El PP sabe perfectamente lo que ha firmado en Extremadura y en qué consiste la “prioridad nacional” reproducida en Aragón. Lo sabe hasta tal punto que en la enmienda parlamentaria a la moción de Vox lo escribe negro sobre blanco elevándolo a debate nacional. Ni Santiago Abascal habría sabido cuadrarlo mejor. La prioridad ultra está en el pacto extremeño y ha llegado al Congreso de la mano del PP, aunque el objetivo no es que saliera sino asumirlo como propio. Si fuera una cuestión de arraigo lo habrían llamado prioridad de arraigo. Por más que cada día hayan intentado vestirlo con un ropaje distinto –incluido el “vecinal” de Alberto Núñez Feijóo–, el triunfo de Vox es triple. Captura la agenda del PP, marca por dónde van a ir todos los gobiernos autonómicos y remata el camino de la coalición nacional con un debate de fondo ilegal y prevaricador, impensable en el arco ideológico popular antes de Vox. 

Es falso que la “prioridad nacional” sea una ficción o un marco dialéctico sin traducción real como pretenden vender. Es un infantilismo político comprar ese argumento. Vox pide competencias para hacer algo con ellas. Para quienes solo ven relato y palabrería, cuál sería la reacción si habláramos de prioridad heterosexual, prioridad del hombre o prioridad del catalán. La Constitución salta por los aires con cada discriminación.  

Con el aval de la dirección de Génova, María Guardiola le ha dado a Vox dos de las consejerías con mayor peso. La de Agricultura, Ganadería y Medio Natural es de las carteras con más empleados públicos de dicho Gobierno. La portavoz de Vox lo ha dejado claro en el debate de investidura: su intención de retirar las ayudas a empresas, sindicatos y cooperación. Y Óscar Fernández también: “Hay que elegir y elegimos a los españoles primero”. La cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Familia es la importación trumpista de Elon Musk y Javier Milei, la motosierra de Vox en palabras de José María Figaredo, pensada para hacer recortes y pasar por su cepillo todas las leyes del Consejo de Gobierno. La imagen de Guardiola es significativa de lo que le espera a la presidenta extremeña esta legislatura. En 2023 entró por la puerta de la Asamblea y se paró a dialogar con las organizaciones sociales que protestaban en la puerta. En 2026 ha tenido que entrar por la puerta de atrás. El destino de una presidenta que va a tener muchas dificultades para liderar nada. 

Vox no ha venido a hacer ficción. Vuelve a los gobiernos para dejar huella y ser influyente a costa del PP. Aprendieron de las coaliciones con Podemos que o consiguen imponer discurso y políticas a nivel autonómico, o el grande se come al pequeño. La ficción es que el PP regale el marco ideológico de la "prioridad nacional" con todas sus competencias y Vox no vaya a hacer nada con ellas. Las Comunidades no pueden gestionar la inmigración, pero los servicios sociales incluyen toda la cartera de políticas públicas dirigidas a proteger a las personas vulnerables. La lista de ayudas es larga e incluye la dependencia, integración laboral, protección de menores, acogimiento familiar, viviendas sociales, rentas mínimas, ayudas al transporte, comedores, mediación intercultural, tramitación de ayudas…  

A la espera de que se publique este viernes el decreto de estructura del Ejecutivo extremeño, la Desregulación unida a Servicios Sociales y Familia es una declaración de intenciones, con toda la función pública en manos de Vox para llevar a cabo lo que se proclama en la primera denominación de esa consejería. 

El pacto gemelo en Aragón va más allá con una consejería extra. Alejandro Nolasco, vicepresidente de Vox, y Jorge Azcón han firmado la misma prioridad nacional, como ya justifica Feijóo. El plato obligatorio con sello aragonés no puede ser compatible con la legalidad, como dice Azcón, porque los supuestos de arraigo o residencia (que ya existen hoy) no tienen encaje si pretenden poner al fondo de la cola a quienes son iguales ante la ley. 

Más peligroso que la practicidad del PP de vender como humo lo que son competencias es el destilado del discurso ultra que justifican. Cómo lanzan un mensaje sobre qué tipo de sociedad quiere el PP. Trump no puede llevar a cabo las bravuconadas que lanza, pero da luz verde a quien quiera conducirse por la vida contra el otro, ya sea inmigrante, mujer feminista u homosexual. Legitima una ideología que persigue y discrimina. Lo que demuestra el cierre de los gobiernos autonómicos es cómo en la batalla ideológica de la derecha, el mayoritario claudica ante la ultraderecha. Con más escaños y porcentaje de votos, el PP ha sido incapaz de liderar las negociaciones. Nada de lo impuesto por Vox lo han tumbado. El PP podría apuntarse el tanto de haber doblegado al socio en las negociaciones. Al contrario, le ha perseguido y puesto alfombra roja durante meses. E igual que no puede presumir de los pactos autonómicos porque los ha perdido, no puede hacerlo con las victorias sobre Vox porque no las ha habido.

A Juan Moreno en Andalucía le quita el sueño el acuerdo extremeño. A Feijóo ya no.

El aragonés Jorge Azcón no ha tenido que esperar tanto como su homóloga extremeña, María Guardiola, para alcanzar un pacto con la ultraderecha pese a que obtuvo un peor resultado. Tampoco ha tenido que ir a una investidura fallida ni ha sufrido los desplantes de la dirección nacional de su partido. De hecho, su acuerdo con Vox ha llegado tan solo cuatro horas después de que Guardiola fuera elegida como presidenta de la Junta de Extremadura.

El acuerdo sigue el mismo patrón que el de Extremadura, en el que los ultras lograron imponer sus tesis en cuestiones como la "prioridad nacional" como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social. Se trata de un asunto que ha generado un choque entre ambas formaciones por su alcance, pero que no ha impedido que el PP vuelva a aceptarlo. Y Vox se congratula de ello: "Garantizaremos que el español irá siempre primero. Implantaremos la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones", resumen fuentes del partido ultra tras alcanzar el pacto.

En este caso, Vox gestionará tres consejerías, una más que en Extremadura. Además de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, con rango de vicepresidencia, y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los ultraderechistas asumirán también la de Medio Ambiente y Turismo en Aragón. Así, al igual que el caso extremeño, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad, un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. La de Medio Ambiente es una elección llamativa, ya que la formación de Abascal cuestiona las políticas en materia climática y pone en duda que el calentamiento global sea culpa de la acción humana.

La formación de Santiago Abascal ha dejado claro que la "prioridad nacional" era una condición imprescindible para llegar a un acuerdo en Aragón. Y también lo ha reivindicado el propio Azcón. "La prioridad nacional es compatible con la legalidad, y nuestros acuerdos serán legales", los cuales "van a regir los principios que inspiren al próximo gobierno", señaló en la comparecencia junto al líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. Y añadió: "Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno irá sin un informe de los servicios jurídicos de la casa". El presidente aragonés se mostró muy satisfecho con el pacto y confió en poder sacar adelante "cuatro presupuestos".

Según los ultras, la prioridad nacional significa que "los españoles van primero" en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que "los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles". El PP, en cambio, evita el término "prioridad nacional" y trata de sustituirlo por criterios como el "arraigo" o la "vinculación" al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Eso evidencia la incomodidad de la formación con esta cuestión, lo que les ha llevado a votar en contra de la moción de los ultraderechistas este miércoles en el Congreso para defender esa "prioridad" a nivel estatal en el acceso a la vivienda.

Y así aparece reflejado en el acuerdo: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Entre ellas, citan condiciones como el "establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y la "vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".

Con todo, fuentes de Génova aseguran a infoLibre que "no están perdiendo ni un solo voto" con esta cuestión y consideran que "tiene poco recorrido" más allá de "acaparar tertulias y portadas" algunos días. Es un peaje que, aseguran, están dispuestos a pagar para alejar "el riesgo de unas nuevas elecciones". Añaden, además, que la "temática de inmigración perjudica más al PSOE", pese a que no hay datos que así lo indiquen. Sí hay estudios que, sin embargo, apuntan a que las derechas conservadoras se equivocan cuando asumen el marco de la ultraderecha, como está ocurriendo.

Al igual que sucedió con el pacto en Extremadura, muchas de estas medidas son irrealizables porque traspasan las competencias autonómicas, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. También aseguran PP y Vox que "el Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". Y que "trabajarán activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen".

En este acuerdo también defienden la prohibición "del burka у nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia", un punto calcado al de Extremadura.

Otra de las cuestiones que se incluyó y que vuelve a estar es el de dejar sin ayudas públicas a las organizaciones que "promuevan" la inmigración irregular, entre las que Vox incluye a Cáritas a diferencia del PP. Un punto que aparece con la misma formulación: "Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. El Gobierno de Aragón no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", reza el documento.

El PP y Vox también aseguran que van a "librar Aragón de la imposición del catalán", lengua que se habla en municipios aragoneses que colindan con Cataluña y es “lengua propia original e histórica de la comunidad”, según la Ley de Lenguas de Aragón, de 2009. Además, se comprometen a derogar las "entidades públicas y leyes ideológicas", aunque no citan cuáles. "Se procederá a la derogación o, en su caso, la reforma de aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico", señala el acuerdo. Así, se dan de plazo el "primer semestre de gobierno" para llevar a cabo "una revisión sistemática del conjunto del ordenamiento autonómico en esta materia".

Los conservadores aseguran que "lo complicado" fue sacar adelante el acuerdo de Extremadura porque en él se "establecen los límites" pero que, una vez alcanzado, ese modelo es el que ha servido de base para las "negociaciones continuistas" tanto para Aragón como también para Castilla y León. En el equipo de Alberto Núñez Feijoo también defienden que el acuerdo "se puede aplicar cien por cien" pese a que el Gobierno ha denunciado que si se discrimina por motivos de nacionalidad es inconstitucional y lo recurrirán. "Hay textos legislativos muy parecidos aprobados en Consejo de Gobierno en Baleares", señalan en el PP.

Desde horas antes, fuentes de Génova ya anticipaban que el acuerdo sería "muy similar" al extremeño, pero reconocían que, en el caso de Aragón, tendrían que "ceder más" ante Vox porque los ultraderechistas duplicaron en esta comunidad su resultado de 2023, al pasar de siete a 14 escaños, mientras que Azcón perdió dos actas y se quedó con 26. Esa "correlación de fuerzas" es la que ha forzado a los conservadores a dar una consejería más a los ultras de las dos y la vicepresidencia que ya tienen en Extremadura.

