La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por orden del juez del caso Lezo, han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El registro se practicó el 21 de noviembre, según ha adelantado OK diario. El expresidente madrileño quedó en libertad el 8 de noviembre tras abonar la fianza de 400.000 euros y abandonar la prisión de Soto del Real (Madrid).

Días después, los agentes de la UCO se desplazaron al dúplex de la urbanización de Guadalmina, objeto de otra investigación judicial, para buscar documentación relacionada con la operación Lezo en la que fue detenido Ignacio González como presunto cabecilla de una organización criminal.cabecilla

El juez García Castellón acordó la libertad de González al entender que había disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá, así como el riesgo de fuga debido al avance de la instrucción.

El magistrado considera que las acciones de Ignacio González dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recordó que está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.

En relación al primer punto, el juez instructor explica que tanto el cabecilla de la trama Lezo como su socio en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino supieron que la operación de compra de la empresa colombiana se hizo con un grave perjuicio de fondos públicos, que podría alcanzar los 70 millones de euros.

Sobre la compra de la brasileña Emissao en 2013 determina que aunque esta se efectuó cuando González ya no era presidente del Canal, el inicio de la operativa se llevó a cabo mucho antes y existen indicios que demuestran que los dos acusados se beneficiaron "ilícitamente" del patrimonio de la Comunidad de Madrid mediante el abuso de su posición.

Un juzgado de Estepona investiga la compra del ático de Ignacio González en Marbella. En enero de 2013, el entonces jefe del Ejecutivo madrileño reconoció que a finales de 2012 había comprado la vivienda de la que disfrutaba hasta entonces en régimen de alquiler. La compraventa, según explicó entonces, se articuló por valor de 770.000 euros, correspondiendo el 80% a su mujer, Lourdes Cavero, y el restante 20% a él.

El evento se celebró este sábado 5 de mayo en La Casa de Mónico, en Madrid. El vídeo ha sido subido a Instagram por una conocida influencer que asistió a la celebración.

El enlace estaba previsto para el 9 de septiembre de 2017 y las invitaciones, más de 800, habían recalado en políticos, cargos institucionales, personalidades y empresarios de todo tipo. Sin embargo, la familia decidió aplazar el evento por la entrada en la cárcel del padre de la novia en abril del año pasado. Y la celebración se celebró finalmente este sábado con una lista mucho más reducida de invitados, especialmente entre los políticos, que prefieren no ver relacionado su nombre con el de Ignacio González.

Los investigadores del caso Lezo consideran a Ignacio González como el cabecilla de una trama criminal que saqueó las arcas públicas de Madrid con operaciones ilegales. En el auto de prisión dictado en su día por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se le atribuyen a González seis delitos relacionados con la corrupción: organización criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales.

José Manuel Serra Peris, exsecretario de Estado de Industria en el Gobierno de José María Aznar, ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la trama Lezo, Manuel García Castellón, que él no fue el autor del chivatazo a los principales cabecillas de la trama de que estaban siendo investigado, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El que fuera vicepresidente y consejero del Canal de Isabel II en 2013 ha negado a preguntas del fiscal del caso haber facilitado información sobre la investigación abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el expresidente de Inassa y hombre fuerte de González en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. Los dos son los únicos imputados de la trama que siguen en prisión provisional por su implicación en los hechos.

Según las citadas fuentes, Serra Peris, imputado en la causa por el delito de blanqueo de capitales, ha mantenido que todas sus gestiones al frente de la empresa pública de agua fueron correctas y ha dicho que desconoce lo relativo al presunto desfalco de dinero del Canal, producido en operaciones como la compra de la empresa brasileña Emissao por 22 millones de euros.

Pieza cinco de Lezo

El exsecretario de Estado -que también está procesado en la caso Bankia- está investigado en la pieza número 5 de esta causa y ha prestado declaración este miércoles junto con los también imputados el empresario Jaime Antoñanzas y Carmen Pilar, socia de Ignacio González y Lourdes Cavero. Esta última declaró el pasado lunes ante el juez instructor negando que hubiera manejado dinero negro con sus negocios.

García Castellón lleva todo el mes de septiembre tomando declaración a investigados en el caso Lezo, que está dividido en seis piezas y tiene un total de 68 imputados. La operación Lezo, según el auto del juez Velasco, tiene un "hilo conductor" que es Ignacio González, pero afecta a "diferentes administraciones públicas, diversos órganos de contratación e incluso diferentes contratos, servicios y empresas públicas en épocas diversas en el tiempo".

Lourdes Cavero, mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha afirmado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el matrimonio "nunca" manejó dinero negro, aunque se ha desvinculado de los negocios del presunto cabecilla de la trama Lezo afirmando que en el domicilio familiar no se habla de ese tipo de cosas.

Según han informado fuentes jurídicas, Cavero, que fue consejera de Caja Madrid, ha respondido a las preguntas de su letrado y del fiscal del caso, Carlos Yáñez, durante los cerca de 25 minutos que ha durado el interrogatorio en dependencias judiciales. El juez le imputa delito de blanqueo de capitales a ella y su marido, en prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II.

Cavero ha sido interrogada por los negocios que puso en marcha, como una empresa de gestión de guarderías y cuyo capital, ha dicho, provenía de los socios de la misma. Igualmente ha señalado que ese proyecto no llegó a desarrollarse porque se puso en marcha en enero, apenas tres meses antes de que estallase la operación.

Del mismo modo ha respondido cuando se le ha preguntado por su labor en calidad de presidenta de subastas Segre, empresa que también fue registrada por los investigadores al inicio de las pesquisas. En todo momento Cavero ha insistido en que sus negocios eran legales y que ni ella ni su marido manejaron dinero en "B", según las citadas fuentes.

No aportó dinero a los negocios

El juez de la Audiencia Nacional que comenzó la instrucción de la trama, Eloy Velasco, dijo en el auto de prisión de González que éste, su hermano Pablo -también imputado- y su esposa pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el "dinerillo B" de que disponían y que tenía "origen ilícito".

En lo que respecta a las guarderías, la investigación puso de manifiesto que el expresidente regional y su esposa constituyeron una empresa para gestionar este tipo de centros a través de terceros inversores, pertenecientes a su círculo familiar y de amistades.

El juez subrayó que Cavero, con una aportación mínima -unos 10.000 euros- habría pasado a controlar el 20 % aproximadamente de una sociedad cuya valoración rondaba el millón. No obstante la acusada ha precisado este lunes que su aportación al negocio no fue monetario sino únicamente laboral.

Pieza número cinco

Lourdes Cavero no es la única familiar de Ignacio González que declarará esta semana ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ya que para este viernes están citadas dos sobrinas de ésta Rocío y Lourdes Bonet Cavero, también imputadas en la pieza número 5 de esta causa. El mes pasado fue Pablo González, padre del presunto cabecilla de la trama, en declarar ante el juez instructor.

García Castellón lleva todo el mes de septiembre tomando declaración a investigados en el caso Lezo, que está dividido en seis piezas y tiene un total de 68 imputados. La operación Lezo, según el auto del juez Velasco, tiene un "hilo conductor" que es Ignacio González, pero afecta a "diferentes administraciones públicas, diversos órganos de contratación e incluso diferentes contratos, servicios y empresas públicas en épocas diversas en el tiempo".

Un vídeo paródico con una escena de la serie de animación Los Simpson puede llevar a Podemos al banquillo de los acusados. Carmen Pazos, expresidenta de una sociedad investigada en el marco del caso Lezo por su presunta implicación en algunos de los negocios del expresidente madrileño Ignacio González, ha citado a la rama salmantina del partido morado a un acto de conciliación el próximo 12 de julio. ¿El motivo? Un vídeo en clave de humor en el que Podemos utiliza varias escenas de la popular serie de televisión para denunciar los supuestos manejos de Pazos y González para conseguir concesiones de guarderías en Salamanca a través de su relación con el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

Pazos es la dueña de una sociedad llamada Mis Pollitos a través de la cual gestiona una red de guarderías en Salamanca, y el nombre de su empresa saltó a la opinión pública con el estallido del caso Lezo y la publicación en las semanas posteriores de las conversaciones grabadas entre Ignacio González y su hermano Pablo. En varios de los diálogos interceptados por la Guardia Civil, ambos hermanos González –que se encuentran en prisión provisional– detallaban sus planes, que pasaban por que Lourdes Cavero –la mujer del expresidente madrileño, también imputada por Lezo– aportase 500.000 euros para crear una nueva empresa junto a la dueña de Mis Pollitos. Así, en enero del año pasado, Cavero y Pazos se asociaron para crear la mercantil Grupo Empresarial Chickies.

Siempre según las conversaciones de los González, la relación de Pazos y del propio González con el alcalde Mañueco les serviría para que esta nueva sociedad se hiciera con la concesión de otros cuatro centros infantiles, a través de los cuáles el expresidente madrileño afloraría una parte de su dinero negro. Y es que, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hecho público por El País, esos 500.000 euros que invertiría Cavero procedían realmente de inversores vinculados a González. Según las conversaciones interceptadas, estos inversores se marcharían al cabo de un año dejando la inversión en manos de la esposa del expresidente madrileño.

El Español se hizo eco del nexo entre la dueña de Mis Pollitos y los González-Cavero en abril, pocos días después de que se destapara el caso Lezo, y hasta este mes de junio varios medios han publicado detalles sobre las conversaciones del expresidente madrileño relativas a las inversiones de su mujer en el negocio de las guarderías en Salamanca. Y aquí es donde entra en juego Podemos Salamanca, que ante la proliferación de informaciones sobre el asunto, hizo público el pasado 8 de junio el vídeo paródico que, a juicio de Mis Pollitos y su dueña Carmen Pazos, contiene "afirmaciones y manifestaciones insidiosas" que han producido un daño económico de 185.000 euros a la empresa, según se explica en la solicitud de conciliación depositada ante el juzgado a la que ha tenido acceso infoLibre.

El señor Burns, en el papel de Mañueco

El vídeo, de poco más de un minuto de duración, está montado a través de la superposición de imágenes de Los Simpson con subtítulos relativos al asunto de las guarderías. En él se parodia el comportamiento del alcalde Mañueco haciendo que su rol lo asuma el señor Burns, un personaje que en Los Simpson interpreta a un millonario sin escrúpulos. "Redacte el contrato, póngalo para que lo gane Mis Pollitos y llame a la dueña", ordena en un momento dado Burns a su asistente, que le pregunta "¿la socia de la mujer de Ignacio González?". "Todo esto tiene que quedar bien tramado, hay que ayudar a las empresas amigas de la 'familia'", responde el millonario que Podemos vincula con Mañueco.

Es precisamente la mención a Mis Pollitos la que Pazos y la propia empresa –ambas aparecen como las solicitantes de la conciliación– consideran insidiosa. "A la empresa Mis Pollitos" –que, se insiste en el texto, no es la compañía investigada en Lezo– "se le imputa un delito relativo al mercado y a los consumidores de corrupción en los negocios", denuncia el escrito, que señala que "con este tipo de emisiones se está ocasionando un importante daño a la imagen pública de la empresa y la dignidad que merece su gerente, que la perjudica en el mercado, sin que ella tenga nada que ver con las luchas y embestidas políticas".

