CCOO denuncia que se siguen haciendo 2,55 millones de horas extra a la semana que no se pagan, ni cotizan ni se compensan con tiempo de descanso, mientras que los cambios para hacer más fiable y operativo el registro horario siguen a la espera de ser aprobados por el Gobierno, según informa EFE.

Un informe elaborado por el sindicato y publicado este lunes muestra cómo esta práctica afectó el año pasado a 441.000 trabajadores, el 47% de los que realizó una jornada laboral por encima de la pactada. Estos empleados hicieron una media de 5,6 horas extra semanales no pagadas, cifra que representa casi el 40% de las horas que se hicieron por encima de la jornada pactada, según datos recogidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa a 2025.

Educación, transporte y almacenamiento, industria y comercio fueron los sectores con mayor volumen de horas extra no pagadas, aunque la mayor parte de los trabajadores que sufren estas prácticas se encontraban en suministro de energía eléctrica o gas; finanzas y seguros; educación; servicios profesionales, científicos y técnicos; e información y comunicaciones.

Las regiones con mayor volumen de horas extra no pagadas fueron Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía; mientras que la mayor parte de empleados que las hacían estaban en Madrid, Asturias, País Vasco, Catalunya y Comunitat Valenciana.

Estas horas suponen un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, lo que equivale a dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones para los trabajadores, pero que para las empresas supuso sin embargo "un ahorro en costes laborales de un total de 3.243 millones de euros al año". Por otra parte, el volumen total de horas extra que no se han abonado equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa.

En un comunicado, CCOO critica que la patronal quiera centrar el debate en el absentismo "queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común", mientras que obvia el alargamiento de la jornada sin contraprestación, lo que deriva en "costes a las personas trabajadoras, a la Seguridad Social y al sistema tributario español".

"Este tipo de prácticas no solo incrementan el estrés y el agotamiento en las personas trabajadoras por las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud", sino que también conllevan "costes adicionales al sistema nacional de salud".

Por ello, CCOO denuncia el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, algo que considera "imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas", lo que requiere de "mecanismos eficaces".

Las mujeres, los jóvenes y los extranjeros serán los más afectados por el incremento del SMI hasta los 1.221 brutos a jornada completa por 14 pagas que firmarán este lunes 16 de febrero el Ministerio de Trabajo con los sindicatos UGT y CCOO. Este nuevo sueldo equivale a un salario anual de 17.094 euros brutos. La subida, del 3,1%, permite mantener la referencia del salario mínimo en el 60% del salario medio neto.

Por sectores notarán la subida del salario mínimo los trabajadores y trabajadoras en agricultura (el 27% del total lo reciben), seguido de otros servicios (25%) y de comercio y hostelería (23%).

El 18% de los trabajadores canarios verán aumentado su sueldo gracias a esta subida. También hay gran incidencia del SMI en otras comunidades autónomas del sur peninsular como Extremadura (16,1%), la Región de Murcia (13,5%) o Andalucía (13,2%).

"Esta subida va a afectar a 1,66 millones de personas asalariadas", asegura un comunicado emitido por Comisiones Obreras, que recalca que este número de trabajadores corresponde al "9% de la población asalariada española". El texto acusa a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Antonio Garamendi, de no aceptar el acuerdo y de asegurar que la subida será un freno para el empleo.

"Subir los salarios más bajos es una inyección de dinero en el consumo de las familias cada mes, y como se ha venido evidenciando año a año no es una medida que haya impactado ni en el empleo ni en la economía, al contrario", expresa el comunicado de CCOO que pone el foco en los salarios entre el SMI y el salario medio. El sindicato asegura que "hasta 11 millones de personas están en esa horquilla, con salarios que no pueden quedarse estancados".

Unai Sordo considera que un adelanto electoral no es buena idea. El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) ha intervenido en el programa de radio EgunOn Bizkaia para explicar que la clase trabajadora saldría perjudicada en caso de elecciones. Considera que, aunque el gobierno se encuentra en un momento complicado por la aritmética del Congreso, Sánchez debe aguantar con la prórroga de los presupuestos y los fondos europeos. 

Esta continuidad de las cuentas del Estado pueden significar, según Sordo, la estabilidad de las inversiones públicas, además de que puede incentivar los recursos privados debido a la contraposición con la gran transformación económica actual. Con estas medidas, asegura, se favorecería el tejido productivo y podría activar el empleo. 

Precisamente el empleo es para él la respuesta para el avance ultra de los últimos años, junto con el refuerzo de los servicios públicos y la mejora de los salarios. Asegura que la clase trabajadora ha estado votando “contra sus propios intereses” ya que los partidos apelan al electorado con claves identitarias negativas antes que por su situación económica, social o material, como sus condiciones de vida. 

Además, el líder de CCOO ha rechazado la fragmentación del salario mínimo interprofesional (SMI) por territorios y pide que el salario mínimo del convenio vasco sea la vía a seguir. 

Sus declaraciones llegan después del batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura, que ha perdido diez escaños respecto a la última cita electoral, algo que ha vuelto a avivar las peticiones de un adelanto electoral a nivel estatal. María Guardiola convocó los comicios al no conseguir aprobar los presupuestos autonómicos. Es, precisamente, este argumento el que se usa para atacar al gobierno de Sánchez. 

Este martes, el Senado ha presentado un conflicto de atribuciones contra el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los presupuestos de 2026, con ello pretenden que el tribunal establezca un plazo máximo para que el Ejecutivo presente las cuentas. 

Los sindicatos CCOO y UGT han advertido este miércoles de que seguirán persiguiendo la reducción de la jornada laboral a pesar de que su tramitación caiga este miércoles en el Congreso, en una concentración en Barcelona que ha contado con sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

La protesta ha reunido a medio millar de personas delante de la sede de la patronal Foment del Treball para presionar ante la votación este miércoles de la propuesta de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que se espera que caiga por el veto anunciado por Junts, PP y Vox.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que los sindicatos "no van a cejar en el empeño de aprobar la norma" y exigirán al Gobierno "un nuevo proyecto de ley y un reglamento sobre el control del tiempo de trabajo de forma efectiva".

El dirigente de CCOO ha denunciado que PP, Junts y Vox demuestran, con su "alianza" para tumbar la reducción de la jornada laboral, que "cuando el dinero se pone sobre la mesa, las banderas, las pulseras y los himnos pasan a un segundo plano". Ha avisado a JuntsxCat de que "la reducción de jornada les va a perseguir hasta el final de la legislatura".

"Vamos a asistir a una votación en que la derecha nacionalista catalana se va a aliar con la extrema derecha nacionalista española para poner fin a un proyecto de ley que pretende mejorar la vida de los trabajadores catalanes y del conjunto del país", ha alertado el líder sindical en declaraciones a los periodistas.

Por su parte, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha declarado que los grupos que se opondrán este miércoles a la tramitación de la reducción de la jornada laboral "están secuestrando la libertad del pueblo", y les ha avisado: "No se puede dar una bofetada a los trabajadores pensando que se la dan a Pedro Sánchez".

Álvarez ha denunciado que los grupos que se oponen a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales "no han dado ningún argumento y no lo quieren dar, quieren que pase desapercibido".

La concentración en Barcelona, en la que se podían ver carteles criticando el "bloqueo" con las caras de diputados de Vox, PP y JuntsxCat, precede a una serie de movilizaciones convocadas por los sindicatos en rechazo a la caída del proyecto de ley, con una en Madrid esta tarde ante el Congreso.

Tras los parlamentos de Sordo y Álvarez, que han aprovechado para mostrar su apoyo a Palestina, la secretaria general de CCOO en Cataluña, Belén López, ha insistido en que los partidos que se oponen a la iniciativa "han comprado los argumentos de la patronal" y ha criticado a JuntsxCat por ser el "'lobby' de las grandes empresas".

El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, ha defendido el consenso social que tiene la reducción de la jornada, también entre los votantes de JuntsxCat; y ha resaltado que el partido catalán tiene que decidir si hace caso a "Duran i Lleida, Sánchez Llibre, Feijóo o Abascal o al sentir mayoritario de la gente".

Unai Sordo ha sido proclamado de nuevo este sábado secretario general de CCOO, tal y como estaba previsto al ser la suya la única candidatura, de forma que liderará el sindicato durante los próximos cuatro años tras ser respaldado por el 96,11% de los delegados sindicales presentes en el XIII Congreso Confederal, según informa EFE.

Según se ha anunciado esta mañana en la clausura del XIII Congreso Confederal que celebra el sindicato desde el jueves, los más de 700 delegados sindicales han votado la nueva Secretaría General, así como a la Comisión Ejecutiva Confederal y a la de Garantías, a las que también se han presentado sólo una candidatura. 

En su discurso Sordo, ha aludido a la trama de corrupción en el PSOE y ha añadido que “hay que combatir a los poderes económicos que creen que están en disposición de secuestrar la democracia”, en referencia a las empresas corruptoras.

En lo relativo a la reducción de la jornada laboral, medida que quieren impulsar desde los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, Sordo se ha dirigido al resto de formaciones políticas que siguen en contra de la medida, proclamando que “se trata de mostrar la diferencia entre la mayoría social y la posición política de los grupos. Que los que rechazan la reducción de jornada sepan que eso tiene un coste político y reputacional”.

Sordo ha sido reelegido para un tercer mandato consecutivo por 692 votos a favor, 28 en blanco y ninguno en contra.

El plazo de presentación de candidaturas terminó el viernes por la mañana y, por la tarde, tuvieron lugar las elecciones mediante un sistema de votación electrónica que "asegura el sufragio libre y secreto", aunque el resultado se hizo público este sábado, antes de la sesión de clausura del Congreso Confederal.

Unai Sordo liderará hasta 2029, en su tercer y último mandato, el primer sindicato de España, con más de un millón de afiliados y 112.000 delegados sindicales. 

La nueva comisión ejecutiva estará formada por María Cardeñosa (como secretaria de Finanzas y Administración), Carlos Bravo (Políticas Públicas y Protección Social), Sofía Castillo (Migraciones), Carlos Gutiérrez (Estudios y Discurso), Loli García (Formación y Empleo) y Agustín Martín (Organización y Extensión Sindical).

También la integran Marcelo Ortega (Comunicación), Cristina Faciaben (Internacional y Cooperación), Javier Pacheco (Acción Sindical y Transición), Carmen Vidal (Participación Institucional y Movimientos Sociales), Mariano Sanz (Salud Laboral y Medio Ambiente), Carolina Vidal (Mujeres e Igualdad) y Pau García (Juventud).

En la clausura del Congreso ha participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha querido tener unas palabras para Sordo, que "toma de nuevo las riendas del sindicato más grande de nuestro país. Es una enorme responsabilidad".

"Hemos vivido muchas crisis juntos y en ellas es cuando se ve la manera de un dirigente. Cuando las cosas van bien, es fácil. Pero cuando el PIB se desploma y piensas que todo se va al garete, yo te doy las gracias por altura de miras, en lo personal, porque en los momentos clave siempre has estado ahí", ha dicho Díaz.

En la jornada de este sábado, también ha sido aprobada una resolución general única consensuada durante el Congreso que rechaza el "genocidio" de Gaza a manos de Israel y la "ocupación" del Sáhara por el régimen marroquí.

También reclama proteger los derechos de los más vulnerables, como los migrantes, al tiempo que apela a reforzar la lucha contra la LGTBIfobia.

