganización y reforma. En este sentido, considera que se están adoptando medidas significativas para erradicar la corrupción dentro del PLA y para reorganizarlo, y observa la emergencia en muchas áreas de nuevas capacidades.

Un día antes de que en contra de la la futura ley de amnistía PP, Vox y sus asociaciones satélite lideren en Madrid una manifestación que aspiran a convertir en multitudinaria, este viernes salió a la luz un manifiesto donde medio centenar de militares retirados instan al Ejército a destituir al recién investido presidente, Pedro Sánchez. Es decir, piden un golpe de Estado. Como adelantó infoLibre, generales, coroneles, comandantes y capitanes jubilados suscriben un texto que finalmente ha publicado en su web la Asociación de Militares Españoles (AME), aunque acudiendo a una fórmula inusual: ocultar la identidad de los firmantes del manifiesto, 51 a tenor del documento obtenido por este diario.

Por la tarde, el teniente coronel retirado José Ignacio Domínguez, miembro del Foro Milicia y Democracia y que hubo de exiliarse a Francia en la última fase del franquismo, aseguró en declaraciones a Cataluña Radio que el instigador del manifiesto es el mismo capitán jubilado que en noviembre de 2020 promovió una carta dirigida al Rey por 73 oficiales retirados y cuyo contenido bebía en las fuentes del discurso político de Vox: aquella misiva ya acusaba al Gobierno de poner en peligro la unidad nacional. Asimismo, ese mismo capitán participó en el chat donde, como desveló este diario días después, altos mandos ya fuera de circulación exhibían la necesidad de matar "a 26 millones de hijos de puta"

Se trata del antiguo capitán del Ejército del Aire José Manuel Adán, con quien infoLibre había tratado de contactar desde primera hora de la mañana y que rehusó en varias ocasiones mantener una conversación o responder a los mensajes enviados a sus teléfonos. El manifiesto llegó a manos de este periódico como documento adjunto a un email remitido aparentemente al menos la noche del jueves desde la cuenta de Adán a antiguos compañeros. Firmado por “José Manuel”, el correo informa a sus destinatarios de que el manifiesto es el “finalmente consensuado y que será publicado en breve”. E incluye varias frases que plantean interrogantes sobre el significado de la palabra "medios" en este contexto: "A pesar de haber sido los pioneros en alzar la voz en un escrito sobre la situación actual, muchos se nos han adelantado, Jueces, Fiscales, Abogados del Estado, Diplomáticos, Interventores y Auditores del Estado, Policías, Guardias Civiles, y finalmente , nosotros, militares en situación de Retiro, también tenemos voz. Los motivos han sido varios, al nacer la idea, muchos medios nos indicaron que no era el momento".

El manifiesto llega en medio de un clima de fuerte crispación, con manifestaciones nocturnas ante la sede central del PSOE cuyo carácter ultraderechista ha ido en ascenso, con lanzamiento de bengalas, acoso a periodistas, detenidos diarios, más un autobús de la extremista asociación católica Hazte Oír circulando por Madrid con una foto de Pedro Sánchez disfrazado de Hitler. Y todo ello mientras el PP señalaba uno por uno en redes sociales a los diputados socialistas en una operación que evoca las acciones de movimientos de extrema derecha en distintos países. El manifiesto de los militares retirados añade leña a un fuego que han ido alentando los dirigentes de PP y Vox.

Al cierre de esta edición, el partido de Santiago Abascal no había hecho declaración alguna de crítica o condena. Sí ha hablado sobre el tema Elías Bendodo. Resoplando, el número 3 de los populares respondía con "Yo no tengo nada que decir sobre esas cosas" a una periodista que le preguntaba por el tema. El manifiesto, nucleado en torno a la futura ley de amnistía y cuyo párrafo final reclama sin disfraces la intervención del Ejército: “Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.

Encabezados por el general de división retirado Yago Fernández de Bobadilla Bufalá, cuyo nombre –también confirmado por el capitán Sanz Arzuaga y al que infoLibre no logró localizar– aparece seguido por los de generales de brigada, coroneles, comandantes y capitanes, los 51 firmantes arrancan afirmando que estamos en una situación de "acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales”. Así lo sostienen pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la judicatura, lleva cinco años caducado y en manos del bloque conservador por la negativa del PP a renovarlo en contra de lo que dictamina la ley.

Quienes suscriben el manifiesto privan de legalidad al Tribunal Constitucional. Lo hacen definiendo a su presidente, Cándido Conde Pumpido, como “un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones al haber manifestado que ‘hay que mancharse la toga con el barro del camino’ en relación con procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político”.

