Las ideas para aumentar la contribución fiscal de los grandes patrimonios están ganando espacio en la conversación pública de muchos países. De la tasa Zucman en Francia al impuesto sobre las grandes fortunas en España, pasando por la polémica que ha desatado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al proponer una tasa que grave las segundas residencias de lujo con un valor superior a cinco millones de dólares. Y es que el aterrizaje de este clamor para crear sistemas redistributivos más efectivos parece estar dirigiéndose, sobre todo, hacia la vivienda. Este martes el grupo Más Madrid presentaba en el Congreso una propuesta similar: modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que se pague según el valor catastral y sea progresivo. Además, la tasa sería más alta para quienes tengan más de cinco casas en la misma ciudad y para los fondos, sociedades o empresas. 

Las costuras de la desigualdad están especialmente tensionadas en todo lo que tiene que ver con la vivienda y no solo a nivel nacional. Un estudio elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) señalaba que en Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España se requería el 80% del salario medio para alquilar un apartamento de dos habitaciones. En las zonas más tensionadas, el alquiler llegaba a comerse el sueldo total de una persona. Esta crisis de acceso a un bien tan básico como la vivienda ha hecho que una parte significativa del debate sobre la desigualdad global se centre en el ámbito inmobiliario y en la especulación. “Este es el tipo de actividad inmobiliaria que se está produciendo en esta ciudad: viviendas que permanecen prácticamente vacías durante gran parte del año mientras los neoyorquinos sufren en esta misma ciudad [para encontrar una vivienda]”, declaró Mamdani en una entrevista al canal NBC. “Esto es gravar a los ricos”, concluía.

Mirar a la vivienda es hacerlo a las rentas del capital, que pueden derivar de la explotación de finanzas e inversiones o de bienes inmuebles, pero que suponen un pedazo sustancial en la composición de la riqueza de los grupos con mayor poder adquisitivo. 

En el siguiente gráfico, realizado en base a datos de 2022 elaborados por Fedea, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel de renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el quintil número cinco aparece desglosado en deciles y centiles para ver cómo se compone la riqueza del 1% con más dinero. 

En este análisis coincide un estudio reciente realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, titulado Análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza de los hogares. "La principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares son las rentas del trabajo, cuya distribución presenta niveles de desigualdad relativamente moderados. No obstante, en los tramos superiores de la distribución adquieren una importancia creciente las rentas del capital y del patrimonio, caracterizadas por una concentración elevada y una desigualdad mucho más acusada", explica el informe. Y lo peor, cuesta mucho subir de escalón: sus datos señalan que más del 60% de los hogares que comienzan el año entre el 10% más pobre, siguen igual al cierre del año. En el otro extremo, el 80% de las familias que están en el 10% más rico permanecen en el mismo sitio 12 meses después. Estos porcentajes son casi idénticos en todos los años analizados desde 2019 a 2023.

Por otra parte, la rentabilidad del sector inmobiliario no ayuda a frenar las dinámicas especulativas. Comprar una vivienda para ponerla en alquiler ofrece una rentabilidad bruta anual del 6,7%, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Un porcentaje que duplica la inflación y que supera, por ejemplo, a los retornos de los bonos del Tesoro. Aquí es donde las medidas fiscales tratan de poner freno, desincentivando el uso de la vivienda como activo de mercado.

Pero, ¿puede tener un efecto redistributivo amplio un gravamen sobre vivienda? Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Juan Torres López estas medidas tienen más peso como elemento de disuasión que como herramienta de reparto. “Mi opinión es que este tipo de medidas puede tener un efecto demasiado limitado o incluso contraproducente si no se mide bien su impacto y si no se insertan en estrategias de conjunto. También habría que ver cuánto se podría recaudar y su capacidad redistributiva porque podríamos llevarnos sorpresas”, señala. 

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda en particular, sí considera que la fiscalidad puede jugar un papel relevante. “Un impuesto progresivo sobre viviendas vacías en zonas tensionadas, con definición precisa de vacío y verificación real, podría aumentar la oferta sin construir nada nuevo”, aunque matiza que un “bien público esencial como es la vivienda no puede tener el mismo tratamiento que un activo financiero”. 

“Hay que dar la batalla contra la desigualdad, y eso pasa por recuperar un sistema fiscal con un mínimo de sentido, un sistema fiscal progresivo donde los que más tienen contribuyen más, y que desincentive también el acaparamiento de viviendas”, señalaba este martes Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, tras presentar la medida.

Si para Mamdani aumentar la fiscalidad de las segundas residencias es gravar a los ricos, la propuesta del grupo madrileño señala en la misma dirección, aunque su idea sería vehicularlo a través del IBI. Rita Maestre, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, aludió directamente a la propuesta que se estudia en Nueva York y explicó que la medida se basa en tres puntos: evitar la acaparación de casas con un aumento tributario, gravar las viviendas de lujo, con especial atención al 10% más rico y, finalmente, subir los impuestos sobre las viviendas que sean propiedad de las empresas.

En los tecnicismos de la norma, que se presentó en forma de Proposición de Ley en el Congreso, se señala que la "actual configuración del IBI como tributo de cuota proporcional resulta insuficiente para satisfacer el mandato constitucional de justicia tributaria" y pide crear tramos progresivos que se apliquen en función del valor catastral que tenga cada inmueble, dejando a cada ayuntamiento margen para adaptarlo.

Por otro lado, propone penalizar las viviendas que permanezcan vacías con un recargo "de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años". Eso sí, quienes pongan su casa en alquiler asequible estarían exentas de esta tasa.

El grupo madrileño insiste en la tesis de que el efecto redistributivo de gravar las viviendas puede ser significativo. "En Madrid, quien tiene una vivienda en Núñez de Balboa de cuatro millones de euros paga un IBI exactamente con el mismo tipo impositivo que una familia de Puente de Vallecas que cueste 200.000 euros. Quien tiene una única vivienda paga el mismo tipo de IBI que quien tiene 20. Un fondo como Blackstone paga en las mismas condiciones que un vecino o vecina que vive de su trabajo", señalan en un comunicado. Es el mismo mensaje que pretende lanzar el alcalde de Nueva York y cuyo efecto aún está por ver, ya que su propuesta ni siquiera ha llegado aún a la fase de implementación. 

Hay una indecencia especialmente cómoda: la que no necesita esconderse. No falsifica, no fuerza cerraduras; solo se ampara en el “es legal” y convierte una ayuda social en un cupón. Esa frase —legal— funciona como detergente moral: blanquea el gesto de quien, pudiendo pagar, decide cargar parte de su factura a un instrumento creado para que otros no vivan a oscuras.

Se ha sabido que el Gobierno prevé introducir un criterio de renta para limitar el acceso al bono social eléctrico de familias numerosas con rentas altas, dentro de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se aprobará en los próximos días. 

La cifra explica el bochorno. Según la información publicada, hasta 337.000 familias numerosas podrían verse afectadas porque hasta ahora accedían al descuento por el mero hecho de acreditar esa condición, sin filtro económico; de un total de 454.382 familias numerosas que a finales de 2025 tuvieron acceso al bono social, esas 337.000 lo hacían sin que mediara criterio de renta. Y el descuento no es simbólico: hoy se habla de 42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos. 

Aquí hay dos vergüenzas. La primera es institucional. La puerta no la abrió un ciudadano “listo”; la dejó entornada el propio diseño normativo. El Real Decreto 897/2017 define al consumidor vulnerable y, entre las vías de acceso, incluye explícitamente “estar en posesión del título de familia numerosa” como requisito suficiente (letra b) del artículo 3.2). Si el sistema permite entrar sin mirar renta, no nos sorprendamos de que entre quien no debería. 

La segunda vergüenza es humana. Porque una cosa es poder solicitar algo y otra muy distinta es tener derecho moral a hacerlo. Hay personas que confunden lo público con un bufé de restaurante: “si está ahí, me lo llevo”. Esa mentalidad —la del “si cuela, cuela”— no es picardía simpática, es corrosión. Sobre todo, cuando se aplica a una ayuda concebida para la vulnerabilidad.

Y mientras discutimos el oportunismo, ocurre lo verdaderamente obsceno: quienes sí lo necesitan se quedan fuera. Un análisis de EsadeEcPol señala que en 2022 la tasa de cobertura del bono social fue del 24,5%: casi 8 de cada 10 hogares que podrían recibirlo no lo recibían. Y el patrón es aún más revelador: la cobertura subía al 45,5% en familias numerosas, pero era solo del 20% en la categoría de renta baja y de apenas 9,2% entre jubilados con pensión mínima. Esto no describe una ayuda bien dirigida; describe una ayuda capturable por quien tiene más capacidad de tramitar, insistir y entender el circuito. 

La propia noticia lo formula sin rodeos: el 60% de las familias numerosas con ingresos medios-altos se beneficiaban, y uno de cada tres hogares que disfruta de la ayuda tiene ingresos medios-altos; el principal freno para los más necesitados era la burocracia, mientras que a hogares con más ingresos y formación les resultaba más fácil pedirla. Si una política social llega mejor al que mejor navega la Administración, esa política se ha dado la vuelta: deja de ser red y se convierte en atajo. 

Por eso no necesitamos cacerías ni “listas” de nombres. Necesitamos cirugía y madurez cívica: cerrar el agujero, sí, pero también cambiar la lógica para que la ayuda no dependa del músculo administrativo del solicitante. Criterio de renta claro; acceso lo más automático posible cuando el Estado ya dispone de datos; y menos fricción para quien llega tarde, cansado y sin tiempo. 

Quizá quien se aprovecha no lea estas líneas. Da igual: este tipo de artículos no se escriben para convertir al oportunista; se escriben para que el resto dejemos de llamarlo “espabilado” y empecemos a llamarlo por su nombre. Porque una sociedad decente no pregunta primero “¿puedo?”, sino “¿lo necesito?”. 

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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral.

Comprar una casa de segunda mano es la opción más barata para quien quiere ser propietario, pero cada día sale más caro. En el tercer trimestre de este año, los inmuebles de segunda mano aumentaron de precio un 13,4%, mientras que los de nueva construcción lo hicieron un 9,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. Adelantan a las casas de nueva construcción en aumento de precios desde que comenzó el año, mientras que en estas últimas el encarecimiento se mantiene, pero de manera más lenta.

Entre las causas, el precio inaccesible de los nuevos inmuebles, que hacen que pongamos la vista en los menos buenos; pero también, un mercado sustentado en reformar para luego vender que no para de crecer. Es el conocido como house flipping en la jerga del sector. 

Por su parte, los precios se incrementaron un 12,8% de media nacional, con diez comunidades por encima de esta barrera. Murcia (15%), Aragón (14,6%), Ceuta y Melilla (14,5%), Castilla y León (14,8%) y Madrid (14,2%) lideraron los incrementos. Donde menos subieron fue en Navarra (10,9%), Cataluña (11,3%) y País Vasco (11,6%). Cabe destacar que estas tres últimas aplican en algunos de sus municipios las limitaciones de precios que establece la ley de vivienda para zonas de alquiler tensionado. Algo que podría estar teniendo un efecto también en la demanda y, por tanto, en los precios de venta.

Pero ¿qué ha encarecido tanto a las casas de segunda mano? Como se puede ver en el gráfico, en los últimos trimestres se separan considerablemente del aumento de precios de la obra nueva.