En el PP aragonés tenían prisa por alcanzar el acuerdo y habían presionado para cerrarlo antes de la celebración del Día de Aragón este jueves —y solo diez días antes del final del plazo para la investidura, el 3 de mayo— . El hecho de estar en funciones dificultaba aprobar "determinados acuerdos", en palabras de Azcón. Una preocupación que también verbalizó el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un Gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública.

Además, al igual que ocurre en el pacto extremeño, el acuerdo trata de garantizar una estabilidad que el PP no tuvo la pasada legislatura. Y por eso se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años, si volverán a romper cuando les "convenga electoralmente", como asegura Génova que hicieron en verano del 2024, o si se producirá una revuelta interna en el partido en el que la dirección no controle a sus propios diputados, como ha sucedido en Murcia y Baleares. Con todo, el mensaje que busca trasladar el PP es que ellos "van a gobernar otros cuatro años" mientras "la izquierda se queda en la oposición otros 48 meses".

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha tachado este miércoles de "muy incipiente" un posible acuerdo con el PP para la investidura como presidente de Aragón de Jorge Azcón y ha afirmado que hace falta "trabajar más y mejor" y que "está todo en el aire".

Así lo ha indicado tras la reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, la popular María Navarro, en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la investidura a la Presidencia de Aragón.

Un encuentro "muy cordial y correcto", según Nolasco, en el que ha traslado la voluntad de Vox de alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP, condicionado a un "cambio de rumbo urgente" en las políticas de las populares, que sea "detallado y específico" y que incluya políticas y plazos de ejecución concretos. "Para Vox las políticas van siempre antes que los sillones", ha remarcado.

En ese aspecto, ha insistido en que Vox no se conforma "ni con generalidades ni con futuribles ni con promesas a largo plazo" en unas negociaciones que ha calificado de "discretas", en las que no ha habido ningún pacto, ni tácito ni formal, de retrasarlas por las citas electorales los acuerdos.

"Estas cosas -ha apostillado- llevan su tiempo", porque requiere acordar políticas concretas y después, en función del acuerdo, Vox decidirá si es mejor entrar en el gobierno o si se queda en la oposición si hay garantías suficientes de que esas políticas se van a cumplir. "Está todo en el aire", ha insistido Nolasco.

En esa línea, ha reiterado que es difícil establecer el grado de acuerdo con el PP porque es aún "muy incipiente", y aunque es consciente de que Vox no puede exigir el 100% de su programa, ha incidido en que a los de Azcón no le dan los números para aplicar el 100% del suyo y han de salir de "su baldosa".

En todo caso, ha concretado que Vox no puede renunciar a la bajada de impuestos, a sus políticas sobre inmigración o a la limpieza de los ríos al ser asuntos "fundamentales" para su partido, aunque ha rehusado concretar de qué políticas podrían prescindir.

"No vamos ahora a hablar de lo que vamos a renunciar, es como dar la batalla por perdida antes de empezarla" y el objetivo de Vox, ha enfatizado, es intentar aplicar su programa al máximo.

Los aragoneses, ha defendido Nolasco, han votado en las elecciones "el doble de Vox" y lo deseable sería un acuerdo "cuanto antes", y en su opinión no tendría por qué no alcanzarse si ha sido posible en la Comunidad Valenciana para la investidura como presidente del popular Juan Francisco Pérez Llorca sobre la base de políticas "perfectamente posibles".

Nolasco ha destacado que la abstención para facilitar la investidura de Azcón, el voto en contra o a favor es algo que Vox no se plantea en este momento al depender de los acuerdos a los que puedan llegar con el PP y ha insistido en que su partido tiene la mando tendida, como ya demostró al no presentar candidatura a la presidencia de las Cortes y facilitar con su abstención la elección de la popular María Navarro.

Un cargo que la pasada legislatura ocupó la diputada de Vox Marta Fernández, sobre el que ignora la posibilidad de que pueda producirse un cambio en función de las negociaciones con el PP en favor de un representante de su grupo parlamentario.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, convocó las elecciones para este domingo con el objetivo de disminuir su dependencia de Vox y evidenciar la debilidad del PSOE. Pero, de nuevo, el Partido Popular erró en sus pronósticos. Con 26 escaños, el candidato del PP ganó, pero perdió dos actas respecto a 2023, lo que le vuelve a dejar en manos de la formación ultraderechista, que duplica su resultado de 2023, al pasar de siete a catorce escaños. Ambas formaciones suman 40 actas, seis más que la mayoría absoluta.

"Solo hay un partido que puede decir que ha ganado las elecciones", se felicitó el candidato del PP al filo de las once de la noche. "Nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca y [otro por] Zaragoza, pero con 26 escaños no hay ningún partido que haya obtenido el resultado del PP", siguió Azcón, que recalcó entre aplausos que solo "el PP puede formar Gobierno para los próximos cuatro años" y se comprometió a "aprobar un presupuesto".

Aunque el presidente aragonés en funciones no mencionó a Vox, se mostró seguro de que su formación "va a gobernar": "Vamos a hacer que Aragón sea imparable, desde mañana nos ponemos a trabajar hablando con todas las formaciones políticas para ahormar una nueva mayoría". Así, recalcó que a partir de este lunes, su formación se "pondrá a trabajar" en ello.

Pese al optimismo de Azcón, el PP ha comprobado en primera persona los riesgos del adelanto electoral ejecutado primero en Extremadura, y ahora en Aragón, con la diferencia de que María Guardiola logró sumar un escaño más que en 2023. Ambos comicios confirman que la pujanza del partido de Santiago Abascal no es anecdótica, sino que está ya arraigada. Y que puede ir a más. Sin embargo, para el secretario general del PP, Miguel Tellado, el resultado "es elocuente" porque su formación "suma más que toda la izquierda junta".

La tesis defendida por el número dos de Alberto Núñez Feijóo es que Azcón ha cumplido porque ha logrado derrotar a la candidata socialista. Eso, a su juicio, es "el reflejo claro de lo que piensa toda España", que "está harta de Pedro Sánchez" y "sus portavoces". Sin embargo, Tellado evitó hablar sobre el principal problema para el PP, que pierde posiciones mientras su principal rival en la derecha no deja de crecer. "Hemos ganado las elecciones, no sé si tenemos que pedir disculpas por ello", fue su respuesta después de que le preguntaran por los dos escaños que pierde el PP respecto a 2023.

Lo cierto es que el PP y Vox protagonizaron duros enganchones en el final de campaña y se acusaron mutuamente de guerra sucia. Abascal hizo referencia a ello en su comparecencia, la última de la noche electoral. El líder nacional de Vox aseguró que en la campaña se había puesto "toda la maquinaria política del bipartidismo contra Vox" con "campañas absurdas". "Todo ha valido contra Vox, pero los aragoneses quieren más del doble de Vox", señaló. Una frase que ya utilizó el pasado 21D tras las elecciones en Extremadura.

Abascal dejó claro que está dispuesto a pactar con los conservadores, pero a costa de que asuman sus postulados. "Si el PP quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros, pero si pretende seguir con las mismas políticas que nos hicieron abandonar los Gobiernos regionales, tiene al PSOE", zanjó. Por su parte, el candidato ultraderechista en Aragón, Alejandro Nolasco, únicamente afirmó que los aragoneses han votado "sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo". E incidió en el crecimiento exponencial de su partido: "Hemos pasado de tres a catorce escaños en dos años y medio".

Tanto Génova como el PP de Aragón ya venían advirtiendo estas últimas semanas de la subida de Vox, con el único consuelo de que el PSOE obtuviera su "peor resultado histórico", con una Pilar Alegría que ha igualado en escaños los 18 obtenidos por Javier Lambán en 2015. El fichaje del agitador ultra Vito Quiles en el final de campaña fue el último intento del PP de atraer votos de la ultraderecha, pero no fue suficiente. Quiles fue en las elecciones europeas en la lista de Se Acabó La Fiesta (SALF), que también se presentó en estos comicios. Obtuvo el 2,7% de los votos y terminó sin ningún escaño.

Los conservadores son conscientes de que el principal problema para la derecha tradicional es que a Vox nada "parece afectarle", ni las cuitas internas dentro de su organización tras las últimas quejas de Javier Ortega Smith, ni las denuncias por el desvío de fondos de su organización juvenil y tampoco las sanciones del Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Y siguen sin tener resuelta cuál es la mejor estrategia para hacerles frente. Por el momento, gana peso la tesis de quienes creen que es necesario que Vox entre en los Gobiernos autonómicos para que se desgaste de cara a las generales.

El resultado de Azcón, además, no le sirve para ganar peso orgánico en el Partido Popular, donde quiere posicionarse a nivel interno en un panorama donde las grandes baronías están en manos de Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Juanma Moreno (Andalucía). Su campaña ha tenido un gran componente nacional, con presencia de figuras de toda España y de la mano del líder nacional, que se volcó en los últimos días. También tuvo mucho protagonismo la propia Ayuso, que ha celebrado en redes el resultado de Azcón.

Desde el equipo de Feijóo se felicitan por haber sacado "diez puntos más" que la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez", incidiendo en el desgaste del socialismo, pero siguen sin solución para su gran frente: cómo articular los acuerdos con una ultraderecha al alza. Ese escenario, además, se agravará con la celebración de las elecciones en Castilla y León el 15 de marzo, donde Vox crece cada día y fuentes del PP hablan ya de un "triple empate". El gran golpe puede ser si finalmente en Andalucía, en junio, Juanma Moreno pierde la absoluta y el gran perfil moderado se tiene que echar en brazos de Abascal.

La legislatura de Jorge Azcón (PP) que acaba de terminar ha girado alrededor de los centros de datos, que según él atraerán 75.000 millones de euros a la región, aunque también han generado controversia por la incertidumbre que rodea al impacto ambiental de estas instalaciones y las rebajas fiscales de las que disfrutan. Sin embargo, a dos semanas de las elecciones autonómicas, el asunto pasa prácticamente desapercibido en los los programas electorales, pese a que si se ejecutan todos los proyectos planeados tendrían un impacto innegable en el futuro de la Comunidad.

Aragón tiene ya en operación tres campus de Amazon (a través de Amazon Web Services), aunque se espera que aterricen muchos más en los próximos años, con la expansión de los tres actuales y la puesta en marcha de otros diez, algunos de ellos con varios centros diferentes. Esta lista solo incluye los proyectos que ya se consideran PIGA –Proyecto de Interés General para Aragón–, y a ellos podrían sumarse otros dos más anunciados por Amazon y Vantage en Teruel y Zaragoza, que irán acompañados de otra lluvia milmillonaria de dinero.

