El 29 de noviembre de 2010, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas. Ante los máximos responsables de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y Caixa Galicia, Mauro Varela, Feijóo celebró como un “hecho histórico” una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.

También atribuyó la “fortaleza de la fusión” a su “demostrada solvencia”. Y glosó la “gestión profesional e independiente” que quedaba en manos de Gayoso, Varela y sus directores generales, José Luis Pego y Javier García de Paredes, también presentes en el acto celebrado en Santiago de Compostela.

Sin embargo, no había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros, según los últimos cálculos publicados por el Banco de España. De esa cantidad, el supervisor da por perdidos 9.178 millones: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros.

Además, apenas unos meses más tarde –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcelcada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre.

En resumen, año y medio después de ese acto en Santiago, Galicia se quedaba sin cajas de ahorros, ya que Novacaixagalicia se convirtió en banco en octubre de 2011. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad autónoma tampoco tiene ya bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de éste, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja hace menos de dos meses la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.

En el camino, no sólo se han perdido 9.178 millones de euros de dinero público, sino que, además, la fusión de las dos grandes cajas se saldó con cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones –la mitad de la plantilla–, y en el cierre de 300 sucursales.

Fernández Ordóñez, en contra

El fiasco de las cajas gallegas está bajo investigación en dos comisiones parlamentarias, una en la Cámara gallega y otra en el Congreso de los Diputados, que indaga en la crisis financiera española al completo. En esta última compareció el pasado noviembre el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. No quiso acudir en persona al Parlamento de Galicia cuando se le convocó, en julio de 2013, pero presentó una declaración por escrito. En ambos foros explicó que la fusión de Caixanova y Caixagalicia provocaba un problema de falta de competencia y, sobre todo, que existían otras alternativas “más sólidas”.

“Tuve ocasión de plantearle estos problemas de competencia al presidente de la Xunta en una entrevista en la que traté de convencerle –y es obvio que no pude– de que permitiera buscar soluciones más sólidas y mejores desde todos los puntos de vista económicos, incluido éste”, contestó al Parlamento gallego. Ambas cajas sumaban el 50% de la cuota de mercado en Galicia, un hecho que no había ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma, precisaba Fernández Ordóñez.

Cuatro años después, lo reiteró en el Congreso. La fusión de las cajas gallegas fue “un ejemplo típico” de regulación con los “incentivos mal alineados”. De hecho, fueron las únicas entidades que tuvieron ese problema. “El incentivo”, subrayó, “estaba mal diseñado porque se dejaba al presidente de la comunidad autónoma –y no sólo el señor Feijóo, en el Parlamento gallego había una idea muy grande de galleguidad– que vetara las fusiones”. La operación, explicaba Fernández Ordóñez a los diputados, ha costado “mucho dinero, 9.000 millones”, pero “Galicia no los ha pagado, los paga el Estado, y ése es un ejemplo de libro de incentivo mal alineado”.

La tesis del Banco de España siempre ha sido que la Xunta “lideró” tanto el proyecto de integración de las dos cajas como “las propias negociaciones entre los dos órganos de administración”. Lo repitió el exsubgobernador y expresidente del FROB Javier Aríztegui Yáñez en la misma comisión cuando dejó claro que el Banco de España prefería “otra opción” pero fue imposible “porque las autoridades de Galicia formaron otro criterio e impulsaron otro proyecto”.

Esa alternativa a la fusión de las dos cajas era la integración con una entidad de otra comunidad autónoma. Fernández Ordóñez reveló ante el Parlamento gallego que en 2009 Caixanova y Caixagalicia “estuvieron trabajando en proyectos corporativos independientes”. En concreto, Caixagalicia trabajaba en la integración con otras dos cajas de ahorro, que el exgobernador no cita. Mencionó también a otra “entidad grande con una demostrada capacidad de gestión y que ha superado el ejercicio de estrés de Oliver Wyman con holgura”, que estaba interesada en adquirir la entidad coruñesa. Mientras, Caixanova negociaba con “un grupo de cajas de ahorro de similar tamaño y elevada solidez”, aseguró sin más precisiones.

Pero, continuó, Fernández Ordóñez, “la insistencia y el bloqueo de la Xunta a cualquier fusión de las cajas gallegas con otras de fuera de la comunidad autónoma” frustró estas actuaciones.

Un mandato de la sociedad gallega, dice Feijóo

El Gobierno de Núñez Feijóo replica que no hizo más que cumplir el mandato del Parlamento gallego, que en noviembre de 2009 le había instado por unanimidad a defender que los centros de decisión de las cajas se mantuvieran en Galicia. Así lo explicó en la comisión de investigación del Congreso el pasado mes de abril quien entonces era conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. “Era el criterio que defendió toda la sociedad gallega”, esgrimió. La futura caja debía ser “solvente y gallega”. Lo que Fernández Currás negó es que la Xunta “antepusiera gallega a solvente”. “El orden fue el inverso; hasta cinco veces se nos dijo que [la caja fusionada] era solvente”, recalcó.

Tanto la conselleira en el Congreso como Núñez Feijóo siempre que le han preguntado han apuntado el tiro hacia Fernández Ordóñez. A juicio de Fernández Currás, “la opinión del gobernador en materia de competencia tampoco es muy relevante”, ya que hasta la Dirección General de Competencia de la UE dio su visto bueno a la fusión. También se quejó la conselleira de los “agravios comparativos” sufridos por Galicia: el Gobierno del PSOE recurrió la Ley de Cajas gallega ante el Tribunal Constitucional, el FROB negó un Esquema de Protección de Activos (EPA) –garantías– a la caja fusionada y valoró su patrimonio neto en sólo 181 millones de euros cuando en libros alcanzaba los 1.714 millones… “La fusión fue la consecuencia de la mala situación de las cajas, de 13.500 millones de euros de aumento del crédito inmobiliario en cuatro años”, resumió en el Congreso.

Núñez Feijóo tampoco ha admitido responsabilidad alguna sobre una operación que Julio Fernández Gayoso consideró “la solución más traumática de todas”. Por el contrario, culpa a los directivos de las cajas, a “algunos políticos y al Banco de España, que “no actuó con la diligencia debida en la fusión de las entidades, en su supervisión y en toda la remodelación bancaria española”. “Y él [Fernández Ordóñez] era el máximo responsable”, remacha.

La conselleira de Facenda, además, descarta que hubiera opciones distintas a la que se ejecutó.  Se reducían a la recapitalización o la liquidación ordenada, “que es la más barata”, sintetizó. Pero la segunda “habría supuesto tener que hacer frente a 30.000 millones de depósitos de minoristas”, así que se prefirió “inyectar dinero público, lo mismo que hicieron todos los países europeos”.

La Xunta sostiene también a su favor que la fusión fue aprobada por el mismo Banco de España que en un principio se opuso. Después, también por el Parlamento gallego –con los votos a favor del PP y el PSOE y la abstención del BNG, pero porque temía que se abrieran las puertas a la privatización–, la CNMV y Bruselas.

En su día, Fernández Ordóñez indicó que el Banco de España había dado luz verde a la fusión “como mal menor para evitar una situación de bloqueo”. Según escribió al Parlamento gallego, ese bloqueo habría aumentado el deterioro de las cajas, lo que a su vez habría acabado en la intervención de las entidades, “una solución más traumática y de mayor coste” –la que se produjo dos años más tarde–. Por eso, el supervisor prefirió “exigir condicionantes para que la fusión pudiera ser aprobada con un mínimo de razonabilidad en cuanto a solidez”. Sin embargo, vuelve a cargar de nuevo Fernández Ordóñez, los condicionantes “se cumplieron muy parcialmente”.

La auditoría que sólo era un “diagnóstico acelerado”

Además de en el mandato aprobado por el Parlamento gallego, la Xunta basó su apuesta por la fusión de Caixanova y Caixagalicia en un informe que encargó a KPMG y publicitó ampliamente. Costó 835.000 euros. Según Fernández Currás, se eligió a esta multinacional de la consultoría por recomendación del Banco de España. El 20 de enero de 2010, la conselleira compareció ante los medios de comunicación para presentar lo que definió como una “auditoría externa”. El comunicado que hizo público la Xunta incluso hablaba de due diligence, el informe previo por el que se investiga a la otra parte en una operación mercantil. Ese documento, aseguraba el Gobierno gallego, no sólo “avalaba la solvencia de la fusión de las cajas gallegas”, sino que también auguraba que la entidad resultante se convertiría en “la quinta caja española por volumen de activos”.

En su comparecencia, Fernández Currás descartaba la fusión con cajas de otra comunidad autónoma tanto como el SIP –Sistema Institucional de Protección o fusión fría–, porque “vaciaría de contenido” las entidades, se perdería la capacidad de decisión, supondría su “bancarización” y resultaría “un proceso irreversible, con un trasvase de trabajadores a la nueva entidad, y que sólo permitiría competencias residuales y de imagen”.

Aunque reconocía que el informe no analizaba otras opciones aparte de la fusión intrarregional y que una integración con entidades de fuera de Galicia podría obtener mejores resultados económicos, la conselleira alegó que no se trataba de “buscar el máximo rendimiento del dividendo”. “Las cajas”, argumentaba, “no se crearon con fines lucrativos”.

En las dos comisiones parlamentarias que investigan la operación gallega comparecieron también dos de los autores de esa auditoría externa. Y negaron que fuera tal, como falsamente argumentó la Xunta. Su trabajo no era sino un “informe preliminar” o “diagnóstico acelerado” sobre la fusión de las cajas. Ni una auditoría de cuentas, ni una due diligence ni ningún otro tipo de documento requerido por la normativa mercantil. Tampoco se les pidió que analizaran otras alternativas a la fusión de ambas cajas, indicó el consultor de KPMG Francesc Gibert Pibernat. Según añadió, el estudio pormenorizado de un proceso tan complejo como una fusión requiere un trabajo de cuatro a seis meses. En cambio, el informe preliminar fue elaborado durante un mes, por un equipo de 50 personas. Se trató de un análisis de la viabilidad de la fusión, para “anticipar el trazo grueso de un trabajo completo”. Una segunda fase, que debía durar tres o cuatro meses, consistía en elaborar los planes de integración y fue encargada a Pricewaterhouse Coopers (PwC) y Deloitte. 

De acuerdo con los datos del informe de KPMG, la fusión debía suponer el cierre de 280 oficinas, un 20% de la red, y un recorte de plantilla de 1.300 empleados, el 90% a través de prejubilaciones. Así se ahorrarían 120 millones de euros al año. Además, preveía unas ayudas del FROB de entre 1.200 y 1.500 millones de euros. Con estos mimbres, y pese a una exposición al sector inmobiliario de 17.000 millones de euros, la consultora calculaba que la entidad resultante no sólo tendría beneficios en un plazo de cinco años, sino que para entonces, además, sería “rentable y sostenible en el tiempo”.

No fue así en absoluto. Según el consultor de KPMG, porque la economía se deterioró de una forma que ni ellos ni nadie habían previsto y porque cambió el marco regulatorio. Gibert Pibernat se refería a las nuevas exigencias de capital impuestas al sector financiero. En 2011 las cajas fueron obligadas a tener un 10% de core capital, o capital principal y por entonces la recién nacida Novacaixagalicia no superaba el 5,2%. El Banco de España cifró entonces las necesidades de capital de la caja fusionada en 2.622 millones de euros, las mayores de todo el sistema financiero español. “Nuestras conclusiones continuaban siendo válidas un año después [de elaborado el informe, en diciembre de 2009], no así a partir del segundo o tercer año”, justificó el consultor de KPMG.

