El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han denunciado el discurso "supremacista" y "xenófobo" de algunos partidos políticos y han advertido de que "la mujer no es una máquina de reproducción" y de que es "un escándalo" vincular el aborto a las pensiones.

Así lo han señalado ambos líderes en un encuentro con los medios previo al arranque de la gran asamblea de delegados sindicales de las dos organizaciones que está teniendo lugar este viernes en la Caja Mágica de Madrid, que ha congregado a más de 10.000 sindicalistas bajo el lema Más hechos, menos palabras, ¡ya!.

Para Álvarez, hay que acabar con esta "desvergüenza" y volver a instaurar los derechos porque "es fundamental". "Las mujeres deben tener hijos siempre que quieran y no como consecuencia de las necesidades que puedan venir en relación con la mayor o menor cantidad de mano de obra que necesita nuestro país", ha apuntado.

Además, Álvarez ha dejado claro que "no hay falta de niños", porque "el mundo tienes niños suficientes". Asimismo, los sindicatos han afirmado que no creen en la supremacía de la raza. Sordo, por su parte, ha apuntado que "no quiere contribuir a fortalecer una agenda social con los escándalos y las barbaridades que se están escuchando en materia de género".

"Se están haciendo auténticos dislates mentales", ha resaltado Sordo, que también ha dejado claro que ambas organizaciones sindicales quieren situar el debate de la igualdad y de los derechos de la clase trabajadora como un elemento central, "sin alimentar las confrontaciones que están buscando algunos".

Las declaraciones de Sordo y Álvarez se producen un día después de que el presidente del PP, Pablo Casado, defendiera la derogación de la ley del aborto y vinculara la misma con el déficit de la Seguridad Social en el pago de las pensiones.

El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, ha pedido al Gobierno soluciones de forma inmediata porque "por mucho que sean recién llegados, los problemas no lo son" y se van acumulando, informa Europa Press.

Durante la intervención de clausura del acto del 130 aniversario de la UGT este domingo, ha aprovechado para exigirles, haciendo mucha hincapié en el verbo, que todas aquellas personas que continúan en fosas comunes sin identificar sean entregadas a sus familias y ha asegurado que van a seguir luchando "hasta que ellos puedan descansar en paz" y se pueda cerrar la herida.

Además, ha exigido que sean anulados todos los juicios que llevaron a prisión y a la muerte a personas por luchar por la libertad de los trabajadores, ya que considera que "es una obligación histórica que hay que cumplir".

Ha añadido que dicha herida "tiene un valle" que hay que cerrar también, refiriéndose al Valle de los Caídos, y ha argumentado que el dictador debe descansar donde quieran sus familias y no a cargo de los impuestos de los ciudadanos.

También ha hecho referencia a la cuestión migratoria, ha declarado que "es igual el color de piel, la religión que practiquen o donde hayan nacido, tienen que ser tratados como seres humanos" y es en esta línea donde ha dicho que hay que trabajar.

Álvarez ha explicado que la izquierda necesita generar una política alternativa a la derecha que permita de manera clara una opción "de derechos, de reparto de la riqueza y libertad que haga visualizar un mundo mejor y diferente".

En declaraciones anteriores al acto, el líder del sindicato aseguró que la lucha por la igualdad y el feminismo serán algunos de los valores y elementos clave que formarán parte del nuevo manifiesto actualizado de la UGT: "El manifiesto declara la UGT como un sindicato feminista. Creo que es el gran momento de la mujer".

Álvarez argumentó que "es el gran momento para que el siglo XXI acabe con la desigualdad, con la brecha social, con el acoso y con el maltrato, y que finamente se pueda conseguir una sociedad de mujeres y hombres iguales".

Aclaró que el manifiesto pone también encima de la mesa no solo la necesidad de avanzar desde la perspectiva legal sino también desde la perspectiva real: "las mujeres y los hombres de este país tienen que ser libres para decidir su futuro, para decidir con quien viven, de qué manera viven y eso lo tenemos que hacer desde el punto de vista del trabajo".

Según Álvarez, hoy en día "es fuente de discriminación en muchas empresas no solo el ser mujer y el ser madre, sino el ser homosexual, el ser lesbiana y ser transexual", motivo por el cual ha insistido en que serán estos los valores que guiarán la acción del sindicato en los próximos años.

Una jornada llena de actos

UGT celebró este domingo 130 años de historia desde su fundación con un acto conmemorativo en Barcelona con el que dio paso a un ciclo de actividades que se prolongará hasta septiembre de 2019 y que incluirá exposiciones itinerantes, ciclos de conferencias, debates, cursos, teatro, cine o música.

UGT, confederación sindical constituida en 1888, cuenta con 931.558 afiliados y las elecciones sindicales le otorgan una representación de más del 32,6% de los trabajadores en España. Además, negocia más de 4.500 convenios de los que se benefician cerca de 11 millones de trabajadores, estén o no afiliados al sindicato, y desarrolla su acción sindical a través de la negociación colectiva en aproximadamente 1,1 millones de empresas.

El acto tuvo lugar en Barcelona, lugar donde nació, y comenzó a las 09:30 horas con una concentración en la actual sede del sindicato, situada en la Rambla de Santa Mónica, tras la que se inició una marcha hasta la Calle Tallers, número 29, lugar en el Pablo Iglesias y otros 27 sindicalistas fundaron UGT.

Una vez allí, el secretario de Organización de UGT, Rafael Espartero, dijo unas palabras y los participantes realizaron una ofrenda floral. Posteriormente, a las 11:30 horas, se desarrolló el acto central de la celebración, que se dividió en dos partes: el acto inaugural de las actividades conmemorativas del 130 aniversario de UGT y la inauguración de la exposición histórica 130 años de luchas y conquistas, dirigido por la secretaria de Política Social de UGT-Catalunya, Enriqueta Durán.

Prioridad: la libertad de los consellers

El secretario general de UGT se posicionó también en defensa de la puesta en libertad de los políticos catalanes. "Mi prioridad es que los consellers puedan salir y preparar desde su casa la defensa", señaló en una entrevista a Catalunya Radio. En Madrid, ha continuado Álvarez, "tienen que saber que a Cataluña no se le puede imponer todo, se la tiene que escuchar".

La posición del responsable de UGT ya generó polémica el pasado abril cuando, junto a altos cargos de CCOO, participó en una manifestación por los presos celebrada en Barcelona, dando al evento un carácter transversal del que presumieron los líderes independentistas.

El Gobierno renuncia a la derogación de la reforma laboral que prometió y dedicará lo que queda de legislatura a cambiar una decena de puntos de las leyes que regulan el mercado de trabajo, previo acuerdo con los sindicatos y la patronal. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tras reunirse este miércoles tanto ella como el presidente, Pedro Sánchez, con los líderes de la CEOE, Juan Rosell; CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, en La Moncloa. “Somos conscientes del terreno que pisamos y del peso parlamentario que tenemos”, justificó Valerio lo que negó que fuera “un cambio de criterio”. De ahí que el Ejecutivo haya optado, según explicó, por plantear “con tiempo” la redacción de un “nuevo Estatuto de los Trabajadores de manera consensuada, y no unilateral como hizo el PP en 2012 con su reforma”. La ministra aplazó a “después de 2020” esa nueva ley laboral, previa creación de un grupo de expertos que la preparen.

También el secretario general de CCOO, Unai Sordo, admitió los límites que la “situación política y las mayorías parlamentarias” imponen a la actuación del Gobierno, pero al mismo tiempo le reprochó que, durante la reunión, no se hubiera “comprometido con qué pretende hacer con los puntos centrales de la reforma laboral” e incluso utilizó un símil futbolístico para asegurar que había estado “reservón” al respecto.

Los aspectos que la ministra pretende plantear a los sindicatos y la patronal para después cambiarlos se refieren al sistema de formación para el empleo, cuya reforma en 2015 ha soliviantado los ánimos de los agentes sociales, y a la adopción de medidas contra el abuso de la temporalidad en el empleo, así como al fraude en la contratación a tiempo parcial y los falsos autónomos. También les propondrá cambios en la subcontratación y el contrato de relevo –que permite sustituir a un trabajador con jubilación parcial por uno joven– y en la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos con la que acabó la reforma de 2012–. Igualmente quiere Valerio pagar un complemento y ofrecer recualificación profesional a los trabajadores sometidos a regulaciones temporales de empleo. Reforzar la Inspección de Trabajo, impulsar la prevención de los riesgos laborales, luchar contra el fraude a la Seguridad Social, sacar adelante una ley sobre igualdad salarial y reformar las mutuas completan el catálogo del Gobierno para los dos próximos años.

Sordo incluyó en el menú también el cambio en la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la modificación de las condiciones laborales y los requisitos para el despido procedente. Además, destacó los perjuicios que, a su juicio, ha infligido la reforma laboral. “No es verdad que haya creado empleo y sí que es la culpable de la devaluación salarial”, replicó, “y ahora necesitamos mejores salarios y empleos”. El dirigente de CCOO también rechazó que se revoque la reforma de 2012 “para volver al marco laboral de 2009, que produjo un 33% de empleo temporal”. Por el contrario, pidió una “derogación [de la reforma laboral] por elevación”, que definió como una “modernización del sistema laboral” cuyo primer objetivo sea la lucha contra la precariedad.

Unai Sordo indicó que los sindicatos le han pedido al Gobierno modificaciones en “aspectos centrales de la reforma laboral” y le instó a buscar “desde ya” mayorías parlamentarias para aprobarlas. “También con el consenso de la patronal”, añadió, “pero si no se consigue, habrá que ver cómo se atacan estas medidas”.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, insistió en la necesidad de derogar no sólo la reforma del PP sino también la que hizo el PSOE en 2010. “No veo ningún elemento positivo que hayan aportado las reformas laborales al desarrollo económico y social de este país”, subrayó.

En cambio, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, desechó la derogación de la reforma laboral como un “mensaje ideológico” y se mostró a favor de una “evolución”, de “adecuarse a los cambios”. “Ahora estamos a la expectativa”, apuntó, en referencia a las patronales, “pero la derogación no está encima de la mesa, sino que estamos a ver cómo podemos mejorarla”. “Los términos en la vida política son unos y en la vida real son otros”, resumió sobre las declaraciones del PSOE que prometían la revocación de la reforma de 2012.

El acuerdo salarial no es inminente

Sindicatos y patronal aprovecharon la rueda de prensa posterior a la cita en La Moncloa para confirmar los avances en las negociaciones del acuerdo que debe proporcionar el marco de las subidas salariales en los próximos años, pero al tiempo intentaron enfriar las expectativas sobre un pacto rápido. “No es inminente porque persisten diferencias de contenido y por los procedimientos de toma de decisiones y consulta con las bases que tenemos los sindicatos”, subrayó Unai Sordo.

En cualquier caso, el responsable de CCOO resaltó que los avances en la negociación se habían producido gracias a que la patronal había pasado de pedir una subida salarial de “hasta el 2%” por otra del 2% y a que ésta ha mostrado su disposición a hablar sobre el mínimo salarial de 1.000 euros en los convenios, “lo que ya es sustancial”. Pepe Álvarez apuntó, además, que las movilizaciones convocadas para presionar en la negociación se encuentran sólo “suspendidas” y no anuladas. También negó que el cambio de gobierno haya tenido influencia alguna en el desbloqueo de las conversaciones con la patronal, que se hallaban en un peligroso punto muerto hace sólo un mes y el año pasado terminaron sin acuerdo.

Impuestos para pagar pensiones

Magdalena Valerio se congratuló del buen ánimo que, dijo, ha encontrado en las conversaciones salariales. Sobre todo, aplaudió el mínimo salarial de 1.000 euros en los convenios, que redundará en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y en un “aumento de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social”. Igualmente fue ése el eje en el que centró la ministra su política sobre las pensiones públicas. Para solucionar los problemas de tesorería del sistema, avanzó, el Gobierno recurrirá a los impuestos, ya sean a la banca y a las transacciones financieras, como prometió el PSOE en su programa electoral, ya sean a las grandes compañías tecnológicas, como pretendía el Ejecutivo del PP.

Los sindicatos también en este punto le pidieron a Valerio y Sánchez que fueran más allá y, previo acuerdo en el Pacto de Toledo, tomen “medidas estructurales que sean el preludio para derogar la reforma de 2013”.

Precisamente, una de las soluciones en estudio para paliar el déficit de la Seguridad Social es eliminar las reducciones de cuotas concedidas a las empresas a cambio de contratar indefinidos o tarifas planas. Magdalena Valerio anunció que primero encargará un estudio sobre la “utilidad” de estos incentivos a la contratación, aunque ella misma recordó que los informes elaborados hasta la fecha coinciden en que no son muy eficaces.

Cuando Pepe Álvarez le disputaba a Miguel Ángel Cilleros la Secretaría General de UGT, las declaraciones del primero, máximo responsable del sindicato en Cataluña durante 26 años, a favor del derecho a decidir agriaron una sucesión, la de Cándido Méndez, que se presumía pacífica. Una cuestión política amenazaba con eclipsar el debate fundamental sobre el declive de credibilidad y afiliación sufrido por los sindicatos durante la crisis. Los contrincantes de Álvarez le reprochaban su cercanía a miembros de CiU y ERC, y que estuviera “jugando con la cohesión social del país”. “Si alguien cree que el problema de Cataluña, o de otras comunidades autónomas, se resuelve con medidas de fuerza, conmigo que no cuente”, respondió entonces el dirigente ugetista. Tras la victoria, Álvarez aseguró que su elección demostraba que en su sindicato “la catalanofobia no funciona”.

Año y medio después, UGT la lidera un catalán –aunque nacido en Asturias– y CCOO, Unai Sordo, quien sólo por ser vasco tampoco ha podido sustraerse del debate territorial y que se ha declarado abiertamente federalista en su blog.

Obviamente, los sindicatos no han podido eludir la discusión que empaña la contienda política alrededor de Cataluña. Mientras que los minoritarios CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y la Intersindical-Confederación Sindical Catalana (CSC) han registrado ya preavisos para convocar una huelga general, UGT y CCOO han preferido mantenerse al margen. “El sindicato no se va sumar a procesos de movilizaciones, ni de toma de plazas, no se ha tomado decisiones orgánicas”, avanzó Unai Sordo el día en que la Guardia Civil detuvo a 14 personas, la mayoría de ellos altos cargos de la Generalitat. CCOO, añadió, no va hacer llamamientos sobre el referéndum del 1-O porque no quiere “tutelar” a sus afiliados. “UGT Cataluña se parece a la sociedad catalana, conviven personas con diferentes ideas”, resaltó por su parte Pepe Álvarez, “no queremos herir la sensibilidad de ningún afiliado”. De ahí que el Consell Nacional de la UGT catalana difundiera el pasado día 5 un comunicado donde proponía a sus militantes “decidir libremente” tanto si van a votar el 1 de octubre como el sentido de su voto.