Igualmente, se critica que Podemos haya lanzado en sus redes sociales "mensajes imputando delitos" a Pazos, "sacando cosas de contexto con objeto de dañar y denostando" su "imagen pública" y "la marca que con tanto esfuerzo ha conseguido posicionar, con montajes y señas denigratorias, aún a sabiendas de que no se han producido tales delitos" con la "única pretensión" de "montar un circo mediático y político". "Carmen Pazos únicamente está siendo investigada en la denominada operación Lezo por blanqueo de capitales operación Lezo , que nada tiene que ver con los delitos de corrupción que se están vertiendo en los medios de comunicación y por parte de Podemos", asegura además el escrito.

Podemos califica de "broma" el escrito

Con estos argumentos, Pazos y Mis Pollitos piden la retirada del vídeo "y la rectificación pública de la mensajería utilizada". Y, si Podemos se niega, "nos veremos en la necesidad de, tras instar el presente acto de conciliación preceptivo, de interponer la correspondiente querella", apunta la solicitud presentada ante el juzgado, que afirma que, en ese supuesto, Pazos solicitará "la pena correspondiente y la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios apuntados", que se cifran en 185.000 euros.

En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este martes, el secretario general de Podemos Salamanca, Ignacio Paredero, tachó de "broma" la solicitud presentada ante el juzgado por Pazos y Mis Pollitos. "Que se nos amenace con una querella por recoger hechos que están en los medios de comunicación para hacer un vídeo humorístico lo único que pretende es limitar nuestra libertad de expresión para denunciar la corrupción" y "evitar que se siga hablando" del asunto. Y también tuvo palabras para el alcalde: "A Alfonso Fernández Mañueco la sombra de la corrupción le inhabilita para ejercer como cargo público mientras no dé explicaciones".

La jueza que instruye el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el Juzgado número 5 de Estepona, Isabel Conejo, rechaza inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, donde se investiga el caso Lezo, la trama por la que el exmandatario del PP madrileño permanece en prisión desde el pasado 22 de abril. Así consta en una providencia fechada el 20 de junio de 2017, a la que ha tenido acceso infoLibre.

La acusación popular ejercida por los extrabajadores de Telemadrid, que había solicitado esta inhibición, también reclamó a la jueza que si se negaba a dejar el caso solicitara todas las grabaciones, SMS y comunicaciones en general de la operación Lezo en las que se aluda al dúplex de lujo, o en las que participe el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Sobre esta cuestión, la instructora accede a reclamar al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que cuando se levante el secreto de sumario le remita la información relacionada con los delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y cohecho que ella investiga. 

La Fiscalía de Málaga también se había opuesto a unir ambas investigaciones argumentando que la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña no había argumentado la razón que justificaría este hecho. Tanto Enrique Cerezo como Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, todos ellos imputados en esta causa, también rechazaron que la Audiencia Nacional investigara la compra del ático. 

En la misma providencia, la jueza Conejo rechaza expulsar del caso ático a la Asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario jubilado José Manuel Villarejo y que también ejerce la acusación popular, tal y como le habían reclamado los abogados de González y Cavero. La instructora señala que no ha lugar a dejar sin efecto la personación de ese colectivo "toda vez que la condición procesal del señor Villarejo en el presente procedimiento es la de testigo". En este sentido, el fiscal ya había dicho que no procedía apartar a la asociación de Villarejo con el argumento de que sí se le excluyó del caso Nicolás porque en esta última causa su posición procesal era la de imputado. 

Grabaciones  

Por otro lado, infoLibre también ha tenido acceso a un oficio, fechado el 25 de mayo de 2017, en el que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional asegura que "no se tiene constancia registral" de la reunión que mantuvieron el 29 de noviembre de 2011 los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño con el entonces vicepresidente madrileño Ignacio González sobre la propiedad del dúplex de lujo. El diario El Mundo aportó esa grabación a la causa, si bien su autenticidad no ha sido verificada. 

Según consta en la documentación policial aportada a la jueza, el comisario Villarejo aseguró haber efectuado la grabación de esa reunión y habérsela entregado "personalmente" al entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido el 27 de enero de 2012.

Sobre esta cuestión, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago dejó por escrito el 25 de mayo de 2015 que "el uso y la costumbre" hacen pensar que "existe la posibilidad" de que dicha entrega se realizara en los términos descritos por Villarejo y que, en cualquier caso, "no se puede comprobar" que lo manifestado por el ahora comisario jubilado "no sea cierto". En consecuencia, Fuentes Gago determinó que no era preceptivo abrir un "procedimiento disciplinario" contra él. 

El Ministerio de Justicia considera que el responsable del error en la comisión rogatoria a Panamá del caso del ático de Ignacio González es el Gobierno del país centroamericano, según la explicación ofrecida por el departamento que encabeza Rafael Catalá.

infoLibre publicó el pasado miércoles que el Ministerio de Catalá había cometido un error al equivocar el interlocutor de Panamá al que deben remitirse las peticiones de auxilio judicial. Esta equivocación ha provocado un retraso de más de un año, según la propia documentación facilitada por Justicia.

La rogatoria a Panamá es clave para determinar si el ático de lujo que desde 2008 ocupa Ignacio González es un pago vinculado a Francisco Correa por la participación del expresidente madrileño en el mayor pelotazo de la trama Gürtel, que supera los 25 millones de euros.

Sin embargo, Justicia rechaza haber cometido un error, habida cuenta de que la comisión rogatoria fue enviada "a la autoridad central que Panamá ha designado en el convenio bilateral sobre asistencia legal y cooperación judicial en materia penal, de 19 de octubre de 1998".

Según el artículo 13 del citado convenio, la autoridad a la que España debe reclamar el auxilio judicial es "el Ministerio de Gobierno y Justicia. Es pues al Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá al que se envían las comisiones rogatorias dirigidas a dicho país, por ser ésta la autoridad competente en Panamá para ejecutar comisiones rogatorias y el interlocutor habitual del Ministerio de Justicia de España en esta materia".

Ignacio González entra a declarar como investigado en los juzgados de Estepona.

"Sin embargo", continúa la nota enviada por Justicia a infoLibre, "en este caso el Ministerio de Gobierno de Panamá contestó que el órgano concreto designado por Panamá para el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción no es el Ministerio de Gobierno (como se señala en el convenio bilateral) sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación".

Ya hubo una rogatoria en 2014

En este sentido, el departamento ministerial encabezado por Catalá asegura que en el marco de la misma investigación "el Juzgado de Estepona ya envió una anterior comisión rogatoria en julio de 2014 al Ministerio de Gobierno panameño, y en aquella ocasión sí fue debidamente contestada". 

La práctica habitual cuando el órgano que recibe la solicitud de auxilio judicial no es la autoridad designada, completa el Ministerio, "es que el receptor la remita directamente al destinatario adecuado con el  fin de agilizar los trámites.  No ha ocurrido así en este caso, en que el Ministerio de Gobierno no dio trámite a la Procuraduría panameña, sino que se limitó a informar de que la tramitación de esa Comisión rogatoria no era de su competencia y a devolverla".

Por todo ello, Justicia sostiene que no ha habido por tanto "en este caso error alguno" por parte del Ministerio español, "puesto que la institución designada por Panamá para la recepción de comisiones rogatorias en el tratado bilateral es el Ministerio de Gobierno y no la Fiscalía General".

Pasados once meses

El departamento dirigido por Catalá recibió el 5 de mayo de 2016 una petición de la jueza de Estepona Isabel Conejo en la que solicitaba que se tramitara una comisión rogatoria a Panamá. Según informa Justicia, el Ministerio remitió la petición a Panamá 25 días después.

Y pasados once meses, el 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia recibió en Madrid un escrito de las autoridades panameñas recordando a España que la institución designada por el país centroamericano para recibir las comisiones rogatorias no era el Ministerio de Gobierno, sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación.

Enrique Cerezo, Ignacio González y la esposa de este, Lourdes Cavero, al llegar a los juzgados de Estepona para declarar como imputados en el caso del ático.

Tras este nuevo revés en el auxilio judicial reclamado a Panamá, el Ministerio de Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña, sin que por el momento España haya recibido contestación alguna.

Al margen de que la equivocación tenga su origen en Madrid o en Panamá, en el caso del ático de GonzálezGonzález los errores han sido continuos a lo largo de cuatro años. Hace dos semanas, la Policía confirmó a la jueza que investiga el caso que la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble.

El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.

Gracias a las conversaciones grabadas en el seno del caso Lezo se conoce que el ministro Rafael Catalá envió el 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

El 17 de marzo de 2015 el ministro Catalá, seguidor del Atlético de Madrid, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. El ministro también viajó como invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League de Milán.

Un nuevo error en la comisión rogatoria reclamada por la jueza Isabel Conejo a Panamá ha provocado un retraso que ya supera el año y que impide conocer, pese a que los hechos se denunciaron hace cinco años, si el dúplex de lujo que desde 2008 ocupan en Estepona el expresidente madrileño Ignacio González y su familia forma parte de la comisión de dos millones de euros que el político madrileño, en la cárcel desde el pasado 19 de abril, habría recibido presuntamente por su participación en la adjudicación a Martinsa de varias fincas del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), cuyo alcalde en el momento del concurso era el imputado en Gürtel Ginés López (PP).

Según el sumario de Gürtel, el presunto cabecilla, Francisco Correa, pudo haber recibido hasta 25 millones de euros en Suiza por su intermediación en el caso Arganda, considerado el mayor pelotazo de la trama. Las investigaciones policiales del comisario José Manuel Villarejo apuntan que uno de los imputados en el procedimiento acusó a González de recibir dos millones de euros.

Según ha informado a infoLibre un portavoz oficial del Ministerio de Rafael Catalá, la comisión rogatoria procedente del juzgado de Estepona y dirigida a las autoridades de Panamá, que trata de determinar si la empresa de EEUU con la que compró el testaferro mexicano Rudy Valner el ático de lujo, Coast Investors, está vinculada con el caso Gürtel, llegó del Juzgado al Ministerio de Justicia el 5 de mayo de 2016. Y el departamento dirigido por Catalá remitió la petición al Ministerio de Gobierno de Panamá 25 días después.

Once meses después

Y once meses después, el 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia recibió un escrito de las autoridades panameñas que ponía de manifiesto que la institución designada por el país centroamericano para recibir las comisiones rogatorias no es el Ministerio de Gobierno, sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación. Tras este nuevo revés en el auxilio judicial reclamado a Panamá, el Ministerio de Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña, sin que por el momento España haya recibido contestación alguna.

La pareja formada por el jefe del Goberno regional y su mujer mantuvo arrendado el lujoso piso entre junio de 2008 y diciembre de 2012, cuando lo adquirieron de Coast Investors Llc por 770.000 euros. Y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció los hechos en octubre de 2012. Y en la misma querella el sindicato policial reclamó a la jueza de Estepona que solicitara a las autoridades panameñas información sobre la empresa que adquirió el ático de lujo en 2008.

El ministro de Justicia Rafael Catalá en un partido de la Champions junto a Enrique Cerezo.

El Ministerio de Justicia español, con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, tramitó la reclamación. Sin embargo, Panamá se negó a colaborar con las autoridades españolas. Según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, la secretaria general de la Procuradoría, Martha I. Gómez Solís, firmó su negativa a colaborar con España.

La Fiscalía panameña argumentó su negativa al considerar que en su legislación contra los delitos contra la Hacienda Pública "no se encuentran tipificados como delito, y por ende constituyen una conducta atípica dentro de la jurisdicción penal de la República de Panamá". Sin embargo, la jueza Isabel Conejo incluyó en su última petición de información a Panamá el delito de cohecho, por lo que las autoridades del país centroamericano ya no tenían ninguna razón para no colaborar con España.