Gayoso, contra la fusión con el vecino del norte

Pero no fue Fernández Ordóñez la única voz discrepante con la fusión de las cajas gallegas. El presidente de una de ellas, Julio Fernández Gayoso, también la rechazó en un primer momento. “[Caixanova y Caixagalicia] ocupaban el mismo territorio desde hacía 100 años, era imposible evitar duplicidades de sedes centrales y de oficinas”, lamentó en la comisión del Congreso. Director general de Caixavigo y Caixanova desde 1965 y presidente no ejecutivo de Caixanova desde 2006 hasta 2010, Fernández Gayoso creía que fusionarse con su competidor del norte de Galicia supondría no sólo una sangría de despidos y oficinas, sino además una disminución del negocio, “del crédito viejo, vivo” y una caída de los depósitos, por tanto también de los resultados y de la obra social. Por eso consideraba preferible “una unión de cajas de distintas comunidades, la misma solución que aplicaron todas las cajas de España, sin excepción”. “¿Por qué no se hizo esto en Galicia?”, se preguntó ante los diputados el pasado mes de mayo, “porque no estaba permitido”. Aun así, Gayoso firmó la fusión con Mauro Varela al abrigo de Núñez Feijóo. En la comisión echó balones fuera: “Yo estaba en contra de la fusión, pero quienes tenían que tomar la decisión eran los órganos de gobierno de la caja que, unánimemente, estaban alineados con esa postura”.

Para el presidente de la Xunta, la culpa de todo fue del Banco de España y, retroactivamente, de directivos como Gayoso además del Gobierno que le precedió en San Caetano, integrado por el PSOE y el BNG. Ellos deberían explicar “por qué aumentó tanto la red de oficinas, por qué esas sucursales se abrían en Levante y en lugares de enorme especulación urbanística y por qué se incrementaron tanto los riesgos y las inversiones en inmuebles”, recapituló en una entrevista concedida a la Radio Galega. Pero sobre la decisión de la Xunta, ni una duda: “Volveríamos a hacer lo mismo que hicimos”. La decisión le costó a los contribuyentes 9.178 millones de euros.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán Laza deberán pagar 10,43 millones de euros a la “entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones” de la entidad gallega por el cobro de unas prejubilaciones millonarias que se adjudicaron “mediante engaño” en plena crisis bancaria. Pego Alonso deberá devolver 6,47 millones de euros y Gorriarán Laza, 3,96 millones.

Una de las cuestiones que el Supremo debía dilucidar es qué entidad era la perjudicada y a la que los exejecutivos debían pagar, por tanto, esas cantidades. La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a dos años de prisión a los principales ejecutivos de Novacaixagalicia en 2015 determinaba que el dinero debía devolverse al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, ya que la entidad gallega, fruto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, había desaparecido como persona jurídica y estaba enteramente participada por el FROB. Sin embargo, en otra sentencia posterior, tras un recurso al Supremo de los condenados, el mismo tribunal establecía que la beneficiaria del reintegro debería ser “quien haya sucedido en sus derechos y obligaciones a Novacaixagalicia, que deberá acreditarse en ejecución de sentencia”. En el mismo sentido se pronuncia ahora el TS, instado por un nuevo recurso interpuesto por los exdirectivos, donde éstos alegaban que el cambio de criterio de la Audiencia Nacional vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva.

El Supremo considera que los condenados deben pagar al FROB puesto que los contratos fraudulentos de los exdirectivos de Novacaixagalicia se ejecutaron en 2011, cuando el organismo público ya era el socio mayoritario de la entidad gallega y la transformó en un banco. En diciembre de 2012, el FROB adquirió el 100% de las acciones. Y no fue hasta diciembre de 2013 cuando el Estado vendió Novacaixagalicia Banco al venezolano Banesco, que lo convirtió en Abanca.

Sin embargo, el Supremo destaca también en su sentencia que “desconoce cuáles fueron las condiciones que pudieron pactarse en la venta del banco del FROB a Banesco y, en particular, si se estipuló alguna cláusula o contraprestación en relación con las sumas a devolver por los altos directivos de Novacaixagalicia imputados o qué fue lo que convinieron –si algo acordaron, que se ignora– sobre esa cuestión el FROB y en banco comprador de la entidad fusionada”.

De hecho, los magistrados de la Sala de lo Penal critican la “opacidad” que rodea esta cuestión, hasta el punto de que “la postura de las partes se muestra confusa y da pie a no pocas especulaciones”. La sentencia revela el desconcierto del tribunal por la actuación delFROB, que no llegó a personarse como acusación “pese a que se le ofrecieron las acciones penales al inicio del procedimiento”, pero al mismo tiempo tampoco renunciara a ninguna indemnización ni a que se le restituyeran las cantidades pagadas a los exdirectivos gallegos. “Es más”, abunda la sala, “cuando se le consideró perjudicado en la primera sentencia y se le asignaron en el fallo las restituciones que tenían que abonar los condenados, sí interesó la ejecución contra ellos”.

Cobrados ya 10 millones

El FROB ha declinado comentar las “reflexiones” del Tribunal Supremo sobre la “opacidad” de las condiciones contractuales acordadas para la venta a Banesco de la entidad gallega. Tampoco entra a detallar qué cláusulas incluye el documento por tratarse de un “contrato entre partes”. No obstante, a preguntas de infoLibre, un portavoz aseguró que ese tipo de documentación se suele facilitar siempre en este tipo de causas judiciales, aunque no puede asegurar si en la de Novacaixagalicia Banco se entregó el contrato que el Supremo dice desconocer.

En una comparecencia ante la comisión de economía del Congreso, en octubre de 2016, el presidente del FROB, Jaime Ponce, afirmó que el organismo había “impuesto a todos los adquirientes de entidades con ayudas públicas la obligación de mantener la acción procesal o de ceder las acciones judiciales de responsabilidad civil iniciadas o que pudieran iniciarse, y a entregar al FROB todas las cantidades que pudieran ser restituidas”.

Sobre su personación en la causa que se siguió contra los exdirectivos gallegos, el FROB aclara a este periódico que no lo hizo directamente, sino “a través de Novacaixgalicia Banco”, ya que en 2012 ya poseía la mayoría del capital.

Además, asegura el portavoz, la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los exdirectivos en 2015 ya fue ejecutada provisionalmente. El procedimiento sigue en curso y concluirá ahora que el TS ha dictado sentencia y podrá instarse la ejecución definitiva. Según precisó Jaime Ponce en otra intervención ante la misma comisión parlamentaria el pasado septiembre, los ejecutivos condenados ya han pagado al FROB 10 de los 10,4 millones de euros que deben devolver.

Por su parte, Abanca indica que no tiene interés ni es parte en el procedimiento y no puede ni quiere reclamar cantidad alguna. Novacaixagalicia Banco ya no existe y su “sucesora en derechos y obligaciones”, como figura en la sentencia, es el FROB, no Abanca. El financiero venezolano dueño de Banesco, Juan Carlos Escotet, adquirió en 2013 por 1.003 millones de euros. Para entonces el Estado había inyectado en Novacaixagalicia Banco 10.118 millones de euros a fin de evitar su quiebra. De esa cantidad, el Banco de España da por perdidos 8.648 millones en su último informe sobre el rescate financiero.

A sabiendas de que iban a ser destituidos

La sentencia corrobora al detalle cómo maniobraron los exdirectivos de Novacaixagalicia para multiplicar sus retribuciones mientras la entidad se hundía. Engañando a los consejos de administración, lograron unos contratos de alta dirección blindados con unas “altísimas remuneraciones” cuando al mismo tiempo el FROB inyectaba más de 10.000 millones de euros en Novacaixagalicia, “para reflotar las cajas, unificarlas y bancarizarlas”.

“Los acusados, a través de los nuevos contratos y a sabiendas de que iban a ser cesados en sus puestos cuando se constituyera el nuevo banco, consiguieron, mediante engaño, que se les aprobaran unos contratos de prejubilación cuya suma supuso para el nuevo banco unas cantidades a devolver, cuando menos, de unos 12 millones de euros, a favor de los cuatro altos dirigentes”, explica el Supremo, en referencia a Pego, Gorriarán, Ricardo Pradas Montilla y el histórico Julio Fernández Gayoso, director general de Caixavigo desde 1965, director general de Caixanova desde 2000 y su presidente hasta la fusión con Caixa Galicia en 2010. El dinero, destaca la sentencia, fue cobrado por los directivos en 2011.

Pego, Gorriarán y un tercer ejecutivo, Óscar Rodríguez Estrada, fueron condenados por la Audiencia Nacional en octubre de 2015 a dos años de prisión por administración desleal y apropiación indebida. Fernández Gayoso y Ricardo Pradas fueron considerados cooperadores necesarios de esos mismos delitos. Esa sentencia fue recurrida, el Supremo declaró nulo el procedimiento sobre responsabilidad civil y acordó la devolución de la causa a la Audiencia Nacional para que ésta motivara cuál era la responsabilidad civil derivada de los delitos y fijara la cuantía de la indemnización solicitada por el fiscal y las acusaciones. La sentencia en la que la Audiencia Nacional cumplía el mandato del Supremo  y que declaró responsables civiles solidarios a los exdirectivos fue de nuevo recurrida por cuatro de ellos. Ahora, la Sala de lo Penal del TS estima parcialmente los recursos de casación interpuestos por Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada, pero desestima el de Ricardo Pradas.

El Supremo asegura que, dado que los contratos de los exdirectivos eran “claramente fraudulentos” y “resulta patente” que se trata de un delito de estafa, la indemnización debe ser la máxima acordada por la Audiencia Nacional. Finalmente, deja sin efecto la responsabilidad civil solidaria establecida por la Audiencia y la transforma en responsabilidad civil directa en tres de los cuatro condenados. La razón del cambio es que la Audiencia Nacional, al imponer a todos la responsabilidad solidaria en su segunda sentencia sin que lo hubiera solicitado ninguna acusación, perjudicó a los acusados, argumenta el TS. Óscar Rodríguez Estrada queda exonerado de toda responsabilidad civil.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula directiva de Abengoa, a la que el fiscal acusaba de un delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado indemnizaciones de casi 16 millones de euros cuando la empresa se encontraba al borde del concurso de acreedores. Los magistrados no sólo han librado al expresidente Felipe Benjumea y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega –los que cobraron–, sino también a tres miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que informaron favorablemente sobre las indemnizaciones. Para los primeros las acusaciones pedían cinco años de cárcel y cuatro para los segundos.

Según la sentencia, los contratos de Benjumea y Sánchez Ortega fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que ambos intervinieran en su redacción. Tampoco cree el tribunal que los miembros de la comisión de retribuciones actuaran “torticeramente” al informar favorablemente sobre las condiciones económicas de los dos máximos ejecutivos de la empresa de ingeniería sevillana.

Además, descarta que existiera “confabulación” alguna para beneficiar a presidente y consejero delegado con su salida de la compañía. Finalmente, la Audiencia Nacional destaca que ni siquiera la propia Abengoa les pide ninguna cantidad, pese a que “ha tenido múltiples oportunidades procesales para personarse en las actuaciones o, al menos, reclamar lo presuntamente mal abonado”. Benjumea y Sánchez Ortega abandonaron la empresa en 2015; Abengoa perdió 7.626 millones de euros en 2016.

