Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.

"Tenemos un acuerdo. Se aprueba la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos", anunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al término de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno comunitarios.

Pese a que el objetivo principal era sacar adelante ese préstamo utilizando el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados que van venciendo, como había privilegiado la Comisión Europea, los líderes finalmente se decantaron por recurrir a la emisión de deuda común ante los reparos fundamentalmente de Bélgica, donde se aloja la mayoría de esos activos, por valor de hasta 185.000 millones de euros.

En una rueda de prensa, el político portugués dijo que de forma urgente concederán "un préstamo respaldado por el presupuesto de la Unión Europea", la cual "se reserva el derecho de utilizar los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo".

En cualquier caso, los líderes encargaron a la Comisión Europea que siga trabajando en un "préstamo de reparación" para Kiev "basado en los activos inmovilizados rusos".

"Para mí, el préstamo de reparaciones no era una buena idea. (...) Me pidieron que, por favor, hiciera un esfuerzo para conseguirlo. Así que negocié el texto con la Comisión para que fuera posible. Cuando explicamos el texto, surgieron tantas preguntas que dije: 'Os lo dije'", explicó en una rueda de prensa el primer ministro belga, Bart De Wever, que venía alertando de los riesgos de basarse en los activos rusos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, precisó en una rueda de prensa tras la reunión que la UE concederá un préstamo a Kiev que procederá "del mercado de capitales".

"Cambiar la secuencia del proceso facilita todo", reconoció, después de no haberse mostrado proclive a la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario y haber sido el principal defensor de utilizar los activos rusos inmovilizados por las sanciones.

Merz explicó que, en cualquier caso, los activos rusos congelados permanecerán bloqueados hasta que Rusia haya pagado reparaciones a Ucrania por la invasión.

"Ucrania solo tendrá que devolver el préstamo después de que Rusia haya pagado las reparaciones. Y lo dejamos muy claro: si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, de conformidad con el Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo", agregó.

Merz, que habló de "cooperación reforzada" de 24 países para referirse al acuerdo de hoy, afirmó que podrán "recurrir a instrumentos europeos probados y contrastados y apoyar a Ucrania de inmediato, sin más demoras".

Indicó que la fórmula por la que optaron permite mantenerse al margen, como habían solicitado, a Hungría, Eslovaquia y la República Checa, que no verán afectadas sus obligaciones financieras en este préstamo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en una rueda de prensa que esta es la solución que se consideró "más realista y la más viable" para garantizar que Ucrania disponga, a partir de 2026, de los medios que necesita para financiar su esfuerzo.

"Hemos velado por introducir una preferencia europea sólida para nuestra industria de defensa y para la de Ucrania. Paralelamente, se invitó al Consejo a proseguir los trabajos técnicos sobre la opción de un préstamo de reparación que estaría financiado por los ingresos de tesorería procedentes de los activos soberanos rusos congelados", señaló.

Los 90.000 millones de euros que proporcionará la UE cubrirán casi dos tercios de los 136.000 millones que necesitará Ucrania en apoyo militar y financiero entre 2026 y 2027, según cálculos del Fondo Monetario Internacional. El resto deberían proporcionarlo otros socios internacionales.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca está ahondando las brechas abiertas entre los 27 Estados miembros por un nuevo contexto internacional que exige a la UE revaluar políticas y paradigmas instalados desde hace décadas. La invasión de Rusia contra Ucrania forzó la integración de Suecia y Finlandia, dos socios comunitarios tradicionalmente neutrales, a ingresar en la OTAN. La respuesta militar de Israel sobre Gaza, Cisjordania y Líbano provocó la ruptura de una posición común en apoyo de Tel Aviv y que países como España o Irlanda reconociesen el Estado Palestino.

El notable aumento de sus inversiones en defensa que han realizado los países de la Unión Europea desde 2022 para responder a la agresión de Moscú no es suficiente para la nueva Administración en Washington. Y la obtención de nuevos recursos empieza a dividir al tradicional bloque de países austeros, los socios de Alemania a la hora de exigir el cumplimiento del déficit y de rechazar integraciones fiscales o emisiones conjuntas de deuda.

Finlandia y Dinamarca, dos de esos países, ya abren la puerta a mayores fondos desde Bruselas hacia los países, financiados por algún tipo de deuda común o con el presupuesto general de la Unión. Esta postura era una anatema hasta hace pocos meses en un grupo del que forman parte también Países Bajos, Austria o Suecia y que ya tragaron con los Fondos de Recuperación de la pandemia, por la gravedad del momento y a cambio de programas concretos de reformas.

Abrió fuego la primera ministra de Dinamarca, una socialdemócrata. En su discurso de Año Nuevo, Mette Frederiksen pidió “repensar la economía europea” porque “necesitamos más empleos y eso requiere significativamente más inversiones, públicas y privadas”. Frederiksen reconoció que “las ayudas de Estado son necesarias”, una demanda no dirigida a sus propias inversiones públicas sino al marco regulador europeo, presionando a Bruselas para abrir la mano en la financiación de empresas y la permisividad con las capitales.

Por si fuera poco, Frederiksen explicaba que en Dinamarca, y la UE, no habían aplicado reformas adheridas a las presupuestos o decidido aumentar la edad de jubilación para sentarse callados y ver cómo otros continentes prosperaban. Una crítica implícita a los recortes y ajustes que Bruselas y ciertas capitales, también la suya, impusieron entre los 27, los cuales han situado a Europa a la zaga de Estados Unidos y Asia por una falta estructural de inversión.

El grupo de los países austeros impuso dogmas económicos durante la crisis del euro y los rescates de países del Sur en base a conceptos como el de la responsabilidad. Griegos, portugueses o españoles no habían sido responsables con sus presupuestos ni sus ciudadanos al manejar sus finanzas. Frederiksen se abre a derribar ciertos dogmas. “Siempre aplicaremos políticas económicas responsables, pero la responsabilidad no se limita a los resultados. El desarrollo debe ser socialmente justo... y debemos preguntarnos, ¿ganaremos o perderemos empleos? ¿Desarrollaremos nuestras propias industrias y tecnologías o seguiremos dependiendo de otros?

Pero no sólo en la bancada socialista escandinava se cuestiona la política de la austeridad presupuestaria. Un conservador del Partido Popular Europeo, el primer ministro finlandés Petteri Orpo, ha profundizado en la reflexión de Frederiksen. Orpo ya “no descarta la opción de usar fondos comunes europeos, incluida deuda, para aumentar las defensas, que el dinero se use donde se protege a Europa”.

El debate en Europa es relevante porque los 27 abrirán con la Comisión este año las primeras negociaciones sobre los próximos presupuestos de la UE, los correspondientes al 2028-2034 que le corresponderá diseñar al nuevo equipo de la presidenta Von der Leyen. Francia se está haciendo eco de la nueva mentalidad que surge en los dos países nórdicos con el objetivo de aprovecharla en el futuro debate comunitario. Su ministro de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, insiste que “las necesidades en defensa son tan grandes que no las podemos financiar sólos”, en referencia los países. La demanda de eurobonos volverá a estar sobre la mesa en Bruselas.

Andrius Kubilius, de los cristiano demócratas lituanos, también miembros del grupo de los austeros, es ahora comisario de Defensa y Espacio y trabaja en la idea de proponer un fondo común de hasta 500.000 millones de euros en créditos y transferencias a los países para que aumenten su gasto militar en la próxima década. En Bruselas se habla de un escudo antimisiles europeo financiado por la Unión, una iniciativa que de plasmarse entraría en el próximo marco presupuestario de la UE.

El actual gobierno de Estonia, dirigido por liberales de centro-derecha y con el conservadurismo fiscal como una de sus premisas, reconoció hace unos días que apoyaría la creación de ese fondo de inversiones militar, con el que no sólo financiar el escudo antimisiles sino también compras conjuntas de armamento a la industria europea para los ejércitos de los 27. Estonia se sumaría a las tesis galas sobre europeos específicos al respecto.

“Europa debe ser capaz de hacer más por sí misma. En esto estoy de acuerdo con los recientes presidentes de Estados Unidos, incluido Donald Trump”, concluyó Frederiksen en el cambio de año, dejando la puerta abierta a, como mínimo, usar las cuentas comunitarias para gasto en Defensa y aliviar así a las haciendas nacionales.