La alta demanda y la escasa oferta de casas para vivir es el combustible que alimenta el encarecimiento del mercado inmobiliario y también esta dinámica. “Hasta 2022 había muchos compradores buscando obra nueva y estaban dispuestos a pagar un plus por ella. Eso empujó mucho los precios de los pisos nuevos porque había poca construcción, e hizo que se separasen mucho de los importes de las casas de segunda mano”, explica José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, quien señala, además, que una casa similar en el mismo barrio llegó a costar un 50% más si era de reciente construcción. “El problema es que los precios fueron subiendo tanto y la falta de oferta era tanta, que la gente tuvo que poner de nuevo el foco en las viviendas de segunda mano”, señala. Y aquí comenzó el tirón de los precios. 

“La obra nueva parece que ya se ha estancado y el encarecimiento ha tocado sus máximos, pero ahora la que recorre ese camino es la vivienda de segunda mano, que corre más deprisa desde el año 2022”, apunta Alfaro. Otro factor que la empuja, además, son los tiempos de la construcción: “La gente cuando necesita vivienda no puede apuntarse, en general, a una promoción que tardará dos años en terminarse y eso hace que miren al parque ya existente”, concluye. Sobre todo, si mientras espera está pagando un alquiler cada vez más caro.

Además de los problemas de oferta del mercado, también hay otros factores que están influyendo en este comportamiento. Y es que la posibilidad de extraer una rentabilidad muy superior a cualquier otro producto de inversión a través de operaciones inmobiliarias ha hecho que las casas antiguas también sean objeto de deseo para sacar rentabilidad al dinero. La especulación en vivienda llega a todos los rincones del mercado.

Un ejemplo es el conocido como house flipping, que se traduce por remodelación de casas y que consiste en comprar viviendas, reformarlas y venderlas por encima del precio de adquisición en un tiempo relativamente breve. “Nosotros lo que observamos de este fenómeno es que esas remodelaciones son, por así decirlo, de fachada. Pintar, cambiar el suelo, algunos electrodomésticos y poco más”, explica Eloy Gutiérrez, técnico de vivienda de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU. “Tenemos un parque de vivienda muy antiguo, muchas veces sin aislamientos y sin garantías de eficiencia energética, pero este tipo de operaciones ni siquiera fomentan una mejora en este sentido”, concluye, ya que su objetivo se ciñe a ganar dinero.

Y lo cierto, es que la rentabilidad es considerable. “La vivienda sigue siendo un nicho seguro en el que invertir con una rentabilidad promedio entre el 4% y el 6%”, señala Alfaro, quien apunta a que esta actividad no es algo nuevo, aunque sí se ha extendido en los últimos años. “Es un fenómeno que, aunque siempre ha estado ahí, ha tomado peso y ahora atrae a pequeños inversores porque es un nicho de inversión”, concluye.

El análisis en torno a los datos de la vivienda hace tiempo que se centra solo en subidas de precio, que suelen ser más o menos agudas, y en récords de precio por metro cuadrado, que ya superan en muchos casos los años de la burbuja de 2007. Para traducir a euros la tendencia estadística de la que hemos hablado aquí, las estadísticas de los registradores de la propiedad señalan que en el tercer trimestre la vivienda nueva costaba 2.199 euros por metro cuadrado (un 0,2% menos que en los tres meses anteriores), mientras que la de segunda mano aumentaba su precio un 3,2%, hasta los 1.838 euros. En definitiva, ni siquiera las casas viejas parece que se vayan a librar de la fiebre de precios.

Las sociedades no somos monolíticas: evolucionamos y nos modernizamos, afortunadamente, a pesar de que mantenemos, desafortunadamente, patrones de conductas con excesivas trazas del pasado, como el patriarcado, que aún rezuma impregnándolo todo. 

Las sociedades somos las personas que convivimos en un territorio bajo unas normas comunes. Hemos convenido que una estructura básica de nuestra sociedad es la familia, ese conjunto de personas a las que estamos vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad, según la RAE.

El modelo de familia ha cambiado muchísimo, afortunadamente, en las últimas décadas. Lo reiteró hace poco el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, que Cáritas y Fundación FOESSA publican desde 1966, uno de los máximos, si no el máximo absoluto, referentes de nuestro país en radiografiar lo que incomoda y a menudo no se quiere reconocer. 

En lo que atañe al reclamo implícito de esta tribuna –hogares monoparentales, los formados por un solo progenitor que convive con uno o más hijos o hijas menores de 25 años– el informe los describe como feminizados (porque el 81,2% está encabezado por una mujer) y con niveles muy elevados de exclusión, muy superiores a los de cualquier otro tipo de hogar. Llega a constatar que la mayor brecha de género se sitúa en los hogares en situación de exclusión severa, en la que se encuentran uno de cada cuatro hogares monomarentales, frente a uno de cada diez hogares monoparentales en los que el ganapán es un hombre. 

De la lectura del Informe FOESSA deduzco dos conclusiones y dos recomendaciones, dirigidas “a quien corresponda”. La primera conclusión es que la familia nuclear biparental ha dejado de ser dominante y ahora hay una diversidad de tipos de hogar: parejas sin hijos, personas solas, familias reconstituidas o familias monoparentales. La segunda, que las desigualdades son cada vez más evidentes y que las familias con hijos, monoparentales y, sobre todo, monomarentales, sufren niveles más elevados de exclusión. Proceder de una familia monoparental supone tener más de tres veces más probabilidades de encontrarse en situación de pobreza infantil severa.

La primera recomendación es que urge reformar las políticas públicas para adaptarlas a la realidad: apoyar a las familias monoparentales (especialmente encabezadas por mujeres) con transferencias, servicios de conciliación y empleo protegido. La segunda recomendación es que debe mantenerse una perspectiva de género en el análisis de la exclusión social, y reforzar la interrelación entre las políticas de inclusión, las políticas de igualdad y de conciliación.

¿Y a quién corresponde? Un primer paso básico e imprescindible para el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, y para evitar cargas adicionales en los procedimientos administrativos a las que sí se han eliminado para otros modos de familia (por ejemplo, las numerosas), es el reconocimiento legal de la condición de monoparentalidad. La administración y emisión de este documento, certificación, carné o título recae en las Comunidades Autónomas.

Once comunidades autónomas, la mayoría, afortunadamente, han regulado la obtención de una certificación de dicha condición (título de familia monoparental). Aplaudo, en este sentido, por orden de adopción, a Cataluña (2003), Comunitat Valenciana (2018), Aragón (2019), Cantabria (2019), Navarra (2019), Illes Balears (2020), Galicia (2021), Asturias (2023), La Rioja (2023), Murcia (2023) y Andalucía (2024). Estas CCAA han ejercido su autonomía para reconocer y proteger a las familias monoparentales.

En Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura y País Vasco, o no hay familias monoparentales (es ironía), o la Administración competente, la autonómica, pasa absolutamente de ellas. No reconocen y mantienen desprotegidas a las familias monoparentales que residen en sus territorios, que ascienden a casi 700 mil hogares, según mis estimaciones a partir de datos del INE.

Son especialmente curiosos, entre estos últimos del colectivo negacionista o miope, los casos de Castilla y León y Madrid. No surprises. Llevan mareando la perdiz desde 2020.

Especialmente sangrante es el caso madrileño, por ser responsable de la desprotección del 37% de todas las familias monoparentales desprotegidas de España. Anunció algo a bombo y platillo en 2020, volvió a anunciar lo mismo en 2024 (por ahí circula un proyecto de decreto) y hace apenas unos días rechazó con su rodillo parlamentario una proposición de ley para protegerlas como merecen. Curiosamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí ha comenzado a tramitar la regulación del vitalicio Título de Familia Numerosa Para Toda La Vida. 

En la primera situación de desprotección por ser familia monoparental en Madrid se encuentran unos 250 mil hogares (uno de cada diez de los 2,6 millones de hogares oficialmente contabilizados en la Comunidad de Madrid), de los que en el 83% la persona adulta a cargo es una mujer. En la segunda situación de sobreprotección, en términos comparados, por ser familia numerosa están unos 150 mil hogares. 

Y me pregunto: ¿Es discriminación? ¿Es ideología? ¿Es pereza? ¿Es desidia? ¿Un poco de cada cosa?

No entiendo a qué esperan. Hay mucho sufrimiento mediante, de muchas personas, de muchos menores y de muchas mujeres. Aunque, claro, de la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley de igualdad, ¿qué podemos esperar? ¿Seguir esperando?

Aprovecho para dejar plasmada una reflexión personal al hilo de los nuevos modelos de familia, los que están en camino de ser “normales” por ser los más frecuentes. ¿Por qué no actualizamos denominaciones con tanta carga despectiva como madrastra, padrastro y hermanastros/as? 

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Verónica López Sabater es economista.

Tener una casa en propiedad evita un considerable lastre de gasto a las familias, pero esa riqueza patrimonial que engorda al ritmo de la burbuja inmobiliaria, no convierte a los propietarios en ricos. Porque, una cosa es aumentar la riqueza sobre el papel y otra diferente, ser rico. “El dato de la riqueza patrimonial es bastante engañoso. Que el precio de la vivienda suba te beneficia en la medida en que tengas muchas, pero si tienes una y la vendes, ese dinero, en general, tendrá que ir destinado a buscar otro lugar en el que vivir”, explica Manuel Gabarre, investigador de vivienda del observatorio económico CODE. Y de nuevo, esa situación lleva de vuelta a la jungla de precios que gobierna el mercado inmobiliario.

“La riqueza real de las familias se incrementó un 2,5% en el primer trimestre de 2025 con respecto al anterior (2024), debido fundamentalmente al incremento del precio de la vivienda”, detalla el Banco de España (BdE) en su Informe de situación financiera de los hogares y las empresas. Esto es así, porque en España más de un 70% de las familias viven en inmuebles propios. Sin embargo, esa riqueza que emana de la revalorización de los activos inmobiliarios, no se traduce en una ganancia real para quienes solo poseen la casa en la que viven.

“Es muy importante separar aquí el concepto de riqueza del de renta. Si tú te compras una casa de 200.000 euros y su valor aumenta hasta 400.000 euros, tu riqueza mejora, aunque no se refleje en tu renta del día a día”, explica Iván Auciello, investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université y miembro del think tank Future Policy Lab. El problema surge a la hora de volver al mercado, porque las mismas condiciones que impulsan el precio, son las que dificultan encontrar un nuevo hogar: una demanda que no cesa, una rentabilidad que llama a la especulación y una oferta que por el momento no es suficiente.

Tampoco los propietarios están a salvo. Si venden su propiedad, explica Gabarre, tendrán que buscar otra y pagar a razón de unos precios de mercado que han subido un 12,2% en los primeros tres meses, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si, por el contrario, deciden alquilar, se enfrentan también a un mercado de precios imparables que crece mes a mes y consume una parte sustancial de las rentas mensuales.

En el conjunto nacional, sin separar por quintiles de renta, la vivienda se come un tercio del gasto total de los hogares y el dinero que se destina a ello ha ido aumentando de manera ininterrumpida desde alrededor de 8.700 euros anuales en 2006, hasta los más de 11.000 al cierre de 2024, según datos del INE. Cuanta menor es la renta del hogar, más porcentaje secuestra la vivienda, llegando a comerse el 63,5% del dinero que entra en el quintil de hogares con menor renta. Por tanto, vender la casa e irse de alquiler para tener un colchón de ahorro, tampoco parece una solución definitiva.