Sobre la política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Cataluña, el manifiesto militar endurece aún más su diatriba al atribuirle “el uso inadecuado de la figura del indulto para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017 así como la supresión de la sedición del código penal y la reducción de pena en la malversación solamente por intereses políticos”.

Las recriminaciones prosiguen al alza: “La elevación a las Cortes como Proposición de Ley de Amnistía, por parte del partido ahora gobernante, sin cabida en la actual Constitución Española, que eliminaría la igualdad ante la Ley de todos los españoles y que borraría los delitos cometidos por quienes dieron el golpe de Estado en Cataluña en Octubre de 2017,  si esta es aprobada, y ello por el solo interés personal para ser investido Presidente del Gobierno del actual en funciones, como él mismo ha manifestado, lo que deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe”.

Los militares que avalan el manifiesto dan por hecho que en Cataluña habrá un referéndum de autodeterminación y lo plantean así: "La posible ruptura de la Unidad de la Nación española, única e indivisible, al aceptar, de nuevo para la citada investidura, la celebración de un referéndum de autodeterminación, y habiendo aceptado la denominación para Cataluña de 'minoría nacional', con los privilegios que esto conlleva en el derecho internacional".

Medio centenar de altos mandos militares retirados acaban de elaborar un manifiesto al que ha tenido acceso infoLibre y que posteriormente han publicado en la web de la Asociación de Militares Españoles, donde reclaman al Ejército que destituya al recién investido presidente y se convoquen elecciones generales. Entre quienes suscriben el manifiesto figuran algunos de los que en 2020 participaron en el chat desvelado por este periódico y donde se afirmaba que "no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta". Este periódico ignora cuándo planean difundir el manifiesto sus promotores. Y si entre sus planes figura el de hacer coincidir su publicación con la manifestación convocada para este sábado en Madrid con el respaldo expreso de PP y Vox.

Tras varios intentos fallidos, infoLibre logró contactar con uno de los firmantes, el capitán retirado del Ejército del Aire Francisco Javier Sanz Arzuaga. En una conversación telefónica en la que se le facilitó el nombre de la persona que le llamaba y el medio para el que trabaja, el militar confirmó la existencia del manifiesto así como el nombre de quien lo encabeza, aseguró que la redacción es definitiva y corroboró los puntos esenciales que le leyó este diario: que se reclama al Ejército que destituya al presidente del Gobierno y convoque nuevas elecciones. Y que se acusa al poder ejecutivo de copar la mayoría de los órganos judiciales, lo que "anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes".

Con fecha de 16 de noviembre, el día de la investidura presidencial pero aún no distribuido, el texto trata de enmascarar el llamamiento a un auténtico golpe de Estado con el rechazo a la futura ley de amnistía como pieza central. Pero en el párrafo final reclama sin disfraces la intervención del Ejército:

“Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.

Encabezados por el general de división retirado Yago Fernández de Bobadilla Bufalá, cuyo nombre -también confirmado por el capitán Sanz Arzuaga y al que infoLibre no logró localizar- aparece seguido por los de generales de brigada, coroneles, comandantes y capitanes, los 51 firmantes arrancan afirmando que estamos en una situación de "acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales”. Así lo sostienen pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la judicatura, lleva cinco años caducado y en manos del bloque conservador por la negativa del PP a renovarlo en contra de lo que dictamina la ley.

Quienes suscriben el manifiesto privan de legalidad al Tribunal Constitucional. Lo hacen definiendo a su presidente, Cándido Conde Pumpido, como “un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones al haber manifestado que ‘hay que mancharse la toga con el barro del camino’ en relación con procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político”.

Sobre la política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Cataluña, el manifiesto militar endurece aún más su diatriba al atribuirle “el uso inadecuado de la figura del indulto para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017 así como la supresión de la sedición del código penal y la reducción de pena en la malversación solamente por intereses políticos”.

Las recriminaciones prosiguen al alza: “La elevación a las Cortes como Proposición de Ley de Amnistía, por parte del partido ahora gobernante, sin cabida en la actual Constitución Española, que eliminaría la igualdad ante la Ley de todos los españoles y que borraría los delitos cometidos por quienes dieron el golpe de Estado en Cataluña en Octubre de 2017,  si esta es aprobada, y ello por el  solo interés personal para ser investido Presidente del Gobierno del actual en funciones, como él mismo ha manifestado, lo que deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe”.