En Alemania, el presidente del Instituto IFO acaba de defender abiertamente la introducción en su país de recortes para financiar los gastos en Defensa. Para llegar al 2,5% de inversión militar respecto al PIB, Berlín debería, según Clemens Fuest, “limitar a un 1% anual” el crecimiento de las pensiones, limitar las llegadas de refugiados “restringiendo sus beneficios”, “reducir los subsidios federales planeados de 14.500 millones de euros en un tercio mediante reformas en la cobertura sanitaria” y, según este economista liberal,  “aumentar un unto el IVA, lo que podría generar unos ingresos adicionales estimados de 17.000 millones de euros”.

Los amigos de la austeridad y los recortes siguen vivos en Alemania o en Países Bajos pero el estancamiento económico les hace rebuscar ahora en las partidas de sus presupuestos y en las costuras de su Estado de Bienestar para obtener los fondos con los que financiar el creciente gasto militar. Y mientras, en Europa su grupo de aliados a favor de la austeridad, contrarios a la deuda común y una mayor integración fiscal se está resquebrajando por la nueva realidad geopolítica.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

“Una camisa de fuerza”. Así describe Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales que han gobernado las finanzas de la UE durante 23 años. Hasta que la pandemia forzó su suspensión. “No sirvieron para salir de la crisis anterior de forma adecuada y en esta no podemos permitirnos otra respuesta fallida”, advierte. Entonces, a la misma altura de la crisis en que Europa se encuentra ahora –dos años de caídas del PIB– “ya se estaban adoptando medidas de recorte y de austeridad”, recuerda Tamames, cuyo fin era volver cuanto antes al 3% de déficit público y el 60% de deuda que dictaban las normas aprobadas en 1997.

El resultado de ponerse esa camisa de fuerza es conocido: débil crecimiento económico, aumento de la desigualdad, ruptura de la cohesión social, polarización política… Una década después, el estallido del coronavirus ha impuesto un cambio radical en la forma de encarar la crisis subsiguiente: préstamos para que los gobiernos sufraguen sus planes de lucha contra el desempleo (SURE), los fondos de recuperación NextGeneration –140.000 millones para España–, las compras de emergencia de bonos que aún hace el BCE. Medidas excepcionales que están amortiguando el golpe asestado por el covid a la economía y la sociedad pero que, al mismo tiempo, han disparado de nuevo el déficit y la deuda de los Estados miembros. Por primera vez en la historia de la zona euro, la deuda pública de los países que lo integran ha superado el 100% de su PIB.

“Existe un consenso en Europa sobre que las reglas fiscales se pensaron en los años 90 teniendo en la cabeza un mundo económico que no es el de hoy y que, por tanto, hay que actualizarlas”, explica Jorge Tamames. La insatisfacción con esas normas es “general”, apunta Javier Ferri, investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Así que abrir la reforma va a ser fácil, añade. Entrar en los detalles, no tanto. Hasta el punto de que la negociación necesaria para ponerlas al día puede convertirse en un auténtico campo de batalla europeo. Sin ir más lejos, modificar el protocolo que establece los umbrales de déficit y deuda requiere la unanimidad del Consejo Europeo. La negociación debería comenzar este año, mientras dure la suspensión de las reglas fiscales, en principio hasta 2023. De momento, la reforma del Pacto de Estabilidad se encuentra en fase de consulta pública, por lo que son numerosas las propuestas que se están presentando para abordar una cuestión tan capital.

Ya antes de la pandemia había sido objeto de debate el cambio de las normas fiscales, que fueron reformadas en 2005, 2011 y 2013, y en 2016 adquirieron unas cláusulas de flexibilidad. Pero ahora atraviesan un momento crucial, apunta el investigador de Elcano. Si se recuperan en 2023 tal y como están, y vuelve la austeridad, peligrará la recuperación económica y, si dejan de aplicarse, “se socavará la autoridad de las instituciones europeas”.

En España, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el mismo Real Instituto Elcano han elaborado propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Todas ellas presentan elementos comunes. “Hay una constatación tácita de que a los umbrales del 3% de déficit público y 60% de deuda pública no se va a volver en ningún momento cercano”, concede Jorge Tamames. Cuestión distinta son cuáles deben ser los nuevos valores. Un documento elaborado por los economistas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) planteaba el pasado octubre elevar al 100% el umbral de deuda. “No hay cifras mágicas”, objeta el investigador de Elcano, “ni el 60% ni el 100% garantizan la sostenibilidad”.

Javier Ferri cree que la discusión sobre esos parámetros es importante, pero más aún lo es el “cambio de paradigma”. Y que lo deseable sería pasar “de reglas más cuantitativas a reglas más cualitativas”. “Se trata de que los agentes económicos sepan que los gobiernos se toman en serio los procesos de consolidación a medio y largo plazo”, sostiene, de forma que esos planes “hagan creíbles los objetivos [de déficit y deuda]”.

Javier Santacruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), cree que los tan denostados umbrales de déficit y deuda darán paso a objetivos de empleo, inflación, crecimiento económico, desigualdad o convergencia de niveles de renta. “Los que antes eran indicadores auxiliares serán ahora los indicadores clave”, resume.

Tanto el Banco de España como la AIReF como el Real Instituto Elcano coinciden en sus críticas a las reglas fiscales europeas: demasiado complejas, poco transparentes e incluso poco creíbles: los países corrigen sus déficits pero no las causas estructurales que los originan, mientras que la regla de la deuda nunca se ha utilizado, “quizás con razón”, precisa el documento del Real Instituto Elcano, elaborado por Enrique Feás, Carlos Martínez Mongay, Miguel Otero-Iglesias, Federico Steinberg y Jorge Tamames. Según los cálculos del Banco de España, la zona euro necesitaría mantener un superávit fiscal del 1,1% del PIB durante 20 años para reducir la ratio de deuda al 60% fijado en el Pacto de Estabilidad.

También repiten las soluciones. La principal es un instrumento fiscal central y permanente, que consolide e institucionalice el NextGeneration creado para combatir la crisis del covid. Su fin debería ser financiar inversiones públicas, “que es lo primero que se recorta cuando hay una crisis”, destaca Jorge Tamames. En concreto, las destinadas a la transición ecológica y digital. Además, añade la AIReF, serviría para estabilizar la economía de la UE “en el caso de un shock, especialmente cuando la política monetaria está restringida”, como es el caso actual, con los tipos de interés en negativo y la capacidad de maniobra del BCE al límite. Como se financiará con eurobonos, dice la Autoridad Independiente Fiscal, ese nuevo instrumento reforzará la disciplina fiscal si el acceso a la deuda europea se condiciona al cumplimiento de los planes fiscales nacionales. La AIReF habla también de un seguro de desempleo común y de “acuerdos ad hoc y temporales, financiados con deuda común” como ya se ha hecho con el SURE o con las líneas de liquidez del MEDE.

Las tres instituciones defienden igualmente la aplicación de una regla de gasto “sencilla y transparente”, la que limita el crecimiento del gasto público –excluidos la inversión o las prestaciones de desempleo, por ejemplo– a un cierto umbral calculado a partir del crecimiento potencial o de medio plazo de la economía. La regla dispondría de una cláusula de salvaguarda para países muy endeudados y su cumplimiento sería vigilado por las instituciones europeas y nacionales.

Apoyados en los antecedentes, Jorge Tamames confía más en la eficacia de la zanahoria que en la del palo a la hora de hacer cumplir las reglas fiscales a los gobiernos. “Las sanciones pecuniarias han demostrado ser ineficaces en el pasado y deben abandonarse como mecanismo de aplicación”, aconseja la AIReF. En su lugar, prefiere dar apoyo financiero a los países en situación precaria, pero condicionado a la puesta en marcha de reformas consensuadas, dice el investigador de Elcano.

El fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo en la vigilancia de las políticas fiscal y tributaria, diseñar senderos específicos de reducción de deuda para cada país y conceder mayor protagonismo a las autoridades fiscales independientes de cada Estado miembro son también parte de los esquemas dibujados por el Banco de España, la AIReF y Elcano para hacer más flexibles y eficaces las reglas fiscales de la UE. El Banco de España, además, subraya la necesidad de que vayan acompañadas de reformas estructurales y reclama que se complete la unión bancaria y se avance en la de mercado de capitales.