A quienes más beneficia la revalorización constante de los inmuebles es a quienes acumulan más de una o se dedican a invertir en este ámbito. “Para el que tiene una vivienda, por mucho que su precio suba, venderla no le va a generar un gran beneficio si tiene que buscar otra de similares características”, concluye el economista de CODE. Quien puede ponerla en alquiler o vender una que no usa, si obtiene un rendimiento.

“Lo que sí representa la vivienda en la mayoría de familias es una cobertura, en el sentido de que si tienes una casa que se ha revalorizado, en el caso de que te vengan mal dadas, siempre vas a poder venderla y buscar algo más barato o mudarte”, puntualiza Auciello.

Al otro lado de la brecha están quienes no tienen una casa e intentan acceder al mercado. El documento del BdE apunta que “el indicador que aproxima el grado de accesibilidad a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria apenas habría experimentado una ligera mejoría (0,3 puntos) en el primer trimestre de 2025”. Esto es, aunque los tipos de interés hayan bajado, ahorrar para una entrada sigue siendo muy complicado, de ahí que el indicador no mejore sustancialmente.

Unas dificultades que experimentan, por ejemplo, jóvenes y familias con poca capacidad de ahorro, que encuentran el primer bache en el mero hecho de dar la entrada para una hipoteca. De hecho, un estudio reciente determinó que, de media, los españoles que quieran acceder a una hipoteca deben tener ahorrados 44.000 euros, de acuerdo con Qualis Credit Risk, una agencia dedicada a la gestión de seguros de riesgo de crédito. Frente a esto, si atendemos a los datos que aporta el Consejo de la Juventud, solo uno de cada cuatro jóvenes que han salido de su hogar es capaz de reunir más de 300 euros al mes.

Otro dato importante para analizar este contexto es la evolución de las compraventas. Que los precios no bajen no es óbice para que las compras sigan disparadas, poniendo más tensión a una oferta de casas aún insuficiente. En mayo la compraventa de viviendas aumentó un 39% con respecto al año pasado y encadenan once meses al alza, según los últimos datos del INE.

Las razones que se suelen dar para explicar este dinamismo es que, con las bajadas de tipos de interés, el crédito se ha abaratado, pero también las inversiones ocupan un lugar destacado. Por ejemplo, si tomamos los datos comparables más recientes del INE, de las 54.318 compraventas de vivienda que se registraron, solo 39.176 requirió de una hipoteca, es decir, que caso el 28% de las operaciones se hizo sin necesidad de acudir a un préstamo. Esto sugiere, que una parte de la alta demanda, sigue viniendo de la inversión.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en junio de este año a 2,5 millones de personas que componen 736.867 hogares vulnerables, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta prestación, que se concretó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social, aporta, de media, 522 euros mensuales a los hogares que la disfrutan. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo que dirige Cristina Herrero concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Sobre esto, fuentes de Vivienda señalan que más de un 40% de estos potenciales beneficiarios tendrían otros ingresos, como la prestación por desempleo. “Esto puede derivar en una menor motivación para solicitar el IMV o en que consideren que no son elegibles”, concluyen.

El IMV trata de atajar, principalmente, las tasas de pobreza infantil, pero los datos apuntan a que el alcance de la prestación no es suficiente. De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa aceptó recientemente una denuncia, propuesta por varios colectivos sociales, que pone en cuestión la regulación por la que se orienta, debido a las dificultades que encuentran los ciudadanos para solicitarla.

En concreto, la ONG ATD Cuarto Mundo, que encabeza la denuncia, pedía corregir algunos puntos que, en su opinión, vulneran la Carta Social Europea. Entre ellos está la compatibilidad con las rentas autonómicas para evitar tener que devolver cobros indebidos —un problema que ha afectado a muchos beneficiarios— o rentas procedentes del trabajo. También expone la necesidad de corregir unas condiciones que excluyen a una parte de la población necesitada (por cuestiones de residencia o de edad) y la disparidad de criterios entre autonomías con respecto a otras prestaciones que vienen de las comunidades.

El informe presentado por AIReF, incluye por primera vez la forma en que esta prestación interactúa con el mercado laboral y señalan que el IMV disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales. Esta prestación es compatible con un contrato de trabajo y en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no reduce el importe de la ayuda si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir. Sin embargo, para muchas familias esto termina siendo una madeja burocrática: “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo.

Sobre esta integración de las ayudas con el empleo, fuentes del ministerio señalan que “la evaluación del incentivo al empleo es temprana” y que “sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios”, concluyen. 

En relación con el proceso que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha abierto a España, el Gobierno tiene hasta el 14 de agosto para presentar sus alegaciones por escrito. Pero precisamente una de las medidas que han motivado la demanda tiene que ver con la compatibilidad de la prestación con un contrato laboral, aun en casos donde persista la situación de vulnerabilidad a pesar de tener un sueldo. La ONG también recalca que el proceso de concesión es largo, que las legislaciones autonómica y nacional se solapan o que la forma de corregir los pagos indebidos es inadecuada.

Otro de los puntos que toca la AIReF es crear un procedimiento automático para que el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) llegue a los hogares potenciales desde el momento del nacimiento de los menores, es decir, sin que tengan que pasar por el largo proceso de solicitud. En este punto, desde Seguridad Social señalan que las peticiones de ayuda siempre deben ser mediadas por una solicitud del interesado y que carecen de información para actuar de oficio.

Desde el Gobierno asumen parte de las críticas. “Compartimos el objetivo de seguir avanzando hacia un mayor automatismo que minimice los trámites que tienen que hacer los ciudadanos”, señalan desde Seguridad Social. Aunque mantienen que el alcance de la ayuda se ha ido ampliando. “Las tasas de cobertura suben del 36% hasta el 42% en el IMV y del 19% al 23% en el CAPI” y concluyen señalando que el tiempo de espera “se ha reducido en 45 días desde 2023”, si bien se mantiene en torno a los seis meses.

También la Autoridad Fiscal ha destacado algunos puntos positivos en el IMV. Por un lado, apuntó que aumenta en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido y ayuda a que los ciudadanos acepten menos empleos precarios. Además, favorece los procesos de formación que repercuten después en la calidad del empleo que las personas pueden conseguir. Pese a esto, Herrero insistió en la necesidad de reformar esta prestación, un análisis en el que coincide con las organizaciones sociales.

Detrás de la voz de los sindicatos de inquilinas y de las miles de historias que dan cuenta del problema de la vivienda en España, hay un debate de fondo que empieza a surgir sobre los efectos nocivos que este puede tener en el desempeño de la economía. En mayo, el Banco de España (BdE) advirtió en su Informe Anual 2024 de que los desequilibrios en el mercado de la vivienda “tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”. La pasada semana Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), volvía a utilizar la misma metáfora para advertir que cuando “tienes un proceso de aumento de población muy intenso, derivado de la inmigración, y una oferta de vivienda restringida, no puedes absorber ese crecimiento”, lo que para Guindos supone un “cuello de botella”.

Los principales damnificados por el problema de la vivienda son las personas que intentan pagar una casa o un alquiler y no llegan, además de quienes ni siquiera pueden plantearse acceder a una. Pero las advertencias sobre este problema estructural empiezan a ir más allá. La vivienda corre el riesgo de poner palos en las ruedas al buen desempeño económico y hacer tropezar tanto los presupuestos de las familias como el mercado laboral.

“Un cuello de botella en economía se refiere a un factor de oferta que limita o ralentiza el crecimiento del conjunto de la economía”, explica Judit Montoriol, economista jefe de CaixaBank Research. Y el mercado inmobiliario, señala, “estaría actuando como freno” para que los trabajadores se muden a los núcleos de empleo y para que los jóvenes se independicen.

Por otro lado, el gasto de las familias en vivienda no ha parado de crecer en los últimos años, comprometiendo también la capacidad de consumo, un factor que suele citarse como motor de crecimiento en los análisis macroeconómicos. Por ejemplo, al cierre de 2024 el PIB había crecido en España un 3,2%, y uno de los factores que más lo impulsaron fue el consumo de los hogares, que se veían aliviados por la moderación de los precios, la subida media de los salarios del 5%, la llegada de migrantes y la bajada de tipos.

Todos estos factores mejoraron la capacidad de gasto y el dinero disponible, pero la vivienda cada vez se lleva un trozo más grande del pastel. De hecho, un informe del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) calcula que abaratar el coste de la vivienda un 30% supondría un impulso en la demanda de 25.000 millones de euros y podría crear hasta 410.000 puestos de trabajo en cinco años, ya que liberaría una parte importante de las rentas hacia el consumo en otras áreas. El mismo informe concluye que en España hay un 45,1% de hogares que están potencialmente expuestos al devenir de los precios de las casas, ya sea porque pagan una hipoteca o porque viven de alquiler.

Los hogares que menos pueden gastar dedicaron en 2024 el 63,5% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas. Si se toma el dato que hace referencia a vivienda y combustibles, sin contar alimentos, lo que se dejan es un 42,5% de su presupuesto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto nacional, sin separar por quintiles de renta, la vivienda se come un tercio del gasto total de los hogares y el dinero que se destina a ello dibuja una curva ascendente desde 2016, como se ve en el gráfico.

Los jóvenes son uno de los colectivos más afectados por un mercado inmobiliario que no les deja entrar. Esto repercute en el estado del bienestar, lastra los proyectos vitales y, a medio y largo plazo, tendrá efecto en el comportamiento de la economía y alcanzará a quienes se sienten a salvo de esta problemática. “La dificultad para acceder a una vivienda estable puede retrasar decisiones como formar una familia, lo que a largo plazo afecta la demografía y puede llegar a acelerar el proceso de envejecimiento poblacional, con consecuencias negativas sobre el crecimiento de las economías”, resume la economista de CaixaBank Research.

En el último informe del Consejo de la Juventud explicaban que, al cierre de 2024, cuatro de cada diez jóvenes destinaba ya más de un 40% de sus ingresos a pagar la vivienda y uno de cada tres recibía algún tipo de ayuda por parte de su familia para poder vivir fuera del hogar familiar. “El hecho de que los jóvenes no puedan crear hogares propios, al final lastrará tanto el consumo como el dinamismo de la economía”, coincide Iván Auciello, investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université y miembro del think tank Future Policy Lab.

Las empresas también sufrirán el golpe si el precio de la vivienda sigue comiéndose cada vez un porcentaje mayor de los salarios y de las rentas familiares. “Los efectos macroeconómicos se harán más acuciantes en los próximos años, pero va a ser más difícil atraer talento y trabajadores a grandes ciudades debido a los precios de la vivienda y eso va a ser especialmente grave en los trabajadores menos cualificados, ya que sus salarios son menores”, explica el investigador.

“Hay literatura académica que mide cuál es el beneficio de trasladarte a una ciudad grande, donde en general hay mejores salarios. Actualmente, ese incentivo se está viendo cancelado por los costes de la vivienda”, explica Auciello. Y para ilustrarlo pone el ejemplo de Valladolid: “2024 fue el primer año en el que se revirtieron los procesos migratorios entre Valladolid y Madrid. Hay más gente que se mueve de la capital a Valladolid que al revés”, algo que se explica por la mejora de las comunicaciones —que permiten ir y venir a trabajar—, pero también por el hecho de que la vivienda en Madrid está entre las más caras de España y un billete de tren compensa más.