Los militares que avalan el manifiesto dan por hecho que en Cataluña habrá un referéndum de autodeterminación y lo plantean así: "La posible ruptura de la Unidad de la Nación española, única e indivisible, al aceptar, de nuevo para la citada investidura, la celebración de un referéndum de autodeterminación, y habiendo aceptado la denominación para Cataluña de 'minoría nacional', con los privilegios que esto conlleva en el derecho internacional".

El pasado 10 de mayo asistí en el Ateneo de Madrid a un acto emocionante. En él se recordaba el nacimiento (que no la génesis, de eso creo que se ha hablado poco), la trayectoria, la desaparición y las consecuencias de la Unión Militar Democrática (UMD). El acto en sí era hermoso, pero a mí me despertó ciertos recuerdos y una nostalgia de un presente que por desgracia no ha sido como algunos imaginamos. Asistimos un buen número de personas, y digo buen número porque estoy acostumbrado desde que pertenezco al Foro Milicia y Democracia (FMD) a que la asistencia a este tipo de actos sea más bien escasa. En este mundo de vorágine excesiva, pararse a mirar de dónde venimos parece un ejercicio fútil. Comprobé con cierta pena que la gran mayoría de los y las asistentes éramos personas que ya no cumpliríamos los sesenta. Y eso me llevó a varias reflexiones que trataré de recoger en estas líneas.

La primera fue el recuerdo de cómo conocí la existencia de la UMD allá por el año 1975. En una de las reuniones del “verticato” (sindicato vertical franquista para los más jóvenes) de Oficinas y Despachos a las que yo asistía como “enlace sindical” en mi empresa, un miembro de la CSUT y otro de CCOO comentaron que habían detenido a los militares demócratas de la UMD, pero que su detención (de la que no se hablaba apenas en España) había trascendido al extranjero donde uno de ellos, el entonces capitán José Ignacio Domínguez, estaba dando ruedas de prensa “por todo el mundo” contando lo que había pasado. El miembro de CCOO, inflamado de democracia, aseguraba que el movimiento 25 de abril portugués había calado en nuestro ejército y que pronto se vería un gran movimiento de los militares jóvenes para derrocar al régimen y traer la democracia.

Ni el compañero de CSUT ni yo mismo participamos del entusiasmo. Y siento que el tiempo nos diera la razón. Parece mentira los recuerdos que puede despertar (o tal vez crear) una imagen en nuestra mente, pero me vi a mí mismo aquella calurosa tarde de septiembre en el local de la avenida de América de Madrid, semioculto tras una columna y cuchicheando al respecto.

La segunda reflexión fue constatar cómo la (des)memoria colectiva de este país ha enterrado siglas, y por tanto organizaciones y militantes de esas organizaciones, que tuvieron un intenso papel protagonista en el advenimiento de la democracia a España. Más allá del papel muy protagonista del PCE y de CCOO en la lucha contra la dictadura, hubo una constelación de organizaciones que lucharon, con mayor o menor fortuna y acierto, por una sociedad democrática y justa. Muchas personas a título individual, al menos en el campo sindical que era el que yo conocía, se sumaban a esas luchas aun no compartiendo del ideario de quienes las encabezaban más que la necesidad imperiosa de libertad y justicia. Yo mismo me presenté al puesto de enlace sindical en 1972 siguiendo las consignas de copar el "verticato" que lanzó CCOO, aunque mi orientación (que debo reconocer no fui capaz de encuadrar hasta un par de años y muchas lecturas después) estaba lejos muy a la izquierda de ese sindicato.

Lo importante era, como en la canción L’Estaca de Llach, mover ese edificio carcomido para que cayera y dejara paso al aire y la luz de la democracia. Así que ahora recuerdo a muchos y muy buenos amigos que bajo siglas diferentes (ORT, CSUT, USO, OSO, CNT, FAI, etc.) estuvieron a mi lado o yo al suyo en los diferentes conflictos colectivos de aquellos años en defensa de los derechos de los trabajadores.

Esa desmemoria se ha extendido a los primeros años de la democracia en los que surgieron otras muchas organizaciones, algunas políticas como el PSP de Tierno Galván o el PSOE-H reconvertido a PS y ambos fagocitados por el PSOE, salvo un resto que pervive en el PASOC, o un efímero PSUC resucitando el eco de la República, hoy refundado en el PSUC VIU, o el PST (Partido Socialista de los Trabajadores) o el PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España), o la FIGA (Federación Ibérica de Grupos Anarquistas).