En el documento también se critica la política adoptada por Estados Unidos, entre otras cosas, en materia de defensa; y reclama en este ámbito una política autónoma en el seno de la Unión Europea.

En el ámbito nacional, se pone el acento en el problema de la vivienda, así como en la corrupción, que son "prácticas intolerables en términos éticos". Sordo también ha pedido cuentas al PSOE exigiendo “claridad y transparencia en los casos que se están investigando ahora y en los que llevan años investigándose”.

En clave social, se apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad, el fortalecimiento de los servicios públicos y la erradicación del acoso y violencia contra las mujeres, incluyendo la "abolición del sistema prostitucional".

Este jueves ha tenido lugar en Madrid la primera sesión del XIII Congreso Confederal de Comisiones Obreras (CCOO) en la que Unai Sordo (Barakaldo, 52 años) ha intervenido antes de que se produzca su reelección como secretario general, ya que hay una única lista que él mismo encabeza. En el evento, han intervenido varios miembros del sindicato y además la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez. También han estado presentes Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.

Sordo se refirió en su discurso al sindicalismo como una herramienta democrática e hizo referencia a la actualidad, señalando que “hoy defender la democracia es hacerlo de la amenaza ultra, pero también vacunarla de la corrupción”, afirmó en referencia al ‘caso Cerdán’. “España tiene que dejar atrás esos cuadros costumbristas del comisionismo y el uso fraudulento de los recursos que son de todos”. Sordo, que llegó al cargo en 2017, se presenta a su tercer mandato al frente de la organización, aunque ya ha anunciado que será la última vez que opte al cargo. Su recorrido comenzó en el País Vasco, primero al frente de la Secretaría de Juventud y posteriormente como Secretario General autonómico. 

“Se planteó que los bajos salarios tenían que ser la fórmula de atracción de inversión, es el momento de transformarlo, de que las buenas condiciones de trabajo impulsen empresas que se hagan rentables con fórmulas alternativas”, señaló en referencia al modelo productivo. Sobre la continuidad del Gobierno, dijo que la legislatura que quedase por delante tendría que dar “certidumbre y expectativas a la mayoría social” e insistió en avanzar en reformas como la reducción de jornada o el despido.

Uno de los temas que han estado muy presentes es el avance en la tramitación de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que sigue pendiente de que se reúna una mayoría para su aprobación. Preguntado por el ‘caso Cerdán’ y las tensiones que está poniendo sobre la legislatura, Pepe Álvarez señaló a su llegada que “la corrupción es incompatible con el sindicalismo de clase” y reiteró que no ve peligrar la reducción de jornada “más que antes”.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intervino en el evento y también hizo referencia al escándalo de corrupción. Habló del desencanto de la ciudadanía, de la “repugnancia” de la corrupción, “y muy especialmente por esos audios referidos a las mujeres”, señaló. También reiteró la intención de que el Gobierno llegue hasta el final de la legislatura, afirmando que “España es una democracia que no se arruga ante los problemas internos” y que les “sobran” los motivos para seguir. Sobre la aprobación de la jornada laboral reducida señaló que “es uno de los grandes hitos” de la legislatura y que “si no es a la primera, será a la segunda”.

Pepe Álvarez recogió el guante y en su intervención insistió en que se debía reducir la jornada “a la primera” y que no tenía por qué ser “a la segunda, ni a la tercera”. Su discurso se centró en la “internacional del odio” que representa el genocidio de Palestina, “el recorte de derechos en Estados Unidos” o la situación “insoportable” de países como Argentina. En cuanto a la corrupción, señaló que “el Estado debe tomar medidas para que se ponga coto a esta situación. Venga de donde venga” y pidió que seguir trabajando en avances sociales. “Hay margen para subir los salarios —nunca las empresas habían tenido beneficios tan altos— y hay margen para reducir la jornada y reformar el despido”, concluyó.

Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE también tuvo la palabra. Se pronunció insistiendo en la importancia del diálogo social. “Si algo tiene validez en los momentos de crispación como el que vivimos es el diálogo social. Poner sobre la mesa las opiniones de cada uno e ir hacia un proyecto mejor para la sociedad española” y puso el acento en las 4.000 mesas de negociación abiertas en España.

El evento ha reunido a 750 delegados se abrió con la comparecencia de Agustín Martín, secretario de Organización y portavoz de la Comisión Ejecutiva Confederal que insistió en el “momento difícil” que a nivel político y en la necesidad de entender la “organización colectiva como una herramienta para conseguir derechos”. En la misma línea, la Secretaria General de CCOO Madrid, Paloma López, insistió en la labor de los sindicatos como “el ariete que une las reivindicaciones de la mayoría social” y no perdió la oportunidad de lanzar un dardo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP). “Hay gente que tiene odio a la España diversa y esa gente está hoy en el gobierno de la Comunidad de Madrid”.

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, presentará el próximo sábado 25 de enero su libro Cuentos de Oficio a las 18:30 en la Asociación Deportiva y Cultural Rosa Luxemburgo de Aravaca (ACROLA). El autor estará acompañado del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña y de Agnese Marra, miembro de la Junta Directiva de ACROLA durante la presentación.

Tras la charla entre los tres participantes, se pasará a la firma de libros y, tras ella, se terminará el acto con una catering con queso, pan y vino. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Durante la pandemia, Sordo se entregó a la lectura y a escribir historias que tenían que ver con vivencias propias o de gente conocida, luchas sindicales con nombres y apellidos. De todo esto salió Cuentos de Oficio. El libro consta de una serie de relatos con dosis de imaginación, humor e ironía. Son narraciones “de oficio” porque respiran la ocupación y preocupación del autor por el ámbito laboral. El libro está prologado por Jesús Maraña.

Unai Sordo (Barakaldo, Bizkaia, 1972) ejerce la secretaría general del sindicato Comisiones Obreras desde 2017. En un tiempo en el que muchas personas se definen como hechas a sí mismas, él se reivindica como “deudor social”. Alguien que, por ejemplo, como es su caso, ha estudiado en colegio, instituto y universidad públicos. Aunque afirma que se hizo “rojo” en el instituto al padecer y ver injusticias, fue tras trabajar como repartidor de pasteles y más tarde en la industria maderera cuando se hizo sindicalista.

“Su importancia para las trabajadoras y los trabajadores es enorme, mucho mayor de lo que la gente a veces cree. En muchos temas, la legislación que se aplica en España emana de las instituciones europeas en porcentajes por encima del 70%. Mucha regulación en realidad es la trasposición de normativas que antes se han decidido en las instancias europeas. Por otro lado, en un momento en el que está habiendo cambios geoestratégicos muy importantes en el mundo, la orientación más progresista o más reaccionaria que tomen las políticas europeas va a determinar el cuadro de derechos y de libertades en los próximos años. La prueba es entender la diferencia que hubo entre las políticas de austeridad o las que, después de la pandemia, nos han permitido proteger en España más de tres millones de puestos de trabajo”.

“Hay un riesgo de que la extrema derecha condicione la política de alianzas en las instituciones europeas y entre dentro de su gobernabilidad por primera vez. En vez de ir hacia una integración que nos permita abordar las transformaciones pendientes, podemos encaminarnos a unas instituciones europeas que desintegren Europa. Y, en mi opinión, si Europa no avanza, retrocede. Si se desintegra, no vamos a pintar nada en el mundo y los nacionalismos de extrema derecha no apuntan a la integración europea, sino todo lo contrario. Además, la extrema derecha va a tomar políticas contra los intereses de los trabajadores, de las mayorías sociales y, sobre todo, contra todas las políticas igualitarias. Es un riesgo involutivo enorme como creo que no hemos tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

“El sector agroalimentario en países como España se ha caracterizado por unas condiciones de trabajo malas, tiene que mejorar esas condiciones y sus salarios. Creo que son necesarias dos tipos de medidas. Primero, garantizar los cumplimientos de las normas y leyes de cadena alimentaria. No puede ser que el campo en España muchas veces trabaje prácticamente a pérdidas porque no tiene capacidad de fijar precios, ya que se los fijan las grandes cadenas de suministro. Por otro lado, la Unión Europea tiene que firmar acuerdos equilibrados con otras áreas económicas del mundo. El camino es exigir que los productos de fuera cumplan con las garantías sin deteriorar las de los productos agrarios europeos. Y el sector tendría que generar mayores empresas para tratar de condicionar los precios”. 

“En España sigue habiendo tasas de paro demasiado altas, tasas de precariedad demasiado altas y salarios demasiado bajos en muchas ocasiones y, por tanto, es mucho lo que queda por mejorar. Pero, por otro lado, también hay que hacer una aproximación en el sentido de que nunca ha habido tantas personas trabajando en España. Hemos conseguido demostrar que, reduciendo la precariedad por la reducción de la temporalidad, incrementando el 54% el salario mínimo interprofesional o evitando los despidos a través de los ERTE en lugar de facilitarlos como se hizo en la reforma laboral del año 2012, se ha generado empleo, se están subiendo los salarios medios y se está creando mejores empleos. Haciendo políticas distintas a las que se hacían habitualmente, los resultados están siendo mejores”.

“Los sindicatos damos cauces de organización a trabajadores y trabajadoras y vamos a hacerlo en cualquier circunstancia histórica. Cuando el trabajador medio estaba en grandes empresas industriales, daba pie a un sindicalismo a veces efectuado en condiciones muy duras de represión, incluso de ilegalidad, pero más sencillo. Ahora el sindicalismo tiene que adaptarse a un mundo laboral diametralmente distinto. Muchos trabajadores están en condiciones de precariedad, se ha desmaterializado su centro de trabajo, cobran sus retribuciones por objetivos o resultados. Además, se han incorporado, afortunadamente, las mujeres al mercado. Aun así, los objetivos siempre son los mismos: organizar a las personas trabajadoras para ejercer la función de representación y generar mejores condiciones de trabajo”.

 “Creo que la lucha contra la precariedad ha tenido un gran avance en lo que tiene que ver con la reducción de la temporalidad. Era la característica propia del modelo laboral español y después de la reforma laboral hemos conseguido reducirla a la mitad en el sector privado. Pero la precariedad no es solo temporalidad. Sigue habiendo salarios bajos. Sigue habiendo contratación a tiempo parcial no deseada. Muchas veces la distribución del tiempo de trabajo hace que las personas sepan con unos pocos días de antelación cuándo van a entrar o salir de trabajar, con lo cual es muy difícil organizar la vida personal. Hay condiciones insalubres en muchos puestos de trabajo, enfermedades profesionales y accidentes laborales. El empleo en España es de más calidad del que había hace unos años, pero creo que queda mucho por hacer”.

“Se han querido enfrentar los bajos salarios que muchas empresas pagan a los jóvenes con las pensiones que cobran las personas jubiladas. Es un absoluto absurdo. Reducir las pensiones por las que esas personas han contribuido durante muchas décadas no va a mejorar las condiciones salariales de las personas jóvenes. Son dos variables distintas. Los salarios de las personas jóvenes mejorarán si mejoran los convenios colectivos, la calidad de los empleos y de las empresas. Hay que hacer mucha pedagogía. En España hay que gastar algo más del 15% del PIB para tener un sistema público de pensiones suficiente. Y esto es muy bueno para la economía del país. Los y las jóvenes tienen que mejorar sus condiciones laborales. Y esto depende del nivel de organización que tengan en los sindicatos”.