Esa libertad, en cualquier caso, no significa que los sindicatos mayoritarios carezcan de una postura política definida al respecto.

CCOO se declara “comprometido con las competencias de autogobierno de las comunidades autónomas” y reclama la creación de una “ponencia constitucional” para reformar la Constitución y diseñar un “nuevo modelo de articulación jurídico política del Estado donde se reconozca el carácter plural de España y se regulen de nuevo los mecanismos de financiación, garantizando el principio de ordinalidad, que ningún territorio salga perjudicado de su contribución a la solidaridad interterritorial”. Para ello, concluye el sindicato, la mejor fórmula es un Estado federal. Después, la nueva Constitución deberá someterse a referéndum.

El Comité Confederal de CCOO de Catalunya ha ido un poco más lejos. En un manifiesto, recordó el compromiso del sindicato con el “derecho de autodeterminación”, también que el sindicato desarrolla su actividad “en los marcos legales e institucionales que decide democráticamente el pueblo de Cataluña en el ejercicio de su derecho a decidir”. “Hace tiempo que CCOO denuncia el agotamiento del actual modelo territorial y la necesidad de un cambio que, como resultado de un amplio acuerdo político, pueda vehicular el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, apuntaba.

“Agresión desproporcionada”

Referéndum sí, por tanto, pero no unilateral. Camil Ros, secretario general de la UGT catalana desde abril de 2016 y con dos años de militancia en las juventudes e ERC en la década de los 90, rechaza una consulta en esos términos. “[El referédum] Tiene que ser de todos”, aseguró en una entrevista de Europa Press, para evitar que se repita lo ocurrido con el fallido intento del 9-N, que terminó con la condena por prevaricación y desobediencia del expresidente Artur Mas y otros tres altos cargos de la Generalitat. Montse Ros, portavoz de CCOO de Catalunya, explica a infoLibre que el sindicato “no ha hecho ninguna posición de defensa de este referéndum”. “Tenemos un consenso muy grande en torno a un referéndum acordado, lo que pudo ser en su momento el Pacto Nacional por el Referéndum”, detalla, “que el Gobierno catalán abandonó en su momento con muy poca altura de miras”. “Me preocupa más en un referéndum que quien pierda reconozca el resultado que lo reconozca Bruselas”, apunta. Este periódico se ha dirigido también a UGT de Catalunya, pero ha rehusado ofrecer su punto de vista sobre los últimos acontecimientos en Cataluña.

Al mismo tiempo, ambos sindicatos han pedido una “respuesta unitaria y consensuada” de la sociedad civil y de las instituciones catalanas frente a la “agresión desproporcionada por parte de los instrumentos del Estado en manos del PP”, en palabras del secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco. Y Camil Ros ha calificado de “155 encubierto” las detenciones de altos cargos de la Generalitat el pasado día 20, en referencia al artículo de la Constitución que faculta al Gobierno para suspender la autonomía. CCOO no ha dudado en condenar las actuaciones judiciales de la última semana, que a su juicio conducen a “un enfrentamiento político y social indeseado”. También advierte de que se han “violado los derechos de manifestación, reunión, información y el secreto de las comunicaciones”.

Este miércoles los dos sindicatos presentarán con la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, las universidades, el Consell Nacional de Joventut y otras organizaciones la Mesa por la Democracia, una “plataforma social estable” en la que “no se hable de independencia sí, independencia no, referéndum sí, referéndum no, sino de democracia y de defender los derechos en Cataluña, sea quien sea quien intente moverse en otra dirección”, explica Montse Ros. La idea es que la integren hasta una treintena de entidades, incluida la patronal Pimec. Por el momento la componen también la Confederación de Asociaciones Vecinales, la federación de asociaciones de padres de alumnos, LaFede.cat-Organitzacions per la Justícia Global, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya y la Unió de Pagesos.

Mientras, los líderes nacionales de ambos sindicatos llevan días pidiendo “diálogo” y “negociación” para frenar la escalada de tensiones.

Afiliación polarizada

Y es que UGT y CCOO se encuentran ante más de dos millones de afiliados con visiones muy distintas. Incluso dentro de las federaciones catalanas de cada sindicato –unos 300.000 militantes entre las dos organizaciones–, la visión está lejos de ser monolítica. “Cuando llegue el 2 de octubre, UGT seguirá haciendo su trabajo, en una única organización, no queremos que se fragmente”, aseguró Pepe Álvarez en Sevilla este mismo lunes.

El pasado mes de marzo, CCOO de Cataluña publicó una encuesta interna a unos 9.000 miembros del sindicato, que muestra una afiliación muy polarizada. El 42,8% se declaraba a favor de un Estado federal y un 40,3%, a favor de la independencia. Sólo el 13,3% quiere mantener como está la comunidad autónoma y un 3,7% desea que Cataluña tenga menos competencias. Se sienten sólo catalanes el 28,5% de los encuestados, mientras que el 38,8% dicen percibirse como catalanes tanto como españoles. El 25,1% se sienten más catalanes que españoles.

Por lo que se refiere a sus afinidades políticas, el 24,8% se identifica con ERC, el 23,8% con Podemos y el 19,8% con ICV. Con el PSC, sólo el 8,9%. Y con la CUP, apenas del 6,4%. La encuesta se realizó también en 1998 y en 2008. Lo significativo es que ese primer año únicamente el 5% de los militantes se identificaba con ERC, para llegar al 8,8% una década más tarde y triplicarse este año. Por el contrario, el PSC era el partido del 18,3% de los afiliados a CCOO en 1998 y nada menos que del 31,5% en 2008. Desde entonces sus apoyos en el sindicato se han dividido por tres.

“Estamos tan divididos como la sociedad catalana”, reconoce Montse Ros, que no obstante descarta el riesgo de fractura interna o de falta de sintonía con el sindicato en el resto de España. Dice que desde la votación en el Parlament de las leyes de desconexión y del referéndum, hace tres semanas, sólo se han dado de baja unos 30 afiliados. La portavoz de CCOO de Catalunya recuerda a Cipriano García, fundador del sindicato, quien advirtió en su día contra el peligro de “romper la clase obrera por un problema nacional”. Por eso el sindicato no apoya la convocatoria de una huelga general catalana: “No hay que dar más problemas al mundo laboral de los que ya tiene”, opone Montse Ros, “no me veo promoviendo en cada comité de empresa una discusión sobre referéndum sí o no, o sobre qué hay que votar”.

La portavoz rechaza que su postura sea equidistante. “Tenemos un compromiso con el referéndum acordado y con el autogobierno catalán, no somos espectadores, aunque no seamos los protagonistas, somos activos”.

Otro frente abierto: funcionarios y trabajadores

Pero, además de cuidar unas bases con visiones contrapuestas del problema catalán, los sindicatos han tenido que ejercer como tales para proteger a los trabajadores públicos frente a los riesgos de participar en un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. “Los funcionarios no pueden ser rehenes ni de un gobierno ni de otro”, advirtió Pepe Álvarez, “tienen que cumplir y hacer cumplir la ley”. Por eso exigieron al Gobierno catalán garantías de que serán los políticos quieren asumirán las responsabilidades derivadas de la preparación, organización y ejecución del referéndum, y los empleados públicos de todas las administraciones quedarán eximidos. Así, CCOO y UGT han pedido a la Generalitat que todas las órdenes se den por escrito y a los funcionarios, que comuniquen de igual forma “cualquier directriz o requerimiento” que se les haga desde cualquier institución. También el sindicato CSI-F ha pedido a los funcionarios que reclamen por escrito cualquier orden que consideren ilegal, e incluso que las denuncien “ante el organismo administrativo competente y la Fiscalía”.

El problema es que esas garantías se han vuelto “insuficientes”, indica Ros, después de que el delegado del Gobierno en Cataluña avisara a los directores de los colegios de que abrirlos como colegios electorales el 1 de octubre es ilegal y puede tener “responsabilidades penales”. La Fiscalía ha ordenado a los Mossos identificar a los directores, tras advertirles de que pueden ser cómplices de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación si entregan las llaves de los centros a la Generalitat. “Estamos muy preocupados”, admite la portavoz de CCOO. Los sindicatos volvieron a reunirse en la tarde del martes con responsables del Gobierno catalán para reclamarle medidas. “Los directores de colegios están reconocidos como autoridad pública, por lo que aumenta su grado de responsabilidad”, advierte. 

Como el TC ha suspendido la ley que regula los derechos de los miembros de las mesas electorales y de los ciudadanos que quieran votar, si unos y otros tienen que ausentarse del trabajo para participar en el 1-O, UGT recomienda que lo negocien con la empresa y lo pacten por escrito. Para ello, ofrecen hacerlo a través de los comités de empresa o los delegados de personal.

Unai Sordo apeló este sábado a la cohesión interna en dos ocasiones, al principio y al final de su primer discurso como secretario general de CCOO. Cuando alabó la “auctoritas” con que su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández Toxo, ha “cosido” y “mantenido cohesionada la organización” y, antes de animar a sus compañeros del sindicato a “mirar fuera”, a salir del congreso “con las pilas puestas y a la ofensiva”, cuando les pidió que sometan las “dinámicas internas a las exigencias de la sociedad”, colaborando y “trabajando en común”. “Somos lo que hacemos y lo que decimos”, concluyó.

Sordo fue elegido secretario general de CCOO poco después de la medianoche anterior, con un 88,8% de los votos. Pero la ejecutiva que le acompaña tuvo menos respaldo: cosechó 210 votos en blanco y 80 nulos de un total de 742. La inclusión del secretario general en Andalucía, Francisco Carbonero, quien había sido imputado el pasado jueves en una pieza separada del caso de los ERE, abrió la espita de la discordia en un congreso de sucesión que se adivinaba tranquilo. Pese a las voces internas que pedían a Carbonero que se apartase, el apoyo explícito de Fernández Toxo lo ha mantenido en la ejecutiva. Ese casi 30% de votos en blanco –40% si se suman los 80 votos nulos– ha hecho un primer borrón en la hoja en blanco que aún es el liderazgo de Unai Sordo al frente de CCOO. “No se puede empezar así con un imputado”, advierten quienes se opusieron a la presencia de líder andaluz en la ejecutiva.

Sin embargo, tras el discurso, las declaraciones de los dirigentes del sindicato, tanto de las nuevas caras como de los que han acompañado a Fernández Toxo en sus ocho años al frente de CCOO, eran de satisfacción y apoyo a la “regeneración” que promete Sordo, con 44 años el segundo líder más joven que ha tenido la organización después de Antonio Gutiérrez –1987-2000–.

Porque fue en la exigencia de adaptación continua de la actividad sindical a un “mundo dinámico” en el que “la empresa ha cambiado radicalmente” y la realidad del mundo laboral ya no es la que “forjó al sindicato o la que existía al inicio de la crisis”, donde Unai Sordo centró su propuesta de trabajo para los próximos cuatro años. Advirtió frente a la tentación de que el proceso para “repensar” el sindicato se quede “embalsamado”, también alertó del riesgo de permanecer “anclado en los viejos esquemas”. “Los cambios”, alentó, “no son un tsunami que te pasa por encima, sino que se gobiernan si hay una visión progresista”.

Y esos cambios tienen múltiples frentes. Ante la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que le escuchaba en primera fila, Sordo no sólo exigió la derogación de las dos últimas reformas laboralesreformas laborales –la del PSOE de 2010 y la del PP de 2012–, sino que también reclamó “un nuevo marco de relaciones laborales”, que acabe con el abuso de la temporalidad y la precarización del empleo. “Porque la segregación laboral que producen no sólo es injusta sino además ineficiente económicamente”, apuntó.

“La clase trabajadora sigue existiendo”“”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también presente en el auditorio del hotel madrileño donde se celebró el congreso, ha propuesto que las empresas paguen impuestos por sus robots, Sordo mostró sus dudas al respecto. Pero sí puso el foco en la importancia de los cambios tecnológicos “insoslayables” que pueden excluir y dejar en situación de “vulnerabilidad a mucha gente”. La digitalización, la nueva economía, las empresas en red, las subcontratas, enumeró, constituyen “nuevas realidades productivas sin relaciones laborales” al uso que generan “precariedad y exclusión”. Lo que no significa que haya desaparecido la clase trabajadora: “Sigue existiendo, pero es distinta”. Y ahí es donde Unai Sordo quiere al sindicato. “Lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo el sindicato, representemos a la clase trabajadora, especialmente a los más precarizados”, alentó.

Por eso cree que hay que “fortalecer la sindicalización”, frente a la “repolitización difusa” que, a su juicio, ha experimentado la sociedad española en los últimos tiempos. El flamante secretario general se refirió a los jóvenes que han visto frustradas sus expectativas vitales al incorporarse al mundo del trabajo y “se han integrado en otra cosa”, no en un sindicato. “No se puede ser ajeno a esa realidad, que debemos interpretar correctamente”, dijo, antes de convertir de nuevo al sindicato en “referencia ineludible para los trabajadores”.

Sordo hizo un repaso de las reivindicaciones maestras de CCOO. Apremió a la patronal para que firme el pacto salarial que no acaba de concretarse pese a las declaraciones de la CEOE sobre la inminencia del acuerdo. Reclamó una reforma del impuesto de sociedades que permita gravar adecuadamente los cada vez mejores resultados de las empresas. “Una dieta fiscal equilibrada”, resumió, “que haga más corresponsables a las compañías de las necesidades de la sociedad”. Defendió la renta mínima garantizada, “que sólo desincentiva los salarios de miseria”, así como el sistema público de pensiones. Y llamó la atención sobre la “patología” del paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin encontrar un puesto de trabajo–.

Gritos a Báñez, las cuentas del sindicato

Antes, la ministra de Empleo había subido al escenario para dar las gracias a Fernández Toxo por hacer “su trabajo con responsabilidad”, felicitar a Unai Sordo por su elección y ofrecer el compromiso del Gobierno para seguir potenciando el Diálogo Social. Fue recibida con gritos de “huelga no es delito” por buena parte de los asistentes, en referencia a los sindicalistas que han sido juzgados y condenados en los últimos años por participar en paros y protestas. También hubo algún signo de desaprobación y conatos de abucheo que fueron silenciados por el resto.

En la nueva ejecutiva, de 15 miembros, nueve son mujeres y ocho hombres, como se ocupó Sordo de destacar. Nueve son nuevas incorporaciones. Permanecen Fernando Lezcano, Carlos Bravo, María Cardeñosa, Cristina Faciaben, Pedro Linares y Empar Pablo.

