Lo advirtieron hace meses: Ciudad Real tendrá, el curso que viene, 25 aulas menos. ¿El motivo? No hay niños suficientes a los que dar clase, así que no queda más remedio que agruparles en las pocas que sí pueden seguir funcionando. No pasa sólo allí, en cualquier caso. La caída demográfica ha empezado ya a dar sus frutos y están siendo los colegios y los institutos los termómetros perfectos para comprobarlo. Ahora bien, como ocurre siempre, no está pasando igual en todas partes. Lo sufre más la España vaciada, claro, pero también la escuela pública. De hecho, es, sin duda alguna, la principal damnificada.

Lo han señalado los expertos en varias ocasiones y las estadísticas les dan la razón. Las últimas cifras sobre unidades escolares publicadas por el Ministerio de Educación revelan que en la última década —desde el curso 2013-2014 al 2023-2024— las aulas de Educación Infantil públicas han caído un 2%, pero las privadas han crecido un 1,6%. Pasa igual en Primaria, aunque es cierto que en menor medida: en esa etapa las públicas han caído un 0,5%, pero las privadas han crecido un 2,3%. En números absolutos, los datos hablan de 1.744 aulas públicas cerradas y de 1.410 privadas abiertas. En prácticamente el mismo periodo —el último disponible en el INE, entre 2012 y 2022—, la media de edad de los españoles y las españolas ha subido tres años: de los 41,6 a los 44,08.

Han sido todos estos los años clave. Un estudio publicado por EsadeEcPol ya cifró en 450.000 el número de niños y niñas menores de 16 años que España había perdido precisamente entre 2013 y 2023. Bajo el título Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo, el think tank auguraba además que, para 2037, esa cifra habría alcanzado el millón. "El pico demográfico de esta edad tuvo lugar en 2013, ahora estamos en ese proceso de pérdida de población menor de 16 años. El problema está en marcha", diagnosticó uno de los autores del estudio, el sociólogo Jorge Galindo. Así se explica, precisamente, que las mayores caídas se hayan producido en la etapa Infantil: el proceso acaba de empezar.

Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación, pide expresamente fijarse en esa etapa para comprender la dimensión del problema. "Mirar lo que ocurre en Infantil es lo más interesante, porque es donde más se comprueba cómo la caída demográfica se está cebando con el sistema público", explica, desde el otro lado del teléfono.

Volvamos a la estadística oficial, como plantea. Si se acerca la lupa, se comprueba que en la última década se han cerrado 1.312 aulas públicas y se han abierto, por su parte, 559 privadas. En Primaria, sin embargo, los números no distan tanto: mientras se han clausurado 432 de la primera red, se han inaugurado 851 de la segunda. Ahora bien, el esquema es el mismo. Y además lleva años ocurriendo.

Un informe de CCOO que analizó esta variable entre los cursos 2017-2018 y 2022-2023 concretó que, a nivel estatal, las unidades de las escuelas públicas de Infantil y Primaria habían descendido un 2,51%, un porcentaje mucho más elevado que el de las privadas, que fue del 0,13%. El alumnado, no obstante, había caído en casi idénticas proporciones en ambas: un 7,06% en las primeras y un 7,45% en las segundas.

Ahora bien, la pregunta que surge es obvia: ¿por qué ocurre?

Turienzo cree que la explicación tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con una cuestión de territorio, y se fundamenta en que "las aulas que cierran lo hacen sobre todo en zonas rurales, donde la única escuela que existe es pública" y donde, básicamente, nacen menos niños. Según los datos del INE, comunidades como Cantabria, Asturias o La Rioja son las que mayores descensos en cuanto al número de nacimientos han experimentado en la última década. En concreto, y respectivamente, su natalidad ha caído un 38,4%, un 31,8% y un 31,1%. Estas tres comunidades, además, superan la media nacional de caída de la población matriculada en el segundo ciclo de Infantil —el que más alumnado tiene—, según las cifras recogidas por el departamento de Pilar Alegría: los descensos han sido del 29,8%, 29,6% y 27% respectivamente.

¿Y la segunda vertiente? Según Turienzo, esta respondería más a una cuestión política. "Lo que está influyendo sobre todo en estas estadísticas es el sistema de conciertos", advierte.

Es ideológico. El 13 de enero de 2021, el Gobierno de la Comunidad de Madrid respondía a la aprobación de la ley educativa de la entonces ministra Isabel Celaá con la extensión de la duración de los conciertos educativos a un plazo de diez años. Es decir, que las escuelas privadas que consiguieran un contrato con la administración para recibir fondos públicos lo harían, como mínimo, durante una década. Y antes no se podría tocar ese acuerdo. Podrían seguir funcionando exactamente igual. Pasase lo que pasase en ese periodo de tiempo. Y si el número de alumnos cae en picado, se mantienen las mismas unidades.