El Banco Popular

Hace dos semanas la policía confirmó a la jueza que investiga el caso que la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble. El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.

Pero estos dos errores no son los únicos detectados en el caso del ático. El primer problema se produjo en marzo de 2013, cuando la Justicia española reclamó por primera vez a las autoridades del Reino Unido su colaboración para determinar el destino del dinero del supuesto alquiler del dúplex.

La rogatoria a Londres se solicitó de forma claramente errónea, ya que se pidió vía Interpol, cuando estas reclamaciones siempre se hacen entre los Gobiernos de los países involucrados, y en concreto entre los Ministerios de Justicia. 

Gracias a las conversaciones grabadas en el seno del caso Lezo se conoce que el ministro Rafael Catalá envió el 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).

Un día antes del mensaje, el 2 de noviembre de 2016, el letrado de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, presentaron un escrito en el Juzgado de Estepona en el que reclamaban a la jueza el sobreseimiento libre de la causa, "a falta del resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá".

En las conversaciones también aparecen los presuntos vínculos de Catalá con Enrique Cerezo. El presidente del Atlético de Madrid llega incluso a arrogarse la intención del PP de eliminar la acusación popular. Incluso en una conversación entre Cerezo y González ambos hablan de que los cambios perjudicarían a la independencia de la jueza y del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero. 

El 17 de marzo de 2015 el ministro Catalá, seguidor del Atlético de Madrid, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. Cerezo todavía no había sido imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, Rudy Valner, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en la sociedad Vídeo Mercury, con vínculos con Telemadrid.

El abogado Javier Carnerero, como representante legal primero del Sindicato Unificado de Policía (SUP), y después de la Asociación de Afectados por el ERE de Telemadrid, ha sido la persona que desde un principio ha mantenido la acusación popular sobre la compra irregular por parte de Ignacio González del ático de lujo de Estepona que desde 2009 habita el expresidente de la Comunidad de Madrid y su familia. En esta entrevista, este letrado sevillano lamenta la lentitud de las peticiones de información a EEUU, Panamá y Reino Unido: "Las comisiones rogatorias están paradas y no hay forma de saber el destino del dinero que pagó González".

Pregunta. ¿Por qué interpuso el Sindicato Unificado de Policía (SUP) una querella por el caso del ático de González?caso del ático

Respuesta. El entonces presidente del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, tuvo conocimiento de que se había sancionado a a un comisario por las investigaciones oficiales que había desarrollado en Estepona. A dos agentes se les encargó la misión de investigar si el ático de lujo de Estepona que había comprado una empresa de Estados Unidos era en realidad de Ignacio González y de su mujer. Sin embargo, los policías fueron apartados de sus puestos e incluso sancionados. El SUP y su presidente, Sánchez Fornet, actuaron en defensa de los agentes que estaban siendo perseguidos por realizar su trabajo, y la mejor defensa de los funcionarios era demostrar que el motivo de su acoso no era otro sino investigar un caso de corrupción.

P. Han pasado cinco años desde la denuncia y el SUP se ha retirado, pero sin embargo usted se ha mantenido al frente de la la acusación de los extrabajadores de Telemadrid, que recogieron el testigo y continuaron con sus servicios.

  R. Nosotros desde un primer momento vimos indicios suficientes para mantener una acusación. Y mi postura como letrado ha sido, desde el minuto uno, intentar obtener respuestas. Y si hay base para acusar, acusaremos. No actuamos por venganza. Y una prueba de ello es que en un primer momento, cuando la jueza quiso imputar a Ignacio González, nos opusimos, porque pensábamos que no había base suficiente para hacerlo. Y la segunda vez, la imputación se produjo a instancias de la Fiscalía. Nosotros lo que queremos es que se clarifique el recorrido del dinero. Y si al final existen esos nexos seguiremos hacia adelante. Nuestra intención ha sido siempre  evitar daños innecesarios, pero los indicios están ahí, y con el paso del tiempo se ha alimentado, cada vez con más datos, la existencia de una situación totalmente anómala e irregular. Aunque estamos a la espera de unos datos más concretos del exterior, que tardan en llegar, pero que terminaran por acreditar la existencia, o no, del ilícito penal que perseguimos.

P. Las comisiones rogatorias no llegan al juzgado de Estepona. ¿Es normal que hayan pasado cuatro años y no se haya recibido la información requerida desde el primer día?

R. El retraso no es normal. La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha limitado los plazos de investigación, pero sin embargo lo que debería hacerse es exigir que las diligencias de investigación se realicen en un plazo determinado. Y si se retrasan habría que plantear una queja y depurar responsabilidades. Lo que no es normal es que se tarde cuatro meses en traducir diez folios al inglés, y que las peticiones se realicen con graves fallos. Por ejemplo las autoridades del Reino Unido se han quejado de que los números de las cuentas de las que se piden información están mal, y que incluso no se incluyen en las peticiones. Eso no es normal y si eso no ocurriese, el plazo de instrucción será el que deba de ser sin limitación alguna. Las limitaciones solo favorecen a quien pretenda eludir la ley. Todo retraso en las comisiones rotatorias sólo se traduce en dilaciones indebidas ya anunciadas por las defensas y en la posibilidad de que se manipulen o se pierdan  datos. Así nunca se hará justicia tanto si hay como si no hay ilícito penal. Hay que hacer una justicia más flexible y menos formal.

P. Ahora tras la detención de Ignacio González mucha gente que antes estaba callada ha alzado la voz asegurando que se veía venir...

R. La verdad es que en este caso hemos estado muy solos, aunque también nos ha acompañado en la acusación la Asociación Transparencia y Justicia. Pero nosotros no estamos en una cruzada contra Ignacio González, ni mucho menos. Eso serán historias de otros. Nosotros, lo único que queremos es acreditar los indicios por los que iniciamos este procedimiento, de que el ático pudo ser un regalo de Enrique Cerezo o cualquier otro empresario.

P. Pero no sólo las comisiones rogatorias a Panamá, EEU y el Reino Unido no han conseguido aportar ninguna información, sino que hasta hace unos meses la Policía no ha investigado nada sobre la titularidad del dúplex de lujo.

  R. Pese a que la denuncia se presentó hace cinco años, la Policía Nacional no ha logrado ningún avance. De hecho, la cúpula policial mantuvo reuniones con el presidente del SUP, Sánchez Fornet, en las que le llegaron a pedir que abandonara la acusación del caso del ático. Por eso no me extraña que hasta hace unos meses no se hayan obtenido los resultados esperados. Sin embargo, en el caso Lezo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha actuado muy bien. Son cosas sin sentido desde la perspectiva de un ciudadano. Como letrado… perfectamente comprensibles. Este caso muestra, de forma clara, que las dificultades oficiales experimentadas en el asunto del ático justifican la labor de investigación de las acusaciones populares.

P. La investigación del SUP y de los extrabajadores de Telemadrid ha demostrado que el presunto testaferro que compró el ático, Rudy Valner, trabajaba para Enrique Cerezo en una de sus empresas.

  R. Esto es sin duda lo más llamativo del caso del ático. Que un testaferro profesional, como es Rudy Valner, compre un inmueble sin verlo es sin duda increíble. Y sobre todo que a la semana se lo alquile a un político, eleva todavía más las sospechas. Además, gracias a la instrucción hemos sabido que Valner tiene muy buenas relaciones con Enrique Cerezo. Al final, resulta que el que compra el piso sin verlo y se lo alquila a Lourdes Cavero e Ignacio González mantiene relaciones laborales con Cerezo, que es íntimo amigo del político.

Además, y también es muy relevante, el testaferro compra el ático días después de visitarlo la mujer del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Lourdes Cavero. Está claro que el ático puede constituir una dádiva. Y por eso nosotros buscamos el origen y el destino del dinero. Cuando lleguemos al final podremos relacionar el dúplex con uno de los negocios en los que haya intervenido Ignacio González. Y si ese negocio es calificado de ilícito habremos cerrado el círculo.

O para ordenarlo cronológicamente, la señora de Ignacio Gonzalez, Lourdes Cavero, visita en varias ocasiones un ático en concreto que le gusta, que ese inmueble y no otro lo compra un testaferro profesional, amigo y colaborador de Enrique Cerezo, que se llama Rudy Valner. Este a su vez lo compra a través de una empresa offshore sin actividad llamada Coast Investors LLC, a la que alguien le inyecta el dinero para la compra, que se realiza por teléfono. El fiduciario compra el inmueble sin haberlo visto, y justo después se lo alquila a Lourdes Cavero, a quien no conoce. Y además, tras saltar el escándalo, Ignacio González y su esposa proceden a comprarlo con una significativa indemnización por despido que abonan a Lourdes Cavero, junto con un pequeño préstamo al expresidente madrileño.

P. ¿También les parece sospechoso que una vez conocido que el dueño del ático era la sociedad offshore Coast Investors, González comprara supuestamente en diciembre de 2012 el ático de lujo?offshore 

R. Creo que la compra del ático fue un intento de legalizar una situación que a todas luces era totalmente irregular. Y al mismo tiempo que compran el ático, casualmente la mujer de González es despedida de su trabajo y se le abona una importante indemnización. Fue despedida de la patronal de las eléctricas para acto seguido entrar a trabajar en la filial madrileña de la CEOE, que es la CEIM que presidía Arturo Fernández, amigo de Esperanza Aguirre. Nosotros lo que queremos saber ahora es a dónde se ha ido el dinero que pagó el matrimonio, para saber exactamente quién era el propietario del inmueble, ya que la empresa offshore será de quien ostente la titularidad de sus participaciones. Pero las comisiones rogatorias están paradas y no hay forma de saber el destino del dinero que pagó González.

P. Por eso también han pedido que la investigación se traslade a la Audiencia Nacional, ya que ahí las comisiones rogatorias irían más rápido...

R. Lo primero que pedimos era el origen y el destino del dinero, tanto de la primera compra, que hizo el testaferro, como de la segunda, que realizaron directamente González y Lourdes Cavero. Nosotros tenemos claro que si las comisiones rogatorias llegan limpias, pues se cierra todo y se acabó. Pero lo que no es normal es que hayan pasado cinco años sin saber nada. Todo son problemas. Y por eso esperamos ahora, con la investigación de la Guardia Civil en el caso Lezo, que se pueda acceder a la información bancaria y se relacione con los negocios ilícitos que puedan existir. Aunque también somos conscientes de que algunos empresarios han podido ejercer una labor de puente, para que no apareciera el nombre de González. No obstante, confiamos que la verdad salga a la luz.

P. ¿Y ahora qué?, ¿cree que el caso del ático debería seguir en Estepona o tras estallar el caso Lezo debería trasladarse a la Audiencia Nacional?caso del áticocaso Lezo

R. Todo esto debe analizarse de forma global. El dúplex de lujo de Ignacio González y de su mujer podría tener su origen en una comisión cobrada por uno de los múltiples negocios irregulares que se han conocido tras estallar la operación Lezo. Por eso queremos que el procedimiento acabe en la Audiencia Nacional, porque de esa forma tendremos una visión global de lo sucedido.

P. ¿Qué ha pensado al ver las informaciones de laSexta sobre los intentos de Ignacio González y de Enrique Cerezo de cambiar a la jueza y al fiscal?

R. Creo que están jugado con el sistema judicial, por la politización que existe de la Justicia y eso genera un descrédito para los ciudadanos. Eso debe traducirse en una verdadera y profunda reforma del sistema existente que sirva para conseguir la pretendida separación de poderes que garantice la existencia de nuestro Estado de Derecho. Para ello deben contar con quienes trabajan realmente la Justicia, que son quienes realmente conocen cuáles y dónde están los fallos del sistema judicial. Además, esa dependencia de los políticos es más corriente de lo que la gente piensa.