“Yo creo que las condiciones de natalidad en España están relacionadas con las condiciones de emancipación tardía que afectan a millones de personas jóvenes. Necesitamos buenos salarios, que además permitan llevar procesos de vida autónoma. Además, mejores condiciones de acceso a la vivienda y, por tanto, a una vida autónoma, y mejores condiciones de cuidado a las personas dependientes, particularmente a los niños y a las niñas. Si mejoramos esas tres variables, las tasas de natalidad indiscutiblemente mejorarán, como ocurre en otros países de Europa y del mundo. Si no lo hacemos, seguramente vamos a tener durante mucho tiempo tasas muy bajas, lo cual plantea un problema demográfico importante, donde evidentemente la emigración va a jugar un papel relevante en las próximas décadas”.

“Hoy en día, Javier Milei dice barbaridades que ningún democristiano, ninguna persona del centroderecha, ningún liberal, hubiera aceptado hace apenas una década o dos décadas. Y este proceso discursivo involutivo de la extrema derecha que cada vez más afecta a otras expresiones de lo que hasta hace poco llamábamos el centroderecha, está planteando un riesgo civilizatorio porque lo que se está cuestionando es el consenso básico que emergió después de la Segunda Guerra Mundial. Este se basa en que las sociedades se construían con base en derechos de ciudadanía, a servicios públicos y a una serie de garantías vitales que se sufragan con recursos comunes. En el fondo creo que es una bocanada del fracaso estrepitoso del neoliberalismo, que lejos de resignarse a ese fracaso, pretende dar una vuelta de tuerca más”.

“Primero hay que poner en valor los auténticos medios de comunicación, que generan noticias, información y opinión. Luego hay que analizar que muchos de los que se llaman medios de comunicación, entidades, páginas web, blogs, realmente no lo son, sino que se configuran como máquinas de mentir y manipular. Creo que sería necesaria una ley de transparencia para saber cómo se financian todos y cada uno de los medios o pseudomedios. Sería necesario articular una fórmula garantista para medir sus audiencias reales y establecer una norma que objetivara los criterios por los cuales las administraciones públicas y los gobiernos pueden financiar medios de comunicación. Hay dinero público que está reforzando proyectos de intoxicación mediática. Y eso hay que regularlo, como se hace en otros sectores económicos”.

“Como sociedad tenemos que seguir presionando a nuestros gobiernos. Lo que está pasando entre Israel y Palestina no es una guerra, es un genocidio y es una masacre. Yo sé que el conflicto israelí o palestino tiene más componentes de carácter geopolítico y geoestratégico y sé que hay más actores en el tablero, como por ejemplo Irán. Pero que la cuestión sea más compleja no quiere decir que dejemos de decir lo obvio. Y es que Israel ha ocupado un territorio que pertenecía al pueblo palestino, que lo ha ido minando a lo largo de la historia y que ahora mismo está cometiendo unas atrocidades que, en mi opinión, son evidentemente crímenes de guerra. Un futuro Estado palestino tiene que ser viable, no puede ser solo enunciativo y sobre cascotes y muertos. Hasta ahora la Unión Europea creo que no está siendo valiente”.

“Podemos ha golpeado a los trabajadores y trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de PP y Vox” o “han dañado" a España. Son palabras que el túnel del tiempo devuelve a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las pronunció el pasado enero contra Podemos por el voto en contra de esta formación contra la reforma del subsidio de desempleo que entonces se llevó al Congreso. Los de Ione Belarra tumbaron la iniciativa e hicieron que el Gobierno tuviera que asumir su primera derrota parlamentaria del año, al entender que conllevaba un “recorte” de esa prestación para los trabajadores mayores de 52 años y de sus pensiones futuras, pues se rebajaba progresivamente la base de cotización para la jubilación de ese colectivo. Desde el equipo de Díaz se arguyó que esta se les subió al 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) para compensar ese sueldo básico que existía antes de 2018, pero que, al agrandarse el SMI en los últimos años, se daba la circunstancia de que había personas que cotizaban más cobrando el subsidio que otras que trabajaban. Sin embargo, el tiempo parece haberles dado la razón a los morados, con los que se alinearon los sindicatos en la defensa de que, en cualquier caso, era una poda para esos mayores, a menudo en una situación de paro de larga duración.

Díaz ha rubricado este 8 de mayo, cuatro meses después, la reforma del subsidio por desempleo con los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, en la que se mantiene en el 125% del salario mínimo interprofesional la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera fórmula de modificación. Es más, en relación con ese sector de la población, se convocará próximamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para analizar “la efectividad de las cantidades invertidas en políticas activas de empleo –transferidas a las comunidades autónomas– en favor de personas mayores de 52 años y las nuevas formas de compatibilidad entre el empleo y la percepción de prestaciones y subsidios”, según consta en el documento firmado, consultado por infoLibre. Y Díaz ha adelantado que agendará un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por ser ésta la región que más personas desempleadas tiene en esa franja de edad en la actualidad.

Desde Podemos celebran que se haya eliminado un “recorte injusto sobre los desempleados mayores de 52 años”, como lo ha calificado su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez, y subrayan que no son ellos “los que han cambiado de posición” en ningún momento del proceso. Creen que “se ha reconocido lo evidente, que había un recorte”, aunque consideran también que “se podía haber hecho antes”. En todo caso, “es una buena noticia” la "rectificación", aseveran fuentes de la formación, que avanzan que, aunque aún tienen que revisar el texto final fruto de la negociación con los agentes sociales, no como la primera propuesta, “si definitivamente eso se retira y se conservan mejoras, no habrá problemas” para que esta vez su postura sea un “sí”, “como ya se dijo el mismo día de la votación anterior”, apostillan. Esto es, votarán a favor. “Tengamos más o menos escaños, los utilizamos siempre para lo mismo, cuando se puede avanzar, avanzar, y, si no, al menos no validar ningún recorte”, resumen las fuentes sondeadas.

Más allá del polémico punto, Gobierno y sindicatos han pactado en el marco del Acuerdo para la simplificación y mejora del nivel asistencial de protección por desempleo otros elementos como la elevación del subsidio a los 570 euros los primeros seis meses y a 540 los seis siguientes. El resto del periodo se percibirán los 480 euros vigentes. A ello hay que sumar que se eliminará el mes de espera y se ampliarán los grupos que podrán acceder a esta cobertura como las personas menores de 45 años sin cargas familiares, las personas trabajadoras eventuales agrarias o las transfronterizas de Ceuta y Melilla. Del mismo modo, las mujeres mayores de 16 años víctimas de violencia de género y sexual podrán acceder a un subsidio específico, con las mismas cuantías que el ordinario. Se contempla, asimismo, en la reforma perfilada este mayo que la ayuda sea compatible con la incorporación a un empleo durante un periodo de 180 días tras agotar un año de subsidio.

Se baraja desde el ministerio que, con carácter general, la norma entre en vigor el próximo noviembre y este movimiento, oficializado hoy, era uno de los hitos pendientes para que Bruselas pudiera materializar el cuarto desembolso de fondos europeos por importe de 10.000 millones, aunque llega con más de un año de retraso por el adelanto electoral de 2023 y el freno en el Congreso. Según datos del pasado octubre, eran 787.109 las personas que percibían el subsidio por desempleo en el conjunto del país.

Tanto Álvarez como Sordo han mostrado su satisfacción por que se hayan “corregido insuficiencias” y se haya podido llegar a un consenso tras una negociación “larga y difícil”, aunque han avisado al Ejecutivo de que aún “quedan cosas importantes” por abordar. La que no ha estado en el acto es la patronal, que se ha descabalgado del acuerdo. De hecho, desde que se uniera a alguna subida del salario mínimo interprofesional (SMI) como la pactada en 2020 para que pasara de los 900 a los 950 euros mensuales, se ha ido borrando de las fotografías oficiales de estas firmas. Con todo, en esta ocasión, Díaz ha agradecido de forma expresa tanto a la CEOE como a Cepyme sus aportaciones a la reforma.

Desde esas organizaciones justifican su ausencia en que no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, a su juicio, “sino simplemente un proceso de consulta”. Aseguran, vía comunicado, que “tras el fracaso en la convalidación del decreto ley en la cámara baja”, no han recibido una nueva propuesta por parte del ministerio hasta el mediodía de este lunes, 6 de mayo, y que ésta no incluía una memoria económica. Algo que ven “de especial gravedad”, dado que “los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados" y "el impacto económico de las medidas recogidas en el documento”. “En todo caso, pudiese parecer que la premura del proceso para la firma de este miércoles -día y medio- responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo -en Cataluña- que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real”, deslizan en su nota.

De su lado, Díaz ha proclamado que el subsidio “no es ninguna paguita”, sino “un derecho de las personas trabajadoras” y ha subrayado que el Gobierno se dedica a resolver problemas, mientras “enfrente está la nada”. La titular de Trabajo ha puesto el foco luego en que la nueva normativa demuestra que “el diálogo social sigue a pleno rendimiento”, que “funciona” y que “es una herramienta para ganar derechos”. Ha acentuado que se cumplirá con Europa “en tiempo y forma” para poder recibir la inyección pendiente de fondos y ha sacado pecho por que “las normas que salen del Ministerio de Trabajo están permitiendo” que la economía funcione. Y ha dado un dato: “El 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo” que pueden disfrutarlo, según ha manifestado.

El combate contra la bautizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la "máquina del fango" que se empleado para intentar "deslegitimar" al Ejecutivo de coalición, ha avivado la manifestación central del 1 de Mayo que se ha celebrado en Madrid y que ha superado las expectativas que barajaban semanas antes los dos grandes sindicatos convocantes, UGT y CCOO. Si en 2023, asistieron unas 60.000 personas, según los cálculos de aquéllos, este año se han aproximado a los 120.000, de acuerdo a lo indicado por las mismas fuentes, el doble. Aunque la Delegación del Gobierno en el territorio ha disminuido la cifra hasta las "algo más de 10.000", como hizo el año anterior.

“Vivir no puede ser trabajar todo el día”, lanzaba María, una de las asistentes a la marcha promovida bajo el lema Por el pleno empleo: menor jornada, mejores salarios y que ha tenido su réplica en más de 70 ciudades españolas. Ya en Gran Vía un cartel sintetizaba el espíritu de la jornada: “Nuestra unión, nuestra fuerza”.

A estas movilizaciones se ha llegado tras la confirmación de que la economía española continúa su buena evolución: se ha expandido un 0,7% en el primer trimestre del año, según Eurostat, superando el doble del crecimiento de la media del conjunto de la Unión Europea (UE), a lo que hay que sumar más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, más de 10 de ellos mujeres. De hecho, el Ejecutivo prevé un incremento del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) para este año y del 1,9% para 2025, al tiempo que mantiene en el 3% sus estimaciones para el déficit público este año y lo rebaja hasta el 2,5% para el siguiente ejercicio.

Se ha alcanzado este Primero de Mayo tras encadenar un alza del 54% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), impulsada por los gobiernos de Sánchez, como ha subrayado el propio presidente en su perfil de la red social X. Pero también con una tasa de paro juvenil que dobla a la europea, y con una CEOE que anima a “mantener la cautela” por la “elevada incertidumbre” derivada de las tensiones geopolíticas, “la debilidad económica de Europa y medidas de política económica que merman la competitividad empresarial por el aumento de costes”. La patronal avisa de que, en contraste con el dinamismo de la actividad, en términos interanuales el empleo desacelera su ritmo de progresión al comienzo de 2024, hasta una tasa del 1,3% en el caso de las horas trabajadas y el 3,4% para los puestos laborales.