La explicación oficial pasaba por el deseo de garantizar "la libertad de elección de más de 360.000 alumnos madrileños". Pero los principales beneficiados por esta decisión fueron los colegios católicos, puesto que son estos los que principalmente integran la red privada financiada con fondos públicos. A nivel nacional, y según los últimos datos de Escuelas Católicas, suponen en concreto el 57% de toda la red. "Si se cierran unidades públicas porque no se pueden cerrar concertadas y la oferta se reduce a esta última, realmente lo que se está haciendo es todo lo contrario a garantizar la libertad de elección", lamenta Turienzo.

Para Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, la conclusión está clara: "Buena parte de la última década ha gobernado un partido político que decía respetar la gratuidad de la enseñanza. A las pruebas me remito que esta promesa electoral no se está cumpliendo". Héctor Adsuar, secretario de Pública no Universitaria de CCOO, hace el mismo diagnóstico. "En cualquier variable, siempre que hay que recortar en educación se hace por la pública. La privada está protegida", lamenta. El informe que presentó su sindicato también lo aseguraba. "Se está privatizando progresivamente el sistema y los datos son especialmente impactantes en algunos territorios", recogía.

Clara Fontdevila, investigadora postdoctoral de la Universidad de Glasgow, se centra sobre todo en eso: en la variabilidad territorial. Por eso ella prefiere no ser tan contundente. Según destaca de la estadística, no en todas las autonomías y regiones ha ocurrido así, puesto que algunas pierden unidades de todas las redes y en otras, en cambio, las ganan. "Es muy complejo y complicado dar una explicación general, no hay que olvidar que en España hay muchas dinámicas y, en muchas ocasiones, muy específicas de cada comunidad autónoma", destaca.

Sea como sea, la caída demográfica está ahí. Y como vaticinan todos los expertos, y confirman las proyecciones como la realizada por EsadeEcPol, irá a más. Ahora bien, lo que determine el futuro del sistema será cómo se lo enfrente. Todos los expertos coinciden en cuál sería la manera más adecuada: la bajada de alumnado debe tomarse como una oportunidad para mejorar todo el sistema público, no para cercenarlo. "La pérdida de población no es una buena noticia como sociedad, pero si la enfrentamos con planificación puede convertirse en una buena oportunidad educativa", señala Turienzo.

¿Cómo puede hacerse? Según el experto, manteniendo en primer lugar la inversión actual y consiguiendo, de ese modo, que los fondos por alumno se vean necesariamente incrementados. En segundo lugar, aprovechando las unidades que en principio se cerrarían para, por ejemplo, ampliar la oferta o modificarla y orientarla a etapas con más necesidad de plazas como la Formación Profesional. Y por último, decidiendo, en los casos más extremos, qué cerrar y dónde. "Sería esta una buena oportunidad para consolidar el sistema público si conseguimos que las aulas que se clausuren sean las que no tienen una clara vocación de servicio público como, por ejemplo, las concertadas que cobran cuotas ilegales a su alumnado", añade.

Adsuar, por su parte, asegura que desde CCOO están completamente de acuerdo en esas medidas. Y es más, explica que su propuesta, planteada explícitamente al Ministerio de Educación, pasa también por la mejora general de las ratios, apuntando a una bajada directamente proporcional al número de alumnado con necesidades educativas especiales.

En la actualidad, rebasar los 90 años y llegar a centenario es cada vez más habitual. Pero la cuestión no es vivir más, sino conservar la lucidez y la calidad de vida a medida que envejecemos.

Uno de los factores que lo impiden son las enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer, cuyo principal factor de riesgo es la edad. De hecho, a partir de los 65 se duplica el número de casos cada cinco años, según cifras del Ministerio de Sanidad, pasando del 1 % de afectados al 40 % a los 90.

Un estudio publicado hoy en Nature Aging sitúa el comienzo del envejecimiento del cerebro a los 57 años, con otros dos picos importantes a los 70 y los 78 años, y sugiere que estos momentos podrían ser clave para posibles intervenciones en el proceso de deterioro de este órgano.

“A los 70 años observamos muchas asociaciones con trastornos neurodegenerativos, como la demencia por cualquier causa y la enfermedad de Alzheimer. Nuestros hallazgos reflejan la susceptibilidad de padecer estas patologías en esta década”, explica a SINC Wei Cheng, de la Facultad de Medicina de Shanghái, que ha liderado la investigación.

Estos puntos de inflexión los han determinado a partir de muestras humanas de plasma sanguíneo del Biobanco del Reino Unido, de las que han seleccionado 13 proteínas relacionadas con dicho declive. Además, estas proteínas reflejan la inflamación, la regeneración celular y el estrés ligado al envejecimiento, entre otros parámetros.

Así, ocho de ellas aumentan con la edad y están relacionadas con la matriz extracelular o con los denominados factores de crecimiento celular. Y las cinco restantes disminuyen en el envejecimiento y, fundamentalmente, están asociadas a la degradación de proteínas.

