¿Ha recibido Mariano Rajoy alguna clase de compensación económica por parte de Francisco Riquelme, su sustituto como “registrador accidental permanente” en la localidad alicantina de Santa Pola? ¿Se repartieron ambos a partes iguales los beneficios del citado registro entre los años 1990 y 1998? ¿Por qué Rajoy no pidió el pase a servicios especiales hasta noviembre de 1985, 14 meses después de que la Ley de Incompatibilidades prohibiese cobrar como registrador y como cargo público? Estas son tres de las preguntas que el semanario Ahora trasladó el pasado 8 de diciembre al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al actual director general de Registros, Javier Gómez Gálligo. Ninguno de los dos respondió, tal y como revela la publicación dirigida por Miguel Ángel Aguilar en su número de esta semana.

Ahora dedica un amplio reportaje a abordar el pasado y el presente de Mariano Rajoy como registrador de la propiedad, así como a analizar la situación de este particular cuerpo de funcionarios que ejercen sus funciones en régimen de monopolio y obtienen a cambio unos ingresos medios que superan los 300.00o euros anuales.

El semanario asegura que Riquelme se hizo con el puesto de Rajoy en Santa Pola porque el hoy presidente del Gobierno así se lo pidió a los dos registradores que tenían derecho a la plaza, Pilar Ludueña y Francisco Pérez de la Cruz, saltándose el cuadro de sustituciones.

La situación de Riquelme fue solucionada años más tarde, siempre según el mismo medio, a través de una reforma del Reglamento Hipotecario promulgada en 1998, precisamente cuando Rajoy era ministro de Administraciones Públicas. La modificación del artículo 552 “atornilló la posibilidad de que Rajoy continuara como titular y que Riquelme pudiese estar de modo indefinido como 'registrador accidental permanente”.

Expertos consultados por Ahora aseguran que esta situación contradice lo previsto por el artículo 5 de la Ley de Conflictos de Intereses, que prohíbe a un alto cargo “desempeñar por sí, o mediante sustitución, cualquier otro puesto de carácter público o privado”.

El semanario se hace eco también de la investigación llevada a cabo por infoLibre en torno al expediente secreto de Rajoy y su actividad como registrador, así como de la recogida de firmas para exigir que se haga pública toda la información que el Gobierno declaró secreta en 2001.

Lo que sí sabemos es que todos los pronósticos coinciden en dar la victoria al PP, con mayor o menor holgura. Triunfa por tanto entre su público fiel el eslogan esencial de Mariano Rajoy: “Lo que necesitamos es garantizar un gobierno normal, de gente normal, con sentido común”. Y esta es probablemente la almendra de lo que puede ocurrir el 20-D si una mayoría alternativa no rechaza en las urnas la peligrosa “normalidad” en la que se envuelve Mariano Rajoy.

– No es normal que un presidente de Gobierno se presente a la reelección después de haber aplicado medidas exactamente contrarias a las del programa con el que fue elegido. (Impuestos, sanidad, educación, prestaciones por desempleo, dependencia, deuda pública, caja de la Seguridad Social…)

– No es normal que continúe siendo presidente del Gobierno y del PP quien envió SMS de apoyo y ánimo a su tesorero después de conocerse que este ocultaba cuentas millonarias en Suiza: “Hacemos lo que podemos”.

– No es normal que quien lleva siendo presidente del PP desde el 2 de octubre de 2004 se niegue a asumir responsabilidad alguna sobre la financiación irregular del partido, el dinero negro con el que se pagaban actos electorales y obras en la sede nacional o sobresueldos que él mismo habría cobrado durante años. (Todo ello documentado en los procesos judiciales en marcha).

– No es normal que presuma de luchar contra la corrupción quien despachó de entrada la trama Gürtel adjudicándolaa una especie de conspiración universal, quien permitió el borrado a martillazos de los discos duros que guardaban las pruebas de la contabilidad paralela de Bárcenas o quien autorizó al PP a presentarse como acusación particular en un proceso en el que era parte acusada.

– No es normal

que siga al frente del partido gobernante quien autorizó pagar los máximos sueldos en la estructura del mismo durante años a varios de los implicados en el escándalo Gürtel.

– No es normal que ni el presidente ni su ministro de Economía asuman la menor responsabilidad sobre un rescate financiero causado por la desastrosa gestión de Bankia, después de proclamar que la ayuda no costaría “un solo euro a los españoles” y después de admitir que se da por perdido el 72% del dinero público inyectado.

– No es normal que el presidente se encoja de hombros y responda con un “no sé qué decir” cuando se le pregunta por Rodrigo Rato, y mucho menos que ni siquiera dé una explicación sobre el hecho de que el ministro del Interior recibiera a Rato en su despachooficial cuando ya estaba imputado por graves delitos de corrupción.

– No es normal que el presidente tampoco tuviera nada que decir sobre el hecho de que su ministro de Economía hiciera gestiones para Francisco Granados cuando este ya estaba imputado por graves delitos de corrupción.

– No es normal que en plena campaña electoral sepamos que un diputado del PP y un embajador y exdiputado han compaginado sus cargos con el cobro de comisiones millonarias por gestiones para empresas y que al presidente le parezca “absolutamente normal”, y que no sea capaz de retirar de sus listas a uno de los implicados.

– No es normal que Mariano Rajoy presuma de transparencia pero se niegue a hacer público su propio expediente como registrador de la propiedad, declarado secreto por el ministerio de Justicia como si se tratara de un asunto de seguridad nacional. Aunque se lo pidan por escrito más de 123.000 ciudadanos, Rajoy sigue sin aclarar durante cuánto tiempo cobró a la vez como político y como titular de una plaza de registrador de la que sigue siendo titular en excedencia después de 32 años.

– No es normal la indignada explicación que Rajoy dio este miércoles en la cadena SER sobre el ‘cara a cara’ con Pedro Sánchez: “Yo puedo aceptar que se me interrumpa en un debate una, dos veces, tres veces o que se falseen los datos; a lo que no estoy dispuesto es a que alguien ponga en tela de juicio mi honorabilidad…” (Así que “falsear datos” es lo “normal”).

– No es normal que lo primero que hiciera Rajoy con su mayoría absoluta fuera derogar la ley que garantizaba una radiotelevisión pública no gubernamental para llevarla a las cotas más vergonzosas de manipulación informativa, como han denunciado los propios profesionales de RTVE.

Nada de esto es normal. De hecho es tan inconcebible en cualquier democracia occidental como las llamadas ruedas de prensa sin preguntas o la negativa a debatir con otros candidatos a la presidencia a los que sí llama Rajoy para consultar “asuntos de Estado”. Enviados especiales de prensa extranjera a cubrir estas elecciones alucinan al enterarse de que el ministro del Interior, responsable de la seguridad nacional, dice que habla con Dios y le pregunta a veces por qué le ha “colocado” en el cargo. (Cuando además comprueban que Jorge Fernández Díaz ha condecorado a la Virgen, directamente los corresponsales se descojonan).

Y todo esto no tiene la menor gracia. Ni sería posible sin el importante descalabro que sufre en España la libertad de información, condicionada por las dependencias políticas pero sobre todo económico-financieras. No se trata del zarandeado prestigio de la Marca España (si alguna vez existió). Se trata de que los efectos de la crisis económica, de la corrupción y de la aplicación de duros recortes sociales han provocado una convulsión política, la aparición de nuevos partidos y la renovación interna (con mayor o menor acierto y celeridad) de otras formaciones. Incluso la abdicación del anterior monarca se precipitó. Pero en el liderazgo Partido Popular nada se ha movido. Y no es normal.

La democracia, en serio, para ser sólida y estable exige una verdadera normalidad.

La petición para exigir a Mariano Rajoy que haga público su expediente como registrador de la propiedad ha superado las 125.000 firmas. El objetivo de la iniciativa, alojada en la plataforma change.org desde el sábado 5 de diciembre, es conocer hasta qué fecha simultaneó Rajoy sus ingresos como cargo público con los que obtenía de los diferentes registros que fue teniendo a su cargo a lo largo de su carrera profesional.

Esta información, como ha desvelado infoLibre, fue declarada secreta y escondida en un archivo de seguridad en el año 2001 por el Gobierno de José María Aznar. En aquel momento el hoy presidente del Gobierno llevaba 11 años en situación de servicios especiales gracias a la excedencia que consiguen automáticamente los diputados. El 27 de febrero de aquel año Rajoy cesó como ministro de Presidencia para asumir la cartera de Interior.

El PP nunca ha aclarado las dudas derivadas de la doble situación como registrador y cargo público que desde 1981 afecta a su candidato. El expediente que el Gobierno oculta contiene información acerca de los registros a cuya titularidad había ido accediendo desde su entrada en este cuerpo de funcionarios en 1978 y las solicitudes de compatibilidad de cargo público que sucesivamente elevó para mantener la titularidad de cada registro en cuestión.

¿Por qué ordenó el Gobierno del PP ocultar el historial legal

de Mariano Rajoy como registrador? De momento, no hay respuesta para la pregunta. Como no la hay para la forma en que el hoy presidente compatibilizó a partir de 1981 sus cargos públicos con el rango de titular de sucesivos registros de la propiedad.

Sólo hay una manera de saberlo y es exigiendo al presidente de Gobierno Mariano Rajoy, haga público su expediente secreto. Firma la petición. ¡Actúa!

¿Tendrá acaso Mariano el don de la ubicuidad?

El director de infoLibre, Manuel Rico, fue entrevistado este jueves en 'El Intermedio' de laSexta, donde explicó las sombras de la actividad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como registrador de la propiedad.

"En el tema del expediente de Rajoy hay trabas ahora y viene de antiguo", comenzó Rico, que hizo hincapié en que "la única forma que tenía Rajoy para cumplir la ley era estar a la vez en Santiago y en Santa Pola", algo bastante improbable, ya que "solo hay algo más de 1.000 kilómetros de distancia".

En este sentido, Rico explicó que infoLibre ha preguntado en varias ocasiones al presidente del Gobierno sobre distintos aspectos de #expedienteRajoy, no obteniendo nunca respuesta. "La última forma de conocer la actividad de Rajoy como registrador era que preguntase Bertín, pero él marcó todos los goles", bromeó.

Preguntado por Wyoming sobre qué puede pasar tras la publicación de estas informaciones, el director de infoLibre lamentó: "Si no han tenido consecuencias los SMS de 'Luis sé fuerte', sería un milagro que esto las tuviera".

Puedes consultar el dossier #expedienteRajoy aquí. Además, este periódico ha puesto en marcha una campaña de firmas a través de Change.org para exigir a Rajoy que haga público su expediente como registrador de la propiedad. Una iniciativa a la que ya se han sumado más de 26.000 personas.

Pese a las múltiples proclamas del PP sobre las bondades de la transparencia, acaba la legislatura y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue ocultando datos esenciales sobre su carrera como registrador de la propiedad. Lo único que se sabe con exactitud es que 32 de los 34 últimos años ha estado en excedencia y no ha ejercido su profesión, al ser incompatible con los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981.

infoLibre desveló que, al menos mientras se lo permitió la ley, cobró por partida doble: como político y como registrador. También descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador.

Pero hay otras cuestiones que siguen siendo un misterio. Entre ellas, por qué decidió cobrar al mismo tiempo como político y como registrador, qué ingresos obtuvo como registrador o si llegó a cobrar de forma irregular. Rajoy tampoco ha explicado por qué no ha pedido la excedencia en 30 años.

El diputado de IU Gaspar Llamazares, que preguntó en varias ocasiones por este asunto durante esta legislatura en el Congreso, señala a infoLibre que las respuestas que obtuvo "siempre" fueron "elusivas" y, en algunos casos, "ambiguas".

PREGUNTA: ¿Qué valoración hace de las respuestas que obtuvo a las preguntas formuladas durante esta legislatura relacionadas con la actividad como registrador de la propiedad de Mariano Rajoy?

RESPUESTA: Yo he hecho una serie de preguntas casi de persecución porque las respuestas siempre han sido elusivas y en algunos casos ambiguas. En definitiva, lo que ha intentado el presidente del Gobierno es dejar en la más completa oscuridad la situación en la que se encuentra su profesión como registrador. Creo que eso demuestra esa alergia que le tiene el Gobierno a la transparencia pero también, desde el punto de vista personal, deja entrever cuáles son las hipotecas del propio presidente del Gobierno.