Además de votar al nuevo secretario general, el congreso aprobó como propuesta de resolución que los miembros de los órganos de dirección del sindicato hagan públicas sus retribuciones. También se elaborará un plan anual de afiliación y otro de gestión de cuotas. Además, el informe general del congreso ha publicado las cuentas y balance de situación de CCOO.

Según esos datos, el sindicato cuenta con 909.711 afiliados, por lo que ha perdido 229.880 desde 2011, un 20%. Los ingresos por las cuotas que pagan esos afiliados sumaron en 2016 un total de 12,53 millones de euros, un 16,7% menos respecto a 2012. Pero la partida de financiación que se ha desplomado para el sindicato en estos años es la de “programas subvencionados”, que ha pasado de 10,89 millones en 2012 a sólo 165.700 euros el año pasado. Es decir, en 2012 los ingresos por cuotas representaban el 37,6% de los ingresos de CCOO y las subvenciones, el 27,1%. Ahora, éstas no equivalen más que el 0,7%, mientras que los pagos de los afiliados ascienden al 53,4% de los ingresos.

A pesar de ello, CCOO terminó 2016 con beneficios, 1,75 millones de euros, un 66,5% por encima de los conseguidos cuatro años antes. 2013 fue el único año en que incurrió en pérdidas, 488.219 euros de números rojosnúmeros rojos. Mientras, ha recortado sus gastos de personal en un 18,7%. Su plantilla la integran ahora 3.259 personas. El informe no incluye datos sobre la evolución de la plantilla en estos años, pese a que los problemas de financiación de estos años se tradujeron en recortes de personal, con despidos colectivos.

Entre los invitados al congreso se encontraban la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo; el diputado socialista Rafael Simancas; el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón; el diputado asturiano de IU Gaspar Llamazares; los diputados de ICV Joan Coscubiela y Joan Herrera. Les acompañaban también Cándido Méndez y Pepe Álvarez, de UGT, así como el ex número dos del sindicato Toni Ferrer, ahora secretario de Empleo del PSOE, y dos históricos del PCE y de CCOO: Nicolás Sartorius y Julián Ariza.

Almudena Grandes y Luis García Montero, que habían glosado la figura de Fernández Toxo desde sus tiempos en la lucha sindical de Bazán, fueron los encargados de pasarle el testigo simbólicamente a su sucesor: “Unai, ahora es tu turno”.

Las ejecutivas del PSOE, UGT y CCOO se reunieron este lunes por primera vez tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas. Fue un encuentro de toma de contacto entre las direcciones sindicales y la nueva dirección del PSOE, pero sirvió para abordar uno de los asuntos claves para UGT y CCOO: la derogación de las reformas laborales. Aunque no se suscribió ningún acuerdo ni se trató en profundidad una propuesta concreta, las centrales sindicales aseguran que en la reunión se planteó derogar la reforma laboral aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, el PSOE únicamente afirma que está a favor de derribar el actual marco de relaciones laborales y califica de "cuestión retórica" hablar de derogar la norma aprobada por Zapatero.

La reunión entre las tres ejecutivas estuvo capitaneada por los secretarios generales del PSOE, UGT y CCOO, Pedro Sánchez, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente. Según afirmaron posteriormente tanto los sindicatos como el partido, el encuentro fue muy positivo porque les permitió certificar que comparten un diagnóstico de la situación política y social y también parte de las medidas a aplicar para revertirla. Fernando Lezcano, secretario de Comunicación de CCOO, llegó incluso a señalar que la reunión marca "un antes y un después" en las relaciones entre las tres organizaciones, ya, que todas constatan que "la crisis no ha terminado por mucha propaganda que haga el PP y que, en esa medida, hay que colaborar entre todas las fuerzas progresistas".

Tanto Lezcano como la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, coincidieron con el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, en valorar positivamente la reunión. Los tres, igualmente, señalaron que en ella se trató de forma somera la situación del mercado laboral. Pero, mientras Antoñanzas aseguró que los sindicatos apuestan por "derogar las reformas laborales", tanto la de 2010 como la de 2012, Puente se limito a señalar que en el encuentro "se ha hablado de derogar en la reforma laboral en los términos aprobados por el congreso del PSOE" de hace unos días.

"Consideramos que la derogación de ambas [reformas laborales] es una cuestión puramente retórica, nosotros tenemos muy claro que tenemos que retornar a un escenario de protección máxima de los derechos laborales", pero "no se ha hablado en concreto de derogar las dos reformas laborales", afirmó el portavoz de la ejecutiva del PSOE tras la reunión. La interpretación es diferente a la expresada por los sindicatos: "Hemos hablado de la derogación de las reformas del PSOE y del PP", aseguró Antoñanzas, mientras Lezcano señaló que la "mención expresa" que se había hecho en la reunión sobre la cuestión "iba a recordarnos o a comunicarnos que ellos [el PSOE] se habían manifestado por la derogación de las reformas laborales".

Puente también fue preguntado por la disposición de varios alcaldes del PSC a permitir la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre que promueve la Generalitat de Cataluña. Y fue claro: "La posición del PSOE es la misma que la del PSC: respeto a la legalidad, y no se va a colaborar por parte de ningún ayuntamiento del PSC con el referéndum", sostuvo el portavoz. "Lo que algunos hagan a titulo personal es cosa suya, pero el PSOE no ampara ni apoya este referéndum de ninguna manera", señaló igualmente Puente, en referencia a las declaraciones del alcalde de Blanes, el socialista Miguel Lupiáñez, que ha asegurado que irá a votar aunque le "cueste el carné".

Por otra parte, Puente desautorizó a la secretaria de Cohesión Social del PSOE, la catalana Núria Parlón, que aseguró hace unos días que si el Gobierno promueve la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña, los socialistas recurrirían a la comunidad internacional. "La opinión de Parlón es a título personal" y "no representa al partido" pese a ser miembro de su ejecutiva, sostuvo el portavoz, que aseguró que el PSOE espera "no tener que llegar a esta situación".

Abstención ante un CETA potencialmente inconstitucional

Por otra parte, tras la reunión con los sindicatos, la ejecutiva del PSOE ha mantenido su propio encuentro por separado. El principal punto del día era decidir la posición que adoptarán los socialistas en la votación sobre el tratado de libre comercio con Canada (CETA, en sus siglas en inglés), y no hubo sorpresas, ya que el PSOE ratificó la abstención que ya anunció públicamente hace unos días. Hasta ahora, el PSOE había secundado el CETA tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo.

El encargado de defender el cambio de posición fue el secretario de Política Económica del PSOE, Manuel Escudero, que calificó la absteción de "razonada" y sostuvo que los socialistas quieren con ese voto defender su apoyo al comercio internacional y, a la vez, expresar su rechazo a algunas de las medidas que incluye el CETA. Escudero aseguró que, según su interpretación, aspectos como el tribunal de arbitraje entre empresas y Estados podrían ser inconstitucionales, y además planteó el "manifiesto desequilibrio" en el tratado entre "las salvaguardias a los intereses de los inversores y la protección de los derechos laborales y medioambientales", si bien esas duras críticas no se traducirán en un voto contrario.

La patronal aún no ha contestado a la última propuesta de los sindicatos para reunirse este martes y dar un empujón al acuerdo de negociación colectiva para 2017 y 2018. Pese a que el crecimiento económico debería haber aliviado la presión sobre los agentes sociales, el cuarto pacto sobre convenios y salarios lleva más retraso que los tres anteriores, negociados en plena crisis del empleo.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, califica de “grave” que aún no se haya firmado la subida salarial para, al menos, este año. “En el anterior acuerdo se estableció que el alza de 2017 debería fijarse partiendo del cuadro macroeconómico del Gobierno para ese ejercicio y que tendría que definirse en los tres meses siguientes a la publicación de éste [el pasado marzo]”, se queja.

Sindicatos y patronal han alcanzado el ecuador del año habiéndose reunido “cuatro veces desde noviembre” –calcula Górriz– e intercambiando cartas a través del correo y los medios de comunicación, pero sin haber realizado avances sólidos. “No estamos preocupados”, responde el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, cuando se le pregunta por la demora, “no hay bloqueos en la negociación colectiva”, a diferencia de lo ocurrido mientras se negociaban las anteriores ediciones del acuerdo salarial, en 2010, 2012 y 2015. “Entonces sí había verdaderos bloqueos y el acuerdo era la principal herramienta para salir de la crisis”, explica, “pero ahora la economía crece y los sectores funcionan solos”. García Viña pone como ejemplo el convenio colectivo para las grandes superficies, firmado el pasado mes de abril “con un grado de conflictividad cero” y un aumento salarial del 2,5%.

Así que el dirigente empresarial piensa en dar un salto. “Como la economía y la negociación colectiva funcionan, no habría ningún problema para ponernos ya con los salarios de 2018”, propone. Es una opción que “está en la mesa desde el principio y se está barajando, igual de válida y útil que discutir sobre la subida de este año”.

Por el contrario, los sindicatos apremian. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, urge a la patronal a celebrar la próxima reunión “de forma inmediata”, a fin de alcanzar un acuerdo antes del congreso en el que el sindicato cambiará de líder, el 29 de este mes. Al tiempo, el máximo responsable de UGT, Pepe Álvarez, ha augurado un aumento de la conflictividad social si no se consigue un acuerdo con “subidas coherentes con el crecimiento económico”. “La CEOE alcanzará las más altas cumbres de la inacción si como organización empresarial es incapaz de llegar un pacto”, advierte por su parte Ramón Górriz, “teniendo en cuenta que el 60% de la demanda en España tiene que ver con rentas, salarios, prestaciones y pensiones”.

Los convenios colectivos, a buen ritmo

En todo caso, sindicatos y patronal coinciden en que, pese a la falta de un acuerdo, la negociación colectiva sigue su curso y a buen ritmo. Hasta el pasado abril, último mes en que el Ministerio de Empleo ofrece datos, se han firmado 230 convenios. Un año antes, sólo se habían registrado 199. La subida salarial media pactada alcanza el 1,27%. Pero UGT y CCOO también miran las cifras del IPC cada mes, y pulsan la alarma. En enero y febrero la inflación se disparó hasta el 3% y, aunque en abril bajó al 1,9%, la previsión del Banco de España es del 2,2%, por encima del 1,5% con que calcula el Gobierno que acabará el año.

También ha alertado el supervisor bancario de que los excedentes brutos de las empresas están creciendo por encima de los costes laborales. En su informe anual, asegura que los salarios en el sector privado cayeron dos décimas en 2016, el mismo descenso que en los dos años anteriores. El Banco de España lo atribuye a los “moderados” aumentos fijados en los convenios colectivos. Y a que los nuevos contratados cobran salarios inferiores a los percibidos por los trabajadores empleados previamente, lo que contribuyó a una deriva salarial –el residuo entre el crecimiento de la remuneración y la suma del aumento del convenio y el de los costes laborales– negativa de algo más de un punto.

Además, hace sólo unos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) consideraba “improbable” que el Gobierno cumpla con la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social prevista para este año. Pese a que sí se creará tanto empleo como calcula el Ejecutivo, los ingresos por cuotas se reducirán en porcentaje del PIB. Es decir, aumenta el empleo pero no los salarios en cuantía suficiente como para que se refleje en las cotizaciones.

El despido, otra vez

Los sindicatos se sienten respaldados por esos informes a la hora de reclamar una subida salarial de entre el 1,8% y el 3% para este año. Acompañada de una cláusula de revisión salarial. Un portavoz de UGT detalla que los sindicatos están dispuestos a aceptar que la cláusula se aplique a partir de cierto porcentaje, que no se active de forma automática en cuanto el IPC se desvíe del índice previsto, o que no tenga carácter retroactivo. Pero siempre sobre la premisa, apunta Ramón Górriz, de que los salarios deben crecer por encima del poder adquisitivo. “La devaluación salarial se ha acabado”, zanja.

Por el contrario, García Viña cree que “la realidad” se encuentra “a años luz” de la petición sindical. “La subida media de los convenios hasta abril es del 1,27%, y nosotros planteamos doblar esa cifra”, destaca. La última oferta de la CEOE implica un alza de entre el 1% y el 2,5%, del que medio punto dependería de los resultados de la empresa u otras variables como la productividad. E insiste en que no todas las empresas ganan dinero y las subidas de sueldo deben decidirse “caso por caso”.

García Viña aplaude las cifras de paro del mes de mayo –una reducción de 111.908 personas en los registros–, con el turismo y el comercio como “motores del empleo”. A continuación pide “reformas” para que esa creación de puestos de trabajo se diversifique a otros sectores, aumente la calidad del empleo y, por tanto, también las cotizaciones a la Seguridad Social. “Nunca se han firmado en España tantos contratos indefinidos como ahora, casi un 10%” [el pasado mayo sólo el 8,25% de los contratos registrados fueron indefinidos, el porcentaje más bajo del año], resalta el dirigente de la CEOE, “sólo se alcanzaron dos puntos más en 2006”. Por lo que cree llegado el momento –“ahora ya no tenemos las angustias de otros años”– de sentarse a analizar “por qué cuesta tanto en España firmar un contrato indefinido”. Aunque no menciona el coste de las indemnizaciones por despido, su rebaja es una de las reivindicaciones tradicionales de la CEOE.

Control de las bajas médicas

Además de la pugna salarial, el control de las bajas médicas ha saltado como otra línea roja en la negociación entre sindicatos y patronal. La CEOE quiere que las mutuas den las altas en el caso de las incapacidades temporales por enfermedades traumatológicas si se trata de contingencias comunes –no por accidentes laborales–. Alega que el absentismo ha crecido “mucho en esas contingencias comunes” y que ese aumento “tiene poca explicación”, según Jordi García Viña. “Las bajas las dan los médicos y si aumentan, habrá que analizar por qué las dan”, abunda. “No se trata de criminalizar a nadie, sino de analizar si [el aumento de las bajas] es producto del trabajo o de qué”. UGT y CCOO han puesto el grito en el cielo. “Es un desprecio total a los profesionales del sistema nacional de salud”, acusa Ramón Górriz. El portavoz de UGT niega que el absentismo esté aumentando, antes de rechazar de plano la propuesta empresarial. Según explica, los sindicatos sólo aceptarán que las mutuas “colaboren” en la rehabilitación de las bajas traumatológicas cediendo sus instalaciones.

Con la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios cuando éstos caducan y mientras se negocia su renovación–, las posiciones no están tan alejadas. Pese a que su eliminación tras la reforma laboral del PP condujo a un considerable nivel de conflicto en la negociación colectiva en 2012 y 2013, ahora ya no levanta ampollas. Sindicatos y patronal están de acuerdo en que a ninguno conviene que “se generen vacíos” entre convenios, indica García Viña. “Pero tampoco queremos que sea el fenómeno inflacionista que fue antes”, añade. UGT y CCOO plantean que un convenio no decaiga hasta que se firme el siguiente, mientras que la patronal limita la supervivencia de la norma a la existencia de un acuerdo de la empresa y el comité.