“De entre estas proteínas destaca Brevican (BCAN) y el factor de diferenciación del crecimiento 15 (GDF15). Los niveles de BCAN y GDF15 se asociaron, además de con el envejecimiento, con la demencia, el ictus y la función motora. Estos hallazgos muestran que las concentraciones de proteínas cambian longitudinalmente, reflejando transiciones en la salud cerebral en edades clave”, valora por su parte Inés Moreno, profesora de la Universidad de Málaga, en declaraciones al SMC España.

Los investigadores utilizaron datos de imágenes cerebrales de 10.949 adultos sanos para estimar la brecha de edad cerebral (BAG, por sus siglas en inglés), un indicador de su declive y que surge de la diferencia entre la edad cerebral estimada y la cronológica.

En cuanto al inicio del envejecimiento cerebral en una edad tan concreta, Cheng afirma que “las proteínas en el pico de los 57 años están principalmente asociadas con la inmunidad adaptativa, como el recuento de linfocitos, y con el metabolismo. Dos aspectos posiblemente subyacentes del inicio del envejecimiento cerebral”.

El neurocientífico Jesús Ávila, experto en alzhéimer y envejecimiento del CSIC, cuenta a SINC que este trabajo se puede vincular con el publicado en Nature en 2023 por el grupo de Wyss-Coray, sobre el envejecimiento del organismo en general, “mostrando cómo la presencia de algunas proteínas del plasma en determinadas edades puede indicar la aparición de futuras enfermedades más tarde”.

Al analizar estos biomarcadores en el plasma de personas de diferente edad, indica Ávila, los investigadores observaron que los cambios no eran lineales con el aumento de la edad, sino que se observaban tres picos con cambios abruptos, relacionados con cambios metabólicos a los 57 años; pérdidas cognitivas y de movimiento a los 70, y fragilidad neuronal en torno a los 78.

Las proteínas de la edad cerebral de 70 años estaban asociadas principalmente a la demencia y el ictus, señala Cheng. “Por lo tanto, las personas con una edad cerebral cercana a los 70 años pueden desarrollar un estilo de vida saludable o tomar algunas medidas personalizadas para prevenir las enfermedades”.

Así, los investigadores enfatizan la importancia y la necesidad de la intervención y la prevención en esta década para reducir el riesgo de múltiples trastornos cerebrales. “Estudios anteriores demostraron que algunos trastornos, como la demencia y el ictus, podrían prevenirse con estilos de vida saludables. Planteamos la hipótesis de que dicha degeneración sería modificable, en cierta medida, mediante hábitos como el ejercicio físico regular, una dieta equilibrada y el contacto social frecuente”, puntualiza el experto chino.

Eso sí, serán necesarios más estudios que verifiquen la viabilidad de estos biomarcadores. Para Ávila, faltaría en este estudio la posible complementación de los datos de proteómica en plasma con los cambios epigenéticos que relacionan muestras de sangre con la edad cronológica, y la validación en cohortes de otros orígenes.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Las muertes por calor podrían triplicarse en Europa de aquí a 2100 con las políticas climáticas actuales, sobre todo entre los habitantes de las zonas meridionales del continente, según un estudio publicado en la revista The Lancet Public Health, que ha recogido Europa Press.

Las conclusiones del estudio elaborado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ponen de relieve la necesidad de reforzar las políticas para limitar el calentamiento global y proteger así a las regiones y los miembros vulnerables de la sociedad de los efectos del aumento de las temperaturas.

En los últimos años, Europa ha experimentado algunos de sus veranos más calurosos, que han coincidido con elevadas tasas de mortalidad. Las personas mayores corren un mayor riesgo de muerte por temperaturas extremas, y se prevé que el número de personas que llegan a la vejez aumente con el tiempo.

La mayoría de los estudios anteriores sobre las muertes por temperaturas cálidas y frías en Europa apenas contenían detalles a nivel local o eran evaluaciones en profundidad de países concretos, sobre todo de Europa Occidental. Este estudio es el primer análisis en profundidad de los riesgos sanitarios actuales y futuros de las temperaturas cálidas y frías en toda Europa que analiza el impacto previsto en las regiones dentro de los países.

En conjunto, con un calentamiento global de 3º C -una estimación máxima basada en las políticas climáticas actuales- el número de muertes relacionadas con el calor en Europa podría aumentar de 43.729 a 128.809 a finales de siglo. En el mismo escenario, las muertes atribuidas al frío -actualmente muy superiores a las causadas por el calor- seguirían siendo elevadas, con un ligero descenso de 363.809 a 333.703 para 2100.