Que se haya tenido conocimiento de que políticos y empresarios puedan poner y quitar jueces y fiscales lleva a la conclusión de que es necesario potenciar a las acusaciones populares, que son una garantía de la Justicia. Por eso habría que eliminar todas las trabas que se ponen, como la exigencia de fianzas, así como su protección para poder ejercerlas libremente. Al igual que si un juez o un fiscal entra a formar parte de la política, se hace irremediablemente necesaria la prohibición de que vuelvan a ejercer como tales. Y aquel que haya favorecido o protegido con su actuación al poder político debe cesar de forma fulminante. Sólo con medidas como éstas la Justicia volverá a ser creíble para el ciudadano de a pie.

P. ¿Usted pudo ver la imagen de Rafael Catalá con Enrique Cerezo en el palco del Estadio Vicente Calderón, un día antes de que el ministro acudiera en visita de trabajo a la Audiencia de Málaga, que es la que ve los recursos de los imputados del caso del ático?caso del ático

R. La verdad es que no entiendo las relaciones que el ministro ha mantenido, según las grabaciones difundidas y las fotografías, con los imputados. Pero al margen de este caso concreto, está claro que en España habría que plantear una reforma seria de la instituciones. El poder político y el judicial no pueden ir de la mano.

P. ¿Y qué piensa usted, que ejerce la acusación popular del caso del ático, cuando el ministro de Justicia le envía un mensaje a González en el que le dice que ojalá se acaben los líos? ¿Cree que eso puede tener que ver con los problemas de las comisiones rogatorias del caso de Estepona?Estepona

R. Estas conversaciones desvelan las relaciones y el control político sobre el poder judicial, y en concreto sobre el ministerio público. Y por eso creo que esa es la gran reforma que hay que llevar a cabo. Los fiscales no deben ser utilizados para llenar carreras políticas. Si el ministro apoyó a González por su imputación en el caso del ático debería asumir responsabilidades y cesar en su cargo.

P. Hemos hablado de las comisiones rogatorias, pero el caso del ático también ha tenido una derivada policial, con comisarios sancionados y apartados, e incluso con el expresidente del SUP acosado por las querellas y las sanciones internas.

  R. Estas son las consecuencias de hacer investigaciones que no agradan a las cúpulas políticas. En el caso del ático varios comisarios han denunciado presiones e incluso sanciones. Está claro que no querían que se investigara el patrimonio de González.

P. Pero al final el último informe policial da la razón a la acusación popular y destaca las numerosas incógnitas en sus pesquisas sobre el ático de Estepona.

  R. Ya, pero estos cambios no son tan trascendentes. De nada sirve que la Policía advierta de las irregularidades si las comisiones rogatorias no se contestan desde hace cinco años.

P. El comisario Villarejo aportó al sumario del caso del ático un informe en el que alertaba de las actividades presuntamente ilegales de Ignacio González. ¿Cree que este informe podría ser el nexo de unión entre la investigación de Estepona y la que lleva a cabo la Audiencia Nacional?Estepona

R. El comisario alertaba de las múltiples irregularidades cometidas por Ignacio González, como por ejemplo lo relacionado con un sumario del municipio de Colmenar de Oreja. Al final alude a todo lo que se ha destapado con el caso Lezo. Y por ello el inmueble podría suponer la materialización de un blanqueo de un ilícito en el que ha podido intervenir Ignacio González. Es decir, podría ser el pago por cualquiera de los negocios que ha destapado el juez Eloy Velasco, como por ejemplo los relacionados con el Canal de Isabel II, la empresa de informática de la Comunidad de Madrid, los pagos de OHL por el tren a Navalcarnero, la operación de Colmenar de Oreja. Además, el informe de Villarejo también aludía al famoso viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias, que da nombre a la operación Lezo.

P. La intervención del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, en el caso Lezo ha sido muy criticada...caso Lezo ha sido muy criticada...

R. La acción de la Fiscalía debería basarse en la objetividad e imparcialidad, y según la informaciones que vienen saliendo no es así. Un fiscal no puede tener una dependencia hacia los políticos. El Estatuto fiscal debería ser objeto de estudio y de una reforma.

El abogado de Ignacio González en el caso del ático de Estepona, Antonio Navas, ha enviado un escrito a la jueza que investiga el caso en Estepona, Isabel Conejo, en el que se opone a que el procedimiento se traslade a la Audiencia Nacional, donde el magistrado Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid en el marco de laOperación Lezo.

El defensor de González basa su oposición a que se acumulen las causas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 a que el caso Lezo está secreto: "Y por tanto, salvo que la representación de Asociación de Antiguos Trabajadores de Telemadrid tenga información privilegiada irregular, es imposible conocer que tengan conexidad", destaca el letrado.

"Hasta el momento, los hechos aquí investigados se ciñen a la compraventa de un ático, que en modo alguno tiene conexión con lo investigado en la denominada Operación Lezo, al menos según la información periodística de la que esta parte dispone", completa el defensor del ex número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en la Comunidad de Madrid.

Por ello, Antonio Navas considera "injustificado, por apresurado", la petición del abogado de la acusación de los extrabajadores de Telemadrid, Javier Carnerero, que reclamó a la jueza Isabel Conesjo la inhibición a la Audiencia Nacional. "Sobre todo teniendo en cuenta el estado de la presente investigación, la cual está prácticamente culminada y sin que hasta este momento hayan aparecido otros investigados coincidentes en ambas causas, salvo mi patrocinado y esposa", asegura el letrado, en referencia a Ignacio González y Lourdes Cavero, que están imputados en ambos procedimientos.

El representante legal de González en el caso del ático también se opone al "intercambio de información entre ambos Juzgados", por lo menos hasta que se levante el secreto de las actuaciones "y pueda advertirse la conexidad".

El expresidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha manifestado este viernes en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea que no es corrupto y que su imputación por las tarjetas black de Caja Madrid "fue un accidente"black .

"No pertenezco a ninguna trama, yo soy un empresario de tercera generación que llevo trabajando desde los 17 años, que no tengo cuentas opacas ni en Panamá ni en ningún lado y que me dedico a trabajar y a dar empleo", ha defendido Fernández después de que la diputada de Podemos María Espinosa le acusara de "encarnar" la "trama madrileña" organizada por "empresarios y políticos que se aprovechan de las instituciones para privilegiar a unos pocos". "No solo no he engañado a nadie, sino que me he dedicado a crear empelo y a trabajar. Estar en el 'tramabús', sin comentarios. ¿Qué me molesta?, me molesta si me dicen que estoy ahí por ser corrupto, porque de momento yo no estoy condenado por corrupto en ningún lado, tengo lo de las tarjetas black, que es un accidenteblack", ha declarado Fernández, quien ha recordado que devolvió el dinero cuando se enteró del carácter opaco de las tarjetas.

Fernández ha bromeado sobre su presencia en el 'tramabús' al afirmar que no se merece "tanta fama", y tras manifestar que ha hablado varias veces con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con quien ha asegurado que se lleva "perfectamente", ha destacado que ha pasado de "casta" a "trama". "Tengo 70 tacos, yo no quiero ser famoso, yo quiero vivir tranquilo", ha zanjado.

Además, ha dicho que tiene "estos temas", en alusión al fraude de la formación, por el que ha sido citado en la Asamblea, "por ser presidente de CEIM y de la Cámara", para agregar que disfrutó mucho siendo presidente de ambas corporaciones pero le trae "estas consecuencia, por supuesto, sin hacer nada".

La donación a Fundescam

El expresidente de la patronal madrileña  también ha dicho en su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea que solo hizo una donación de 60.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) y que fue "legal"Fundescam.

A la pregunta del diputado de Ciudadanos César Zafra de si es posible que parte de las subvenciones para formación que gestionaba CEIM fuera a parar a Fundescam, Fernández ha respondido que "bajo ningún concepto". "Sí se ha dicho que el anterior presidente transfirió una cantidad, porque lo ponen todos los periódicos y porque me lo ha dicho el juez Eloy Velasco, que transfirieron 100.000 euros a la cuenta de Fundescam", ha agregado Fernánez. "Seguramente lo harían, si era legal y si lo hicieron tampoco es mi problema, no era mi presidencia", ha apostillado, al tiempo que ha asegurado que durante su mandato lo único que se transfirieron fueron 60.000 euros transparentes y claros" a través de la Fundación Arturo Fernández, fundada por su abuelo.

También preguntado por la diputada de Podemos María Espinosa, ha reiterado que no tiene constancia de que durante su mandato se haya transferido dinero a Fundescam desde CEIM, y que la Fundación Arturo Fernández mandó 60.000 euros, como ya le dijo al juez, que tenía el recibo. "Es legal, transparente y aquí se acaba todo, a cambio, por cierto, de nada", ha aseverado. En este punto, ha negado que su empresa, de la que ha destacado que ha llegado a tener 3.000 trabajadores y 160 establecimientos, viviera del sector público, y ha agregado que está "casi retirado".

Fernández ha admitido que dijo ante el juez que daba dinero a Fundescam para "quedar bien con el establishment"establishment, y ha defendido que "los empresarios, los políticos y la sociedad en general tiene que ayudarse, legalmente, para nada ilegal". Así, ha reafirmado su empresa hacía donaciones "transparente y legalmente, a cambio de nada" a fundaciones, para señalar "que todos los partidos tienen fundaciones". "También quedaba bien con la Fundación Síndrome de Down", ha apuntado.

Además, ha recordado que durante 30 años ha sido el restaurador de UGT y del Congreso de los Diputados, "con el PSOE durante toda la vida". "Yo no soy ni del PP, ni del PSOE, ni soy de Podemos, ni soy de Ciudadanos, yo soy apolítico", ha manifestado.

Espinosa ha dicho que mientras Arturo Fernández hacía una donación a Fundescam, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, estaba en la junta directiva de la fundación y en la comisión de contratación que adjudicaba la cafetería de la Asamblea, cuyos contratos han sido investigados por la UCO. "No tiene nada que ver el que en el mes de marzo la Fundación Arturo Fernández diera 60.000 euros a Fundescam, para lo que fuera, con el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que es una cafetería deficitaria", ha explicado. "Yo fui al concurso, casualmente la señora Cifuentes estaba aquí porque siempre ha estado en la Asamblea de Madrid", ha agregado, para insistir en que no hay relación entre la donación y "un concurso de 160.000, que además se palman 60.000 euros todos los años".

Asimismo, ha negado que su amistad con la expresidenta regional Esperanza Aguirre tuviera que ver con las concesiones que conseguía. "Me ofende usted", ha respondido a Espinosa, al tiempo que ha explicado que su empresa se ha dedicado a presentarse a concurso de los cuales algunos ha ganado y otros ha perdido. "No tiene nada que ver que nosotros mandáramos 60.000 euros o que yo fuera amigo de una determinada persona en el Gobierno para que mis concursos fueran transparentes y claros", ha recalcado.

"No ha habido enchufados míos nunca"

Respecto a la contratación como vicepresidenta de CEIM de la mujer del expresidente regional Ignacio González, Lourdes Cavero, Arturo Fernández ha explicado que ya era miembro de CEIM como directiva de Unelsa, y que cuando dejó la empresa ocupó una vacante de la secretaría general. "Yo no he contratado, ni en la CEIM ni en la Cámara, a nadie, nunca, no ha habido enchufados míos nunca", ha aseverado.