Entre los movimientos olvidados, uno me fue especialmente querido porque suponía la demostración para mi inflexible mente de ese tiempo de que la sociedad pervierte al ser humano y le convierte en delincuente empujado por la necesidad y la ausencia de posibilidades. Me estoy refiriendo a la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), que protagonizó algunas de las revueltas carcelarias protagonizadas por los llamados “presos comunes” (para diferenciarlos de la élite carcelaria compuesta por los “presos políticos”) más sonadas de esos inicios de la democracia. Tuve con alguno de sus miembros algunas conversaciones que reafirmaron (desde la tosquedad de los argumentos de quien no se había podido preparar más que en la “universidad de la vida o de la calle”) mi idea de que es la sociedad la que crea y de alguna forma mantiene la delincuencia como un “saco de golpes” donde encerrar las frustraciones para que sirvan de ejemplo a quienes no sigan las reglas. Al final, esos presos también eran políticos, porque son las políticas de una sociedad alejada de la equidad y un escaparate de lujo y riqueza que atrae a quienes se ven más preteridos en la mayor parte de los casos, la que propicia su existencia. Algún poso de aquello me queda aún porque sigo tendiendo a justificar ciertos delitos, especialmente aquellos “contra la propiedad de quienes no te dejan elegir” como Sabina cantó en su magistral ¡Qué demasiao!, de cuando Sabina era aún Sabina.

La tercera reflexión es ver cómo la (des)memoria ha olvidado y borrado muchos de los acontecimientos de esos inicios, desde los más “lúdicos” como los conciertos de cantautores o grupos como Quilapayún que solían acabar con una buena ración de palos de los grises en cuanto nos inflamaba aquello de “el pueblo unido jamás será vencido”, hasta los más luctuosos, algunos sí recordados como los últimos fusilamientos del franquismo o el asesinato de los abogados de Atocha, pero otros sepultados en el olvido como los asesinatos en comisarías como el de Agustín Rueda o a manos de bandas ultraderechistas como el de Yolanda González.

Vívidamente me viene a la cabeza el recuerdo de aquellos “tiros al aire” de la policía que sospechosamente acababan con la vida de uno o varios manifestantes, y la “gracieta” que corría entre la gente, especialmente los más adeptos al Régimen que se estaba superando, de señalar que como el aire estaba en los pulmones, era natural que al disparar al aire quedara afectado algún pecho. Parece que aquella campaña de “los hombres que hacen posible la democracia en España” con fotos de líderes de la UCD (magistralmente contestada por Carlos Giménez en su cómic de la serie España: Una, Grande y Libre) enterró tantos y tantos sacrificios y luchas de tantas y tantas personas para el advenimiento de una democracia real y no basada únicamente en unas elecciones cada cuatro años.

La cuarta reflexión, que quizá en mi mente fue la primera porque me surgió justo cuando José Ignacio Domínguez leía un correo electrónico de 2010 y otro de 2023 de los que hablaré más adelante, fue que toda esa (des)memoria nos ha traído hasta donde estamos. Nunca hay tiempo en las clases de Historia para llegar al siglo XX, para contar los antecedentes de las dos dictaduras (Primo de Rivera y Franco) y el breve interregno republicano que ocuparon casi tres cuartas partes del siglo XX. Tampoco hay tiempo, por supuesto, para contar la Transición, lo que ocurrió realmente, quiénes pagaron el pato y quiénes se aprovecharon del cambio.

Por hacer un símil comprensible, en aquella obra de teatro que fueron los primeros años de la Transición, quiénes fueron sus actores en lo alto del estrado y quiénes se encargaron de que la obra fuera realmente posible, quiénes los tramoyistas, los iluminadores, los carpinteros, los albañiles y ese largo etcétera que casi nunca aparecen en los títulos de crédito, que hicieron posible la construcción del escenario para el lucimiento del actor. Al fin y al cabo, ese actor repite un guion escrito por una mano oscura (en este caso sí, el autor no es del siglo de oro o de cualquier otro periodo de la fecunda literatura española, sino un anónimo y oscuro grupo poderoso cuyos intereses no son los del pueblo sino los suyos propios) que les hace aparentar que son los protagonistas de una ideas aparentemente contrapuestas, pero que sólo cuando alguna se contrapone de verdad el guionista escribe e inventa tramas para oscurecerla o acallarla.