"Nuestro análisis revela que la proporción de muertes por frío y calor cambiará drásticamente a lo largo de este siglo, con un aumento de las atribuidas al calor en todas las partes de Europa y un repunte en algunas zonas. Al mismo tiempo, las muertes relacionadas con el frío disminuirán ligeramente en general. Nuestro estudio analiza más de 1.000 regiones de 30 países, lo que permite identificar los puntos calientes donde la población se verá más afectada en el futuro", ha señalado el doctor Juan-Carlos Ciscar, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

Los autores del nuevo estudio utilizaron datos sobre 1.368 regiones de 30 países europeos para modelizar las disparidades actuales en las muertes por frío y calor y estimar cómo podrían cambiar los riesgos de aquí a 2100. El conjunto de datos -generado mediante el análisis de las características epidemiológicas y socioeconómicas de 854 ciudades europeas de más de 50.000 habitantes- se utilizó para modelizar el riesgo de mortalidad regional para distintos grupos de edad (de 20 a más de 85 años).

Se realizaron estimaciones de las muertes actuales y futuras relacionadas con la temperatura para cuatro niveles de calentamiento global (1,5 °C, 2 °C, 3 °C y 4 °C) utilizando una combinación de 11 modelos climáticos diferentes.

El estudio calcula que las temperaturas cálidas y frías provocan actualmente 407.538 muertes al año en toda Europa, de las cuales 363.809 están relacionadas con el frío y 43.729 con el calor:

Las muertes por frío son más elevadas en Europa Oriental y los países bálticos y más bajas en Europa Central y partes del Sur, con tasas que oscilan entre 25 y 300 muertes por cada 100.000 habitantes.

Las muertes relacionadas con el calor oscilan entre 0,6 y 47 muertes por cada 100.000 personas, con las tasas más bajas en el Reino Unido y los países escandinavos y las más altas en Croacia y las zonas más meridionales del continente.

Con un calentamiento de 3 °C, se prevé que las muertes relacionadas con la temperatura aumenten un 13,5 por ciento, lo que provocará 55.000 muertes más cada año, impulsadas por un aumento de las muertes por calor. La mayoría de las muertes se producirán entre personas mayores de 85 años.

En la actualidad, en Europa mueren ocho veces más personas por frío que por calor (relación 8,3:1), pero se prevé que esta proporción disminuya mucho a finales de siglo. Con un calentamiento global de 3°C, se calcula que se reducirá a 2,6:1 en 2100. En cambio, en un escenario basado en el objetivo del Acuerdo de París de un calentamiento de 1,5° C, la proporción se reduciría a 6,7:1.

Para 2100, se prevé que las muertes relacionadas con el frío, en un escenario de calentamiento de 3 ºC, registren disminuciones insignificantes de media en toda Europa y oscilen entre 29 y 225 muertes por cada 100.000 habitantes en todos los países europeos. Se prevén reducciones moderadas de las muertes relacionadas con el frío en Europa del Este y ligeros descensos en partes de Alemania, Francia, Italia y Portugal; sin embargo, se estima que las muertes relacionadas con el frío aumentarán en Irlanda (donde casi se duplicarán), Noruega y Suecia, países todos ellos en los que se prevé un gran aumento de ciudadanos de 85 años o más.

Se estima que las muertes relacionadas con el calor aumentarán en todas las regiones de Europa bajo un calentamiento de 3ºC, con un fuerte aumento de las tasas de mortalidad, triplicando la tasa media en toda Europa hasta situarse entre 2 y 117 muertes por cada 100.000 habitantes en todos los países europeos. España, Italia, Grecia y algunas zonas de Francia serán los países más afectados por el calentamiento y el envejecimiento de la población.

"Constatamos que las muertes en Europa por temperaturas cálidas y frías aumentarán sustancialmente, ya que se espera que se produzcan muchas más muertes relacionadas con el calor a medida que el clima se calienta y la población envejece, mientras que las muertes por frío disminuyen sólo ligeramente en comparación. Nuestro estudio también identifica puntos críticos en los que el riesgo de muerte por altas temperaturas aumentará drásticamente en la próxima década. Existe una necesidad crítica de desarrollar políticas más específicas para proteger estas zonas y a los miembros de la sociedad más expuestos al riesgo de temperaturas extremas", ha detallado David García-León, también del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

Los autores reconocen algunas limitaciones. Sus resultados se basan en datos de habitantes de zonas urbanas (que suelen sufrir más estrés térmico, sobre todo calor, que los de zonas rurales), lo que significa que las estimaciones pueden ser ligeramente exageradas. Los resultados tampoco tienen en cuenta el sexo, la etnia o los efectos sobre los lactantes (otro grupo vulnerable).

Son proyecciones, no “predicciones”, advierte el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una “simulación estadística” de lo que va a pasar en los próximos en nuestro país a 50 años —y en las comunidades autónomas a 15— a partir de una encuesta sobre los principales indicadores de referencia (índice coyuntural de fecundidad, edad media a la maternidad, esperanza de vida al nacer y niveles de saldo migratorio) en la que han participado demógrafos de toda España.