La reducción de la movilidad laboral, coincide Montoriol, estaría “limitando la capacidad de las empresas de encontrar trabajadores, lo que a su vez limita su capacidad de crecimiento y frena la inversión”, concluye. De hecho, el mismo estudio de CCOO apunta que liberar los presupuestos familiares de una parte del lastre de la vivienda impulsaría el empleo en un 20% en el próximo lustro.

Ambos analistas coinciden en que los tiempos del mercado inmobiliario son largos, tanto para mejorar las condiciones de los inquilinos como para romper alguno de los pilares de crecimiento de la economía, pero las consecuencias terminarán por transferirse. Por el momento, el mercado inmobiliario no parece tener freno: cerró 2024 con un incremento del 11,4% (dato de Eurostat) y el índice de precios avanzó un 12,2% en el primer trimestre del año, según el INE. Las previsiones, sometidas a una demanda que no cesa, apuntan a que seguirá subiendo.

El gasto medio por hogar aumentó un 4,4% en 2024, hasta registrar un máximo de 34.044 euros, con la vivienda como principal partida, acaparando casi la tercera parte de ese presupuesto, según informa EFE. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el grupo vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles sumó 11.029 euros, un 6,1% más que el año anterior, acumulando el 32,4 % de ese presupuesto total de los hogares.

En los hogares con menos gasto, la vivienda llega a suponer el 40,3% de todo el presupuesto familiar, mientras que en los de más capacidad adquisitiva se queda en el 28,1%. Tras la vivienda, el grupo alimentación es el que más gasto sumó el año pasado con un 15,8% de media, tras subir un 1%, seguido por el transporte con un 11,4 % y un incremento del 2,5%.

Aunque no tienen tanto peso, los grupos donde más aumentó el gasto medio por hogar fueron servicios de educación, con un alza del 13,9 %, y actividades recreativas, deporte y cultura, con un 13,1%.

Por el contrario, los grupos donde más disminuyó fueron bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,4%; y muebles y artículos para el hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, con un descenso del 3,9%.

El INE recuerda que la tipología del hogar es un elemento diferenciador del nivel de gasto. Así, los hogares formados por una pareja con hijos fueron los que tuvieron, en media, mayor gasto en 2024, con 43.163 euros (1.824 más que en el año anterior).

Por contra, los hogares con menor gasto fueron los formados por una persona sola de 65 o más años (con 22.081 euros de media), y los unipersonales con menos de 65 años (22.226 euros).

Todas las categorías aumentaron su gasto respecto al año anterior aunque el mayor incremento se dio en los hogares formados por un adulto con hijos, con un alza del 6,2% (1.815 euros más que el año anterior).

Los menores se dieron en otros tipos de hogar y en los hogares unipersonales de menos de 65 años (2,4 y 2,8%, respectivamente).

También al detalle por hogares, los que tienen menos gasto son los que más dedican a vivienda y comida: el 20% de los hogares con menor gasto dedicaron el 60,2% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y a alimentos y bebidas no alcohólicas.

Frente a esto, el 20% de los hogares con mayor gasto destinaron algo más del 40 % a este tipo de gastos.

En estos hogares con más gasto más de un tercio del presupuesto (33,9%) se fue a transporte, restaurantes y servicios de alojamiento y a actividades recreativas, deporte y cultura, frente al 15,9% de los hogares con menor gasto.

En cuanto al gasto por persona se situó en 13.626 euros, con un incremento del 3,9%.

Por regiones, las comunidades autónomas con mayor gasto medio por persona en 2024 fueron País Vasco (15.504 euros), Comunidad de Madrid (15.108) y Cataluña (14.746).

Por el contrario, Extremadura (11.398 euros), Andalucía (11.865) y Castilla-La Mancha (11.921) registraron los menores gastos medios por persona.

El gasto medio por persona en País Vasco fue un 13,8% mayor que la media nacional, mientras que el de Extremadura se situó un 16,3% por debajo de dicha media.

En junio de 2024, cuando los tipos de interés del BCE tocaron el 4%, el Banco Central Europeo (BCE) dio por terminadas las subidas e inició la desescalada. Con el último recorte de 25 puntos básicos en marzo, hasta un 2,5%, encadena nueve meses de tendencia a la baja en el precio del dinero. Los cambios en estas variables macroeconómicas llegan a los consumidores en forma de mejor o peor acceso a financiación. Esto es, la reducción de tipos abarata el crédito hipotecario y da un respiro a la carga financiera de los hogares que tienen una hipoteca variable, y lo hace porque empuja el euríbor (su índice de referencia) a la baja.

El indicador del BCE se ha ido moviendo a la baja, pero el tipo medio para las hipotecas constituidas sobre vivienda fue en enero de este año del 3,08% y el plazo medio de devolución llegó hasta los 25 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, el tipo de interés medio en España para las hipotecas fijas se situó en enero en 3,17%, mientras que los tipos del BCE se situaron ese mes por debajo (en el 2,75%) y el euríbor en el 2,56%. El INE señala además que la mayoría de los préstamos sobre vivienda se constituyeron a tipo fijo (un 64,2%) y solo el 35,8% lo hizo a tipo variable.

La pregunta inmediata que surge, es por qué no bajan más las hipotecas si los tipos caminan a la baja, pero la respuesta es más compleja. “Los precios suelen trasladarse a una velocidad relativamente equivalente, aunque la competencia entre entidades y la demanda también influyen en la gestión de los bancos”, explica Carlos Balado, profesor de OBS Business School. “Si hay apetito inversor y demanda, los bancos compiten por conseguirla y los precios de las hipotecas pueden bajar”, concluye. En caso contrario, bajan las tasas más despacio.

Las hipotecas son la principal herramienta para acceder a una casa propia y también se llevan una parte sustancial de los ingresos de las familias. En julio de 2022, coincidiendo con la invasión de Ucrania y los atascos en las cadenas globales de suministros, se desató una crisis inflacionaria. Fue en este momento cuando la política monetaria comenzó a endurecerse, y a su vez, los tipos de interés de las hipotecas comenzaron a escalar, llegando en enero de 2024 al 3,44%. Los sucesivos ajustes que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo han ido recortando la evolución de los tipos, pero los tipos medios hipotecarios de hipotecas constituidas (que incluyen fijo y variable) se han ido manteniendo en el rango del 3% desde finales de 2023. “En el cálculo del coste de una hipoteca entra el euríbor, pero también el diferencial pactado, la cantidad a devolver o el plazo”, explica Balado, por lo que establecer una correlación directa entre lo macro y lo micro es complicado.

La percepción de que las subidas de tipos se repercuten más rápido que las bajadas en los bolsillos de los consumidores se puede deber, en parte, a que los tipos se subieron de forma rápida y la desescalada se está haciendo con más calma, explica Balado. Pero, por otro lado, hay otro factor que hace que en las subidas se puedan dar más deprisa: “Elevar los tipos lo que hace es encarecer automáticamente los préstamos que las entidades solicitan al Banco Central y eso hace que reaccionen rápidamente porque encarece sus costes”, explica el economista Daniel Fuentes. En cambio, cuando los tipos de interés bajan, se abarata el coste del dinero y su margen aumenta y, por lo tanto, “el incentivo a reaccionar rápido es menor”, concluye Fuentes.

Hay distintas variables que influyen en cómo estos indicadores macroeconómicos se filtran en los bolsillos de los consumidores. Es lo que se conoce como transmisión de la política monetaria y en general, lleva su tiempo. “Normalmente, desde que se toma una decisión de modificación de tipos de referencia hasta que tiene su traducción al mercado hipotecario suele pasar entre uno y tres meses”, explica Fuentes. La razón, explica, es que la competencia entre entidades bancarias en España es menor que en otros países. “Los incentivos para competir, remunerar y captar ahorro privado en España son menos que en otros países y tampoco sería de extrañar que en nuestro mercado bancario los tipos bajasen menos o tardasen más en hacerlo que en países del entorno”, concluye.

Desde que la inflación entró en una senda de moderación, el organismo monetario ha transmitido consenso en la decisión de ir bajando las tasas, pero tras el ajuste de marzo algunas voces ya piden que se frene. La propia presidenta del BCE señalaba que en este punto el camino deja de ser tan evidente. “Si los datos nos dicen que para llegar a nuestro destino la política monetaria apropiada es recortar, lo haremos. Si, por el contrario, indican que no es el caso, haremos una pausa”, señalaba. 

Pese a todo, los expertos coinciden en que no será un mal escenario para quienes decidan buscar financiación. “El euríbor va a ser más bajo, los tipos también y la referencia de los bancos en el momento de prestar ya va a ser más baja que en meses anteriores”, señala Balado, quien apunta que esto podría estimular además la competencia entre entidades. Por el momento, y con el permiso de la incertidumbre geopolítica derivada de la guerra comercial de Estados Unidos, la previsión es que el organismo monetario europeo deje los tipos en el entorno del 2%.

La riqueza financiera de las familias -la diferencia entre sus ahorros y las deudas que acumulan- aumentó un 11,7% en un año y superó el pasado septiembre los 2,3 billones de euros, aunque la cantidad de efectivo en sus manos siguió hundiéndose en mínimos históricos. Así lo reflejan los datos provisionales publicados este jueves por el Banco de España sobre las cuentas financieras de la economía española, que ha recogido EFE, y que concretan que la riqueza financiera neta de los hogares se situó en 2.327.344 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2024.

Esa cifra (que mide los activos financieros netos de los hogares) representa un 148,4% del producto interior bruto (PIB) español, lo que supone 6,7 puntos porcentuales más que un año antes.

Por su parte, la deuda tanto de empresas como de hogares ascendió a 1,7 billones, lo que supone un incremento del 1,6% respecto al mismo trimestre de 2023. Sin embargo, en términos del PIB, la ratio siguió mostrando una tendencia a la moderación del endeudamiento, al situarse en un 109%, frente al 114,4 % de un año antes.

Concretamente, la deuda de las empresas aumentó hasta superar el billón de euros, pero su peso en el PIB español pasó en un año del 67,2% al 64,8%. Si se incluyese la deuda interempresarial, la ratio en septiembre de 2024 sería del 80,9 %, frente al 84,7 % de un año antes.

Por su parte, la deuda de los hogares (incluida la de instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, tales como ONGs, asociaciones culturales o deportivas o entidades religiosas, entre otras) se redujo tanto en términos absolutos como en función del PIB, que quedó en el 44,1%, desde el 47,2% de un año antes. Por lo que se refiere a los activos financieros de los hogares (y las citadas instituciones), en el tercer trimestre de 2024 ascendieron a 3,07 billones, un 8,6 % por encima del nivel alcanzado un año antes.

Este aumento refleja una revalorización de activos por unos 168.000 millones y una adquisición neta de activos de 75.500 millones desde finales de septiembre de 2023. En conjunto, el aumento de los activos financieros fue mayor que el del PIB nacional, por lo que la ratio aumentó en 3,5 puntos porcentuales, hasta el 196%.

