El Gobierno de Lambán desoye a Transparencia y sigue ocultando datos sobre fallecidos en residencias
El Gobierno aragonés de Javier Lambán (PSOE) va camino de romper todos los récords respecto al tiempo que se puede tardar en resolver una solicitud de acceso a información pública. Un periodista de infoLibre solicitó el 4 de mayo de 2020 datos sobre el número de fallecidos que se habían producido en las residencias de Aragón en los dos meses anteriores, durante la primera ola de la pandemia. Este 4 de julio se cumplen dos años y dos meses desde esa petición, que sigue sin resolverse. Por el camino, el Consejo de Transparencia de Aragón le ordenó el pasado 28 de febrero que pusiera en marcha con “urgencia” un trámite de audiencia con las residencias necesario antes de adoptar la resolución. El Ejecutivo de Lambán no ha hecho nada, desoyendo así la resolución de Transparencia aprobada hace cinco meses.
A la vista de esta actitud de desobediencia ante lo ordenado por un órgano autonómico como el Consejo de Transparencia, infoLibre se dirigió el pasado 16 de junio al Departamento de Sanidad que dirige Sira Repollés, para preguntar cuándo pensaba cumplir la resolución y cuáles eran los motivos del incumplimiento. El 27 de junio, una portavoz respondió que “el Departamento de Sanidad ha solicitado al Departamento de Ciudadanía el citado trámite de audiencia a las residencias, dado que el registro de entidades y centros sociales es gestionado por ese centro directivo”. ¿Cuándo se produjo esa petición? “La semana pasada”, contestó la portavoz. Es decir, varios días después de que infoLibre preguntase a Sanidad por qué estaba incumpliendo la resolución de Transparencia. Por su parte, el Departamento de Ciudadanía indicó este 29 de junio que el trámite de audiencia “se hará de manera inmediata, una vez superada la fase más dura de la gestión de la covid”.
Dos incumplimientos legales
La historia de lo ocurrido con la solicitud de información de infoLibre es un ejemplo paradigmático de una Administración que incumple sus obligaciones legales y que tiene colapsado por falta de medios el órgano de Transparencia autonómico que debe vigilar su actuación.
En la primera semana de mayo de 2020, infoLibre realizó la misma petición de información pública ante las 16 comunidades autónomas y tres diputaciones forales vascas competentes en materia de residencias: conocer los datos, desglosados por centros, de contagiados y fallecidos en marzo y abril de aquel año.
El 25 de junio de 2020, la consejera de Sanidad dictó una orden en la que se “concedía el acceso parcial” a la información, acceso que en realidad se limitaba a facilitar un dato global de todo Aragón: “El número de residentes fallecidos a 30 de abril de 2020, tanto confirmados como con sintomatología compatible fue de 589”. Ni daba a conocer los datos desglosados por residencias, como había solicitado infolibre, ni siquiera argumentaba los motivos de esa decisión.
A la vista de ello, el periodista presentó el 17 de julio de 2020 una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón. Solo cuatro días después, dicho órgano solicitó al Departamento de Sira Repollés que “informara acerca de los fundamentos de la decisión adoptada y realizara las alegaciones oportunas”. La respuesta le llegó el 31 de agosto: “En relación a la petición de los resultados detallados sobre número de contagios y de fallecidos de todas y cada una de las residencias de personas mayores de Aragón, cabe informar que dichos datos no se encuentran trasladados a ninguna base de datos con referencia singularizada para cada residencia, porque dicha tarea de singularización exigiría una acción previa de reelaboración”, lo que se contempla como causa de inadmisión tanto en la normativa estatal como autonómica sobre transparencia.
Como indica en su resolución el Consejo de Transparencia, en la orden de Sanidad “no se motiva” la decisión, a pesar de que la ley “exige con claridad” dicha motivación. Además, dicho órgano afea a Sanidad que no alegase en su orden la supuesta causa de inadmisión –la necesidad de una acción previa de reelaboración de los datos–, motivo por el que ya ni siquiera “procedería el análisis de la concurrencia, o no, de la causa de inadmisión alegada”.
Pese a ello, “y a efectos únicamente didácticos”, el Consejo de Transparencia le recuerda a Sanidad que el concepto de “reelaboración” no se puede alegar cuando “se trata de información de la que el Departamento reclamado ha de disponer para el ejercicio adecuado de sus competencias”. Y, respecto a la petición de infoLibre, destaca que Sanidad “no ha acreditado la concurrencia de alguno de los supuestos de tarea compleja de elaboración que se recogen en la doctrina”.
En todo caso, como explica el Consejo de Transparencia, la información solicitada puede afectar a derechos o intereses de terceros –los titulares de las residencias–, por lo que “debe verificarse el trámite de alegaciones” que contempla la ley. Algo que Sanidad tampoco hizo. En consecuencia, dicho órgano “ordena la retroacción del procedimiento al momento de la adopción” de dicho trámite de audiencia a los titulares de las residencias. “Una vez realizado y a la vista de las alegaciones formuladas, se debe adoptar la decisión que corresponda, ponderando adecuadamente el interés público en la divulgación de la información, la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”, concluye el Consejo de Transparencia. Además, exige a Sanidad que realice ese trámite “de forma inmediata”.