En respuesta a la diputada del PSOE Encarnación Moya, que le ha preguntado si contrataba a familiares y amigos del miembro del Gobierno en puestos "muy bien remunerados" para contentar al establishment, ha dicho que podía haber contratado a Cavero o a "cualquier otra persona" y que "no tenía más sueldo de los demás". "Nada de lo que he hecho se ha salido de los conductos reglamentarios para la contratación de personas", ha aseverado. Asimismo, ha insistido en que hizo una sola donación "legal" y que Fundescam lo administraría "como lo quisiera".

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado tres autos fechados el 9 de diciembre en los que confirma la decisión de la juez Isabel Conejo de proseguir con la investigación de la compra del ático de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero.

Las tres resoluciones, que han tenido como ponente al magistrado Enrique Peralta, califican los delitos por los que son investigados González y Cavero como "graves", ya que son los de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y cohecho.

"Se trata de esclarecer cómo se produce el alquiler y la posterior venta del bien inmueble objeto de la causa, y para ello es necesario conocer la capacidad económica de los investigados, ya que estamos ante hechos graves", especifica la Sección Novena de la Audiencia malagueña, que no da la razón a la representación legal de Ignacio González, que recurrió todas las diligencias acordadas por la jueza.

"Lo acordado es correcto"

Pero la resolución apunta también la necesidad de que la titular del Juzgado de Instrucción número de Estepona, Isabel Conejo, analice "la relación de los investigados con el bien, el momento de su relación (fechas) y su forma específica (título), siendo necesario tener conocimiento de las actuaciones, lugares de ella y forma de efectuarlas (en Estados Unidos y Panamá) de la sociedad a la que se refiere la comisión rogatoria, siendo por ello correcto lo acordado, que debe ser mantenido", especifica una de las resoluciones, a las que ha tenido acceso infoLibre.

En otra resolución, también redactada por el mismo magistrado Enrique Peralta, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga defiende la investigación de la jueza, y rechaza, como ha asegurado Ignacio González, que sea genérica, ya que se refiere a actos "específicos", y tampoco es prospectiva y desproporcionada, "pues está basada en hechos graves acontecidos con anterioridad a la investigación judicial".

Las pesquisas también han sido acotadas desde un punto de vista temporal, destaca el auto de la Audiencia Provincial, que recuerda que el sumario analiza los hechos entre abril de 2008 a diciembre de 2013; "desde la adquisición del bien por la compañía hasta el año después de la venta" al matrimonio en diciembre de 2012.

"Auxilio internacional"

En concreto, la Sección Novena confirma la resolución de Isabel Conejo en la que acordaba ampliar las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá, los países en los que se sospecha que están radicadas las empresas con las que se compró en 2008 el ático de lujo de Estepona. Los jueces consideran necesario conocer la documentación de estos países, "que tienen relevancia en las actuaciones y que tienden al conocimiento real de lo acontecido, y que para su efectividad necesitan del auxilio judicial internacional".

Los magistrados destacan que las actuaciones solicitadas por la jueza justifican su decisión de confirmar la ampliación de las rogatorias porque se reclaman sobre "una entidad investigada en esta causa", en referencia a Walfort Overseas Investments Ltd. LLC, que está registrada en Delaware (EEUU), "y que al parecer tiene conexiones en Panamá, lo que debe ser objeto de análisis".

Los autos de la Audiencia Provincial de Málaga también ratificar que se proceda a la averiguación patrimonial del matrimonio y de la empresa Coast investor LLC, "a través del punto neutro judicial y librándose oficio a las entidades bancarias Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular", ya que con estas diligencias se trata de acreditar "la capacidad adquisitiva, el pago del mismo, el origen del dinero, y son, por ello, necesarias en la causa, no siendo una investigación abstracta, ni previa al hecho que da origen a la instrucción, sino que tiende a establecer el contenido del mismo".

Encargo a la Policía Judicial

Los magistrados tampoco ven un problema en el hecho de que sea la Policía Judicial la que se encargue de investigar la compra del dúplex de lujo, "ya que es la auxiliadora de la justicia, y dependiente funcionalmente -aunque no orgánicamente- del juzgado. Es lógico, natural y necesario y será el órgano jurisdiccional el que valore el resultado de las citadas gestiones, y por ello nada de lo acordado a ese respecto debe ser modificado", indica la Sección Novena.

Y finalmente, los magistrados también apoyan a la jueza en su decisión de llamar a declarar a dos agentes de la Policía que investigaron los hechos, al mismo tiempo que rechazan el intento del matrimonio de que la información sobre el patrimonio de González sea filtrada, al considerar que todo aquello que es irrelevante para la causa, "no tiene trascendencia en ella, ni es objeto de uso en la misma".

El presidente de la Comunidad de Madrid sostiene que alquiló la vivienda en 2008 a una sociedad del testaferro profesional Rudy Valner y que finalmente se la compró en 2012. Pero la justicia investiga si en realidad González y su mujer son los dueños del inmueble desde 2008.

La instrucción de la jueza Isabel Conejo ha confirmado que el presunto testaferro Rudy Valner, residente en Estados Unidos, fue el que compró el ático de lujo en la localidad malagueña y que lo hizo tras una negociación telefónica desde EEUU y después de que la mujer de González visitase al menos en dos ocasiones el inmuebleGonzález . Justo después de esta compra, González y su mujer alquilaron el inmueble a un precio considerado muy bajo para la zona.

Extrabajadores de Telemadrid

La acusación contra el expresidente de la Comunidad de Madrid la sostiene el colectivo de extrabajadores de Telemadrid, que presentaron una querella contra Ignacio González, al considerar que el ático de lujo podría ser una dádiva del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también imputado en el caso de Estepona, a cambio de los numerosos contratos recibidos. 

Precisamente este viernes, en la comisión de investigación de la corrupción que se desarrolla en la Asamblea de Madrid se analizará el supuesto trato de favor de Telemadrid a Cerezo. La mesa de la comisión acordó llamar a comparecer a cuatro altos cargos de Telemadrid y Caja Madrid para analizar la compra en 2007 por 306 millones de los derechos de los partidos del Atlético de Madrid y del Getafe CF a través de una empresa creada entre ambas entidades, denominada Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyas pérdidas han superado los 25 millones de euros.

A la sesión de la comisión están citados el director general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, el exconsejero delegado de Caja Madrid José Carlos Contreras; el exdirector económico de Telemadrid José Manuel Díez-Picazo, y el administrador concursal de Madrid Deporte Audiovisual (MDA), Pablo Ferrándiz Avendaño.

La empresaria Pilar Cavero Mestre, cuñada del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha sido nombrada consejera de Abengoa y presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad sevillana, según el hecho relevante publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pilar Cavero Mestre es socia del despacho Cuatrecasas Gonçalvez Pereira y accede a su nuevo puesto en Abengoa tras la dimisión en bloque del anterior consejo de administración de la compañía. Entre los dimisionarios se encuentra el ex ministro del PSOE Josep Borrell.

Los consejeros decidieron apartarse en una junta extraordinaria de la compañía celebrada este martes, poco después de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional de llamar a declarar como imputados a todos los directivos de Abengoa.

Blanqueo y cohecho

La nueva consejera de Abengoa es hermana de Lourdes Cavero Mestre, quien junto a su marido, Ignacio González, está investigada (antes imputada) por la compra de un ático de lujo entre Estepona y Marbella en relación a los delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

infoLibre ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con Abengoa para conocer los criterios de selección de los nuevos consejeros de la compañía.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer Lourdes Cavero, han enviado un escrito a la titular del Juzgado número 5 de Estepona, Isabel Conejo, que investiga la compra del ático de lujo en esta localidad malagueña, en el que aseguran que "la investigación prospectiva" iniciada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) es consecuencia de una "reacción corporativista" después de que al comisario de Policía Agapito Hermes de Dios, uno de sus afiliados, se le incoaran dos expedientes administrativos tras investigar el caso.

Este es el principal motivo por el que el expresidente madrileño del PP reclama el sobreseimiento del caso, pese a reconocer que todavía falta por conocer el resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá y de que llegue la documentación a reclamada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en relación con la presencia del presunto testaferro Rudy Valner en España. 

"En nuestro caso la situación ya excede de los 4 años y hasta el momento lo único probado es que el contenido de la denuncia inicial del SUP era inconcreta, difusa, falta de rigor cuando no falsa y mendaz", especifica el letrado en representación de Ignacio González y su esposa.

Rescisión de contratos

Pero el escrito, de fecha 2 de noviembre, no sólo carga contra el sindicato policial, sino que también critica la actuación de los medios de comunicación: "Es público y notorio que las relaciones político-personales entre algunos diarios y el señor González (El Mundo, El Español, otros periódicos digitales y periodistas adscritos) no eran buenas a consecuencia de distintos motivos: unos relacionados con la rescisión de distintos contratos de publicidad y compra de ejemplares con la Comunidad de Madrid u organismos vinculados y otros de índole política".

Gonzalez sostiene que las informaciones publicadas han sido utilizadas por las acusaciones populares para aportarlas a la causa "como si de pruebas se tratasen. Estas informaciones tendenciosas, a la postre, se han demostrado falsas o especulativas pero han mantenido viva una investigación que, sin perjuicio de su resultado final, han provocado la destrucción profesional y política del señor González", destaca el escrito, que completa que la instrucción se ha mantenido "a golpe de titular periodístico".

Y en definitiva, para el letrado defensor del expresidente madrileño, contra González y su mujer "se ha abierto una causa general inquisitorial con apoyo expreso del propio Juzgado, atemperado tan sólo por el Ministerio Fiscal".

El diario El PaísEl País

Pero el escrito carga también contra el comisario José Manuel Villarejo. Y para ello alude a la información publicada por el periodista Javier Ayuso en el diario El País el 10 de marzo de 2015. "En este se analiza su vasto capital inmobiliario y societario que valoran en 16 millones (en otras ocasiones en 20 millones) - a todas luces excesivo para un funcionario público-, su implicación en asuntos de turbio contenido político, sin que conste otras actuaciones profesionales de interés público que aquellas donde se ventilan cuestiones político-económicas de envergadura, lo que enlaza con la descubierta, por injustificada y sospechosa posición económica del funcionario público, que con un sueldo amasó, siempre según el artículo –nunca desmentido- una fortuna inconmensurable". 

También en el apartado del comisario Villarejo, el escrito de González cita a la Asociación Transparencia y Justicia, que está personada como acusación popular, y que según el expresidente madrileño "detrás de la cual parecen enmascararse una parte de las actividades particulares del testigo excomisario Villarejo".

En este sentido, el documento resalta que el secretario de la mencionada asociación, Rafael Redondo Rodríguez, es el abogado personal del excomisario Villarejo "y ambos son partícipes, según el contenido de la citada información, en algunas de las sociedades que aparecen en el artículo periodístico, concretamente en Premium Salud S.L., cuyo administrador único es el señor Redondo Rodríguez, con un capital social de 5.500.000 euros. Esta mercantil, casualmente, tiene intereses hospitalarios en esta ciudad de Estepona, primero a través de Clínica Premium, hoy Clínica Cenyt", completa el escrito de González.

El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha enviado un escrito a la jueza de Estepona Isabel Conejo, que investiga la compra en diciembre de 2012 de un ático de lujo por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero, en el que califica de "procedente" realizar una averiguación sobre el patrimonio del matrimonio.