El grueso de los activos financieros de los hogares siguen siendo el efectivo y los depósitos, que suponen el 35% del total, seguido de las participaciones en el capital (31,6%) y en fondos de inversión (16,1%), así como los seguros y los fondos de pensiones (12,1%). Sin embargo, las participaciones en fondos de inversión fueron el instrumento que más creció en un año, mientras que el peso del efectivo y los depósitos se redujo en dos puntos porcentuales, a pesar de las operaciones netas positivas en depósitos a plazo.

Del conjunto de 2,93 billones en activos financieros de los hogares tan sólo 39.890 millones eran efectivo en manos de las familias al cierre del tercer trimestre de 2024, la cifra más baja registrada en la historia reciente. El efectivo acumulado por las familias lleva años cayendo, hasta los 48.355 millones con los que cerraron 2019, antes de que estallara la pandemia en 2020.

Los estragos de la pandemia hicieron que el efectivo se disparara hasta los 62.176 millones al cierre de 2020, para luego ir reduciéndose de nuevo progresivamente hasta el mínimo registrado el pasado septiembre, cuando se perdió incluso la cota de los 40.00 millones.

Tiempo y dinero. Estas son las dos variables que condicionan la vida de los hogares españoles, especialmente de aquellos encabezados por un único progenitor, que se enfrenta en solitario a la gestión y el cuidado de su familia. Las familias monoparentales no son un caso excepcional. En España, según datos del INE, hay casi dos millones, lo que supone nada menos que un 10% de los hogares y un 24% de las familias. Además, es el modelo familiar que más crece todos los años.

Desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) apuestan por la generalización de la designación monomarental, incidiendo en la perspectiva de género: más del 80% de las familias de estas características dependen de una mujer. También critican que no se disponga todavía de una definición estatal que englobe la pluralidad de situaciones de monomarentalidad. “Lo que no se visibiliza no existe” es el lema bajo el que reivindican el reconocimiento y regulación institucionales de su especificidad, apostando por una definición que incluya a las familias de un progenitor "en origen, por defunción o desaparición, o por pérdida o no ejercicio de la patria potestad”. También a las conformadas por procedimientos de adopción o acogida.

Las familias monomarentales carecen de un marco de protección propio, del que sí disponen otras estructuras familiares como las numerosas. Y esto a pesar de que, según el último informe sobre el Estado de la Pobreza en España (EAPN), el 52,7% están en riesgo de pobreza y exclusión y el 20,1% sufren ya situaciones de carencia económica y material severas.

Las barreras contra las que luchan las madres solteras son, a fin de cuentas, la agudización de los problemas de todos, pero involucran a un grupo familiar de especial vulnerabilidad y que incluye menores. Estas dificultades se concretan en casi todos los ámbitos, sin una respuesta institucional a la altura: trabajo, nivel económico, vivienda… Por no mencionar la ausencia total de tiempo libre o la mayor propensión a desarrollar problemas de salud mental como ansiedad o depresión.

Daniela, colombiana de 28 años, vive en Madrid sola con su hijo de cuatro. El padre del niño se desentendió de la crianza y regresó a su país de origen. Daniela trabaja en hostelería con un contrato temporal y a tiempo parcial, a pesar de haber cursado estudios superiores de magisterio. “Es el único sector en el que conseguí trabajo y la jornada parcial me permite cuidar de mi hijo”, refiere Daniela. El problema es que, con un salario que no llega a los 850 euros netos, Daniela tiene problemas para afrontar todos los gastos y llegar a fin de mes.

En el intento por conciliar sus compromisos familiares y laborales, muchas madres solteras se ven obligadas a recurrir a jornadas parciales y contratos temporales, más inestables y peor pagados. A menudo trabajan incluso en economía sumergida y por debajo de su nivel de cualificación. Otras directamente no encuentran un empleo compatible con los horarios de sus hijas e hijos. Su empleabilidad se limita en muchas ocasiones a sectores feminizados y precarios como el del hogar, los cuidados o los servicios. De esta forma, su disponibilidad temporal condiciona enormemente su capacidad económica, que es el único soporte familiar.

A sus 39 años, Nazaret, socia de Familias Galegas Monomarentais (FAGAMOS), es madre soltera de una hija de 15 meses. Decidió embarcarse sola en el mundo de la maternidad a través de la Seguridad Social, con un donante anónimo de esperma. Nazaret es profesora sustituta para la Xunta. Este año trabaja como interina en la Escuela Oficial de Idiomas a media jornada por las tardes. "Dependo todos los años que me llamen para sustituir una plaza cubierta por un profesor que está de baja o de excedencia. Puede ser una sustitución de una semana, quince días o de todo el curso", aclara Nazaret. El sueldo de una jornada parcial se le queda corto. "De momento estoy viviendo de mi colchón de ahorros. Pero ese colchón se está acabando y en algún momento no voy a poder hacer frente al piso y el resto de gastos yo sola", declara Nazaret.

El problema de fondo es la inexistencia de corresponsabilidad social en los cuidados. Por un lado, las instituciones públicas no consideran de su competencia velar por la garantía de los cuidados, ni siquiera de los grupos más vulnerables: ancianos, personas dependientes, menores… El compromiso de los cuidados recae en exclusividad en el entorno cercano, convirtiéndolo en una cuestión de mera responsabilidad individual o familiar. Por otro lado, no hay un reconocimiento oficial de los cuidados como trabajo. Se presupone que las madres han elegido libremente la obligación de encargarse de sus hijas e hijos y que, por tanto, su cuidado no puede entenderse como una labor extra, digna de consideración y retribución.

Muchas madres solteras recurren al sostén de su entorno, que se traduce frecuentemente en la figura de las abuelas y abuelos. Al hablar de conciliación, Nazaret señala enseguida a su círculo familiar: "Si no tuviera a mis padres cerca y no pudieran ir a recogerla todos los días a la guardería, no podría trabajar".

El de Nazaret no es un caso aislado. Muchas madres salen adelante gracias a parientes, conocidos o asociaciones, que suplen funciones que deberían facilitarse desde las instituciones. “Las redes sociales son un capital muy importante para las familias monomarentales, porque suponen disponer de apoyo en los cuidados y en la gestión de los tiempos: facilitan mucho la vida”, nos comenta Cristina Rubiales Cardenete, trabajadora y educadora social en Asociación Solidaridad Madres Solteras (ASMS). El problema se agrava cuando las familias no disponen de apoyos familiares y se encuentran desbordadas ante los retos de la conciliación. "Yo no tengo familia en España que pueda ayudarme con mi hija, tengo que apañarme sola o con la ayuda de otras madres y familias", explica Daniela.

Con motivo del pasado domingo electoral, desde Madres Solteras por Elección (MSPE) se denunció la convocatoria como vocal de una de sus socias, madre soltera de una niña de 15 meses. La condición de monomarentalidad no fue considerada suficiente por la junta electoral para eximir a la madre hasta que presentó un justificante que demostraba que sus padres, los abuelos de la niña, trabajaban ese día. “A veces hay abuelos y a veces no, pero, de cualquier manera, los abuelos no tienen por qué estar obligados a cuidar de sus nietos”, añade Nazaret.

Otra de las reivindicaciones centrales de las asociaciones es la equiparación del número de días de permiso parental, incluidas las bajas por enfermedad y maternidad. "En muchas guarderías, no admiten a un niño por debajo de los seis meses y nosotras no tenemos derecho a tanto tiempo de baja. Es un perjuicio para los niños", sentencia Nazaret.

Hace apenas una semana, en una decisión que puede sentar precedentes, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos amparo presentados por tres socias de MSPE, en los que reivindicaban la equiparación de sus bajas de maternidad.

Daniela vive en Móstoles, en un piso de apenas 50 m² con otra pareja migrante y sus dos hijos. El alquiler cuesta su sueldo íntegro: la única solución es compartir. La mitad de su salario se va igualmente en pagar la vivienda. Con lo restante, resulta casi imposible cubrir facturas, gastos de alimentación, ropa, material escolar... "Más de una vez la familia con la que vivo me ayudó a pagar el piso para que yo pudiera encargarme de otras cosas que necesita mi hijo", confiesa Daniela.

"La realidad más habitual de las monomarentales siempre ha sido compartir hogar. La situación se ha recrudecido con la actual crisis de vivienda: los requisitos son cada vez más exigentes y los precios más altos", señala Rubiales. Las inmobiliarias y aseguradoras han acaparado el mercado, imponiendo condiciones que muchas familias con un único sueldo y situaciones laborales inestables no pueden cumplir. Entre sus cláusulas incluyen la imposibilidad de dedicar más del 35% del salario al alquiler o la negativa a usar como garantía de pago prestaciones fijas como el Ingreso Mínimo Vital. "Si el salario mínimo es algo más de 1.000 euros, solo se podrían dedicar unos 350 euros al pago del alquiler. El problema es que muchas veces ya ni las habitaciones cuestan eso", continua Rubiales. "La vivienda debería ser derecho, no un negocio", concluye Daniela.

Nazaret ha podido acceder a la hipoteca de una vivienda para ella y su hija gracias a que su hermano, con un situación económica más estable, aparece también como propietario del piso. "No llega a ser por mi hermano y no hubiese podido comprar. Y el alquiler con un único sueldo está imposible", comenta. Aún así, dedica dos tercios de su salario a la vivienda: "De momento no, pero en seis o siete meses podría llegar a una situación crítica".

Desde ASMS apuestan por la inversión en vivienda pública como estrategia para resolver las dificultades en el acceso y mantenimiento de la vivienda de las familias monomarentales, tal y como han planteado en su último informe sobre vivienda. Sin embargo, según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, en España en 2020 solo se disponía de un 2,5% de vivienda protegida, frente a la media europea de casi un 10%.

"Las familias monomarentales vulnerables deberían tener acceso preferente a vivienda protegida. El problema son, de nuevo, los requisitos y trabas burocráticas de las administraciones, que propician la exclusión", comenta Rubiales, con la comentamos la situación en Madrid. El primer obstáculo es conseguir o bien un certificado de soltería o una sentencia firme de guarda y custodia, resultado de un proceso judicial que se puede alargar. También se exigen un mínimo de 10 años de empadronamiento, medida que discrimina a familias migrantes como la de Daniela. "En el IPREM, frente a las biparentales, las familias monomarentales tampoco tienen ninguna ventaja", sigue explicando Rubiales. Otro impedimento surge de la confusión entre unidad familiar y de convivencia, sobre todo en los casos en los que se comparte vivienda con parientes. La desbordante exigencia de trámites burocráticos termina por hacer renunciar a muchas familias.

"La inexistencia de una ley autonómica de vivienda facilita los abusos, como el de la inseguridad residencial", aclara Rubiales. La falta de control de los contratos y la ausencia de alternativas generan situaciones de hacinamiento, que favorecen los conflictos. Todo ello puede desembocar en un cambio constante de vivienda, en un nomadismo que genera inestabilidad y desarraigo en madres, hijas e hijos.

"Si le cubres la parcela de la vivienda a las familias, van a poder llevar una vida más o menos autónoma y tendrán más fácil salir de las redes de asistencia social", recalca Rubiales. Por esta razón, desde ASMS ofrecen servicios como pisos de acogida temporal o una bolsa de vivienda compartida. No obstante, se trata de soluciones orientadas a la "supervivencia". "Defendemos que las familias monomarentales tengan una vivienda digna. Todo el mundo tiene derecho a un hogar unifamiliar y a tener sus espacios de intimidad, de desarrollo familiar y personal y de descanso", insiste.