En ese contexto, miles de personas han optado por tomar las calles, tal vez para reconocer en el aire el alivio de reivindicaciones conjuntas. La protagonista este 1M: la reducción de la jornada laboral que los sindicatos negocian junto a la CEOE y al Gobierno, para llevarla de las 40 horas semanales actuales a 37,5 horas para 2025, sin merma salarial. Una poda que se realizaría en dos tramos, hasta las 38,5 horas este 2024, que se convertirían en 37,5 en 2025; y que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha urgido a incluirla “en el BOE -Boletín Oficial del Estado-” en el "menor tiempo posible", para lo que será necesario que el Ejecutivo contribuya a que la patronal se siente a negociar, ha deslizado.

Pero quedan en el tintero sindical otros asuntos por abordar a los que tanto el propio Álvarez como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, han puesto voz en medio del hervidero de gente. “Celebramos un Primero de Mayo con una reivindicación a la ofensiva. España está en disposición de situarse en el pleno empleo en un número de años razonable”, ha aseverado Sordo, para lo que es necesario, a su juicio, “desplegar políticas industriales y de desarrollo sectorial, movilizar inversión pública, que, a su vez, movilice inversión privada y genere los empleos dignos que necesitamos”. El cambio de modelo energético mundial es, asimismo, para los sindicatos “una oportunidad para que España atraiga inversión productiva y de largo plazo”. “No nos conformamos, no nos resignamos a tener tasas de desempleo por encima del 10%, hay que aspirar al pleno empleo”, ha reiterado el líder nacional de CCOO.

Y hay más peticiones pendientes de ser atendidas como “recuperar el valor y el vigor de los servicios públicos, que se han deteriorado durante una década” para lo que han instado a “invertir en sanidad, educación, pensiones y en una estrategia de cuidados”, recortar la brecha salarial de género, recuperar poder adquisitivo, en general, o facilitar el acceso a la vivienda. Imprescindible para lograrlo: “Una fiscalidad suficiente y justa”, han proclamado desde las centrales sindicales.

En definitiva: “Es el momento -ha afirmado Sordo- de revitalizar una agenda social que dé sentido a la legislatura y que haga que la conversación pública pivote en torno a los problemas de la gente”. O dicho de otra manera, en boca de Álvarez: “Merece la pena que este Primero de Mayo planteemos una agenda reformista clara”.

Ha marcado el día, sin duda, el periodo de reflexión que se ha tomado el presidente tras conocerse que un juzgado había admitido a trámite una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y que finalizó con su decisión de continuar al frente del Ejecutivo “con más fuerza si cabe”. El líder del Ejecutivo no se ha quebrado en un rincón y dice estar dispuesto a liderar ahora una ofensiva por la “regeneración democrática”.

Así, los sindicatos han defendido que la agenda social que reclaman “es compatible” con otra de “profundización democrática”. “Lo voy a decir por derecho, la justicia es, ante todo, un servicio público de la ciudadanía y el poder judicial es un poder del Estado y, por tanto, se tiene que resolver su renovación en términos democráticos”, ha mantenido Sordo. Y ha añadido contundente: “El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es una asociación de petanca y su renovación no puede corresponder en exclusiva a los jueces”. En la misma línea, Álvarez ha abogado por actualizar el CGPJ, ya que, “al igual que los ingenieros no eligen a los ingenieros, los jueces no pueden elegir a los jueces para tomar decisiones que afectan a la ciudadanía”.

Los líderes sindicales han verbalizado otra aspiración en un día de equilibrios entre lo laboral y lo político: “Hay que limitar la utilización nauseabunda de la mentira, la calumnia y la insidia que ha tomado cuerpo en nuestro país” desde hace tiempo, en palabras de Sordo, y que “no se pueden usar para tratar de cuestionar la legitimidad democrática de las elecciones políticas en España”. A su entender, lo esbozado por el presidente “no va de cuestionar la libertad de expresión o de prensa, sino de discernir el trigo de la paja, a los verdaderos profesionales de la información de los intoxicadores”, ha resumido.

En la cabecera de la manifestación, los dirigentes sindicales han estado acompañados por las tres vicepresidentas del Gobierno, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Teresa Ribera; así como por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, entre otras autoridades. Tanto Montero como Díaz han empujado a “defender la democracia” y a "extenderla". La titular de Trabajo, en concreto, ha prometido actuar para "democratizar la economía" incidiendo en que la clave está en "repartir la productividad, los beneficios y el tiempo de trabajo".

Las alusiones a "la derecha y la ultraderecha" que "rabian" han estado presentes en los discursos de los representantes sindicales, como las llamadas a la lucha para "seguir exigiendo derechos", y el reconocimiento de "un Estado libre palestino". Antes de la lectura del manifiesto, han denunciado que "el Ayuntamiento de Madrid" ha intentado dificultar la movilización. En ese punto del ritual del 1M, ya en la Plaza de España de la capital, Álvarez ha hecho notar que "no se puede maltratar, perseguir, a las organizaciones sindicales decentes de este país, como se ha estado haciendo los últimos años" ni se puede "crear una Policía fascista para controlar a los partidos políticos", aunque éstos sean independentistas.

"La guerra sucia no sirve nunca en democracia", ha elevado el tono, antes de solicitar que toda la ciudadanía haga suyo el parón de Sánchez y que esto se traduzca en una exigencia "de cambios en profundidad". "Queremos una democracia decente que nos proteja a todos", ha voceado.

"Hemos cometido un pecado, las organizaciones sindicales", ha ironizado luego Unai: "Tener razón". Y se ha preguntado "dónde están la hecatombe, las siete plagas de Egipto" que pronosticaron economistas y "friquis de internet", cuando lo que hay son "21 millones de cotizantes" y la "tasa de temporalidad más baja desde los años 80", ha rematado. Pero, no se conforman, por lo que ha recalcado que no cejarán en unas demandas que creen imprescindibles, incluso frente a situaciones de "acoso".

Los sindicatos ya no tienen un poder metalúrgico, pero han demostrado ser útiles para lograr, por ejemplo, convenios en sectores como la banca. Es más, la posible fusión entre BBVA y Sabadell es otro de los elementos que ha sobrevolado este Día del Trabajo y las organizaciones sindicales han puesto el foco en que, de producirse, no debe perjudicar a los trabajadores de esas entidades financieras y en que no admitirán ninguna medida no negociada con la representación legal de las plantillas.

Temen que el movimiento financiero suponga un coste para empleados y usuarios. Y así lo han contado en una jornada en la que manifestarse ha sido un acto “político, económico y de justicia social”, dice un asistente al acto, mientras se escucha de fondo El Vals Del Obrero.

Unas 4.000 personas -según la Delegación del Gobierno- han salido este sábado a la calle en Valladolid bajo el lema 'Respeto por Castilla y León' para criticar la "censura, los recortes y ataques a los derechos y libertades" de la Junta, en una concentración que coincide con la celebración de la gala de la 38 edición de los Premios Goya, informa Europa Press.

La protesta ha contado con la presencia del secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo; el de UGT, Pepe Álvarez; el del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca; el coordinador general de Podemos en Castilla y León; el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago y el músico Jesús Cifuentes.

"Obviamente es apoyar esta movilización, esta manifestación que pretende denunciar las políticas que está haciendo el gobierno de la Junta de Castilla y León, que son políticas profundamente antisociales y que son políticas profundamente erróneas", ha afirmado Sordo.

En su manifiesto, los sindicatos también han reseñado que la Consejería de Cultura quiere declarar bienes de interés cultural las construcciones con simbología franquista y fascista, para así evitar su retirada, regulada en la Ley de Memoria Democrática.

"Dos años del Gobierno de Castilla y León, dos años en los que no tenemos nada que celebrar, todo lo contrario", ha declarado Álvarez, que también ha añadido que está llevando a una situación de enfrentamiento "como no habíamos visto nunca".

Asimismo, han criticado la actuación del gobierno de la comunidad con respecto a las personas migrantes ante los "discursos de odio" del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

Por su parte, el manifiesto hace mención a la política educativa "clasista" y que beneficia el "detrimento de la escuela pública con actividades culturales fuera de la lógica democrática y contrarias a las normativas reguladoras".

Tal y como han trasladado, han salido a las calles de Valladolid con el objetivo de luchar contra los "despropósitos antidemocráticos" como el rechazo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el intento de ilegalizar partidos o eliminar Comunidades Autónomas.

"Y hemos conocido también el dato que el 77% de los actores y de las actrices de nuestro país cobra menos, tiene ingresos por debajo de los 12.000 euros al año. Por tanto, hoy que se celebran los Goya en Valladolid no podemos olvidar que debajo de esa realidad existe un mundo de precariedad laboral, de bajos ingresos y de discontinuidad", ha destacado Sordo.

El Congreso tumbó la reforma del subsidio por desempleo impulsada por el ministerio de Trabajo, pero Yolanda Díaz no desiste. La vicepresidenta segunda del Gobierno anunció este jueves que iniciará "con carácter inmediato" una ronda de reuniones con los agentes sociales para negociar esta reforma y volver a presentarla, aunque desde su equipo evitan concretar si elaborará un nuevo real decreto ley o si, por el contrario, se tramitará como proyecto de ley, que permite la presentación de enmiendas —tal y como reclamaron algunos de los socios parlamentarios de la coalición como el BNG— en el Congreso.

"Esta reforma va a estar consensuada", aseguró Díaz en declaraciones desde Namur (Bélgica), donde se desplazó para asistir a una reunión informal con sus homólogos europeos. "Es la única que no pudimos someter al diálogo social, solo pudimos consultarles por una razón de responsabilidad porque teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos faltaba en el Ministerio de Trabajo para recibir el desembolso de 10.000 millones de euros y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre", prosiguió.

Pese a que la reforma estaba comprometida con la Comisión Europea, fuentes del equipo de Díaz explican a infoLibre que la única penalización a la que se enfrentan es que los últimos 10.000 millones del Plan de Recuperación "tardarán más en llegar". De hecho, consideran que si hay una parte positiva de lo ocurrido es que ahora cuentan con más tiempo para sacarla adelante y podrán debatir con las organizaciones sindicales "con tranquilidad". No prevén llevar esta reforma ya al Consejo de Ministros, sino que convocarán al diálogo social a partir de este viernes, después de Trabajo anuncie la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Este anuncio ha sido celebrado en las sedes de UGT y Comisiones Obreras, los dos sindicatos mayoritarios, que en su día lamentaron la ausencia de diálogo y reclamaron la introducción de mejoras en el decreto ley. Con todo, ambas organizaciones consideraban que la reforma incluía aspectos positivos y que Podemos debería haberla convalidado —sus 5 votos fueron decisivos para tumbarla— para introducir cambios a posteriori. Los morados lo rechazaron al entender que suponía un recorte en las pensiones de los mayores de 52 años al rebajar del 125% al 100% la base mínima de cotización fijada legalmente cada año.