La sentencia rechaza con dureza las que considera “peticiones indemnizatorias desbordadas” de las acusaciones. Y les reprocha que pretendieran ampliar el ámbito de los perjudicados por la mala gestión de los ejecutivos de Abengoa a los accionistas y bonistas de la empresa: los primeros vieron diluida su participación en un 95% con el acuerdo de refinanciación de noviembre de 2016 y los segundos sufrieron quitas superiores al 70%. “Se ha planteado el juicio como una causa general contra la actividad empresarial desarrollada en Abengoa”, recrimina la sentencia a los acusadores.

Reproche moral, pero no delito

Pese al escándalo y la indignación que han suscitado los múltiples casos de altos directivos que recibieron cuantiosos sobresueldos o prejubilaciones mientras sus empresas se encaminaban a la ruina, sólo unos pocos ejecutivos han sido condenados y han tenido que devolver lo indebidamente cobrado. De hecho, el Tribunal Supremo ha dejado al margen de toda responsabilidad penal las “conductas que, pudiendo generar otro tipo de reproche moral, ético o político, aparecen sujetas a otras exigencias distintas del principio de legalidad que caracteriza el sistema penal”. Con ese argumento el Alto Tribunal archivaba en julio de 2013 las actuaciones judiciales contra la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas irregulares en una comisión de Caja Navarra que no figuraban en las cuentas de la entidad ni habían sido comunicadas al Banco de España ni a la CNMV.

Desde luego, los casos más sonados han sido los que han afectado a los máximos directivos de las cajas de ahorro. A punto de ser rescatadas con dinero público o fusionadas con otras, asfixiadas por el ladrillo tóxico y recortando sus plantillas en miles de trabajadores, muchas de ellas subían los sueldos o aprobaban bonus y prejubilaciones para los responsables de su nefasta gestión.

Una conducta que las instituciones europeas quieren extirpar de raíz aplicando una cláusula de recobro o clawback, para los directivos de bancos con pérdidas o en trámite de resolución. Establecida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco de España la impuso el pasado 1 de enero y el Santander acaba de activarla para reclamar 25 millones de euros a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a los consejeros delegados Pedro Larena, Francisco Gómez e Ignacio Sánchez Asiaín. A Ron le correspondió una prejubilación de 12,8 millones y a Gómez, otra de nueve millones. El banco de Ana Patricia Botín absorbió el pasado mes de junio el Popular, que perdió la mitad de su cotización bursátil y agotó su liquidez tras reformular sus cuentas en 700 millones de euros.

Sólo  pagan Caixa Penedès y Novagalicia

A la espera de lo que decidan los tribunales sobre las prejubilaciones del Banco Popular, muchos son los directivos de entidades financieras que han debido defenderlas en sede judicial. Algunos ya han tenido que pasar por caja. Los primeros fueron cuatro exejecutivos de Caixa Penedès, después integrada en Banco Mare Nostrum (BMN). Condenados a dos años de cárcel por administración desleal, se libraron de ir a prisión porque devolvieron 27 millones de euros percibidos ilegalmente como prejubilaciones.

También fueron condenados a reintegrar prejubilaciones de escándalo los directivos de Novagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas. Se embolsaron casi 19 millones de euros. Primero se subieron los sueldos y luego cambiaron sus contratos, justo cuando la entidad se encontraba técnicamente en la quiebra y había pedido ayudas públicas para ser rescatada. Finalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó un total de 10.118 millones de euros, de los que da por perdidos 8.648 millones, según los cálculos del Banco de España.

El Supremo les obligó a devolver 10 millones de euros, pero como no desembolsaron ni la mitad, la Audiencia Nacional les envió a prisión el pasado mes de enero. Fernández Gayoso, de 85 años, salió de la cárcel el pasado agosto, debido a su elevada edad y a que ha terminado devolviendo la cantidad íntegra que le exigía el tribunal. Los demás continúan entre rejas, pero han obtenido permisos de salida semanales antes de conseguir el tercer grado.

Por el contrario, los 13 máximos ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –luego integrado en el Banco Sabadell– se libraron de reintegrar los 47 millones de euros embolsados en 2010 y 2011 entre prejubilaciones, rentas vitalicias, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones variables. La Audiencia Nacional las consideró legales en una sentencia del pasado octubre tras absolverles de estafa, apropiación indebida y administración desleal. La operación fue similar a la de Novagalicia: los ejecutivos aprobaron mejorar sus rentas justo cuando la CAM se dirigía hacia la bancarrota. El Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre con aportaciones del resto de las entidades bancarias españolas, inyectó para el rescate de esta antigua caja un total de 11.093 millones de euros, según las últimas cuentas del Banco de España. La sentencia avala las actuaciones de la cúpula de la CAM con el argumento de que aun no siendo “siempre lógicas e incluso inteligibles”, estuvieron “amparadas por las resoluciones de la comisión de remuneraciones y el consejo de administración” de la entidad.

Caja Madrid, Catalunya Caixa y Caja Segovia, pendientes

Pendiente de la decisión final de los jueces se encuentran aún los antiguos gestores de Caja Madrid. Según los cálculos que el FROB remitió a la Fiscalía, los ejecutivos de la entidad percibieron indebidamente un total de 14,8 millones de euros entre 2007 y 2010. Empezaron subiéndose el sueldo más de 26%, entre retribución fija, variable, aportaciones a planes de pensiones e indemnizaciones. También acordaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas black.

Tanto el expresidente Miguel Blesa como su director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, estaban obligados a sentarse en el banquillo por los 8,57 millones de euros que cobraron en sobresueldos ilegales y por los que la Fiscalía Anticorrupción les pedía cuatro años de prisión. También les reclama su devolución. Blesa se suicidó en julio, pero el Tribunal Supremo le condenó cuatro meses después a responder con sus bienes por los 9,3 millones de euros que defraudó por el uso de las tarjetas blackblack y de los que sólo devolvió una mínima parte. Por este caso, la Audiencia Nacional condenó a los 65 implicados a devolver 12,5 millones de euros. De ellos, 2,7 millones corresponden a Rodrigo Rato, que a partir de 2010 también presidió la sucesora de Caja Madrid, Bankia.

Y Bankia, una vez intervenida y nombrado José Ignacio Goirigolzarri al frente, exigió enseguida a 72 de sus mayores ejecutivos que devolvieran los bonus cobrados en 2011. Como resultado de la revisión de sus cuentas, los 309 millones de euros de beneficios que habían servido a los directivos para cobrar sus variables se convirtieron en 2.979 millones en pérdidas. Lo mismo ocurrió con la indemnización de un millón de euros que pretendió llevarse Rodrigo Rato al salir de Bankia en mayo de 2012.

A lo largo de los próximos meses los tribunales deberán dilucidar qué ocurre con las cantidades cobradas por todos ellos en los casos de las tarjetas black de Caja Madrid –pendientes de recurso en el Supremo–, así como de la salida a Bolsa y de la falsedad de las cuentas de Bankia. La Audiencia Nacional sostiene que las irregularidades contables que precedieron a la operación bursátil permitieron también a los altos ejecutivos cobrar bonus ilegales .

La Fiscalía pide para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y su ex director general, Adolfo Todó, cuatro años de cárcel por buscar únicamente su propio beneficio aprobando unos sobresueldos y prejubilaciones “escandalosos”. El rescate de la entidad catalana costó a las arcas públicas 11.830 millones de euros inmediatamente después. El fiscal les  ha reclamado, a ellos y a otros 39 miembros del consejo de administración una fianza conjunta de 9,5 millones de euros. Todó cobraba un sueldo anual de 600.000 euros, más una retribución variable del 35% y se aseguró una prejubilación del 90% del sueldo entre los 60 y 67 años, para a partir de esa edad percibir de forma vitalicia el 80%. Serrá sumó dietas extraordinarias de hasta 135.000 euros a su retribución anual de 175.000 euros.

Esta primavera se sentarán igualmente ante el juez seis ex altos cargos de Caja Segovia, una de las entidades que terminó formando parte de Bankia. Pese a que un juzgado de Segovia archivó en junio de 2016 la causa por apuntarse 17 millones de euros en prejubilaciones, la Audiencia Provincial la reabrió después de que el Tribunal Supremo condenara a la cúpula de Novagalicia. Como en otros casos similares, los directivos de la caja segoviana se adjudicaron 34 millones de euros –17 millones en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones– justo antes de que la entidad se integrara en Bankia.

Caricatura de Julio Gayoso. ULISSES ARAUJO

Se puede mirar de esta forma. A alguien le tenía que tocar, y él había acumulado muchas papeletas. Después de la quiebra del que se proclamaba uno de los sistemas financieros más sólidos y saneados del mundo occidental y cristiano, que todavía estamos pagando, alguien tenía que ser el símbolo del castigo -dejémoslo en regañina- a los responsables. Julio Fernández Gayoso, JFG, expresidente de Caixanova y de NovaCaixaGalicia, tuvo el muy dudoso honor de ser el primer banquero, y de momento el único, encarcelado a consecuencia de la crisis (el encarcelamiento exprés de Miguel Blesa no cuenta). JFG entró -con tres de los suyos- en prisión, además de porque cometió un delito, quizá porque no tenía padrinos políticos, no frecuentaba el palco del Bernabeu y otros ritos del poder en este país, porque el poder en media Galicia era él. Aunque no es de desdeñar una tercera causa: si eres el banquero más veterano de España y llevas más de medio siglo gobernando una institución financiera, las posibilidades de tener esqueletos en el armario también suman trienios. Pero nadie en Vigo, ni en muchos kilómetros a la redonda, se imaginaba para don Julio otro final que uno con la mesa de despacho puesta y una de esas despedidas fúnebres en la que se estremece el corazón de toda una sociedad. Afortunadamente, JFG vive, pero con una pulsera electrónica que controla sus idas y venidas porque está en tercer grado penitenciario.

Los inicios de la trayectoria de Julio Fernández Gayoso (Vigo, 1931) los podríamos imaginar interpretados en blanco y negro por unos jovencísimos José Luis López Vazquez (sin alopecia) o Fernando Fernán Gómez (en bajito), dirigidos por José Luis Sáenz de Heredia. De familia humilde que emigró a Vigo desde Lugo, JFG, cuando todavía no era don Julio, era un rapaz aplicado y serio que, dado que las limitaciones económicas le impedían acceder a estudios superiores, encarriló su talento a hacerse perito mercantil. Con 16 años, en la academia en donde se preparaba para la Escuela de Peritos, lo ficharon como auxiliar de contabilidad en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo. Eso pasó en 1948. Diez años después era el jefe de la sección. JFG y el calendario seguían imparables, y llegó 1965. Ese año le tocaba jubilarse al entonces director general de la entidad.