También están de acuerdo sindicatos y patronal en exigir al Ministerio de Empleo su regreso a los órganos de control de la formación para el empleo. La reforma de 2015 los dejó fuera. La Audiencia Nacional ha anulado las convocatorias de subvenciones para cursos de 2014 y 2015, a instancias de la CEOE, a cuyas demandas se han unido los sindicatos. La batalla legal no ha hecho cambiar de opinión al departamento que dirige Fátima Báñez, que mantiene su nuevo modelo de formación para el empleo como cimiento innegociable de su política.

Las cuatro mesas de trabajo con Empleo

La ministra ha declarado que aceptará y dará curso legal a todo lo que sean capaces de pactar los sindicatos y la patronal, que también negocian con ella en cuatro mesas creadas a principios de año. UGT y CCOO se quejan de la lentitud exasperante de esos grupos de trabajo. Apenas se han reunido y con magros resultados, lamentan. Culpan de ello al escaso interés real del ministerio. “La de mutuas y riesgos laborales ni siquiera está en marcha”, protesta el portavoz de UGT. Según dice, la que más se ha reunido es la mesa sobre pensiones. La crisis de ingresos que aqueja a la Seguridad Social ha funcionado como el mejor acicate para que el grupo trabajase. En la agenda se incluyen las polémicas subvenciones de cuotas a la Seguridad Social para fomentar la contratación y las posibles fórmulas para aumentar los ingresos del sistema.

La mesa de empleo consiguió la renovación del Programa de Activación para el Empleo (PAE), ayudas de 426 euros para desempleados que hayan agotado el resto de los subsidios posibles. El Ministerio de Empleo, a través de un portavoz, avanza que esa mesa volverá a reunirse dentro de dos semanas. Tiene pendiente revisar el resto de las prestaciones destinadas a los parados de larga duración –Plan Prepara, Renta Activa de Inserción y el propio PAE–, como han pedido los sindicatos. “La mesa sobre calidad del empleo empezó muy mal, terminamos levantándonos”, revela el portavoz de UGT. Empleo dice que ese grupo se ha reunido tres veces y que habrá una cuarta “en breve”. Finalmente, la mesa de formación también se ha reunido en dos ocasiones, la última el pasado jueves. Empleo ha entregado a los agentes sociales el texto del reglamento que debe desarrollar la reforma de 2015 que ha puesto en pie de guerra a la CEOE y los sindicatos.

A diferencia de UGT y CCOO, Jordi García Viña no se queja del ritmo de la negociación con el ministerio. “Sólo me preocuparía si no tuviéramos interlocución diaria con Empleo”, concluye. El portavoz del departamento niega el escaso brío del Diálogo Social que le reprochan los sindicatos: “Está avanzando a buen ritmo y se ha concretado más el trabajo, se funciona con bastante normalidad”.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que ponga en marcha una oferta de empleo plurianual de 5.000 plazas en la Agencia Tributaria, porque considera que existe una falta de recursos humanos y económicos en la organización, informa Euroa Press.

Así se lo transmitió el líder sindical al titular de Hacienda y Función Pública en una carta en la que le recordó los compromisos que adquirió en las jornadas confederales sobre justicia social y fiscalidad.

Álvarez puso de relieve que, según los estudios existentes en la Administración Tributaria, el incremento de los efectivos en el organismo supondría un aumento de la recaudación "muy por encima" del coste de estos servicios, superando los 200.000 euros de media por cada trabajador. Para el líder sindical, todo euro en la Agencia Tributaria debe considerarse como "una inversión y no como un gasto".

Así, el secretario general de UGT apuntó que la plantilla en la actualidad ronda las 24.000 personas, frente a las 28.000 de antes de la crisis, y que se prevén 1.500 jubilaciones por año.

Por ello, Álvarez considera que es imprescindible que se impulse esta oferta de empleo de 5.000 personas al año y de que se reactive el acuerdo de carrera profesional de la Agenda Tributaria, ya que estos dos elementos permiten "la modernización y consolidación" del organismo. 

Por otro lado, recordó que en la jornada confederal se puso de relieve esta necesidad de dotar a la Agencia Tributaria de más recursos económicos y humanos, de reactivar el Acuerdo de Carrera Profesional y fomentar una "importante" oferta de empleo público, ya que son activos muy relevantes para el correcto funcionamiento de la agencia.

Asimismo, se expusieron diferentes puntos de vista sobre la situación actual de la tributación nacional e internacional y de los problemas a los que se enfrenta la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Álvarez recordó que se comprometió a situar la fiscalidad como un eje "fundamental" para el desarrollo de las políticas sociales y apuntó que esta materia se ha convertido en "uno de los puntos centrales" de sus reivindicaciones. Así, el objetivo de UGT es el de tener un sistema fiscal "más justo y equitativo".

Contra la parálisis negociadora de la patronal y el Gobierno, movilizaciones; contra la pobreza y la precariedad en el trabajo, derogación de las reformas laborales de 2010 y 2013; contra el “insoportable tufo” de la corrupción, “cambios en profundidad” y “desalojo de los políticos” implicados de sus lugares de gobierno. CCOO y UGT presumieron este Primero de Mayo de haber sacado a la calle a medio millón de personas en toda España para exigir los derechos laborales perdidos durante la crisis, pero también para reclamar que se depuren responsabilidades por la corrupción. “Mientras nos estaban robando”, acusó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “nos pedían que nos apretáramos el cinturón e implantaban políticas de austeridad”.

“Hemos dejado atrás la recesión, pero los ciudadanos no hemos salido de la crisis”, advirtió desde el escenario instalado en la Puerta del Sol el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Y lo recalcó Pepe Álvarez cuando proclamó que el “compromiso con los salarios” de ambos sindicatos se mantiene “intacto”. “La CEOE debe ser consciente de que si no se consigue un acuerdo que mejore la capacidad adquisitiva de los sueldos y reparta los beneficios de las empresas, el conflicto estará servido”. Antes de comenzar la manifestación, en el Paseo del Prado de Madrid, y ante los periodistas, el líder de UGT había avisado a la patronal del “calvario” que pueden sufrir las empresas si no suben los salarios: “Luego que no se quejen de que aumenta la conflictividad”.

En su último discurso en el Día del Trabajo, Fernández Toxo, que no repetirá en la dirección de CCOO tras el congreso de junio, apuntó en la misma dirección cuando alertó a los empresarios de que si la mesa de negociación “no da resultados”, serán la “movilización, la manifestación y la huelga” las que impulsarán “el cambio que necesita este país”. Los sindicatos reclaman una subida salarial entre el 1,8% y el 3% para este año, mientras que la CEOE no ofrece más que un 2% con un 0,5% adicional pero variable.

También fueron tajantes ambos responsables sindicales a la hora de exigir la desaparición de la reforma laboral, no sólo la de 2012, elaborada por el Gobierno del PP, sino también la de 2010, que firmó el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. “No hay que negociarlas, hay que derogarlas”, sentenció Pepe Álvarez, porque “matan trabajadores, desregulan las relaciones laborales e impiden las subidas salariales en los convenios”.

Gritos a favor de la moción de censura

“No sé si tienen razón o no quienes piden una moción de censura [contra el Gobierno], pero sí sé que hay que acabar con estas políticas”moción de censura, apuntó Fernández Toxo, quien fue interrumpido por gritos de “sí, sí” y “moción de censura”. Ya antes Pepe Álvarez había tachado de “insoportable” la corrupción. “Ni un día más esta pornografía de mensajes entre unos y otros”, zanjó. A su juicio, España debería reflexionar sobre “por qué es un Estado tan corrupto”. Y ante la proliferación de casos, recetó “cambios en profundidad”.

Después el dirigente de CCOO relacionó la corrupción y las políticas del Gobierno con la “desafección” de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones. “¿Cómo puede conformarse [el Ejecutivo] con un unos Presupuestos no expansivos si el paro es del 18%?”, se preguntó. “Se ha resignado a los mandatos de la troika y de una Unión Europea insensible al dolor de los ciudadanos”, contestó inmediatamente. “Luego se escandalizarán con el aumento de los partidos fascistas, que aprovechan el caldo de cultivo de la gestión neoliberal de la crisis para amenazar la democracia”, razonó Fernández Toxo, “ése es el riesgo asociado al paro, la pobreza y la desigualdad generadas por las políticas de los gobiernos”.

Aunque el respaldo a la moción de censura no fue expreso, Álvarez y Toxo sí que tiraron de las orejas a los partidos de izquierda. El segundo recordó la existencia de una mayoría en el Parlamento que apoya políticas de ese signo. El primero alabó el “acuerdo de las fuerzas de izquierda” en Portugal, del que dijo sentir una “envidia sana”. Un acuerdo así, dijo, haría falta en España para “acabar la Transición mal acabada”.

Podemos, tras la pancarta de Coca-Cola

A la manifestación del Primero de Mayo acudió la primera plana de Podemos, con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón a la cabeza, acompañados de Irene Montero, Rafael Mayoral, el diputado canario Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero y Ramón Espinar. Todos ellos se situaron tras la pancarta de los trabajadores de la fábrica de Coca Cola en Fuenlabrada. Con su propia pancarta desfiló Izquierda Unida, encabezada por Alberto Garzón y Mauricio Valiente. Por el PSOE acudieron el exministro de Educación Ángel Gabilondo, el diputado Rafael Simancas y el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona. También hicieron el recorrido hasta la Puerta del Sol el ex secretario general de UGT Cándido Méndez y quien fue su número dos, Toni Ferrer.

Según los sindicatos, la convocatoria reunió a 50.000 personas. Entre ellas se encontraban no sólo los trabajadores de Coca Cola, sino también los de las empresas multiserviciosempresas multiservicios, que pedían “la aplicación del convenio”. Estas empresas se han convertido en uno de los frentes de lucha de los sindicatos durante los últimos años, también en los tribunales. Ofrecen sus plantillas a otras empresas –desde seguridad hasta jardinería o servicios de camareros de piso en los hoteles, por ejemplo– pero a precio inferior al marcado por el convenio del sector, al que no pertenecen. También los trabajadores despedidos de Telemadrid o los de la empresa municipal de limpieza de Getafe marcharon hasta Sol.

 La criminalización de los piquetes

CCOO y UGT dieron protagonismo a dos de sus referentes: los sindicalistas amenazados con penas de cárcel por hacer piquetes y el presidente del comité de empresa de Coca Cola en Fuenlabrada. Rubén Ranz, para quien el fiscal pide siete años de prisión por atentar contra la autoridad y contra los derechos de los trabajadores el 29 de marzo de 2012, clamó contra quienes “han podrido las instituciones” y ahora van a permitir que la fiscalía les meta en la cárcel. “No somos como ellos, no somos delincuentes, no pueden ponernos al mismo nivel que Ignacio González”, reclamó el sindicalista de UGT, que fue detenido por un piquete ante un bar en Madrid durante la primera huelga general contra el Gobierno del PP.

Juan Carlos Asenjo, representante de CCOO en Coca Cola, aseguró que los trabajadores habían “vencido a la mayor multinacional del mundo” gracias a la movilización. Y lamentó que se estén “perdiendo los derechos conquistados” por falta de ella. Aunque la plantilla de Fuenlabrada no renuncia a la acción legal y recurrirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estraburgo para continuar su batalla –quieren que las instalaciones vuelvan a ser productivas y no un mero almacén logístico–, Asenjo prometió “hacer lo que haga falta” para “tumbar” a Coca Cola.

Como recalcó luego Pepe Álvarez en una nueva llamada a la movilización: “El movimiento obrero no ha hecho ninguna conquista sin mojarse”.

A caballo entre la movilización y la negociación, alternando entre la presión en la calle y las mesas con el Gobierno y la patronal, UGT y CCOO intentan este lunes sacar músculo un Primero de Mayo más. Las conversaciones con el Ejecutivo sobre empleo, pensiones y formación apenas han entrado en materia o, como ocurre con las que deberían pactar con la CEOE la subida salarial para los próximos años, ni siquiera atisban el acuerdo. Las manifestaciones del Día del Trabajo volverán a testar la fuerza de los sindicatos tras una larga crisis que amenaza con dejarlos extenuados.

No hay excusas. Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, protección social. #alacalle es el largo eslogan escogido por UGT y CCOO para las 73 convocatorias de este año. “Antes había quizá demasiadas excusas para no salir a la calle”, protesta el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “que si el paro crecía y la economía no, que si no se conseguía nada… ahora la macroeconomía crece y hace a unos pocos mucho más ricos mientras el paro baja menos de lo que necesita el país y el empleo que se crea es de muy baja calidad”. Por tanto, es el momento de empezar a recuperar derechos laborales y sociales, concluye.

El secretario de Organización de CCOO, Fernando Lezcano, apunta que, para lo que ya no hay excusas es para no subir los salarios, crear empleo estable, garantizar las pensiones y la red de protección social. Después de “un tránsito por la crisis profundamente injusto”, añade, la tarea de los sindicatos debe ser conseguir una salida justa de esa crisis: que los beneficios de la recuperación lleguen a todos.

Por eso reclaman a la CEOE un aumento salarial de hasta el 3% para este año, que la patronal sólo se muestra dispuesta a acercar hasta el 2%, con un 0,5% adicional variable. No obstante, el sector de los grandes almacenes ha firmado ya una subida del 2,5% para sus 230.000 trabajadores. Lezcano se muestra convencido de que la CEOE terminará pactando un alza de sueldos en línea con la propuesta sindical. “Hay una conciencia generalizada de que la depresión de los salarios es una medida antieconómicala depresión de los salarios es una medida antieconómica e impide animar el consumo”, asegura el dirigente de CCOO. Aunque también advierte de las “resistencias” internas de algunas patronales sectoriales. “Esa prevención de la CEOE de fijar los salarios ‘en función de la realidad de las empresas y los sectores’ los primeros que la tienen clara son los sindicalistas de esas empresas y sectores”, apunta. El caso es que, de momento, y pese a que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, tenía “el boli preparado”boli para firmar y los sindicatos confiaban en sellar el pacto antes del Primero de Mayo, las empresas y los sectores siguen sin “paraguas” para negociar sus propios acuerdos.

La última Encuesta de Población Activa (EPA), además, ha enfriado la euforia del empleo: el paro volvió a crecer entre enero y marzo después de cuatro trimestres seguidos cayendo. Y el número de activos, de personas en edad y disposición de trabajar, no deja de encoger. “Lamentablemente [la EPA] nos da la razón a quienes denunciamos que las medidas contra la crisis no han resuelto los problemas de la economía y sí han producido más injusticia”, explica Fernando Lezcano, “además de haber animado un modelo de crecimiento que se parece como una gota de agua a otra al que había antes de la crisis: salarios bajos, trabajo temporal, apuesta por el sector servicios frente a políticas industriales que se apoyen en el I+D+i…”.