Pero, ¿caminan en la misma dirección el resto de los países europeos? Alemania ya no parece estar en la disposición de blandir el látigo de la austeridad como hizo en la anterior crisis. Aunque la política económica del socialdemócrata Olaf Scholz no debería desviarse demasiado de la ortodoxia merkeliana, los nuevos vientos –“la austeridad expansiva está absolutamente desacreditada”, recalca Jorge Tamames– que soplan desde Europa invitan a la convergencia, asegura Javier Ferri. “Las propuestas [de las instituciones españolas]”, sostiene, “son fáciles de comprar también por los centroeuropeos, en principio; el debate político ya es otra cosa”.

Jorge Tamames también recela de la negociación “política”. A algunos países como Francia y Alemania, avisa, les gustaría dar “un perfil bajo” al debate en Bruselas sobre la reforma de las reglas fiscales. Emmanuel Macron afronta unas elecciones presidenciales en abril y Scholz prefiere evitar las críticas de la derecha, aunque se ha mostrado a favor de cambiar el Pacto de Estabilidad. Así que el investigador de Elcano teme que el club de los frugales –además de Alemania, lo conforman Austria, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia— opte por alargar otro año la suspensión de las normas fiscales antes que “sentarse a negociar una reforma ambiciosa”. Tampoco Países Bajos parece liderar con tanto brío como antes la cruzada frugal contra los derrochadores del sur.

Por el contrario, Javier Santacruz cree que una discusión de semejante calado va a convertirse en un debate que durará “años”. Se abrirá ahora, dice, pero de momento seguirán aplicándose las reglas fiscales, pero con flexibilidad, “no lo que se hizo en 2010”. A su juicio, 2022 será “un año perdido” para la política europea, “de transición, en el que no se va a poder reformar nada”. Para empezar porque “no se va a hacer nada hasta abril, hasta la segunda vuelta de las elecciones francesas”. Y luego, dependiendo del resultado –“la diferencia puede ser muy grande si continúa Macron o no”, apunta– habrá que “recomponer el eje franco-alemán”. Tampoco está claro qué va a suceder en Italia si finalmente Mario Draghi opta por presentarse a las elecciones presidenciales. Su pronóstico, por tanto, es que se mantendrá el objetivo de déficit en el 3% al menos hasta 2025. “Habrá un cambio total del modelo, no sólo de los parámetros”, recalca, “pero llevará tiempo negociarlo”.

Barbara Baarsma es la consejera delegada de Rabo Carbon Bank y Roel Beetsma es el vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Amsterdam. Ambos han elaborado una propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad por encargo del Gobierno holandés. Su análisis pone el foco en la “vulnerabilidad” que para la Unión Europea suponen los elevados niveles de deuda y priorizan su reducción, fundamental para conseguir márgenes presupuestarios, un colchón que permita el crecimiento y apoye la convergencia entre los Estados miembros, pero también las necesarias inversiones en la transición ecológica.

Por eso no dejan de recordar que los países que salieron más endeudados de la crisis financiera son aquellos con los mayores aumentos de deuda tras el covid: 20 puntos porcentuales de media frente a 11-13 puntos de los países con deudas media y baja. No los citan, pero se trata de España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Grecia.

Y aquí sí que se abre una primera brecha con las propuestas españolas. De hecho, Jorge Tamames recomienda “no obsesionarse con la deuda”. “En la medida en que haya crecimiento económico y el déficit estructural se estabilice en índices bajos, la deuda en relación con el PIB decrece de forma natural”, explica. Javier Ferri admite que los “austeros se pasaron un punto” en su día. “Pero, entre el derroche y comportarse de forma frugal, me quedo con esto último”, matiza. España, lamenta, habría podido gastar más para hacer frente a la pandemia, si sus cuentas hubieran estado más saneadas. “Que a partir de ahora vaya a haber un punto menos de exigencia y de austeridad, no quiere decir que las reglas [fiscales] ya no valen y que el gasto público es libre”, zanja.

No obstante, los economistas holandeses coinciden con los españoles en buena parte de sus propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Quieren una regla de gasto más sencilla y “observable”, a diferencia de la actual, aseguran, que se basa en la brecha de PIB y es difícil de medir. También plantean sustituir –las instituciones españolas prefieren eliminarla– la regla que exige a los países más endeudados reducir en una veinteava parte cada año la diferencia de su deuda pública con el umbral del 60%. Baarsma y Beetsma plantean no tocar esta última cifra porque, a su juicio, proporciona “un ancla visible y resultaría políticamente difícil de cambiar”. Sí que consideran la regla del 1/20 “poco realista”.

Además, están de acuerdo con los españoles en reclamar más protagonismo para las autoridades fiscales independientes en la supervisión del cumplimiento de las reglas. Y en sustituir las sanciones por incentivos positivos, en forma de acceso a líneas de crédito o subvenciones, para compensar a los países que respeten las normas fiscales. Pero, he aquí la segunda brecha, ni de lejos piensan en un instrumento fiscal permanente financiado con eurobonos. Los holandeses ya fueron los más agresivos en su rechazo a mutualizar la deuda cuando en Bruselas se discutía el diseño de los fondos de recuperación contra el covid.

Para Javier Ferri, el “cambio de paradigma” debería pivotar sobre tres ejes: una reducción “a un ritmo más acompasado a la economía”, tanto de la deuda en relación con el PIB como de la exigencia de tener superávits estructurales en las fases de expansión; poner el foco en la composición del gasto público, para que contribuya al crecimiento, y que aquel sea compatible con los objetivos de la transición digital y ecológica.

Los temores de Javier Santacruz se centran en la negociación del procedimiento de déficit excesivo, el que se aplica a los países que superan el 3% y que puede terminar siendo “una batalla de todos contra todos”, así como en la del régimen sancionador a los incumplidores. “Veinte años de euro han dejado muchos muertos en el armario”, advierte, que pueden salir en un momento tan complejo como el que se avecina. El miedo de Jorge Tamames, en cambio, es que la reforma se quede corta: “La UE siempre ha sido tímida y conservadora”.

El volumen de deuda de las administraciones públicas de España sumó al cierre del primer trimestre del año 1,128 billones, una cifra equivalente al 100,4% del PIB y que representa un nuevo máximo histórico, tras aumentar en 21.767 millones respecto a los tres meses anteriores, según las cifras publicadas este jueves por Eurostat.

De este modo, España fue el cuarto país de la zona euro con mayor deuda zona euro con mayor deuda en términos absolutos, solo por detrás de Italia (2,26 billones), Francia (2,20 billones) y Alemania (2,11 billones), aunque en relación al PIB ocupó el sexto lugar entre los 19 miembros de la eurozona, donde Grecia (176,2%), Italia (134,7%) y Portugal (130,3%) eran los países más endeudados.

La deuda pública española prácticamente se ha triplicado desde el estallido de la crisis, incrementándose un 189% respecto a los 390.638 millones registrados al cierre del segundo trimestre de 2008, cuando equivalía al 35,3% del PIB.

En el conjunto de la zona euro, la deuda pública alcanzó en el primer trimestre del año un récord de 9,69 billones de euros, un incremento trimestral de 107.766 millones, hasta representar el 89,5% del PIB de la región, frente al 89,2% de los tres meses anteriores.

Por su parte, la deuda pública del conjunto de la UE se situó en el primer trimestre en 12,51 billones de euros, el 84,1% del PIB, un incremento de 117.220 millones respecto a los tres meses anteriores.

El próximo miércoles 1 de julio entrará en vigor el nuevo Código Penal, que viene a sustituir al texto que aprobado en 1995 y que ha sido objeto desde entonces de numerosas reformas parciales.

Estas son las principales novedades del nuevo Código:

1. Cadena perpetua revisable: La prisión permanente revisable se podrá alargar durante toda la vida del recluso, aunque, pasado un periodo de 25 a 35 años, se evaluará si su pronóstico de reinserción es favorable y puede quedar en libertad. Esta pena solo se impondrá en casos excepcionales como terrorismo, asesinatos en serie, de menores 16 años o cometidos por grupos organizados.

2. Delito de financiación ilegal de partidos políticos: Se castigará con cárcel a los españoles que acepten o entreguen donaciones superiores a los 500.000 euros, o de 100.000 euros si son extranjeros.