Serio y cumplidor, mientras en la Caja era el primero en todo, al joven que entonces debía ser simplemente Julio le quedaba tiempo para llevar la contabilidad a las empresas de Rafael Portanet. Que no era poco. Portanet, empresario por parte de padre y de suegro, había entrado en política en 1938 como teniente de alcalde y en 1947 fue nombrado delegado en el Consorcio de la Zona Franca (el “otro ayuntamiento” de Vigo), cargo que mantuvo 37 años, y durante el que se instaló allí la factoría de Citroën. En 1964, fue nombrado además alcalde -del ayuntamiento oficial- y presidente de la Caja de Ahorros Municipal. Era también procurador en Cortes (el puesto de obispo de Tui-Vigo, sin embargo, lo ocupaba otro). Así que cuando quedó vacante el puesto de máximo rector de la Caja de Ahorros, ¿quién mejor que el dispuesto mozo que le llevaba las cuentas y se había convertido en su mano derecha? JFG fue designado para el cargo, a pesar de que, como él mismo confesó en 2008 al periodista Manuel Sola, “tenía 46 puestos en el escalafón delante de mí”. Había cumplido 33 años.

Pasamos al tecnicolor. En la época de Portanet fue cuando, según las crónicas, “se modernizó Vigo”. Es decir, se construyeron avenidas, parques y se alicató la costa con edificios desmesurados. Portanet también acabó con el servicio de tranvías eléctricos que en 1914 había construido y después dirigido el pensador anarquista Ricardo Mella, para sustituirlos por autobuses (el alcalde tenía, entre otras muchas cosas, una gasolinera). Una propuesta política necesita otra económica que permita ejecutarla. La Caja Municipal de Ahorros comandada por el pulcro y serio, a la par que dinámico, nuevo director fue un pilar esencial en ese desarrollo de finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta. El auge de la pesca industrial, de la construcción naval y automovilística atraía multitud de población, con sueldos que le permitían en gran parte ser propietarios de una vivienda. La Caja aportaba el crédito para engrasar ese motor del desarrollismo, desde los nuevos barrios hasta la construcción de buques para conquistar los nuevos caladeros descubiertos en aguas africanas y australes -la Caja llegó a ser la mayor armadora de buques de pesca de España-; promovió el Colegio Universitario de Vigo, una Escuela de Negocios… JFG se fue convirtiendo en don Julio.

Nada iba con él

Don Julio poseía una casa en Canido, donde tenían sus residencias armadores y constructores navales, en la que celebraba comidas para la clase dirigente política y económica, que acababa amenizando cantando boleros, dicen que bien. “Siempre fue un banquero muy clásico, en todos los aspectos. Paternalista, humilde en el sentido de carecer de esa soberbia que se puso de moda desde los ochenta, y entrando siempre a las ocho, como si siguiera al frente de la sección de contabilidad”, cuenta un analista económico. Se pueden encontrar empleados que incluso lo definen como “entrañable”, pero la entidad tenía una abundante plantilla. Curiosamente, tenía también rasgos de independencia, o de contradicción. De niño fue educado en castellano por unos padres gallegohablantes, para que progresase en la vida, pero buscaba a compañeros de los alrededores de Vigo para hablar en el idioma prohibido. Ahora, no se sabe que hable gallego ni en la intimidad. Sorprendió a los presentes haciendo que el arzobispo de Santiago no sólo bendijese el último centro cultural que inauguró, sino que dirigiese una especie de rezo. Pero no hizo caso de las insinuaciones de la Xunta de que no asistiese al estreno de El lápiz del carpintero, sobre la represión franquista, en cuya financiación había participado.

Lograr estar medio siglo en la cima de una entidad, sin ser su propietario, debe producir una sensación muy parecida a la omnipotencia. (Lo de la cima no es figurado: JFG residió encima de la sede de la entidad, una vivienda que siempre conservó y se dice que algunas noches bajaba, en zapatillas, a dar una vuelta). Vio cómo su némesis del norte, José Luis Méndez, expandía en A Coruña su caja para fundar Caixa Galicia, la sexta de España y él agrandó la suya, en 2000, con las de Pontevedra y Ourense, creando Caixanova. Mientras subía, Gayoso vio la agonía de un régimen político, el confuso nacimiento de otro, y los monstruos que aparecieron en ese claroscuro, sin acabar de irse. Vio asimismo la llegada de la autonomía a Galicia, la de Fraga, su relevo por un gobierno de socialistas y nacionalistas, y también alcaldes de todos los colores -de los tres que tradicionalmente conformaban el espectro político gallego-… Nada iba con él.

Al contrario del relato que se ha construido sobre la influencia de la política en las cajas, sin duda cierto, en las gallegas pasaba exactamente lo contrario. En teoría, los consejos de Administración de las cajas estaban compuestos por representantes de corporaciones locales y provinciales y entidades de interés social o cultural. En la práctica, por quien considerase el jefe. O los jefes. Cuando el BNG tenía el 25% de los votos en Galicia y alcaldías como las de Ferrol, Pontevedra o Vigo, no tenía ni uno del medio centenar de puestos en el consejo de la entidad norteña y tenía uno en la del sur. En Caixanova los representantes de los impositores se designaban por sorteo, pero la diosa fortuna debería tener la ídem depositada allí, porque los elegidos eran siempre los mismos. En su día el alcalde vigués Carlos Príncipe intentó colocar alguno de los consejeros que le correspondían al Ayuntamiento -en concreto al cantante de Semen Up y Amistades Peligrosas, Alberto Comesaña- pero Gayoso, fiel a los boleros, mantuvo su lista sin cambios. Es más, consiguió que el mismísimo Fraga, tan comeniños, cambiase la ley de Cajas en 1996 para evitar tener que jubilarse como director de la suya al cumplir los 65. Y cuatro años después, reformó los estatutos para crear una presidencia ejecutiva desde la que seguir dirigiendo los destinos de su caja.

Gayoso, como Méndez, estaba por encima de la política. Tenía una inquina mutua con Príncipe, el socialista que intentó descabalgarlo de la dirección general, pero una muy sólida amistad con Pepe Blanco. Y ninguna con Alberto Núñez Feijóo. Cuando al inicio de la crisis del sistema bancario más solvente del mundo, el presidente de la Xunta convocó a los líderes de las cajas gallegas a una reunión en la sede del gobierno para proponerles la fusión de ambas, y no con socios foráneos, JFG no sólo se negó de plano. En cuanto cerró la puerta, dejando tras ella a Feijóo y Méndez, sacó el teléfono y comenzó a preparar una guerra abierta. Con batallas como una manifestación antifusión que, según el alcalde vigués Abel Caballero, congregó a 300.000 personas (el censo de Vigo era aquel año de 297.241 habitantes, con unos 120.000 más en su área metropolitana).

Perdida la batalla de la no-fusión, emprendió otra: a pesar de que CaixaGalicia era la más grande de las dos, la dirección de la entidad resultante sería la meridional con algunas incorporaciones septentrionales, y con él, por descontado, al frente. “Ahora la gente aguanta bien hasta los 100 años”, argumentaba. Perdió también esa, al determinar el Banco de España que la nave conjunta que pretendía pilotar necesitaba, más que un capitán, unas buenas bombas de achique. Se quedó de copresidente de la Fundación de la nueva entidad (eso sí, a él le correspondería el primer turno en la alternancia). El mismo día en que se convertía en el único presidente, porque su compañero de cargo tuvo que dimitir por unas, más que desafortunadas, desafortunadísimas, declaraciones sobre los que se habían enfangando en las preferentes, tuvo la noticia de que había sido imputado (como se decía antes) por la Fiscalía Anticorrupción.

El cargo era de “administración desleal o apropiación indebida”. Un mes antes de la fusión, sin encomendarse ni al consejo de Administración ni al Banco de España, había autorizado indemnizaciones por prejubilación a cuatro directivos. En total, 19 millones de euros. Los cuatro cobrarán otros 33 millones en planes de pensiones cuando cumplan 65 años. El director de la otra caja, José Luis Méndez, se había jubilado dos meses antes de que los dineros repartidos fuesen del rescate público, llevándose legalmente 16,5 millones. Nunca tan cierto fue eso de que hay que saber retirarse a tiempo. Gayoso no dimitió por la imputación, ni tenía intención de hacerlo tres días después, en la decisiva reunión del consejo de Administración que iba a aprobar convertir NovaCaixaGalicia en una fundación. Pero lo decidió allí mismo, al ver que se lo iban a pedir algunos miembros de aquel organismo en el que antes casi nadie abría la boca. Repasó toda su trayectoria, dio las gracias y fundamentó su decisión en “el bien de la Caja”. Ni una palabra sobre la imputación. En lo esencial, el mismo discurso que realizó después en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso por la crisis de las cajas. Allí dijo: “No tiene sentido mirar al pasado”, como si la crisis fuese la de 1929 o la imputación fuese por algo relacionado con Tráfico. Repitió lo mismo un año exacto después al comparecer en el Parlamento gallego.

En realidad, estaba poniendo en la balanza sus 64 años en la Caja, y su gestión de 45 como director como contrapeso de todo lo que estaba ocurriendo. Después de haber estado en la entidad la mitad exacta del tiempo que duró (de 1880 a 2010), no debe de ser fácil asumir la separación. De hecho, entre el asombro y la alarma de los nuevos y viejos dirigentes, durante un par de semanas después de dimitir continuó yendo como si no pasara nada a su despacho. También desgranó sus servicios en la vista oral en la Audiencia Nacional, que el 22 de octubre de 2015 lo acabó condenando a dos años de cárcel y 75.000 euros de multa por “cooperador necesario en un delito de administración desleal y apropiación indebida”. Un año después, el Supremo no sólo desestimó su recurso contra la sentencia, sino que consideró escasa la pena. El pasado enero, la Audiencia Nacional ordenó su detención para que cumpliese su condena. La película sería ahora Al rojo vivo, con James Cagney proclamando al final: “¡Estoy en la cima del mundo!”.

Gayoso y sus tres subordinados entraron en la prisión de A Lama invitando a café a todos sus nuevos compañeros y los alojaron en el módulo de respeto. “Desde el juicio estaba desaparecido, muy avergonzado -devolvió la medalla de Oro de la ciudad, entre otros honores-, y la verdad es que en los círculos financieros y empresariales no se habla bien de él, pero tampoco mal”, confiesa alguien que fue colaborador suyo. La cárcel lo machacó seis meses, antes de concederle el permiso para dormir en casa, con una pulsera que asegura que está en su hogar a las horas que debe. Durante el día, va al trabajo que le ha permitido disfrutar de ese tercer grado. Colabora con la asociación antidroga Érguete, cuya presidenta, Carmen Avendaño, es amiga suya. Allí ayuda a servir el desayuno a medio centenar de toxicómanos o extoxicómanos y anda por Internet buscando líneas de subvención para la ONG. Él, que durante medio siglo las repartió.

*Este artículo está publicado en el número de diciembre de tintaLibre. Puedes consultar todos los temas de la revista haciendo clic aquí.  aquí

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Fundación Érguete, Carmen Avendaño, ha señalado que el expresidente de Caixanova colaborará desde la semana que viene con esta entidad, si bien todavía no está cerrado el día de inicio, pero se prevé que sea "entre el martes y el miércoles", tras un fin de semana que Fernández Gayoso podrá pasar en su casa.

Fernández Gayoso fue condenado a dos años de prisión junto con otros directivos por las indemnizaciones que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros, pero ha salido de la cárcel tras algo más de medio año recluido —entró el 16 de enero— debido a la medida adoptada por el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro.

Así, Avendaño ha remarcado "ya está resuelto" qué tareas se asignarán a Fernández Gayoso, que pasarán, entre otras, por servir desayunosservir desayunos —se atienden al día a entre 60 o 70 personas en riesgo de exclusión—, prestar ayuda en el ropero y lavandería, además de elaborar escritos como puedan ser rellenar solicitudes o convocatorias.