De ahí que los cálculos incluyan escenarios diferentes: en el peor de los casos, el INE cree que la población española estará en 44,8, y que esa cifra, en la hipótesis más favorable, llegará a los 65 millones. Todo ello en función de cómo evolucionen las diferentes variables. 

En todo caso, la España que viene no es, con seguridad, la que le gustaría a Vox. El futuro depende cada vez más de la inmigración. Vamos hacia un país de 54,6 millones de habitantes en el año 2074, dentro de medio siglo. Para entonces, la población nacida en España habrá pasado del actual 81,9% del total, al 61,0%. 

¿Y qué pasaría si la inmigración no compensase el volumen de habitantes que se marchan de España? El INE también lo ha calculado: para 2074 seríamos solamente 32 millones. Serían 16,6 millones menos que en la actualidad (un retroceso de un 34,6%), lo que nos situaría en cifras de los años sesenta del siglo pasado.

Nada indica que eso vaya a pasar. Más bien todo lo contrario. Y eso que, a lo largo de todo el período de cálculo, el INE cree que seguirá habiendo más defunciones que nacimientos —crecimiento vegetativo negativo—, lo que significa que el aumento de la población depende de que sigan llegando a nuestro país más personas que las que se van de él —saldo migratorio positivo—. En 2022, subraya la proyección hecha pública este lunes, esa cifra fue la mayor de la última década: 727.005 personas. Es un dato muy relevante: casi duplica las previsiones de hace dos años y quintuplica el listón alcanzado el año precedente.

España registró 1.258.894 inmigraciones en 2022, mientras que 531.889 personas abandonaron nuestro país para residir en el extranjero. El saldo migratorio, según el INE, será similar en 2024 y “decreciente” a partir del año que viene, “con más intensidad en los primeros años, aunque siempre positivo”. El resultado global será “una ganancia neta de población debida a migraciones” de 3,5 millones de personas en los cinco primeros años proyectados y de 7,0 millones hasta 2038. En todo el periodo proyectivo, hasta 2073, sería de 17,1 millones de personas.

Las grandes cifras no son muy diferentes de las que el INE publicó hace dos años (la actualización de estas proyecciones tiene carácter bienal). No obstante, la comparación entre los cálculos de 2022 y los de este año muestran una corrección hacia arriba de la población estimada para dentro de medio siglo.

La proyección anterior imaginaba una España de 52,9 millones de habitantes (1,7 menos que ahora). Lo mismo sucede con el cálculo para los próximos 15 años (51 millones era lo que pensaba el INE en 2022; 53,7 es la proyección actual). Eso significa que la estimación se está acelerando: los modelos basados en datos más recientes apuntan a una población mayor en los próximos años de lo que pensábamos hace apenas 24 meses. 

El progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos, daría lugar a un saldo vegetativo negativo durante todo el periodo proyectado. Este saldo vegetativo negativo sería superado por el saldo migratorio positivo en la mayor parte de los años del periodo, lo que provocaría, en balance, un aumento de población. Este aumento se debería, por tanto, exclusivamente, a la migración internacional, subraya el instituto.

Aunque el número de nacimientos comenzaría a aumentar levemente en 2024 y seguiría creciendo hasta 2042, entre 2024 y 2038 nacerían en torno a 5,5 millones de niños, un 8,7% menos que en los 15 años precedentes. Y aunque los modelos del INE concluyen que este indicador puede volver a aumentar a partir de 2058, debido a la llegada a las edades de mayor fecundidad de generaciones cada vez más numerosas, los nacimientos siempre seguirían estando por debajo de las defunciones.

Lo que no ha cambiado de la proyección de 2022 a la actual es la esperanza de vida. En 2073 alcanzaría, al nacimiento, los 86 años en los hombres y los 90 en las mujeres, con una ganancia de 5,6 y de 4,3 años, respectivamente, respecto a los valores actuales. Por su parte, la esperanza de vida para las personas con 65 años en 2073 sería de 22,7 años para los hombres (3,6 más que actualmente) y de 26,3 para las mujeres (3,3 años más).

La población entre 20 y 64 años, que actualmente supone el 60,9% del total, se reducirá a un 53,7% en 2051, aunque el INE calcula que para 2074 se hará recuperado parcialmente hasta un 54,2%.

El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 20,4% del total, alcanzaría un máximo del 30,5% en torno a 2055. En 2074 este porcentaje se situaría en el 30,3%.

Por su parte, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) también alcanzaría un máximo en torno a 2052 (del 75,3%), para ir bajando paulatinamente a partir de entonces, hasta el 73,9% en 2074.

Por lo que se refiere a las proyecciones a 15 años por comunidades autónomas, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, se observaría una evolución dispar. Trece de ellas aumentaría población y cuatro la perderían. Los mayores incrementos relativos se registrarían en Illes Balears (19,0%), Comunitat Valenciana (19,0%) y Región de Murcia (17,2%). Por el contrario, los descensos más acusados se darían en Principado de Asturias (-4,1%), Extremadura (-3,4%) y Castilla y León (-0,7%).