3.

Eleva la edad de consentimiento sexual a los 16: Para mejorar la protección a los menores, sobre todo en la lucha contra la prostitución infantil, la norma determina que realizar actos de carácter sexual con menores de 16 años se considera como un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.

4. El caso Olvido Hormigos:caso Olvido Hormigos Compartir vídeos íntimos sin permiso en la red será delito, aunque la grabación se hubiera realizado con el consentimiento de la víctima. Casos como el de la concejal Olvido Hormigos u otros en los que se difundan vídeos eróticos de una persona contra su voluntad tendrán una pena de cárcel de tres meses a un año.

5. Maltrato animal: Se agravará el abandono de animales, que llevará aparejado el pago de una multa de uno a seis meses, mientras que se tipifica por primera vez la explotación sexual de animales o el maltrato en peleas de gallos o perros.

6. Pornografía infantil: Aumentarán las penas para la prostitución de menores o incapaces, mientras que se castigará a quien contacte con un adolescente, menor de 16 años, a través de las nuevas tecnologías para intentar que facilite imágenes pornográficas. Además, se regulará el "hostigamiento" mediante llamadas telefónicas o seguimientos a una persona, que en muchas ocasiones no podía perseguirse como delito de amenazas o coacciones al no haber violencia.

7. Eliminar los antecedentes penales: Los condenados que hayan cumplido su pena podrán pedir que se eliminen sus antecedentes. Para ello tendrá que transcurrir, sin que vuelvan a delinquir, un plazo de seis meses para las penas leves; de dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes, tres para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco para las iguales o superiores a tres años; y diez para las graves.

8. Matrimonio forzado: Hasta tres años de cárcel le pueden caer a quien coaccione a otro a contraer matrimonio. Se trata de un castigo reclamado por la Unión Europea para evitar la trata de seres humanos y que está regulado en Francia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania o Noruega.

9. Piquetes en huelgas: Las penas de cárcel a quienes impidan o limiten el derecho de huelga se reducen a los dos años, por lo que una persona sin antecedentes no deberá obligatoriamente ingresar en prisión.

10. Robos y hurtos: El límite del hurto pasa de 400 a 500 euros y se aumenta la persecución de multirreincidentes, butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico.

11. Expulsión de europeos: Excepcionalmente, un ciudadano de la Unión Europea podrá ser expulsado de España si representa una amenaza grave para la seguridad pública. Hasta ahora esta medida solo se podía aplicar a los extranjeros que no pertenecieran a países comunitarios.

12. Supresión de faltas: Se elimina el libro dedicado a las faltas, que pasan a ser consideradas delitos leves o sanciones administrativas. A diferencia de muchos delitos, estos ilícitos de escasa gravedad se resuelven ágilmente en juicios de faltas y hasta ahora no han conllevado penas de prisión ni han dejado antecedentes penales, que impidan, por ejemplo, presentarse a una oposición.

13. Indultos: El Gobierno tendrá que enviar, cada seis meses, al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos. Para presentar los datos, un alto cargo del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la cámara alta.

14. Los condenados por terrorismo no podrán ser profesores: El texto incluye una inhabilitación especial para evitar que los expresos de ETA puedan ejercer como profesores.

15. Delimita la responsabilidad penal de las personas jurídicas: El Código Penal delimita la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ya recogía la reforma de 2010 y aclara los supuestos en los que incurriría en uno de los 31 delitos tipificados.

Varufakis hizo así alusión a los rumores sobre un posible plebiscito sobre la adhesión de Grecia a los tratados marco de la UE y la posible salida del euro que de ello podría derivar. Varufakis defendió su propuesta sobre la emisión de bonos vinculados al crecimiento. "Me gustaría que Europa comprendiera que se trata de una forma de devolver más dinero (a los acreedores), no menos", hizo saber.

En la misma entrevista, Varufakis declaró que el Estado griego tiene dinero para pagar "las pensiones y los salarios de los funcionarios" y rechazó que Grecia necesite un nuevo préstamo para pagar sus facturas. Además, también criticó al Banco Central Europeo por su medida "disciplinaria", en palabras del ministro de Economía, para impedir la emisión de deuda a corto plazo, y solicitó a la institución que compre deuda griega de manera inmediata, y no este verano como prometió inicialmente

“Reflexiones de un economista perplejo ante la opinión del abogado general”

El pasado 14 de enero, el Abogado General (AG) del Tribunal de Justicia, Pedro Cruz Villalón, emitió su Opinión sobre el programa OMT (Outright Monetary Transactions, transacciones monetarias ilimitadas) del Banco Central Europeo, en lo que será conocido como el asunto Gauweilerasunto Gauweiler. No suelo comentar aspectos tan técnicos, como lo son las Opiniones de los AGs del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en diarios de carácter general, incluso aunque sean de tanta calidad como infoLibre.

La razón es simple: la gente se echa para atrás cuando ve escrita la palabra “tribunal”. Sin duda, la responsabilidad de que la gente “no siga” este tipo de comentarios recae en los comentaristas, no en el público: los juristas somos a menudo demasiado aburridos. Por tanto, lo que pretendo hacer en este artículo es comentar esta fundamental Opinión intentando al mismo tiempo no aburrir demasiado a los lectores. Veamos si lo consigo.

Lo primero de todo, el who is who. Pedro Cruz Villalón es el AG “español” del Tribunal de Justicia. Fue Presidente del Tribunal Constitucional español entre 1998 y 2001. Y es, por encima de todo ello, uno de los mejores juristas con los que cuenta nuestro país en estos momentos. Serio, reflexivo, no deja absolutamente ningún cabo jurídico sin atar. Tampoco lo hace en esta Opinión, que está argumentada al detalle.

Lo segundo, las conclusiones fundamentales de la misma: el AG establece que el programa OMT del BCE es esencialmente correcto, aunque establece algún que otro matiz o condición, bajo mi punto de vista de secundaria importancia. Las Opiniones de los AGs no son vinculantes para nadie, ni para el Tribunal de Justicia, ni para los Tribunales nacionales, ni para los Estados Miembros, ni siquiera para los mercados, por supuesto. Pero sí que se toman muy en consideración por todos ellos, sobre todo por parte del primero de ellos, que es el que tiene que tomar la decisión final (esta vez sí, vinculante jurídicamente para todos los demás).

Vayamos, en tercer lugar, al fondo de la decisión, a su argumentación. Está claro que los tribunales son órganos que imparten justicia, y que lo hacen a través de una herramienta muy concreta, que es el derecho. Lo que quiero decir con esto es que los tribunales (o mejor dicho, sus miembros) no son expertos en otras materias; como, por ejemplo, en economía. Esto se ve de manera muy clara en esta Opinión. Las referencias que el AG hace a diversas cuestiones de economía monetaria son, a lo sumo, generales, sobre todo en la primera parte de la decisión.

El tribunal carece probablemente de una visión determinada (no digo ya buena o mala, sino determinada) sobre esta ardua materia que es la economía monetaria de la zona euro. Va dando bandazos a lo largo de toda la Opinión sobre aspectos fundamentales como, por ejemplo, la manera en la que un programa como el OMT podría influir en la formación de precios que el mercado asigna a la deuda soberana, a pesar de que hay innumerables publicaciones sobre esta complejísima cuestión (aquí va un ejemplo), y más allá de un par de citas a pie de página que realiza la Opinión (relativas, por cierto, a cuestiones de orden más general).

El primer punto que quiero plantear, por tanto, y que dejo abierto, no es que debamos rasgarnos las vestiduras porque este tribunal no sea un experto en economía monetaria. El punto es, más bien, si debemos confiar a órganos legos la adopción de decisiones tan sumamente técnicas como ésta. Es un problema. Y este problema trasluce de manera clara a lo largo de toda la Opinión. Quizá no deberíamos atribuir a los tribunales la adopción de este tipo de decisiones, y por tanto asumir que las mismas son, al final, de naturaleza política, o de “oportunidad”, como nos gusta decir a los juristas (con lo que en realidad deberíamos eliminar a los tribunales y sustituirlos por consejos ciudadanos, como alguna gente propone). Quizá sí que debemos seguir haciéndolo, y la idea sea precisamente que hay que “des-tecnificar” ciertos asuntos, para hacerlos menos complejos, más sencillos, y poder ver las cosas con más claridad.