En este sentido, llama la atención sobre que Fernández Gayoso realizará tareas similares a las que han hecho todos los que participado en este programa de reinserción de presos, que lleva activo desde hace 32 años.

Informe periódico

A renglón seguido, Carmen Avendaño ha indicado que este programa de Érguete está destinado a personas con una condena de periodo no elevado o a quienes les queda poco para cumplirla.

Sobre el caso del exdirector general de Caixanova, Avendaño resalta que "es un hombre de 85 años y que no está bien de salud", con una "condena pequeña", que "en otros casos se suspende" por lo que no se llega a entrar en prisión.

De este modo, quien fue la cabeza visible de Novacaixagalicia contará con un elemento de control telemático y cada 15 días el centro elaborará un pequeño informe sobre la evolución de sus labores, que "suele ser escueto si no hay incidencias".

La Fundación Érguete estudiará qué tareas asignar al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, al que la Audiencia Nacional acordó poner en libertad con la condición de hacer voluntariado.

Entre las labores que desarrolla la entidad, su presidenta, Carmen Avendaño, ha mencionado el programa que suministra desayunos para personas en exclusión social o sin techo u otros en los cuales los voluntarios rellenan escritos, atienden llamadas telefónicas o realizan otros trabajos con el ordenador.

"Actividades le vamos a dar", ha destacado Avendaño, en declaraciones a Europa Press. La presidenta de Érguete desde su creación en 1999 ha explicado que cree que su fundación "puede encajar perfectamente" para la salida de Gayoso de prisión.

Además, ha destacado que ella conoce al juez "desde hace mucho tiempo" y que entiende que también el exdirectivo y su abogado "conocen perfectamente" a la Fundación Érguete.

Ha llamado la atención, asimismo, sobre que esta entidad "trabajó siempre con la caja [de ahorros]", actualmente Abanca, y ha valorado que Gayoso, al que conoce desde "hace muchos años", es alguien "bastante humilde" que a su juicio entablará una buena relación con el resto de participantes en este programa de colaboración con cárceles (son unas 100 personas).

Al respecto, ha incidido en que es "un hombre muy correcto" y ha considerado que "va a venir contento", toda vez que las actividades las desarrollará en Vigo, donde Érguete tiene sus instalaciones.

Con todo, también ha opinado que "le va a venir muy bien ver la realidad de cerca", ya que la fundación trabaja con colectivos "marginales". "Creo que le va a aportar mucho", ha apostillado.

"Inusual" que fuese a la cárcel

Por otra parte, sobre el malestar social que ocasionaron las indemnizaciones millonarias que se llevaron Gayoso y otros exdirectivos, Avendaño ha afirmado que "lo inusual" fue que entrase, teniendo una condena de dos años y 85 años.

"Me imagino que el juez se plantearía la edad que tiene y su estado de salud", ha comentado, antes de añadir que las actividades que se le asignen serán adecuadas a los años que tiene, "cosas que sean cómodas".

La Audiencia Nacional acordó este martes poner en libertad al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, que abandonará la cárcel de A Lama (Pontevedra) para colaborar con la Fudanción Asociación Érguete Integración, que ayuda a personas en situación de exclusión social y drogodependencia.

Según informó la propia Audiencia Nacional, el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, decretó la libertad del exbanquero, condenado a dos años de prisión junto con otros directivos por las indemnizaciones que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.

En su auto, el magistrado recurre, de acuerdo con el fiscal, al artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que hace referencia "a la aplicación del sistema más flexible de ejecución de penas, con la exigencia de que el interno realice las citadas actividades de voluntariado".

De este modo, Fernández Gayoso, de 85 años de edad, realizará dichas actividades en la Fundación Érguete, creada en 1985 por Carmen Avendaño para ayudar a personas con problemas de adicción a las drogas, donde colaborará en cuestiones "relativas a la contabilidad".

José Luis Castro justifica que su decisión está basada en la edad de Fernández Gayoso y en "su delicado estado de salud", al tiempo que deja "en manos de la Administración Penitenciaria", la decisión "sobre el mecanismo que estime suficiente para el control" del exdirectivo de la caja gallega.

"Resarcir a la sociedad"

"Con esta actividad, el interno, junto con el pago de la responsabilidad civil, podrá dar cumplimiento a la finalidad restaurativa de la pena tan importante en el ámbito del tratamiento penitenciario, pues a través de las labores de asistencia a personas desfavorecidas podrá, en cierta medida, resarcir a la sociedad del daño causado con su acción delictiva", reza el auto de la Audiencia Nacional.

Además, considera que, con sus "amplios conocimientos financieros", Fernández Gayoso será quien de "devolver a la sociedad la confianza rota por el daño causado" a través de su trabajo en Érguete "estudiando y preparando documentación para la posible obtención de subvenciones, así como ayudando en el ámbito contable".

Responsabilidad civil abonada

Además, el juez también estima positivamente que el hecho de que el exdirectivo haya abonado la responsabilidad civil que le fue impuesta en la condena "de forma solidaria" junto a los otros acusados.

"Fernández Gayoso no ha puesto obstáculo alguno en cubrir dicha responsabilidad, más bien lo contrario, su conducta en todo momento y especialmente durante la ejecutoria ha estado dirigido a facilitar que se hiciera efectivo el pago de dicha responsabilidad", señala el auto.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha eludido este martes hacer comentarios sobre el ingreso en prisión de cuatro exdirectivos y un asesor de Novacaixagalicia, entre los que está quien fue su presidente (y antes director de Caixanova), Julio Fernández Gayoso, y se ha limitado a instar a los periodistas a que pregunten al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Pregúntenle a Feijóo. Recuerden aquellas fotos que se sacaba cuando fue la fusión. Yo siempre estuve en contra de esa fusión", ha afirmado, en alusión al proceso de fusión de las cajas de ahorro gallegas.

Este lunes, por orden de la Audiencia Nacional, ingresaron en prisión Fernández Gayoso, José Luis Pego (exdirector general de la entidad), Óscar Rodríguez Estrada (exresponsable de la oficina de integración), Gregorio Gorriarán (exresponsable del área inmobiliaria) y el asesor externo Ricardo Pradas, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, que los condenó a dos años de cárcel por asignarse prejubilaciones millonarias, que no devolvieron.

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel a los exdirectivos de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y al abogado Ricardo Pradas por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias. Además, tres de ellos –Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada– tendrán que devolver casi 14 millones de euros, las cantidades por indemnización que se les abonaron indebidamente.

El exdirector general de la entidad, José Luis Pego, está obligado a devolver más de 8,5 millones de euros; el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, a reintegrar más de cinco; y Óscar Rodríguez Estrada, a devolver una cantidad superior a los 200.000 euros. Los tres son autores de un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal.

El excopresidente Fernández Gayoso y el letrado Ricardo Pradas son considerados por el fallo cooperadores necesarios, ya que "aportaron su colaboración con hechos relevantes sin los cuales el delito no se hubiera cometido".

La pena de prisión impuesta no alcanza los cinco años de cárcel, por lo que, de recurrirse la condena, los exdirectivos podrían solicitar una suspensión de la pena que les evitaría, por el momento, el ingreso en prisión.

La Audiencia Nacional condena además a estas cinco personas a una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros (unos 75.000 euros) y a una inhabilitación especial para el empleo durante el tiempo de la condena que desempeñaban cuando realizaron los hechos enjuiciados.

La sentencia destaca que la entidad "valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección", una cantidad tuvo que ser abonada el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado". La Sala explica la difícil situación de la entidad bancaria fusionada que llevó al FROB a tener que inyectar cantidades millonarias. Los acusados, "sabedores de estos avatares, mejoraron (tres de ellos) intencionadamente sus condiciones económicas para el caso más que probable por razonable, de su salida de la nueva entidad fusionada dada su gestión anterior, al querer prescindir de sus servicios los nuevos inversores que pudieran venir a hacerse carga de la entidad".

El abogado que asesoró en la elaboración de los contratos de las prejubilaciones millonarias que percibieron cuatro antiguos directivos de la cúpula de Novacaixagalicia, Ricardo Pradas Montilla, defendió este lunes que estas retribuciones eran legales y que él siempre actuó con "pulcritud jurídica" para defender los intereses de la entidad a la que representaba. "Si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea", dijo.

Así se pronunció en la primera sesión del juicio que la Audiencia Nacional celebra desde este lunes contra cuatro altos cargos que se adjudicaron indemnizaciones por valor de 18,9 millones de euros y contra el expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y él mismo por cooperar para que los ejecutivos cobraran esa cantidad en plena crisis de las cajas.

La Fiscalía Anticorrupción y Novacaixagalicia, como acusación particular, piden que sean condenados a tres años de cárcel por delitos de apropiación indebida y administración desleal por modificar los contratos de alta dirección para percibir esas prestaciones y a una pena de inhabilitación de tres años para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector bancario. La acusación popular, ejercida por Adicae, solicita sendas penas de cuatro años de prisión.

La vista comenzó con la declaración del abogado Ricardo Pradas, que insistió en que los contratos no incluían mejoras salariales, sino que se trataba de "adaptar" las condiciones de los cargos procedentes de Caixanova y Caixagalicia al plan de fusión suscrito en mayo de 2010, medio año antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectara con 1.162 millones de euros al nuevo banco.

En un interrogatorio, que se prolongó durante más de tres horas, el acusado explicó que su labor consistía en prestar "asesoramiento global" a la entidad y examinar los borradores de los contratos, cuyo redactado final, según dijo, ha visto por "primera vez" en la sesión del juicio. "Siempre actué en representación de la entidad, nunca en representación de ninguno de los directivos. ¡Hombre, por favor!", respondió a la fiscal Pilar Melero.

Dicho esto, aseveró que los directivos de la caja fusionada "podían prejubilarse aun no cumpliendo con el requisito de edad" y recibir el dinero de una tacada o fraccionado en varios pagos, como hizo Ángel López-Corona, con una categoría similar a la de los acusados y quien, a diferencia de ellos, optó por no recibir su indemnización de 2,2 millones de una sola vez. "Yo no soy el dueño de los dineros, no decido quien recibe o quien deja de cobrar", precisó.

El abogado explicó que los altos directivos estaban "inquietos" sobre su futuro en la nueva entidad y que informó a la Comisión de Retribuciones de que tenían derecho a extinguir su relación laboral en agosto de 2011 y optar, en ese caso, por una prejubilación. "No entro en el elemento cuantitativo porque Ricardo Pradas Montillas no ha tenido conocimiento de las cuantías de los salarios ni tampoco de las liquidaciones por prejubilación", dijo hablando en tercera persona sobre sí mismo.

"Sigo manteniendo que no es una cláusula de blindaje, sino una liquidación de prejubilación y si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea", prosiguió Pradas, que defendió haber actuado con "pulcritud jurídica" y que ir "más allá es buscar tres patas al gato". La Fiscalía le culpa de asesorar a los acusados en la mejora de sus contratos y omitir esta información a la Comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración.

El juicio se reanudará este martes con el turno de las preguntas de la defensa a Pradas y proseguirá con los interrogatorios del resto de acusados. La Fiscalía propone que continúe con la declaración del exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes –el único procedente de Caixagalicia y que anunció que renunciaría a la "mayor parte" de la indemnización–; el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso; el que fuera director general de Novacaixagalicia José Luis Pego; el exresponsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán y el antiguo gestor de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada.