Pepe Álvarez pide al Gobierno políticas que generen otro tipo de empleo. Las que se han ejecutado hasta ahora han permitido a las empresas obtener “grandes dividendos”, asegura, “pero para otros muchos han sido un desastre: con 700 euros al mes no se puede vivir”. “Además de esperar el viento de cola, que vengan muchos turistas a España y que los precios del petróleo y los tipos de interés sigan siendo bajos, hay que hacer algo más”, recrimina al Ejecutivo el líder de UGT.

Mesas atascadas

El problema es que las mesas de negociación abiertas con el Gobierno avanzan con una lentitud exasperante para los sindicatos. Álvarez culpa a la “coyuntura política”, al “tránsito” que debe hacer el Ejecutivo “de la mayoría absoluta a un parlamento plural”. Lezcano cree que la demora se debe a una actitud ya antigua del Gobierno del PP. Un interés sólo aparente en el Diálogo Social, que en realidad se reduce a “gestos más diseñados a la galería mediática que a la realidad”.

De ahí que, para meterles prisa a los ministros, Pepe Álvarez defienda la eficacia de la movilización. “Es la que abre la caja de la negociación”, sentencia, ese “aliento en el cogote” que espera poder hacer sentir a los responsables políticos con un Primero de Mayo recuperando fuerza: “Soy optimista por lo que he visto en las asambleas, en las empresas y en el sentir de la gente de la calle”.

Sin embargo, los sindicatos no pasan precisamente por sus mejores momentos. UGT y CCOO perdieron más de medio millón de afiliados entre 2008 y 2015. Mientras, el Gobierno no ha dejado de recortar año tras año las subvenciones que reciben. También los ha expulsado de la gestión de los cursos de formación para el empleo. De forma que la falta de ingresos les ha abocado estos años a sufrir su propia crisis, que se ha saldado con una drástica reducción de su estructura e incluso despidos colectivos en las plantillas. Y no se han librado de la pérdida de credibilidad que han sufrido las instituciones y menguado los apoyos sociales con los que contaban. Éste será el segundo Primero de Mayo de Pepe Álvarez, elegido para suceder a Cándido Méndez hace un año, y el último para Ignacio Fernández Toxo, quien no se presentará a la reelección como secretario general en el congreso de junio. Un Primero de Mayo a caballo, también, entre la necesidad de renovarse y de sacar pecho en las mesas de negociación.

Pepe Álvarez dice que ha “venido sólo por un tiempo”, así que no está dispuesto a “morderse la lengua”. En la Secretaría General de la UGT desde hace justo un año, dejó claro cuando presentó su candidatura que no pasaría del cuatrienio al mando. “No tengo ganas de calentar la silla”, se reafirma hoy. Quizá por ese motivo no le duele invocar la huelga general, tampoco atacar las falsedades de la política: “Todo son poses”. Repite el mantra de la triple vía, presión en la calle, en el Parlamento y negociación con la patronal y el Gobiernonegociación con la patronal, como fórmula para recuperar los salarios y los derechos perdidos por culpa de la crisis y de la reforma laboral. Pero la mecha es la movilización, que forzará un “cambio de música” cuando el PP “se acostumbre a la nueva situación” de la pérdida de la mayoría absoluta, por un lado, y la CEOE se dé cuenta de que es preferible “repartir la riqueza que se está generando” a aumentar la conflictividad en las empresas. “El PP”, apunta, “necesita un rodaje para gobernar sin la mayoría absoluta”. “Debe aceptar que tiene un Parlamento con una mayoría que le obliga a negociar, y que siete de cada 10 ciudadanos han votado programas políticos opuestos al suyo”.

PREGUNTA: La negociación salarial con la CEOE se encuentra bloqueada y la tensión parece en aumento tras el cruce de cartas y la convocatoria de protestas ante la sede de la patronal. Los sindicatos pidieron la reunión urgente de la comisión de seguimiento de los acuerdos. ¿Han contestado los empresarios?

RESPUESTA: Ni nos han contestado ni ha habido negociación. Sí hemos celebrado reuniones e intercambiado papeles, pero la patronal se ha cerrado desde el primer momento. Al principio, quería hablar de todo y a nosotros nos parecía bien. Después, ya no. Y más tarde dijo que el aumento salarial tiene que partir de cero. Con esos mimbres, era imposible llegar a una negociación constructiva que nos permitiera visualizar el acuerdo. Ahora los convenios colectivos se están negociando y eso genera un proceso de movilizaciones muy importante en las empresas. Creo que el aumento de la conflictividad en España se palpa, y se va a ir viendo más si no hay un acuerdo paraguas. Es evidente que no podemos firmar un pacto que parta de cero en un país cuya economía crece al 3%, con un IPC en torno también al 3% y donde llevamos siete años con los sueldos congelados, o más bien a la baja en muchos sectores. Hemos hecho una propuesta más que razonable, ir a una banda de subidas de entre el 1,8% y el 3%, que es lo que vamos a defender en los convenios colectivos.

Además, creo que la patronal pierde una gran oportunidad para negociar los temas relacionados con el mercado de trabajo y la reforma laboral, y hacer las cosas como se hacen en los países civilizados, llevando al Parlamento las conclusiones pactadas. Si no lo hacen, intentaremos que el Congreso derogue la reforma. Esta situación pone a la CEOE en el disparadero de un proceso que nos va a llevar a los sindicatos a recuperar la calle. El objetivo es repartir la riqueza que se genera en el país, a través de la negociación colectiva, y recuperar los derechos perdidos en los últimos ocho años. Si, como dice el ministro de Economía, la situación económica se ha recuperado y en 2018 estaremos ya en los niveles de 2008, también queremos recuperar los derechos que los trabajadores tenían en 2008.

P: Las propuestas que UGT y CCOO han mandado a la CEOE piden la práctica derogación de la reforma laboral. ¿No os fiáis de que PSOE y Podemos lo consigan en el Congreso o teméis que se queden a medias? ¿O quizá queréis apremiarlos?

R: Es nuestra propuesta de mínimos frente a la propuesta de máximos que presentaron ellos. Parece que la patronal fue al archivo a quitarle el polvo a los documentos más rancios que tenían para enviárnoslos. En todo caso, siempre sería mejor un acuerdo entre los sindicatos y la patronal que una mayoría parlamentaria que puedes conseguir un momento y perder en otro. Los acuerdos con la patronal tienen siempre una vigencia mayor y luego pueden ser refrendados por el Parlamento. Pero una cosa no es contradictoria con la otra. Si la patronal no quiere negociar, me voy al Congreso. La CEOE piensa que en España no ha pasado nada desde hace dos o tres o cuatro años. Y sí ha pasado: el país crece, se genera riqueza, ésta se reparte muy mal y hay un Parlamento con una nueva mayoría que puede generar cambios positivos para los trabajadores.

P: ¿Pero se va a reunir la comisión de seguimiento como pidieron UGT y CCOO?

R: No ha habido convocatoria. Sólo conversaciones informales. Hoy, en Alemania, con un IPC mucho más controlado y una economía que crece mucho menos, los sindicatos están pidiendo aumentos salariales del 4%, el 5% y el 6%. Y si la patronal no se apura en negociar, es lo que ocurrirá aquí cuando empezamos hablar del año que viene. O esto lo cerramos pronto o ése va a ser nuestro planteamiento. Si no existe una contrapartida para la mejora de las condiciones del trabajo, acabar con la precariedad de decenas de miles de trabajadores y aumentar la seguridad en las empresas, vamos a exigir el reparto de los dividendos para recuperar los salarios.

P: Los sindicatos también se están reuniendo con el Gobierno. ¿Con qué resultado?

R: La situación es de una lentitud exasperante. En diciembre nos reunimos corriendo porque había que reactivar el tema. Y no volvimos a hablar hasta hace un mes. La comisión de calidad del empleo se ha reunido sólo una vez. La de protección social, dos veces; la del Pacto de Toledo lleva un mes sin reunirse. No podemos fiar la recuperación de los derechos a las comisiones de trabajo montadas con el Gobierno, sino a la presión a través del Parlamento y en la calle, y es ahí donde nos vamos a mover, porque sabemos que, en la medida en que eso se mueva, mejorarán la negociación y sus resultados.

P: La ministra de Empleo ha anunciado que pondrá sobre la mesa el acuerdo que el PP firmó con Ciudadanos, que incluye la reducción a tres de los tipos de contrato y la creación de uno temporal con indemnización creciente.

R: No compartimos el pacto con Ciudadanos. Tampoco la mayoría de los trabajadores de este país, donde una mayoría no votó ni al PP ni a Ciudadanos. Así que no vamos a negociar ese acuerdo. No sirve para acabar con la precariedad, más bien genera nuevas y mayores discriminaciones. No aporta nada.

P: ¿Ha notado algún cambio en su relación con el Gobierno ahora que el PP ha perdido la mayoría absoluta?

R: Los cambios que merece la pena comentar son aquéllos que cambian alguna norma. Y hasta ahora eso no ha sido posible. Es verdad que del tono en las negociaciones podría deducirse que el Gobierno está dispuesto a abordar alguna cosa más. Sacándole mucho hilo a la frase del presidente de “lo que funciona no se cambia y, si se cambia, es para mejorarlo”, pues… vamos a mejorarlo. Yo creo que [la reforma laboral] no funciona, pero ni siquiera voy a perder un minuto en discutirlo, vamos directamente a mejorarla. Hay una comisión, así que vamos a ver cuánto da de sí. Pero, en paralelo, Podemos, PSOE, ERC han presentado iniciativas que irán abriéndose camino en el Congreso y que el Gobierno, si no quiere luego lamentarse, como ahora con el decreto de la estiba, debe sentarse a negociar.

Nosotros seguiremos una triple vía: la movilización en la calle, la vía parlamentaria y la negociación en la medida en que el Gobierno quiera negociar.

P: En cualquier caso, los sindicatos le piden al Ejecutivo más rapidez, más dinamismo…

R: Ellos ya saben que nos gustaría abordar esto de manera más inmediata, que hemos identificado dónde están los problemas y propuesto soluciones. Yo creo que esto sólo se va a mover en la medida en que haya una presión en la calle y en el Parlamento. Desde que soy secretario general, ha estado todo parado… Pero las movilizaciones están en marcha y no las vamos a parar. Porque por mucho que lo retrasen todo, la ciudadanía de manera organizada, sumando muchos sectores y colectivos, conseguirá que este país se mueva.

P: En alguna declaración anterior ha dicho que no quería una “ley de financiación del sindicato”. Sin embargo, una de sus propuestas de negociación con la CEOE es una “ley de financiación de la función socioeconómica que realizan las organizaciones sindicales y empresariales”.

R: No hemos planteado ninguna ley de financiación. Eso es lo que les gustaría a algunos, meterla en medio de este proceso de debate para decir que vamos de pedigüeños. En UGT hemos pasado momentos de una dificultad extrema, tuvimos que hacer cosas que nunca le hubiera gustado al sindicato hacer con sus trabajadores. Pero ya lo hemos hecho y tenemos una organización absolutamente libre para tomar las decisiones que necesitamos. Ahora vamos a mostrar a los ciudadanos que los afiliados de la UGT, los que pagan la cuota, son los que están subvencionando las relaciones laborales en nuestro país. Por eso, al margen de la negociación, pediremos que nos paguen lo que nos cuesta ese trabajo.

Si la UGT, a través de sus delegados, se ocupa de la prevención de riesgos laborales en las empresas, no lo hace sólo para sus afiliados, sino para todos los trabajadores. Entonces, ¿por qué va a pagarlo sólo el sindicato? ¿Por qué vamos a tener técnicos a costa de la cuota de los afiliados para este servicio común que debería hacer el Estado? Porque, en definitiva, un delegado de prevención es una figura regulada, que incluso tiene responsabilidades penales en función de lo que pueda pasar en las empresas, y el Estado no puede pedir a una persona que se presente y no formarla. Si eso lo hace el Estado a través de nosotros, debería pagarlo. Ocurre lo mismo con la negociación colectiva o con las negociaciones abiertas con el Gobierno: nos cuestan dinero a los sindicatos y no tienen por qué pagarlas los afiliados a la UGT exclusivamente.

Pero eso no es financiación, ni subvenciones, sino que el Estado pague los costes de un sistema obligado de carácter universal cuando la afiliación es libre y voluntaria. Y no es para mañana. Ahora estamos evaluando los costes y creo que en torno al 50% de la cuota de los afiliados a la UGT no va destinado a cuestiones propias sino al bien común, a la representación colectiva de todos los trabajadores.

En Alemania, por cierto, la Confederación Sindical Alemana tiene como 100 veces más subvenciones estatales que los sindicatos en España y a nadie se le ocurre decir allí que los sindicalistas son unos corruptos y unos vividores.

P: ¿Pero esa función no la cubren ya las subvenciones que sindicatos y patronal reciben por su participación en las instituciones?

R: No… Esas subvenciones suman sólo 3,69 millones de euros, el 40% de la cifra de 2008. Es una cantidad insuficiente y ridícula. Basta con ir a la web del sindicato para ver cuáles son sus ingresos y por qué conceptos. Ni las subvenciones a la formación son subvenciones al sindicato, puesto que haces un gasto equivalente al ingreso, ni los planes de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, que se destinan a una actividad determinada, no al sindicato. Restadas estas partidas, quedan tres millones de euros, frente al coste de la actividad de carácter general del sindicato, que pasa de 40 millones de euros.

P: ¿Y cree que el Gobierno está dispuesto a hacer ese gasto?

R: Ni se lo hemos planteado. Aspiro a que los trabajadores de este país lo reivindiquen. Si no somos capaces de conseguir que, cuando el Estado elimine una subvención a un sindicato, los trabajadores piensen que les han quitado un derecho, nos hemos equivocado. Hay una diferencia importante entre una ley de financiación y que te paguen lo que te cuesta un trabajo. En una reunión que UGT y CCOO mantuvimos con Albert Rivera, le pregunté quién paga los sueldos de las personas que trabajan para Ciudadanos. Les paga el Estado. Pero a los trabajadores de los sindicatos les paga el propio sindicato. Yo defiendo intereses de los afiliados de UGT en la medida en que son trabajadores; es decir, estamos defendiendo intereses generales lo mismo que Ciudadanos.