El escrito del representante del Ministerio Público, al que ha tenido acceso infoLibre, tiene fecha del pasado 17 de octubre, y en él apoya las decisiones de la jueza, que, mediante un auto y una providencia de 3 de mayo, acordó librar nuevas comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá, pero también encomendó a la Policía que investigara el patrimonio del matrimonio, que compró un ático por 770.000 euros y que en la actualidad está tasado en 403.000 euros.

De esta forma, el fiscal se opone al recurso interpuesto por el representante legal de Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero, en el que rechazaban que se realizara "una averiguación patrimonial", que llegaron a calificar de "indiscriminada".

El fiscal López Caballero explica que las diligencias encargadas por la jueza tratan de esclarecer las circunstancias en que se produce el alquiler y poosterior adquisición de los inmuebles objeto de la causa, especialmente lo concerniente a la capacidad económica [...] sin que pueda tildarse de investigación prospectiva toda vez que existe en la causa una atribución, aún indiciaria, de un presunto delito de cohecho y de blanqueo de capitales".

El representante del Ministerio Público explica que la jueza ha reclamado una comprobación acotada temporalmente, referida a las fechas en las que el citado matrimonio "se vincula" con el inmueble. 

Petición "desproporcionada"

En este sentido, los investigados pretendían dejar sin efecto las peticiones realizadas a las entidades financieras sobre sus cuentas bancarias al asegurar que eran unas reclamaciones "notoriamente genéricas, prospectivas y desproporcionadas".

Caixabank ya ha contestado a esta exigencia de la jueza, y ha aportado la documentación que prueba que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su mujer dispusieron entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2013 en ese banco de trece cuentas corrientes, una caja de seguridad y diferentes productos financieros.

González y su mujer aseguraron en el recurso que la jueza habían encargado un "mandato general" de investigación a la Policía Nacional de Estepona que "contravenía lo dispuesto en la legislación ordinaria y constitucional". Por su parte, el fiscal López Caballero sostiene en su escrito de 17 de octubre que el que la investigación patrimonial se encomiende a una unidad policial especializada en ese tipo de indagaciones "no cabe ser cuestionado, pues esa actividad forma parte del cometido propio de la Policía Judicial".

Dos comisarios

Los dos investigados también pedían a la jueza que no se celebraran las testificales de los comisarios Agapito Hermes de Dios y José Luis Fernández Gudiña, que fueron los primeros que investigaron la propiedad del inmueble, que según aseguró en su declaración por escrito el presunto testaferro Rudy Valner es propiedad del productor de cine argentino Luis Osvaldo Repetto, que también fue socio de Enrique Cerezo en una película.

La jueza Isabel Conejo pretende conocer quién está detrás de la adquisición del dúplex de Estepona que compró el testaferro profesional de nacionalidad mexicana Rudy Valner, empleado del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también imputado en la causa.

En concreto, en 2008 Valner adquirió por teléfono desde Estados Unidos para la empresa Coast Investors el ático, que había visitado Lourdes Cavero en dos ocasiones. Y justo después de esta compra, que hizo la empresa norteamericana, Cavero alquiló el inmueble a un precio sensiblemente inferior al del mercado en la zona, ya que pagaba una media de 2.000 euros mensuales.

Asimismo, el presidente del Atlético de Madrid envió un escrito a la jueza en el que indica que en el sumario del ático no hay indicios de criminalidad y en el que también sostiene que la inclusión de Cerezo en el procedimiento como imputado "le comporta un perjuicio y unas consecuencias que deber ser eliminadas a la mayor brevedad posible".

El comisario Villarejo

Por otra parte, el fiscal jefe de Málaga se ha mostrado contrario a entregar a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid la declaración del comisario José Manuel Villarejo al considerar "que no es posible ya que el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal veta el acceso a la diligencias sumariales a quien no esté personado en el procedimiento".

No obstante, López Caballero recuerda a la Asamblea de Madrid que la comisión de investigación "puede invitar a comparecer a quién considere de interés, por lo que el testimonio interesado podrá ser obtenido mediante la comparecencia de dicho señor ante la comisión".

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, dispusieron entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2013 de trece cuentas corrientes, una caja de seguridad y diferentes productos financieros en Caixabank, según los datos aportados por la entidad financiera catalana a requerimiento de la jueza Isabel Conejo, que investiga en Estepona (Málaga) la compra del ático de lujo del expresidente madrileño.

La jueza ha centrado su atención, en concreto, en la adquisición por parte de la sociedad de Estados Unidos Coast Investors de un ático de lujo en la Urbanización Alhambra del Golf, entre los términos municipales de Marbella y Estepona. La compra, que la acordó de forma telefónica el abogado mexicano Rudy Valner desde California, se produjo justo después de que la mujer de González visitara el inmueble, que estaba en venta por 1,3 millones de euros, según los testigos.

Pocos días después, siempre según las investigaciones del sumario, el matrimonio alquiló el dúplex al nuevo propietario, que era una sociedad radicada en el Estado de Delaware, y que hasta que no saltó el escándalo en los medios de comunicación españoles no había inscrito la compra ni había abonado los impuestos a Hacienda. Además, el alquiler se acordó por un precio "muy por debajo al del mercado en la Costa del Sol", según la denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Tras la renuncia del SUP a ejercer la acusación popular, ésta ha recaído en el colectivo de afectados por el ERE de Telemadrid, que mantiene que el ático pudo ser una dádiva del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a González a cambio de que el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre realizara adjudicaciones y favores desde la cadena pública madrileña al conocido empresario.

Visitas a la caja de seguridad

Caixabank ha aportado la documentación de las cuentas del matrimonio después de que la jueza reclamara a cinco entidades bancarias todas las cuentas del político madrileño y de su mujer.

Por eso se sabe que González y su mujer han dispuesto de trece cuentas de ahorro y a plazo fijo, así como otros productos bancarios como una caja de seguridad abierta el 20 de febrero de 2006 y todavía abierta, valores financieros, tres fondos de inversión, cuatro seguros de vida y hogar, y dos tarjetas de crédito oro.

Lourdes Cavero e Ignacio González. 

Además, la entidad catalana suministra a la jueza de Estepona "una relación de visitas efectuadas a la caja de seguridad" de Caixabank, así como la transferencia internacional de 741.100 euros con los que González y su mujer adquirieron en diciembre de 2012 el ático a la empresa de EEUU.

El casero, empleado de Cerezo

Sin embargo, en su declaración como investigado ante la jueza Conejo, González aseguró que cuando su mujer alquiló en 2008 el ático desconocía que la propietaria era una sociedad offshoreoffshore radicada en Delaware (EEUU).

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, reconoció que el casero de González entre 2008 y diciembre de 2012, el mexicano Rudy Valner, era empleado suyo. En concreto, trabaja de asesor en una de sus empresas audiovisuales que mantiene contactos profesionales con Telemadrid. Asimismo, el supuesto último propietario del inmueble, el ciudadano argentino Luis Osvaldo Repetto, también habría mantenido negocios con Cerezo.

La magistrada, tal y como consta en un escrito de Bankia, también dispone de las cuentas del matrimonio en la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri. 

112.000 anuales de sueldo

Tal y como adelantó infoLibre, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que percibió 742.303 euros en mayo de 2011 tras su salida de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), la patronal del sector, fue contratada tres meses después por el entonces presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (Ceim-CEOE), Arturo Fernández.

Según el sumario, acordó que cobrara un sueldo anual de 112.000 euros. En 2011 Ignacio González era vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, amiga personal del propio Arturo Fernández.

Lourdes Cavero, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que percibió 742.303 euros en mayo de 2011 tras su salida de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), la patronal del sector, fue contratada tres meses después por el entonces presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (Ceim-CEOE), Arturo Fernández.

Según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, le puso un sueldo anual de 112.000 euros. En 2011 Ignacio González era vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, amiga personal del propio Arturo Fernández.

Estos datos aparecen en la investigación patrimonial realizada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, que sólo ha tenido acceso a las información del matrimonio posterior a 2011: "Consultado el punto neutro judicial ]...] no se puede acceder a años fiscales anteriores a 2011, procediéndose únicamente a la obtención de los años fiscales de 2011, 2012 y 2013", indica un documento del sumario del caso del ático.

Fernández, que está procesado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, contrató a la mujer de Ignacio González en septiembre de 2011 como vicepresidenta y adjunta a la dirección, con críticas internas. Y le asignó ese importante sueldo pese a que ningún otro vicepresidente de la Ceim tenía salario fijo.

Unesa, pertenece a la CEOE

Unesa, la institución que despidió a Lourdes Cavero, es una de las asociaciones que forman parte de la CEOE, en la que se integra la patronal madrileña. Y la mujer de Ignacio González Cavero percibió los 713.475 euros de indemnización bruta el 31 de mayo de 2011, aunque el líquido a percibir fue de 636.580 euros. El sueldo de Cavero en Unesa entre los meses de enero y mayo del mismo 2011 fue de 28.500 euros, lo que supone una media bruta de 5.700 mensuales y un total de 742.303 euros.

Pero los datos aportados al sumario del caso del ático indican que Lourdes Cavero ingresó 4.379 euros del Servicio Público de Empleo Estatal por la prestación de desempleo durante 94 días, hasta el 4 de septiembre de 2011. Desde esa fecha, la mujer del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid percibió otros 35.530 euros de la patronal madrileña dirigida por Arturo Fernández, amigo personal de Esperanza Aguirre, que también le abonó 230 euros en concepto de dietas.

Los ingresos de Cavero en 2011 se completan con 1.200 euros procedentes de la Universidad Autónoma de Madrid. En total en ese ejercicio cobró 783.643 euros.

112.555 euros anuales

En 2012 fue el primer ejercicio en el que Lourdes Cavero, economista de profesión, cobró su sueldo íntegro de la patronal madrileña: 112.555 euros, más 500 euros de dietas y 800 euros de la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2013 los ingresos se mantuvieron estables, ya que percibió 112.353 euros de la patronal madrileña más 500 euros de dietas de la misma asociación. La Universidad Autónoma de Madrid le abonó 800 euros y la Fundación Universidad Empresa (Univem) otros 1.400 euros. También en 2013 Cavero tenía cerca de 70.000 euros depositados en varias entidades bancarias.

Perdió las elecciones

En marzo de 2014, Cavero dimitió de su cargo. Fuentes de Ceim explicaron entonces a Europa Press que la esposa del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dijo que no quería ser "el mínimo obstáculo" ni "excusa" para que el proceso electoral que se iba a celebrar meses después se desarrollara con la máxima limpieza y transparencia.

Arturo Fernández acabó perdiendo las elecciones, por lo que fue desplazado como presidente de la patronal madrileña.

La documentación del sumario muestra el sueldo de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid, que en 2011 fue de 108.879 euros. En ese ejercicio ingresó otros 3.846 euros como miembro de la asamblea de Caja Madrid. En 2012, el sueldo de González bajó hasta los 103.696 euros, mientras que subió un año después hasta los 111.768 euros. En 2013, González disponía de unos 20.000 euros en cuatro entidades financieras.

Pero el sumario explica, además, el valor catrastral del ático de 627 metros cuadrados, así como el de la vivienda del matrimonio en Madrid. El dúplex de lujo tendría, según esta documentación, un valor catastral de 289.471 euros del año 2016. El valor catastral de la vivienda de Madrid es de 634.292 euros.

No conocía al dueño

Tanto González como su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, están imputados en el Juzgado de Estepona por la jueza Isabel Conejo por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En su declaración como investigado, González llegó a asegurar que no sabía que su mujer alquiló el inmueble en 2008 a la sociedad Coast Investors, que estaba inscrita en el Estado de Delaware (EEUU).