Pongo varios ejemplos de lo que digo. Para el AG, todo el problema del programa OMT se reduce a los siguientes puntos: 1) que el BCE debería dar razones de manera sustancial si un día implementara el programa OMT; 2) que el BCE debería aplicar un test de “proporcionalidad” si aplicara (o cuando aplicara) el programa; 3) que si aplicara el programa, el BCE debería salirse de la troika, porque de alguna manera no podría ser al mismo tiempo juez y parte (pedirle a un Estado que haga reformas y al mismo tiempo ayudarle a través del programa, porque ello sería como hacer política económica y no monetaria); 4) que si el BCE implementara el programa, el “tiempo” de implementación debería permitir la formación de precios de la deuda soberana a través del mercado.

Sinceramente, no veo que nada de esto tenga que ver, al menos de manera directa, con la esencia del programa OMT. Sin mencionar, dicho sea de paso, que en realidad el Tribunal (en este caso, el AG) está revisando un acto que es un mero “anuncio” (realizado a través de una nota de prensa) de una posible política del BCE para combatir la crisis; política que, no lo olvidemos, no se ha implementado en la práctica. De acuerdo con el AG, si no revisara esta decisión, muchas decisiones del BCE quedarían fuera del escrutinio judicial. A contrario, se puede argumentar que, haciéndolo, el Tribunal podría incluso llegar a controlar la legalidad del café que se toma todas las mañanas (imagino que un machiato) el Presidente del BCE, Mario Draghi.

El punto fundamental que planteaba el programa OMT del BCE era doble: 1) la posibilidad de comprar bonos soberanos de manera ilimitada; 2) la posibilidad de hacerlo por un tiempo ilimitado. Este es, por cierto, el principal problema que le puso al programa el Tribunal de Karlsruhe, el Constitucional Alemán Karlsruhe. Pues bien, todo esto se hubiera solucionado diciendo que no a los dos puntos anteriores, y al mismo tiempo, instando al BCE a que estableciera un límite suficientemente alto como para asegurar el propósito del programa. A continuación, el BCE habría recogido el guante del tribunal, estableciendo por tanto un límite muy alto de volumen de compra (por ejemplo, el equivalente a toda la deuda soberana de los países periféricos de la zona euro) y estableciendo un límite temporal al programa (hasta que se llegue al objetivo del 2% de la inflación, por ejemplo). Por tanto, estableciendo límites, pero límites elevados, el AG se hubiera ahorrado muchas páginas y el resultado habría sido el mismo. No el mismo: mejor. Termino con esto.

He dicho antes que el AG carece de una teoría en materia de economía monetaria. Esto es probablemente legítimo, como ya he señalado, los tribunales saben de derecho, no de economía. Pero el AG carece también de una teoría de derecho. Y esto es ya más imperdonable. Bajo mi punto de vista, la única manera de entender que es el derecho en el marco de la economía financiera (también en otros, pero esa es otra cuestión) es concibiéndolo como una herramienta que proporciona credibilidad a las promesas (commitments) que el legislador, el constituyente, los órganos productores del derecho, etc., realizancommitments. La cuestión de la credibilidad a través del derecho es completamente fundamental para los mercados, sobre todo para los mercados financieros. Y si se saltan esa idea, entonces los tribunales lo embrollan todo, de tal manera que el derecho deja de ser creíble, es decir, parece una opinión más, que puede cambiar con el viento.

Es completamente evidente que el programa OMT tal y como se concibió originalmente por el BCE era completamente contrario al Tratado. Esto no quiere decir que sea malo: es positivo desde un punto de vista económico (no seré yo precisamente quien lo critique, antes al revés) pero desde un punto de vista jurídico es ilegal. El desafío aquí era cómo hacerlo legal. Diciendo –como dice el AG- que el BCE tiene que dar razones, aplicar un test de proporcionalidad, salirse de la troika y embargar sus compras de bonos en los mercados secundarios, no era –no es- la vía más creíble para dar una solución a este problema. Hubiera bastado con establecer límites al carácter ilimitado del programa, si bien suficientemente altos como para no ponerlo en cuestión. Con ello hubiéramos llegado al mismo resultado, sin romper, a su vez, con lo que establecen los Tratados de la UE en esta materia. Espero no haberles aburrido.

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Antonio Estella es catedrático Jean Monnet 'ad personam' de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado recientemente 'España y Europa. Hacia una nueva relación' (Tirant Ediciones, 2014).

La propuesta de creación de los eurobonos viene de muy atrás, y siempre ha seguido el mismo camino: tirada a la basura. Básicamente, pero no sólo, por el rechazo tajante de Alemania. El PSOE lo planteó ya en ocasiones anteriores –y lo incluyó en su programa electoral para las europeas de mayo de 2014– pero ahora ha vuelto a rescatar esa idea como una vía para ayudar a Grecia. Esa solución, no obstante, sería factible a medio plazo, pero en el corto considera que la situación angustiosa del país heleno requiere una relajación de los plazos y una rebaja de los tipos de interés para dar "oxígeno" a su economía. 

El secretario general, Pedro Sánchez, ya avanzó el jueves que su partido está "liderando" la alternativa económica de los socialistas europeos para echar una mano a Grecia, ahora que se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el euro por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 25 de enero. Y este viernes presentó en rueda de prensa en Ferraz, acompañado de su secretario de Economía, Manuel de la Rocha Vázquez, un decálogo de propuestas, Una agenda política europea para Grecia [consúltalo aquí en PDF], cuyo objetivo fundamental es procurar que Atenas "siga en el euro", de manera irreversible, pero "en otro euro", que no haya "separación" y sí más "unión política, económica y social", porque el pueblo griego "necesita del apoyo y solidaridad de todos los países de Europa". El documento se ha venido trabajando en las últimas semanas, Sánchez lo expondrá la semana que viene durante su viaje de carácter económico a Estados Unidos y el 28 de enero en Bruselas, ante sus compañeros del Partido de los Socialistas Europeos (PES). El 21 de febrero, además, el PSOE ejercerá de anfitrión en una cumbre con los líderes socialdemócratas europeos en la que se abordará esa alternativa económica necesaria para el Viejo Continente. 

El planteamiento mollar del texto del PSOE es la mutualización de la deuda pública, la creación de los eurobonos "de una vez por todas". Idea que ya deslizó Sánchez en la noche del jueves en su coloquio con el economista francés Thomas Piketty pero que en su comparecencia detalló. Los socialistas entienden que una vez cerrado el esquema institucional y de puesta en marcha de la unión bancaria, ha llegado el momento de acometer la creación de un fondo de amortización de deuda. En línea con lo aprobado por la Eurocámara, ese fondo emitiría eurobonos que serviría para "mutualizar la deuda pública de los países miembros que supere el 60% del PIB, límite establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento". Es decir, que toda la deuda nacional que exceda el 60% del PIB se transferiría a un fondo común europeo.

"Facilitaría una refinanciación a mucho más largo plazo"

"No sería únicamente de aplicación a Grecia –explicó De la Rocha–, aunque sería la que más se beneficiaría. No quiere decir en ningún caso una quita o una reestructuración de la deuda, sino una mutualización, que facilitaría una refinanciación a mucho más largo plazo". El PSOE se distancia así de propuestas como la de Syriza, el partido favorito en las encuestas, que sí defiende reestructurar esa inmensa deuda del país heleno, aspecto en el que coincide con Podemos o con IU en España. 

Para la dirección de Sánchez, el "objetivo fundamental" es la puesta en marcha de los eurobonos. El secretario general reconoció que es una propuesta "antigua" y que ha sido rechazada en numerosas ocasiones, pero lo que ha cambiado, y lo que explica su rescate, es el "escenario político y económico", ya que después de siete años de crisis, existe la "oportunidad cierta de afianzar la recuperación económica" y por eso hay que "intensificar los mecanismos" que propicien la unión económica, política y social de la UE. De la Rocha agregó que, ahora que se vuelve a hablar de la posibilidad de la salida de un Estado miembro del euro –Alemania lo ha dejado caer, como amenaza por la victoria de Syriza–, es necesario "dar el siguiente salto que haga irreversible" la moneda única, dando vida a un gobierno económico del euro y un tesoro europeo. 