La acusación del caso de las indemnizaciones de los directivos de Caixanova, ejercida por los abogados de la Asociación de Usuarios de Banca y Seguros (Adicae), ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno una pena de cuatro años de cárcel para la cúpula de la caja gallega, según el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

En el documento, la organización de consumidores acusa a los directivos de maniobrar al margen de los órganos de control de la entidad financiera para mejorar sus contratos de alta dirección, embolsándose casi 19 millones de euros en plena caída de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia.

El magistrado Ismael Moreno firmó el pasado 12 de febrero un auto de transformación en el que adelantaba que los directivos gallegos podrían haber cometido un delito de apropiación indebida o alternativamente de estafa, por el cobro de 18,91 millones de euros en concepto de indemnizaciones tras abandonar su cargo.

La Fiscalía, tres años

La petición de Adicae se suma a la ya conocida de la Fiscalía, que la semana pasada había solicitado tres años de prisión para el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso; el que fuera director general de Caixanova José Luis Pego; el ex director general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán; el director general adjunto del área de Asuntos Institucionales de Caixanova, Óscar Rodríguez Estrada; y el abogado Ricardo Pradas, el experto en derecho laboral que asesoró a la cúpula de la entidad gallega.

El Ministerio Público pide además a los acusados la devolución de los 18,9 millones, cantidad que se asignaron presuntamente de forma fraudulenta en sus pensiones de jubilación, así como una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se asignó 7,7 millones, Rodríguez Estrada 691.261 euro, Gorriarán 4,8 millones y García de Paredes 5,6 millones.

1.162 millones

Adicae justifica la pena de cuatro años de cárcel para los directivos gallegos recordando que el 20 de octubre de 2010, "previamente" a que se culminara el proceso de fusión, pero después de que los consejos de administración de Caixa Galicia y Caixanova le hubieran solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) 1.162 millones, modificaron sus contratos al margen de los órganos de control de las cajas.

De esta forma, Gayoso "oculta", siempre según el escrito de acusación de Adicae, a la comisión de Retribuciones y, después, a su consejo de administración, que la modificaciones que se pretenden introducir en los contratos de alta dirección de José Luis Pego Alonso, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán Laza son distintas a las del resto de trabajadores de Caixanova, ya que dichos contratos tenían conceptos retributivos específicos.

Ocultación "maliciosa"

Como consecuencia de esta ocultación "maliciosa", y sin más información que la facilitada por Julio Fernández Gayoso y por el asesor, Ricardo Pradas Montilla la comisión de Retribuciones aprobó, por unanimidad las modificaciones, un acuerdo que fue refrendado por el consejo de administración de Caixanova. Dos días después se firmaron las ampliaciones de los contratos de José Luis Pego Alonso y Óscar Rodríguez Estrada.

Julio Fernández Gayoso, utilizando su posición "y omitiendo, una vez más, su deber de diligencia y salvaguarda de la entidad que copresidía, induce al error al consejo de administración de Novacaixagalicia" haciéndoles creer al resto de consejeros que los contratos de alta dirección que se ratificaban en dicho consejo eran los contratos originarios de Jose Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán con la entidad Caixanova y no unas modificaciones que les aseguraban "un importante rendimiento económico en caso de abandonar la entidad", especifica el escrito de Adicae.

Una dotación

Apenas unos meses después, Novacaixagalicia solicitó al FROB 2.611 millones de euros. Y pocos días antes de que el Estado se hiciera con el control de la entidad, concretamente el 4 de agosto de 2011, Julio Fernández Gayoso convocó la comisión de Retribuciones, en cuyo orden del día, bajo el título "asuntos varios", solicitó dotar una provisión, como consecuencia de los contratos de alta dirección, por si los directivos decidían abandonar sus puestos de trabajo.

La entrada del nuevo equipo directivo en Novacaixagalicia tuvo como consecuencia la salida de los imputados, que percibieron 18,9 millones de euros en indemnizaciones. Estos hechos, según Adicae, son constitutivos de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y alternativamente de estafa.

300 euros diarios

Además de los cuatro años de cárcel para los seis acusados, Adicae solicita para ellos una multa de 300 euros diarios e inhabilitación especial para la administración de empresas de cualquier tipo durante el tiempo de la condena. Al igual que la Fiscalía, el escrito de acusación solicita a los acusados que devuelvan los 18,9 millones de euros percibidos de forma indebida.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años de prisión para el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, otros cuatro antiguos directivos de la caja y un abogado por presuntos delitos de apropiación indebida y, alternativamente estafa, a los que acusa de asignarse prejubilaciones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba la entidad.

El Ministerio Público considera al que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; al exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada autores de la estafa, y asegura que Fernández Gayoso y el letrado Ricardo Pradas actuaron como cooperadores necesarios.

Pide además a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros, cantidad que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se asignó 7,7 millones, Rodríguez Estrada 691.261 euro, Gorriarán 4,8 millones y García de Paredes 5,6 millones.

En su escrito provisional de acusación Anticorrupción precisa que los cuatro altos directivos acordaron "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".

La Audiencia Nacional celebrará a partir del próximo lunes su primer juicio contra exdirectivos de cajas de ahorros. En el banquillo de los acusados se sentarán el ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella Rodríguez y Juan Caellas Fernández, acusados de adjudicarse planes de pensiones de forma irregular.

La Fiscalía Anticorrupción pide tres años y medio de prisión para Pagès Font y tres años para Troyano, Abella Rodríguez y Caellas. El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se otorgaron de manera irregular 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas, lo que supone un delito societario continuado de administración desleal.

El Ministerio Público asegura que todos ellos actuaron desde 2001 "de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados". En total, reclama a los acusados que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, a los que habría que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se determinarán en sentencia. Los herederos de Jorba deberán devolver más de 2,5 millones.

Para el fiscal, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

La búsqueda de una cobertura formal

Anticorrupción asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.

En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas", y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.

Los siguientes, CAM y Novacaixagalicia

La Audiencia Nacional juzgará en los próximos meses a los exdirectivos de otras dos de la cajas de ahorro investigadas por irregularidades en su gestión después de que los jueces encargados de la instrucción hayan decretado la apertura de juicio oral contra los antiguos responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Novacaixagalicia.

El juez Javier Gómez Bermúdez dictó el pasado 18 de febrero la apertura de juicio oral contra el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares.

En cuanto a Novacaixagalicia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, también ha dado el primer paso para juzgar a cinco exdirectivos, entre los que se encuentra su expresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de casi 19 millones en prejubilaciones.

El sindicato CIG ha anunciado este lunes que presentará, previsiblemente esta misma semana, una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra las cúpulas de las antiguas cajas gallegas —tanto Caixa Galicia como Caixanova y la fusión de ambas— y la de NCG Banco por la comercialización de participaciones preferentes entre minoristas.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que los abogados que han preparado la querella han indicado que están identificadas 79 personas por el momento, entre las que se encuentran los antiguos directores generales de Caixa Galicia y Caixanova, José Luis Méndez y José Luis Pego, respectivamente, y los que eran presidentes de las cajas, Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso.

Entre los delitos que les atribuyen, figuran estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, estafa de inversores, falsedad de cuentas anuales, administración fraudulenta y desleal, abuso de información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La querella se dirige, en concreto, contra los consejos de administración, las comisiones de control y los comités de dirección de las entidades desde 2003, fecha desde la que se comenzaron a emitir preferentes. También se incluye a la actual cúpula como "encubridores y receptadores", ha señalado uno de los abogados, Guillermo Presa. En este momento y a la espera que hacer efectiva la venta a Banesco, el banco está siendo gestionado por el FROB, que nombró como administrador al que era presidente de NCG, José María Castellano.

El motivo para que la CIG haya tomado la decisión de presentar la querella —a la que se suma uno de los portavoces de las plataformas de afectados, Xulio Ríos— es que considera que tiene "la responsabilidad como organización social de no permitir" que "se vayan de rositas" los responsables de "esta tremenda estafa", según ha dicho el secretario xeral del sindicato, Suso Seixo.

Asimismo, ha destacado que han sido "muchos" los afectados, entre ellos afiliados de la CIG, y ha criticado que "quienes tendrían que promover" acciones por este motivo, que son la Xunta y el Gobierno, "no solo no lo hacen, sino que están impidiendo incluso buscar una solución". Seixo ha incidido en el coste económico que ha supuesto el rescate de la entidad, a la que se dieron ayudas por 9.000 millones de euros en total y cuya venta se producirá por 1.000 millones.

Los abogados, Guillermo Presa y Xan Díaz, han recordado que existe un precedente de querella por este motivo, la presentada contra Bankia. Si la que promueve la CIG es aceptada, se pedirán diligencias para demostrar que hubo "una estrategia organizada y perfectamente pensada de comercialización a personas para las que no estaban pensados" estos productos complejos.

Presa ha concretado que, aunque están identificadas 79 personas, pero "sin perjuicio" de que se pueda ampliar el número de personas y organismos implicados. De hecho, ha admitido que sopesaron incluir a organismos supervisores como la CNMV o el Banco de España, pero era necesario "concretar".

La argumentación se basa en que existió un "plan" llevado a cabo por los "equipos directivos" para captar el ahorro de pequeños inversores, clientes tradicionales de las cajas. Se trataba, ha añadido, de productos "complejos" con una denominación "confusa" y con un "sesgo" hacia el emisor, que era el que salía beneficiado. Eran, ha incidido, "totalmente inconvenientes" para las personas a las que les fueron colocados.

El letrado ha añadido que la comercialización fue "indiscriminada" y se aprovechó que en ese momento la regulación era "defectuosa o insuficiente". También se obtuvo ventaja, según el abogado, de la relación "de confianza" de muchos afectados con el personal de las oficinas.

Cuando estalló la crisis de las subprimelas entidades necesitaban "evitar la quiebra" y "falsearon sus cuentas". En el año 2009 se registraron tres emisiones, pese a que "eran conocedores de que era imposible dar cumplimiento" a lo que vendían, ha afirmado Presa, que ha aludido también a que para devolver el dinero a un cliente era necesario acudir a "un mercado secundario inexistente".

Aunque ha indicado que es difícil calcular a qué penas se podrían enfrentar los antiguos responsables de las cajas de prosperar la querella, ha aclarado que se busca la responsabilidad penal, no la civil. En el proceso, ha apuntado, se emplearán antecedentes como las sentencias por la vía civil que dan la razón a los afectados (son en torno al 90% de los casos, ha asegurado) y la acción colectiva promovida por la Fiscalía, en la que NCG Banco se allanó.

Los afectados que lo deseen, ha agregado, podrán sumarse a la querella cuando sea admitida, con independencia de que hayan acudido ya a la vía civil para recuperar su dinero.

En la rueda de prensa han estado presentes también uno de los portavoces de las plataformas de afectados, Xulio Vioente, y el responsable de CIG-Banca, Clodomiro Montero, quien ha criticado que las soluciones dadas hasta ahora, como el arbitraje o las sentencias judiciales, suponen "culpabilizar a los trabajadores".

De este modo, ha interpretado que la querella es también una manera de reivindicar "la dignidad" de los empleados, puesto que la venta masiva de estos productos, ha sostenido, fue diseñada por la dirección de las entidades.