Sin embargo, Cerezo sí reconoció que Luis Osvaldo Repetto,. el presunto dueño del ático entre 2008 y diciembre de 2012, fecha en la que lo compró González, había sido socio suyo y que el presunto testaferro de la operación, el mexicano Rudy Valner, era empleado suyo en una de sus principales empresas: Video Mercury.

Los extrabajadores de Telemadrid denunciaron a González al considerar que el ático de lujo de Estepona podría haber sido una dádiva de Cerezo a cambio de los presuntos favores recibidos por el empresario de la cadena pública madrileña.

La jueza Isabel Conejo, la titular del Juzgado número 5 de Estepona que investiga la compra del ático de lujo que desde diciembre de 2012 es propiedad del expresidente madrileño Ignacio González, sigue sin obtener toda la información que ha reclamado de Panamá, Estados Unidos y el Reino Unido.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de Andalucía ha confirmado a infoLibre que las ampliaciones de los últimos meses, tras la imputación de Ignacio González, tampoco han sido cumplimentadas, por lo que el retraso continúa en un sumario en el que por ejemplo desde 2013 no se han obtenido los datos reclamados al Reino Unido sobre las cuentas bancarias utilizadas para abonar el ático en 2008.

La jueza investiga si el ático de lujo que el expresidente posee en Estepona desde diciembre de 2012, pero que alquila desde 2008, es en realidad un regalo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, o incluso del empresario Fernando Martín, el dueño de la promotora Martinsa, imputado en Gürtel por el presunto pago de comisiones por una adjudicación en Arganda del Rey (Madrid).

No hay datos

Esta parálisis de las comisiones rogatorias ya ha tenido un efecto directo y muy evidente. El 21 de septiembre de 2015 las autoridades de EEUU anunciaron a las españolas que el banco de este país al que se reclama la información básica para mantener la investigación a Ignacio González rechazó aportar los datos bancarios porque "por el paso del tiempo, ya no se guardan los datos reclamados".

Ni el TSJ andaluz, ni el Ministerio de Justicia, ni la Consejería de Justicia reconocen ser los responsables de los continuos retrasos y errores, como por ejemplo traducciones al inglés que han llegado a tardar más de cinco meses. Por su parte, la jueza Isabel Conejo no ha contestado a las preguntas que le ha dirigido infoLibre sobre su actuación en el caso del ático. La jueza Conejo fue sustituida durante varios meses por una baja maternal, puesto del que se encargó la jueza Mariana Peregrina.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha asegurado ser responsable sólo del pago de las facturas por las traducciones realizadas por intérpretes. "Todo lo demás competería al juzgado o al Ministerio [de Justicia]".

Origen y destino

En el sumario, que se inició tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en 2012, no consta ni el origen ni el destino del dinero abonado por el político madrileño, que está investigado, al igual que su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo.

El análisis de todas las peticiones de auxilio internacional realizadas en este caso, muestra continuos errores en las tramitaciones, pero también importantes retrasos en las traducciones, que llegan a superar los cuatro meses de dilación.

La peor situación de todas la protagoniza el intento de obtener información del Reino Unido. Pese a que la jueza pidió por primera vez la colaboración de las autoridades británicas el 18 de marzo de 2013. a fin de que informara sobre el último beneficiario de las cuentas con las que se abonó en 2008 el ático de lujo, la instructora no ha obtenido una respuesta.

Error evidente

Primero por un evidente error, ya que la comisión rogatoria se reclamó vía Interpol, cuando estas reclamaciones siempre se hacen entre los Gobiernos de los países involucrados, y en concreto entre los ministerios de Justica.

Este error, que ni el Tribunal Superior de Justicia, ni el Ministerio de Justicia, ni la Consejería de Justicia de Andalucía asumen, provocó un vacío en la investigación, que tuvo que reactivar la jueza el 16 de junio de 2014, un año y tres meses después del primer auxilio judicial enviado a las autoridades de Londres.

Además, la colaboración con Londres también ha sufrido otro importante problema, que ha paralizado otros cuatro meses la investigación. Así, el 4 de febrero de 2016, la jueza constató que no se había traducido al inglés la rogatoria reclamada por la jueza el 6 de noviembre de 2015.

infoLibre hace a continuación un análisis pormenorizado de los problemas que han sufrido las comisiones rogatorias:

1. Estados Unidos

El juzgado de Estepona reclamó en septiembre de 2013 el primer auxilio judicial a Estados Unidos para, entre otras cosas, interrogar como testigo al presunto testaferro de la compraventa del ático, Rudy Valner.

Y el 16 de junio de 2014, diez meses después de la primera petición a las autoridades de Washington, la jueza reclama una ampliación de la comisión rogatoria a Estados Unidos en la que de nuevo solicita que se "practique la declaración testifical de Rudy Valner".

En esta segunda petición, la jueza solicita al Estado de Delaware, uno de los que favorece la opacidad fiscal dentro del gigante norteamericano, que le aporte datos de las cuentas utilizadas en las operaciones vinculadas con el dúplex de lujo de la empresa Coast Investors, cuya matriz es Walfort Overseas Investments. También se pedía que se identificara a los beneficiarios de las empresas, que podrían estar detrás de la presunta dádiva recibida por el expresidente madrileño.

El 18  de junio de 2014, dos días después de la petición de la rogatoria de la jueza, la magistrada pide la traducción de los documentos en los que se incluyen las preguntas al testaferro de la comisión rogatoria. Y según el sumario al que ha tenido acceso infoLibre, esta traducción no se recibe en el Ministerio de Justicia hasta el 19 de agosto de 2014, tres meses después.

El 18 de septiembre, un mes más tarde, Estados Unidos recibe la rogatoria, que no es contestada hasta medio año después, en concreto el 19 de febrero de 2015.

La contestación muestra un nuevo error en la documentación. EEUU asegura que en virtud de los datos aportados por España el banco no encontraba las transferencias, por lo que pedía más datos. Es decir, el 19 de febrero de 2015, nueve meses después de la primera petición de auxilio judicial, EEUU pide más información ya que la petición contenía datos erróneos.

¿Y en qué consistía el error? Pues que el Juzgado había enviado mal los números de las cuentas bancarias desde las que se había enviado el dinero para pagar en 2008 el ático de lujo. Y el juzgado no solventa este erros hasta seis meses después, el 15 de julio de 2015, que se recibe un mes después en Washington, en concreto el 21 de agosto del mismo año.

El 21 de septiembre de 2015 EEUU contesta con un nuevo contratiempo: "Desafortunadamente, el US Bank nos ha advertido de que, si bien las cuentas estaban abiertas en el momento de las transferencias, los registros relativos a las mismas ya no existen porque han sido purgados en consonancia a su política de custodia de documentos", relata el Departamento de Justicia de Estados Unidos que calificó el caso como “cerrado”.

Esta documentación no se traduce al español hasta el 4 de febrero de 2015. El hecho de que los datos fueron enviados mal ha posibilitado que el banco no facilite a la jueza la documentación de las transferencias de dinero que se utilizó para comprar el ático de lujo.

Y el 3 de mayo de 2016, la jueza vuelve a acordar una nueva comisión rogatoria a EEUU reclamando toda la información que posea este país sobre la sociedad Walfort Overseas Investments LTD, la matriz de Coast Investors, la que compró el ático. Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado que a día de hoy la ampliación de la rogatoria no había sido recibida.

Dos años y diez meses después, la jueza no ha recibido toda la documentación reclamada ya en septiembre de 2013.

2. Reino Unido

El pasado 6 de noviembre de 2015 la jueza ordenaba la realización de una comisión rogatoria al Reino Unido que, según la propia magistrada, a 4 de febrero de 2016 ni había sido traducida. Un mes después, el 16 de marzo, el auxilio judicial tampoco había sido cumplimentado, mientras que un portavoz del TSJ de Andalucía ha asegurado que a fecha de hoy, pasados siete meses, tampoco se había recibido una respuesta de las autoridades británicas.

De hecho, el Ministerio de Justicia explica que la ampliación "se recibe en el Ministerio el 8 de abril de 2016", que se remitió a este país el 11 de abril: "Seguimos sin respuesta", apunta el portavoz del Ministerio.

Con esta documentación la jueza pretendía recabar nuevos datos del Reino Unido sobre las cuentas bancarias utilizadas en la compra y el pago del alquiler del dúplex de lujo de Estepona.

Pero la realidad es que desde la primera rogatoria, que se pidió a Londres el 18 de marzo de 2013, las autoridades españolas no han recibido ningún dato de interés para el caso del ático del expresidente madrileño.

Ese primer auxilio fue tramitado de forma defectuosa, por lo que fue devuelta en diciembre ya que fue pedida por vía policial y no por el Ministerio de Justicia, tal y como obligan los tratados de cooperación internacional.

El 16 de junio de 2014, 15 meses después, la magistrada reactiva la rogatoria a Londres para que el banco TSB Lloyd's Bank informara sobre el último beneficiario de las cuentas corrientes de Coast lnvestors LLC, titulares o autorizados de la misma, así como de sus movimientos contables de origen o destino a España, "con indicación de las cuentas o destinatarios".

Esta documentación se envía al Reino Unido el 27 de agosto de 2014, y las autoridades británicas contestan cuatro meses después, el 22 de diciembre 2014, reclamando datos tan básicos como los números de las cuentas bancarias que no se habían incluido en el auxilio judicial español.  

Pero, además, el 23 de septiembre de 2015 el Ministerio de Justicia español comunica al juzgado de Estepona que las autoridades británicas ya habían solicitado, hasta en tres ocasiones más, en concreto el 8 de enero de 2015, el 3 de junio de 2015 y el 12 de agosto de 2015, información adicional a la petición de España de 27 de agosto de 2014. En esta comunicación, Londres advertía a la jueza de que si el 31 de octubre de 2015 las autoridades británicas no recibían los datos necesarios, cerrarían el expediente.

La jueza no reacciona a este ultimátum hasta el 6 de noviembre 2015, seis días después de que se cumpliera el plazo previsto por el Reino Unido para la extinción de la comisión rogatoria, fecha en la que la jueza reitera en una providencia la rogatoria mencionada arriba al Reino Unido para informar a las autoridades británicas sobre las cuentas que "recibieron las transferencias internacionales con destino a España”.

3. PANAMÁ

La jueza Isabel Conejo libró el pasado 8 de marzo, mediante una providencia, una nueva comisión a Panamá que no ha sido cumplimentadaPanamá, según confirma a este diario un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La magistrada pretende conocer el nombre de las personas que están detrás de tres empresas, de nombres análogos, que podrían estar vinculadas con el comprador en 2008 del dúplex de lujo que desde un principio alquila el matrimonio González Cavero. Se trata en concreto de las sociedades Walford Overseas SA, Walfort Overseas Investments Ltd y Waldorf Overseas Investments Inc.

Según el Ministerio, la documentación de la rogatoria reclamada por el Juzgado de Estepona el 8 de marzo no se recibió hasta el 5 de mayo, casi dos meses después. Pero, además, el 25 de mayo llegó al departamento del ministro Rafael Catalá una información complementaria. Este sería el motivo por el que la petición de auxilio a Panamá se envió finalmente el 30 de mayo, casi tres meses después. Las autoridades del país centroamericano no han contestado.