De acuerdo con las proyecciones del INE, para 2039 Cataluña estará muy cerca de alcanzar a Andalucía como la comunidad autónoma más poblada de España. En la actualidad, en la comunidad andaluza viven aproximadamente 8,5 millones de habitantes, 700.000 más que en la catalana. Pero, según el INE, para dentro de 15 años esa diferencia se habrá reducido a apenas 67.000 personas, a pesar de que Andalucía tendrá entonces 9,3 millones de habitantes. Y será gracias a la atracción que tiene Cataluña para inmigración.

Otro dato revelador: en 2039, el peso poblacional combinado de Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana habrá aumentado 2,1 puntos porcentuales y habrá pasado del 59,1% de 2021 a un 61,3%. De seguir así, en un plazo relativamente breve de tiempo dos de cada tres españoles serán andaluces, catalanes, madrileños o valencianos.

Los cálculos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) son esenciales para la planificación de servicios públicos como educación, salud, transporte y vivienda, pero también para que las empresas y las organizaciones privadas realicen estudios de mercado, planifiquen la ubicación de nuevos negocios y comprendan mejor a su base de clientes. 

Una encuesta reciente interpeló a los ciudadanos de toda Europa sobre la inmigración y arrojó un dato que explica en en buena parte el eco que la extrema derecha está teniendo y que, casi con seguridad, va a entregar a sus líderes la llave del futuro de la Unión el próximo 9J: siete de cada diez europeos creen que el país en el que viven acoge a demasiados inmigrantes. Los más descontentos, los griegos (90%), los chipriotas (84%), los irlandeses (78%), los austríacos (77%) y los búlgaros (76%). En el otro extremo, daneses y portugueses con un 57%.

La mayoría de los europeos (53%) cree además que la inmigración es aun problema y apenas un 22% la percibe como una oportunidad. Un porcentaje que oscila entre el 74% de Bulgaria y el 33% de Luxemburgo. En este ranking, España destaca entre quienes menos atribuyen a la inmigración la condición de problema (39%), a pesar de ser uno de los cuatro países de la Unión, junto a Alemania, Francia e Italia, que acoge a más ciudadanos extranjeros.

La paradoja es que todos los estudios demográficos predicen que Europa en general, y España en particular, no tiene futuro a menos que se abra a recibir inmigrantes. En el caso español, con un envejecimiento que alcanzará a Japón dentro de 16 años, algunos ya se atreven a ponerle fecha: el año 2050. Si seguimos como hasta ahora, a partir de entonces la economía y el Estado del bienestar serán insostenibles.

El país nipón ya se ha puesto manos a la obra. Ejecutivo japonés aprobó en marzo nuevas medidas inéditas en el país para contrarrestar su crisis demográfica ampliando el estatus de “trabajador cualificado específico” a otras cuatro zonas del mundo, lo que permitirá que 820.000 trabajadores extranjeros participen en el programa de colocación hasta el año fiscal 2028.

Pero casi nadie habla de ello en Europa. Y tampoco en España. El prisma mediático, que presta más atención a la llegada de migrantes, en pateras en el caso de España, oscurece el anverso positivo de la migración: su capacidad de generar crecimiento económico en los países de acogida y, a través de las remesas que envían a caso los migrantes, en sus lugares de origen. “El tema se aborda principalmente como un problema y no como una oportunidad“, explica Ola Henrikson, director regional de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). “Hay más clics cuando se habla de personas que mueren en el Mediterráneo que sobre los georgianos que vienen a trabajar en la construcción en Alemania”.

Los flujos migratorios producen un cierto rejuvenecimiento de la población trabajadora, pero no cabe esperar que la inmigración solucione completamente el problema del relevo generacional de los trabajadores en nuestro país, según el Banco de España. “Para ello serían necesarios unos flujos migratorios mucho más intensos que los contemplados incluso en las proyecciones demográficas más optimistas. Sería deseable que las políticas migratorias anticiparan proactivamente las necesidades de contratación que se generarán en el mercado laboral español como consecuencia de las futuras jubilaciones y que favorecieran la llegada de inmigrantes que puedan satisfacer las demandas de trabajo”.

El mismo informe alerta sobre el reto de las pensiones, que considera de “extraordinaria envergadura” y “uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años”. Y dice que, para que en 2053 se mantenga la relación actual entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas, sería necesario triplicar las previsiones del Instituto Nacional de Estadística sobre los extranjeros residentes: la población inmigrante trabajadora tendría que aumentar en más de 24 millones a lo largo de las próximas décadas.

Las evidencias se acumulan. Lo dice el Banco de España, pero también otras instituciones públicas y privadas y las alertas que genera la investigación académica son recurrentes. “Es evidente que el progresivo envejecimiento se traduce en un descenso de la población activa, aquella en edad de trabajar, y por tanto de pagar impuestos. Si en España o en cualquier país del mundo no se asegura el reemplazo de la población activa, esto repercute sobre la factura social y por tanto sobre el mantenimiento de los servicios sociales y sanitarios sobre todo”, confirma Carlos Ferrás Sexto, catedrático de Geografía Humana de la Universidade de Santiago (USC).