En marzo de este año, se publicó en el Boletín de las Cortes Generales el proyecto de la nueva Ley de Familias. Entre los objetivos centrales de este nuevo marco normativo se encuentra, en principio, el de reconocer y equiparar los derechos de las familias monoparentales a los de otros modelos familiares más regulados. La nueva ley identifica a las familias monoparentales a través de un título de acreditación oficial y, a partir de los dos hijos, pasa a considerarlas familias de especial necesidad de apoyo en la crianza.

Desde MSPE califican la nueva ley de "insuficiente" y reclaman medidas pensadas para su especificidad, que esquiven la discriminación por indiferenciación. "La Ley de Familias da un paso fundamental en el reconocimiento, pero no viene acompañada de medidas concretas y mecanismos de aplicación en el momento de su aprobación", se lamenta Guruceta, coordinadora de incidencia política de MSPE, que considera imprescindible aplicar el principio de equidad a la hora de diseñar políticas públicas. Según nos cuenta, MSPE ha enviado a todos los grupos políticos sus propuestas para mejorar el proyecto de ley, entre las que se incluyen cuestiones como la adaptación de los criterios fiscales, como los del IRPF, o la inclusión de todas las familias de un progenitor en la categoría de especial necesidad.

"Las familias monomarentales son familias completas, no les falta nada. No necesitamos dos padres para criar a nuestros hijos, lo que necesitamos es apoyo", concluye Rubiales, criticando el paternalismo institucional y el estigma social que pesan todavía sobre las madres solteras.

El porcentaje de población española en riesgo de pobreza o exclusión social -la denominada tasa AROPE- creció medio punto en el último año hasta situarse en el 26,5%, mientras que la población con "carencia material y social severa" escaló hasta el 9 %, la tasa más alta desde 2014.

Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha recogido Europa Press, correspondientes a 2023, por grupo de edad, la tasa AROPE (que mide la tasa de riesgo de pobreza relativa, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo y la carencia material y social severa) mejoró en los dos primeros campos (al pasar del 20,4 al 20,2% y del 8,7 al 8,4% respectivamente); mientras que empeoró el porcentaje de población con carencia material y social severa (del 7,7 al 9%).

Por sectores de población, la encuesta -realizada entre febrero y mayo de 2023- detalla que subió 2,1 puntos entre los menores de 16 años (hasta 34,3%) y 0,4 en el grupo de 16 a 64 años (26,4%). Por el contrario, bajó 0,4 puntos entre los de 65 y más años (20,9).

Las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas se dieron en el año 2023 en Ceuta (41,8%), Andalucía (37,5%), Melilla (36,7%), Canarias (33,8%) y Extremadura (32,8%), Catilla-La Mancha (31,7%), Murcia (30,5%), Comunidad Valencia (29,6%), Galicia (25,5%), Asturias (25%), Castilla y León (22,4%), Cantabria (22%), La Rioja (21,8%), Cataluña (21,2%), Aragón (20,4%) y Baleares (20%).

En el lado contrario, País Vasco (15,5%) y Comunidad Foral de Navarra (17,2%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Andalucía (30,5%), Extremadura (27,6%) y Canarias (26,1%). País Vasco (10,2%), Comunidad de Madrid (12,9%) y Comunidad Foral de Navarra (13,8%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

En cuanto a la tasa AROPE por nivel de formación alcanzado, la encuesta revela que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social por nivel de formación alcanzado, en el caso de personas con educación superior fue del 13,3%; del 25,7 entre personas con estudios de secundaria de segunda etapa; del un 33,5% entre personas con estudios de secundaria de primera etapa y del 36,7% entre personas con educación primaria o un nivel de estudios inferior.

Sobre la tasa AROPE por situación laboral, entre los ocupados fue del 16,6%; entre los jubilados, del 17,2%; otros inactivos, del 38,0% y entre los parados, del 56,7%.

Además, la encuesta revela que el 37,1% de los hogares españoles no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos el año pasado, porcentaje casi dos puntos superior al de 2022 y el más elevado desde el ejercicio 2016 (38,7%).

El organismo considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado.

La encuesta revela también que el 9,3% de los hogares llegaba a final de mes con "mucha dificultad" en 2023, porcentaje seis décimas superior al de 2022 y el más alto desde 2020, cuando este alcanzó el 10%.

El INE apunta además que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se situó en 2023 en el 33,1%, porcentaje cuatro décimas inferior al de 2022 y el más bajo desde 2021 (32,7%).

Según el organismo estadístico, el 10% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, comunidad, etc.). Este porcentaje no ha variado respecto a 2022.

Asimismo, el 21% de las familias, una de cada cinco, asegura que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se ha disparado más de tres puntos respecto a 2022 (17,7%) y que es el más elevado desde 2004, inicio de la serie.

Al mismo tiempo, el 6,4% de los hogares declara que no puede permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días, porcentaje un punto superior al de 2022 y también el más alto desde el inicio de la serie.

Uno de cada cinco menores en España vive en situación de hacinamiento en sus casas, es decir, dispone de menos de 15 metros cuadrados en hogares en su mayoría alquilados, que cuestan cada vez más a las familias y tienen peores condiciones. Los datos, recogidos por EFE, pertenecen al estudio "Un hogar para la infancia" presentado este martes por la Plataforma de Infancia, que pone el foco en la relación que existe entre la pobreza infantil y la vivienda: Cuanto mayor es el gasto del presupuesto familiar dedicado a la vivienda, mayor es el nivel de pobreza en la infancia.

El 37,6% de los menores que residen en hogares en situación de pobreza, viven con familias que tienen que destinar más del 40% de su renta a los gastos de la vivienda; España es el cuarto país de la UE con más niños y adolescentes que sufren sobrecarga en el coste de la vivienda.

Según el análisis realizado con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, del Observatorio de Vivienda y estudios sobre chabolismo de la Fundación Secretariado Gitano, el nivel de pobreza es un factor clave para explicar esa interrelación con la vivienda, pero también incide la falta de vivienda pública que ha provocado el aumento de los alquileres desde 2015.

Las familias monoparentales y las numerosas son las que más sufren los problemas relacionados con la vivienda, destaca el estudio, que alerta de que la mitad de las personas que viven en asentamientos chabolistas tienen menos de 16 años.

El 18,9% de la población infantil que habita en hogares con falta de espacio se sitúa en el umbral de pobreza: La falta de espacio se asocia con un peor estado de la salud física y mental, aumenta el riesgo de sufrir accidentes domésticos y dificulta mantener relaciones con amigos y familiares, señala. "Cuando las personas pierden la vivienda es un paso más hacia la exclusión social", ha explicado Débora Quiroga durante la presentación de la investigación y ha destacado el impacto que tienen las condiciones de espacio y habitabilidad en el desarrollo de los niños.

"No sólo hay más problemas para pagar la vivienda, sino que se está pagando por viviendas más pequeñas y con más problemas, como la falta de luz o las humedades que afectan mucho a los menores", ha añadido la experta, quien ha recordado que los menores habitan en mayor proporción en viviendas alquiladas, en un 25,4%, frente al 18,7% del total de la población.

A nivel europeo, España es el país con el nivel más alto de pobreza infantil y el tercero con la mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en la infancia, sólo superado por Bulgaria y Rumanía. "Nos preocupa y nos parece alarmante que la infancia sea el grupo de edad con mayor pobreza, que España sea el país con la tasa de pobreza infantil más alta de la UE y que la cifra de carencia material severa sea la más elevada desde 2008", ha señalado Carles López, presidente de la plataforma que agrupa a más de 70 entidades de infancia.

La gravedad de la situación contrasta con la poca inversión de España para acabar con la pobreza infantil, ha lamentado Ricardo Ibarra, director de la plataforma, quien ha recordado que España solo destina el 1,6% del PIB cuando la media europea se sitúa en el 2,5%.

Además, el análisis muestra que las transferencias sociales sólo alcanzaron al 8% de la población infantil y únicamente lograron reducir la tasa de pobreza en 7,5 puntos, tal y como recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida.

Entre las propuestas, la Plataforma de Infancia plantea ampliar el parque de viviendas sociales construyendo 1,5 millones de viviendas protegidas para aproximarse a la media europea, mejorar las ayudas a las familias vulnerables con una prestación especial para evitar el sobrecargo de la renta para las familias con niños en situación de vulnerabilidad social.

También, la creación de una Estrategia estatal de erradicación de la vivienda insegura que asegure los derechos de las personas que habitan en chabolas o infraviviendas y apoyo a familias que se pueden enfrentar a un desahucio. "Tenemos un problema de país que es estructural y hay que poner más inversión y medidas más ambiciosas", ha concluido Ibarra.

2022 terminó convirtiéndose en el gran año de la crisis energética en Europa. Con la pandemia aún haciendo estragos, la invasión de Ucrania y la consiguiente crisis diplomática con Rusia provocaron una tendencia al alza de los precios de los alimentos y la energía. La electricidad y los carburantes alcanzaron cifras que no se veían desde 2008, a lo que se sumó una inflación galopante en todo Occidente.

Los hogares de rentas más bajas fueron los más afectados. 4,3 millones de personas tuvieron problemas para hacer frente a sus facturas energéticas y casi 8 millones de ellas no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares. A pesar de ello, los datos reportados por el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España para 2022 de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas vislumbran un horizonte levemente positivo: el escudo social aprobado por el Gobierno evitó que la situación empeorase. “2022 fue un año con precios extremos por eso tiene una especial relevancia preguntarnos qué pasó ese año”, explica Efraín Centeno Hernáez, uno de los autores, durante la presentación del informe.

Prácticamente una de cada cien personas en nuestro país tiene problemas para asumir sus gastos en energía. Respecto al año anterior, ha habido una leve mejora, del 9,5% al 9,2%. “Sigue siendo un dato preocupante, especialmente cuando nada invita a pensar que la coyuntura energética vaya a garantizar precios bajos en los hogares en los próximos tiempos”, señalan los autores. 

“Se dice que la pobreza es una realidad poliédrica y una cara de ella es la energía, pero ésta también tiene muchas aristas. En este estudio hemos utilizado diferentes indicadores para medirla”, explica José Carlos Romero, otro de los firmantes del estudio : “Por un lado, lo hemos hecho teniendo en cuenta los ingresos y el gasto energético, viendo qué familias gastan de más o consumen menos de lo necesario”. De acuerdo a estos cálculos, han determinado que una familia que en 2022 gastó menos de 382,5 euros en energía, se encontraba bajo el umbral de la pobreza energética. En total, un 11,8% de las familias no podían mantener una temperatura adecuada en su hogar debido al coste de la calefacción (los datos se recogen durante la época invernal). 

“Es el dato de la serie histórica más alto y ya era preocupante antes”, comenta Centeno. En 2021 eran un 10,1% las familias que se encontraban en esta situación y en 2021 un 11.2%: “La tendencia que vemos es a aumentar levemente. El mensaje es de no bajar la guardia”. Además, a estos datos hay que añadir que un 16.8% de los hogares destinaba más de un 9.8% , el porcentaje que marca el umbral entre pobreza o no, sólamente a la energía. “Esto significa que cada diez euros, se destina al menos uno a pagar el agua caliente, la calefacción o el horno. Es bastante significativo”, continúa el investigador. Un porcentaje algo menor, un 13,1% de las familias, tienen que destinar parte de sus gastos mínimos vitales (comida, material, muebles, ropa…) a pagar parte de su factura energética porque no les alcanza un sueldo.