Este aluvión de anuncios es precisamente lo que genera un fuerte desconcierto en la región, donde da la sensación de que solo trascienden grandes anuncios, pero no está claro lo que hay detrás de ellos. Está ampliamente demostrado que esta tecnología conlleva un fuerte incremento del consumo de energía y agua que preocupa a activistas y vecinos, y estos denuncian que hay poca transparencia sobre el costo ambiental de los centros de datos y de la huella real que dejarán en la economía aragonesa.

La Fundación Basilio Paraíso publicó en septiembre un informe sobre los nueve proyectos que ya contaban entonces con un PIGA –desde entonces se ha sumado otra gigainversión de Forestalia–, y estimaba que la demanda de estas plantas será de entre 3.185 MW y 2.435 MW, en función de si se contempla un escenario optimista u otro conservador, respectivamente. Eso se traduce en un consumo anual de entre 21,3 y 27,9 TWh de luz, entre un 190% y un 249% más que la demanda eléctrica de Aragón en todo 2024. A esas cifras habría que sumar tres campus no incluidos en el informe. Comparado con el consumo de luz de España de 2025, el escenario optimista equivaldría al 11% de la demanda nacional.

De hecho, los tres campus ya operativos de AWS se empiezan a notar en el consumo eléctrico aragonés, que creció en 2025 un 9,2%, según publica El Periódico de Aragón. Aunque es cierto que la Comunidad genera más luz de que la que consume en la actualidad, esta se vierte a la red nacional y ahí se reparte, de manera que el superávit energético de Aragón no se podría explotar.

Esta circunstancia, sin embargo, no genera debate de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Azcón, que aspira a la reelección, responde en sus entrevistas que quiere continuar con su proyecto de atraer inversiones tecnológicas, mientras que el PSOE mantiene un apoyo condicionado a la llegada de estas compañías. Por su parte, Vox –hasta diciembre, socio del PP en Aragón– pide que se contrate personal de la comunidad en las instalaciones de datos, y Chunta Aragonesista –cuarto partido en intención de voto– reclama transparencia y claridad sobre su impacto en la región.

Luis García, de Ecologistas en Acción y encargado de la campaña contra los centros de datos, advierte de que el asunto está pasando desapercibido. "No se está hablando tanto como se debería y la oposición debería tener una postura más firme contra ellos", opina el activista. Aunque por ahora no ha habido un enfrentamiento abierto alrededor de las tecnológicas, la polémica podría llegar a la primera línea durante los debates electorales de los próximos días, donde previsiblemente se abordará este asunto.

Fuentes del PSOE aragonés, el principal partido de la oposición liderado por la exministra Pilar Alegría, afirman que no tienen "una oposición frontal" a estas inversiones, pero que quieren más transparencia sobre su demanda eléctrica y de agua. "Ya funcionan tres centros de AWS desde hace dos años y no tenemos certezas de cuál es su consumo real", critican. También subrayan que si llegan al Gobierno crearán un impuesto para estas instalaciones que se destinará a los ayuntamientos donde están ubicados.

La fiscalidad es una de las principales críticas de esta carrera del PP aragonés por atraer la nueva industria. Todos los proyectos van acompañados de un DIGA –Declaración de Interés General de Aragón– y un PIGA negociado con el Gobierno autonómico que garantiza un procedimiento acelerado de tramitación y un recorte de impuestos inmenso.

Según el informe de la Fundación Basilio Paraíso, declarar un proyecto como PIGA permite al ayuntamiento a aplicar la bonificación máxima del 95% al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y en la práctica todos los alcaldes lo aplican para garantizar que el proyecto cae en su municipio. El recorte del IBI solo se ejecuta durante los primeros cinco años de operación.

Óscar Lobera, autor del estudio, opina que las figuras PIGA y DIGA son un aliciente importante para que Aragón sea el epicentro de esta tecnología en España, aunque "limitarlo a eso no sería justo", opina. Según él, los puntos fuertes son la gran cantidad de territorio libre, la cercanía a grandes ciudades –"a 300 kilómetros de Zaragoza está el 80% del PIB del país–, una instalación potente de fibra óptica y un excedente de recursos de luz y agua.

Según sus cálculos, los nueve proyectos que ha estudiado consumirán de media entre 8,5 y 9,4 hectómetros cúbicos de agua al año, según los escenarios de despliegue prudente y máximo, aunque ambas cifras podrían subir o bajar un 50% en función de la tecnología que apliquen las compañías. Como referencia, el consumo de agua de Zaragoza en 2024 fue de 61,4 hectómetros cúbicos.

La preocupación ambiental alrededor del agua es el asunto que más asperezas ha levantado entre las organizaciones vecinales y activistas. Ecologistas en Acción ha sido una de las organizaciones más activas contra ellos y ha presentado alegaciones a todos los proyectos de declaración de interés general propuestos por el Gobierno de Aragón, con ningún éxito hasta ahora. Eso ha llevado a la organización a iniciar esta semana los trámites para interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el PIGA de Amazon Web Services.

Luis García, de Ecologistas, subraya que lo que más le preocupa es la falta de transparencia. "Es gravísimo que se apruebe algo así solo fiándonos de la palabra de la compañía. Cualquiera que vea la memoria justificativa del proyecto se encontrará con que Amazon dice que va a aportar X millones a la economía local, pero no hay cálculos. Y el Gobierno tiene la desfachatez de aprobarlo", opina. Por ahora solo han denunciado el procedimiento de AWS, pero esperan que si llega a buen puerto les sirva como base legal para ir a por el resto.

Los puestos de trabajo también son motivo de polémica alrededor de estas instalaciones, porque Azcón ha sacado pecho de que las inversiones dispararán el empleo en la Comunidad. Los centros de datos movilizan miles de puestos durante su construcción, pero su operatividad posterior requiere de muchos menos trabajadores.

Los nueve proyectos analizados por Óscar Lobera generará entre 150 y 900 puestos de trabajo durante su fase de operación, siendo el de Microsoft el que más empleados tendrá, si finalmente se lleva a cabo. Durante la fase de construcción se crearán cada año entre 12.000 y 17.300 puestos de trabajo, incrementando entre un 2% y un 2,75% el empleo en toda la Comunidad de manera temporal.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparecerá este lunes en una rueda prensa para oficializar el adelanto electoral en la comunidad, previsiblemente para el 8 de febrero.

Tras el fracaso en las negociaciones de Azcón con Vox para sacar adelante el presupuesto de Aragón de 2026, el presidente ha convocado a los medios de comunicación a las 11.30 horas tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que aprobará el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, que se publicaría el martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Los comicios, según la ley electoral, deberán celebrarse 54 días después de la entrada en vigor del decreto, es decir, el 8 de febrero.

El presidente ha rehusado hasta ahora confirmar la fecha de las elecciones y ha emplazado a la prensa para informar de su decisión tras un fin de semana de reflexión.

Aragón vivirá su primer adelanto electoral y los partidos con representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón Teruel Existe, Podemos, IU y PAR- tendrán que preparar una campaña en tiempo récord, con las Navidades de por medio, y cerrar las candidaturas.

Azcón liderá la del PP con la ambición de no tener que depender de Vox, y el riesgo de que el equilibrio de fuerzas en las Cortes se mantenga, en liza con la ministra de Educación y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, que aspirará a la presidencia de Aragón, salvo sorpresa en las primarias que ha de convocar el partido.

La Ronda de Boltaña canta “sobrabas país, sólo querían agua, montañas y electricidad” y ahora, también, vivienda. La situación en la que se encuentra la vivienda en Pirineo es “insostenible y necesita regulación”, comenta el grupo de Redes y comunicación de la plataforma Pirineo Digno. 

La zona, especialmente la que corresponde al pirineo aragonés, se está convirtiendo en un lugar tensionado. Muchos de los habitantes de pueblos como Jaca o Barbastro como Jorge, vecino de esta última, ya hablan de la “ibizificación” del Pirineo, es decir, que cada vez es más difícil encontrar casa por sus precios y el turismo. Este turismo desmedido, como denuncian organizaciones como 'El Pirineo no se vende', está expulsando a los habitantes de todos estos pequeños pueblos y poniendo en peligro un paraje natural único. 

Que el Pirineo se ha puesto de moda, no es nuevo, y es lógico, es uno de los últimos refugios naturales de Europa. Sus valles glaciares, ibones de alta montaña, bosques de hayas y abetos y sus cumbres que superan los 3.000 metros como el Aneto, Monte Perdido, Posets o Gran Bachimala, tienen la culpa. Un ecosistema que se enfrenta a una presión sin precedentes: la del turismo masivo y la transformación “en parque temático” que el Gobierno de Aragón quiere, como denuncia Jorge y la plataforma 'El Pirineo no se vende'.

“Turismo hay en estas montañas desde hace décadas, pero antes había más cultura de montaña. Ahora hay demasiado postureo y demasiada gente en el monte que no sabe a lo que va. Incluso un palpable menosprecio a la vida rural tradicional, a la ganadería o a la caza, que es lo que ha hecho posible la vida en estas montañas”, recuerdan desde 'El Pirineo no se vende'.

“Desde la pandemia, yo creo que con eso de estar al aire libre y limpio, se ha visto un auge en las reservas fuera de la temporada invierno”, la época más habitual para viajar a esta zona y disfrutar de la nieve y las pistas de esquí, cuenta Pilar Arruebo, responsable comercial de Eizasa Hoteles. También las redes sociales tienen culpa de este turismo sin cultura de montaña del que hablan desde 'El Pirineo no se vende'.

Los hoteles están viviendo el auge del turismo, pero las poblaciones lo están sufriendo. Según recoge el último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, impulsado por la cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de Aragón e Ingennus, la localidad de Sallent de Gállego ya ha superado la barrera de los 3.000 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2025, anotando una variación interanual del 35,2%.

Este municipio de la Comarca del Alto Gállego, próximo a la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa, le sigue Jaca, donde el metro cuadrado se ha fijado en 2.721 euros, lo que marca una variación interanual del 21,8%. Estos datos, así por separado puede que no digan nada, pero Jaca y Sallent, se sitúan casi en el doble de la media de la provincia de Huesca, 1.716 euros.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria (API), Fernando Baena coincide con la visión de Jorge: “En estos municipios turísticos ya tenemos el problema que se pueda dar, afortunadamente no en la misma magnitud, en Ibiza o Marbella”.