Pero la jueza ya sufrió un importante contratiempo en relación con las autoridades panameñas, que el 13 de agosto de 2014 se negaron a aportar los datos requeridos el 16 de junio del mismo año, justificando este rechazo porque el blanqueo de capitales no es delito en el país americano.

Este es el motivo por el que en la ampliación de la rogatoria de 8 de marzo de 2016, la magistrada incluye entre los delitos por los que se investiga a los imputados el de cohecho, lo que obligaría a Panamá a colaborar con España.

El ex comisario general de la Policía Enrique Rodríguez Ulla, que fue apartado de su cargo tras iniciar la investigación sobre el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, confirmó que fue cesado "dos o tres días después" de comunicarle al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez, que dos agentes habían interrogado a Pedro Javier Villate, el primer propietario del dúplex de lujo que poco después alquiló el expresidente madrileño Ignacio González, tal y como se puede ver en el vídeo de la declaración realizada el 3 de marzo al que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, en julio de 2012 el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció en declaraciones a Europa Press que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le había "retirado la confianza" a Rodríguez Ulla tras la apertura de esta investigación sobre el ático, y una vez que la Fiscalía Anticorrupción había decidido su archivo "esa retirada de confianza se podía y debía materializar en un relevo".

En su declaración como testigo, el comisario Rodríguez Ulla explicó que tras recibir la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), convocó una mesa policial en la que se atribuyó la investigación a la UDEF, al mismo tiempo que se dio traslado a la Fiscalía de las actuaciones. Y según este testimonio, los agentes acudieron a interrogar a un testigo.

"Ignorancia y ninguneo"

"Los funcionarios de Policía acudieron a Asturias a tomar declaración al primer propietario del ático, Pedro Javier Villate, con la ignorancia y ninguneo, no sé si intencionado o no intencionado, del propio jefe de la brigada de blanqueo, el señor jefe de la brigada de blanqueo, José Luis Fernández Gudiña", lamentó el comisario en su declaración, dando a entender que no sabía nada de esa gestión concreta, de la que tampoco le informó el comisario principal, José Luis Olivera Serrano, al que llegó a identificar como "este señor".

Según la versión de Rodríguez Ulla, al volver de la declaración de Asturias, unos días después, Gudiña le especificó el trabajo que habían realizado los agentes: "Y yo informé al Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino Sánchez, y lo único que recibimos ahí es bastante enojo por parte del director, reprochándonos que la Udef y la brigada de blanqueo siguieran haciendo gestiones al respecto". Pino le aseguró, según su testimonio, que la causa ya había sido previamente archivada, algo que Rodríguez Ulla desconocía.

Pedí audiencia al fiscal

Tras esa conversación, el comisario acudió al despacho de Eugenio Pino Sánchez con Gudiña, que le dijo que estaba dispuesto a irse y dimitir: "Y yo me puse en contacto con la Fiscalía, para saber el motivo por el que la unidad operativa no tenía conocimiento del archivo del caso y sí el Director Adjunto Operativo. Pedí audiencia al fiscal anticorrupción y las explicaciones fueron relativas, y dos o tres días después se me cesa como comisario general", lamentó Rodríguez Ulla.

A preguntas de la jueza sobre si preguntó por los motivos del cese, el agente contestó: "A día de hoy nadie me ha dicho el motivo. Le diré las palabras exactas, que las sigo teniendo en mi memoria. Me cita el director general, [Ignacio Cosidó], y me recibe en su despacho, y a pie de puerta me dice: Enrique, en días como hoy estaría uno mucho mejor en su escaño de diputado que dándote esta mala noticia, eso es literal, no sé si era disciplina de partido, yo entendí que de alguna manera no era decisión suya, y por elevación vendría de dónde fuera y que no sé si era disciplina de partido o que era, no lo sé, yo entendí en sus palabras y en su tono que le tocaba anunciarme esa decisión".

Comportamientos extraños

Pero en su declaración, Rodríguez Ulla también aludió a dos comportamientos extraños de sus compañeros policiales. La primera se la atribuyó al jefe de la Udef, José Luis Olivera Serrano, que nunca le dijo que había recibido una copia de la denuncia, pese a que el SUP anunció que sí lo iba a hacer: "Pero, sin embargo, unos días antes sí me preguntó por la denuncia del sindicato, algo que me extrañó, porque daba a entender que le sonaba que se iba a recibir algo".

Rodríguez Ulla fue uno de los tres agentes apartados, según la declaración del comisario José Manuel Villarejo, por investigar la compra del ático de una empresa offshore Coast Investors, radicada en el estado de Delaware ((EEUU), y que desde un principio alquiló el expresidente madrileño Ignacio González: tras iniciar la investigación "lo cesaron y fue otro de los represaliados", aseguró el comisario José Antonio Villarejo, que coordinó las pesquisas policiales, que dijo que él también fue apartado por decisión del propio Cosidó.

Nuevas declaraciones

Villarejo también resaltó que los agentes que participaron en el mismo habían sufrido "presiones". Y recordó que al comisario Agapito Hermes de Dios también lo habían expedientado: "Lo imputaron y le suspendieron de empleo y sueldo". La Policía también abrió un expediente sancionador contra Hermes de Dios por infidelidad en la custodia de documentos.

La jueza de Estepona Isabel Conejo Barranco, que investiga el caso del ático, ha citado a declarar como testigos a los comisarios José Luis Fernández Gudiña y al propio Agapito Hermes de Dios.

La magistrada que investiga en Estepona el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González estrecha el cerco contra el político madrileño, según consta del contenido de tres resoluciones judiciales dictadas tras su declaración como imputado.

En concreto, se trata de dos autos y de una providencia, todos de 3 de mayo, en los que la jueza Isabel Conejo Barranco resuelve los escritos presentados por la acusación de los extrabajadores de Telemadrid y de las defensas de los imputados.

Así, la jueza decide ampliar las comisiones rogatorias ya enviadas a Estados Unidos y a Panamá para tratar de averiguar quién es el auténtico propietario de la empresa Coast Investors LLC, que adquirió en 2008 el dúplex de lujo por 750.000 euros, tal y como reclamó el abogado de la acusación de los despedidos en el ERE de la televisión pública madrileña Javier Carnerero.

Beneficiarios de la sociedad

La magistrada, que destaca que la empresa dueña de Coast Investors LCC es a su vez la firma norteamericana Walfort Overseas Investments LTD, registrada en el Estado de Delaware, amplía la comisión rogatoria a este país "reclamando toda la información que posean sobre este sociedad, información que se hará extensiva a sus socios constituyentes, directores y beneficiarios de la misma, así como sobre cuentas bancarias y activos patrimoniales de su titularidad".

La petición de nuevos datos, que trata de conocer si el ático tiene su origen en el patrimonio de Cerezo o de una supuesta mordida vinculada con la adjudicación de unas parcelas en el municipio madrileño de Arganda del Rey, incluye también a la empresa Ambassador Pasadena Homes LLC, que era el nombre previo de Walfort Investments LTD.

Hasta el momento, los únicos nombres que se conocían relacionados con las empresas que compraron el ático eran el del presunto testaferro de la compra del inmueble, el ciudadano mexicano residente en California (EEUU) Rudy Valner, y el supuesto propietario último del mismo, el argentino Luis Osvaldo Repetto. Ambos están vinculados con el presidente del Atlético de Madrid, tal y como reconoció en su declaración el propio Cerezo.

En concreto, Rudy Valner trabaja con la principal empresa del presidente del Atlético de Madrid: Vídeo Mercury. Con esta sociedad, el empresario madrileño posee el 23% del accionariado del club de fútbol. También es la empresa que vende los derechos audiovisuales a Telemadrid de las películas de Cerezo. Por su parte, el también empresario del cine argentino Luis Osvaldo Repetto, fue socio de Cerezo.

Rogatoria de Panamá

Pero a la ampliación de la comisión rogatoria de Estados Unidos, la jueza resuelve reclamar a Panamá más información sobre empresas de nombres análogos a la de Estados Unidos: "Se acuerda mantener en la comisión rogatoria a Panamá la denominación de Waldorf Overseas Investments Inc, incluyendo también Walford Overseas Investments LTD y Walford Overseas SA".

De esta forma, la magistrada respalda la petición del abogado de los extrabajadores de Telemadrid, Javier Carnerero, que en un escrito presentado el pasado 9 de marzo, reclamó más datos de estas sociedades panameñas: "Al constar en la copia de la escritura que se aporta junto a dicho escrito que ésta se constituyó en fecha 9 de marzo de 2008, tan sólo tres días antes de que el señor Valner realizara la declaración de inversión extranjera".

La investigación de estas empresas cobra especial importancia ya que la firma Waldorf Overseas Investments Inc fue creada en el despacho panameño de Mossack Fonseca por las mismas empresas que constituyeron la sociedad de la Gürtel Golden Chain Properties. Esta empresa fue la beneficiaria de al menos 12,8 de los 25 millones que percibió presuntamente Francisco Correa por su intermediación en el pelotazo de Arganda del Rey.

Dos millones de euros

En este sentido, el comisario Villarejo aseguró en su declaración que un testigo del caso Gürtel advirtió a los agentes que la persona que se habría hecho "con la mayor parte del pastel" habría sido Ignacio González. En concreto, el confidente aseguró que el ático de Estepona de González era el pago en especie de un total de dos millones de euros.

La jueza Isabel Conejo Barranco ha acordado la declaración como testigos de los también comisarios Agapito Hermes de Dios y José Luis Gudiña, al mismo tiempo que reclama a la Cadena Ser que le remita el fichero de audio de la entrevista concedida a Radio Panamá del abogado Ramón Fonseca Mora, uno de los socios del bufete de abogados Mossack Fonseca, que está en el origen de los denominados papeles de Panamá.

Estos dos agentes fueron los que iniciaron la investigación en Estepona sobre la propiedad del ático, y según el comisario Villarejo fueron apartados de la misma por decisión del director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Sin embargo, la jueza no acepta las peticiones de los abogados de Ignacio González, que trataron de impedir que los informes remitidos por el comisario José Manuel Villarejo tuvieran validez en el juzgado.

'Informe Villarejo'

En este sentido, la magistrada acuerda mantener en el procedimiento el denominado informe Villarejoinforme Villarejo, que remitió el comisario sobre los indicios de presunta corrupción en los que se ha visto envuelto el expresidente de la Comunidad de Madrid. No obstante, Isabel Conejo Barranco rechaza incorporar otros dos escritos del agente por no estar relacionados con el caso.

En la providencia, Isabel Conejo Barranco acuerda librar un oficio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional para que le remita el expediente completo "que obre en sus archivos relativo a las indagaciones, gestiones o investigaciones relativas a Ignacio González y el ático objeto de esta instrucción, con remisión completa de todas las notas de trabajo y notas de gestiones que obren en el mismo".

Datos bancarios necesarios

La jueza tampoco hace caso a Ignacio González y a su mujer, Lourdes Cavero, que en uno de sus escritos trataron de limitar la investigación sobre su patrimonio y sobre los movimientos bancarios: "En los citados oficios se solicitan datos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y las personas responsables, siendo precisos para determinar la capacidad económica de los investigados y las circunstancias en que se produce el alquiler y posterior adquisición de los inmuebles objeto de la presente causa".  

No obstante, las resoluciones judiciales aparcan otras de las peticiones de la acusación, como por ejemplo la declaración como investigados de los presuntos testaferros Rudy Valner y Luis Osvaldo Repetto, "sin perjuicio de lo que pueda resultar del curso de la investigación"; y que se practique una averiguación patrimonial del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también está imputado en el procedimiento.