El secretario general señaló que ha entablado conversaciones con distintos líderes europeos, y que es en el PES donde se debe fomentar ese "debate", pero apuntó que "todos" sus miembros "están en la línea de garantizar la mutualización de la deuda". Sin embargo, el SPD alemán no ha sido especialmente proclive a esta idea. El pasado 5 de enero, el vicecanciller y ministro de Economía, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, advirtió a Grecia de que la eurozona "no se deja chantajear". 

Que se garantice un 2% de inflación

Sin embargo, como la implantación de los eurobonos llevaría su tiempo, el PSOE entiende que en el corto plazo, Grecia “requiere de un apoyo específico que alivie la carga de la deuda pública y dé oxígeno a su economía”. Para ello, los socialistas entienden que es necesario “facilitar el alargamiento de plazos y rebajas del tipo de interés en el pago de su deuda pública”.

El PSOE plantea otras medidas como aprobar un “presupuesto propio para la zona euro, gestionado por un tesoro europeo”; avanzar hacia una unión política del euro; acelerar “al máximo” la puesta en marcha del plan Juncker, dando prioridad a los países con tasas de paro más altas; complementarlo con un plan de reindustrialización; presionar al BCE para que se logre el objetivo de un 2% de inflación (porque para economías altamente endeudadas “es mejor más inflación”); revisar el calendario y la senda de reducción del déficit público; impulsar un plan de políticas activas de empleo, y poner en marcha un plan de lucha europea contra la exclusión social. 

En lo que el PSOE no se quiere mojar es en manifestar su apoyo a alguno de los partidos griegos. Sánchez ni siquiera quiso decantarse cuando se le preguntó, directamente, si prefieren los socialistas una victoria de Syriza o de la derecha de Nueva Democracia: "Lo que decidan los griegos, no tengo que dar opinión de un país extranjero". Los gobernantes helenos, no obstante, sí deben afrontar la "modernización" del país, y a su vez recibir la "solidaridad" de las instituciones comunitarias. 

Podemos "fragmenta" a la izquierda

Durante la rueda de prensa volvió a aflorar Podemos. Tanto por la estrategia de combate duro que ayer reestrenó el secretario general como por la encuesta de MyWord para la SER, que sitúa a la formación de Pablo Iglesias como ganadora en las generales, y al PSOE como tercer partido. 

Sánchez señaló que si afirmó que Podemos está sirviendo "a los mismos intereses" que al PP, es porque contribuye a la "fragmentación del voto de la izquierda". Rechazó que rescatar la estrategia de ataque frontal contra los de Iglesias dé la impresión de debilidad electoral de los socialistas. De nuevo, el líder recalcó que hay una "pulsión de cambio" en la sociedad española, y esta quiere "el cambio con seguridad", de forma que el PSOE se halla "en las mejores condiciones" para ganar los comicios en las municipales, autonómicas y generales y convertirse en la "primera fuerza" del país. 

El secretario general insistió en que se está "dejando la piel" para que el PSOE remonte, "trabajando desde el minuto uno". No quiso hacer lecturas de hasta qué punto serán responsabilidad suya los resultados de mayo, ni especular qué pasará si las urnas dan una nueva bofetada al partido. "Esta ejecutiva, junto con todo el partido, se examina en todos los procesos electorales, en todos". 

Sistema fiscal progresivo, sí. Más justicia fiscal, también. Menos deducciones, sí. Pero un impuesto a las rentas de más de un millón de euros con un tipo impositivo del 80%, no. Pedro Sánchez no comparte una de las propuestas estrella de Thomas Piketty, el economista francés de moda y uno de los gurús de la izquierda en todo el mundo. 

Piketty se encuentra estos días en España presentando su libro El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica, 2014), un éxito de ventas que ha situado en el centro del debate la distribución y concentración de la riqueza, así como la necesidad de una política fiscal expansiva y progresiva. Este jueves mantuvo un coloquio con el secretario general del PSOE en la fundación del Diario MadridMadrid, en el centro de la capital. Y mañana confrontará su análisis económico con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en su programa Otra vuelta de tuerka. 

En la mesa redonda con Sánchez, titulada Capitalismo, crisis y desigualdad –y muy concurrida, por cierto, con más de 400 personas en la sala y otras tantas fuera–, el moderador, el presentador de televisión Javier Ruiz, preguntó repetidamente al secretario general del PSOE si apoyaba ese impuesto para las rentas más altas. "No", acabó respondiendo. "Un impuesto de patrimonio a nivel europeo que garantice la progresividad y la justicia social, por supuesto que sí", añadió, explicación que fue replicada por un aplauso de la sala.

Sánchez defendió que en España se necesita una reforma fiscal progresiva para que el sistema sea más eficiente y justo y se contraiga la diferencia "abismal" entre los tipos nominales y los efectivos. Las grandes corporaciones, por ejemplo, pagan un Impuesto de Sociedades "por debajo del 10%", recordó. Así que hacen falta "menos deducciones", un sistema "con las menos deducciones posibles" y más ingresos públicos.

"Ampliar el concepto de renta"

Recordó que en EEUU las grandes fortunas lideraron una campaña que giraba en torno a la supresión o no del Impuesto de Sucesiones, y los ricos defendieron su pervivencia. Aquí ese gravamen lo gestionan las comunidades autónomas, y lo que existe es "una competencia fiscal a la baja", de suerte que "mucha gente" prefiere fallecer en Madrid para pagar menos tasas. Sánchez reivindicó en ese punto la reforma fiscal que lleva proponiendo su partido desde la Conferencia Política de 2013, que consiste en "ampliar el concepto de renta", para que se grave tanto lo que se ingresa por nómina como la riqueza, lo que se tiene, además de la lucha contra el fraude y la economía sumergida. 

La contrapartida es lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, contrapuso: ha aprobado una reforma fiscal que incrementa la desigualdad entre los ciudadanos, transfiere renta hacia los más pudientes y "beneficia al 1% más rico". 

Piketty, por su parte, defendió la posibilidad de ese impuesto confiscatorio. Señaló que su libro estudia la historia de la desigualdad tributaria. Y ahí se demuestra que entre 1930 y 1980 en EEUU los que ingresaban más de un millón de dólares pagaban una tasa federal "de media del 82%". "Esto no ha destruido el capitalismo norteamericano. ¿Y por qué no lo destruye? Porque se planteaba para las grandes fortunas". El economista aconsejó tratar este asunto "sin que la ideología se interponga", como lo prueba que ese impuesto lo introdujo el presidente Roosevelt y se mantuvo medio siglo. "El crecimiento y la competitividad no necesitan de una desigualdad extrema", advirtió. El crecimiento en EEUU se explica por la inversión extraordinaria en innovación, en educación, en sus universidades, las más prestigiosas de todo el mundo. En suma: que el crecimiento necesita también la igualdad. 

"El PP se empeña en que crezca la desigualdad"

Sánchez volvió a condenar aquella apreciación del presidente del Gobierno de que "en muchos aspectos, la crisis es historia del pasado" y se preguntó (y preguntó a Piketty) qué se puede entender por "recuperación", cuando el empleo que está creándose es más precario y temporal, cuando se ha desmantelado el Estado del bienestar, cuando cada vez hay menos protección social. "El PP se está empeñando y mucho en que crezca la desigualdad", subrayó. 

El economista recogió el guante y coincidió en ese punto con el diagnóstico: la crisis es cosa del presente. "No hemos dejado atrás la recesión. Estamos en una crisis tremenda". Por la cantidad de actividad económica, por el tipo de trabajo... "No estamos logrando el éxito [...]. Hay que cambiar la estrategia macroeconómica, cambiar el rumbo de las políticas emprendidas en Europa. Es un error decir que se ha acabado la recesión, o decir que no se vote a quien se dice que no se debe votar", señaló, echándole un capote a Syriza.

Piketty insistió en que "siempre hay distintas opciones, distintos futuros", distintas alternativas, y es evidente, a su juicio, que el Viejo Continente eligió mal. "Francia y Alemania han sido egoístas" con la deuda pública en los últimos años, permitiendo que los países del sur pagaran muchos más intereses. En Europa, dijo, "se han tomado decisiones erróneas". "Nos hemos pasado con la austeridad, hemos asfixiado el crecimiento", sentenció. Su tesis es que Europa se ha obsesionado con reducir el déficit rápidamente, a matacaballo, sin darse cuenta de las consecuencias, y sin pensar que es imposible disminuir la deuda con un "crecimiento paupérrimo". Además, sentenció que no es una buena fórmula que existan "18 sistemas de deuda distintos", algo impensable en EEUU.