Baena comenta que hay personas que llegan a estas zonas turísticas para trabajar y “rompen” la demanda ya existente. En los lugares más visitados, y en especial cercanos a las pistas de esquí, el auge de los apartamentos turísticos junto a la cantidad de segundas o terceras residencias, ha hecho estallar los precios y con ellos las posibilidades de sus habitantes. “Nos encontramos con buena parte de la población temporal viviendo incluso en caravanas, que cambia cada temporada, lo que destruye los tejidos sociales y el desarrollo del lugar”, señalan desde 'Pirineo Digno'. 

Esta organización, junto a otras, reclaman “una regulación decisiva de la vivienda turística para volver a un equilibrio". Eliminar las ventajas fiscales de los apartamentos turísticos, avales públicos para pequeños arrendadores promoviendo el alquiler de larga estancia o vivienda social son algunas soluciones que proponen para garantizar el derecho a una vivienda digna.

'El Pirineo no se vende' y 'Pirineo Digno' coinciden en la receta para mejorar la situación de la vivienda: regulación. Pero alertan de que el Plan Pirineos “solo va a lograr empeorar esta situación, pues todos estos macroproyectos llevan escondidos desmesurados planes urbanísticos que agravarán esta situación”. Para protestar contra ello y reclamar soluciones, este 29 de noviembre, en Jaca, salen a la calle por una “Vivienda digna del Viello Aragón”.

En la recuperación de los pueblos y en el aumento de vivienda pública ya está trabajando el Gobierno de Aragón pero con paso lento. En febrero se licitaron las primeras 52 viviendas, en tres localidades de la comarca de Sobrarbe: Boltaña, Aínsa y Broto, y una de la provincia de Teruel, Beceite, financiados por el Gobierno de Aragón en un 80%, y el resto con dinero de fondos Next Generation. Cifras que se irán incrementando hasta alcanzar las 488 viviendas en 43 municipios en 2027.

Pero la vivienda es una de las caras visibles de un problema que tiene muchos lados y que se puede resumir como: apostar por el turismo masivo. 

El Gobierno de Aragón está apostando fuerte por el sector de la nieve. El presidente aragonés, Jorge Azcón, asegura que “se puede hablar ya de 146,5 millones de euros solo en actuaciones directas en el sector de la nieve”. Una declaración que llega después del último anuncio al sol, en un campo yermo, para instalar “532 nuevos cañones de nieve en Formigal, 110 de Panticosa y los 319 de Cerler”, desglosa Azcón que anuncia también la instalación de “61 cañones en la estación de esquí de Valdelinares”.

“Estos nuevos cañones de nieve, capaces de producir nieve incluso con temperaturas positivas, garantiza la continuidad de la actividad en las cotas más bajas de las estaciones durante la temporada de nieve y, por tanto, ayudará a impulsar la economía de los valles”, dice el Gobierno aragonés. “Una atrocidad ambiental”, denuncia Paco Muñoz de Bustillo, de Ecologistas en Acción de Sabiñánigo. “Otro despilfarro más de dinero público”, critican desde 'El Pirineo no se vende'. “Una foto dantesca”, aseguran desde 'Pirineo Digno' que, además, piden “adaptar la economía del esquí ante el cambio climático”.

Greenpeace y Ecologistas en Acción denuncian esta supuesta “ventaja” de tener nieve desde el 29 de noviembre que arranca la temporada, porque eso “tensionará más el ecosistema pirenaico”. Activistas de organizaciones como 'Salvemos Canal Roya', 'Pirineo Digno' o 'Salvemos el Pirineo' piden “sentido común; que cuando nieva se puede esquiar, cuando no, no”. Además, critican esta sobrexplotación del paisaje.

“Es injusto que se destinen 40 millones de euros de dinero público a la fabricación de nieve en las estaciones de esquí teniendo en cuenta que Aramón está conformado en buena parte por empresas privadas”, dicen desde 'Pirineo Digo'. Y desde 'El Pirineo no se vende' añaden: “Mientras, en Chistau se les caen a cachos los túneles de entrada a todo el valle”.

El modelo de desarrollo económico impuesto desde la Diputación General de Aragón para el Pirineo privilegia el turismo de nieve frente al resto de sectores económicos. Este modelo, apuntan, “conlleva unas condiciones de vida precarias para la clase trabajadora, ya que promueve trabajos temporales que no cubren el año entero, salarios bajos y empleos de baja cualificación”. 

Han pasado 50 años, desde que Luis Granell publicase en la revista Andalán el artículo: “Los trabajadores de la nieve: eventualidad, malas condiciones de trabajo y falta de cualificación profesional”. Medio siglo y la realidad laboral del principal sector económico del Pirineo no ha cambiado.

Desde estas plataformas exigen el final de los “proyectos faraónicos ligados al negocio del esquí y del turismo masivo”. En el manifiesto que se presentó el pasado 25 de octubre en Campo y en Jánovas alertan de que el Plan Pirineos del Gobierno de Aragón “esconde pelotazos urbanísticos para beneficiar a grandes inversores privados con millones de euros de beneficio a costa de nuestro país”.

Desde Greenpeace, siempre vigilantes en el Pirineo, alertan que, aunque el Gobierno de Aragón ha dejado en suspenso la ejecución del Canal Roya tras la fuerte oposición social, ambiental y jurídica, igual que ha pasado con el Oroel Park —con un apoyo del 75%—, “podría reactivarse o modificarse con futuras decisiones políticas”. Para evitarlo, reclaman que el valle sea declarado Parque Natural de forma urgente, lo mismo que exigen desde 'Pirineo Digno' y otras plataformas.

Recuerdan que el proyecto contempla la construcción de una telecabina de 4,3 kilómetros y 37 torres para conectar las tres estaciones de esquí del Pirineo aragonés, junto con una carretera de evacuación y dos estaciones intermedias. La organización advierte de que supondría “la urbanización de un valle glaciar sin alteraciones previas”, con afecciones directas sobre hábitats alpinos, turberas de alta montaña y especies amenazadas como la perdiz nival, el urogallo pirenaico o la trucha común.

“En el Pirineo ni queremos ni necesitamos la unión de Astún y Formigal por Canal Roya, no queremos ni necesitamos una telecabina para unir Benasque y Cerler ni un tobogán en Panticosa. Tampoco necesitamos un parque temático en Oroel ni una carretera turística en el Parque Natural de Guara”, todos proyectos dentro de ese Plan del Gobierno de la comunidad que preside Azcón. 

Asociaciones y vecinos denuncian la intención de convertir el Pirineo en un parque temático para turistas, lo que va a llevar a la expulsión de los vecinos y la degradación del terreno en aras de “un turismo masivo de Instagram y borrachera que es a lo que nos están llevando con las políticas del más y más”, cierran desde 'El Pirineo no se vende'.

La jueza Rocío Pilar Vargas, magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, ha dictado la orden de ejecución definitiva de la sentencia que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver las pinturas murales del Monasterio de Sijena y establece un plazo de siete meses, según informa EFE.

En concreto, la jueza establece en la sentencia que en siete meses, tal y como había planteado el Gobierno de Aragón, se cumpla esta orden o que, en su defecto, el MNAC aporte en el plazo de diez días un cronograma alternativo para la devolución, en cuyo caso se resolverá sobre ello. La magistrada oscense ordena por tanto la ejecución definitiva de la sentencia firme de julio de 2016 que confirmó íntegramente en mayo de 2025 el Tribunal Supremo.

En su auto, la jueza reconoce que esta es una ejecución especialmente compleja, cuyo cumplimiento inmediato "no es posible" dada la naturaleza y el valor patrimonial de las pinturas que deben de ser devueltas, y que por eso se requieren unos plazos determinados para las operaciones de desmontaje, embalaje y traslado de las piezas.

La magistrada atiende en este punto la petición del Gobierno de Aragón y acepta el plazo de siete meses que planteó el ejecutivo autonómico, aunque ofrece la posibilidad al MNAC de presentar su propio cronograma alternativo, en diez días.

Aunque el Gobierno de Aragón había solicitado la imposición de multas al MNAC de 5.000 euros por cada día de retraso, la jueza ha decidido no imponerlas por ahora, aunque no descarta hacerlo más adelante.

La resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno, aunque el MNAC tiene diez días para oponerse en el caso de que demuestre que ya ha cumplido con lo que se le ordena o que el procedimiento adolece de errores procesales.

La resolución se acompaña de un decreto de medidas ejecutivas que establece que el MNAC debe permitir "de manera inmediata" la entrada de los técnicos designados por el Gobierno de Aragón a las salas 16 y 17, donde están expuestas las pinturas murales que deben ser restituidas al Monasterio de Sijena.

El decreto de medidas precisa que el acceso se deberá producir durante todo el tiempo que los técnicos del Gobierno de Aragón requieran y con todos los medios auxiliares que ellos determinen como necesarios, y con ambas salas cerradas al público.

Este acceso, tanto a las propias pinturas y a su sistema de montaje expositivo actual, incluirá también la entrega de toda la documentación vinculada con ellas y conservada en los archivos del MNAC, con el fin de garantizar la recepción de las pinturas con todas las garantías de conservación y seguridad.

El museo permitirá también el acceso a todos los datos sobre las condiciones de temperatura y humedad relativa de estas salas y de aquellas otras en las que los fragmentos hayan estado expuestos con anterioridad desde su ingreso en el MNAC. Como primer paso, se establece que los técnicos del Gobierno de Aragón harán un levantamiento fotogramétrico (técnica de escaneo visual en 3D) de las salas y las obras. Contra este decreto de medidas cabe interponer un recurso directo de revisión, pero sin efecto suspensivo, en el plazo de cinco días.

La Unidad Militar de Emergencias ha comenzado a trabajar ya en labores de limpieza y de recuperación de la normalidad en varias poblaciones de la Ribera Alta de Zaragoza, entre ellas Grisén, donde las intensas lluvias registradas provocaron una balsa de agua de más de 30 metros de largo y 2 de alto en la que quedaron atrapados dos turismos y un camión, sin causar daños personales.

Además, bomberos de varios parques de la Diputación de Zaragoza están actuando en las poblaciones de Figueruelas, Fuentes de Ebro, Tarazona y Ejea en labores de achiques de agua y de revisión de viviendas afectadas por las precipitaciones.

Entre los afectados se encuentra Óscar Marrón, a quien le sorprendió la tormenta de granizo en Grisén cuando regresaba a casa después de trabajar y se metió en la balsa causada por el agua en la A-122. 

"Salí como pude del coche, porque el agua lo cubrió por completo y no podía avanzar", relata tras el episodio vivido en un testimonio recogido por el Heraldo de Aragón.