Yo tengo una discrepancia conceptual respecto al tema de los registradores. Es difícil aceptar que un país tenga al mismo tiempo en una misma figura un empleado público y un gestor privado. Es un imposible metafísico. Una segunda cuestión es la retribución escandalosa a que lleva este tipo de gestión privada y que puede multiplicar por diez, por veinte o por más el propio salario del presidente del Gobierno. Estas dos cuestiones tienen mucho que ver con una tercera, que está en el trasfondo de la ambigüedad o el ocultamiento de Rajoy, y que tiene que ver con qué papel juega su registro de procedencia. En definitiva, hay un debate con respecto a la interinidad y la persona que está ejerciendo el papel de sustituto en el registro y eso Rajoy nunca lo ha querido aclarar.

P.: ¿Considera que es una anomalía estar durante 32 años en situación de servicios especiales?

R.: En relación al tema del cargo público debería ser compatible mantener en el período de cargo público la excedencia en tu profesión de origen, pero en otras circunstancias sí sería extraño. Rajoy estuvo durante un tiempo cobrando dos sueldos. Parece que hay una compatibilización en el marco de la ley, pero hay otros meses en los que no está muy claro que fuera legal. Desde luego, en mi opinión no es ético desde ningún punto de vista teniendo en cuenta además el peculiar tipo de funcionario del que estamos hablando, un alto funcionario con unas retribuciones escandalosas.

P.: Usted se ha referido a que hay "otros meses" en los que "no está claro" que Rajoy cumpliera la ley al cobrar dos sueldos. De acuerdo con la información que figura en su expediente, cobró de forma irregular durante 464 días del Registro de Berga. ¿Cree que el presidente debería aclarar este punto?

R.: Sí, claro que debería aclararlo. Pero igual que no ha aclarado el tema de los sobres, ni la financiación ilegal de su partido… mantiene una actitud similar respecto a su situación personal. Lo que viene a decir poco más o menos es que este tema sólo le interesa a él y que, por lo tanto, no va a dar más explicaciones. Desde el momento en que dice que ha renunciado y que no cobra dos sueldos… parece que considera que no tiene que dar más explicaciones. Hasta ahora lo que ha hecho es reiterarse en esa cerrazón para no informar.

P.: El Gobierno de Aznar ocultó en un “archivo de seguridad” el expediente de registrador de Rajoy. ¿Cree que este documento debería publicarse? ¿Considera que Rajoy debería explicar si tuvo o no conocimiento de la decisión de ocultarlo bajo llave?

R.: Por supuesto que tiene que dar explicaciones. El archivo de ese expediente no me parece casual. Creo que forma parte de la misma estrategia de ocultamiento y de la alergia que tiene el Gobierno y el presidente a la transparencia y al ejercicio cabal de la incompatibilidad. Hay incompatibilidad legal e incompatibilidad ética… y sólo conocemos por parte del Gobierno la resistencia a ser transparentes y a informar con claridad de la situación personal del presidente del Gobierno, del partido o de la sede. No me parece que éste sea un hecho excepcional sino que forma parte de la anormalidad con la que el Gobierno y el PP gestionan los recursos públicos.

P.: ¿Cree que durante esta legislatura el PP ha contribuido a consolidar los privilegios del colectivo de registradores?

Creo que les ha puesto en evidencia y que por eso ha tenido que dar marcha atrás en algunas de sus decisiones. El Gobierno tenía prevista una compensación que sí ha hecho con los notarios porque forma parte de la concepción privatizadora que tiene el PP de la Administración pública. En el momento en que tú privatizas funciones, esas funciones pasan a manos de ámbitos como puede ser el de los registradores de la propiedad, los registradores mercantiles… o también los notarios. En la época de Gallardón el PP tenía mucho más de lo que se ha hecho porque ha habido mucha oposición por parte de la función pública y de las fuerzas políticas.

Es que además esa resistencia y esas denuncias han puesto en la picota a la profesión y una parte de ella se ha echado atrás. Eso ha dividido a los registradores y ha impedido que, por ejemplo, saliera adelante la iniciativa de mercantilizar el registro civil, aunque sí lo ha hecho con el de la nacionalidad. El miedo real de los registradores es la UE.

P.: ¿Por qué dice que temen a Europa? 

R.: La Unión Europea ha hecho varios informes negativos sobre el modelo de registro de la propiedad en España. En Francia, el Gobierno de Hollande, en las medidas de competitividad recortó el modelo de gestión privada para reconducirlo hacia un modelo de función pública… y creo que aquí una parte de los registradores lo que han temido es que este exceso de celo en la etapa de Gallardón pudiera atornillarles.

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Miles de personas han respaldado con su firma una campaña en Change para que Mariano Rajoy haga público su expediente secreto de registrador. Puedes firmar aquí: 

El Gobierno de José María Aznar dio instrucciones en 2001 al Ministerio de Justicia para esconder en un “archivo de seguridad” el expediente de Mariano Rajoy como registrador de la propiedad.

Rajoy estaba entonces a punto de cumplir 11 años como registrador en servicios especiales –la excedencia concedida a los diputados– y se preparaba para pasar del Ministerio de la Presidencia al de Interior.

El expediente de Rajoy, sobre cuya doble condición de registrador y cargo público nunca ha dado explicaciones el PP, contenía lo que todos los historiales de esa naturaleza: los registros a cuya titularidad había ido accediendo desde su entrada en este cuerpo de funcionarios en 1978 y las solicitudes de compatibilidad de cargo público que sucesivamente elevó para mantener la titularidad de cada registro en cuestión.

¿Por qué ordenó el Gobierno del PP ocultar el historial legal de Mariano Rajoy como registrador? De momento, no hay respuesta. Como no la hay para la forma en que el hoy presidente compatibilizó a partir de 1981 sus cargos públicos con el rango de titular de sucesivos registros de la propiedad. ¿Hasta cuándo simultaneó Rajoy sus ingresos como cargo público con los de los registros que fue teniendo a su cargo?

Sólo hay una manera de saberlo y es exigiendo al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que haga público su expediente secreto. Firma la petición. ¡Actúa!

¿Qué leer?

Rajoy incumplió la legislación cuando fue registrador en Santa Pola.

El Gobierno de Aznar ocultó su expediente de registrador en un “archivo de seguridad”.Las siete preguntas que no responde el registrador Rajoy.

¿Qué ver?

Vïdeo: Miguel Ángel Aguilar habla sobre el Rajoy registrador

Vídeo: El PSOE pide explicaciones en el Congreso

¿Qué hacer?

Apoya y difunde esta petición en Change.org.

El traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores de la Propiedad y mercantiles queda enterrado definitivamente con las enmiendas al proyecto de ley del Gobierno que todos los grupos parlamentarios han firmado y registrado la tarde del jueves en el Congreso. Finalmente, la Ley del Registro Civil de 2011 no entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2017, en lugar del 15 de julio próximo como estaba previsto.

Se trata, pues de la tercera vacatio legis que sufre esta norma. Y reproduce la petición que le habían hecho los sindicatos al Ministerio de Justicia, que en principio había anunciado una prórroga de sólo un año.

Además, todos los grupos se han puesto de acuerdo en que deben quedar derogadas las cinco disposiciones adicionales de la Ley 18/2014, de 15 de octubre que encomendaron la gestión del Registro Civil a los registradores e imponían un sistema informático único tanto para las oficinas de ese organismo como para las de los registros de la Propiedad y mercantiles y para las consulares. Sí se mantiene, en cambio, la disposición que garantizaba la gratuidad de los servicios que el Registro Civil presta a los ciudadanos.

La iniciativa llega tras una tramitación en el Congreso que se prolongaba desde el pasado mes de septiembre y tras una polémica que no ha cejado: todos los sectores implicados, desde los funcionarios de Justicia hasta los jueces, los secretarios judiciales y los propios registradores se han opuesto frontalmente al traspaso del Registro Civil en los términos diseñados por el Gobierno. Primero por Alberto Ruiz-Gallardón y después por Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia.

Ni siquiera el intento de este último por enmendar la reforma del primero ha conseguido superar los numerosos obstáculos que han bloqueado el proyecto. Sindicatos, oposición, funcionarios y jueces rechazaban una reforma que consideran una “privatización” del Registro Civil. Ni siquiera los registradores, en principio beneficiarios de la medida, la apoyaban. Acusaban al ministerio de endosarles un trabajo añadido sin haber calculado el coste. El contrato para desarrollar la plataforma informática, además, sembró la división en el gremio, que veía en la adjudicación un “pelotazo” instado por un puñado de registradores próximos al hermano del presidente del Gobiernopróximos al hermano del presidente del Gobierno, también registrador como él.

De hecho, Justicia llegó a adjudicársela, a través de un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, Isdefe, a dos empresas, Indra y Telefónica. Tras la llegada de Catalá al departamento, la adjudicación decayó. Sin embargo, el Colegio de Registradores incluyó en sus presupuestos para este año una partida de 18,6 millones de euros para desarrollar el nuevo sistema informático. Indra y Telefónica son algunas de las empresas con las que el órgano colegiado contrató esos trabajos, ahora con destino incierto.

Cobrar o no cobrar

Los registradores no querían sufragar el Registro de sus propios bolsillos y, mientras el ministro Catalá reiteraba en sus declaraciones públicas que los servicios al ciudadano iban a seguir siendo gratuitos, el Colegio Oficial negociaba con Justicia en una comisión ad hoc qué trámites iban a empezar a cobrarse y cuáles no.

Antes, el Consejo de Estado había inutilizado, con un duro dictamen, la Corporación de Derecho Público, una suerte de colegio de registradores paralelo, que Ruiz-Gallardón había diseñado para hacerse cargo de los nuevos registros integrados.

Durante los últimos meses los sindicatos de funcionarios del Registro no han dejado de movilizarse para exteriorizar su rechazo al traspaso a los registradores. Y los secretarios judiciales, de repetir su disposición a hacerse cargo de esas oficinas. Una opción que rechazó Ruiz-Gallardón y no satisface tampoco a Catalá. Cuando éste anunció que la reforma quedaba en suspenso, en cualquier caso, abrió la puerta a negociar con todas las partes implicadas el diseño de un nuevo modelo. Será el que salga del anteproyecto de ley que continúa ahora su tramitación en las Cortes, quizá con mayor consenso que hasta ahora a la vista de la iniciativa conjunta que ha quitado el Registro Civil de las manos de los registradores mercantiles.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido una instrucción del Ministerio de Justicia que aumenta el número de trámites que las empresas deben cumplimentar en los registros mercantiles y, por tanto, amplía el abanico de ingresos de los registradores. En un auto con fecha del pasado lunes, el TSJM accede así a la petición de Emisores Españoles, una asociación integrada por 39 grandes empresas, que representan más del 50% del mercado bursátil español y el 60% del Íbex 35, desde Abertis, Caixabank y Endesa hasta Inditex, Banco Santander o Sacyr.

Emisores Españoles presentó un recurso contencioso-administrativo contra esa instrucción, de 12 de febrero de este año, porque creen que la Dirección General de los Registros, que la emitió, se ha “extralimitado” en sus funciones modificando la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para suspender la instrucción, que obliga a las empresas a presentar sus libros comerciales “telemáticamente” antes de mañana, día 30, el tribunal atiende al “riesgo gravísimo” que corre la información “confidencial y privilegiada” de las compañías al ser comunicada al Registro Mercantil. El recurso alerta ante la “ausencia” en la instrucción del ministerio de “protocolos para evitar el uso indebido” de esa información por parte de los registradores o del resto del personal del Registro Mercantil. Como el acceso a los datos de ese registro es público, las empresas temen que pueda caer “en manos de terceros”. Y, tratándose tanto de “actuaciones ya realizadas como de planes de futuro”, su publicidad puede “afectar gravemente a la estrategia del negocio” y perjudicar al interés empresarial.

Aplica la Ley de Emprendedores

La instrucción del 12 de febrero suprime los libros “en blanco”, que hasta ahora utilizaban las sociedades mercantiles para “rellenar” con sus actos comerciales a lo largo de los años. En su lugar, las empresas deben inscribir cada año “todas las actas de reuniones de los órganos colegiados, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único”. Esta circular de Justicia aplica el artículo 18 de la Ley de Emprendedores, que obliga a las sociedades a presentar todos sus libros “telemáticamente” en el Registro Mercantil en los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio.

Como mínimo las empresas deben legalizar ahora anualmente cuatro libros: el de inventario y cuentas anuales, el diario, el libro de actas de la junta de accionistas y de los órganos colegiados de la sociedad, y el libro registro de socios –las sociedades limitadas– o de acciones nominativas –las anónimas–. Las sociedades unipersonales también deben presentar el libro de registro de contratos entre el socio único y la sociedad. Y se pueden legalizar igualmente libros auxiliares y otros de detalle o de actas con periodicidad menor de un año. Según el auto del TSJM, la instrucción de Justicia “no contiene la más mínima regulación sobre las exigencias de salvaguarda” de toda esa información. Sólo una “referencia genérica” a la Ley de Protección de Datos que el tribunal considera insuficiente.