Eso hay que plantearlo, pero no quiero que se haga en el marco de las negociaciones que estamos llevando ahora. Cuando el sindicato haya hecho una cuenta de resultados por cada actividad y pueda decirle a la ciudadanía “negociar los convenios me cuesta tanto y tanto me cuestan mi participación en el Consejo Económico y Social (CES) o las negociaciones con la Administración”, será el momento de decirle también que eso no lo subvenciona el Estado, lo pagan los afiliados, personas que ganan sueldos bajos en muchos casos y a los que cuesta muchísimo pagar la cuota. Y esa situación no se puede mantener sine die. Porque, ¿cómo es posible que un sindicato despida? Eso no puede volver a pasar y la manera de que no se repita es que seamos muy transparentes y que todo el mundo sepa qué hacemos.

P: Ha dicho varias veces que la huelga general está cada día más cerca. ¿Sigue siendo eficaz este tipo de convocatoria que cada día resulta a los sindicatos más difícil de organizar?

R: No es un objetivo la huelga general. Pero cómo vamos a descartarla si todos los grandes logros laborales en este país se han conseguido después de una. ¿Qué conquista de los trabajadores no se hizo como consecuencia de una huelga general? Los golpes de recortes importantes siempre se han parado a través de un proceso que ha culminado en una huelga general. Pasó el 14 de diciembre de 1988 y con Aznar en 2002, al día siguiente había caído la mitad del Gobierno…

P: Con la reforma laboral no se consiguió…

R: Bueno, es que con la reforma laboral hubo ingredientes que no existían antes. ¿Cuándo se produjo una campaña de desprestigio de la profundidad que ha habido en estos últimos años contra las organizaciones sindicales? ¿Cuándo habíamos tenido una crisis que en tan poco tiempo destruyera tantos miles de puestos de trabajo? No podemos descartar la huelga general y este Gobierno igual se encuentra con una que puede tener consecuencias. Creo que en este momento debemos mover las fábricas, conseguir objetivos en los convenios colectivos y generar una mejor percepción en la sociedad de las organizaciones sindicales. Y, por si no conseguimos nuestros objetivos en las mesas de negociación y en las movilizaciones, no descartar una huelga general, o dos.

También es verdad que las huelgas generales hay que administrarlas en el país en el que estamos porque hay trabajadores a los que es muy difícil organizar, tienen una situación contractual que no les permite ejercer el derecho de huelga. Y hay una legislación que penaliza y persigue a los piquetes. Pero espero que el proceso verbal en que estamos dé resultados, porque me consta que hay sectores empresariales que ven que este país puede entrar en una deriva de conflictividad que no es conveniente, y empiezan a decir que ha llegado el momento de repartir un poquito.

P: ¿Conoce a Unai Sordo?

R: No. No he coincidido antes con él y aún no nos hemos llamado. Pero he oído hablar muy bien de él a los compañeros de Euskadi.

P: Con un discurso más combativo en UGT y la renovación generacional en CCOO, ¿vamos a ver a unos sindicatos más expeditivos, más duros a partir de ahora?

R: Eso ya está pasando. Tiene que ver con el momento en que vivimos. De un año aquí las expectativas económicas han mejorado y eso nos da esta nueva dimensión. Seguramente que el nuevo clima [político] también ha contribuido. Siempre he tenido una buena relación con Ignacio [Fernández Toxo], creo que es un gran sindicalista, de los grandes del movimiento obrero y, en todo caso, estoy absolutamente convencido de que el nuevo secretario general de CCOO va a estar en la misma línea. Aunque tampoco tenemos muchas más. La unidad de acción forma parte del patrimonio común de los trabajadores. Y no está a expensas de lo que diga ni UGT ni CCOO, afortunadamente está a salvo.

P: ¿Existe aún una clase obrera o es un concepto histórico que poco o nada tiene que ver con la realidad actual de los trabajadores precarios?

R: Es un concepto muy amplio. La gran lección de la crisis en España es justamente que una parte de la sociedad que pensaba que había dejado de ser clase obrera y creía ser clase media ha descubierto que no lo era, que era una ficción. Hoy hay muchos universitarios que son más clase obrera que otros que han hecho FP porque trabajan en peores condiciones. Antes pensaban que iban a ser precarios sólo durante un tiempo, pero los más jóvenes ya se han dado cuenta desde el principio de que no va a ser así.

P: ¿Cómo está preparando UGT el Primero de Mayo?

R: Tendrá que ver con el reparto de riqueza y la creación de empleo. Y espero que con más presencia de trabajadores en las calles. Porque en esta legislatura sólo avanzaremos si somos capaces de que los grupos parlamentarios sientan el aliento de los trabajadores en el cogote. Si no, se van a dedicar a hacer muchas tonterías, internas y de todo tipo, y los sindicatos tenemos una cierta obligación histórica de indicarles el camino a la izquierda. Y como algunos no nos respetan mucho a los sindicatos, que se lo muestren directamente los trabajadores.

El Gobierno, la patronal y los sindicatos van a crear una comisión de expertos para estudiar las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que equiparan las indemnizaciones de los contratos interinos a las de los indefinidos.

La comisión, que trabajará durante un mes, hará una propuesta para tomar decisiones en una mesa de diálogo tripartito, informa Europa Press. Estará integrada por seis expertos, dos por cada una de las partes.

Además, la semana que viene se reunirá la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad para que elabore, junto con las comunidades autónomas, el alcance y la forma de dar mayor estabilidad al empleo en el ámbito del sistema nacional de salud.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez; el presidente de la CEOE, Juan Rosell y de Cepyme, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, se reunieron esta tarde para analizar el impacto de las tres últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. Y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que otorgaba a una trabajadora interina del Ministerio de Defensa derecho a la misma indemnización por despido que un empleado indefinido no fijo: 20 días por año trabajado. Las leyes españoles no reconocen a los trabajadores interinos de las administraciones públicas derecho a ninguna indemnización si son despedidos. A los temporales del sector privado, el Estatuto de los Trabajadores les concede una compensación de 12 días por año de servicio. 

Gobierno y agentes sociales también han debatido cómo actualizar y ampliar el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que concede subsidios de 426 euros a cambio de formación a los parados de larga duración que hayan agotado el resto de las ayudas. Y que ha tenido muy poco éxito hasta el momento por la rigidez de los requisitos que permite beneficiarse del plan.

También han acordado dar un "nuevo impulso" al Sistema de Garantía Juvenil, que no ha alcanzado las previsiones. La Comisión Europea va a ampliar los fondos de garantía juvenil. De los 1.000 millones de euros destinados en esta partida para todos los países de la Unión Europea, a España se le concederán unos 300 millones, cifra que pasaría a 600 millones con lo que aporte el Gobierno español.

Finalmente, Báñez ha anunciado el inicio de la revisión quinquenal del Pacto de Toledo, que deberá buscar soluciones a los problemas del sistema público de pensiones.

"El derecho a la indemnización no lo cambiará la ley"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha advertido de que las leyes españolas sobre interinos y temporales no son "concretas" pero ha pedido "tiempo" para evitar conflictos "que no interesan".

Según explicó, la patronal ya ha hecho una primera evaluación "con números" del impacto económico que pueden tener las sentencias del Tribunal de la UE, pero no ha precisado las cifras, a la espera de que la comisión de expertos aporte una solución.

Por su parte, tanto CCOO como UGT dicen que desde el momento en el que haya Gobierno se tiene que tomar una iniciativa que integre un amplio diálogo social y en el que haya un acuerdo con los agentes económicos y sociales.

Además, puntualizaron que las repercusiones que hay en relación a las indemnizaciones a interinos y temporales a día de hoy "no las podrá cambiar ninguna nueva legislación", porque los derechos a los que pueda haber lugar como consecuencia de la legislación española se van a tener que pagar independientemente del informe de los expertos.

También creen que lo que dicta la sentencia es claro y afirman que, antes de que haya una "cascada" de demandas individuales de trabajadores que consideran que sus derechos han sido vulnerados, sería conveniente firmar un acuerdo para darles seguridad jurídica a las empresas y que se traslade a la ley para que se establezca que los interinos tienen derecho a una indemnización al igual que un trabajador fijo.

Igualmente defienden que el Parlamento apruebe modificar el Estatuto de los Trabajadores, aunque consideran que habrá que esperar a que haya Gobierno y a que la comisión de expertos termine sus trabajos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abogó este martes por "cargar con algún impuesto" a las empresas tecnológicas con beneficios y que tienen menos plantilla para elevar los ingresos de la Seguridad Social y ayudar al mantenimiento de las pensiones.

El líder de UGT argumentó que cuando se creó el sistema de la Seguridad Social el número de trabajadores era un elemento que marcaba la riqueza que generaba una empresa. "Pero ahora ya no es así", añadió.

Álvarez, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, señaló que ésta sería una de las medidas a tomar en el corto plazo para ayudar al sistema público de pensiones, pero no la única.

Así, el líder de UGT pidió que las pensiones de viudedad y orfandad se financien a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no por medio de la Seguridad Social y por retomar el Pacto de Toledo en el Congreso.

También defendió la necesidad de que la Seguridad Social deje de subvencionar la contratación, porque "por esta vía se pierden anualmente unos 2.500 millones de euros" que podrían ir a pagar las pensiones.

Otra medida que ayudaría al sistema de pensiones es subir los salarios, pues al bajar éstos "de manera estrepitosa" durante los últimos años también se ha reducido "de manera estrepitosa" la recaudación de la Seguridad Social.

En su opinión, de seguir la degradación del mercado de trabajo, "dentro de nada para ir a trabajar se va a tener que pagar". "Nosotros somos un país que no queremos vivir perdiendo cada día derechos y bienestar y, en ese sentido, las pensiones son uno de los elementos clave que ha jugado de colchón en esta crisis", subrayó.

Para el líder de UGT, es posible mantener el empleo, crear nuevo empleo y que éste sea de calidad y mejorar así la recaudación para pagar las pensiones.

Sobre la situación política, Álvarez advirtió de que es "muy importante" constituir ya un nuevo Gobierno porque "la mayoría de los ciudadanos españoles no puede esperar ni un día más" y se necesitan reformas para abordar todos estos temas.

'Brexit': "Está en juego el futuro de la UE"

Preguntado por la opinión que tiene la Confederación Europea de Sindicatos (CES) sobre el Brexit, Álvarez destacó que existe una enorme preocupación entre los sindicatos europeos porque "está en juego el futuro de la UE" y la salida de Reino Unido va a tener efectos sobre los trabajadores y los ciudadanos en general.

Álvarez, que ayer participó en Londres en una reunión del Comité Ejecutivo de la CES para hablar sobre el Brexit, anunció que habrá un nuevo encuentro en septiembre para analizar, desde el punto de vista sindical, cómo reactivar la Unión política, económica y social.

Entre las causas que pueden estar detrás de la decisión de Reino Unido de abandonar la UE, Álvarez citó la propia percepción que se tiene de la Unión. "La Comisión es un organismo antipático, siempre da malas noticias y los Estados se esconden detrás de la UE para responsabilizarla de las políticas que desarrollan y que muchas veces les corresponden", apuntó. 

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sacó de la chistera el pasado sábado una propuesta que ha causado sorpresa: que la jornada laboral acabe a las seis de la tarde y España cambie de huso horario, de forma que tenga el mismo que Portugal o Reino Unido. Idéntica a la que ya habían formulado el PSOE y Ciudadanos en su programa de gobierno. La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), que lleva años en España abogando por medidas que favorezcan la conciliación y la eficiencia laborales, ha saludado la iniciativa. Pero reclama que, efectivamente, los responsables políticos pasen de “las generalidades” a las medidas “de fondo”, en palabras de su presidente, José Luis Casero. Por el contrario, el anuncio ha sido recibido con escepticismo por los sindicatos CCOO y UGT, que por una vez coinciden en sus planteamientos con la patronal CEOE: “Los horarios laborales se negocian en los convenios colectivos de cada empresa o de cada sector, sin intervención de la ley”.

Casero asegura que la ARHOE ha explicado sus planteamientos para racionalizar los horarios españoles a los partidos y que todos están de acuerdo. “Hay voluntad [para cambiarlos]”, resume. La asociación propone un “pacto nacional” al que puede adherirse todo el que quiera, pero al que deberían acompañar medidas concretas. Algunas de ellas, negociadas con empresarios y sindicatos. Otras, decididas por el Gobierno. Así, Casero se declara a favor del cambio de huso horario. “Lo primero, que en marzo de 2017 no se cambiara la hora y nos quedáramos con la del meridiano de Greenwich”, plantea, “no sé cómo se puede discutir que España no está en ese huso horario”.

Sin embargo, se discute. Cuando hace ya más de una década el Bloque Nacionalista Galego (BNG) planteó que Galicia tuviera la misma hora que Portugal, la reacción política fue casi unánime: ridiculizar la propuesta. Alberto Núñez Feijóo, entonces en la oposición, acusó a los nacionalistas gallegos de pedir “la autodeterminación horaria” e incluso de “deteriorar la imagen de Galicia”. Y el ministro de Fomento, José Blanco, descalificó la idea como una “chorrada”. En 2008 el Gobierno socialista descartó el cambio con el argumento de que la “tendencia en la UE” es ir hacia un horario común para facilitar las conexiones aéreas y marítimas.

Pero algo debió de cambiar para que en 2013 la Comisión de Igualdad del Congreso aprobara, con los votos del PP, un informe donde se instaba al Gobierno a estudiar el cambio tanto de huso horario como de las jornadas laborales en España.

De los informativos al teletrabajo

José Luis Casero recalca que estas modificaciones “siempre han sido una prioridad”. “Afectan a los derechos fundamentales, a la igualdad del hombre y la mujer, a la conciliación de la vida laboral y familiar, a la productividad y competitividad de la economía…”, se explaya.

Así que, además de adelantar los relojes, la ARHOE pide que se adelanten también los informativos en las televisiones públicas y privadas, así como el prime time, o las hora desde los oficios religiosos hasta los encuentros de la Champions League. También reclama que se incentive el teletrabajo a tiempo parcial, se aumenten los permisos de paternidad y se pongan en marcha los bancos o créditos de horas.

Es lo que acaba de proponer Mariano Rajoy, quien habló incluso de crear un sello o certificado de calidad para las empresas con horario racionales, que obtendrían así beneficios fiscales. Además, quiere aumentar en 10 días más los permisos de paternidad a padres con discapacidad o que tengan hijos discapacitados. El PSOE y Ciudadanos añaden medidas en los centros escolares para ayudar a los padres con sus jornadas de trabajo. Ninguno habla, en cambio, de las horas extraordinarias ilegales, un mal endémico en algunos sectores y de muy difícil control y erradicación por la autoridad laborale.