Según explica, "tuve que alertar a los conductores que venían de frente para que no cruzaran, porque la situación era muy peligrosa", cuenta esta persona, a quien llevó a su casa una de las personas a las que avisó de la situación.

El abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha presentado un escrito ante el juzgado de primera instancia de Huesca que debe ejecutar la orden de devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena en el que pide medidas preventivas que aseguren la ejecución de la sentencia, entre otras el embargo de bienes del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), según informa EFE.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado, que esgrime un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que posibilita instar medidas urgentes cautelares o preventivas para garantizar el cumplimiento de la sentencia, cifra el valor de las pinturas en los mil millones de euros referidos, aunque plantea que el embargo se haga al menos por un total de 150 millones.

Por esta razón, pide a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca, que resolvió el caso a favor de Aragón, que pida al museo catalán un listado de bienes y derechos susceptibles de ser embargados, o bien habilite recursos económicos suficientes en su próximo presupuesto.

También solicita otras medidas preventivas: el cierre "inmediato" de las salas del MNAC donde están expuestas actualmente las pinturas murales de Sijena, así como la entrega de toda la documentación necesaria para el desmontaje de las pinturas y de las actas e informes de la reunión celebrada el pasado lunes por el patronato del museo en la que se informó de una supuesta imposibilidad técnica para llevar a cabo el traslado.

El escrito reclama asimismo a la jueza el establecimiento de un dispositivo de vigilancia de las pinturas por fuerzas públicas durante las 24 horas del día. Y también el apercibimiento a los responsables del museo de incurrir en un delito de desobediencia en caso de no asumirse las medidas preventivas que se decreten.

Tras insistir en que estas medidas tienen como finalidad "garantizar el pleno y total cumplimiento de la sentencia de este juzgado", Español argumenta en su escrito que el comunicado enviado por el patronato del MNAC tras la reunión del pasado lunes constituye "un desafío en toda regla" a la sentencia, al asegurar que la voluntad de cumplirla se ve imposibilitada por la fragilidad de las pinturas.

Añade que para "disimular dicho presunto desacato", el MNAC ofreció al Gobierno aragonés formar una comisión técnica. "No sabemos para qué, sinceramente", ha dicho, lo que en su opinión permite deducir de forma indiciaria la presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Desobediencia, continúa el escrito del letrado, derivada del hecho de que la sentencia del juzgado oscense, confirmada hace unas semanas en todos sus extremos por el Tribunal Supremo, concluyó que los técnicos que declararon en el juicio por estos hechos, incluidos los del MNAC, manifestaron que el traslado era posible, por lo que se trata de "cosa juzgada" que no puede ser cuestionada y debe de cumplirse.

Español cita en su escrito una de las consideraciones de la sentencia original confirmada por el Supremo en la que se subraya: “Ningún perito ha afirmado la imposibilidad de trasladar las pinturas a la Sala Capitular ni que el traslado vaya a suponer inexorablemente la pérdida de las pinturas, por lo que el traslado de las pinturas y su integración en la Sala Capitular es posible siempre que se adopten las medidas y precauciones necesarias para ello”.

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha renunciado como senador autonómico este miércoles, según ha anunciado en su cuenta de X y recoge EFE, con lo que pone fin a su vida política institucional.

Ha explicado ya ha presentado su renuncia ante el presidente del Senado y expresa su gratitud tanto al PSOE por proponerle, como a las Cortes de Aragón, que le nombraron, y al grupo socialista en el Senado por el "trato respetuoso" que le ha dispensado.

"Pongo fin así a mi vida política institucional, que comenzó en 1983 en el Ayuntamiento de Ejea, guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a Aragón y a España. Desde otros ámbitos seguiré haciéndolo", concluye Lambán.

Una decisión que llega dos días después de que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, haya sido proclamada nueva secretaria general del PSOE Aragón, cuya toma de posesión formal del cargo será en el 18º Congreso Regional del PSOE Aragón del 15 y 16 de marzo, después de que la Comisión Regional de Ética y Garantías ratificara el lunes su candidatura al concluir de presentación de precandidaturas.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el primer recurso desde una comunidad autónoma contra la ley de amnistía, que marcará el camino a los 15 restantes, así como los recursos de los condenados por el procés contra la negativa del Tribunal Supremo de aplicarles la norma.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno del tribunal de garantías ha admitido el recurso de las Cortes de Aragón, que fue el primero presentado desde una comunidad autónoma contra la norma y, como consecuencia, permitirá que ocurra lo mismo con el resto de las impugnaciones autonómicas presentadas.

La corte de garantías ha tomado esta decisión tras atender el informe de los letrados del tribunal que se han pronunciado a favor de la legitimidad de los gobiernos y asambleas regionales para impugnar la norma, la misma conclusión a la que ha llegado el letrado de la magistrada progresista Laura Díez, que es la ponente del primer recurso de las Cortes de Aragón.

El Constitucional tiene en cola las impugnaciones presentadas por los doce gobiernos autonómicos del PP (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja) y tres parlamentos autonómicos con mayoría del mismo signo: Aragón, Murcia y Cantabria. El otro recurso presentado ante el TC es el del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, el único barón del PSOE que ha recurrido el texto ante el TC.

Por otra parte, el tribunal ha admitido a trámite, también por unanimidad, los recursos de amparo del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva para que se les aplique la amnistía, que el Tribunal Supremo no les ha concedido "rebelándose" a cumplir la ley, según los demandantes.

El Supremo resolvió no amnistiar el delito de malversación, al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el procés y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas. En la actualidad, los tres dirigentes de ERC siguen inhabilitados para ejercer cargo público y solicitan en sus escritos que esta pena se les suspenda de forma cautelar.

El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite la recusación formulada por la Fiscalía contra el magistrado conservador Jose María Macías en la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de Amnistía.

Fuentes jurídicas informan de que el Pleno ha acordado tramitar la recusación de Macías, a quien la Fiscalía acusa de falta de imparcialidad porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial respaldó dos informes contrarios a la norma. El tribunal ha aceptado la propuesta de tramitar la recusación a partir de un borrador de la ponente, la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán.

Para ello, el tribunal ha designado como instructora a Díez y ha dado traslado a las partes personadas (Congreso y Senado) para que se pronuncien al respecto. Ya después, se dará traslado a Macías para que formule sus alegaciones y, en su caso, pueda proponer prueba si así lo considerase. Recibidas todas estas alegaciones, la instructora dictará una resolución en la que decidirá sobre la admisión o no de la recusación, en este último caso finalizaría el procedimiento

Si fuese admitido, Díez remitirá toda la documentación a la ponente, que es Montalbán, quien será a su vez la que proponga al Pleno si debe apartarse o no al magistrado. Esta recusación no guarda relación con aquella presentada por la Abogacía del Estado contra Macías en el recurso del PP, que fue rechazada por unanimidad por considerarse prematura, sin llegar a entrar en los motivos de la impugnación.

Mientras tanto, el procedimiento para resolver la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo queda paralizado.

Este lunes el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la ley impulsada en 2018 por PP y Vox que anuló, el pasado febrero, la Ley de Memoria Democrática de Aragón, ha recogido Europa Press.

El TC, tras haber invocado el Ejecutivo en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma impugnada desde la fecha de interposición del recurso, 29 de mayo de 2024, para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE (Boletín Oficial del Estado) para los terceros.

Sánchez expone que esta ley podría infringir los artículos 10.1 y 15 de la Constitución Española, por la anulación de los mandatos relativos al estatuto de las víctimas. Además, sostiene que podría ser contraria a competencias estatales en relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración, así como el 149.1.30 CE.

El Gobierno de Aragón, según ha explicado Europa Press, manifiesta su respeto ante la resolución impuesta por el Tribunal y admite a trámite el recurso del Presidente. Además, ha añadido que la ley de derogación es "plenamente constitucional" y que se ha tramitado "desde la más escrupulosa legalidad y las Cortes de Aragón tienen autonomía y derecho para derogar sus propias normas".

También ha recordado que "la ley de derogación cuenta con el aval de los informes favorables del Consejo Consultivo de Aragón y de los letrados de las Cortes de Aragón", tras lo que han recalcado que "la suspensión de la ley de derogación es automática, pero que cabe petición de alzada contra dicha disposición suspensiva", lo que llevarán a cabo "de manera inmediata".

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves, por el procedimiento de lectura única, la proposición de ley de PP y Vox de derogación de la Ley de Memoria Democrática para "reconocer a todas las víctimas sin distinción". Los grupos proponentes y el PAR han votado a favor, haciéndolo en contra PSOE, Aragón-Teruel Existe, CHA, Podemos e IU, según informa Europa Press.

La diputada del PP Ana Marín ha hecho un reconocimiento "a todas las víctimas sin excepción" y ha preguntado "si de verdad somos incapaces de superar lo que pasó hace 100 años, no digo olvidarlo, sino superarlo", echando en cara a los partidos de izquierda que sus discursos "son más propios de 1940 que de 2024".

"Hoy se va a empezar a reconocer a todas las víctimas", ha continuado Marín, mencionando a "las de la guerra, la dictadura franquista y el terrorismo que nos sacudió a todos tan fuerte y tan cerca". Ha recordado a los dos guardias civiles fallecidos días atrás en Barbate (Cádiz), arrollados por una narcolancha, y ha manifestado su apoyo y respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Somos herederos de la Constitución de 1978 y por mucho que se empeñen no nos vamos a mover de ahí", ha enfatizado la diputada del PP, quien ha recalcado que "todas las víctimas fueron víctimas, todas, fueran quienes fueran, hicieran lo que hicieran, llevaran el uniforme que llevaran, todas sin distinción merecen ser honradas y merecen nuestra consideración".

Desde Vox, Santiago Morón ha preguntado "qué necesidad había, después de 40 años, de romper con los principios de la transición" y "adónde nos quieren conducir esta vez", rechazando "la estrategia de confrontación". Ha recalcado que "ahora la voluntad mayoritaria de los aragoneses es contraria a esta ley". Ha afirmado que la Ley de Memoria Democrática "atenta contra la libertad de pensamiento, conciencia, expresión y cátedra" y establecía "un relato oficial", tras lo que ha espetado a los partidos de izquierdas que "han desenterrado a Franco, gracias a ustedes está en el debate político más ahora que hace 30 años".