Además, la obligación de legalizar esos libros la ha extendido Justicia de las sociedades de capital a las uniones temporales de empresas, comunidades de bienes, asociaciones de cualquier clase y fundaciones. Según Emisores Asociados, se trata de otra extralimitación de la Dirección General de los Registros, que sólo puede aprobar “circulares y órdenes de servicio dirigidas exclusivamente a los registradores, pero carece de facultad reglamentaria”.

“Ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni en ninguna otra ley”

No obstante, el tribunal desiste de entrar en el fondo del recurso, si es legal la instrucción o su alcance reglamentario. En cualquier caso, las grandes empresas acusan a Justicia de haber modificado con una mera circular de la Dirección General de los Registros la Ley de Sociedades de Capital, puesto que “regula las funciones de la junta general de accionistas”: ésta debe ahora ratificar las actas que se incorporen al libro correspondiente.

También le reprochan que haya invadido la Ley de Enjuiciamiento Civil al regular el procedimiento con que los registradores emitirán, a petición de un juez, los certificados que acrediten las legalizaciones de libros practicadas por las empresas. Es más, los recurrentes aseguran que la instrucción de Justicia permite que terceros pidan al Registro Mercantil certificaciones de esos libros para utilizarlos ante los jueces. Y ésa es una “cuestión que no está regulada ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni en ninguna otra ley”, advierten.

Si bien en su exposición de motivos la circular de Justicia establece como objetivos “unificar criterios, dar mayor claridad, economía y seguridad al trámite” de la legalización de los libros comerciales, además de “simplificar el sistema de empaquetado de archivos” respecto del formato anterior, las empresas recurrentes denuncian que, por el contrario, su aplicación ha sido “heterogénea”. Los registros mercantiles, aseguran, “no han seguido criterios uniformes”, lo que ha generado “mucha confusión y división de opiniones, no sólo doctrinal o entre los empresarios, sino también entre los propios registradores”.

En España existen 3,12 millones de sociedades mercantiles, además de 111.771 comunidades de bienes. Por legalizar los cuatro libros obligatorios una empresa paga ahora unos 62 euros, IVA incluido.

El colectivo de registradores continúa acaparando funciones y beneficios bajo el paraguas del Gobierno de Mariano Rajoy. El líder del Ejecutivo integra precisamente este cuerpo de funcionarios del Estado y lleva muy a gala haberse convertido, con 24 años, en el registrador más joven de España. Primero fueron los beneficios que les concedió en la Ley de Emprendedores, que podrían ascender a 150 millones de euros. En esa misma norma, publicada en el BOE el pasado 28 de septiembre, el Gobierno aprovechó para atender una vieja reivindicación de los registradores: dejar de trabajar los sábados. Y, ahora, el Ejecutivo prepara el terreno para que asuman funciones reservadas a los jueces, asunto que también les permitirá incrementar la facturación.

Esta última iniciativa tiene fecha de este jueves. El Consejo de Ministros dio luz verde el anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. Un texto que, según el Ministerio de Justicia, pretende simplificar y actualizar "los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia pero en los que sí se necesita que intervenga un órgano judicial para la tutela de determinados derechos e intereses relativos al Derecho Civil y Mercantil". El objetivo declarado es descargar de trabajo a los jueces y encomendárselo a notarios y a registradores de la propiedad y mercantiles.

Concretamente, en el caso de los registradores, el anteproyecto preparado por el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, les atribuye tres competencias que no tenían: la convocatoria de junta general de las sociedades [una labor que a día de hoy realizan los jueces de los Mercantil], la constitución del sindicato de obligacionistas cuando no sean las entidades emisoras las que llevan a cabo su constitución y el nombramiento de auditor para el examen de las cuentas anuales.

Cada uno de estos conceptos tendrá su arancel correspondiente. Fuentes de Justicia consultadas por infoLibre mantuvieron ayer que para el tema de los registradores todavía no manejan cifras aproximadas y que estas serán fijadas por el Gobierno en el texto definitivo que acompañe a la ley. No ocurre lo mismo con el caso de los notarios. Entre otras funciones, este anteproyecto de ley permite que estos profesionales tramiten expedientes de matrimonio y divorcio, y el precio para ambos procesos ya está fijado: 95 euros. El propio Ruiz-Gallardón defendió en rueda de prensa que se trata de una cantidad inferior a la que se paga en algunos ayuntamientos en concepto de celebración de estas uniones.

el presidente no se inhibió

Que esta medida repercutirá de manera positiva sobre el bolsillo de los registradores no ofrece ningún tipo de duda. En este sentido, ¿debió el presidente del Gobierno inhibirse al tratarse de una decisión que beneficia a un colectivo del que forma parte?

La pregunta fue puesta sobre la mesa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ruiz-Gallardón no quiso precisar si Rajoy se había inhibido apelando al secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. No obstante, de su respuesta puede desprenderse que no ocurrió así. "Yo soy fiscal de carrera. Si yo tuviese que inhibirme en todas las leyes que viernes tras viernes vamos trayendo al Consejo de Ministros por mi condición de fiscal de carrera, es que probablemente no podría ejercer como ministro de Justicia. Los supuestos de inhibición que están regulados en nuestra legislación afectan única y exclusivamente a aquellos casos en que exista interés de carácter personal", manifestó.

Acto seguido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría respaldó la tesis de su compañero: “Pues imagínese yo [dijo al periodista] que soy funcionaria de la Administración General del Estado…"

El pasado octubre, el Gobierno respondió por escrito una pregunta parlamentaria de la diputada del Grupo de la Izquierda Plural Laia Ortiz en la que apuntaba que, desde la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, los miembros de su gabinete se han inhibido en 12 ocasiones. Ninguna de ellas corresponde al presidente del Gobierno.

Descansar los sábados

La de este jueves no ha sido la única medida adoptada por el Ejecutivo de Rajoy para beneficiar a los registradores de la propiedad. Hace poco más de un mes, era aprobada la Ley de Emprendedores. Según avanzó este diario, el texto de su articulado establece que los autónomos que pretendan proteger su vivienda habitual de posibles embargos por deudas profesionales deberán inscribirse como “emprendedores de responsabilidad limitada” en el registro mercantil y dejar constancia del blindaje del inmueble en el registro de la propiedad. 

Traducida a cifras esta iniciativa, sólo con que dos de cada tres emprendedores decidan proteger su vivienda, los casi 1.200 registradores españoles se repartirán 152 millones de euros. Según fuentes del Ministerio de Justicia, los trámites exigidos por la nueva norma legal implicarán un coste de 76 euros por persona.

No es esta la única ventaja que recoge el articulado de esta ley para los compañeros de Mariano Rajoy. En su artículo 19, bajo el epígrafe "organización de los Registros", modifica la jornada laboral de los registradores de la propiedad excluyendo a los sábados, cosa que no ocurría hasta ahora: "El Registro de la Propiedad y Mercantil estará abierto al público a todos los efectos, incluido el de presentación de documentos, de lunes a viernes desde las nueve a las diecisiete horas, salvo el mes de agosto y los días 24 y 31 de diciembre en que estará abierto desde las nueve a las catorce horas", reza el texto.

Los registradores de la propiedad cobran los aranceles que para su función establece el Gobierno. Son después los titulares del registro los encargados de efectuar los pagos al personal laboral que tengan a su cargo y de hacer frente a los gastos de la oficina.

A diferencia de los notarios, que también cobran mediante aranceles, en el caso de los registradores no existe competencia. Es decir, es un mercado cerrado. Los ciudadanos no pueden escoger el registro en el que efectuar los trámites, sino que deben ir siempre al que les corresponde. A partir de ahora, no podrán hacer los trámites en sábado.

El Expediente de registrador del presidente Rajoy

Según adelantó infoLibre el pasado 11 de septiembre, el Gobierno de Aznar ocultó en un "archivo de seguridad" el expediente de registrador de Rajoy, una información que condujo a Izquierda Unida a presentar una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados.

Estas cuestiones seguirán siendo un misterio. El Gobierno contestó la semana pasada a IU pero sin responder a las preguntas demandadas. La primera, la de por qué el Gobierno de Aznar ordenó ocultar en 2001 el expediente. El Gobierno, que respondió el pasado día 21, sostiene que "ha sido siempre ajeno" al lugar exacto dónde se encuentra el expediente y a la posibilidad de que su contenido pueda o no divulgarse.

Las preguntas esenciales sobre cómo compaginó a partir de 1981 Mariano Rajoy sus cargos públicos con la titularidad de sucesivos registros, preguntas cuya respuesta se localiza en su expediente como registrador de la propiedad, seguirán sin respuesta. El Gobierno contestó la semana pasada una pregunta de Izquierda Unida (IU), pero logró cumplir el trámite sin responder a ni una sola de las cuestiones planteadas. La primera de ellas, la de por qué el Ejecutivo de José María Aznar ordenó en 2001 ocultar el expediente como registrador del entonces ministro Mariano Rajoy, como ya desveló infoLibre.

El pasado 11 de septiembre, el diputado de IU Gaspar Llamazares registró una batería de preguntas en las que inquiría expresamente por qué el Gobierno ordenó en 2001 trasladar el expediente a un archivo de seguridad. El Gobierno, que respondió el día 21 de este mes, elude la cuestión y se limita a exonerar a Rajoy, que -alega- "ha sido siempre ajeno" al lugar exacto dónde se encuentra el expediente y a la posibilidad de que su contenido pueda o no divulgarse.

El historial "ha obrado" en el Ministerio de Justicia

Redactada como si cada sílaba y cada coma hubieran sido objeto de medición previa, la respuesta del Gobierno utiliza el pretérito perfecto y no el presente para responder dónde se localiza ese expediente: "Ha obrado -dice el texto- en los archivos correspondientes del Ministerio de Justicia, sin que conste que su custodia haya impedido en ningún momento su conocimiento de acuerdo cn las reglas de acceso aplicables al efecto, cuestión a la que en todo caso ha sido siempre ajeno el señor Rajoy". 

¿Significa lo anterior que el expediente "ha obrado" pero ya no en los archivos del Ministerio de Justicia, del que depende la Dirección General de los Registros y del Notariado? Y si sigue en las dependencias de Justicia, ¿por qué la respuesta evita hablar en presente? ¿Qué norma exacta regula la posibilidad de acceso al expediente de un registrador que ocupa el máximo cargo del Gobierno? Las preguntas, como ya viene sucediendo desde que en 2012 IU lanzó la primera pregunta parlamentaria sobre la materia, continúan en el aire. 

Como en las ocasiones anteriores, IU volvió a preguntar en septiembre si Rajoy percibió alguna vez dobles ingresos, como registrador y político, en algún momento de su carrera. Ahora, el Gobierno ha elegido una fórmula que nada aclara pero que tampoco niega nada: "Don Mariano Rajoy se ha ajustado siempre y en todo momento a la legislación aplicable al efecto, tanto en lo relativo a su situación administrativa por razón del puesto o cargo desempeñado en cada momento como en la percepción de la retribución correspondiente".

En 1984, la ley de reforma de la función pública pasó a prohibir que los funcionarios que accediesen a un cargo político obtuviesen doble remuneración. De hecho, entre 1981 y hasta que en 1985 registró su primera solicitud de pase a servicios especiales como funcionario con cargo público, Rajoy recibió durante ese cuatrienio ingresos como registrador y como cargo público: primero diputado gallego, luego alto cargo de la Xunta y, finalmente, presidente de la Diputación de Pontevedra. Fue ese último puesto, uno de los más preciados para la hoy extinta Alianza Popular gallega, el que le llevó a pedir servicios

Pero los registradores, que poseen rango de funcionario pese a que operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, se rigen por una legislación específica: la Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario, que en su artículo 541 autorizaba a los registradores que entraban en política a repartirse con su sustituto los beneficios que reportase la plaza registral . Hasta 1998, el Reglamento Hipotecario no prohibió la doble percepción de retribuciones para los registradores que se incorporasen a la vida pública, bien como parlamentarios, bien como cargos de designación.

Tanto el PSOE como IU han pedido oficialmente al Gobierno que les facilite el expediente de Rajoy. El Ejecutivo tiene dos opciones: atender las peticiones de los dos grupos de oposición o denegarlas, pero si elige esa segunda vía tendrá que explicar qué motivo impide que el Parlamento sepa, por ejemplo, hasta cuándo compatibilizó Rajoy los ingresos registrales con los de sus puestos de representación o designación política. O cuántas solicitudes de excedencia especial -la que, al menos hasta 1985, le permitía cobrar de las dos fuentes, la registral y la del cargo público- solicitó hasta su elección como presidente del Gobierno en 2011.