Xulio Vicente, por su lado, ha considerado que era "inevitable" emprender una acción de estas características, "sobre todo por la dignidad del pueblo gallego". Es a los afectados "a los que se está juzgando", ha protestado y ha criticado que se les trata "como delincuentes".

En este sentido, ha criticado que el PP haya votado en el Congreso contra la modificación del decreto por el cual se aplicaron quitas a los titulares de preferentes, con el fin de que les devolviese íntegra la inversión a los minoristas. Por ello, ha pedido explicaciones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que ha reclamado que aclare de qué lado está.

Preguntado acerca de las medidas de la actual dirección respecto a los afectados por preferentes, ha incidido en que "la solución sería fácil" si el PP permitiese la derogación del decreto mencionado. "Quedaría vía libre a la entidad para anular los contratos y devolver el dinero", ha señalado.

Las ayudas financieras públicas comprometidas a las cajas de ahorros ascienden a 61.366 millones desde mayo de 2009, según los datos aportados por el Banco de España, que especifica que el 70% de los fondos se han destinado a tres entidades: Bankia, Catalunya Banc y Novacaixagalicia. Pero la respiración asistida de las antiguas cajas de ahorro contrasta con los sueldos, indemnizaciones o garantías de cobros de los directivos, imputados o no, que llevaron al colapso al sistema de cajas de ahorros alimentando con sus créditos la burbuja inmobiliaria.

Los directivos de Caja Madrid, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Novacaixagalicia, Caixa Penedés, Bancaja, Catalunya Banc y Caja Segovia percibieron por esos conceptos entre los años 2006 y 2011 más de 270 millones, según los datos aportados por los jueces, fiscales y las propias entidades financieras. El que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, llegó a defender las indemnizaciones de las cajas gallegas asegurando que habían tenido "éxito" en su gestión. La culpa, según Gayoso y el resto de directivos que están a un paso del banquillo, fue del Gobierno central y del Banco de España por empeñarse en fusionar las entidades gallegas.

La reacción de jueces y fiscales ante los cobros de las indemnizaciones está siendo muy dispar. Algunos de los directivos están imputados por concederse las pagas, pero otros muchos no. Hay casos en los que los banqueros afrontan otras denuncias por haber cometido presuntamente otros delitos, pero no se cuestionan sus indemnizaciones. Un tercer grupo de directivos, como por ejemplo es el caso del que fuera director general de Caixa Galicia durante 29 años, José Luis Méndez, podrán disfrutar de sus percepciones, en este caso de 16,5 millones, después de que la Audiencia Nacional archivara una denuncia.

Miguel Blesa es otro de los exbanqueros que no está imputado por percibir sueldos e indemnizaciones millonarias. La información suministrada por Bankia a la Audiencia Nacional muestra que el expresidente de Caja Madrid cobró 12,4 millones entre 2007 y 2010, año de su salida de la caja. Si se amplía el periodo analizado, en este caso entre 2003 y 2010, Blesa ingresó casi 20 millones. El banquero está siendo investigado por la venta del City National Bank de Florida (EEUU) y por la comercialización de las preferentes, pero no por la percepción de su sueldo. De hecho, ninguno de los directivos de Caja Madrid, que ha necesitado 22.424 millones de dinero público, está siendo investigado por sus sueldos e indemnizaciones.

Estos son las percepciones cobradas o aprobadas en siete de las cajas intervenidas por el Banco de España:

Caja Madrid: 71,5 millones

Además de Blesa (12,4 millones), en relación a la percepción de sueldos e indemnizaciones destaca los directivos Matías Amat Roca e Ildefonso Sánchez Barcoj, con 9,7 millones cada uno entre 2007 y 2010. Al margen de la suma, los correos secretos de Blesa han destapado el caso del ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre. El que fuera número dosde Blesa percibió al menos 4,78 millones. Pero lo que llama la atención, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, es que De la Torre ha percibido 2,66 millones por unas retribuciones que él mismo había negociado, tal y como consta en un acta del 19 de julio de 2007. La forma de pago consistió en que Caja Madrid destinó el dinero a la cancelación de un crédito que había solicitado previamente De la Torre a Caja Madrid. Ni Caja Madrid ni Bankia han aclarado a este diario la operación.

En Caja Madrid, según los datos aportados por Bankia a la Audiencia Nacional y que han servido de base a UPyD para presentar una denuncia que no fue admitida a trámite, los integrantes del comité de dirección percibieron en cuatro años 71 millones. Dentro de esta suma no se incluyen las percepciones de los miembros del consejo de administración, por lo que la cifra es muy superior a lo conocido.

CaM: 41,85 millones

El importe total de las retribuciones pagadas entre 2007 y 2011 a los directivos de la CAM asciende a 41,8 millones, según un informe de los peritos del Banco de España. Estos pagos adicionales para la jubilación de los miembros del comité de dirección han podido provocar un perjuicio a la entidad financiera de 5,4 millones más. La suma de ambos conceptos da un importe total de posible perjuicio para la CAM de 47 millones, que habría repercutido sobre las cuentas de resultados de la entidad, especifica un reciente informe de peritos del Banco de España. El ex director general de la CAM Roberto López Abad fue arrestado por su presunta relación con el desvío de 247 millones a un paraíso fiscal.

La CAM fue intervenida con 5.249 millones por el Banco de España en julio de 2011 y adjudicada al Banco Sabadell en diciembre de 2011 por el precio simbólico de un euro.

Novacaixagalicia: 35,41 millones

Junto a los 16,5 millones de José Luis Méndez, también han recibido importantes sumas de dinero el excopresidente de Novacaixagalicia y expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y los exdirectivos José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Oscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno entiende que podrían haber cometido un delito de apropiación indebida o alternativamente de estafa por el cobro de 18,91 millones en concepto de indemnizaciones tras abandonar su cargo. En el caso de Fernández Gayoso en calidad de cooperador necesario. En total 35,41 millones.

Novagalicia Banco, que fue vendida al venezolano Banesco por 1.000 millones, ha recibido del Estado 8.981 millones.

CAJA SEGOVIA: 33 MILLONES

El Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia investiga a ocho exdirectivos de Caja Segovia que fueron denunciados por UPyD por autorizarse un total de 33 millones de euros (17 de ellos en concepto de prejubilaciones y el resto en planes de pensiones). Caja Segovia se integró en Bankia, que fue intervenida.

Caixa Penedés: 31,6 millones

Los exdirectivos de Caixa Penedés se otorgaron, según la Fiscalía Anticorrupción, de manera irregular 31,6 millones en planes de pensiones y distintas pólizas, lo que supone a su juicio un delito societario continuado de administración desleal. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido tres años y medio de prisión para el exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès Font, y tres años para los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella Rodríguez y Juan Caellas Fernández, por adjudicarse planes de pensiones millonarios. Los cuatro imputados de la caja catalana ya tienen fecha fijada para el juicio: el 19 de mayo.

Bancaja: 30 millones

Los dos directores generales que encabezaron Bancaja entre 2007 y 2010, Fernando García Checa (8,8 millones) y Aurelio Izquierdo (8,4 millones), cobraron de la entidad valenciana más de 17,2 millones, según los datos aportados por la entidad financiera al magistrado que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. A esta cifra hay que añadir otros 7,5 millones que tiene comprometidos Izquierdo en derechos de jubilación. En total, ambos recibirán de Bancaja un mínimo de 24 millones. Entre García Checa e Izquierdo y los otros directivos que accedieron a contratos de alta dirección de la entidad financiera pública valenciana se embolsaron más de 30 millones entre 2006 y 2010.

Bancaja fue una de las cajas de ahorros que se integró en Bankia, que ha recibido más de 22.200 millones de euros.

Catalunya Banc: 27 millones

El expresidente de Catalunya Banc Adolf Todó y el ex consejero delegado Jaume Masana han visto recientemente que el juez del Juzgado de lo Social 8 de Barcelona ha declarado improcedente sus despidos, por lo que obliga a la entidad a readmitirles o a pagarles una indemnización de 600.000 euros a cada uno. De forma paralela, los datos incluidos en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que investiga otro juez de Barcelona explica que Todó cobró más de 4 millones entre 2008 y 2012. Además, el expresidente de Catalunya Banc es titular de provisiones por otros 8,2 millones. Por su parte, Masana percibió 2,9 millones, con una provisiones de 1,7 millones más. Pero las indemnizaciones en esta caja no acaban ahí. Según la Fiscalía, en el marco de la "irresponsable política de retribuciones asumida por los órganos de la entidad", Lluis Gasul Moros cobró 7,47 millones, Ricard Climent Meca 1,37 y Gloria Ausio Arumi 1,3 millones. En total, el dinero percibido o comprometido es de 26,94 millones.

El grupo Catalunya Banc ha recibido 9.084 millones de la Unión Europea, 1.718 millones del FROB 2 por la suscripción de acciones y 1.250 millones del FROB 2 para la conversión de acciones preferentes en capital. En total ha necesitado 12.052 millones para evitar la quiebra.

Los banqueros gallegos procesados por cobrar 28 millones en indemnizaciones de Novacaixagalicia, que ha necesitado 8.981 millones de euros de dinero público para evitar su quiebra, defendieron la buena salud de las entidades financieras que dirigieron en su declaración como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, según se puede comprobar en los videos de las declaraciones a las que ha tenido acceso infoLibre en exclusiva.

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó el pasado 12 de febrero un auto en el que sitúa a un paso del banquillo a los principales exdirigentes de las cajas gallegas. El magistrado entiende que podrían haber cometido un delito de apropiación indebida o alternativamente de estafa, por el cobro de 18,91 millones de euros en concepto de indemnizaciones tras abandonar su cargo. Por ello, Ismael Moreno ha pedido a la Fiscalía y a la acusación ejercida por la asociación de usuarios de banca Adicae que presenten su escrito de acusación. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral.

Avalaron sus cuentas

Tanto el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso como el que fuera director general de Caixanova, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas, un experto en derecho laboral que asesoró a la entidad, apoyaron en sus declaraciones como imputados la gestión realizada en Caixanova, pero también en Caixa Galicia, destacando que hasta que se produjo la integración, el 1 de diciembre de 2010, ambas entidades financieras tuvieron beneficios. Y para defender esta versión, recordaron que tanto el Banco de España como los auditores avalaron las cuentas en las que se reflejaba el superávit.

Pero los números positivos de las cuentas de las cajas gallegas desaparecieron de forma brusca tras la fusión. Un hecho que destaca durante sus interrogatorios la fiscal encargada del caso. Fernández Gayoso responde a la fiscal, que preguntó si en la cuenta de resultados había pérdidas o no: "Caixanova en 2010 gana 90 millones. Y el auditor y el Banco de España estaban de acuerdo", responde Gayoso, que atribuye el cambio de tendencia porque la caja fusionada tuvo que hacer un esfuerzo "muy importante de provisiones". "Dota 3.000 millones de euros de los cuales casi 2.000 son para fortalecer el crédito; 300 millones para los gastos de fusión; y otras dos cifras de 300 y 400; la primera para sanear inmovilizado y los otros para sanear la cartera de valores de renta variable. Se hace un esfuerzo para arrancar con una postura lo más sana posible", completa Gayoso.