En representación del PSOE, Daniel Alastuey ha aseverado que "se está robando" la Ley de Memoria Democrática por "el revanchismo y la venganza", añadiendo que con la derogación se está revisando el presente democrático para "adaptar el relato histórico al relato franquista". "Estamos echando a la basura una ley que buscaba la concordia, que mediante el reconocimiento de todas las víctimas permitía pasar página y establecer un relato común respecto a los problemas que nuestro país ha tenido los dos últimos siglos, un relato que permitiera cimentar un Estado democrático", ha asegurado Alastuey.

También ha dicho que PP y Vox querían "la derogación inmediata, con malas formas y saña" y ha lamentado que "este país ha tenido una atormentada historia, los españoles hemos intentado, mal que bien, fundar un Estado democrático durante dos siglos", exponiendo que "el primer precedente fue la Constitución de 1812 y hubo guerras, muertos y, por fin, se pudo culminar en la II República, con una Constitución democrática; basa de denigrar la II República". La Ley de Memoria Democrática "igualaba a las víctimas", ha zanjado.

El diputado de CHA José Luis Soro ha apelado a los principios de "verdad, reparación, justicia y convivencia", recogidos en "la ley que se acaban de cargar", afirmando que "la cuestión no es lo que pasó hace 50 años, sino lo que ha cambiado desde hace cinco".

La parlamentaria de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha considerado que derogar esta ley "para nada es hacer justicia a todas las víctimas", agregando que "solamente construyendo se le haría justicia a las víctimas".

Para el diputado de Podemos, Andoni Corrales, "lo que toca ahora es que se cumpla la ley estatal" y ha criticado a la diputada del PP Ana Marín por "adelantar por la derecha a VOX", subrayando que el PP votó —en 2018— la Ley de Memoria Democrática.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha rechazado "las justificaciones del golpe de Estado" de 1936 y ha aseverado que "el único responsable de lo que sucedió es el general Franco y todos los golpistas", añadiendo que tras la guerra civil Franco realizó una "política de auto-reparación para las víctimas por Dios y por España".

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha publicado este martes una orden que prohíbe el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar, recreo y actividades extraescolares, salvo en momentos puntuales para fines exclusivamente didácticos. Esta orden afecta a todos los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, según ha informado Europa Press.

La orden, que entra en vigor este mismo martes, contempla también la excepción para aquellos alumnos que lo necesiten por circunstancias justificadas y debidamente acreditadas ante la dirección del centro por sus representantes legales, ha informado el Ejecutivo aragonés.

Hasta ahora, eran los propios centros quienes en el marco de su autonomía preveían en su Reglamento de Régimen Interno -elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar- si estaba autorizado el uso o no, en qué espacios y en qué momentos.

Las nuevas instrucciones, que se han enviado a primera hora de este martes a los centros, servirán así de paraguas a todos los colegios e institutos y darán respaldo a los mismos reforzando a los equipos directivos, ya que incluyen medidas correctoras como la posible retirada de los aparatos móviles.

Esta retirada tendrá que hacerse una vez apagado el dispositivo y en presencia de, al menos, dos miembros del equipo directivo. El aparato se mantendrá en custodia hasta que sea devuelto a los representantes legales del alumnado afectado.

La Orden prevé que los centros recojan esta limitación de uso en sus proyectos educativos y que puedan contextualizar estas instrucciones a su entorno y circunstancias para finalmente ser incluidas en las normas de convivencia recogidas en el Reglamento de Régimen Interior.

De forma específica, contempla que los centros de Formación Profesional de Grado Superior, Régimen Especial o de Adultos podrán adaptarlas en relación al uso de móviles en los momentos de descanso durante la jornada -cambios de clase, recreo-.

Aragón se suma así a la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía que ya limitaron durante el año 2023 el uso de los móviles durante la jornada escolar. El Ministerio de Educación también expresó el pasado diciembre que es hora de ponerse manos a la obra con este tema.

La consejera, Claudia Pérez Forniés, ha explicado que estas instrucciones "marcan el camino" para el debate más sosegado que se quiere llevar adelante en el seno del Consejo Escolar de Aragón con toda la comunidad educativa para alcanzar el mayor consenso posible de cara a una normativa que regule más exhaustivamente esta cuestión.

Esta primera actuación responde a la preocupación social y educativa por el mal uso de los móviles, cada vez a edades más tempranas, y al incremento observado en distintos centros docentes de conductas contrarias a la convivencia en las que ha tenido gran relevancia el uso inadecuado de los dispositivos por parte del alumnado, así como problemas de concentración, socialización y bajo rendimiento escolar.

En este sentido, y aunque el abuso de la tecnología es un problema que excede las aulas, la consejera se ha mostrado partidaria, además de crear espacios libres de móviles, de "educar desde la escuela para avanzar hacia un uso responsable".

Para ello, el Departamento ofertará programas formativos específicos dirigidos a los docentes y equipos directivos y diseñará jornadas orientadas a las familias sobre uso seguro y responsable de internet, dispositivos móviles y redes sociales. "Estamos convencidos de que esta nueva regulación ayudará a mejorar la convivencia en los centros, contribuirá a una mayor atención del alumnado e impulsará las relaciones interpersonales durante la jornada escolar", ha concluido la responsable de Educación.

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, ha anunciado que el próximo lunes, 20 de noviembre, los grupos parlamentarios de PP y Vox presentarán en las Cortes de Aragón el escrito para iniciar la tramitación para la derogación de la Ley de Memoria Democrática, según informa Europa Press.

Así lo ha asegurado Nolasco durante la rueda de prensa en la que ha hecho balance de los primeros cien días de gobierno PP-Vox, junto al presidente autonómico, Jorge Azcón.

Ha señalado que la derogación se debatirá en el próximo Pleno y, a partir de ahí, seguirá la tramitación ordinaria en las Cortes aragonesas. La derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón era una de las promesas electorales de Vox y está recogida en el acuerdo de gobierno entre esta formación y el PP.

Esta norma se aprueba en las Cortes de Aragón el 8 de noviembre de 2018 --apoyada por PSOE, Podemos, CHA e IU, más el voto favorable de Cs a la mayoría de los artículos, mientras que PP y PAR votaron unos a favor y otros en contra-- y entra en vigor el 14 de noviembre de ese mismo año.

Ni 24 horas han pasado desde que el nuevo presidente conservador de Aragón, Jorge Azcón, diese luz verde este viernes a la aprobación de 27 altos cargos, que permiten seguir definiendo la estructura del Ejecutivo autonómico para la legislatura que acaba de comenzar. Entre ellos, se encuentra Esmeralda Pastor, la nueva Directora General de Justicia, y parte de la cuota de Vox en el nuevo Gobierno, que aparecía en su perfil de Facebook en una fotografía con la bandera franquista de fondo además de compartir publicaciones fascistas y otras en las que llaman drogadicta a la reina Letizia Ortiz.

Según publican varios medios, tras saltar la noticia y hacerse viral en redes sociales, la foto ha sido recortada y ya no se ve el águila del escudo preconstitucional. Ante la polémica, la oposición ha exigido ya a Jorge Azcón su cese "inmediato" por "no reunir los valores constitucionales" y hacer "ostentación del franquismo".

Así lo ha subrayado la portavoz del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, que ha lamentado "profundamente" este nombramiento de Esmeralda Pastor. También se ha cuestionado qué tipo de perfil profesional es el elegido por Jorge Azcón para representar un sector que, ante todo, "debe velar por preservar los principios democráticos y el Estado de Derecho". Asimismo, ha responsabilizado al presidente del Gobierno de traer "un nuevo perfil similar al de la presidenta de las Cortes", Marta Fernández.

Horas después, el PSOE también ha solicitado la comparecencia "urgente" del presidente Azcón ante el Parlamento autonómico, tras su "atronador silencio" con este "escándalo" . "Tras más de dos meses de demora para conformar un Gobierno y más dos semanas de vacío institucional, su portavoz, Mar Vaquero, esgrimió que la tardanza llevaba aparejada la elección de perfiles profesionales idóneos", ha recordado Mayte Pérez, quien ahora se pregunta cuál ha sido el criterio de esta elección.

La portavoz socialista ha rechazado los valores de Esmeralda Pastor que en redes "hace apología del negacionismo, niega la violencia machista y defiende el legado del dictador Franco". Por ello, ha avanzado que su grupo pedirá el cese de la directora general si Jorge Azcón no la destituye antes y lamenta que "volvamos a contar con un nuevo cargo que, como la presidenta de las Cortes, vuelve a poner en tela de juicio la imagen de Aragón".

Por su parte, Podemos en un comunicado observa "con estupor y extrema preocupación" que la nueva máxima responsable en la administración en materia de Justicia pose "orgullosa delante de la bandera del régimen franquista, bandera completamente ilegal". Una bandera que además, añaden desde Podemos, "simboliza los más de 40 años en los que nuestro país se vio sumido en un régimen de terror, aislado del mundo tras una cruenta guerra civil que dejó cientos de miles de muertos, desaparecidos, exiliados, hambre y retrocesos a todos los niveles".

Desde la Chunta Aragonista, también han reclamado a Azcón "explicaciones públicas y urgentes" por el nombramiento de "una persona que practica la apología del franquismo en las redes sociales". Su presidente, Joaquín Palacín, ha señalado que la nueva directora general de Justicia "practica, directamente, la apología del franquismo, posando incluso con banderas de esa ideología y compartiendo posts en su cuenta con ese mismo contenido".

Además, el diputado del Congreso de Aragón por Sumar Jorge Pueyo, ha denunciado también esta situación y ha sido el que ha confirmado que las habría borrado u ocultado a los pocos minutos de hacerse público. Además, también apunta que en sus redes comparte publicaciones fascistas y otras en las que llaman drogadicta a la reina Letizia Ortiz.

También desde la propia coalición liderada por Yolanda Díaz se ha ha exigido este sábado la dimisión de por hacer "apología del franquismo". A través de una publicación en la red social X, Sumar ha señalado que Vox "quiere llevarnos a la España en blanco y negro" y, a la par, ha apuntado que "hay límites democráticos que no deben sobrepasarse".

Será como un partido a doble vuelta. Y por pocos votos. Aragón se ha convertido en una de las autonomías más disputadas de cara al próximo 28 de mayo. Una comunidad con un escenario político fragmentadísimo, donde todo quedará en manos de los pactos postelectorales y con el factor clave de la irrupción de Aragón Existe. La llave puede estar en su mano.