La batería de preguntas formulada en septiembre por Llamazares incluía algunas de las otras incógnitas que el PP se ha negado a resolver. Entre ellas, estas dos: por qué el presidente nunca ha solicitado excedencia en sentido estricto -lo que habría forzado la salida a concurso de su actual plaza, Santa Pola- pese a que en los últimos 32 años solo ha ejercido dos años como registrador. Por qué nunca, y en la casilla destinada a puestos públicos a los que ha renunciado, reflejó Rajoy en su declaración de bienes el cargo de registrador.

El objetivo formal de la creación de IICRE fue la construcción de un nuevo edificio como sede de los 55 registros de la propiedad de Madrid. La operación IICRE, sostuvo en distintos ámbitos el anterior presidente del Colegio, Alfonso Candau, resultó siendo "desastrosa" por el coste -135 millones-  de esa nueva sede, localizada en el número 540 de la calle Alcalá e inaugurada en octubre de 2009, es decir, ya en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En 2008, la sociedad había repartido 300.000 euros en dividendos y enviado a remanente otros tantos. El año pasado, la compañía arrojó pérdidas por 11 millones de euros. 

Entre quienes se distribuyeron los beneficios de 2008 figura el Colegio, que controla 60 de los 72 millones del capital. Pero, sobre todo, participaron en el reparto los más de 250 registradores que en 2008 se subieron al carro de IICRE con una ampliación que elevó hasta 57,88 millones el capital. que en 2005 y con el Colegio como socio único de la compañía se había marcado en 11,15 millones. Una posterior ampliación en diciembre de 2009 elevó de nuevo el capital hasta 72 millones.

Como funcionarios, los registradores solo pueden legalmente ingresar los aranceles que cobran. Aunque no posee la condición plena de impuesto ni de tasa, el arancel se mueve a caballo entre el ámbito tributario y el de los honorarios privados:es el Gobierno el que fija los aranceles y lo cobran los únicos funcionarios españoles -registradores y notarios- que en la práctica ejercen como profesionales del sector privado.

Este lunes, infoLibre contactó con Inversiones Inmobiliarias IICRE para recabar la versión de sus directivos sobre por qué un colegio profesional cuyos miembros no cobran honorarios privados sino aranceles públicos permitió un trasvase de rentas al dar entrada a funcionarios-accionistas. Nadie devolvió las llamadas.

Los expertos consultados por este diario coinciden en que la entrada de registradores en el capital de IICRE a título personal no solo vulnera la ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración sino que convierte de facto al Colegio en accionista principal de una compañía con ánimo de lucro. A esa compañía, y así lo precisan sus estatutos, no puede pertenecer cualquier inversor. Tan solo, aquellos que dispongan de dinero y sean registradores mercantiles o de la propiedad.

Dado que la sociedad tiene como misión construir sedes registrales y alquilarlas a sus usuarios, aquellos registradores que no pertenezcan al accioniariado ven cómo su dinero no acaba en manos de un arrendador cualquiera sino de una empresa integrada por el Colegio y por parte de su compañeros registradores. 

La nueva Ley de Emprendedores, aprobada definitivamente el pasado jueves con los votos del PP y CiU, esconde un suculento regalo para los alrededor de 1.200 registradores mercantiles y de la propiedad que operan hoy en España. A partir de la entrada en vigor de la ley, lo que se producirá antes de un mes, los autónomos que pretendan proteger su vivienda habitual de posibles embargos por deudas profesionales deberán inscribirse como “emprendedores de responsabilidad limitada” en el registro mercantil y dejar constancia del blindaje del inmueble en el registro de la propiedad. Esta norma protegerá a las viviendas valoradas hasta 300.000 euros, o 400.000 si está situada en una ciudad de más de un millón de habitantes.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, los trámites exigidos por la nueva norma legal implicarán un coste de 76 euros por persona. El número de autónomos registrados en la Seguridad Social ascendía a 3.031.000 en agosto, así que los registradores tienen a su alcance hasta 236 millones si se produce una utilización masiva del precepto destinado a dejar la vivienda fuera del saco de bienes embargables. Pero dado que todos los emprendedores no tienen vivienda en propiedad y otros quizá no recurran al registro, se puede realizar el siguiente cálculo: sólo con que dos de cada tres emprendedores decidan proteger su vivienda, se repartirán 152 millones los casi 1.200 registradores españoles. Y si, como piden ya algunos registradores, el Gobierno modifica finalmente al alza los aranceles registrales, la cantidad a distribuir se disparará de forma automática.

Fuentes del sector explicaron a infoLibre que el Gobierno podría haber optado por otra fórmula: declarar directamente en la norma que la vivienda habitual del emprendedor es inembargable siempre que su valoración no supere el importe fijado en la Ley de Emprendedores o que expresamente se haya aportado esa vivienda como garantía para la consecución de un crédito profesional. En este caso, no habría ninguna necesidad de acudir a los registros y los ciudadanos se ahorrarían el pago de los aranceles.

Cuestionamiento limitado del artículo 1911 del Código Civil

¿Por qué ha optado el Gobierrno por forzar a los autónomos a acudir al registro en lugar de estipular directamente en la ley que la vivienda habitual será inembargable?

Las fuentes oficiales consultadas sostienen que, de hacerlo así, las entidades financieras habrían endurecido aún más los requisitos para la concesión de créditos. El segundo argumento es de índole jurídica: una redacción que por definición ponga a salvo el domicilio del emprendedor contravendría el artículo 1911 del Código Civil, que dice esto: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”.

Pero, en realidad, el camino previsto por la ley conduce al mismo lugar: a poner en solfa, aunque de manera limitada, la norma que obliga al deudor a responder “con todos sus bienes”.

Reproche del Consejo Económico y Social

Pedro Saura, portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso, recuerda que el Consejo Económico y Social (CES), cuyo dictamen posee carácter preceptivo pero no vinculante, “hizo un durísimo reproche” al texto legal. El CES aconsejó que, lejos de inscribirse la vivienda inembargable, se inscribiesen en el Registro los bienes que quedan afectos a la actividad profesional del emprendedor.

Sea como sea, lo cierto es que la lectura de la nueva norma desvela que la inembargabilidad de la vivienda habitual lo es sólo en cuanto a acreedores privados. En cambio, tanto la Seguridad Social como Hacienda estarán facultadas para someterla a embargo en caso de deudas cuando “no se conozcan otros bienes del deudor con valoración conjunta suficiente susceptibles de realización inmediata en el procedimiento de apremio”.

La letra de la ley abre la puerta a nuevos costes adicionales aun si no se modifican los actuales aranceles. En su artículo 8, aquel que regula la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, el texto dice lo siguiente: “Podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual del deudor siempre que su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil”. La introducción del término “valorada” apunta al concepto tasación. Si, como temen fuentes del sector, un posterior decreto que desarrolle la ley faculta a los registradores para efectuar ese nuevo trámite, “los costes crecerán”.

Aunque en la práctica ejercen como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, los registradores poseen la condición de funcionario. A diferencia de los restantes empleados públicos, no cobran un salario predeterminado sino aranceles de los que el Estado no recibe ningún porcentaje. Es decir, el registrador se embolsa íntegros los ingresos que genere su registro a cambio de abonar el sueldo de la plantilla y afrontar los gastos del local.

Un misterio multimillonario

Aunque en la práctica ejercen como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, los registradores poseen la condición de funcionario. A diferencia de los restantes empleados públicos, no cobran un salario predeterminado sino aranceles de los que el Estado no recibe ningún porcentaje. Es decir, el registrador se embolsa íntegros los ingresos que genere su registro a cambio de abonar el sueldo de la plantilla y afrontar los gastos del local.

A cuánto ascienden los beneficios netos anuales del conjunto de los registradores españoles constituye un misterio. Pero ese es, en todo caso, un misterio multimillonario. El propio presidente del Gobierno, registrador en servicios especiales, ha afirmado en distintas ocasiones que ganaría mucho más si se dedicase a su plaza en lugar de a la actividad política.

Pese a ello, los registradores aducen que la “continua erosión arancelaria, unida a la alarmante crisis económica, está haciendo ya inviables muchas oficinas”. Así consta en una carta de su decano, Alfonso Candau, fechada el 5 de agosto y dirigida a los colegiados. En su misiva, Candau lanza un alegato a favor de una subida de precios en los servicios registrales: “Urge la aprobación de un nuevo arancel que contemple globalmente la situación generada tras casi 25 años de aprobación del anterior”. El anterior al que se refiere Candau data de 1989. Y es ahí donde se establecen los aranceles que llevan al Gobierno a cifrar en 76 euros el coste que para cada autónomo acarreará su inscripción como “emprendedor de responsabilidad limitada”.

Francisco Riquelme, sustituto “accidental” de Mariano Rajoy en el registro de la propiedad de Santa Pola desde hace 23 años, constituyó una empresa de inversiones inmobiliarias, Inlimur, un día antes de que el hoy presidente del Gobierno le recomendase formalmente como interino para la cobertura de esa plaza. La propuesta escrita de Rajoy, y así consta en su expediente como registrador, entró en el Ministerio de Justicia el 21 de febrero de 1990. El arranque de operaciones de Inlimur se había producido la víspera.

Muy poco después, el 7 de marzo de ese año la Dirección General de los Registros y del Notariado accedió a la solicitud de servicios especiales planteada por Rajoy y aprobó el nombramiento de Riquelme como sustituto. 

Riquelme, que  simultanea la gestión de la plaza de Santa Pola con la titularidad de otro registro en Elche, formó la sociedad en compañía de su esposa con 15 millones de pesetas, es decir, la creó con90.000 euros. Dos décadas después, y tras 11 ampliaciones, el capital social de Inlimur asciende ahora a 1.819.948 euros. Desde el primer momento, su mujer, Ana Parra, ha figurado como administradora única.

Inlimur tiene hoy su domicilio social en el mismo edificio donde hasta hace varios años se localizaba el registro de la propiedad de Elche cuya titularidad ostenta Riquelme, el número 1 de la localidad. En 2011, la empresa facturó 704.006 euros y declaró un beneficio neto de 187.983 euros.

InfoLibre preguntó ayer a los portavoces oficiales de la Presidencia del Gobierno si Rajoy ha participado alguna vez, directa o indirectamente, en el capital de Inlimur. Como en días anteriores, no hubo respuesta. En la declaración de bienes y rentas presentada al Congreso en noviembre de 2011, Rajoy anotó 313.781 euros junto a la leyenda "Fondos de inversión" y 143.182 en concepto de "acciones en bolsa". Los resúmenes de las declaraciones anuales de renta difundidas por el presidente no arrojan más luz sobre la materia.

Moncloa tampoco ha explicado las razones por las que el expediente de Rajoy como registrador fue trasladado a un “archivo de seguridad” en 2001 ni por qué en 1985 tardó 15 meses en cumplir la ley que desde agosto del año anterior le impedía percibir retribuciones como registrador a la vez que como cargo público. Entre marzo de 1982 y diciembre de 1985, el Rajoy registrador y el Rajoy cargo público se fundieron gracias a un artículo del Reglamento Hipotecario que permitía cobrar por partida doble: como registrador, previo reparto con su sustituto, y como cargo público. Aunque en la práctica operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, los registradores poseen la condición de funcionario público.

Fincas en Murcia

Una de las ampliaciones de capital de Inlimur, efectuada en 2002, se cubrió mediante la aportación de una vivienda de Elche propiedad de Riquelme y su esposa.

Pero los principales activos de la empresa, y fueron aportados en su momento como parte del capital social, son terrenos en Abanilla, un municipio murciano de 6.569 habitantes situado a 32 kilómetros de la capital de la región y donde a finales de la pasada década comenzó a desarrollarse una oferta de ocio residencial dirigida a extranjeros.

En 2011, la cifra de jubilados británicos residentes en Murcia ya ascendía a 7.450. Al menos una de las fincas que explota Inlimur se dedica al cultivo de cítricos.

En febrero de 2011, el diario La Verdad informó de que Inlimur había sido expedientada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tras una denuncia Ecologistas en Acción. Instado por el Ministerio de Medio Ambiente, entonces bajo la batuta de la diputada socialista Rosa Aguilar, la orden ministerial desvelada por el rotativo murciano aludía al “uso privativo de 45.425 metros cúbicos de agua del Trasvase Tajo-Segura para el riego de 24,24 hectáreas de terreno». Riquelme calificó entonces de “atropello” que los ecologistas hubiesen filtrado la existencia del expediente.