Desde el equipo de la vicepresidenta segunda siempre han negado ese recorte y encuadran la negativa de Podemos en su estrategia para desestabilizar a Díaz y marcar perfil propio. Es más, explican que los morados les "dejaron plantados" el miércoles, antes de que venciera el plazo para las votaciones, cuando les enviaron una oferta con el compromiso de aceptar la enmienda que solicitaban y trabajarla conjuntamente después en la tramitación del decreto como proposición. Podemos confirma la oferta pero considera que Trabajo no les garantizaba que su reclamación se fuera a tener en cuenta. El decreto incluía una rebaja progresiva de la cotización para la jubilación del subsidio para mayores de 52 años, que pasaba del 125% de la base mínima, establecida por el SMI, al 100% en 2028, "inasumible" para los morados.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, asegura a este periódico que plantearán la necesidad de reformular la disminución de la base de cotización del subsidio de mayores de 52 años para que "no se penalicen" las prestaciones de jubilación futuras de los casi 450.000 personas que, según expone, se ven obligadas anualmente a completar sus carreras de cotización. "La forma de pactarlo entre Economía y Trabajo penaliza a los futuros pensionistas", afirma Bravo, que añade que "incluso tiene algún efecto perverso para los actuales".

Bravo, que asegura que el Gobierno lo puede justificar por la subida del SMI, considera que el sistema está "mal diseñado y pensado". "Si se quiere tener ese debate, hay distintas formas de plantearlo sin penalizar a nadie, ni actual ni futuro, y sin que eso suponga un desincentivo a la aceptación del empleo", subraya. Asimismo, cree que Trabajo no puede excluir a los mayores de 52 años de la mejora de la prestación los doce primeros meses. "Es una especie de señalamiento a ese grupo de edad, se asume que si cobran 480 euros y le cotizan por el 125 en la base mínima, ya no van a trabajar nunca", lamenta. "Hay que darle una vuelta entera a ese asunto y ver una manera de resolverlo sin perjudicar derechos de nadie".

Coincide con él Fernando Luján, vicesecretario general política sindical de UGT y uno de los negociadores clave del sindicato en materias como el SMI. "En su momento ya dijimos que nos incomodaba la eliminación del 125% del salario de la base mínima de cotización para los mayores de 52 años", explica. "Tenemos que ver de qué manera se puede garantizar una pensión digna para estas personas. Una de ellas, obviamente, es a través del reingreso en el mercado de trabajo con buenas condiciones y el mantenimiento también de unas bases de cotización que les permita acceder a una pensión de jubilación también suficiente", señala.

Luján considera que lo prioritario es "primar" el reingreso de estas personas que están en el paro a la actividad laboral, pero considera que también hay que abordar esta rebaja de las bases de cotización. "Entendemos que la manera de solventarlo no es a través de una eliminación paulatina de esta sobrecotización, sino habrá que plantear políticas más imaginativas", afirma.

El decreto del Gobierno, entre otras cuestiones, elevaba la cuantía de la prestación para algunos de los beneficiarios —de 480 euros a 570— o simultaneaba su cobro con el desarrollo de una actividad laboral remunerada durante un plazo de 180 días. Los sindicatos ponen en valor estas medidas, al igual que la inclusión del acceso a los desempleados jóvenes y menores de 45 años sin cargas familiares que agotaban la prestación contributiva o el acceso a los trabajadores eventuales agrarios. "La caída de este decreto ley deja de beneficiar o, mejor dicho, perjudica a más de un millón de personas", sostiene Bravo. Sin embargo, el sindicalista de CCOO también reseña que "dejaba fuera" a medio millón.

Por ese motivo, el sindicato dirigido por Unai Sordo plantea que se debe establecer una garantía de suficiencia en los subsidios de desempleo generados por personas con contrato a tiempo parcial. "Tenemos un problema de género, que se lo hemos dicho por activa y por pasiva al ministerio, y es el problema de los subsidios que se cobran parciales", señala Bravo. Concretamente el 12,5% de las personas que perciben subsidios por desempleo, en su inmensa mayoría mujeres, están a tiempo parcial. "Todos los demás subsidios, si tú procedes de un trabajo a tiempo parcial, te los pagan en proporción a la jornada que tuvieras. En este caso no". Una reivindicación que también trasladan desde UGT.

Además, ambos ponen el foco en que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) ya no funciona como indicador. Abogan por sustituirlo por otro de pobreza como el dato a partir del cual se establecen subsidios como el de desempleo, el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas. "Nos parece que no tiene ningún sentido y que 20 años después de su alumbramiento ya no tiene ninguna de las hipotéticas ventajas que pudo tener entonces. Ahora es totalmente arbitrario", señala Luján. El IPREM se sitúa en 8.400 euros anuales, mientras que el umbral de riesgo de pobreza está en 10.088 euros, un 20% más.

Los dos sindicatos mayoritarios creen, por tanto, que se deberían mejorar las cuantías del subsidio por desempleo, aunque reconocen que será complicado, no tanto por la posición de la patronal sino por el propio Gobierno, que también deberá hacer sus "equilibrios". "Hay equilibrios presupuestario, también en cuanto al déficit público y con respecto a la Unión Europea", señalan desde el sindicato de Pepe Álvarez y añaden que no creen que la CEOE muestre tantas reticencias como en el SMI. "No hemos tenido grandes diferencias en las cuestiones asistenciales", afirman, "hay cierta sensibilidad social con esto".

Ambos sindicatos se comprometen a exprimir al máximo la negociación y creen que su sello será decisivo de cara a la negociación parlamentaria. "Todas las reformas que hemos pactado desde el 1995 hasta ahora, y han sido siete acuerdos, se mantienen en el tiempo. Ahora queremos hacer lo mismo", plantea Bravo, aunque también señala que no irán con posiciones "maximalistas". "Si yo pido un 10 y tengo un 7, pues yo creo que la postura más inteligente es el 7 y luego continuar hasta el 10 antes de darle una patada a la mesa", zanja Luján.

La patronal española y los sindicatos han pedido que se respeten los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social durante los últimos años en caso de que después de la próxima cita con las urnas el 23 de julio se produzca un cambio de Gobierno en España, según informa Europa Press.

Tanto para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, los pactos a dos y tres bandas que se han logrado en esta legislatura son garantía de paz social, por lo que deben ser preservados a largo plazo al ser parte del mandato constitucional de los agentes sociales y responder al interés de la sociedad.

"Los pactos son para ser estables en el tiempo y tienen que ir hasta el final. Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está", ha sostenido Garamendi durante su intervención en la mesa redonda conjunta organizada por Cinco Días dentro de unas jornadas con motivo de su 45º Aniversario.

La consolidación de este proceso de diálogo social de los últimos años permitirá situar a España como un país en el que se puede tener "gran confianza", en palabras del líder de UGT, al contar con estabilidad tanto jurídica como social.

Así, a su juicio, quien quiera actuar fuera de este contexto, deberá explicarlo, ya que a la ciudadanía "no se le puede tomar el pelo". En este sentido se ha expresado también Unai Sordo al considerar como "totalmente absurdo" que no se cuente con los sindicatos en un hipotético Gobierno del que forme parte la ultraderecha, como ha comentado que sucede en Castilla y León.

"Si entra la ultraderecha en el Gobierno habrá una ofensiva sindical sin ningún tipo de duda. Temo por el Título Preliminar de la Constitución. La irrupción o la excesiva importancia de la ultraderecha y del populismo de extrema derecha es un riesgo para nuestro país", ha manifestado.

Así, tanto los sindicatos como la patronal han animado a no salirse de este marco del diálogo social. Según Garamendi, aunque queden "muchos pelos en la gatera", un pacto "llega mucho más lejos" que algo sin pactar y en los últimos años se ha llegado a importantes acuerdos que dan tranquilidad y estabilidad a la ciudadanía y las empresas. "El diálogo social se articula y funciona en España", ha afirmado.

"El diálogo social es una fórmula de compromiso que nos permite avanzar menos de lo que todos queremos o podemos, pero con mucha más firmeza", ha evidenciado por su parte Pepe Álvarez.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, presentará Cuentos de oficio, su primer libro de narración de ficción, este próximo miércoles 7 de junio en la Feria del Libro. En su cita con los lectores estará acompañado por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre y autor del prólogo del libro editado por Catarata, con el que mantendrá un coloquio. El acto se celebrará de 18.15h a 19.00h y tendrá lugar en la Biblioteca municipal Eugenio Trías, Casa de Fieras del Retiro, Paseo de Fernán Núñez, 24 (Parque de El Retiro). Después de la presentación, el autor estará firmando en la Caseta de Los Libros de Catarata, número 192, a partir de las 19.30h.

Durante la pandemia, Unai Sordo, entre conexiones telemáticas sobre ERTE y otras urgencias, se entregó a la lectura y a escribir historias que tenían que ver con vivencias propias o de gente conocida, luchas sindicales con nombres y apellidos. De todo esto salió Cuentos de Oficio. El libro consta de una serie de relatos con dosis de imaginación, humor e ironía. Son narraciones “de oficio” porque respiran la ocupación y preocupación del autor por el ámbito laboral.

Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras. Graduado social por la UPV-EHU, trabajó en el sector de la industria de la madera antes de asumir responsabilidades orgánicas en el sindicato. Fue elegido secretario general de CCOO Euskadi en enero de 2009 y secretario general en 2017, en el XI Congreso Confederal.

Las elecciones se han colado en el último Primero de Mayo de la legislatura. Y no sólo porque cuatro ministros asistieran a la manifestación convocada por CCOO y UGT en Madrid. Los discursos de los dirigentes de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, destacaron la importancia para el mundo del trabajo que, a su juicio, tienen las convocatorias a las urnas que comienzan el próximo día 28. Tanto los líderes sindicales como la vicepresidenta Yolanda Díaz y las ministras María Jesús Montero e Irene Montero, así como el ministro Alberto Garzón, sacaron pecho de los acuerdos y medidas en materia laboral adoptados por el Gobierno y firmados en el Diálogo Social. Desde las reformas laboral y de pensiones hasta la subida del salario mínimo en un 47%, los millones de empresas y empleos salvado gracias a los ERTE, la ley de los riders, el teletrabajo… “Pero, ¿se van a mantener en una coyuntura política diferente?”, se preguntó Pepe Álvarez en la rueda de prensa previa a la manifestación. Después, en el escenario montado en la Plaza de España madrileña, respondió pidiendo ayuda para consolidar esos logros: “Porque, si pueden, no los van a quitar”. “No queremos que nos toquen la reforma laboral y la reforma de las pensiones, hay que consolidarlas en la calle, en las urnas, con mayoría”, reclamó. Estas elecciones son importantes porque en ellas los trabajadores “se juegan qué va a ocurrir en el empleo en España”, toda vez que las comunidades autónomas, explicó, son las responsables de los servicios públicos de empleo que deben atender a los más de tres millones de parados.

En la misma línea argumentó Unai Sordo. “Pocas veces un ciclo electoral se desarrolla en circunstancias tan determinantes como este año, con los cambios económicos, en el empleo y en los servicios públicos que se avecinan”, apuntó. A su juicio, todo eso “se juega en las empresas, en los sectores, pero también en el terreno de la política”. “Nosotros no hacemos política” ha precisado enseguida, “pero tampoco somos neutrales ni equidistantes cuando se juega tanto”. De nada sirve, añadió, que suban un 4% los salarios, si los trabajadores se lo tienen que gastar en una pensión, sanidad o escuela privadas o en atención a la dependencia. “Si no hay servicios públicos y comunidad, no hay derechos laborales, civiles ni hay sociedad”, remachó.