Aragón está ahora mismo bajo el mando del socialista Javier Lambán, un “alma libre” del PSOE, según dice su propio entorno, y que ha gobernado estos cuatro años a través de un cuatripartito (con PAR, CHA y Podemos dentro del Ejecutivo autonómico). En su equipo confían en que Lambán volverá a repetir al frente de otra coalición multipartidista y se quedará otra tercera legislatura en el Edificio Pignatelli.

Todas las encuestas muestran ese escenario tan abierto, sin un claro favorito. Por ejemplo, en la del CIS del pasado mes de diciembre se situaba al PSOE por delante, pero con una horquilla amplísima entre 27 y 40 asientos, mientras que el PP que obtendría entre 16 y 22. Por detrás quedarían Unidas Podemos (3-8), Vox (2-7), Aragón Existe (2-5), CHA (1-2), PAR (0-2) y Ciudadanos (0-2).

Habrá varios factores clave de cara a la cita. Uno de ellos será el subidón que tendrá el Partido Popular por la práctica desaparición de Cs (que ahora mismo tiene en las Cortes de Aragón 12 diputados). El PP aspira a absorber a ese electorado, aunque en el PSOE, indican fuentes de la formación, creen que también pueden rascar algo porque Javier Lambán es un político bastante situado en el centro. Alberto Núñez Feijóo se ha fijado en esta autonomía como una de sus principales esperanzas y ha puesto como número uno a Jorge Azcón, que era el alcalde de Zaragoza.

Otro elemento de inestabilidad en el voto es la situación del PAR, un partido regionalista de centro que ha estado dentro del Gobierno. Esta formación ha vivido un auténtico cisma interno, que ha llevado a que una parte se haya independizado formando Aragón-Plataforma Aragonesista, que finalmente se integrará en las listas del Partido Popular. Este desgaste puede llevar a una merma electoral, aunque tienen opciones principalmente en Teruel, de donde es su nuevo candidato a la Presidencia, Alberto Izquierdo.

Todos miran a Aragón Existe, el otro factor disruptivo que puede llegar el 28M. Sus votos serán decisivos en una posible investidura. Tomás Guitarte da el salto desde el Congreso para optar por la Presidencia. Y no se ha decantado por el PP o por el PSOE, aunque se muestra contrario a cualquier tipo de apoyo relacionado con Vox. Por eso, los socialistas confían en que llegado el último escenario les apoyaría. Lambán quiere trasladar también durante la campaña la fuerte inversión en esta provincia, con infraestructuras como los hospitales de Teruel y de Alcañiz.

Ese será precisamente el principal eje de la campaña de Lambán: su defensa de Aragón por encima de las siglas de su propio partido. Es su seña de identidad, a lo que quiere sumar también la mejora de la situación económica, los datos de empleo y la creación de empresas (sacando pecho especialmente de la apuesta como nudo logístico y por las energías renovables).

También quiere lanzar ante los ciudadanos la idea de la estabilidad que ha supuesto la coalición multipartidista. En su entorno se explica que la balanza ha estado equilibrada, Podemos se contrarrestaba con el PAR. No ha habido fuertes choques, indican, como en el Gobierno central. Con experiencias como que el equipo de comunicación en redes es el mismo para todo el Ejecutivo, sea cual sea la consejería y el partido. Las diferencias, explican, siempre han estado pactadas.

Esperan en el ala socialista que el perfil de Lambán también tenga bastante tirón entre el electorado. Frente a él está el popular Jorge Azcón, al que ven varios puntos débiles para ganarles. Por un lado, su imagen es muy urbana, en una comunidad con bastante despoblación. “No ha salido de Zaragoza ni de Formigal”, indican en el PSOE. Además, al ser de la capital, su tirón puede ser mucho menor en Huesca y en Teruel. Precisamente, en el PSOE se ven con mucha fuerza en Huesca.

Creen en el PSOE que los ciudadanos tienen muy identificado a Lambán con Aragón, que se ha opuesto al Gobierno central cuando los intereses no coincidían, por ejemplo con los Juegos Olímpicos de invierno (donde sólo se les ofrecían deportes menores). Pero, a la vez, recuerdan que el Ejecutivo central ha invertido más en la autonomía que en la época de Mariano Rajoy. “El presidente no es de la izquierda radical, es una persona de centro que hace políticas de centro”, lo definen en su entorno.

La campaña que hará Lambán será muy de territorio. Con mensajes también en favor del refuerzo del Estado del bienestar, con el incremento del presupuesto en educación, sanidad y servicios sociales. Reconocen los socialistas que alguna incidencia tendrá la política nacional, pero creen que prevalecerá la imagen de que Lambán tiene “voz propia”. Ven a su favor que creen muy difícil que la suma del Partido Popular y Vox rebase la mayoría absoluta. Por eso, vuelven a mirar a Aragón Existe.

En toda esta batalla, el peso de la izquierda será también muy importante, Los socialistas confían en que aguantará en ese espectro. Aragón es uno de los pocos territorios en los que Izquierda Unida y Podemos no han cerrado un acuerdo para ir en coalición y, por tanto, acudirán por separado. Hace escasas semanas el coordinador de IU en Aragón, Álvaro Sanz, ya admitió que era “muy tarde” para cualquier tipo de alianza y la de Podemos, Maru Díaz, recalcó que el “ADN podemita” estará reflejado en una papeleta propia en las próximas elecciones. Ambos serán los candidatos autonómicos de sus respectivas formaciones el 28M, al igual que en 2019.

El hecho de que Podemos haya participado en el Gobierno aragonés –con Maru Díaz como consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento– e Izquierda Unida haya estado en la oposición será, casi con total seguridad, una de las claves de la campaña. Díaz podrá sacar pecho de algunos hitos importantes de su departamento como el aumento del sistema de becas pero también quedar diluida por el peso del PSOE. Los morados han hecho mucha batalla con las renovables, porque el Gobierno de Javier Lambán ha bloqueado la ley de Cambio Climático. Una circunstancia que Sanz podría aprovechar en las próximas semanas.

El candidato de la Chunta Aragonesista será José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Puede lucir bagaje de gestión al haber estado en el Gobierno autonómico dos legislaturas, la de 2015 en alianza con el PSOE y la actual en el cuatripartito. La gran incógnita es cómo le afectará la llegada de Aragón Existe.

Aunque estas formaciones se presentan en estos comicios de mayo por separado, la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere tratar de sumarlos a todos en una misma candidatura de cara a las próximas generales. Esto podría evidenciar que las diferencias a nivel programático entre las tres formaciones es mínima y, por tanto, desincentivar al votante progresista.

Ni Ley de Transparencia. Ni resoluciones del Consejo de Transparencia de Aragón. El Gobierno de Javier Lambán (PSOE) lleva más de dos años ignorando lo que dicta la norma y lo que le ordenó el órgano autonómico de Transparencia en relación con una solicitud de información sobre fallecidos en residencias planteada por infoLibre. Ante esta situación de rebeldía, este periódico inició los trámites legales para llevar al Ejecutivo aragonés a los tribunales. Una amenaza judicial que sí ha tenido efecto, ya que el equipo de Lambán ha decidido reactivar la solicitud de información realizada por este periódico.

La historia arranca el 4 de mayo de 2020, cuando un periodista de infoLibre solicitó datos sobre el número de fallecidos que se habían producido en cada residencia de Aragón en los dos meses anteriores, durante la primera ola de la pandemia. El Gobierno de Lambán se negó a facilitar esa información desglosada por centros, así que este periódico recurrió al Consejo de Transparencia de Aragón el 17 de julio de 2020. Dicho órgano tardó año y medio en resolver, pero finalmente ordenó al Ejecutivo autonómico que pusiera en marcha con “urgencia” un trámite de audiencia con las residencias necesario antes de adoptar una resolución definitiva sobre la petición de infoLibre. La resolución se dictó el 28 de febrero de 2022.

El Gobierno aragonés, lejos de cumplir con dicha resolución, dejó que pasase el tiempo sin poner en marcha el trámite de audiencia. El ordenamiento jurídico contempla una vía específica para acudir a los tribunales en caso de que una Administración no realice una actuación a la que está obligada: el recurso contencioso por inactividad. La regulación establece que, antes de ir a los juzgados, el ciudadano tiene que presentar una reclamación previa ante la Administración rebelde. Es una forma de darle una última oportunidad para que cumpla. Si no lo hace, dos meses después de presentar la reclamación previa, el ciudadano ya tiene vía libre para presentar el recurso judicial.

El pasado 10 de agosto, un periodista de infoLibre registró en el Gobierno autonómico la reclamación previa, para que se pusiera en marcha el plazo de dos meses. Ante la perspectiva de un contencioso judicial, el Gobierno de Lambán decidió cumplir con lo ordenado por el Consejo de Transparencia. Este viernes, el Departamento de Ciudadanía notificó al periodista que “con fechas de 8 y 15 de septiembre de 2022, respectivamente, […] emitió sendos requerimientos a centros residenciales públicos y privados, en orden a que diesen traslado de la información solicitada en su reclamación (en materia de acceso a la información pública nº 32/2020), o bien manifestasen motivos de oposición, una u otra en el plazo de quince días”.

Llama la atención el planteamiento de ese requerimiento, puesto que el Gobierno de Aragón ya tiene en su poder desde 2020 los datos sobre residentes fallecidos, de forma que no es necesario que se los vuelva a pedir a los centros. Lo que establece la ley es que, dado que la información puede afectar a derechos o intereses de terceros (los titulares de las residencias), debe abrirse un trámite de audiencia para que indiquen si están de acuerdo o se oponen a la difusión de los datos.

Una vez finalizado ese trámite de audiencia, el Gobierno de Aragón tiene que resolver definitivamente la solicitud de infoLibre, bien facilitando la información requerida o bien negándola si considera que concurre algún motivo legal para mantenerla oculta.

El Consejo de Transparencia de Aragón no se pronunció en su día sobre el fondo de la cuestión. Al entender que era obligatorio el trámite de audiencia, ordenó retrotraer el procedimiento a dicho momento. Pero, en los fundamentos de derecho de su resolución del 28 de febrero, aprovechó para recordarle al Ejecutivo de Lambán los criterios que debe tener en cuenta a la hora de resolver: “Una vez realizado [el trámite de audiencia] y a la vista de las alegaciones formuladas, se debe adoptar la decisión que corresponda, ponderando adecuadamente el interés público en la divulgación de la información, la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”. [Puedes consultar aquí la resolución íntegra del Consejo de Transparencia].