Amigo de Mariano Rajoy desde que ambos preparaban oposiciones a registrador en 1977, Riquelme demandó en 2012 al abogado murciano José Luis Mazón, a quien reclama 100.000 euros. La interposición de la demanda se produjo después de que Mazón pidiese a la Oficina de Conflicto de Intereses él esclarecimiento de las circunstancias en que Rajoy mantiene la titularidad del registro de Santa Pola. 

En declaraciones públicas, Mazón se preguntó si Rajoy se había declarado en situación de servicios especiales –la excedencia especial para funcionarios con cargo público- para poder “seguir recibiendo rentas económicas” derivadas del puesto. Riquelme consideró que Mazón estaba sugiriendo la existencia de un “apaño” entre Rajoy y él mismo para repartirse los ingresos registrales.

Como ya ha publicado infoLibre, Rajoy no solicitó pasar a servicios especiales hasta el 29 de noviembre de 1985. Es decir, 15 meses después de la aprobación de la ley 30/1984, cuyo artículo 29 prohíbe a los cargos públicos recibir retribuciones del puesto que como funcionario hubieran ocupado con anterioridad.

En noviembre de 1987, y tras abrir un paréntesis de dos años sin cargo público, Rajoy solicitó su reincorporación al servicio activo como registrador. Pero tampoco entonces cumplió la normativa que le obligaba a residir en la ciudad donde tuviera su sede el registro del que era titular. El mismo mes de noviembre de 1987, Rajoy fue nombrado presidente de Alianza Popular en Pontevedra. Al año siguiente, se convirtió en el número dos de esa formación, luego refundada en el actual PP.

En los últimos 32 años, solo hubo dos en los que Mariano Rajoy no simultaneó su puesto de registrador titular de la propiedad con el desempeño de algún cargo público. Ese bienio comenzó el 29 de noviembre de 1987 y expiró el mismo día de 1989. Y fue justamente en esos dos años cuando el hoy presidente del Gobierno incumplió el artículo 548 del Reglamento Hipotecario, que obliga a los registradores en ejercicio a vivir en la ciudad donde tengan su plaza. Esa ciudad es la alicantina Santa Pola, donde Rajoy mantiene bajo su mando desde 1987 el único registro que atiende a los casi 34.000 habitantes del municipio, más del doble de los que allí vivían hace 26 años.

Para Santa Pola, se creó un segundo registro en 2007. Pero el Ministerio de Justicia lo dejó en suspenso en febrero junto a otros 54 de todo el país, de forma que el de Rajoy vuelve a ser el único que hasta 2015 gestionará todas las escrituras, certificados, anotaciones de embargo y demás trámites registrales de la localidad.

El presidente difícilmente pudo residir en Santa Pola a tenor de su ajetreada agenda interna en la convulsa AP gallega de la época, defenestrada de la Xunta y rota tras la moción de censura que en septiembre de 1987 y con el apoyo de un sector de exdirigentes del partido había aupado al PSOE al Gobierno regional.

El 21 de noviembre de ese año, ocho días antes de que solicitase al Ministerio de Justicia su reincorporación al servicio activo como registrador, comenzó el congreso provincial de AP que devolvió a Rajoy la presidencia del partido en Pontevedra. Seis meses después, el 22 de mayo de 1988, se convertía en secretario general de AP en Galicia, es decir, en el número dos.

El cotejo de los textos legales con la intensa actividad política desarrollada por Rajoy entre 1987 y 1989 presenta como una hipótesis hercúlea la de que residió de forma permanente en Santa Pola, situada a 1.052 kilómetros de Pontevedra. El 29 de noviembre de 1989, y ya con un acta de diputado al Congreso que jamás volvió a perder –en 1986 obtuvo una pero la entregó a los pocos meses para ser vicepresidente de la Xunta-, Rajoy pidió de nuevo excedencia por servicios especiales con reserva de plaza.

Pese a que los hechos indican que Santa Pola fue solo estación de paso para Rajoy, su “sustituto” desde 1990 se ha esforzado por demostrar lo contrario. En una entrevista publicada por ABC el 14 de noviembre de 2011, Francisco Riquelme, quien en marzo de 1990 se convirtió en “sustituto accidental permanente” de Rajoy y así sigue 26 años después, explicó así por qué su amigo y líder del PP eligió Santa Pola: a Rajoy “le atraía mucho el Mediterráneo”.

Bajo el titular “De Santa Pola a La Moncloa”, el rotativo había elegido el siguiente subtítulo: “Durante su etapa como registrador de la propiedad, Rajoy conoció de primera mano la realidad de Alicante”. De los cinco inmuebles que, según su declaración de bienes, ha ido adquiriendo Rajoy justamente a partir de 1987, dos se localizan en Pontevedra, otros dos en Madrid y el quinto, en Canarias. El Atlántico está presente por partida doble. El litoral Mediterráneo ni aparece. 

El 17 de febrero de este año, y de nuevo en otra entrevista publicada por el mismo diario, Riquelme abundaba en la idea. “En Santa Pola, viviría mejor que en Moncloa”. El “sustituto accidental permanente” ofrecía esta vez detalles sobre el asentamiento de Rajoy en ese municipio, ubicado a 20 minutos de Alicante y donde su población se multiplicó por 2,5 entre 1987 y 2012, al pasar de 13.347 habitantes a 33.965. “En aquellos años, cuentan, se alojaba en el hotel Gran Sol de Alicante”.

Aquellos años eran el bienio 1987-1989. Y quien se alojaba en el hotel Gran Sol era Rajoy. No se sabe quién lo cuenta, aunque el episodio aparece precedido por el relato de Riquelme sobre cómo Rajoy y él se conocieron mientras preparaban las oposiciones a registrador.

En esta ocasión, el subtítulo de la entrevista es un entrecomillado del sustituto accidental Riquelme: «Cuando fue elegido diputado, pidió que se lo arreglaran para que nunca pudieran sacarle los colores».

El sustituto de Rajoy se refiere a su elección para el Congreso en 1989, no a la de octubre de 1981, cuando obtuvo un escaño en el Parlamento gallego y pidió de inmediato acogerse al precepto que le permitía cobrar como cargo público y como registrador. A partir de su toma de posesión como diputado autonómico en 1981, el líder conservador continuó simultaneando retribuciones hasta que el 3 de diciembre de 1985 pasó, esta vez sí, a servicios especiales. Esa es la excedencia que posibilita a los funcionarios con cargo público mantener reserva de plaza pero que les impide percibir dos sueldos.

sin sanciones para el incumplimiento

El artículo que impone la residencia forzosa en el lugar donde se ubica el registro, el 548 del Reglamento Hipotecario, pertenece al mismo decreto que permitió a Rajoy cobrar como registrador a la vez que como cargo público al menos hasta finales de 1985. El artículo 548 resulta todo lo inequívoco que la enrevesada y confusa legislación hipotecaria puede ser: “Los Registradores residirán en la capital del registro, y sólo podrán ausentarse de ella en los días no feriados y durante las horas de oficina, cuando hubieren obtenido licencia de la Dirección, prórroga del Ministro de Justicia o nombramiento para desempeñar alguna comisión o agregación de las autorizadas por la Ley o por este Reglamento”.

Al utilizar el término “capital”, el precepto se refiere al municipio donde se encuentre el registro, sea o no capital de provincia. El vocablo aparece, por ejemplo, referido a la misma localidad de Santa Pola en el decreto de 2007 por el que se creó el segundo registro del municipio, el número 2. Su existencia ha sido más que efímera, sobre todo si se la compara con la longevidad del Reglamento Hipotecario, aprobado en 1947, en pleno franquismo, y solo modificado de manera parcial. El registro número 2 de Santa Pola se extinguió tras la orden dictada el pasado 9 de febrero por el Ministerio de Justicia, cuyo titular es Alberto Ruiz-Gallardón, y que hace desaparecer de un plumazo una cincuentena de registros de la propiedad. Las zonas urbanas y rústicas que, por su situación geográfica, correspondían al número 2 de Santa Pola quedan ahora bajo la batuta del Registro número 1. Es decir, aquel cuya titularidad sigue perteneciendo a Mariano Rajoy.

¿Entraña algún riesgo de sanción el incumplimiento del artículo que obliga al registrador a residir en la ciudad sede del registro y le prohíbe ausentarse salvo motivos tasados? Los expertos consultados por infoLibre no recuerdan ni un solo expediente disciplinario por ese motivo. “Muchos viven en otra ciudad y van dos o tres días para firmar”, explica una fuente. En la legislación hipotecaria no hay una sola línea que hable de sanciones por incumplimiento de la obligación de residir en la ciudad donde el registrador tiene plaza.

La Ley Hipotecaria, norma de la que emana el Reglamento Hipotecario, enumera las razones por las que un registrador puede ausentarse de su plaza sin el riesgo de incumplir lo legislado. En el listado de motivos de ausencia justificada no consta el de atender las responsabilidades políticas contraídas por el registrador.

Lo que dice el artículo 288 de la ley es que se les autoriza a abandonar la plaza si deben entregar los fondos recaudados siempre que dejen al sustituto al cuidado del registro. También se les permite irse si obtienen licencia, susceptible de concesión “por el plazo máximo, en cada año, de dos meses”, siempre que el presidente de la Audiencia –o sea, un juez- correspondiente entienda que “media causa justa”.

Este incumplimiento legal por parte de Rajoy se suma a otros hechos desvelados por infoLibre: que tardó más de 15 meses en adaptarse a la Ley 30/1984 que modificó el régimen de la función pública; que según la documentación que figura en su expediente cobró de forma irregular durante esos 15 meses del Registro de Berga (Barcelona); que, al menos mientras la ley se lo permitió, decidió cobrar por partida doble como político y registrador, y que el expediente con su historial de registrador fue enviado a un "archivo de seguridad" secreto en 2001, por decisión del Gobierno de Aznar del que Rajoy formaba parte.

La vida del registrador Mariano Rajoy es un misterio. Lo único que se sabe con exactitud es que 32 de los 34 últimos años no ha ejercido su profesión al ser incompatible con los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981. infoLibre desveló que, al menos mientras se lo permitió la ley, cobró por partida doble: como político y como registrador. También descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador. Además, reveló las fechas de algunas solicitudes realizadas por el político gallego a la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con sus situaciones de incompatibilidad. Todos estos datos plantean ya siete cuestiones que el registrador Rajoy se niega a responder. Y no parece que vayan a ser las últimas.

1. ¿Por qué decidió cobrar al mismo tiempo como político y registrador?

"No he venido a la política a ganar dinero", presumió Rajoy en febrero de 2013, en pleno escándalo por los sobresueldos cobrados por la cúpula del Partido Popular. Han pasado 34 años desde que el ahora presidente del Gobierno ocupó el primer cargo público, y es probable que solo Rajoy recuerde con qué intenciones entró en política. Pero los hechos demuestran una cosa: si en su mente no estaba ganar dinero, desde luego tampoco estaba perder demasiado.

La versión oficial de Rajoy es que llegó a la política por casualidad. En un texto escrito en gallego (idioma que entiende pero no habla), para un libro de conmemoración de los 30 años del Parlamento de Galicia, el propio presidente del PP lo explica así: "Yo no tenía ninguna experiencia ni relevancia política cuando llegué al Parlamento de Galicia en 1981 [...] Mi entrada en política fue casual, porque entonces ocupé el número tres de la lista de Alianza Popular por la provincia de Pontevedra, y estaba previsto que obtuviésemos dos escaños en caso de lograr un buen resultado ya que UCD tenía un gran poder y contaba con todo el aparato del Movimiento [...] La tercera plaza estaba reservada para un candidato de Pontevedra y la Junta local, donde estábamos muy pocas personas, un grupo de amigos bastante reducido, decidió que fuese yo. Contra todo pronóstico ganamos aquellas primeras elecciones gallegas y sacamos en la provincia de Pontevedra hasta siete diputados, frente a los seis de UCD. Así entré en política casi sin darme cuenta, cuando sólo tenía 26 años". Fin de la cita.