La de Madrid ha sido una de las 73 manifestaciones convocadas por los dos sindicatos mayoritarios en toda España. Según la organización, contó con la asistencia de unas 60.000 personas, que la Delegación del Gobierno dejó en 10.000. Con el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, CCOO y UGT han emplazado a la patronal a sentarse a negociar ya, “no a hacer tertulias”, el acuerdo “paraguas” de salarios para el próximo trienio, que lleva en suspenso desde que las conversaciones se bloquearan hace ahora un año. Si no lo hacen, advirtieron, la “batalla” se trasladará a los convenios colectivos, “trinchera a trinchera”. “O hay acuerdo salarial en breve u organizaremos una movilización general en otoño que puede terminar en huelgas en los sectores con convenios injustamente bloqueados por culpa de la avaricia empresarial”. Se repite así el escenario de hace justo un año, cuando los dos sindicatos avisaron de que la falta de negociación se iba a traducir en mayor conflictividad en las empresas a la vuelta del verano. La diferencia es que ahora, la ausencia de diálogo puede traducirse en la defunción del acuerdo marco de salarios que lleva funcionando 13 años en España.

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apremió a la CEOE a llegar a un acuerdo “inmediato, en mayo”, que incluya una subida de salarios. “El Gobierno ha hecho lo que le tocaba, subiendo el SMI un 47%; ahora le toca a la patronal cumplir también con su obligación”, exigió antes de destacar que el salario mediano en España, 21.000 euros anuales, 1.500 euros al mes en 14 pagas, “no permite vivir dignamente en Madrid, Sevilla o Vigo”.

Los sindicatos reclaman una subida del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024, así como una cláusula de revisión salarial que tenga en cuenta no sólo la inflación sino también los beneficios empresariales. CCOO planteó que para este segundo indicador se utilizara un índice construido a partir de las declaraciones trimestrales del IVA de las empresas. La CEOE rechaza que los salarios suban tanto como la inflación.

Yolanda Díaz aprovechó el Primero de Mayo para reclamar en el sector público la misma bajada de la temporalidad de la que ya se beneficia el sector público tras la entrada en vigor de la reforma laboral –“hasta el 17%, ya está en la media de la UE”, presumió–. “Es indecente que siga tan elevada en las administraciones públicas”, criticó, para exigir un cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público que haga posible ese recorte. Además, defendió la reducción de la jornada laboral sin rebaja del salario, para lo cual anunció la próxima publicación de un informe sobre la ley de usos del tiempo que el ministerio ha encargado a un comité de expertos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, además de valorar el “escudo social” construido por el Gobierno, señaló los dos temas pendientes de la legislatura: el tope a las hipotecas y a los precios de los alimentos.  

“Teníamos razón, y no sólo moral”, subrayó Unai Sordo tras destacar los 20,45 millones de ocupados de la última EPA, para a continuación declarar la muerte de los “mantras neoliberales” que marcaron las políticas laborales tras la crisis financiera, “precarizando la contratación, debilitando la negociación colectiva y bajando los salarios”. Ese mensaje, dijo, ha “fracasado” y es una “ideología zombi”.

Pocas eran las pancartas de trabajadores de empresas en crisis que salieron este Primero de Mayo a la Gran Vía de Madrid. Una era de los trabajadores de Schneider Electric en Griñón, un pueblo del sur de Madrid, sobre los que se cierne el despido de la mitad de la plantilla : “No ante la deslocalización de nuestro trabajo”. La multinacional francesa de equipos eléctricos planea llevarse la fabricación de su producto estrella a Italia. Los trabajadores de empresas como Telepizza, Domino’s Pizza, Papa Johns o Pizza Hut, entre otras, agrupadas en la patronal Prodelivery, la asociación de comidas preparadas para su venta a domicilio, pedían un convenio justo. También los empleados de fincas urbanas de Madrid, los porteros, mientras que los conductores profesionales reclamaban un sistema de jubilación anticipada. Para los funcionarios de la sanidad y la educación públicas de Madrid, la reivindicación son las 35 horas semanales. Con chalecos naranjas –que vistió Pepe Álvarez en el escenario de Plaza de España–protestaban los vecinos de San Fernando de Henares afectados por el hundimiento de la Línea 7B del Metro: “Ayuso, soluciones ya; el Metro hace aguas y nuestras casas se hunden”. Y cerrando la manifestación, tras las banderas de CCOO y UGT, desfilaban probablemente los más jóvenes de la convocatoria, pertenecientes al Colectivo de Jóvenes Comunistas, que pedían “un país para la clase obrera”.

Como ocurre desde que la manifestación del Primero de Mayo discurre por la Gran Vía en lugar de por el Paseo de Recoletos, los trabajadores y sindicalistas se mezclaban con los muchos turistas, troley en mano, y curiosos sacando fotos desde las aceras. Este año electoral, además, tras las pancartas se dejaron fotografiar por la prensa no sólo las ministras, sino también los candidatos socialistas a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, y a la Comunidad, Juan Lobato, así como de Más Madrid, Rita Maestre y Mónica García, y Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

A la altura del edificio de Telefónica, apenas una docena de jóvenes sujetaban en la acera una pancarta donde se leía Sindicato patronal, estafa nacional. Con pulseras con la bandera española en las muñecas y poco aspecto de estar bregados en la lucha sindical, gritaban consignas contra UGT y CCOO –tampoco mucho–, mientras algunos de los aludidos les afeaban que sólo habían trabajado “en la empresa de papá”. Fue la única nota discordante en el ambiente festivo del evento, junto con el paso entre sirenas de un camión de bomberos que interrumpió, entre aplausos, la marcha a la altura de la calle de San Bernardo. Poco antes, las enormes pantallas de la fachada del cine Capitol se habían llenado con las siglas de los sindicatos y el lema de la manifestación, sólo durante unos segundos, entre anuncios de perfume y tráilers de las películas en cartel.

Unos 2.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, han desfilado en Barcelona este Primero de Mayo. Los participantes han llevado banderas y globos con mensajes como Tendremos pensiones dignas o Subid salarios, y han pedido “huelga, huelga, huelga general“, informa Europa Press. En la manifestación han participado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el conseller de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el líder del PSC, Salvador Illa.

En Galicia CCOO, UGT y CIG convocaron su manifestación principal en Vigo, con el foco puesto en la necesidad de subir salarios y de llegar a un acuerdo de negociación colectiva. Así que han pedido a la patronal que lo facilite para lograr un reparto justo de la riqueza, habida cuenta de que el propio Banco de España ha puesto de manifiesto los beneficios de las grandes corporaciones.

En Bilbao, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García ha subrayado que lo sindicatos no van a permitir que “en momentos de beneficios históricos para las empresas, aquellas que están congelando los salarios, que no han desbloqueado sus convenios se están llenando los bolsillos a costa de los trabajadores“.

CCOO y UGT saldrán a la calle este Primero de Mayo en más de 70 ciudades de España bajo el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, en un contexto de tensión con la patronal por el estancamiento de la negociación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, recoge Europa Press.

Los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, acudirán a la manifestación de Madrid, que arrancará a las 12:00 horas desde Gran Vía y terminará en la Plaza de España. También asistirán a esa cita las secretarias generales de CCOO y UGT en Madrid, Paloma López y Marina Prieto, que intervendrán al cierre del acto en Plaza de España, junto con Sordo y Álvarez.

Además de la de Madrid, los sindicatos han convocado un total de 73 manifestaciones en toda España para que puedan movilizarse los trabajadores de todo el país.

El secretario de UGT puntualizó la semana pasada, en la rueda de prensa de presentación del acto, que la convocatoria de tantas manifestaciones en el país es "un dato significativo de la importancia" que los sindicatos dan a esta fecha "reivindicativa".

Para Sordo, el lema de este año, Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, que, a juicio de Sordo, no puede ser "más concreto" ni "sintetizar más la reivindicación de las organizaciones sindicales". El secretario general de CCOO indicó que este Primero de Mayo está "muy cerca" del inicio de un ciclo político "trascendente para España", con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Por este motivo, pidió que este 1 de Mayo sea un día "de balance", de los avances en material laboral y de pensiones que se han logrado en esta legislatura, con la protección de 18 millones de rentas, entre pensionistas, beneficiarios del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y beneficiarios de incrementos salariales por convenio, entre otros.

La llegada de este Primero de Mayo también anuncia el fin del plazo que los sindicatos dieron a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para llegar a un acuerdo sobre el V AENC. CCOO y UGT alertan de un aumento de las movilizaciones en la segunda parte del año si no hay avances en el AENC, y aprovecharán este Primero de Mayo para que la patronal sienta "el aliento de las calles del país exigiendo que acaben con la avaricia, con la usura que representan, en algunos casos, los beneficios empresariales", como dijo Álvarez la semana pasada.

Durante la pandemia, Unai Sordo sacó tiempo para entregarse a la lectura y a escribir historias sobre vivencias propias o de gente conocida, luchas sindicales con nombres y apellidos, aunque alterados para proteger su identidad, con altas dosis de imaginación, humor e ironía, de habilidosas tramas que atrapan la atención desde las primeras líneas. El también secretario general de CCOO se estrena con Cuentos de oficio como narrador de ficción con doce cuentos en los que también se respira su preocupación por los derechos individuales y colectivos.

La editorial Catarata publica esta obra e infoLibre adelanta el prólogo de Jesús Maraña:

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Cuando Unai Sordo me comentó, un día de la primavera de 2021, después de una mesa redonda organizada por Comisiones Obreras, que tenía escritos algunos "relatos", lo hizo con esa mezcla de timidez y humildad que suele mostrar la gente suficientemente inteligente para desconfiar siempre de sí misma, para dudar mucho antes de decidir nada. "Te los envío y, con toda confianza, me dices si los ves publicables o no". No me sorprendió que Unai escribiera, porque ya entonces le llevaba leídos unos cuantos artículos y análisis siempre precisos y lúcidos, como lo son a menudo sus discursos, en los que además improvisa morcillas cargadas de datos (y de principios). Lo que no imaginaba es que él cultivara el género del cuento, ese que abre las puertas a la ficción, el que Jorge Luis Borges defendía por encima de cualquier otro porque exige "la tensión de una flecha que debe dar en el blanco". 

Cada cual gestionó los meses de confinamiento lo mejor que supo y pudo. A unos les dio por hacer pan con masa madre, o bizcochos de veinte aromas. Unai, entre conexiones telemáticas sobre ERTEs y otras urgencias, se entregó a la lectura (una de sus pasiones) y, sobre todo, a trasladar a la pantalla historias que tenían todo que ver con vivencias propias o de gente conocida, luchas sindicales con cara y ojos, nombres y apellidos alterados para proteger su identidad. Pero también altas dosis de imaginación, de creatividad, de habilidosas tramas que atrapan la atención desde las primeras líneas. Y después de las semanas de encierro, siguió escribiendo con frecuencia nuevos relatos, y al verano siguiente continuamos publicándolos en infoLibre, y Unai ha seguido escribiendo. De modo que aquí, en el sagrado formato libro, tenemos lo publicado y también lo inédito. 