En caso de que el Gobierno de Lambán decida mantener oculta la información solicitada, infoLibre acudirá a los tribunales, al igual que hizo en Asturias, Castilla y León y Galicia. Las otras 13 comunidades autónomas y tres diputaciones forales vascas, que tienen las competencias en materia de residencias, facilitaron los datos a este periódico.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó sentencia el pasado 23 de mayo, ordenando entregar a este periódico la información desglosada. Así lo hizo la Xunta, presidida por Alfonso Rueda (PP), una vez que la sentencia adquirió firmeza en agosto.

En cambio, el TSJ de Asturias ha fallado en contra del acceso a la información pública. El Gobierno asturiano, que preside Adrián Barbón (PSOE), hizo públicos los datos de fallecidos por residencias desde el 9 de abril de 2020 en adelante, pero se negó a ofrecer esa misma información del periodo del 1 de marzo al 8 de abril. infoLibre ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir si lo admite o no a trámite.

Por su parte, la Sala del TSJ de Castilla y León encargada de la causa se reunió el pasado 21 de septiembre para la votación y fallo. Así que la sentencia se conocerá en las próximas semanas. El recurso lo planteó infoLibre después de que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negase a facilitarle la información, en contra de lo que dictaminó el Comisionado de Transparencia autonómico.

El Gobierno aragonés de Javier Lambán (PSOE) va camino de romper todos los récords respecto al tiempo que se puede tardar en resolver una solicitud de acceso a información pública. Un periodista de infoLibre solicitó el 4 de mayo de 2020 datos sobre el número de fallecidos que se habían producido en las residencias de Aragón en los dos meses anteriores, durante la primera ola de la pandemia. Este 4 de julio se cumplen dos años y dos meses desde esa petición, que sigue sin resolverse. Por el camino, el Consejo de Transparencia de Aragón le ordenó el pasado 28 de febrero que pusiera en marcha con “urgencia” un trámite de audiencia con las residencias necesario antes de adoptar la resolución. El Ejecutivo de Lambán no ha hecho nada, desoyendo así la resolución de Transparencia aprobada hace cinco meses.

A la vista de esta actitud de desobediencia ante lo ordenado por un órgano autonómico como el Consejo de Transparencia, infoLibre se dirigió el pasado 16 de junio al Departamento de Sanidad que dirige Sira Repollés, para preguntar cuándo pensaba cumplir la resolución y cuáles eran los motivos del incumplimiento. El 27 de junio, una portavoz respondió que “el Departamento de Sanidad ha solicitado al Departamento de Ciudadanía el citado trámite de audiencia a las residencias, dado que el registro de entidades y centros sociales es gestionado por ese centro directivo”. ¿Cuándo se produjo esa petición? “La semana pasada”, contestó la portavoz. Es decir, varios días después de que infoLibre preguntase a Sanidad por qué estaba incumpliendo la resolución de Transparencia. Por su parte, el Departamento de Ciudadanía indicó este 29 de junio que el trámite de audiencia “se hará de manera inmediata, una vez superada la fase más dura de la gestión de la covid”.

La historia de lo ocurrido con la solicitud de información de infoLibre es un ejemplo paradigmático de una Administración que incumple sus obligaciones legales y que tiene colapsado por falta de medios el órgano de Transparencia autonómico que debe vigilar su actuación.

En la primera semana de mayo de 2020, infoLibre realizó la misma petición de información pública ante las 16 comunidades autónomas y tres diputaciones forales vascas competentes en materia de residencias: conocer los datos, desglosados por centros, de contagiados y fallecidos en marzo y abril de aquel año.

El 25 de junio de 2020, la consejera de Sanidad dictó una orden en la que se “concedía el acceso parcial” a la información, acceso que en realidad se limitaba a facilitar un dato global de todo Aragón: “El número de residentes fallecidos a 30 de abril de 2020, tanto confirmados como con sintomatología compatible fue de 589”. Ni daba a conocer los datos desglosados por residencias, como había solicitado infolibre, ni siquiera argumentaba los motivos de esa decisión.

A la vista de ello, el periodista presentó el 17 de julio de 2020 una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón. Solo cuatro días después, dicho órgano solicitó al Departamento de Sira Repollés que “informara acerca de los fundamentos de la decisión adoptada y realizara las alegaciones oportunas”. La respuesta le llegó el 31 de agosto: “En relación a la petición de los resultados detallados sobre número de contagios y de fallecidos de todas y cada una de las residencias de personas mayores de Aragón, cabe informar que dichos datos no se encuentran trasladados a ninguna base de datos con referencia singularizada para cada residencia, porque dicha tarea de singularización exigiría una acción previa de reelaboración”, lo que se contempla como causa de inadmisión tanto en la normativa estatal como autonómica sobre transparencia.

Como indica en su resolución el Consejo de Transparencia, en la orden de Sanidad “no se motiva” la decisión, a pesar de que la ley “exige con claridad” dicha motivación. Además, dicho órgano afea a Sanidad que no alegase en su orden la supuesta causa de inadmisión –la necesidad de una acción previa de reelaboración de los datos–, motivo por el que ya ni siquiera “procedería el análisis de la concurrencia, o no, de la causa de inadmisión alegada”.

Pese a ello, “y a efectos únicamente didácticos”, el Consejo de Transparencia le recuerda a Sanidad que el concepto de “reelaboración” no se puede alegar cuando “se trata de información de la que el Departamento reclamado ha de disponer para el ejercicio adecuado de sus competencias”. Y, respecto a la petición de infoLibre, destaca que Sanidad “no ha acreditado la concurrencia de alguno de los supuestos de tarea compleja de elaboración que se recogen en la doctrina”.

En todo caso, como explica el Consejo de Transparencia, la información solicitada puede afectar a derechos o intereses de terceros –los titulares de las residencias–, por lo que “debe verificarse el trámite de alegaciones” que contempla la ley. Algo que Sanidad tampoco hizo. En consecuencia, dicho órgano “ordena la retroacción del procedimiento al momento de la adopción” de dicho trámite de audiencia a los titulares de las residencias. “Una vez realizado y a la vista de las alegaciones formuladas, se debe adoptar la decisión que corresponda, ponderando adecuadamente el interés público en la divulgación de la información, la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”, concluye el Consejo de Transparencia. Además, exige a Sanidad que realice ese trámite “de forma inmediata”.

En definitiva, ante una solicitud de información que está completamente estandarizada en toda España, el Gobierno aragonés incumplió la ley en dos ocasiones: al no motivar su primera resolución y al no poner en marcha el trámite de audiencia.

La resolución del Consejo de Transparencia se produjo el 28 de febrero de 2022 [puedes consultarla aquí], más de año y medio después de que el periodista de infoLibre presentase su reclamación, el 17 de julio de 2020. Este retraso es un hecho inaudito, que no se produce ni en el Consejo de Transparencia estatal, ni en ninguno de los órganos equivalentes que existen en diversas comunidades autónomas.

La responsabilidad de la situación en la que se encuentra el Consejo de Transparencia aragonés es del Gobierno de Javier Lambán. La ley autonómica que regula este derecho no deja lugar a dudas cuando establece en su artículo 37 que dicho órgano “actuará con independencia orgánica y funcional”, pero atribuye al Gobierno regional la obligación de poner “a disposición del Consejo los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones”. El Consejo se constituyó en mayo de 2016 y casi seis años después continúa sin una estructura de personal propia.

La situación empeora además día a día porque se está incrementado de forma significativa el número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos. Los datos publicados por el propio Consejo de Transparencia son elocuentes: en 2020 recibió 62 reclamaciones, en 2021 fueron 77 y en lo que va de año van 240. De acuerdo con la información publicada en su página web, en este momento tiene 333 reclamaciones pendientes de resolver.

Pese a estos datos demoledores, la versión oficial del Gobierno de Lambán es que desde que el Consejo de Transparencia fue creado en 2016, “ha puesto a su disposición los medios y recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones”.

La excepcionalidad aragonesa la prueba otro dato. De las 19 Administraciones a las que infoLibre solicitó los datos a principios de mayo de 2020, es la única donde aún no ha terminado la fase administrativa. Esta fase se compone de la resolución inicial y una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia. Finalizado ese proceso, el solicitante puede acudir a los tribunales en caso de no estar satisfecho con la respuesta e iniciar un procedimiento contencioso-administrativo. En las otras 18 Administraciones, la fase administrativa terminó como muy tarde en la primavera de 2021.

La resolución de la solicitud en Aragón sigue pendiente, por tanto, del trámite de audiencia a los titulares de las residencias que el Departamento de Ciudadanía asegura ahora que pondrá en marcha “de manera inmediata”. En caso de que finalmente cumpla con la ley, debe conceder un plazo de quince días a los interesados para que respondan con las alegaciones que consideren oportunas.

A la vista de la solicitud de información de acceso y de las posibles alegaciones, el Gobierno aragonés deberá adoptar una resolución. El Consejo de Transparencia lógicamente no le ha indicado cuál debe ser esa decisión, ya que corresponde al Ejecutivo de Lambán, pero sí le ha indicado claramente cuáles son los criterios que debe tener en cuenta y que avalan la tesis de hacer públicos los datos.

Por una parte, recuerda “la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”. Por otra, destaca la doctrina emanada del Comisionado de Transparencia de Castilla y León sobre la cuestión, “que comparte este Consejo de Transparencia de Aragón”. Ante la misma solicitud de datos por parte de infoLibre, el órgano de Castilla y León concluyó que “concurre un interés público en la divulgación de la información desagregada que se ha denegado”.

El Gobierno de Castilla y León desoyó dicha argumentación y se negó a facilitar los datos, por lo que infoLibre acudió a los tribunales. El proceso está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dicte sentencia.

El tema también está judicializado en Galicia y Asturias. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó sentencia el pasado 23 de mayo, ordenando que se publique la información desglosada, lo que supone rechazar el intento de la multinacional de residencias DomusVi de mantener ocultos los datos. La sentencia aún no es firme, puesto que no ha concluido el plazo para acudir al Supremo.

En cambio, el TSJ de Asturias ha fallado en contra del acceso a la información pública. El Gobierno asturiano, que preside Adrián Barbón, hizo públicos los datos de fallecidos por residencias desde el 9 de abril de 2020 en adelante, pero se negó a ofrecer esa misma información del periodo del 1 de marzo al 8 de abril. infoLibre ha presentado un recurso de casación ante el Supremo, que deberá decidir si lo admite o no a trámite.

En el caso de que el Gobierno de Lambán no facilite los datos, cuando finalmente dicte su resolución, infoLibre acudirá a los tribunales como ha hecho en el resto de comunidades autónomas donde siguen sin ser públicos.