Las diferencias son significativas si se analizan los datos por comunidades. Aunque el estudio utiliza diferentes indicadores, en todos ellos se observa una brecha evidente entre el norte y el sur de España. Extremadura, Andalucía o Murcia son tres de las Comunidades en las que se registran indicadores de pobreza más altos, frente a País Vasco o Cataluña con niveles más moderados. 

En este sentido, se da el caso de que las regiones con una climatología más favorable en invierno, suelen presentar mayor incidencia de pobreza energética oculta, un término que hace referencia a aquellos hogares donde se consume menos energía de la necesaria para mantener una temperatura adecuada: “La baja penetración de los aparatos de climatización en las rentas más bajas, la elevada refrigeración y los bajos ingresos crean un caldo de cultivo perfecto”, apuntan los investigadores. Este aspecto se mantiene prácticamente estable a lo largo de la serie histórica: “Es necesario atender con cuidado a esta disparidad, extrayendo por un lado buenas prácticas de aquellos territorios donde la incidencia es menor y dando prioridad a las regiones más desfavorecidas”, añaden. 

Los resultados de pobreza oculta estándar se han mantenido elevados, en un 30,9%, aunque no han aumentado respecto a otros años. Sucede lo mismo con los datos de pobreza severa, que hacen referencia  a los núcleos familiares en los que se consume menos de un cuarto de la energía que deberían. En este caso el porcentaje baja hasta el 10,6%. “Nos encontramos con un dato positivo dentro de un panorama poco halagüeño. Contener la tendencia al alza de la pobreza energética oculta se puede considerar un éxito en el contexto de precios tan complicado que vivimos en 2022. ”, consideran los investigadores.

El dato más significativo respecto a este indicador es que, aunque sean pocos los hogares que han conseguido salir de este umbral, sí se ha conseguido alivar algo su presión económica. “Las medidas de protección implementadas por el Gobierno dieron su fruto. Han sido capaces, al menos, de parar el golpe”. El aumento del descuento del bono social eléctrico y término hasta el 65% y el 80% han ayudado a reducir la brecha energética ( diferencia entre el gasto real en energía y el que deberías realizar para tener unas condiciones de vida óptimas) en un 13% en la población más vulnerable y, por tanto, receptora de estas ayudas. “Si miramos los efectos de los descuentos en toda la estadística, apenas se aprecia, pero si nos fijamos en los más necesitamos, sí se observa una mejora. Siguen siendo pobres en cuanto a la energía, pero por un menor porcentaje”, explica uané Carlos.

Aún así, los autores recuerdan que solamente se benefician de esta ayuda alrededor de un millón y medio de personas y que “son muchos los que se quedan fuera”: “Los bonos tienen un efecto. El problema es que no llegan a todos. Además, son medidas de último recurso, a largo plazo hacen falta otro tipo de políticas”, comenta Centeno, que pone el foco en la necesidad de rehabilitar viviendas y trabajar en la eficiencia energética de las casas más antiguas. Por otro lado,Juan Carlos apunta a que “será interesante” ver cómo evoluciona este indicador en 2023, un año “más benévolo en precios”. “Estos datos dan esperanza para ver mejoras en los próximos años si la inflación amaina y las medidas permanecen”, concluye el informe. 

Las familias LGTBI+ ingresan casi un 20% menos que el resto de familias españolas: 26.076 euros de renta media anual frente a los 32.216 anuales de la población general. Así se desprende de la primera radiografía de la situación socioeconómica de las personas LGTBI+ en España que ha presentado en la mañana de este miércoles la Federación Estatal LGTBI [Consultar aquí]. La diferencia salarial se produce a pesar de que estos hogares tienen un mayor porcentaje de trabajadores y una tasa de paro del 1,4% inferior a la media estatal. Desde la federación han informado que ya han solicitado una reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para avanzar en la legislación que corrija esta desigualdad.

Dentro de las empresas el 30% de las personas del colectivo son visibles ante sus compañeros, pero la cifra se despeña hasta el 8% si quien se pone delante son clientes o proveedores. Estos datos reflejan además que hay muchos menos asalariados por cuenta ajena, 13 puntos menos, y más autónomos, lo que debe obligar, en palabras de la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, a prestar atención a la discriminación en los entornos laborales. La ley de los derechos de las personas LGTBI aprobada la pasada primavera ya exigía a las empresas de más de 50 empleados que para el próximo marzo tengan vigente unos reglamentos que incluyan un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. “No obstante, y aunque la ley es una herramienta imprescindible invitamos también a las pymes a que construyan espacios de igualdad y se conviertan en aliadas”, afirma la  presidenta.  

Los hogares formados por hombres gais son los que se sitúan más próximo a la media de ingresos nacional. Son las familias con algún miembro trans o asexual las que menos ingresos tienen y que explican el porqué de un dato de ingresos tan bajo en el conjunto del colectivo. La responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez, cuenta que aunque están acostumbrados a trabajar con datos parecidos dentro de las empresas, les ha sorprendido que sean las personas asexuales las que tienen el menor poder adquisitivo. Además señalan que los procesos de las infancias LGTBI+ derivan en personalidades introvertidas que de adulto pueden provocar una dificultad añadida para ascender dentro de las empresas.

Según el informe, los factores de la edad y el sexo afectan mucho más en la población LGTBI+ a la hora de hablar de la tasa de paro. Por lo general, las personas LGTBI+ tienen mayor nivel de empleabilidad, especialmente en su juventud, pero a partir de los 45 años el paro se acrecienta y la tasa supera a la media nacional. Las diferencias también se observan en los distintos sectores productivos: en el sector servicios el colectivo LGTBI+ supera población general y en detrimento de la industria y la agricultura donde la cifra se invierte.

El secretario de Organización de la Federación, Ignacio Paredero, explica que estos datos deben entenderse atendiendo a factores como el abandono temprano del hogar por expulsión, que afecta directamente en la formación y la trayectoria laboral; junto con otros datos adicionales, como los indicadores de la tasa AROPE y la incidencia del sinhogarismo; o la inestabilidad laboral en personas LGTBI+ debido a su alta tasa de autónomos y bajo nivel de trabajo por cuenta ajena. La tasa AROPE evalúa el riesgo de de pobreza o exclusión social y afecta "alarmantemente" al colectivo. Las personas LGTBI+ tiene mayores dificultades a la hora, por ejemplo, de poderse permitir carne o pescado, afrontar gastos imprevistos, retrasos en el pago de facturas o poder disponer de un automóvil. La exploración de la tasa de exclusión, explica Paredero, es uno de los elementos que, de cara al futuro, ofrece mas posibilidades de trabajo y que se continuará en futuras oleadas de la encuesta.

Paredero hace hincapié en los casos de acoso en las aulas que sufren los alumnos LGTBI+ y en su protección. El estudio muestra que las niñas y niños no heterosexuales sufren un mayor abandono escolar, siete puntos de diferencia con el resto de alumnos. A pesar de ello, son las personas LGTBI+ las que mas títulos universitarios alcanzan. 

Respecto a las creencias religiosas, el colectivo LGTBI+ es ligeramente más ateo, pero sobre todo, menos católico, mas de seis puntos menos.

Según los datos del CIS, en torno al 8% de la población en España se declara LGTBI+ pero existen aún problemas para decirlo abiertamente y, si lo hace, prefiere definirse como "no heterosexual". En concreto, una de cada cuatro personas sigue en el armario y los datos de la encuesta elaborada por 40db en la que se basa este estudio revelan que son las personas en torno a los 20 años las que más hablan de su sexualidad. Para Rodríguez, “la edad de salida del armario por tramos de edad muestra la evolución histórica de la conquista de derechos y la evolución de la sociedad. Y es que se observa  que, en los tramos de edad más jóvenes, las personas LGTBI+ salen del armario mucho antes”. 

Rodríguez también señala directamente los pactos de PP y Vox en los gobiernos autonómicos que amenazan los derechos LGTBI+". Además denuncia que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso recorte las leyes trans y LGTBI+: "Tenemos que ver quién es la ultraderecha porque en Madrid el PP deroga la ley sin el apoyo de Vox", afirma.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que el cambio en el bono social eléctrico para familias numerosas para vincularlo a criterios de renta, tal y como había prometido hace unos meses, "difícilmente podrá salir antes de las elecciones" del próximo 23 de julio, según informa Europa Press.

En declaraciones a la prensa en el marco de su participación en el Congreso Eólico Anual, Ribera indicó que se han tenido varias reuniones con las asociaciones de familias numerosas que permiten tener un análisis y diagnóstico "muy claro" de la manera en la que se puede seguir acompañando a los consumidores que más lo necesitan, incluidas las familias numerosas, sin que ello suponga "situaciones tan chocantes" como que familias con un nivel alto de ingresos se vean beneficiadas de ayudas pensadas para la clase media.

No obstante, la ministra reconoció que la revisión y actualización del Real Decreto que regula el bono social eléctrico "difícilmente" se podrá abordar ya en esta legislatura, por lo que dejó la decisión sobre este posible cambio al próximo Gobierno que salga de las urnas.

En marzo, tras la polémica suscitada al desvelar infoLibre que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que gozaba de un alto patrimonio, se beneficiaba del bono de calefacción para consumidores vulnerables, la vicepresidenta tercera anunció la intención del Gobierno de introducir criterios de renta para las familias numerosas que quieran acogerse al bono social de electricidad, un descuento en la factura eléctrica para consumidores vulnerables que cumplan los requisitos establecidos.

En la misma línea, Ribera consideró que el Plan General de Residuos Radiactivos, a pesar de que tiene muy avanzada su tramitación, tampoco podrá ser aprobado antes de las próximas elecciones.

"Tendremos que adoptar las medidas que son más importantes, más relevantes en el corto plazo y tendremos que adoptar ese Plan Nacional de Residuos probablemente después de las elecciones", dijo.

¿Qué es mejor: ir al colegio sólo por la mañana o en un horario partido en el que el alumnado esté allí también por la tarde? No hay una norma, y tampoco hay estudios concluyentes que recomienden una u otra jornada por motivos estrictamente pedagógicos, pero es que además las opiniones son diversas. Todo depende ya no sólo de las comunidades autónomas, sino de los centros. Este martes, no obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) intentó unificar las posturas: lo mejor es lo segundo.

Así lo recoge en su informe Propuestas para un Plan de Acción para reducir el Abandono Escolar Temprano en España, un documento en el que el organismo explicó que la jornada partida podría responder de manera más eficaz a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. En este sentido, instó a España a seguir el ejemplo de países como Dinamarca y Portugal, que "han adaptado sistemas flexibles de jornada completa para ampliar el tiempo de aprendizaje".