De alguna manera me siento culpable del título de este libro. Leí las primeras entregas que Unai me envió y le dije lo que mucho tiempo después (y con alguna relectura) sigo pensando: por supuesto que son publicables, y además interesantes y sorprendentes, como deben ser los cuentos bien armados. Casi todos cumplen el canon de algún quiebro final que deje al lector noqueado, emocionado o al menos pensativo. ¡Esto no me lo esperaba! Con lo del título me refiero al término cuentos. El autor prefería denominarlos ‘relatos’. Con toda la razón, porque la mayoría de los textos contienen historias de vida, cruces de experiencias reales, que Unai ha conocido directa o indirectamente, en su natal Barakaldo o en sus posteriores destinos. Con esto no quiero decir que cada narración de este libro obedezca a una historia real, pero sí que está inspirada en algún hecho real. Elegimos para publicar en infoLibre Cuentos de oficio porque nos parecía más inspirador, excitante o redondo, no lo sé. ¿Qué más da? Compartimos, seguro, Unai y yo la devoción por el respeto a la realidad y el combate contra la desinformación, el click fácil o el sensacionalismo interesado. Lo importante es que lo que se narra es o podría ser real, en el pasado, el presente o el futuro, y que no todos los "cuentos" tienen final feliz. Incluso puede que el lector tenga que adivinar un final. 

Ni la menor duda sobre la segunda parte del título: "de oficio". Varios de los relatos de Unai respiran su permanente ocupación y preocupación por el ámbito laboral, por los derechos individuales y colectivos, por el galopante atropello que una globalización sin límites ni apenas regulaciones significa frente a los logros obtenidos tras décadas de lucha social y sindical. No es casualidad que en el primer relato (‘Martín y Martina’) aparezcan los daños causados por el amianto, tan terribles como ignorados, y sean el motivo de una elaborada venganza personal en el cuento (este inédito) que cierra el libro, ‘Acantilados’. 

Evita Unai caer en la tentación de hilvanar protagonismos de inspiración autobiográfica, personajes sindicalistas, abogados laboralistas, comités de empresa u obreros concienciados en los derechos colectivos. El autor es más sutil y literario, atento a los tiempos que vivimos, contados a través de personas concretas de los más variados ámbitos: una estudiante, un camionero, una periodista, un youtuber, un camello, una modelo, un empresario, un futbolista, una mujer maltratada, un suicida… Gente corriente vista desde la media distancia, excepcional cada uno de ellos cuando entramos en el detalle de su experiencia personal, familiar, profesional, vital. 

Cada relato se ubica en un escenario distinto. La lectura nos lleva desde Bilbao a Liverpool, Países Bajos, Galicia o Valladolid. Pero no hay duda sobre la atmósfera que a menudo envuelve el relato, la que Unai conoce y respira desde siempre, el paisaje de los montes de Euskadi, sus calles, sus playas, los bares de "la parte vieja" o las aceras mojadas por la lluvia impenitente.

Ni el autor de este libro presume de escritor ni el encargado de este prólogo tiene aptitudes de crítico literario. De modo que aquí se trata sólo de invitar al lector o lectora a entrar en cada cuento, relato o historia con la mente abierta y dispuesta a compartir un viaje por realidades muy cercanas, pero también por algunas inquietantes aunque no increíbles distopías. Será, además, divertido, porque Unai Sordo emplea en dosis bien distribuidas la difícil herramienta de la ironía, un sentido del humor con un punto surrealista. Otro signo de inteligencia. 

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Jesús Maraña es director editorial de infoLibre.

El efecto tractor de la Semana Santa ha impulsado la creación de empleo en marzo hasta hacer de este mes de 2023 el mejor de la serie histórica, que comienza en 1996. La Seguridad Social registra 206.410 nuevos afiliados, un crecimiento del 1% respecto al mes anterior. Pese a que el responsable del departamento, José Luis Escrivá, ha disociado las buenas cifras de empleo de ese tirón estacional, lo cierto es que el mayor aumento de cotizantes, tanto en cifras absolutas como relativas, se ha producido en la hostelería, que genera 71.808 nuevos empleos, un aumento del 5,67% respecto a febrero. Le siguen, pero a mucha distancia, los 14.957 nuevos afiliados del comercio o los 14.938 de la administración pública. En volúmenes semejantes ha crecido el empleo en sanidad –13.624 cotizantes más– y educación –12.728–, con alzas que no superan el 1,5% mensual.

De esta forma, la Seguridad Social alcanza los 20,37 millones de afiliados, que es también el mejor dato desde 1996. En el último año, el empleo ha crecido en 542.049 cotizantes, un 2,73%. Desde la pandemia, hay 1,1 millones de afiliados más. De ahí que el ministerio destaque la mejora que eso supone en la relación entre número de cotizantes y de pensionistas, que ahora es de 2,41 afiliados por cada jubilado, “el nivel más alto de la década”, asegura el departamento de José Luis Escrivá nada más aprobar la reforma del sistema de pensiones.

El mismo buen tono muestran las cifras del paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), que han bajado en 48.755 personas, un 1,67%. Tras subir en enero –70.744 nuevos parados– y febrero –2.618–, el descenso del número de desempleados en marzo de este año es superior al registrado en ese mismo mes en 2018, 2019 y 2022, pero menor al de 2021. La mayor parte de la bajada se debe al sector servicios, donde hay 42.789 parados menos. También se ha reducido más el desempleo femenino en cifras absolutas, 25.897 mujeres menos en el paro, que el masculino, con una caída de 22.858 hombres.

Aun así, en España quedan todavía 2,86 millones de parados. El Ministerio de Trabajo destaca que es la cifra más baja, en un mes de marzo, desde 2008, justo antes de estallar la crisis financiera desatada por la quiebra de Lehman Brothers.

Este año, en cambio, los malos vientos augurados por la caída de Credit Suisse y las dudas sobre Deutsche Bank en medio de la crisis de precios y la guerra de Ucrania no han podido con los buenos presagios del consumo para la Semana Santa. Y ese comportamiento se refleja en el hecho de que todas las comunidades autónomas han ganado en empleo, pero con Baleares y Andalucía a la cabeza, que aumentan su número de afiliados en un 6,4% y un 1,36%, respectivamente. Todos los territorios reducen igualmente sus cifras de desempleados, menos la Comunidad de Madrid, que gana 1.013 nuevos parados. En cambio, son Andalucía y Canarias las que lideran la bajada del desempleo, con 15.284 y 5.775 parados menos.

La reforma laboral sigue notándose en el cambio de modelo de contratación, según subraya el Ministerio de Trabajo: el 46,82% de los contratos firmados en marzo fueron indefinidos, casi un punto y medio más del porcentaje de febrero, mientras que los temporales se reducen en un 39,6% respecto a hace un año. Su traducción en términos de cotizantes a la Seguridad Social es la caída de los afiliados con contrato temporal hasta el 14%, la mitad de los que había antes de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021. Es, apunta el ministerio, el mínimo histórico.

De los 1,31 millones de contratos registrados en marzo, 284.208 son a tiempo completo, 180.909 son fijos discontinuos y 150.557 a tiempo parcial. Los primeros han aumentado un 23,23% respecto a febrero, los segundos un 28,03% y los terceros un 24,16%. En comparación con el mismo mes de 2022, los de jornada completa han crecido un 8,97%, los de tiempo parcial un 2,52% y los fijos discontinuos, un 70,67%. Según el Ministerio de Seguridad Social, también sigue aumentando la duración media de los contratos, con un alza de 47 días entre enero y marzo respecto al mismo trimestre de 2019.

Otro cambio, pero éste recién estrenado, es el aumento de la base reguladora del 50% al 60% a partir del séptimo mes de cobro de la prestación por desempleo. Trabajo siempre publica los datos sobre prestaciones con un mes de retraso respecto de las cifras de paro, por lo que este mes se conocen los de febrero. Y la subida de la base reguladora se empezó a aplicar en enero. La cuantía media de la prestación de paro ha crecido un 7,3% en febrero, y se sitúa en 961,6 euros al mes. En España, 1,86 millones de personas la cobran, un 1,1% más que hace un año. La cobertura de la prestación alcanza el 68,11%, el porcentaje más alto en un mes de febrero desde 2012. La menor fue en febrero de 2016, cuando sólo protegía al 54,8% de los desempleados. Pero aún queda lejos del 80,6% al que se llegó en ese mismo mes de 2010.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han elogiado las buenas cifras de empleo. “Crear 206.000 empleos en un mes y concretamente en el mes de marzo es un dato extraordinario, que no tiene precedentes”, ha asegurado Escrivá, quien subraya el “complicado contexto” económico. Ambos ministros han presagiado que la misma tónica optimista continuará en los próximos meses, pese a reconocer que “ir a un ritmo de 100.000 empleos al mes no es sostenible”, en palabras de Escrivá en la Cadena Ser. “Queda aún mucho por hacer para dejar atrás la cultura de la precariedad”, advirtió en todo caso Yolanda Díaz en su cuenta de Twitter, tras atribuir el mérito de la “robustez” del mercado de trabajo a la reforma laboral, que “protege mejor el empleo en situaciones de crisis”.

El sindicato UGT también ha celebrado el “éxito” de la reforma laboral, pero reclama medidas contra el “despido barato”, reformando sus causas y costes, y que se recuperen todas las garantías que perdieron los contratos indefinidos con la reforma laboral de 2012. Además, pide más recursos para los servicios públicos de empleo y que se mejore la cobertura de las prestaciones de paro.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo ha advertido frente a los “mensajes triunfalistas” cuando la tasa de paro aún se mantiene en el 12%. En una entrevista en TVE, Sordo ha tachado de un “poco apresurada” la idea de que el modelo productivo ha cambiado en España, a tenor del empleo que se está creando en sectores de alto valor añadido, como le gusta destacar al Ministerio de Seguridad Social. “Aunque la correcta utilización de los fondos de recuperación europeos puede contribuir a acelerar esa transformación”, ha matizado.

Finalmente, la CEOE sostiene que los datos de empleo de marzo constatan la “mayor resiliencia” de mercado laboral, pese a “la incertidumbre económica derivada del conflicto bélico en Ucrania, la inflación y el encarecimiento generalizado de los costes laborales y de producción”. Pero también cree que “las empresas de pequeño tamaño están sufriendo” y pone como ejemplo que se han perdido más de 6.000 autónomos y más 13.000 empresas han cerrado desde principios de año.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, firmó este miércoles con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones y con la ausencia de la CEOE. Un acuerdo que tanto el ministro como los líderes sindicales loaron con superlativos como “histórico” y “revolucionario”. “Es la apuesta estratégica más definida e importante desde la crisis financiera”, aseguró Unai Sordo. José Luis Escrivá felicitó a CCOO y UGT porque, tras dos años de negociación, ha sido posible una reforma que, a su juicio, supone un “cambio radical y estructural del sistema de pensiones”. Y los sindicatos alabaron al ministro por haber sido capaz de “reconducir” las negociaciones con la Comisión Europea en Bruselas.

Todos ellos contestaron también a las críticas de la patronal a la reforma, que se asienta en el aumento de las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social para financiar el aumento de gasto que implicará la mejora de las pensiones. Frente a la “voracidad recaudatoria” de la que acusa la CEOE al Gobierno, el ministro cifró en sólo 37 céntimos el impacto que la subida de cotizaciones –el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas– tendrá hasta 2050 en el coste laboral por hora. Si ahora se sitúa en 23,4 euros, al final del periodo de aplicación de la reforma se elevará hasta 23,8 euros, aún por debajo de los actuales 29,9 euros de Italia o los 33,8 euros de media de la zona euro. Según los dirigentes sindicales, la subida de cuotas a la Seguridad Social es “manejable” para las empresas. Pepe Álvarez mencionó además que las cuotas a la Seguridad Social se han reducido cuatro puntos desde 1982 en España.