El horizonte del envejecimiento demográfico alcanza a todo el planeta. Si no hay cambios, a finales de este siglo la población mundial entrará en una fase recesiva por culpa del envejecimiento y la incapacidad de asegurar que el relevo generacional compense la mortalidad. “En España ya tenemos problemas con el envejecimiento, la baja natalidad y alta mortalidad, y esto puede ir a más de forma creciente. De cara al 2050”, advierte, “si el envejecimiento no se frena con políticas demográficas que incentiven el crecimiento natural y migratorio, el mercado laboral y la sostenibilidad de los servicios públicos, del sistema de pensiones y del estado del bienestar en España tendrá serios problemas”.

Ahora mismo ya existen muchos sectores económicos que son dependientes de la mano de obra extranjera. Los datos del Servicio Público de Empleo son elocuentes: el 45,25% de los trabajadores de la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas ya no son españoles, así como el 54,18% de los que desempeñan actividades en los hogares como personal doméstico. Destacan también el comercio, la construcción, el transporte y la confección de prendas de vestir. Cualquiera qwe se haya asomado en los últimos años a la economía de los cuidados sabe también de la importancia de los trabajadores extranjeros en España.

Hay “profesionales cualificados en sectores industriales y de la construcción; desde albañiles, fontaneros, electricistas a mecánicos, destaca el catedrático de la USC. Los hay “vinculados al sector de la pesca y de la construcción naval, también en hostelería, servicios de cuidados a personas mayores o en el sector agroindustrial tanto para manejo de máquinas, la recolección o el procesado de alimentos”. Y hay una demanda importante en “el sector de las tecnologías de la información, profesionales del marketing y de la comercialización, entre otros”.

Son cifras que crecen año a año. En sectores que sólo están dispuestos a cubrir los extranjeros, ya sea por ofrecer condiciones poco apetecibles o porque la juventud es un factor esencial para su desempeño.

¿Qué debe hacer entonces España para evitar el desastre que se avecina si no corrige el inevitable camino hacia el invierno demográfico? “Se deben combinar medidas de natalidad y conciliación con medidas migratorias”, afirma sin dudarlo Carlos Ferrás. “En los países del norte de Europa han logrado estabilizar la fecundidad (el número de hijos por mujer en edad fértil) protegiendo y acompañando la crianza, con subsidios directos por hijo menor de edad a las familias que llegan a superar los 200 euros mensuales, así como con la racionalización de los horarios laborales o la creación de servicios de atención y apoyo a la infancia accesibles y gratuitos en los centros de trabajo”.

Pero no basta, añade. Estas medidas deben combinarse con otras “orientadas a la migración, que van desde los contratos en países de origen, el fomento de la interculturalidad en los sistemas educativos o el incentivo a la emigración de retorno, sin olvidar que es preciso afrontar el desafío de la inclusión social de las personas inmigrantes en los lugares de destino”.

Hay que combinar, insiste, la inmigración y las medidas destinadas a incentivar el crecimiento natural. “Es una balanza entre los saldos migratorios y los naturales. Son medidas tanto de apoyo a la natalidad como de apoyo a la inmigración. No se deben desvincular”.

Desde la política, apunta, “debería abrirse un debate claro y transparente sobre el futuro demográfico de España y sus retos a medio y largo plazo. Países como Alemania, Francia o China son muy conscientes de las consecuencias del envejecimiento”. Y de la necesidad de desarrollar “políticas amables y facilitadoras del desarrollo personal y profesional de los jóvenes”. Y eso implica atacar, cuanto antes, problemas como el precio del acceso a la vivienda o los salarios dignos.

 “Lo único que salva la demografía española es la inmigración, porque la fecundidad ni está ni se le espera”, sentencia Joaquín Recaño Valverde, experto en demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. La inmigración, subraya este experto, permite revitalizar la demografía de ciertas áreas rurales, como el valle del Ebro, donde hay mucha movilidad de mano de obra inmigrante extranjera. Sin embargo, trata de una inmigración muy dinámica: no se crean estructuras de arraigo. Los inmigrantes se acaban yendo y llegan otros nuevos.

Recaño no tiene ninguna duda: la inmigración es la solución demográfica para toda Europa Occidental. “Nosotros nos hemos incorporado tarde a la inmigración, pero va a ser un tema importante en las próximas décadas”, afirma.