Liberalización de horarios comerciales

Sin embargo, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, consideran “cínica” y “electoralista” la idea del presidente del Gobierno. “A Rajoy le sale gratis esa propuesta, está jugando con el electoralismo”, remarca a infoLibre el número dos de CCOO, Ramón Górriz. Debe ser la negociación colectiva la que decida, explica. “Hay sectores que sí podrán concluir sus jornadas a las seis de la tarde y otros que no”, precisa. Aunque también defiende la necesaria conciliación entre vida familiar y laboral. De hecho, Álvarez reprocha a Rajoy que sea precisamente su partido el que ha permitido la “absoluta desregulación” de los horarios comerciales. “Podría empezar por no obligar a los comercios a abrir a cualquier hora y cualquier día”, apuntó. Igualmente le acusan ambos de anunciar esa medida en funciones después de haberla obviado durante toda la legislatura.

Para la CEOE, explica un portavoz, son los representantes de las empresas y de los trabajadores quienes “mejor conocen las necesidades concretas de cada sector o de cada empresa”; por tanto, son ellos quienes deben decidir cómo se organizan. De ahí que la patronal considere que va a ser “difícil encontrar una única regulación”. “Hay muchas realidades y muchas necesidades diferentes”, objetan.

José Luis Casero, no obstante, recuerda que su asociación ya ha firmado un convenio con la patronal, UGT, CCOO y USO para racionalizar horarios. También asegura que la conciliación de la vida familiar y laboral puede aumentar la productividad hasta en un 19%. Y aboga por extender el trabajo a turnos para cubrir actividades que se extiendan las 24 horas. A su juicio, con el cambio de horarios ocurrirá lo mismo que con la Ley Antitabaco: los miedos iniciales darán paso a la normalidad y a la celebración de los nuevos hábitos.

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Josep Maria Álvarez, acusó de "desvergüenza" a los responsables de la banca española al pretender nuevos ajustes de plantilla en sus entidades después de que España rescatara el sector "a cambio de nada", informó Europa Press.

Para Álvarez, no es de recibo que con un país "que ha sido tan solidario con ellas", aunque haya sido "a la fuerza" por decisión del Gobierno, "a la primera de cambio realicen nuevos ajustes de plantilla".

"Yo creo que las empresas contratan cuando prevén vender sus productos, si ahora el consumo no ha caído la razón puede ser que quieren aprovechar hasta el último segundo para contratar o producir más barato, antes de que un nuevo Gobierno cambie la legislación laboral", sentenció.

Álvarez reclama un Gobierno "que cambie el disco"

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Josep Maria Álvarez, reclamó asimismo a las "fuerzas del cambio y de progreso" que "lleguen a un acuerdo" para formar un Gobierno "que cambie el disco", informó Europa Press.

Durante la clausura del VII Congreso Regional del sindicato en Castilla y León, celebrado este fin de semana en la Feria de Valladolid, Álvarez subrayó que España necesita "un Gobierno progresista y de cambio" para evitar los ajustes que, en su opinión, pretende el PP de acuerdo con la Comisión Europea tras conocerse la última desviación en el objetivo de déficit.

En este sentido, el líder de UGT señaló como prioridades que tendría que tener ese nuevo Ejecutivo la renegociación de dicho objetivo con la Unión Europea, ya que en sus palab, "España no puede aguantar el ritmo de Bruselas".

Asimismo, reclamó un plan de choque para combatir el desempleo, combatir el fraude fiscal y "un gran acuerdo por la industria" que favorezca la instalación de empresas que "aporten valor añadido y contratos estables", en lugar del actual modelo "de contratación por horas y en precario".

En cuanto al incumplimiento del objetivo de déficit, Josep Maria Álvarez acusó al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, de tener "poca vergüenza" por acusar de esta situación al sistema de pensiones y a las comunidades autónomas.

"Es razonable que las comunidades asuman la mayor parte del déficit si se tiene en cuenta que son ellas las que prestan los servicios públicos", advirtió, después de lo cual ha recordado que el estado del sistema de pensiones se debe "a la caída de cotizaciones" provocada por la "pobreza salarial" que, a su juicio, trajo la reforma laboral.

"Demagogia del PP"

En este contexto, tachó de "demagogia del PP" la bajada de impuestos que ejecutó el Gobierno y que "ha contribuido a aumentar ese déficit".

El secretario general de UGT defendió la importancia de cambiar el Gobierno, dado que el actual "ya ha apuntado a nuevos recortes" que, en el caso de recaer sobre las comunidades autónomas, irían a parar "a educación, sanidad y servicios sociales", puesto que de ellas dependen estas prestaciones, y no "a Defensa o Exteriores", competencias en este caso de la Administración central.

En cuanto a cualquier posible recorte o ajuste en la Seguridad Social, el líder del sindicato vaticinó que eso llevará una "rebaja de los derechos de los pensionistas", tanto actuales como futuros.

Dos miembros de la anterior comisión ejecutiva federal de UGT, Antonio Retamino y Manuel Bonmati, llevan años viviendo en sendos pisos que el sindicato ha puesto a su disposición. El primero era el tesorero de UGT desde 1998 y el segundo,  responsable de Política Internacional. Retamino y Bonmati ingresaron en la ejecutiva del sindicato en 1994, cuando Cándido Méndez se hizo cargo de la secretaría general. Retamino acaba de dejarla, tras vencer Josep María Álvarez el pasado sábado en el 42º congreso de UGT. Bonmati lo hizo en 2013, tras jubilarse, pero continuó al frente de Política

Internacional hasta ahora.

Según explica un portavoz del sindicato, se trata de una “política habitual” del sindicato con los cargos que deben desplazarse hasta Madrid desde otras comunidades autónomas. No sólo con los de la ejecutiva confederal, también la siguen las distintas federaciones con sus propios dirigentes. Primero se les paga un hotel hasta que encuentran un piso, cuyo alquiler también se les abona. Así se ha hecho hasta ahora con Frederic Monell, por ejemplo, secretario de Política Institucional, quien entró en la ejecutiva en 2009 procedente de la UGT catalana.

Pero, para ahorrarse los alquileres, el sindicato prefiere “poner a disposición” de los miembros de la ejecutiva desplazados algunos de los pisos que posee, añade el portavoz. “No son mansiones”, precisa. Las de Bonmati y Retamino se encuentran en el barrio madrileño de Ventas. Los dirigentes sindicales pagan los gastos de comunidad, luz y agua, apunta el sindicato. Y al dejar sus cargos, también abandonarán los pisos.

Tanto Bonmati como Retamino proceden de Sevilla, de la UGT andaluza. Al primero, el sindicato le pagó un alquiler hasta que se le facilitó el piso. Según la misma fuente, el tesorero confederal estuvo “un tiempo” residiendo en la Escuela Julián BesteiroEscuela Julián Besteiro, una instalación situada también cerca de Ventas, en el barrio de la Guindalera, donde UGT imparte cursos de formación para trabajadores y celebra eventos y jornadas.

El caso es que ni Bonmati ni Retamino ni sus familias cambiaron de residencia durante estos 22 años de trabajo en Madrid. “Es una opción vital”, justifica el portavoz sindical. A diferencia de Cándido Méndez, que sí cambió Andalucía por Madrid, junto con su familia, debido a su cargo. “Además”, continúa, “ser miembro de la ejecutiva es algo coyuntural, no sabes qué va a pasar dentro de cuatro años”.

El sindicato compara este caso con la política que sigue “cualquier otra organización, institución o empresa” con sus trabajadores desplazados: o les ayudan a pagar el alquiler o ponen a su disposición un piso.

Nueva ejecutiva, 10 miembros desplazados

De los 13 miembros de la nueva ejecutiva, sólo tres residen en Madrid. El resto procede de Barcelona, La Rioja, Cáceres, Valencia, Sevilla y Córdoba. Y el sindicato continuará con la misma política, indica el portavoz, aunque aún no hay ninguna decisión tomada. “No es razonable que realizar una labor sindical les cueste dinero a los miembros de la ejecutiva”, añade. Si son liberados, los altos cargos sindicales cobran el sueldo que les pagan sus respectivas empresas. Si son asalariados del sindicato, reciben el sueldo marcado en el convenio colectivo. En ambos casos, la organización paga dietas y gastos de representación.

El salario base de un trabajador de UGT con la máxima categoría –técnico superior A+– es de 2.017 euros al mes, de acuerdo con el convenio para este año. Aunque son las propias comisiones ejecutivas de cada federación las que aprueban las retribuciones de sus miembros. En 2009 Cándido Méndez hizo público su sueldo, en un programa de TVE: 2.574 euros al mes netos. El nuevo secretario general, Josep María Álvarez, ha prometido hacer públicos los sueldos de la ejecutiva, como parte de su “compromiso” por hacer de UGT una “organización transparente que explique en qué utiliza los recursos públicos”.

Josep María Álvarez se ha alzado con el liderazgo en UGT por sólo 17 votos tras una votación que se prolongó hasta las cinco de la mañana y puso punto final a un congreso que se tensó a última hora por culpa del derecho a decidir de los catalanes. Finalmente, sin embargo, el debate en torno a Cataluña ni enturbió la salida de Cándido Méndez  –la amenaza de reprobar su informe de gestión no se materializó– ni ha impedido al hasta ahora secretario general de la UGT catalana ponerse al frente del sindicato.

Álvarez repite ahora en UGT el camino que ya recorrió otro catalán, Juan Rosell, desde la patronal Fomento del Treball hasta la presidencia de la CEOE. Si a Josep María Álvarez se le ha reprochado su apoyo al derecho a decidir de Cataluña, a Rosell se le acusaba de excesiva “tibieza” en la polémica sobre una posible secesión. Pese a los recelos, el empresario catalán va ya por su segundo mandato al frente de la patronal española, tras vencer en diciembre de 2014 al presidente de Cepyme, Antonio Garamendi.

Álvarez ni siquiera mencionó el asunto catalán en su primer discurso como secretario general de UGT. Pero, nada más conocerse su victoria, de madrugada, se congratuló de que el sindicato se haya convertido en “la primera organización estatal donde la catalanofobia no funciona”. “El sindicato ha dado un paso muy positivo para que este país se entienda”, declaró a los medios de comunicación, “y aprovecharé mi cargo para que España y Cataluña tiendan puentes”.

En el cierre del 42º Congreso, mientras Cándido Méndez se despedía entre fotos con los delegados, Josep María Álvarez recibía las felicitaciones de unos y Miguel Ángel Cilleros, el candidato derrotado, los abrazos de otros, los dirigentes consultados por este periódico coincidían en que la polémica por el derecho a decidir “no tiene recorrido” en el sindicato. “No está en la agenda ni en el debate”, aseguran. “Es un tema político, no sindical”. Un responsable de la ejecutiva saliente cree que la controversia precongrensual incluso puede servir de “vacuna”: “Ahora se podrá debatir sin acaloramiento”. Para subrayar el carácter plural del sindicato, el dirigente de una confederación que ha apoyado a Álvarez recuerda que en la UGT catalana militan tanto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como Neus Munté, miembro de Junts Pel Sí, actual consellera de Presidencia de la Generalitat y vicepresidenta con Artur Mas.

El propio Méndez quiso restañar la herida que él mismo había abierto para recalcar su convencimiento de que Álvarez “hará lo correcto y defenderá el valor de la igualdad, la solidaridad y la cohesión social”.

No hay fractura

También han sido unánimes, tras la dura batalla voto a voto, las apelaciones a la unidad. No hay fractura, repiten los sindicalistas. Las caras de decepción y el enojo por la derrota de algunos no durarán más que unos días, subrayan. Ahora toca cambio. Al menos eso es lo que vende el equipo ganador y por lo que han votado quienes le apoyaron. “Cándido prometía renovación, pero cómo podía ser tal si las caras eran las mismas que los últimos 22 años”Cándido prometía renovación, explicaba un dirigente. “Vamos a transformar este sindicato”, prometió Álvarez en su discurso al congreso, “pero partiendo de lo que tenemos: no hay ruptura, sino continuidad”, atemperó enseguida.

El flamante secretario general anuncia mayor participación de los afiliados en la toma de decisiones, además de comprometerse a someter a referéndum “cualquier acuerdo confederal importante” y a explicar en los centros de trabajo qué negocia el sindicato y en qué condiciones. UGT será “una organización transparente” también a la hora de dar explicaciones a la sociedad sobre el uso que hace de los recursos públicos, apuntó Álvarez. “Cuántas personas contratamos, cuántos locales, cuánto nos cuestan y a quiénes los pagamos”.

El reto de las tres federaciones

Así pretende el secretario general dejar atrás el caso de los ERE y de los cursos de formación que han ensombrecido la imagen de UGT. “Nos sentimos maltratados”, destacó en su discurso Josep María Álvarez, quien culpó del daño a una “campaña” para “criminalizar el sindicalismo” no sólo en España sino también en el resto de Europa: “El capital, los poderosos, saben que para arrebatarnos los derechos primero tienen que acabar con el instrumento que los ha conseguido: los sindicatos”. No obstante, confesó “con humildad ante la sociedad” que UGT no estaba “preparada para convivir” con los casos de corrupción en los que se ha visto involucrada.

Como medicina preventiva, Álvarez ofrece un plan de viabilidad que “reduzca la cabeza” de la organización y libere recursos para dar servicios a los afiliados. Por delante, el nuevo secretario general tiene la reducción de seis a tres de las federaciones, un proceso ya aprobado pero de ejecución complicada. “No son fusiones”, advirtió en su discurso, ni una “centralización”. Los dirigentes consultados destacan lo delicado que será modificar equilibrios de poder asentados durante décadas.

“Tiene otro perfil distinto a Méndez, y se ha visto en su discurso”, sostiene un delegado sobre el nuevo líder, pese a que Álvarez lleva más años al frente de la UGT catalana que el secretario general saliente al frente del sindicato nacional. El catalán pidió un plan estratégico para la industria, que contrapuso a la “economía del viento”, la que se beneficia de factores externos y coyunturales como la caída del precio del crudo, el cambio favorable entre el dólar y el euro o los bajos tipos de interés. Él, que viene de la Federación del Metal, habló de los trabajadores de las cadenas de montaje; de Seat, que tiene su principal factoría en Martorell, y de Bacardi, que cierra la suya en Mollet, ambas en Barcelona. E introdujo en el campo de actuación del sindicato a “los trabajadores precarios, los jóvenes que emigran y los que no llegan a fin de mes o ganan menos de 1.000 euros”. A ésos cuyo abandono muchos han reprochado a los sindicatos y que ahora Álvarez pretende recuperar.

En el discurso que inauguró el congreso, el propio Méndez reconoció que UGT ha perdido un 3% de delegados sindicales en las últimas elecciones. En su día también cifró en 3.000 diarios la hemorragia de afiliados, por culpa de la destrucción de empleo y de la crisis de crédito que sufren los sindicatos.