"España podría valorar la posibilidad de adoptar un enfoque similar por las ventajas que podría aportar, en particular para los alumnos desfavorecidos. Una transición factible exigiría invertir en subvenciones para la alimentación y las infraestructuras escolares y remunerar adecuadamente al personal de los centros", añade la OCDE. Nuestro país, critica, tiene ahora muchos centros "que funcionan con un horario intensivo centrado en las mañanas, lo que obliga a los padres a pagar por las clases extraescolares". Este, el factor económico, es precisamente la arista fundamental en el debate. Afecta a todo lo demás, incluyendo a la conciliación.

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el comedor y las actividades extraescolares suman unos 1.060 y 600 euros al año respectivamente entre quienes los contratan, que son en su mayoría familias con pequeños y pequeñas en Infantil y en Primaria. Pero claro, sólo lo hacen las que pueden, lo que provoca una enorme desigualdad.

Esa es una de las conclusiones a las que llegó el informe Jornada escolar continua: cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo, un estudio publicado en mayo de 2022 y elaborado por el director de Educación en EsadeEcPol, Lucas Gortázar, la profesora de la facultad de Educación de la UAM, Marta Ferrero, y el analista en EsadeEcpol, Ángel Martínez.

"Se ha comprobado que en aquellas comunidades en las que los centros comenzaron antes a adoptar la jornada continua se ha reducido la oferta de comedores y clases extraescolares dentro del centro, lo que promueve la segregación escolar, que afecta a la población más vulnerable", explica Ferrero. "Hay familias que sin comedores no pueden garantizar una comida de calidad y caliente al día o que sin clases extraescolares dentro del centro no pueden permitírselas fuera", lamenta.

Por eso hay quienes inciden mucho en la necesidad de que estos servicios se ofrezcan en las escuelas de forma gratuita, de manera que el debate se aleje de la jornada escolar. "Una cosa es el horario lectivo de un centro y otra cosa es el horario de apertura del mismo", señala el responsable de enseñanza pública no universitaria de CCOO, Héctor Adsuar. "Hay que distinguir entre el horario de la escuela y el de la plantilla. Desde UGT hemos considerado siempre que los centros escolares deben ser un lugar de referencia en los barrios y estar al servicio de la comunidad. Y este asunto, a nuestro juicio, no pone en cuestión la distribución de la jornada escolar", añade la responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca. Desde el sindicato de profesores Anpe también ponen el foco en esta gratuidad necesaria.

El caso de Rubén es un ejemplo en este sentido. La escuela de Aluche (Madrid) en la que estudian sus dos hijos, uno Primero y otro Cuarto de Primaria, planteó hace dos años el paso a un horario lectivo intensivo. La consulta, recuerda, estuvo muy dividida, pero al final ganó el cambio. "Yo les pregunté a ellos y los dos me respondieron lo mismo. Y que no se nos ocurra ahora devolverles a una jornada partida", bromea. A pesar de esto, cuenta, la hora de salida que tienen es la misma que antes, puesto que ambos se quedan al comedor y a las clases extraescolares que ofrece el centro.

Precisamente en la ciudad de Madrid, la líder de Más Madrid, Rita Maestre, se comprometió antes de las elecciones del 28 de mayo a que si llegaba a la Alcaldía habría actividades extraescolares y comedores gratuitos en las escuelas. "Sabemos que la jornada lectiva muchas veces no es suficiente para cubrir las necesidades de conciliación de las familias, por lo que muchas familias recurren a las actividades extraescolares. Esto supone una media de 90 euros al mes por hijo y que muchas veces haya actividades de primera y de segunda", dijo. 

Por ahora, la alternativa a la ausencia de estos servicios gratuitos es o bien la jornada partida o bien la reducción de jornada para poder conciliar, algo que afecta fundamentalmente a las mujeres, que son quienes concentran el 66,4% del impacto en estas tareas, según el estudio de Ferrero. "Cuando la escuela es a tiempo parcial, el empleo de las familias se resiente, pues sus jornadas laborales nunca pueden superar las 25 o 28 horas semanales", señala el informe.

"Tener hijos en centros con jornada continua deriva muchas veces en que las mujeres tienen que reducir su jornada laboral para poder ir a recoger a sus hijos e hijas a tiempo. Y esto, al final, sólo aumenta las desigualdades de género en todos los términos", dice Ferrero.

Paloma, madre de un niño de cinco años, defiende la jornada partida precisamente por esto. "Yo me pongo a trabajar a las 7, que es cuando empieza a computar mi jornada. Llevo al niño al colegio y vuelvo a ponerme a trabajar hasta las 16. Con el horario que tiene el colegio, con jornada partida, puedo cumplir mi jornada y luego acompañarle en las extraescolares o en el parque", explica. Si no fuera así, tendría que dejarle con alguien, porque no se puede permitir reducir la jornada o pagar actividades fuera del horario lectivo. "La escuela tiene que adecuarse a la vida familiar", dice.

El pasado mes de septiembre, el portavoz del PSOE en Madrid, Juan Lobato, propuso abrir las escuelas doce horas al día, desde las 7.00 horas de la mañana, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio. La medida, según cálculos de su formación, tendría un coste de unos 35 millones de euros al año y supondría contratar a unos 3.000 monitores para trabajar durante 11 meses y en torno a 20 días lectivos cada mes. En enero, insistió en la misma idea. Su objetivo, dijo entonces, era "hacer más fácil la vida familiar".

Sin embargo, la iniciativa no fue especialmente bien recibida por asociaciones como el Club de Malasmadres, que indicó a infoLibre en su día que "la conciliación no se puede abordar así". "Los cuidados no van a desaparecer porque los colegios abran hasta las 19 horas", criticó Laura Baena, presidenta de la organización.

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas reclaman que se realicen estudios para certificar, ya con datos, qué tipo de jornada es mejor, sobre todo para los alumnos. También desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), cuya vicepresidenta, Leticia Cardenal, incide en que el debate es necesario. "Desde la organización llevamos años reclamando que tenemos que llevar, desde la tranquilidad, un debate sosegado sobre la jornada, contando con expertos en todas las áreas relacionadas con este asunto", dice.

Ferrero coincide con ella, y dice de hecho sentirse sorprendida porque se tomen decisiones sin tener datos concluyentes. "Hay muy pocos datos. Algunos estudios apuntan a que la jornada partida beneficia a los vulnerables, luchando contra la repetición, que al final en muchas ocasiones acaba en el abandono escolar temprano. Merece la pena reabrir este diálogo y ensancharlo. Ahora mismo hay muy pocos datos, pero los que hay también podrían ayudar a tomar decisiones con más información", concluye.

Por ahora, según los datos recopilados por Maldita.es, más del 80% de las escuelas públicas de Infantil y Primaria tienen jornada continua, frente a poco más del 23% de los centros privados o concertados.

El consumo de gas natural en los hogares y las pymes españoles durante el mes de abril se desplomó un 50% frente al año pasado debido a la ola de calor y sequía sin precedentes que sufrió España. Esta caída de la demanda demuestra el impacto del cambio climático en el sector energético y que se suma a las fuertes pérdidas que ya dejó la ola de calor en la agricultura. Concretamente, el consumo de gas en este grupo de consumidores ascendió a 2,5 teravatios hora el mes pasado, según publicó este martes Enagás. 

Pedro Cantuel, analista energético de la consultora Ignis Energía reconoce que el dato es "excepcionalmente bajo", y añade que en comparación con los últimos cinco años el consumo cayó el mes pasado un 43%. En su opinión, el clima fue el principal factor, aunque también lo achaca a que las facturas energéticas de este invierno fueron mucho más caras que otros años debido al encarecimiento del gas, y cree que las familias habrían aprovechado para reducir al máximo el consumo durante el mes pasado.

La demanda de gas industrial también retrocedió en abril un 2,7% frente a 2022, hasta los 14,3 teravatios hora, tendencia que se mantiene constante desde que comenzó la guerra de Ucrania hace un año. En este caso, la caída de consumo se liga al precio de este combustible, ya que los recortes los asumen principalmente la metalurgia, el papel, el textil o la química, quienes más gas natural consumen en sus procesos.  

La buena noticia, según Cantuel, es que el precio de esta materia prima ha bajado mucho desde el pico que alcanzó el año pasado y la industria se recupera poco a poco del golpe. En abril, y respecto a la media de los últimos cinco años, la industria redujo su consumo de gas un 12%, mucho menos de las caídas del 30% que llegaron a registrarse el año pasado. 

El precio del Mibgas, el gas natural que se comercia en la península ibérica, se sitúa ahora entre los 30 y los 35 euros por megavatio hora respecto a los 40 que marcaba a finales de marzo. Y se mantiene por debajo de los 36 euros que marca el TTF, el gas de referencia en Europa. 

"Seguramente el precio del gas español siga por debajo del europeo en los próximos meses. Tenemos las mejores reservas de la UE [a más del 91%], no hay riesgo de suministro este invierno ni el siguiente y tenemos la mayor capacidad de regasificación del continente", destaca el analista. 

Igualmente, el mes pasado cayó el consumo de gas para producción de electricidad en las centrales de ciclo combinado un 6,7% debido a la menor demanda de luz de los españoles, también vinculada a las temperaturas. Globalmente, el consumo de gas en España cayó un 11,9% en abril, hasta los 23,7 teravatios hora.

Siete de cada diez hogares españoles, el 73%, tuvo dificultades para ahorrar dinero durante el año 2022, frente al 66% en 2021 y el 60% en 2020, en tanto que el porcentaje de familias con "graves" obstáculos para llegar al final de mes fue el año pasado del 11%, casi el doble que en 2020, según los datos publicados en la revista OCU Compra Maestra de abril y recogidos por Europa Press.

En este sentido, las dificultades económicas se han concentrado en Andalucía, donde el 81% de los hogares observa obstáculos para ahorrar, seguido de Canarias (80%), Galicia y Baleares (78% en cada caso) y Castilla-La Mancha (75%).

Asimismo, el índice de solvencia familiar elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que mide la capacidad de las familias para afrontar los gastos del hogar ponderados según su relevancia sobre el conjunto de su economía doméstica, ha descendido en todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, Murcia, Asturias y Canarias.

Adicionalmente, el 53% de los encuestados ha considerado que el pago de los suministros de electricidad, gas y agua también supone un gasto difícil de afrontar, mientras que al 48% de las familias se les complica afrontar la adquisición de alimentos frescos, como la carne y el pescado.

Por ello, OCU ha pedido incrementar las ayudas directas a los consumidores vulnerables, especialmente en hogares con niños y padres en situación de desempleo que, según la encuesta, son los más afectados.

Los hogares españoles situaron en 2022 su tasa de ahorro en el 7,2% de su renta disponible, tasa 6,6 puntos inferior a la registrada en 2021 y la más baja desde 2018, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), y ha recogido Europa Press.

En un año marcado por altas tasas de inflación y un mayor coste de la vida, las familias españolas ahorraron 58.457 millones de euros, un 46% menos que en 2021, al tiempo que elevaron su gasto en consumo un 11,5%, hasta los 756.862 millones de euros, e incrementaron su inversión un 13,7%, hasta los 59.291 millones de euros.

De esta forma, los hogares presentaron en 2022 una renta disponible de 817.536 millones de euros, un 3,6% más que en 2021.

El ahorro generado por los hogares fue insuficiente para financiar la inversión que realizaron en el conjunto del año, por lo que mostraron una necesidad de financiación de 1.753 millones de euros, frente a la capacidad de financiación de 57.636 millones de 2021.