Y ahora la reflexión que ha desencadenado esta verborrea que me temo sólo servirá de desahogo al escritor y a alguna otra mente extraviada como la mía. Contaba José Ignacio que en 2010 se iba a celebrar en la Base Aérea de Morón el 50º aniversario de la llegada al entonces Ala de caza nº 5, donde estaba él destinado, el primer avión caza a reacción que tuvo el ejército español, el F86 “Sabre”. Pero recibió un email de un general (omitiré los nombres por aquello de la protección de datos) comunicándole que no estaba invitado a esa celebración. Los argumentos son peregrinos, pero lo peor es que lo que molestaba a estos militares era la concesión de las medallas (en realidad cruces al mérito) otorgadas “…por el oportunista gobierno socialista (sic) …” a los militares de la UMD y que a éstos se les calificara de “valientes”. “Cada caso particular ahora tiene que apencar con lo que significa haberla aceptado … como ya todos tienen muy claro lo que significan los conceptos de lealtad y valentía que no coincide con los del gobierno y los que habéis recibido esa distinción …” continúa el correo de ese general.

Si quien se enfrenta al poder establecido, jugándose posiblemente la vida y con seguridad la carrera, no es un valiente, no sé entonces qué puede significar ese adjetivo. Pero la única valentía del general y sus secuaces es la que demuestra: desde una posición de poder tratar de impedir a un demócrata que luchó por la democracia que asistiera a un acto al que tenía todo el derecho a asistir. Era ministra a la sazón Carmen Chacón y JEMAD Julio Rodríguez.

Ante este desafuero ilegal, ya que el evento se celebraría en una base aérea, con una participación del ejército y por tanto no se puede privar a nadie que cumpla los requisitos de la asistencia, José Ignacio envió a ese general del Ejército del Aire (nombre omitido como ya he explicado) una queja. Y éste se llamó a andanas: que lo hablara con el que le había excluido (otro militar). Su obligación como superior era frenar el desafuero, pero su ideología franquista (que demostró participando en el chat del fusilamiento de los 26 millones al que me referiré luego) cuadraba a la perfección con la prohibición. Le parecía bien la exclusión. O al menos, no le parecía mal.

Podríamos pensar que esto acabó allí y que se trata de una fascistada más de quienes “despojaron” al capitán general Gutiérrez Mellado de su empleo llamándole simplemente “señor Gutiérrez” y no por su rango como siempre se hace con los militares que se retiran. Pero no. Este mismo 2023, según contó José Ignacio, se ha producido otro caso similar. Los militares de la XIX promoción del Ejército del Aire, que conspiraron con otras promociones de militares retirados del Ejército de Tierra y en unión a la sociedad civil (alguna vez se investigará la “operación Albatros”) en 2020 para derrocar al gobierno –recordaremos el chat de los 26 millones de fusilables entre los miembros de la citada XIX promoción–, celebraban el 60º aniversario del ingreso en la academia de San Javier. Por cierto, los “fusiladores” siguen recogiendo firmas y en Internet hay un listado de más de 600 generales y coroneles solidarizándose con ellos. Y todo esto le costó a José Ignacio enfrentamientos con esos “fusiladores” ya que (pásmense de la inteligencia militar) él formaba parte del chat en el que se conspiraba abiertamente y sin recato o pudor democrático alguno.

Pero volviendo a 2023, la celebración del 60º aniversario del ingreso a que nos referíamos de la XIX promoción en la academia se celebrará en la Base Aérea de San Javier el próximo mes de octubre. Así podrán confraternizar con los cadetes y pasarles su bilis venenosa antidemocrática: perpetuar unas fuerzas armadas alejadas de la sociedad civil, encapsuladas en un pensamiento acrítico y más propio del siglo XIX y sus asonadas militares que del siglo XXI. Y de este evento pretenden excluir a José Ignacio. Ya le han dicho que él no está invitado por sus enfrentamientos con los “fusiladores”. Bueno, quizá el Ministerio (doña Margarita Robles), el jefe del Ejército del Aire o quien corresponda, haga algo e impida que desfilen ante los cadetes y se rindan honores a una promoción de la cual más de la mitad de sus integrantes se pasaron hace casi 40 años a Iberia como pilotos comerciales civiles por una cuestión básicamente económica. El amor a la milicia parece estar reñido con el cumplimiento de una obligación de servicio a quien te formó como piloto, si por medio hay mucha pasta y un sindicato como el SEPLA que defiende los intereses privilegiados de estos “caballeretes”.

Así que, mientras me dirigía al aparcamiento a retirar mi vehículo, sentía un regusto mezcla de enfado y satisfacción. Enfado por la persistencia de este tipo de mentalidades en quienes deben defendernos de ataques externos y parecen estar más pendientes de servir a intereses que no son los de toda la patria, sino sólo de los patriotas de bandera que tributan en paraísos fiscales o que tratan de acabar con la mitad de la población. Y satisfacción y orgullo (un poco “emérita” me ha salido la frase). Por haber conocido en persona y haber podido compartir con ellos a una parte de aquellos militares a los que en 1975 admiré sin conocerlos por su arrojo, valentía y sentido del honor que deben tener unas Fuerzas Armadas de todos y para todos.