En definitiva, ante una solicitud de información que está completamente estandarizada en toda España, el Gobierno aragonés incumplió la ley en dos ocasiones: al no motivar su primera resolución y al no poner en marcha el trámite de audiencia.
Un Consejo de Transparencia colapsado
La resolución del Consejo de Transparencia se produjo el 28 de febrero de 2022 [puedes consultarla aquí], más de año y medio después de que el periodista de infoLibre presentase su reclamación, el 17 de julio de 2020. Este retraso es un hecho inaudito, que no se produce ni en el Consejo de Transparencia estatal, ni en ninguno de los órganos equivalentes que existen en diversas comunidades autónomas.
La responsabilidad de la situación en la que se encuentra el Consejo de Transparencia aragonés es del Gobierno de Javier Lambán. La ley autonómica que regula este derecho no deja lugar a dudas cuando establece en su artículo 37 que dicho órgano “actuará con independencia orgánica y funcional”, pero atribuye al Gobierno regional la obligación de poner “a disposición del Consejo los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones”. El Consejo se constituyó en mayo de 2016 y casi seis años después continúa sin una estructura de personal propia.
La situación empeora además día a día porque se está incrementado de forma significativa el número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos. Los datos publicados por el propio Consejo de Transparencia son elocuentes: en 2020 recibió 62 reclamaciones, en 2021 fueron 77 y en lo que va de año van 240. De acuerdo con la información publicada en su página web, en este momento tiene 333 reclamaciones pendientes de resolver.
Pese a estos datos demoledores, la versión oficial del Gobierno de Lambán es que desde que el Consejo de Transparencia fue creado en 2016, “ha puesto a su disposición los medios y recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones”.
¿Y ahora qué?
La excepcionalidad aragonesa la prueba otro dato. De las 19 Administraciones a las que infoLibre solicitó los datos a principios de mayo de 2020, es la única donde aún no ha terminado la fase administrativa. Esta fase se compone de la resolución inicial y una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia. Finalizado ese proceso, el solicitante puede acudir a los tribunales en caso de no estar satisfecho con la respuesta e iniciar un procedimiento contencioso-administrativo. En las otras 18 Administraciones, la fase administrativa terminó como muy tarde en la primavera de 2021.
La resolución de la solicitud en Aragón sigue pendiente, por tanto, del trámite de audiencia a los titulares de las residencias que el Departamento de Ciudadanía asegura ahora que pondrá en marcha “de manera inmediata”. En caso de que finalmente cumpla con la ley, debe conceder un plazo de quince días a los interesados para que respondan con las alegaciones que consideren oportunas.
A la vista de la solicitud de información de acceso y de las posibles alegaciones, el Gobierno aragonés deberá adoptar una resolución. El Consejo de Transparencia lógicamente no le ha indicado cuál debe ser esa decisión, ya que corresponde al Ejecutivo de Lambán, pero sí le ha indicado claramente cuáles son los criterios que debe tener en cuenta y que avalan la tesis de hacer públicos los datos.
Por una parte, recuerda “la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”. Por otra, destaca la doctrina emanada del Comisionado de Transparencia de Castilla y León sobre la cuestión, “que comparte este Consejo de Transparencia de Aragón”. Ante la misma solicitud de datos por parte de infoLibre, el órgano de Castilla y León concluyó que “concurre un interés público en la divulgación de la información desagregada que se ha denegado”.
El Gobierno de Castilla y León desoyó dicha argumentación y se negó a facilitar los datos, por lo que infoLibre acudió a los tribunales. El proceso está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dicte sentencia.
El Consejo de Transparencia de Aragón tarda año y medio en resolver una reclamación sobre fallecidos en residencias
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El tema también está judicializado en Galicia y Asturias. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó sentencia el pasado 23 de mayo, ordenando que se publique la información desglosada, lo que supone rechazar el intento de la multinacional de residencias DomusVi de mantener ocultos los datos. La sentencia aún no es firme, puesto que no ha concluido el plazo para acudir al Supremo.
En cambio, el TSJ de Asturias ha fallado en contra del acceso a la información pública. El Gobierno asturiano, que preside Adrián Barbón, hizo públicos los datos de fallecidos por residencias desde el 9 de abril de 2020 en adelante, pero se negó a ofrecer esa misma información del periodo del 1 de marzo al 8 de abril. infoLibre ha presentado un recurso de casación ante el Supremo, que deberá decidir si lo admite o no a trámite.
En el caso de que el Gobierno de Lambán no facilite los datos, cuando finalmente dicte su resolución, infoLibre acudirá a los tribunales como ha hecho en el resto de comunidades autónomas donde siguen sin ser públicos.