Claro que, para el experto galo, no basta con que las autoridades europeas, que "en parte son responsables de la crisis", se disculpen. "Hay que cambiar las reglas", apremió.

¿Falta de ideas o de voluntad política?

El líder socialista volvió a recordar los "cuatro golpes" que ha infligido Rajoy a los ciudadanos (reforma laboral, fiscal, de las pensiones y el desmantelamiento del Estado del bienestar) pero señaló que también hay que mirar, en efecto, a Bruselas. Pensar en lo que está ocurriendo en Grecia. Y aquí adelantó una de las propuestas que concretará mañana en una comparecencia monográfica: "¿Por qué no mutualizamos la deuda pública en Europa, sobre todo en la eurozona? Es ahí donde tenemos que mirar". El error reside en "nacionalizar problemas" que son europeos. Sánchez estaba proponiendo, pues, los eurobonos, idea que no obstante ya figuraba en el programa de las europeas de 2014. 

"El PSOE y el otro partido de la oposición, Podemos, pueden plantear propuestas para el cambio en los tratados [de la UE]. No es suficiente quejarse de Alemania", amonestó Piketty, en una referencia expresa al partido de Pablo Iglesias. "Lo importante es poner propuesta sobre el tapete. No se oyen propuestas –siguió– y no podemos esperar tanto. Quizás España y otras partes de Europa tendrán que hacer algo para cambiar este mal equilibrio". "No es falta de ideas, es falta de voluntad política", discrepó Sánchez. Una abulia achacable sobre todo a los Estados miembros, sobre todo Alemania. Para el secretario general, es "positivo" el plan de inversiones promovido por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, porque "pone la semilla para crear estímulos", pero es "insuficiente". 

El acto, que comenzó con 30 minutos de retraso, se cerró al cabo de algo más de una hora con preguntas de algunos de los asistentes. Entre ellos, el líder de UGT, Cándido Méndez; el diputado Diego López Garrido; el candidato a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, o el economista José Carlos Díez. La mayoría de las cuestiones, dirigidas a Piketty. Pero los aplausos se los llevó más Sánchez. Para algo el aforo estaba lleno de militantes y cuadros socialistas. Podemos no apareció apenas por escena, y eso que por la mañana, en la presentación de su libro en el Círculo de Bellas Artes de la capital había asegurado que nadie debía tener miedo a Syriza o a la formación de Pablo Iglesias, sino inspirarse y unirse a ellos para hallar la mejor solución para Europa.

Grecia celebrará elecciones anticipadas el 25 de enero. Su peso en el conjunto de la eurozona —menos del 2% del PIB— es pequeño, pero el resultado de la convocatoria electoral puede cuestionar las políticas de austeridad aplicadas en Europa desde el epicentro alemán. El previsible triunfo de Syriza que, entre otras acciones, defiende una reestructuración de la deuda del país (314.000 millones, 175% del PIB), cuestiona también los resultados económicos reales de los países que como en el caso de España han apostado todo a la carta de la austeridad. El FMI ha anunciado que paraliza la ayuda a Grecia hasta la formación de un nuevo Gobierno.

Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que, al menos a corto plazo, la onda electoral griega puede traducirse en inestabilidad en los mercados, aumentos en la prima de riesgo para los países del sur de Europa y salida de capitales. Son malas noticias para el Gobierno español, empeñado en maquillar antes de las elecciones de mayo los escasos resultados de las recetas de austeridad.

Lo dicen los números: según la Encuesta de Población Activa hay más parados que en 2011 (5.273.000 en IV trimestre de 2011 y 5.427.700 en III trimestre 2014); menos afiliados a la Seguridad Social (17.248.530 frente a 16.695.752); más deuda pública (70,50% del PIB en 2011 y 96,80% del PIB en 2014) y menos colchón para hacer frente al pago de pensiones (66.815 millones en 2011 y 49.598 en 2014).

Contra la austeridad

España no es Grecia, pero comparte con aquel país algunos hechos clave como el auge de formaciones políticas contrarias a las políticas de austeridad (Syriza, Podemos) y el declive de los partidos tradicionales que han gestionado la crisis que estalló en 2008. España no es Grecia, pero sus porcentajes de desempleo (25,5% Grecia, 24% España); paro juvenil (en torno al 50% en ambos casos) y riesgo de exclusión (35% Grecia, en torno al 30% España) son muy similares. En España como en Grecia, buena parte de los ciudadanos, a tenor de las encuestas, apuestan por un cambio político de calado.

En opinión del economista José Carlos Díez, el auge de Syriza en Grecia y el adelanto de las elecciones que pueden llevar al poder a la formación que encabeza Alexis Tsypras aboca "a un choque de trenes en Europa" con la deuda de por medio que tendrá su contagio en España. "Syriza", sostiene Díez, "tiene un programa similar al español Podemos, con quitas de deuda que asustan a los mercados". Ese miedo, explica el economista, se reflejará en la prima de riesgo de España (el lunes subió un poco, a 114 puntos) y, de paso, pondrá en evidencia el discurso oficial que atribuye la mejora de la prima riesgo a la buena gestión del Gobierno y no a factores externos.

"Un experimento como el de Syriza", sostiene Díez, "si consigue gobernar, tendrá consecuencias". En España, sostiene este experto, ya las ha habido. Desde junio, asegura Díez, se han registrado por primera vez en España tres meses seguidos (julio, agosto y septiembre) con salidas de capitales (6.000 millones de euros en 10 meses).

Miedo inversor

El miedo inversor que detecta Díez también en España no existe para el Gobierno que encabeza Mariano Rajoy, centrado en el discurso de que la crisis ya ha pasado a la historia. En cuatro años de políticas de austeridad, Grecia ha aumentado el déficit público (10,9% en 2010 y 12,2% en 2014), la deuda (146% en 2010 y 175% en 2014) y ha perdido un 20% del PIB, algo desconocido en un país en tiempos de paz.

En España, la versión oficial, pese a los números, dice que el país está en una situaciòn muy distinta a la griega, con una economía convertida en locomotora de los países del euro (la previsión de crecimiento oficial es del 2% en 2015), creando empleo con tasas de crecimiento de en torno al 1,5% y atrayendo inversión exterior.

"Ese discurso no es real" asegura el presidente de Economistas Frente a la Crisis, Jorge Fabra. "España se ha convertido en un caso único en la crisis al registrar un retroceso del 6% del PIB desde su inicio, con una destrucción de empleo del 16%, lo que da como resultado una economía enferma, que gana productividad cuando se contrae y la pierde cuando crece".

Mejora maquillada

Esa realidad "maquillada" y basada en "políticas de austeridad finiquitadas" es lo que cuestiona Syriza, según señala Fabra, que define a la formación como "un partido serio, aconsejado por un excelente plantel de economistas de prestigiosas universidades, que contiene en su seno a la socialdemocracia griega y que cuestiona la política aplicada en el Sur desde Alemania". Esa política se resume, según Fabra en "altas primas de riesgo en el Sur de Europa, con bajos tipos y transferencias de recursos hacia el norte", algo "indignante".

El adelanto de las elecciones en Grecia tuvo un impacto fuerte e inmediato en la Bolsa de Atenas (cerró con una caída del 3,9% pero llegó a bajar hasta el 11% en el índice general) y en los tipos de la deuda (el bono a tres años superó el 11%). Pero fuera de Grecia, los mercados reaccionaron con una relativa calma. El bono alemán, eso sí, marcó un nuevo mínimo en la rentabilidad, con tipos del 0,563%, en línea con el comportamiento de los últimos meses.

"Grecia ya no asusta", asegura el estadístico Juan Ignacio Crespo. "Es una especie de dolor antiguo y ya no representa la misma amenaza que en el año 2009; los bancos alemanes y franceses han provisionado ya los riesgos y es más el ruido que las nueces". Pese a todo, Crespo no descarta alguna sorpresa en el comportamiento de los mercados.