Gloria, honor y memoria a los militares de la UMD.

El Ejército de Tierra ha iniciado una investigación interna sobre el sorteo de una prostituta en un grupo de Whatsapp entre soldados del cuartel del Bruc de Barcelona. Además, se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por si esta rifa, celebrada para recaudar dinero para las fiestas de la compañía que se celebra el día de la Purísima, podría suponer un delito, han informado fuentes del Ministerio de Defensa y recoge Europa Press.

Dos militares del Ejército de Tierra propusieron en un grupo de Whatsapp al resto de integrantes participar en una rifa para pasar un rato con una prostituta el día de la Purísima con el objetivo de recaudar dinero para las fiestas de la compañía, según desveló el diario Ara. En este chat privado se compartieron fotografías de la prostituta y los servicios que ofrecía, y también se colgó un cartel en la cantina del cuartel anunciando el sorteo de la "dama de compañía".

Fuentes militares han asegurado a Europa Press que "todos los indicios indican" que el sorteo no se llegó a hacer. Aunque han recordado que el caso se está investigando, por lo que no pueden confirmar nada definitivamente, pero que todo apunta a que "el asunto se cortó inmediatamente por parte de los propios compañeros" y, por tanto, no se realizó el sorteo ni se contrataron los servicios de la trabajadora sexual.

El Ministerio de Defensa ha pedido "tolerancia cero" contra las ofensas o agresiones a las mujeres y ha indicado que quien "realice o proponga" estas conductas deberá responder ante la Justicia, después de conocerse que soldados del cuartel del Bruc de Barcelona propusieron una rifa para pasar un rato con una prostituta. "En las Fuerzas Armadas, como en cualquier ámbito de la sociedad, tolerancia cero contra las ofensas o agresiones a las mujeres. Quien realice o proponga alguna de estas reprobables conductas deberá responder ante la Justicia", ha manifestado el Ministerio de Defensa, este jueves, en un tuit recogido por Europa Press.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado este jueves una "barbaridad" la posibilidad de que se haya realizado el sorteo. "Desconozco el tema en cuestión, pero si eso fuera así me parece una barbaridad y supongo que alguna investigación se tendría que abrir", ha indicado, añadiendo que de confirmarse los hechos sería una circunstancia "absolutamente rechazable" y "ajeno" a lo que debe ser el comportamiento de cualquier persona, "más si se trata de un funcionario".

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha elogiado el comportamiento de los militares que han denunciado a otros compañeros y ha subrayado que es "una ruptura del pacto de caballeros en toda regla". "Que unos militares denuncien a otros porque en un grupo de WhatsApp se sorteen los servicios sexuales de una prostituta es una ruptura del pacto de Caballeros en toda regla", ha valorado Ángela Rodríguez, este jueves, en un tuit recogido por Europa Press.

En este sentido, la secretaria de Estado de Igualdad ha añadido que "sin que esos hombres se hubieran implicado no se hubiera podido detener esa situación". Precisamente, el pasado mes de noviembre, la ministra de Igualdad, Irene Montero, pidió a los hombres que "rompan el pacto de caballeros" que "legitima y disculpa" la violencia machista y les animó a "parar los pies" a sus amigos o compañeros de trabajo si presencian alguna forma de violencia contra la mujer.

Sigue debatiéndose entre los analistas, expertos y publicaciones especializadas el porqué y el cómo, en Afganistán, los ejércitos más preparados y mejor dotados del mundo han podido ser derrotados por una milicia (los talibanes) mucho peor armada y con una mucho menor capacidad de recursos y de apoyo internacional. Derrotados, no porque lo fueran en los combates, sino porque, tras veinte años de presencia, lucha, esfuerzo, gastos y pérdida de vidas humanas, sus sociedades (gobernantes y población) han acabado perdiendo “la voluntad de seguir luchando” (Clausewitz) , que siempre han mantenido intacta sus adversarios. Lo que podríamos conceptualizar como “pérdida de motivación”. Y si ha habido “pérdida de” es que había habido motivación, razones para iniciarla y mantenerla durante casi veinte años. ¿Las había?

Analicemos el caso de nuestro país, España, a la luz de esta idea. Cuando España se incorpora a las operaciones (enero de 2002), han pasado solamente cuatro meses desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, causa y origen del inicio de la guerra. Momento (septiembre de 2001) en el que podemos preguntarnos irónicamente cuántos españoles eran capaces de situar Afganistán en el mapa, cuántos españoles vivían allí, cuál era el nivel de intercambio comercial entre ambos países o cuántas empresas españolas invertían en él. En definitiva, cuáles eran los intereses españoles allí, en Afganistán.