Aunque las cosas ocurriesen casi sin que Rajoy se diese cuenta, lo cierto es que al ganar el escaño en aquellas elecciones celebradas el 20 de octubre de 1981, tenía que decidir qué hacer con su plaza de registrador. Entonces era el titular del registro de Padrón, localidad coruñesa a la que había llegado en marzo de 1980. Era su segundo destino como funcionario público. Su primer día de trabajo había sido el 6 de noviembre de 1978, cuando tomó posesión del registro de Villafranca del Bierzo (León). El registrador y diputado Rajoy se enfrentaba a la siguiente alternativa: mantener la titularidad del registro de Padrón y seguir percibiendo los honorarios que en otro caso corresponderían a la Mutualidad Benéfica de los Registradores de la Propiedad, o renunciar a dicho dinero quedando en situación de excedencia voluntaria y declarándose la vacante del registro. Rajoy decidió quedarse con los honorarios. Así que una de las primeras decisiones de aquel joven de 26 años fue cobrar por partida doble: como diputado y como registrador. El desapego por el dinero del que ahora presume Rajoy quizá le llegó más tarde, en una fecha que el presidente del Gobierno no ha querido precisar.

2. ¿Por qué oculta los ingresos que tuvo como registrador?

Mariano Rajoy tenía dos ingresos de forma legal. Se lo permitía el artículo 541 del Reglamento Hipotecario, un texto aprobado en la España franquista de 1947. Y, pese a ello, el presidente se niega a ofrecer cualquier información sobre aquella etapa. "¿Siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Padrón cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981?", le preguntó por escrito el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares el 11 de febrero de 2013. Un mes después llegó la respuesta de Moncloa: "El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros". 

En septiembre de 2013, cuando infoLibre desveló que Rajoy se había acogido al artículo 541 del Reglamento Hipotecario para cobrar por partida doble, Llamazares denunció que el Gobierno le había "mentido" u "ocultado" información y anunció que volvería a la carga con nuevas preguntas para intentar conocer la verdad.

Lo cierto es que, pese a las múltiples proclamas del PP sobre las bondades de la transparencia, sigue siendo un misterio lo que cobró el registrador Rajoy en los primeros años ochenta. El Reglamento Hipotecario define la cantidad de forma indirecta –"los honorarios que en otro caso corresponderían a la Mutualidad Benéfica"– y el porcentaje exacto lo fija en sus presupuestos el Colegio de Registradores. Fuentes conocedoras del funcionamiento de los registros sitúan dicha cantidad entre el 25 y el 50% de los ingresos netos. Pero nadie sabe la cantidad exacta que correspondió al registrador de Padrón en el año 1982. Salvo dos personas: él y Celestino Pardo, nombrado entonces interino de aquel registro a propuesta del propio Rajoy y escogido en 2012 como consejero de Sareb, el banco malo creado por el Gobierno del PP para gestionar los activos de la reestructuración bancaria.

3. ¿Por qué tardó 15 meses en adaptarse a la Ley 30/1984?

Cuando estaba a punto de cumplir dos años en la Moncloa, el Gobierno de Felipe González decidió meter mano al régimen de la función pública heredado del franquismo. Con ese objetivo aprobó la Ley 30/1984, que entró en vigor el 23 de agosto de aquel año. En su artículo 29, dicha norma establecía que los funcionarios públicos debían pasar a la situación de "servicios especiales" cuando ocupasen un cargo retribuido en una Asamblea autonómica o una entidad local. Además, dicho artículo obligaba a los afectados a "recibir las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios". Algunos políticos que vivieron aquella época atribuyen la inclusión de este artículo a Alfonso Guerra, entonces todopoderoso vicepresidente socialista, que lo habría ideado para terminar con los privilegios de personajes como Pío Cabanillas, exministro de UCD que había sido registrador de la propiedad en la isla canaria de La Palma, donde las malas lenguas le apodaban Pío NonoPío Nono, ya que se decía que mientras fue ministro se quedaba con nueve partes de los ingresos del registro y dejaba sólo el diezmo para su sustituto. Cabanillas fue, por cierto, uno de los principales mentores de Rajoy en aquellos primeros años en política del ahora presidente. 

El caso es que Mariano Rajoy se tomó con tranquilidad la aprobación de la nueva ley. Pasaron más de 15 meses, en concreto 464 días, desde la entrada en vigor de dicha norma hasta que el 29 de noviembre de 1985 llegó al Ministerio de Justicia un escrito suyo solicitando el pase a "servicios especiales con reserva de plaza" por incompatibilidad con el cargo de presidente de la Diputación de Pontevedra, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 30/1984. Para entonces, Rajoy no sólo había cambiado de cargo político, sino que también había ido concursando como registrador. El 30 de octubre de 1982 tomó posesión de la plaza de Berga, en Barcelona, y el 26 de noviembre de 1985 se hizo con el registro de Elche número 4.

4. ¿Cobró de forma irregular cuando era titular del registro de Berga?

En el mismo acto en que tomó posesión de su plaza en Berga, Rajoy hizo entrega del registro a Ramón Abelló Margalef. Éste asumió el puesto como registrador interino conforme al artículo 541 del Reglamento Hipotecario; es decir, Rajoy trasladó a la localidad catalana su costumbre de seguir cobrando parte de los ingresos del registro, aunque el trabajo lo hiciese otra persona y las oficinas se encontrasen a 1.165 kilómetros, que es la distancia por carretera entre Pontevedra y Berga.

¿Qué ocurrió durante los 464 días transcurridos entre la entrada en vigor de la Ley 30/1984 y la solicitud de Rajoy de pasar a "servicios especiales"? De acuerdo con la documentación que obra en su expediente de funcionario público, depositado en la Dirección General de los Registros y del Notariado, en ese periodo de tiempo no existe ninguna resolución que modificase la situación de Rajoy o del registrador interino de Berga. Por tanto, cabe deducir que el ahora presidente estuvo cobrando honorarios del registro catalán en contra de lo que establecía expresamente la legislación aprobada en 1984.

5. ¿DEJÓ REALMENTE DE PERCIBIR HONORARIOS REGISTRALES EN 1985?

El martes 3 de diciembre de 1985, la Dirección General de los Registros y del Notariado contestó positivamente a la solicitud de pasar a servicios especiales realizada por Rajoy el viernes 29 de noviembre. Adoptar una decisión en dos días hábiles constituye un notable ejemplo de celeridad y desmiente a quienes llevan décadas criticando la excesiva burocracia de la administración española; al menos en ciertas ocasiones, sería injusto hablar de lentitud.

El año siguiente, 1986, trajo nuevos cambios a Rajoy en su doble vida: como registrador ganó la plaza de Santa Pola (Alicante) y como político fue nombrado vicepresidente de la Xunta de Galicia, el 5 de noviembre. Pero eran tiempos convulsos en aquella Alianza Popular de Manuel Fraga, que tenía en Galicia su casi único bastión de poder. Y lo perdió en 1987 como consecuencia de una moción de censura auspiciada por Xosé Luis Barreiro, que había sido el jefe de Rajoy en la provincia de Pontevedra y terminó abandonando AP para pactar con los socialistas. Así que el 26 de septiembre de 1987, AP perdió la Xunta y Rajoy dejó de ser vicepresidente. Por primera vez en seis años, se quedaba sin cargo público y tenía que volver al registro.

El 29 de noviembre de 1987 pidió la reincorporación al servicio activo como titular del Registro de Santa Pola, localidad situada a algo más de mil kilómetros de su residencia en Galicia. Pero el trabajo de registrador no enganchó a Rajoy, quien exactamente dos años después enviaba una nueva solicitud al Ministerio de Justicia para pasar a la situación de servicios especiales. Acababa de ser elegido diputado en Cortes en las elecciones generales celebradas el 29 de octubre de 1989. En el BOE del 24 de marzo de 1990 se publica la resolución accediendo a la petición de Rajoy, quien queda como titular del Registro de Santa Pola con reserva de plaza. Se nombra como interino a un viejo amigo de Rajoy: Francisco Riquelme Rubira, ya entonces titular del Registro de Elche-3. Y así hasta hoy, 23 años, seis meses y 22 días después.

¿No tuvo ningún ingreso Rajoy procedente de los registros de Elche-4 y Santa Pola entre los años 1985 y 1987? ¿Tampoco cobró nada del registro que llevaba Riquelme entre 1990 y 1998? La duda no existiría si el Gobierno de Aznar no hubiese aprobado en 1998 una modificación del Reglamento Hipotecario, de forma que el artículo 552 pasó a establecer que los cargos públicos incompatibles quedarían en situación “de excedencia por servicios especiales con reserva de plaza, procediéndose al nombramiento de registrador accidental permanente, a quien corresponderán la totalidad de los honorarios que se devenguen”. Este artículo encajaba como un guante en la situación de Rajoy, quien entonces era ministro de Educación. La pregunta surge inevitable: ¿qué necesidad había en 1998 de aprobar un artículo en un reglamento dejando claro que todos los honorarios los cobraba el “registrador accidental permanente” si ya desde el año 1984 existía una ley que prohibía al funcionario en servicios especiales tener cualquier tipo de ingreso más allá de su sueldo como cargo público?

Diversas fuentes consultadas por este diario destacaron que, durante muchos años, existieron un cúmulo de disposiciones “no siempre armónicas” que afectaban al estatus de los registradores que ocupaban cargos públicos. Entre esas normas están la Ley Hipotecaria de 1944, el Reglamento Hipotecario de 1947, La Ley de Incompatibilidad de los Funcionarios de 1984, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984 y la Ley del Régimen Electoral General de 1985. Así que la duda resurge: ¿se acogió Rajoy entre 1985 y 1998 al Reglamento Hipotecario que le permitía cobrar una parte de los honorarios de los registros de los que era titular o se atuvo en todo momento a la Ley 30/1984 que se lo prohibía?

6. ¿Por qué no ha pedido nunca la excedencia?

Desde que ocupó su primer cargo público en 1981 hasta la actualidad han transcurrido 34 años, de los que Mariano Rajoy ha estado 32 en servicios especiales y sólo dos llevando efectivamente un registro. Pero durante estas tres décadas largas siempre ha sido titular, sucesivamente, de los registros de Padrón, Berga, Elche-4 y Santa Pola. La situación más llamativa se produce sin duda en esta última localidad alicantina, cuyo registro tiene desde 1990 a su titular en servicios especiales y está gestionado por una persona que a su vez acumula los puestos de registrador titular en Elche y "registrador accidental permanente" en Santa Pola.

Más allá de la patada a la lingüística del Reglamento Hipotecario, pues algo accidental difícilmente puede ser permanente, lo que han logrado los amigos Rajoy y Riquelme es evitar que otro registrador pudiese optar a una plaza tan codiciada en su día como Santa Pola, donde durante los años del boom inmobiliario los ingresos anuales pudieron acercarse al millón de euros. Ello no habría ocurrido si Rajoy hubiese pedido una excedencia, de forma que su plaza saliese a concurso.

La decisión de Rajoy de permanecer 32 años en servicios especiales, además de acrecentar notablemente los ingresos de Riquelme, ha supuesto otra ventaja para el presidente el Gobierno: conservar su plaza en propiedad.

7. ¿Tuvo conocimiento del traslado de su expediente a un archivo secreto?

Como desveló infoLibre en septiembre de 2013, el Gobierno de José María Aznar decidió en 2001 enviar el expediente de registrador de Rajoy a un archivo secreto, situado en la oficina de la entonces directora general de los Registros y del Notariado, Ana López-Monís. Dado que Rajoy era ministro en aquel Gobierno y el expediente contiene todo su historial de registrador, parece lógico preguntarse si el ahora presidente del Gobierno tuvo en algún momento conocimiento de la decisión de ocultar bajo llave su expediente.

Este periódico planteó dicha pregunta, y todas las que figuran en esta información, al departamento de Comunicación de Moncloa. Allí han acusado recibo de todas las preguntas, pero no han facilitado ninguna respuesta. Quizá tenga más suerte el diputado Llamazares, quien tras la difusión de la noticia, preguntó en el Congreso por el capítulo del expediente secreto. Si uno se atiene a los antecedentes, las respuestas del Gobierno no aclararán nada. Pero si uno confía en las promesas de transparencia que realizan casi a diario los miembros del Gobierno y los dirigentes del PP, estamos a punto de conocer con detalle la verdadera vida del registrador Mariano Rajoy Brey, aquel que tomó posesión de su primer registro el 6 de noviembre de 1978, siendo un joven de 23 años.

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ACTUALIZACIÓN.– Han pasado 27 meses desde que se escribió este artículo. Pese a todas las promesas de transparencia, Rajoy llega a las elecciones generales del 20-D sin hacer público su expediente de registrador y sin aclarar ninguna de las otras incógnitas planteadas. 

La decisión de las dos formaciones de izquierda se produce después de que infoLibre publicase este jueves que, al menos en la primera mitad de los años ochenta y mientras la ley se lo permitió, Rajoy cobró como registrador y como cargo público.