Una mujer será la 'número dos' de UGT

Álvarez ha prometido “muchos cambios” en una UGT que todos ven “superunida”, en palabras del candidato perdedor, Miguel Ángel Cilleros. Para empezar, la número dos será por primera vez en su historia una mujer, Cristina Antoñanzas, hasta ahora secretaria general del sindicato en La Rioja, de 40 años, que ocupará un nuevo cargo, vicesecretaria general. Más ajustados al perfil tradicional parecen el nuevo secretario de Organización, Rafael Espartero, procedente de la poderosa Federación de Servicios Públicos, uno de los apoyos de Álvarez en el congreso, y el secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, responsable durante 24 años de la sección sindical de UGT en la factoría de Ford en Almussafes (Valencia).

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, no asistió a la clausura del 42º Congreso de la UGT, pese a haber sido invitado, así que no pudo escuchar cómo Josep María Álvarez dejaba caer que los pactos de gobierno le importan “sólo relativamente”. Y cómo pedía a la “mayoría de izquierdas” conformada en el Congreso que “se deje de tonterías y se ponga a trabajar” para dar “respuesta a los problemas de los ciudadanos”. También arrancó aplausos de los delegados cuando reclamó la derogación de la reforma laboral, el asunto más caliente del programa electoral socialista, también el más incierto tras el acuerdo de gobierno con Ciudadanos.

Josep María Álvarez ha sido elegido como nuevo secretario general de UGT, tras recibir 306 votos a favor, lo que supone el respaldo del 51,1% de los emitidos en el 42º Congreso Confederal durante un maratoniano proceso de votación que se inició poco después de las 00.30 horas y que acabó alrededor de las 5.00 de la madrugada.

La Candidatura de Miguel Ángel Cilleros ha recibido 289 votos y se han registrado cuatro papeletas en blanco. Al término del recuento, Álvarez y Cilleros se han fundido en un abrazo entre aplausos y gritos de "UGT, UGT".

Álvarez sustituye a Cándido Méndez, que ha ostentado el cargo durante los últimos 22 años, en el marco de un 42º Congreso Confederal histórico, no sólo por el relevo de la cúpula, sino también porque está llamado a marcar el inicio de una renovación en profundidad del sindicato.

No obstante, esta nueva andadura arranca con una organización aparentemente más fragmentada, puesto que en su última reelección en 2013, Méndez obtuvo el 86,3% de los votos. En todo caso, desde ambas candidaturas se ha asegurado que una vez superada la votación, no existirá tal fragmentación.

Estas diferencias se han puesto de manifiesto en un proceso en el que las candidaturas han luchado cada uno de los votos de los delegados, que han sido depositados en urna de forma individual y secreta. El sindicato tenía disponible un sistema de votación telemática, pero se ha impuesto la urna para ganar transparencia en un proceso tan reñido.

Así, fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que se ha producido un intenso debate durante la sesión plenaria antes de la votación. En esta fase se han debatido enmiendas en las que no se habían logrado acuerdos previamente en las comisiones y que, en parte, se referían a la forma de llevar a cabo la reducción de seis a tres federaciones.

En esta letra pequeña de la reducción de estructuras estaban en juego posiciones particulares. Y es que fuentes del entorno de Álvarez ha acusado a Cilleros de tratar de atraer a sus filas a miembros de las federaciones de la enseñanza (FETE) y la química (Fitag) usando estas enmiendas como canje para recabar sus votos.

Este es el reflejo de la concurrencia de tres candidaturas de partida (Josep Maria Álvarez, Miguel Ángel Cilleros y Gustavo Santana), algo que no había ocurrido antes en el sindicato, aunque finalmente Santana no ha podido oficializar la suya por falta de avales.

La ejecutiva de Álvarez está formada por 13 personas --7 hombres, incluido Álvarez, y 6 mujeres--, con una renovación completa de caras respecto a la de Méndez, que además contaba con cuatro miembros menos.

Esta ejecutiva contará con la actual secretaria general de UGT-La Rioja, Cristina Antoñanzas Peñalva, como vicepresidenta general. Como secretario de Organización estará quien ostenta actualmente este cargo en UGT-FSP, Rafael Espartero García; y como secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social a la actual secretaria de Acción Sindical de FSP-UGT, María del Carmen Barrera Chamarro.

El secretario de Política Sindical será el actual secretario general de UGT-País Valenciano, Gonzalo Pino Bustos; la secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente recaerá en Ana García de la Torre, que ocupa actualmente el cargo de responsable de Construcción y Salud Laboral en MCA-UGT; y el nuevo tesorero será Salvador Duarte Soto.

Para la secretaría de Formación, Álvarez ha pensado en el actual secretario de Formación de UGT-FSP, Sebastián Pacheco Cortés; y como secretario de Internacional, en Jesús Gallego García.

Por último, en la Comisión Ejecutiva de Álvarez habrá cuatro secretarios confederales: Amparo Burgueño Luengo, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT); Diego Martínez Isern, de UGT-Cataluña; Adela Carrió Ibáñez, actual secretaria de Formación de UGT-Cataluña; e Isabel Araque Ureña, secretaria general de Córdoba.

El nuevo secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez i Suárez, nació en la localidad asturiana de Belmonte el 20 de marzo de 1956.

Cursó estudios de Formación Profesional en Noreña (Asturias) y con 19 años se trasladó a Barcelona, donde comenzó a trabajar en la empresa de construcción de maquinaria pesada La Maquinista Terrestre y Marítima, que años más tarde fue comprada por la francesa Alstom. Con esa misma edad se afilia a la Unión General de Trabajadores (UGT) y empieza a interesarse por aprender la lengua catalana.

Sólo un año más tarde, en 1976, es elegido secretario de Acción Sindical de la sección sindical de La Maquinista y miembro del comité de empresa desde las primeras elecciones sindicales.

En 1980 Álvarez es nombrado secretario de Organización de la Federación del Metal de UGT-Cataluña y desde aquel año asume diferentes cargos en el sindicato. Ocho años más tarde vuelve a ser elegido secretario de Organización del Metal y miembro del Comité Confederal de UGT.

Tras hacerse cargo de la Comisión Gestora de UGT-Cataluña, en mayo de 1990 es elegido secretario general de UGT en esta comunidad, cargo en el que ha permanecido 26 años (su última reelección tuvo lugar en 2013).

Cándido Méndez se va de UGT con un respaldo del 97,5% a su gestión. El informe sobre los últimos cuatro años del sindicato, una etapa que él mismo describió este miércoles como “complicada”, se aprobó con 552 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones. Méndez sortea así las amenazas lanzadas por las federaciones del Metal y de Servicios Públicos, que la víspera quisieron mostrar su enojo con las declaraciones del aún secretario general sobre el derecho a decidir de Cataluñel derecho a decidir de Cataluña. Ambas organizaciones apoyan a uno de los candidatos a suceder a Méndez, el responsable de la UGT catalana, Josep María Álvarez.

La sucesión de Cándido Méndez, tras 22 años al frente del sindicato, sigue muy abierta, en cualquier caso. El ganador no se conocerá hasta el sábado. Álvarez dice contar con más del 50% de los 601 delegados al 42º Congreso, que se inauguró este miércoles. Las federaciones del Metal y de Servicios Públicos, de hecho, son las más potentes del sindicato. El dirigente catalán se enfrenta al responsable de la Federación de Servicios para la Movilidad, Miguel Ángel Cilleros, que pasa por ser el candidato oficialista, y al secretario general de la UGT Canaria, Gustavo Santana, que reclama un “cambio integral” y la celebración de primarias.

También recibieron el respaldo mayoritario la gestión del comité confederal (98,78%), de la comisión de garantías (97,89%) y de la comisión de control económico (98,93%).

Fuentes próximas a Cándido Méndez intentaban ayer desactivar el amago de rebelión de las dos federaciones citadas remarcando que lo que se iba a votar era la gestión de la comisión ejecutiva, no las declaraciones del secretario general sobre el derecho a decidir.

En su discurso tras abrir el Congreso, Méndez no dejó de mencionar la polémica, aunque se limitó a apuntar que el derecho a decidir debe ser de “todos juntos, del conjunto del pueblo trabajador español”. Y a hacer una encendida defensa de la “magnífica” Constitución con que cuenta España.

Por su parte, el dirigente de la UGT catalana ha dejado claro que defiende la caja única de las pensiones y el derecho a decidir, no el derecho de autodeterminación. “Históricamente en España el tema territorial no se ha resuelto, ahora deberíamos hacerlo con diálogo y mirándonos a la cara, reconociéndonos como somos”, explicó a infoLibre Álvarez, que es asturiano. “Si alguien cree que el problema de Cataluña, o de otras comunidades autónomas, se resuelve con medidas de fuerza, conmigo que no cuente”.

Un congreso que se adivinaba animado –tras 22 años de liderazgo indiscutido de Cándido Méndez–, pero pacífico, amenaza ahora con tornarse bronco. La disputa entre tres candidatos a la sucesión garantizaba un cierto dinamismo. Hasta ahora, la búsqueda de avales y la campaña para convencer a los delegados había discurrido por los cauces de rutina. Pero las declaraciones del aún secretario general del sindicato sobre el derecho a decidir de los catalanes, que defiende uno de los candidatos a sucederle, Josep María Álvarez, enojaron a los dirigentes de las dos principales federaciones de UGT, la de Servicios Públicos y la del Metal. Julio Lacuerda y Carlos Romero amenazaban con votar no al informe de gestión que presentó este miércoles Cándido Méndez.

Ambos fueron los primeros en dar un paso al frente en apoyo de Álvarez, secretario general de la UGT catalana desde 1990. O más bien de empujar a la pugna por el liderazgo a un Josep María Álvarez que no presentó formalmente su candidatura hasta casi la víspera del congreso. Fuentes próximas a Méndez aseguran que éste se siente “traicionado” por el dirigente catalán. El secretario general saliente dejó claro el perfil que consideraba idóneo para sucederle: de entre 45 y 55 años, con experiencia en la organización y procedente de un sector industrial. El dirigente catalán tiene 59 años y lleva al frente del sindicato en Cataluña más tiempo que Méndez como responsable nacional de UGT.

Con esos dos –grandes– soportes y los de otras organizaciones territoriales, Álvarez adquiriría un músculo considerable para ganar el 42º Congreso, que se abrió este miércoles y concluirá el sábado con la proclamación del nuevo secretario general. “Tengo el aval de más del 50% de los delegados”, ha reconocido nada más llegar.

Compiten con él Miguel Ángel Cilleros, responsable de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo, y Gustavo Santana, secretario general de la UGT canaria. El primero parte como el candidato oficialista, el segundo reclama un cambio integral que incluya primarias. Aunque pudieron ser más en la pugna. Una cuarta opción que llegó a estudiarse en su día fue la secretaria de Igualdad, Almudena Fontecha, pero finalmente no cuajó, según las fuentes del sindicato consultadas por este periódico.

En una elección más abierta de lo esperado, el soberanismo y Cataluña se ha situado en el centro de un debate hasta ahora dominado por las cuestiones internas de organización. “La reducción de seis a tres federaciones fuertemente sectorializadas es un cambio estratégico de primera magnitud”, ensalzó Cándido Méndez en su discurso ante los delegados. Un trabajo que el secretario general deja hecho a su sucesor. Y que deberá ir acompañado de un “vuelco” de UGT hacia el trabajador y el afiliado.

En esa estrategia todos los candidatos se muestran de acuerdo. También en que el nuevo Gobierno debe derogar la reforma laboral. De hecho, aseguran fuentes del sindicato, de las 4.500 enmiendas presentas al Congreso, sólo 29 siguen “vivas”, el resto han sido ya transaccionadas y consensuadas.

“Hizo alarde del derecho a decidir”

Y en esto apareció la cuestión catalana para desenfundar las espadas. “Cándido se ha visto obligado a contestar después de que Álvarez hiciera alarde del derecho a decidir y de que dijera que una Seguridad Social catalana era viable”, defienden otras fuentes próximas a Méndez, que también reprochan a Álvarez su cercanía a miembros de CiU y ERC. “Tanto UGT como CCOO”, recuerdan, “son herramientas para imprimir cohesión social en el país; no se puede jugar con esos temas”.

Por su parte, el dirigente de la UGT catalana ha dejado claro que defiende la caja única de las pensiones y el derecho a decidir, no el derecho de autodeterminación. “Históricamente en España el tema territorial no se ha resuelto, ahora deberíamos hacerlo con diálogo y mirándonos a la cara, reconociéndonos como somos”, explicó a infoLibre Álvarez, que es asturiano. “Si alguien cree que el problema de Cataluña, o de otras comunidades autónomas, se resuelve con medidas de fuerza, conmigo que no cuente”.

En su discurso tras abrir el Congreso, Méndez no dejó de mencionar la polémica, aunque se limitó a apuntar que el derecho a decidir debe ser de “todos juntos, del conjunto del pueblo trabajador español”. Y a hacer una encendida defensa de la “magnífica” Constitución con que cuenta España.

Para las fuentes consultadas, la amenaza de rechazar el informe de gestión no es más que “una pataleta” de los dirigentes que apoyan a Josep María Álvarez. “¿Qué se somete a examen, las declaraciones del secretario general o su gestión?”, se preguntan. En cualquier caso, la sangre no llegará al río. Nada más entrar en el Congreso, Álvarez anunció que sería “generoso” a la hora de votar el informe de Méndez, pese reconocer que sus declaraciones no han “sentado bien” a la UGT catalana. El debate sobre el informe de gestión comenzó en la tarde del miércoles, tras el discurso del secretario general, y continúa este jueves.

“Actitudes reprobables”

Ante los delegados, Cándido Méndez reconoció la pérdida de afiliación sufrida por el sindicato en los últimos años, de la que culpó tanto a la crisis, por la “brutal destrucción de empleo”, como a los “errores” cometidos por la UGT. “Ha habido actitudes reprobables [en el sindicato]”, admitió también Méndez, pero enseguida apuntó que no queda “ni un solo imputado en su cargo”. “O dimitió o fue expulsado fulminantemente, tuviera el carisma que tuviera”, resaltó en referencia a José Ángel Fernández Villa, líder histórico del sindicato en Asturias.

El dirigente ugetista advirtió también a sus compañeros de que el sindicato “no puede fallar en la gestión y control de los fondos públicos y las cuotas de sus afiliados”. Se refería al caso de los ERE en Andalucía –el expresidente de la Junta Manuel Chaves se encontraba entre los que le escuchaban desde las primeras filas– y al de las facturas falsas. Antes había mencionado la “etapa muy complicada” que cerraba su mandato y reivindicado la actividad sindical: “Es como el aire que respiramos: nadie lo nota salvo cuando le falta”. Los sindicatos, remarcó luego, son “insustituibles en la negociación colectiva y muy necesarios para los cambios que se están produciendo en España”.