Y sin embargo, allí hemos estado casi veinte años, a un costo de 3.638 millones de euros de despliegue militar (27.000 militares en total), a los que hay que añadir los 526 millones de euros de ayuda exterior española y las contribuciones españolas a través de organizaciones internacionales. Y, si queremos contarlas, las 17.100 Tm de armamento (incluidos carros de combate) para el Ejército afgano, que, según noticias recientes de prensa basadas en documentos del Pentágono recientemente desclasificados, España entregó o pagó a petición de Estados Unidos en marzo de 2003.

Y a un costo de 102 militares, dos policías y dos intérpretes muertos, más los incontables heridos y de alguna forma afectados por su estancia en la zona.

Es decir, que nuestra motivación, nuestra única razón para tanto gasto y pérdida fue, por tanto, y ha seguido siendo durante estos veinte años, solamente el compromiso de unirnos a la “guerra global contra el terrorismo” que acababa de anunciar el presidente estadounidense Bush y que él mismo caracterizaba como “ilimitada en el tiempo y en el espacio”, es decir, una entelequia difícilmente conceptualizable producto de la ira y la frustración.

Unirnos a ella como si España necesitase, entonces y durante estos veinte años, reivindicarse en la lucha contra el terrorismo después de haber logrado erradicar por completo y en solitario uno de los terrorismos más sangrientos (ETA) sin ni siquiera tener que emplear a sus Fuerzas Armadas. Porque, no se olvide, el terrorismo transnacional sólo nos atacó (marzo 2004 y agosto 2017) después de incorporarnos a la citada “guerra global contra el terrorismo” en Afganistán (2002), Irak (2003) y Sahel (2013). Y teniendo también, España, durante estos veinte años, un palmarés bastante abultado de desarticulación en nuestro país de grupos de presuntos terroristas adscritos al terrorismo transnacional.

La pregunta, en consecuencia, sigue viva: ¿por qué esta incorporación a la guerra global contra el terrorismo? Y la respuesta se nos presenta enseguida de forma nítida: en cumplimiento de uno de los principales paradigmas en que se sustenta la actual Política de Seguridad y Defensa española (Directiva de Defensa Nacional 2020): el multilateralismo.

Lo que se entiende hoy día como multilateralismo en las relaciones internacionales es la idea de que los problemas del mundo actual, y especialmente las “amenazas y desafíos a la seguridad nacional e internacional” –que es la terminología utilizada por la DDN 2020– no pueden ser enfrentadas por los países de forma aislada, unilateral, sino de forma conjunta, multilateral.

Si esto es una verdad casi de Perogrullo –la unión hace la fuerza—lo es mucho más en el mundo actual de la “globalización”, ese fenómeno propiciado por los avances tecnológicos que, en gran parte, caracteriza nuestra época, de la que el multilateralismo no es sino un instrumento.

Pero no olvidemos que, en realidad, a lo que llamamos globalización son dos fenómenos interdependientes, pero de distinta naturaleza. Porque está la globalización “tecnológica”, basada en y causada por el espectacular desarrollo de la electrónica aplicada a la información, la computación, el transporte y la robotización; y está la globalización “política”, resultado de la utilización interesada que de estos avances tecnológicos hacen las grandes corporaciones financieras y los Estados más desarrollados, que son los que poseen la gran masa de capital acumulado que les permite el uso masivo, en su propio beneficio, de esta permanentemente modernizada y actualizada tecnología.

Tampoco es nada nuevo que la “unión haga la fuerza”. Alianzas de carácter político y/o militar ha habido siempre a lo largo de la historia. Igual que ha habido cooperación económica. El comercio, principal herramienta histórica de la cooperación entre pueblos, Estados y civilizaciones y principal vehículo de expansión de la “civilización” y el progreso, no es sino la forma más simple y al mismo tiempo compleja, pero siempre presente, de cooperación económica. Y al mismo tiempo de competición económica.

Lo que hoy día va a caracterizar a esta históricamente permanente cooperación/competición económica-comercial y política-militar es su configuración a través de organizaciones formal y estatutariamente instituidas, que han ido progresivamente sustituyendo a las clásicas, cambiantes, informales y temporales alianzas. El “que dure mientras nos interese” se ha ido progresivamente sustituyendo por la obligación de lo firmado y la atadura de lo compartido.