El hoy jefe del Ejecutivo logró ya entonces un doble sueldo cuando, tras ser elegido diputado al Parlamento gallego en octubre de 1981, se acogió a un artículo del Reglamento Hipotecario, el 541, que le permitía repartirse con su sustituto los ingresos del registro sin por ello renunciar a sus remuneraciones como cargo público. 

Que Rajoy ingresase dinero por dos vías no era una imposición legal. La normativa hipotecaria le daba una segunda opción: una vez obtenido el escaño, solicitar la excedencia como registrador, cargo de índole funcionarial aunque quienes lo ostentan operen en la práctica como profesionales del sector privado amparados por un régimen de monopolio.

Si hubiera pedido excedencia, su plaza habría salido a concurso y habría sido cubierta por un nuevo registrador titular, pero el presidente eligió en todo momento mantener la plaza. De hecho, el registro de Santa Pola del que es titular desde noviembre de 1987, lleva 23 años en manos de un “sustituto accidental”, Gaspar Riquelme.

Hasta el 29 de noviembre de 1985, cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra, no reclamó Rajoy pasar a servicios especiales, la excedencia habilitada para los funcionarios que acceden a un cargo público y que no admite la posibilidad de cobrar por partida doble. Es decir, no formuló su solicitud de excedencia hasta 14 meses después de la entrada en vigor de la ley de Reforma de la Función Pública, la 30/1984. Esa norma prohibió de forma taxativa que un cargo público pudiese percibir también la retribución correspondiente al puesto como funcionario que desempeñaba hasta su elección o designación.

El diputado de IU Gaspar Llamazares ya presentó a comienzos de semana una pregunta sobre el traslado del expediente de Rajoy como registrador a un “archivo de seguridad” en 2001 y por orden del Gobierno de Aznar. Ayer, Llamazares confirmó a este diario que pedirá también explicaciones sobre el periodo en que se le “mintió o negó" información concreta sobre "incompatibilidad de sueldos en los distintos registros y cargos públicos”. El parlamentario aludía así a la respuesta que el Gobierno le facilitó en febrero de este año a una batería de preguntas en la que se inquiría contestación expresa para la situación de Rajoy a partir de 1981, fecha de su entrada en política.

En su respuesta, el Gobierno obvió toda mención al periodo 1981-1987 (año de inicio de un breve paréntesis de dos años en los que Rajoy no desempeñó cargos públicos) y se sacudió el asunto afirmando lo siguiente: “El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros”.

Llamazares

subrayó que, dado que Rajoy no solicitó pasar a servicios especiales hasta el 29 de noviembre de 1985, “al menos durante catorce meses percibió las dos retribuciones incompatibles”.

Mientras, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista corroboraron a infoLibre que, a falta de elegir la fórmula, el PSOE ya ha decidido “pedir explicaciones” sobre los más de 31 años en los que, salvo el paréntesis comprendido entre1987 y 1989, Rajoy ha mantenido la titularidad de algún registro de la propiedad al tiempo que desempeñaba uno o varios cargos públicos.

A la pregunta de si el PSOE también se interesará por los motivos que en 2001 llevaron a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia a trasladar a un archivo cerrado con llave el expediente de Mariano Rajoy, las fuentes consultadas respondieron así: “Pediremos explicaciones sobre todo lo relacionado con este asunto”.

Durante años, un velo de misterio ha rodeado las circunstancias exactas de cómo Mariano Rajoy fue compatibilizando su condición de registrador de la propiedad con los cargos públicos que antes de su llegada a Moncloa fue ostentando de manera sucesiva: diputado autonómico, director general de la Xunta, presidente de la Diputación de Pontevedra, vicepresidente del Gobierno gallego y diputado al Congreso.

Ahora, infoLibre ha tenido acceso a la información que consta en su expediente oficial, aquel que en 2001 fue ocultado en un supuesto “archivo de seguridad” del Ministerio de Justicia que en realidad era un fichero con llave en el despacho de la directora general de Registros y del Notariado.

Convertida por el PP en prueba máxima de la honestidad de su jefe de filas, la idea de que Mariano Rajoy renunció a mucho dinero al optar por la política en detrimento de su plaza de registrador lleva meses sobrevolando el debate abierto por los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas y los suculentos sobresueldos internos. En medio del terremoto provocado por la publicación de la supuesta contabilidad B del PP, el propio presidente lanzó en febrero una afirmación que ahora cuestionan los datos de su expediente como registrador. "Yo ganaba más dinero en mi profesión que en la política", dijo ante la cúpula del PP para agregar esto a renglón seguido: "No he venido a la política a ganar dinero. Vine perdiendo dinero, pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida".

Pero, según su expediente, el líder del PP cobró entre 1981 y 1985 como cargo público y también como registrador. Al conseguir su primer escaño, en octubre de 1981, Rajoy tenía dos opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que percibía retribuciones como diputado. Y optó por la segunda opción. Solo renunció a esos honorarios en noviembre de 1985, es decir, 14 meses después de que hubiera entrado en vigor la ley que pasó a prohibir la doble cobranza a todos los funcionarios, incluidos los registradores.

Los datos del expediente

Los datos a los que ha tenido acceso infoLibre y que constan en el expediente oficial de Mariano Rajoy, cuyo traslado a un “archivo de seguridad” bajo llave del Ministerio de Justicia ordenó el Gobierno de Aznar en 2001, señalan en una dirección distinta a aquella de la que el PP ha hecho bandera. El hoy presidente solo pidió excedencia por servicios especiales el 29 de noviembre de 1985, cuando llevaba cuatro años compatibilizando sus prerrogativas como registrador con distintos cargos públicos en Galicia. Al menos hasta esa fecha, cobró por tanto como registrador no ejerciente pero titular.

Cuando Rajoy solicitó el 29 de noviembre de 1985 su pase a situación de servicios especiales, había transcurrido un año y medio desde la promulgación de la ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública. Esa norma prohibió de forma taxativa que un cargo público pudiese percibir también la retribución correspondiente al puesto como funcionario que desempeñaba hasta su elección o designación.

Aunque operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, los registradores son funcionarios, por lo el contenido de esa ley afectaba al entonces diputado autonómico en Galicia y presidente de la Diputación de Pontevedra, Mariano Rajoy.

Expertos consultados por este diario sostienen que, en realidad, el conflicto planteado por legislaciones contrapuestas –la general de incompatibilidades y la particular que rige en materia hipotecaria– no se solucionó hasta septiembre de 1998. En esa fecha, y ya con Rajoy como ministro de Aznar, el Gobierno introdujo un nuevo artículo, el 552, en el Reglamento Hipotecario. El nuevo precepto atribuye de manera explícita a los registradores interinos "la totalidad de los honorarios" que devengue el registro cuyo titular ha alcanzado un cargo público incompatible. ¿Por qué el Ejecutivo modificó el reglamento si ya la ley aprobada en 1984 se suponía suficiente para impedir la doble percepción de retribuciones por parte de registradores con escaño o puesto político de designación? Hasta ahora, nadie lo ha explicado.

Honorarios incalculables

El pasado mes de julio, y en plena polémica sobre los papeles de Bárcenas y lo sobresueldos del PP, el ministro José Manuel García Margallo extremó el mensaje oficial sobre las virtudes cívicas de Mariano Rajoy. Margallo definió como “incalculable” lo que el presidente del Gobierno perdió “para entregar su vida en servicio de España”.

En realidad, también hoy resulta imposible calcular cuánto ingresó como registrador el hoy presidente entre diciembre de 1981 y el mismo mes de 1985. Pero si las ganancias de aquella época se presentan como una incógnita, el hecho incuestionable es que, en el cuatrienio 1981-1985 el presidente fue simultaneando la titularidad sucesiva de tres registros –el coruñés de Padrón, el barcelonés de Berga y el alicantino de Elche- con varios cargos públicos: diputado al Parlamento gallego tras el acta que logró en las elecciones del 20 de octubre de 1981, director general de Relaciones con el Parlamento de la Xunta de Galicia y presidente de la entonces codiciada Diputación de Pontevedra y del PP en esa provincia.

Según la obra Treinta años del Parlamento Gallego, editada en 2011 por esa Cámara, el sueldo asignado a uno de sus diputados en 1982 ascendía a 60.000 pesetas, cifra a la que se sumaba 5.000 pesetas por asistencia a cada sesión y 11 pesetas por kilómetro recorrido. En aquella época, también gozaba ya de remuneración estable la Presidencia de la Diputación de Pontevedra, aunque las fuentes políticas consultadas entre quienes ocuparon cargos en esa institución no han podido precisar cantidades.

Reparto de las ganancias con el sustituto

Rajoy cobró legalmente como registrador titular con cargo público al inicio de su carrera política. Lo hizo gracias al artículo 541 del Reglamento Hipotecario, que en aquellos años permitía a los registradores elegidos o designados para un cargo público repartirse con su sustituto las ganancias que deparase el registro. Para optar a esos “beneficios”, debían formular una solicitud a la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia en el plazo de un mes “a partir de la aprobación del nombramiento por las Cortes Españolas o por el Organismo de que se trate”. Si esa solicitud no se producía en los términos estipulados, la plaza quedaría vacante y saldría a concurso.

El artículo 541 del Reglamento Hipotecario, aquel que utilizó Rajoy para su doble cobranza y cuya vigencia, aunque difusa, se extendió hasta que la norma incorporó un nuevo artículo en 1998, no precisaba qué porcentaje correspondería al registrador titular y cuál al registrador interino. El precepto solo ofrecía una indicación genérica: si el titular renunciaba a su parte, los ingresos que le correspondieran irían a la Mutualidad Benéfica del Colegio de Registradores. Fuentes del sector aseguran que el porcentaje asignado a ese fin por el Colegio de Registradores varía cada año, pero en general no desciende del 25%. 

Pero la ventajosa prerrogativa que el Reglamento ofrecía a los registradores con escaño o cargo ejecutivo público quedó teóricamente en papel mojado tras el verano de 1984. El 2 de agosto de ese año, la publicación de la Ley 30/84, de medidas para la Reforma de la Función Pública, introdujo un cambio drástico: a partir de ese momento, los cargos públicos que fuesen funcionarios –y los registradores lo son– quedaban sujetos a prohibición expresa de percibir retribuciones por el puesto funcionarial para el que hubiesen sido declarados en excedencia, los llamados servicios especiales. El artículo 29 de la ley expresaba la prohibición del siguiente modo: “En todos los casos recibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios”. La ley entró en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE.

Primera declaración de compatibilidad en 1982

El expediente oficial de Mariano Rajoy como registrador aporta datos exactos sobre los permisos que obtuvo para seguir recabando honorarios registrales. La primera resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que le autorizó a reclamar los “beneficios” previstos en el artículo 541 del Reglamento Hipotecario para los registradores con escaño o cargo público de designación lleva fecha del 15 de marzo de 1982.

Tras dejar el registro de Padrón en manos del interino por él propuesto, Celestino Pardo, Rajoy toma posesión el 30 de octubre de ese año de la plaza de Berga. A renglón seguido, deja su llevanza en manos de otro sustituto, Ramón Abelló Margalef.

Transcurridos tres años, Rajoy fue nombrado titular del Registro de la Propiedad número 4 de Elche el 28 de octubre de 1985. Apenas un mes después, el 29 de noviembre de aquel año y cuando la ley 30/1984 llevaba más de un año en vigor con su prohibición de doble sueldo para los funcionarios con cargo público, Rajoy elevó una solicitud al Ministerio de Justicia: pedía excedencia especial de conformidad con el artículo 29 de la citada ley 30/1984.

A tenor de la anterior secuencia de hechos, Rajoy cobró como registrador al menos hasta diciembre de 1985. De nuevo, Moncloa ha declinado responder las preguntas de infoLibre, por lo que resulta imposible datar el momento exacto en que el presidente se avino a percibir únicamente el sueldo de cargo público así como a cuánto ascendieron sus ingresos como registrador cuando ya estaba en política.

Pero, aun a falta de versión oficial, la información recabada por este diario indica que Rajoy logró la excedencia solicitada con velocidad meteórica: el 3 de diciembre de 1985, fecha en que la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó su resolución aprobatoria y ordenó nombrar sustituto para el registro del que Rajoy era titular, el de Elche. El líder conservador quedó así en situación de servicios especiales con reserva de plaza por incompatibilidad con el cargo de presidente de la Diputación de Pontevedra.

de Pontevedra a santa pola

Los presidentes de Diputación eran el verdadero poder fáctico en Galicia, única comunidad autónoma en aquella época donde gobernaba la Alianza Popular luego refundada como PP y entonces nutrida por el voto rural. Lo constata el siguiente hecho: el 9 de diciembre de 1985, es decir, una semana después de que Rajoy hubiera pasado a servicios especiales en virtud de un artículo que le prohibía percibir honorarios del Registro de Elche, el diario El País informó de la guerra abierta entre Rajoy y el entonces secretario general de la AP gallega, José Luis Barreiro, dispuesto a recuperar para sí el poder del partido en Pontevedra con la ayuda de Manuel Fraga. Rajoy se negó a ceder el puesto.