Necesidades financieras

Grecia está en un momento muy delicado. En 2015 tiene unas necesidades de financiación de 17.000 millones de euros y se encuentra en medio de las negociaciones para cerrar el anterior rescate y recibir el último tramo de financiación de unos 7.000 millones de euros. Si no hay ajuste, la troika (FMI, BCE y Bruselas) puede cerrar el grifo. El FMI ya ha dado un paso.

"En cualquier caso, el adelanto electoral en Grecia despeja una incógnita", sostiene el economista Carmelo Tajadura. "Para España puede ser hasta positivo porque permitirá saber qué efecto tiene el Gobierno de Syriza antes de votar (en elecciones autonómicas y generales)". En opinión de Tajadura, "el Gobierno de Syriza puede notarse algo (en los mercados) pero ya estaba descontado".

Angela Merkel se reunirá en Santiago de Compostela con Mariano Rajoy apenas unos días después de que hayan saltado de nuevo las sensibles alarmas de la frágil economía europea. El frenazo alemán, el estancamiento francés y la recesión italiana son un jarro de agua fría para las proclamas de recuperación lanzadas por el Gobierno español. Pero también pueden convertirse en un argumento para cambiar la dirección de la política económica alemana y, también, la europea. La cohabitación con los socialdemócratas del SPD ya ha conseguido un cambio de tono en Merkel, con la aprobación de un salario mínimo y la jubilación anticipada o el saneamiento de las cajas de los Länder.

Al menos es lo que piensa Javier Santacruz Cano, economista del think tank liberal Civismo. “Es el momento propicio para concretar propuestas”, asegura. Aunque Jorge Fabra, de Economistas frente a la Crisis, duda de que Rajoy, “que ha sido el abanderado de las políticas de austeridad y devaluación salarial que han disparado la desigualdad en Alemania y en España” vaya a poner sobre la mesa medidas radicales: “Hay tantas cosas que Rajoy debería haber planteado y no lo ha hecho… empezando por la simpleza de que reducir el gasto público reduce el déficit”. La base de toda la política económica europea durante la crisis.

En cualquier caso, los economistas consultados por infoLibre coinciden en que algunos temas no deberían faltar en Santiago de Compostela, sin dejar de analizar si las medidas puestas en marcha hasta ahora han sido eficaces, teniendo en cuenta los malos datos de tres de las cuatro principales economías europeas. “Corremos el riesgo de caer en otra crisis en V después de atravesar una crisis en W”, advierte Jorge Fabra, “existe el riesgo de que se estabilice la anemia que padece la economía de la UE, de que no salgamos de la crisis ni siquiera en las variables macroeconómicas”.

Así pues, es el momento de acelerar los plazos de la unión bancaria, destaca, para acabar con las dudas sobre la solvencia de las entidades financieras. “Tenemos un sector bancario claramente atrofiado y un crédito que no fluye pese a las inyecciones monetarias del Banco Central Europeo (BCE)”, apunta el economista Alejandro Inurrieta. Jorge Fabra defiende la “mutualización de riesgos financieros” a través de los eurobonos. Santacruz Cano cree que la rotunda negativa alemana a la emisión de deuda pública europea debería atenuarse gracias a la “brutal” bajada de la prima de riesgo, ahora que resulta “más fácil homogeneizar tipos de interés y emitir un único bono”.

También defiende Javier Santacruz que puede ser el momento de que Alemania permita al BCE relajar una política monetaria que se ha demostrado incapaz, precisa Alejandro Inurrieta, de activar el crédito. Tanto Fabra como Inurrieta son partidarios de las políticas expansivas. “El BCE está incumpliendo los objetivos que le marcan sus propios estatutos”, destaca el primero, “porque su misión es garantizar la estabilidad de los precios, que está en el 2% de inflación”. Y en la eurozona se quedó el pasado mes en sólo el 0,4%, con un -0,3% en España. “No hay crecimiento sin inflación”, resume el presidente de Economistas frente a la Crisis. Una sentencia que haría temblar a todo el Gobierno de Angela Merkel.

Quita ordenada

Inurrieta no duda de la necesidad de una quita de la deuda europea, de “una reestructuración ordenada para liberar recursos que permitan crecer a la Unión Europea”. Y no es el único. La deuda pública española ha alcanzado ya el billón de euros y amenaza con superar el 100% del PIB al terminar del año. Muchas son las voces que advierten de que es impagable. Incluso en Alemania. Lo ha reiterado el presidente del Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo), Werner Sinn, un conocido antagonista de las políticas merkelianas. A su juicio, debería negociarse una quita parcial para España, Grecia y Portugal. “La rebaja de precios y costes para ganar en competitividad no está consiguiendo resultados, y el peligro de deflación podría frenar los pocos avances logrados con los ajustes“, advirtió en una reciente entrevista a la agencia Bloomberg.

Sin embargo, Jorge Fabra alerta ante las “crisis de reputación” que pueden provocar una quita, y prefiere, por tanto, mutualizar los riesgos financieros. “Si los tipos de interés son bajos, una deuda elevada tiene menos importancia”, replica.

Inversiones, industrialización, formación profesional

Sobre la mesa de Merkel y Rajoy, Javier Santacruz pondría también una vieja medida relegada de la agenda europea desde 2012: un macroplan de inversiones a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI)Banco Europeo de Inversiones (BEI). “La propuesta partió de Alemania y Alemania tiene la última palabra sobre ella”, resalta. El BEI ya concedió fondos a Grecia –10.000 millones de euros– y Portugal –5.000 millones–, indica Santacruz, quien cree que ahora debería utilizar sus recursos para bonificar contratos de jóvenes o reciclar parados de larga duración en España.

Para Alejandro Inurrieta, la agenda debería incluir planes de reindustrialización de los tres países del sur más golpeados por la crisis. Además de una “política de recualificación profesional europea”, para devolver al mercado de trabajo a los millones de despedidos de los sectores que han quedado desmantelados durante la crisis. Sin olvidar que los salarios deben subir, “empezando por la propia Alemania”, para incentivar su demanda interna y que ésta tire de las economías del resto de Europa.

Por su parte, Jorge Fabra se adhiere al Plan Marshall de inversiones públicas que reclaman los sindicatos europeos: 2,5 billones de euros para los próximos 10 años con los que aseguran que podrían crearse hasta 11 millones de empleos. Es decir, la vuelta al calcetín de las políticas de austeridad que hasta ahora han dominado la escena europea de la crisis. “Las políticas de austeridad destruyen empresas, y por tanto, destruyen empleo”, dice Jorge Fabra, que defiende las políticas de demanda –“es la demanda, no las empresas, la que crea puestos de trabajo”–, en las antípodas de la economía merkeliana.

De ahí que tanto Fabra como Inurrieta insten a Rajoy a alejarse de la “influencia alemana” que, a su juicio, alienta un crecimiento de “mala calidad en el que se reparte el mismo trabajo entre más personas y se bajan los salarios”. Y a reclamar un aumento de los presupuestos de la Unión Europea que permiten una política agraria o industrial más sólidas y cohesionantes que las actuales.

Finalmente, Rajoy debería reclamarle a Merkel información, recomienda Javier Santacruz. “Que España vaya a subir sus previsiones de crecimiento a final de año como ha anunciado puede ser suicida a tenor de las últimas cifras del PIB alemán”, destaca. Así que Alemania, “como principal socio exportador de España”, debe advertirle de cómo prevé que va a evolucionar su economía en los próximos meses.

Cumbre sin ministros

De la agenda real sólo se sabe que Rajoy intentará conseguir de Merkel alguna certeza sobre el futuro en Bruselas de su ministro de Economía, Luis de Guindos, y del eurodiputado Miguel Arias Cañete, además de que tratarán los temas que quedaron pendientes en el último Consejo Europeo. Fuentes de la Moncloa dan por sentado que hablarán de la situación económica, del conflicto de Ucrania –la canciller viene de Kiev– y del veto ruso a las exportaciones europeas. Pero precisan que no se trata de una cumbre al uso, ya que Merkel y Rajoy van a reunirse sin ninguno de sus ministros, acompañados únicamente de "miembros de sus gabinetes". Mientras, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha preparado un “decálogo de medidas” destinado a imprimir “un giro” en la política económica europea y que este sábado presentará en rueda de prensa en Santiago de Compostela.