A grandes rasgos, puede decirse que este cambio del “mientras dure” a la “obligación firmada”, del “interés compartido” a los “recursos compartidos”, empezó tras la II Guerra Mundial, con la creación de dos grandes bloques, política y económicamente enfrentados y básicamente estructurados a través de organizaciones permanentes: OTAN, progresiva unión europea, etc., por un lado, Pacto de Varsovia, COMECON, etc., por otro, con unos terceros en discordia, el tercer mundo: ASEAN, OEA, etc. Y todo ello presidido por y cobijado bajo las grandes organizaciones permanentes y de obligado cumplimiento, como la ONU o la Organización Mundial del Comercio (OMC), por ejemplo.

Resolver, a través de estas organizaciones permanentes, las “inseguridades” que cada Estado pueda sentir en cualquier momento es a lo que llamamos multilateralismo.

Y es analizando de forma conjunta estas dos realidades, la globalización “política”, que da empoderamiento –concepto de moda– a los países económica y, por tanto, militarmente más poderosos, y la seguridad y defensa a través de organizaciones permanentes, que crean obligaciones “firmadas”, donde quizás pueda encontrarse el talón de Aquiles del multilateralismo como vía a través de la cual superar nuestras “inseguridades” y enfrentar nuestros “desafíos y amenazas”.

Porque el problema es que, en las actuales organizaciones permanentes, en general, pero especialmente en las relativas a la seguridad y la defensa, que son las que a estas reflexiones interesan principalmente, no todos sus miembros son iguales. Lo son en teoría, en lo escrito, no lo son en la práctica, en la realidad. Siempre hay un (o unos) primus inter pares.primus inter pares Y ante las dificultades, inherentes a cualquier agrupación de “distintos”, de llegar a consensos y de alcanzar decisiones que realmente favorezcan a todos, acaban primando los intereses del primus inter pares, lo que supone en muchas ocasiones importantes pérdidas de prioridades, oportunidades o soberanía.

¿Qué mejor ejemplo que la OTAN y su primus inter pares, Estados Unidos? ¿Qué mejor ejemplo que la pérdida de tantos soldados españoles en Afganistán? Y de tanto gasto. ¿Por qué España se sintió obligada a participar y a continuar participando durante veinte años en un conflicto que le resultaba tan ajeno en un territorio al que no le unía ningún interés importante? Tan solo porque era miembro de la OTAN (alianza permanente que crea obligaciones) y el primus inter pares de ésta había sido atacado desde allí, desde nuestro entonces desconocido Afganistán.

Nada de todo esto invalida las muchas ventajas del multilateralismo, especialmente en el mundo hiperconectado de hoy día. Solo invita a la prudencia, intelectual y práctica en lo que se refiere a su ejercicio a través de organizaciones permanentes que crean obligación, ya que un inmoderado y poco selectivo exceso de confianza en él (en el multilateralismo), como justificación ideológica de una Política de Seguridad y Defensa para las intervenciones en el exterior, podría llegar a ser, como mínimo, ética y racionalmente dudoso al involucrar la vida de soldados y dinero de los contribuyentes.

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Enrique Vega Fernández es coronel de Infantería (retirado).

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes que espera dar por concluida en agosto la retirada de tropas en Afganistán y dar por finalizada la guerra que se inició hace 20 años. "En estos momentos esperamos que (la retirada de tropas) esté completa para finales de agosto", ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa y recoge Europa Press.

En este sentido, y preguntada sobre posibles ataques en Kabul y si esto alteraría los planes de retirada de Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca ha remarcado que el país "sigue avanzando en su plan de retirada" porque "proteger a los hombres y mujeres que allí sirven es una prioridad".

"Cuando (el presidente de Estados Unidos, Joe Biden) asumió el cargo, teníamos el número más bajo de fuerzas estadounidenses y asociadas en Afganistán desde los primero días de la guerra (...) y el estancamiento militar entre los talibán y las fuerzas afganas estaba en su punto álgido", ha declarado.

Sin embargo, ha reconocido que son "conscientes" de que la retirada de Estados Unidos del territorio afgano puede suponer alteraciones en el país asiático. "Continuaremos trabajando en colaboración, como siempre lo hemos hecho, con una serie de países que comparten nuestro interés en contrarrestar el resurgimiento de un problema grave", ha matizado Psaki, quien ha asegurado que continuarán con su "asistencia de seguridad a las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas".

Además, en relación a una posible reubicación de los militares en zonas del este de AsiaAsia, Psaki no ha detallado nada al respecto, aunque sí ha confirmado que los militares estadounidenses "serán reubicados fuera de Afganistán" y que "hay una variedad de opciones", aunque no ha entrado en detalles por "razones de seguridad".