Los venezolanos de Banesco

Los datos del Banco de España ponen de manifiesto un importante contraste. Pues la nueva entidad fruto de la fusión de las gallegas ha sido la tercera que más dinero público ha necesitado para sortear la bancarrota. En total ha recibido del Gobierno 8.981 millones. Recientemente ha sido vendida al grupo financiero venezolano Banesco por 1.003 millonesgrupo financiero venezolano Banesco.

La explicación de Gayoso no convence a la fiscal, que alude a un informe independiente que indica que la caja fusionada valía 147 millones negativos. "Ese dato es contradictorio con los tres que han dado los tres bancos de inversión que valoraron la caja, y actuando sobre los promedios salen 180 millones de capital que se aporta al banco. Que no tiene nada que ver con esos datos", contestó el excopresidente de la entidad financiera gallega.

Interrogatorio incisivo

La fiscal, que realizó un interrogatorio muy incisivo tal y como se puede ver en los videos que ilustran esta información, interpeló a Gayoso sobre si la entidad fusionada llegó a dar beneficios. "El saneamiento que hace la caja fusionada para tener el horizonte despejado es de 3.000 millones. Era necesario fortalecer a la nueva caja porque tenía muchos problemas", dijo Gayoso mientras la fiscal repite: "Porque la caja tenía muuuchos problemasmuuuchos".

Y el excopresidente continuó con su relato: "Cuando se traspasa la caja al banco nosotros nos encontramos con una problemática muy compleja. Lo que pasa es que el banco nace con un equipo gestor muy acreditado, empezando por el señor Castellanos y todos tenemos confianza de que el banco va a tener viabilidad y que Galicia va a tener una entidad financiera que financie proyectos viables de familias, de empresas y de organizaciones, y en eso estamos, y en eso se está trabajando".

En similares términos se expresó el ex director general de Novacaixagalicia José Luis Pego ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. “Entiendo que no necesitábamos dinero”, llegó a asegurar Pego tras la insistencia de la fiscal, que al oír la respuesta de Pego espetó: “¿Entonces los 1.162 millones que aporta el FROB para qué se utilizaron?". "Se utilizan porque hay un proceso de fusión para reestructurar el sistema financiero español…", responde Pego.

"Otras no han pedido apoyo al FROB"

"Eso ya lo ha dicho usted en reiteradas ocasiones, pero el hecho de que haya un proceso de fusión, entiendo yo, no significa que tenga que haber una necesidad de apoyo del exterior. Hay muchas entidades en este país que se han fusionado y no han pedido apoyo al FROB”, continuó la fiscal, que obtuvo una respuesta titubeante de Pego: “Pero en el caso de esta fusión se necesitaba. La fusión, no Caixanova”. "Pues entiendo que la situación no podía ser muy boyante. Porque apoyos financieros no se necesitaron en todos los casos", completa la representante del Ministerio Público.

La fiscal se interesa después por los motivos de la segunda ayuda del FROB. "¿Entiendo que la situación patrimonial se había agravado?". "No, la situación patrimonial no se había agravado. Se elevan los requerimientos de capital sin que la situación patrimonial se haya visto afectada", explica Pego.

Fiscal: "Pero yo veo que el BBVA no solicitó apoyo del FROB y que el Santander tampoco, de lo cual yo infiero que ustedes se encontraban en una situación muy grave y que las pérdidas eran muy importantes”.

Pego: "No, no había pérdidas".

Fiscal: "Y que la causa de la segunda petición del FROB era la angustiosa situación patrimonial. ¿Es correcto?

Pego: "No es exactamente así. La caja no ha dado pérdidas en ningún momento mientras yo soy director general. No las da Caixanova y tampoco Novacaixagalicia".

La fiscal orienta sus interrogatorios a la situación patrimonial de las cajas gallegas con la intención de determinar si las indemnizaciones de 28 millones de euros contradecían las leyes, que impedían los premios "a la mala gestión". Es por eso que la representante del Ministerio Público pregunta a Fernández Gayoso si Caixanova había suscrito otra póliza para cubrir otros directivos o los imputados eran las únicas personas beneficiadas: "A parte de esas tres se toma un acuerdo individual que me afecta a mí”, responde Gayoso, que continúa: “Es una póliza que iguala a un señor, que no tengo ese tipo de protección y se hace ese complemento. Yo no he capitalizado esa renta".

Fiscal: "¿Usted ya está jubilado?".

Gayoso: "Desde el año 2006".

Fiscal: "¿Ha cobrado los derechos que tiene reconocidos en el plan de pensiones?".

Gayoso: "No, he optado por un pago mensual. Una parte sale de la Seguridad Social y las otras de la póliza general del fondo de pensiones y del complemento de una póliza de la firma Caser, que garantiza la cifra a la que tengo derecho…".

Fiscal: "¿Cuál es su retribución?".

Gayoso: "Mi retribución neta como jubilado son 300.000 y algo mil euros al año".

Fiscal: "Ha salido perjudicado; comparado ha cobrado bastante menos. Perjudicado con respecto a lo que se han llevado Pego, Estrada y Gorriarán…".

Gayoso: "Yo llevo 64 años, y se cubren con aportaciones de 64 años. Venimos de un atrás y no hablamos de estos años de una época que la caja hacía estudios de mercado y mi estatus estaba en esa media".

José Luis Méndez

El que fuera director general de Caixa Galicia durante 29 años, José Luis Méndez, fue el banquero gallego que más dinero recibió tras su jubilación a los 65 años de la entidad financiera, con 16,5 millones de euros. Sin embargo no se encuentra entre las personas contra las que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido su investigación,

Durante el interrogatorio a Gayoso, la fiscal trató de conocer si los directivos imputados habían informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las indemnizaciones:

Fiscal. ¿Le mandan una copia de los contratos a la CNMV?

Gayoso: "No sé decirle".

Fiscal. "Pero tienen obligación legal, ¿no?".

Gayoso: "No sé. A lo mejor se mandaron, yo desconozco ese dato. Sí sé que se mandaron al Banco de España, que nunca se opuso ni dijo nada".

Fiscal. "Bueno, eso parece que no es como usted dice. Los servicios de inspección del Banco de España se reúnen con Pego. Y no acceden a su pretensión de permitir las indemnizaciones. El Banco de España no accedió, por lo que no estaba muy de acuerdo...".

Gayoso. "Yo creo que el Banco de España tenía toda la información y se establece una cifra global y se dice que se dote. El Banco de España estaba informado".

La fiscal vuelve a interesarse sobre las indemnizaciones, preguntando sobre si el resto de empleados puede prejubilarse con menos de 55 años como los altos directivos.

Fiscal: "¿Se pueden prejubilar aunque lo hagan mal?"

Gayoso: "Los altos directivos empiezan en la caja desde abajo del todo y van creciendo y llegan a los primeros puestos directivos. Son, entre comillas, los culpables del éxito de la caja. La caja se convierte en la líder financiera de Galicia. No se trata igual a la hora de establecer esas compensaciones a los altos directivos, . No tienen la misma responsabilidad que el resto de los empleados, pero esa posibilidad existe para otros directivos como demuestra el caso de que de 18 posibles en dos se practicó. Y el resto se entendió que no merecían ese premio".

Fiscal. "Ha dicho que los directivos poseen ventajas porque son los culpables del éxito. ¿Considera que las indemnizaciones de Pego, etc. corresponden al éxito obtenido en la gestión de la caja?".

Gayoso: "Sí. Sin duda ninguna, relación de causa efecto. Desde el comité de dirección… algunos han estado 25 años por lo tanto merecen ese tratamiento".

La fiscal interroga a José Luis Pego sobre su indemnización, asegurando que todo parece que tenía "barra libre en materia de prejubilación": "Con el 100% de su sueldo que ascendía a más de 600.000 euros. A mí esto me parece un blindaje o un paracaídas de oro. ¿A usted no?".

Pego: "Yo no soy abogado y hay informes de la auditoría externa y del Banco de España que dicen que no hay blindajes ni indemnizaciones", trata de zanjar el ex director general de Caixanova ante el juez Ismael Moreno, que ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a la cúpula de Novacaixagalicia. (Con la excepción de José Luis Méndez, principal responsable de Caixa Galicia durante casi tres décadas).

Los consejeros de NCG Banco ganaron un millón de euros en 2012, lo que supone un 4,93% más que en 2011, año en el que fueron nombrados, en el mes de septiembre, con la constitución formal de la entidad; mientras que los miembros de la alta dirección ingresaron 2,1 millones de euros, un 25% más que el año anterior.

Así figura en el informe anual de gobierno corporativo del banco, controlado en un 100% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que la entidad ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los máximos ejecutivos de las entidades nacionalizadas tienen limitadas sus retribuciones a 300.000 euros.

En el documento consta que, del millón de euros percibido por los nueve consejeros –tres de ellos representantes del FROB–, 577.000 euros (un 5,5% más que en 2011) corresponden a la retribución fija y 423.000 a dietas (un 11,9% más que el año anterior).

Por otra parte, se han eliminado otro tipo de remuneraciones, que el ejercicio anterior supusieron ingresos por 28.000 euros, y se han reducido un 95,9% las dietas por la representación en otras entidades que forman parte del grupo, que pasan de 317.000 euros en 2011 a 13.000 en 2012.

Cargos de los máximos directivos

El documento remitido por la entidad especifica que el presidente ejecutivo de NCG Banco, José María Castellano, es también el representante de la entidad en el Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y en Cecabank, así como el presidente y consejero delegado de NCG Corporación Industrial y el representante en Medios Audiovisuales de Galicia SL.

En cuanto al consejero delegado de NCG, César González-Bueno, figura como representante en Caser y en Lico Corporación, además de desempeñar las tareas de vicepresidente del consejo de Banco Gallego y vicepresidente de NCG Corporación Industrial. Por último, José Antonio Portugal, uno de los tres representantes del FROB en el consejo de NCG, ejerce como consejero en el Banco Gallego.

Respecto a la alta dirección, la entidad indica que forman parte de ella el director general de Novagalicia, Juan Francisco Díaz Arnau; el de la Ugas, Francisco José Zamorano; el de Mayorista, Fernando Vázquez de Lapuerta; el de Riegos, Domingo González Mera; la de Medios, Idoia Maguregui; el director Financiero; Alberto de Francisco; el de Sistemas, José Manuel Valiño; el de EVO Banco, José Luis Abelleira; y la de Recursos Humanos, María Camino. Son, en total, nueve cargos, uno más que en 2011.

El informe indica que NCG Banco realizó en 2012 una operación con uno de sus consejeros, Roberto Tojeiro –quien dejó el cargo el pasado noviembre–, al que vendió un local comercial por 74.000 euros.

"Por motivos personales"

Precisamente, el documento detalla que durante 2012 se produjeron las renuncias como consejeros de Julio Fernández Gayoso y Mauro Varela, quienes eran copresidentes de Novacaixagalicia, en febrero y por "motivos personales", mismo motivo alegado posteriormente por Tojeiro.

Además, renunciaron Gonzalo Ortiz y Pilar Cibrán en diciembre, al dejar de ser accionista la entidad a la que representaban, Novacaixagalicia. La caja, ahora fundación, perdió su participación con la operación acordeón aplicada en la entidad, que dejó el 100% del banco en manos del FROB.

El texto apunta que el pasado 5 de marzo se sustituyó a González-Bueno por Zamorano como representante en Lico y que el 6 de ese mismo mes el FROB nombró como consejero independiente en NCG Banco a Jaime Requeijo.