Por el contrario, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, repitió este miércoles que la subida de cotizaciones sociales “lastrará la competitividad de las empresas” y frenará la creación de empleo. Sólo unas horas después, Escrivá compareció en la Comisión del Pacto de Toledo para explicar a los grupos parlamentarios el acuerdo recién alcanzado. Allí, tras recibir los reproches en la misma dirección de los diputados del PP, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria, el ministro subrayó que la subida de salarios que acarreará el aumento de las cotizaciones para pagar las pensiones se limitará a un 1,6% repartido a lo largo de 30 años. Lo que le llevó a tachar de “hipérboles” y “demagogia sin números” las críticas que han tildado de “impuesto al trabajo” e “impuesto al talento” el alza de las cuotas sociales, “en un momento en que los salarios [de convenio] han subido menos de un 3%, la inflación media llegó al 8,5% y los márgenes empresariales han aumentado en un porcentaje similar”.

Además, aseguró Escrivá, si el foco se fija en los costes laborales unitarios, corregidos con la productividad para poder compararlos con los de otros países, los números de España “son incluso más favorables”. Así, la ganancia de competitividad española entre 2010 y 2022 ha sido del 13%, el doble que la zona euro –7,7%– y por encima del 8,5% de Francia o el 3,5% de Italia. Alemania perdió en ese intervalo un 5,8% de competitividad medida con el coste laboral unitario.

El ministro también defendió el destope de bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad. Junto con el recargo del MEI, permitirán aumentar los ingresos del sistema en una cantidad equivalente a un 1% del PIB, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. De esa mejora, la mayor parte corresponde a las dos primeras medidas, a partes iguales, mientras que la cuota de solidaridad aportará un 10%. Unai Sordo apuntó que sólo 1,2 millones de trabajadores cotizan algunos meses por encima de la base máxima actual –53.946 euros anuales, 4.495,50 euros mensuales– y un millón todo el año. Serán esos salarios más elevados los que pagarán la cuota de solidaridad, del 1% en 2025 y del 6% en 2045. “Decir que el aumento de cotizaciones, que afectará sólo a empresas grandes con grandes excedentes, alejará el talento es una frivolidad”, zanjó.

Frente a las dudas que la oposición política lanzó en la Comisión del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema por el aumento de gasto previsto con las nuevas medidas –mejora de las pensiones mínimas, cobertura de lagunas de cotización, libre elección del periodo de cálculo–, Escrivá argumentó que el alza de cotizaciones tendrá efectos “equivalentes” a los calculados para el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, las medidas de la reforma de 2013 que quedan derogadas. El IRP limitaba la subida anual de las pensiones a un 0,25% mientras la Seguridad Social tuviera déficit, y ahora se actualizarán de acuerdo con el IPC medio del ejercicio. El Factor de Sostenibilidad recortaba la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación. Escrivá llegó a calificarlo de “aberración”, porque reducía hasta un 50% la pensión inicial de quien se jubilara en 2050. El IRP ocasionaba una rebaja del 30% en la prestación, recordó.

Con la reforma, el gasto en pensiones eludirá los años de máxima tensión financiera por culpa de la jubilación de los baby-boomers, entre 2030 y 2040, e incluso atravesará esa barrera para quedar a partir de 2050 por debajo del gasto actual –el 12,2% del PIB– y del gasto medio en pensiones de la Unión Europea, adelantó.

Según los cálculos del ministerio, la pensión de una mujer que haya cotizado 44 años, pero haya interrumpido su carrera profesional durante ocho por culpa de la crisis financiera y se jubile ya con las mejoras de la reforma, aumentará un 13% mensual respecto al esquema actual, gracias al nuevo periodo de cómputo y al relleno de las lagunas de cotización.

Mientras Unidas Podemos, ERC y EH Bildu agradecieron a Escrivá el “cambio de enfoque” en la reforma de las pensiones, PP y Coalición Canaria le reprocharon que la norma se tramite como un real decreto-ley, hurtando el debate a los grupos parlamentarios y evitando evaluaciones externas. “No le salen las cuentas”, atacó Ana Muñoz Vidal, de Ciudadanos. También le afearon que haya acudido a la Comisión del Pacto de Toledo en el último momento, sólo después de haber pactado con los sindicatos. “Lleva ocho meses sin comparecer aquí”, le espetó el diputado Tomás Cabezón.

El ministro ofreció la posibilidad de tramitar la reforma como proyecto de ley y atribuyó el retraso de tres meses en la presentación del texto –debería haberse aprobado en diciembre de 2022– a la dilatación de las negociaciones con la Comisión Europea. Como España es el país más avanzado en la recepción de los fondos de recuperación y “la referencia para los que vienen detrás”, explicó, los altos funcionarios de Bruselas han sido “particularmente rigurosos”. “Nos dijeron ‘vamos a aprender juntos”, contó a los diputados, para después asegurar que la reforma se convertirá en una "referencia internacional" por su cambio de enfoque. En respuesta a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, que había rebajado el aval de Bruselas a un “acuerdo de mínimos” con la Comisión Europea, José Luis Escrivá presumió de que, por el contrario, ha sido “pactado con las métricas europeas más exigentes”.

Tanto en el acto de la firma con los sindicatos por la mañana como ante el Pacto de Toledo por la tarde, el ministro no cesó de replicar a los analistas que estos días han atacado la reforma. “No hay ningún experto que la avale”, le recriminó Tomás Cabezón, “la única unanimidad en esta reforma es que decepciona”.

Para Escrivá, los análisis publicados estos últimos días por BBVA Research o por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) son “cálculos apresurados y oportunistas, sacados de un PC en una casa”, discusiones “viejunas instaladas en debates y métricas ya superadas internacionalmente”. Ambos centros de estudios ponen en duda que el aumento de ingresos previsto con la subida de cotizaciones cubra el crecimiento del gasto en pensiones para las próximas décadas. Y temen el efecto de las mayores cuotas sociales en el empleo, los salarios y la inversión de las empresas. Los sindicatos, por su parte, ven motivos “ideológicos” y del sector financiero detrás de esos informes: “No hay análisis desinteresado de pensiones en España”.

La segunda fase de la reforma de pensiones acordada por el Gobierno, CCOO y UGT se centra en la obtención de ingresos para que el sistema afronte con garantías las tensiones financieras que implicará la jubilación de los baby boomers en las decádas de 2030 y 2040, informa Europa Press.

También contempla mejoras en la cobertura de lagunas de cotización, en el complemento de la brecha de género y en las pensiones mínimas, así como el establecimiento de un sistema dual para el cálculo de la pensión para que las personas con carreras laborales irregulares no vean mermada su prestación.

Éstas son las principales medidas de la reforma:

- Modelo dual para determinar la cuantía de la pensión: ésta podrá calcularse o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años. Esta nueva opción se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2027 a 2038, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos).

Hasta 2040 podrá elegirse entre esta opción y los últimos 25 años, mientras que entre 2041 y 2043 la opción de 25 años irá subiendo a razón de seis meses por año, desde 25,5 años en 2040 a 26,5 años en 2043, pudiendo elegirse entre este periodo o los 29 años (menos los dos peores). A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión se calculará con 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores). De oficio, mientras existan las dos alternativas, la Seguridad Social siempre aplicará la más ventajosa para el trabajador.

- Cuota de solidaridad: se establece una cotización para la parte del salario que no cotiza por superar la base máxima de cotización. Ésta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).

- Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La actual sobrecotización del MEI, del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año y con la siguiente distribución: 1% a cargo de la empresa y 0,2% a cargo del trabajador. Esta sobrecuota se mantendrá en el 1,2% de 2030 a 2050 y podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB.

- Bases máximas: las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más un cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050. Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050. El Gobierno evaluará cada cinco años en el marco del diálogo social la subida de las bases máximas de cotización y remitirá un informe a la Comisión del Pacto de Toledo.

- Pensión máxima: las pensiones máximas se revalorizarán año a año con el IPC anual más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un alza aproximada del 3%. A partir de 2051 y hasta 2065 se producirán incrementos adicionales para que al final del periodo, en 2065, la pensión máxima haya subido de manera acumulada un 20%. A partir de ese año se valorará la conveniencia de alcanzar un incremento total del 30%.

- Subida de las pensiones mínimas contributivas: se establece una senda de convergencia de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que, desde 2027, no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Así, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, irán subiendo entre 2024 y 2027 de manera progresiva.

- Mejora de las pensiones no contributivas: éstas crecerán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

- Cobertura de lagunas: se mantiene el modelo actual de cobertura de lagunas (meses en lo que no existe obligación de cotizar y que son tenidos en cuenta para calcular las pensiones), pero con mejoras para mujeres.

Así, los vacíos de cotización se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (4 años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49, añadiendo para las mujeres asalariadas el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (hasta el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (del quinto al séptimo año). Esta medida estará vigente mientras la brecha de género sea superior al 5% y podrá aplicarse a hombres en situaciones comparables.

Además, se reconocerán como cotizados los tres primeros años de excedencia por cuidado de hijos y familiares, y a los autónomos también se les cubrirán, por primera vez, lagunas de cotización.

- Brecha de género: el complemento de brecha de género de las pensiones subirá un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025.

- Límites a la disposición de activos de la hucha de las pensiones: Desde 2033, la Ley de Presupuestos establecerá el desembolso anual a efectuar por el Fondo de Reserva en términos de porcentaje del PIB, con un límite máximo para cada ejercicio del periodo 2033-2053, que irá desde el 0,10% del PIB al 0,91%, dependiendo de cada ejercicio.

- Fiscalización por parte de la AIReF: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y cada tres años, un informe de evaluación sobre el impacto de las medidas destinadas a fortalecer los ingresos del sistema entre 2022 y 2050.

Si, tras la evaluación de la AIReF, el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, el gasto medio bruto en pensiones en el periodo 2022-2050 no podrá superar el 15% del PIB. Si supera ese 1,7% del PIB, el gasto en pensiones no podrá superar el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%. Y si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,7% del PIB, el gasto no podrá superar el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%.

En caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones, el Gobierno propondrá posibles medidas para eliminarlo. Además, negociará con los agentes sociales el envío de una propuesta al Pacto de Toledo para corregir este exceso de gasto vía aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa que eleve los ingresos o reduzca el gasto en pensiones o una combinación de ambas.

Como resultado de estas negociaciones, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento que contenga las medidas apropiadas antes del 30 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente.

En caso de que la ley con las medidas correctoras del exceso de gasto no entrara en vigor el 1 de enero del año siguiente, la cotización del MEI aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.

- Jubilación parcial: El Gobierno se compromete a negociar antes del 30 de junio una reforma de la figura de la jubilación parcial a fin de garantizar un régimen de compatibilidad efectiva entre trabajo y pensión, preservar la calidad del empleo de los relevistas, y equilibrar el coste de esta modalidad de pensión.

- Observatorio para el paro de los autónomos: se creará, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la reforma, un observatorio para mejorar la eficacia y cobertura de la prestación por cese de actividad por causas económicas de los trabajadores autónomos, así como de la integración de periodos sin obligación de cotizar. - Cotización por prácticas formativas o académicas externas: se integrarán en la Seguridad Social los alumnos que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación o que realicen prácticas académicas externas.