Tras aquella batalla, Rajoy terminó por ascender a la Vicepresidencia de la Xunta el 4 de diciembre de 1986, momento en que solicitó que se le confirmase en la situación de servicios especiales. De nuevo, su petición fue concedida. Esta vez, el 22 de enero de 1987.

A finales de aquel año y tras abandonar sus cargos públicos aunque no la presidencia de AP en Pontevedra, Rajoy reclamó el 29 de noviembre de 1987 su reincorporación al servicio activo como titular del Registro de Santa Pola. Oficialmente, solo atendió aquel registro dos años: el 29 de noviembre de 1989, y una vez elegido diputado al Congreso, pidió de nuevo su pase a servicios especiales. Esa fue su última petición, dado que desde entonces ha conservado el escaño. El 24 de marzo de 1990, el BOE publicaba el nombramiento de Gaspar Riquelme –la persona propuesta por el propio Rajoy- como registrador interino de Santa Pola. Veintitrés años después, Riquelme continúa ocupando la plaza del municipio costero alicantino como registrador “accidental permanente”. 

Un agujero negro en las respuestas parlamentarias

Más allá de la cuestión legal, los datos que el expediente de Mariano Rajoy entrañan para el presidente un problema político. Máxime en un momento en que la existencia de dobles sueldos entre los cargos públicos del PP cuestiona la eficacia de la legislación sobre incompatibilidades.

Lo cierto es que el Gobierno ha obviado explicar a la oposición el sistema de doble cobranza del que se benefició Mariano Rajoy en los inicios de su carrera política. El paradigma lo constituye la respuesta que el Ejecutivo dio a la segunda tanda de preguntas parlamentarias que sobre este asunto planteó en febrero el diputado de IU Gaspar Llamazares. El enunciado de la pregunta inquiría respuesta individual a lo sucedido entre 1981 y 1985, cuatrienio en que el presidente era titular de los registros de Padrón y, luego, de Berga, al tiempo que ocupaba de manera simultánea sucesivos cargos públicos. El Gobierno despachó el trámite con una respuesta vaga que impedía conocer lo realmente sucedido a menos que el autor de la pregunta conociese los vericuetos del expediente oficial de Mariano Rajoy. Sobre aquel periodo, el texto dice lo siguiente: “El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros”.

El Gobierno de José María Aznar dio instrucciones en 2001 a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia para esconder en un “archivo de seguridad” el expediente de Mariano Rajoy como registrador de la propiedad. También envió a ese archivo, inexistente hasta entonces, los expedientes de otros dos registradores: Ignacio del Río, entonces concejal de Urbanismo del PP en Madrid, y José Luis Benavides del Rey, titular del Registro Mercantil Central. La orden, escrita y de carácter interno, fue cursada por la directora general de Registros y del Notariado de aquel momento, Ana López-Monís Gallego. A punto entonces de cumplir 11 años como registrador en servicios especiales –la excedencia concedida a los diputados–, Rajoy cesó el 27 de febrero de 2001 como ministro de Presidencia para asumir la valorada cartera de Interior.

En conversación telefónica con infoLibre, Ana López-Monís respondió desde su notaría madrileña que no recuerda haber impartido la orden de trasladar los expedientes de Rajoy, Del Río y Benavides a un archivo de seguridad. “No me acuerdo de haber firmado esa orden yo, la verdad”, dijo. “Ha pasado mucho tiempo y no recuerdo haber hecho nada de eso, así que siento no poderle ayudar”, añadió. Cuando este diario subrayó a López-Monís lo peculiar de esa directriz, la notaria asintió y convino en que, efectivamente, los expedientes de los registradores se archivan en el servicio de registradores y recalcó que conoce a los tres registradores cuyos expedientes se trasladaron. “Pero no recuerdo haber dado ninguna de esas órdenes”, reiteró.

A renglón seguido, preguntó si es posible que la orden fuese anterior a su llegada a la dirección general, lo que ocurrió el 12 de mayo de 2000. A la respuesta de que fue dictada por ella, la notaria respondió ahora del siguiente modo: “Me extraña muchísimo, pero si usted lo dice será así. Había tantas cosas, que…, pero no, no lo recuerdo, no es que quiera ocultarle nada”.

El expediente de Rajoy, sobre cuya doble situación como registrador y cargo público desde 1981 nunca ha accedido el PP a dar explicaciones, contenía lo que todos los historiales de esa naturaleza: los registros a cuya titularidad había ido accediendo desde su entrada en este cuerpo de funcionarios en 1978 y las solicitudes de compatibilidad de cargo público que sucesivamente elevó para mantener la titularidad de cada registro en cuestión.

El expediente fue recuperado en 2004 una vez que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno. A pesar de que importantes dirigentes del PSOE fueron informados de este hecho, los socialistas nunca desvelaron lo ocurrido.

Ocultos en un fichero con llave

Los expedientes se ocultaron en un fichero con llave localizado en el despacho de la directora general. Tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004 fue nombrada nueva responsable de la Dirección General de Registros y del Notariado Pilar Blanco, quien cursó otra orden escrita que anulaba la anterior y en la que impartía instrucciones para que los expedientes de Rajoy, Del Río y Benavides fueran depositados de nuevo en el servicio de Registradores, donde se almacenan los historiales de los casi 800 registradores de España. Pilar Blanco se ha negado, en conversación con este periódico, a realizar cualquier comentario sobre su etapa como directora general en el Ministerio de Justicia.

El “archivo de seguridad” invocado por López-Monís en su orden de 2001 jamás ha existido oficialmente como tal. En la Dirección General de Registros y del Notariado sí hay tres archivos reservados, pero ninguno de ello relacionado con notarios o registradores. En uno, se guarda el registro civil de la Familia Real. En otro, los expedientes de matrimonios secretos, por ejemplo, los celebrados por testigos protegidos y que se preservan ocultos como medida precautoria para su cónyuge. En el tercer archivo se custodian los expedientes de nacionalidad en los que, por razones de seguridad del Estado, han intervenido los servicios de inteligencia.

La historia del registrador Rajoy

¿Por qué ordenó el Gobierno del PP ocultar el historial legal de Mariano Rajoy como registrador? De momento, no hay respuesta para la pregunta. Como no la hay para la forma en que el hoy presidente compatibilizó a partir de 1981 sus cargos públicos con el rango de titular de sucesivos registros de la propiedad. Objeto de una controversia cíclica, el doble estatus del presidente del Gobierno como cargo público y registrador se presenta hoy como una ecuación de varias incógnitas. Este diario ha enviado diversas preguntas a Moncloa para conocer su versión, pero el gabinete de comunicación del presidente del Gobierno no ha respondido a ninguna (ver La caja negra al final de este texto).

La primera duda y primordial es si alguna vez percibió doble retribución. La segunda, menos relevante pero no baladí, es la de por qué Mariano Rajoy nunca hizo constar en su declaración de actividades del Congreso la renuncia a su plaza de registrador. El formulario de esa declaración, durante años la única conocida hasta que las Cortes dieron vía libre a la publicidad de la de bienes y rentas, contiene una casilla expresamente reservada a las actividades públicas a que ha renunciado el diputado o senador por razón de su cargo. Numerosas declaraciones de actividades reflejan en ese espacio cómo el declarante aparcó al obtener su escaño el puesto de profesor o de abogado del Estado o cualquier otro de carácter funcionarial. La de Rajoy aparece vacía, pese a que los registradores, aun con su amplia y generosa gama de peculiaridades, son funcionarios.

Dos años de trabajo en Santa Pola

Cuando, el 19 de diciembre de 1981, el líder del PP obtuvo su primer escaño –en el Parlamento de Galicia–, aún tenía a su cargo el registro de la propiedad de Padrón (A Coruña). Al año siguiente, logró la plaza de Berga (Barcelona) y en 1985 obtuvo el puesto de registrador de Elche número 4 (Alicante). En 1987 desembarcó finalmente en el registro de la también alicantina localidad de Santa Pola, cuya titularidad mantiene desde entonces.

En aquel momento se abrió un breve paréntesis en el que Rajoy no ocupó cargos públicos, entre 1987 y 1989, y tuvo que atender el Registro de Santa Pola. En los 32 años transcurridos desde que logró su primer cargo hasta la actualidad, el presidente del Gobierno sólo ha trabajado como registrador esos 25 meses de la década de los ochenta. Pero siempre ha mantenido la titularidad de los diversos registros que fue ganando en concurso. Así consta en el escalafón oficial de los registradores que publica anualmente el Ministerio de Justicia, al que ha tenido acceso infoLibre (ver documentos adjuntos).

En mayo de 1983, y ya con el acta de diputado gallego y otra de concejal de la extinta Alianza Popular (AP) por Pontevedra, se convirtió en presidente de la Diputación de esa provincia. En junio de 1986, su carrera política experimentó un salto al lograr su primer escaño en el Congreso, donde permaneció apenas cinco meses antes de ascender a la Vicepresidencia de la Xunta. Un año más tarde, en septiembre de 1987, AP perdió el Gobierno gallego y Rajoy enfilaba lo que en ese momento parecía una retirada de la primera línea de la vida política. Pero su apartamiento duró solo dos años: el 29 de octubre de 1989, Rajoy regresaba al Congreso de los Diputados y emprendía el camino que terminó sentándole en la cúpula del PP y en la Presidencia del Gobierno.

Poco después de su elección como diputado en 1989, Rajoy solicitó a la Dirección General de Registros y del Notariado que lo declarase en situación de servicios especiales con reserva de plaza. La resolución aceptando su petición lleva fecha de 7 de marzo de 1990 y se publicó en el BOE el día 24 de ese mes. Además, se nombra registrador interino de Santa Pola a Francisco Riquelme Rubira, que era el titular del registro de Elche número 3.

A la vista de los datos, la pregunta continúa, por tanto, siendo la misma: ¿cobró Rajoy en algún momento como registrador y como político? La resolución de la incógnita se ve dificultada por la brumosa legislación que afecta a los registradores, los únicos funcionarios públicos junto a los notarios que perciben honorarios y no un sueldo y los únicos que en la práctica operan como profesionales privados en régimen de monopolio.

Respuestas a Llamazares

Izquierda Unida ha intentado deshacer la madeja en dos ocasiones. En ambas, con preguntas parlamentarias cuya respuesta ha sorteado el Gobierno, especialmente cuando la formación planteó una batería de siete cuestiones que requerían contestación para lo sucedido con Rajoy casi año por año desde 1981, fecha de su primer cargo público.

Llamazares planteó sus preguntas el 11 de febrero de 2013. Lo hizo después de que, una semana antes y ya en pleno escándalo por los papeles de Bárcenas, Rajoy destacara ante la Ejecutiva del PP que como registrador de la propiedad habría ganado más que dedicándose a la política.

Llamazares hacía mención expresa al hecho de que la declaración de Rajoy mostraba en blanco la casilla reservada a aquellos puestos de “función pública” a los que había renunciado el diputado. E inquiría respuesta exacta para una pregunta muy concreta: ¿cuánto cobró como registrador hasta 1990?

El Ejecutivo dejó pasar dos meses antes de ofrecer una respuesta. Y cuando la dio, obvió cualquier mención a las preguntas concretas formuladas por el diputado Gaspar Llamazares sobre cada uno de los registros a los que, desde 1981 y sucesivamente, fue incorporándose Rajoy mientras desempeñaba cargos públicos.

El Gobierno se sacudió las preguntas relativas al periodo comprendido entre 1981 y 1987, año en que comenzó el paréntesis de dos años de alejamiento de la política. Lo hizo acudiendo a una fórmula que nada aclaraba: “El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros. Sobre el registro de Santa Pola, aquel que originó en marzo de 1990 la resolución ministerial que colocó a Rajoy en situación de “servicios especiales”, el Gobierno contestó de manera similar a la utilizada en 2012, cuando Llamazares hurgó por primera vez en el asunto. Y esa versión puede resumirse así: el registrador titular, que es Rajoy, se encuentra en excedencia por su cargo público, por lo cual “no puede recibir del mismo ninguna remuneración, como así sucede”. Hasta aquí, la versión oficial.