El problema es global, así que la capacidad de atraer inmigrantes se convertirá en poco tiempo en un asunto crucial. El debate pasará del levantamiento de muros al diseño de incentivos para seducir a los jóvenes de otros países. De momento, las tasas de fertilidad comparativamente altas en muchos países de rentas bajas (sobre todo en países orientales y occidentales del África subsahariana) seguirán impulsando el aumento de la población en estas ubicaciones durante el siglo, pero hacia el año 2100 más del 97% de países y territorios tendrá tasas de fertilidad por debajo de lo necesario para mantener su población, según un estudio publicado por The Lancet. Sólo seis países tendrán a finales de siglo crecimiento demográfico: Samoa, Somalia, Tonga, Níger, Chad y Tayikistán.

“Nos enfrentamos a un cambio social abrumador a lo largo del siglo XXI”, según el catedrático Stein Emil Vollset del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), el autor principal a la cabeza del estudio. “El mundo va a experimentar de forma simultánea una ‘explosión demográfica’ en algunos países y un ‘colapso demográfico’ en otros”.

“Las implicaciones son colosales”, explica la doctora Natalia V. Bhattacharjee, coautora principal del estudio y líder de investigación científica del IHME. “Estas tendencias futuras en las tasas de fertilidad y nacimientos vivos reconfigurarán por completo la economía global y el equilibrio internacional de poder, y obligarán a la reorganización de las sociedades”.

“El reconocimiento global de los desafíos en torno a la inmigración y las redes de asistencia mundial serán incluso más cruciales cuando exista una competencia feroz para que los inmigrantes sostengan el crecimiento económico y a medida que la explosión demográfica del África subsahariana sigue aumentando”, advierte Bhattacharjee.

A Veiga, en la provincia de Ourense, es un concello que tan sólo tiene 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Al norte, Carballeda de Valdeorras suma un poco más de población. En 2022 eran 6,7. En algunos ayuntamientos de Lugo el escenario se repite. Pasa, por ejemplo, en Negueira de Muñiz, donde sólo viven 4,3 personas por kilómetro cuadrado. O en Ribeira de Piquín, donde son pocos más: 7,8. Los datos, extraídos del Instituto Galego de Estadística (IGE), dibujan un mapa a dos velocidades: una en la que se mueven las provincias interiores y otra a la que se encuentran las costeras de Pontevedra y A Coruña. Las primeras, más envejecidas, más vacías. Las segundas, más pobladas, algo más jóvenes. Pero sólo algo.

Los datos hablan por sí solos. Y hay estudios que confirman que la despoblación y el envejecimiento de Galicia no es sólo algo constatable, sino algo que lleva ocurriendo años y que, además, puede tener efectos socioeconómicos negativos. Alberto José Pazo y María Pilar Moragón lo bautizaron como "demotanasia". En un artículo publicado en 2018 y titulado El despoblamiento de Galicia: la visualización de la "catástrofe" constataron, precisamente, esa Galicia a dos velocidades. Hay, especificaron, una "brecha demográfica entre una Galicia dinámica, que constituye una pequeña porción del territorio, y una Galicia sumida en un proceso acelerado de envejecimiento y despoblamiento". Y es esta, afirmaron, la que preocupa.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su Comisión de Despoblación, habla de "municipios en riesgo de extinción" y cataloga como tales los que tienen menos de 1.000 habitantes. Los datos más recientes son de 2016, y entonces se cifraban en 30 los que estaban en esa situación dentro de Galicia. Y todos ellos, como decíamos al principio, están en Ourense, que tiene 24, y en Lugo, que acumula cinco. Sólo hay uno fuera, en Pontevedra: Mondariz-Balneario.

Frente a esto, continúan los autores, hay "un proceso de concentración urbana", una "lógica de aglomeración, que define territorios ganadores y perdedores, territorios con cierta dinámica y territorios abocados a la extinción". ¿Y cuáles son esos ganadores? Pues, como refleja el IGE, los territorios del litoral atlántico. Lo señalan también los autores del informe, que lo enmarcan dentro de un "éxodo agrario" que produjo "un trasvase masivo de trabajadores agrarios a otros sectores de actividad, En Galicia o fuera de ella". Así, continúan Pazo y Moragón, "los ámbitos rurales se convierten, primero, en los principales nutrientes de la emigración exterior de la región y, después, en la fuente esencial de suministro que sustenta la pujante expansión urbana".

Mar Pérez Fra, profesora de la Universidade de Santiago de Compostela, explica en la misma línea que "el eje atlántico que une A Coruña y Vigo es el que concentra la mayor parte del dinamismo económico y demográfico". "En el interior tan sólo tenemos enclaves de capitales de provincia que consiguen incrementar un poco la población que, en términos generales, está estancada", apunta. "Galicia era una de las áreas con mayores densidades de población, pero en el siglo XX perdió, mientras que en el conjunto de España eso sólo ocurrió con la crisis", añade.

Los datos que ofrece el IGE ponen también frente al espejo esta realidad. Si la densidad de población media de Galicia es de 91 habitantes por kilómetro cuadrado, esa cifra escala hasta los 140,9 en A Coruña y los 209,7 en Pontevedra. Y cae, en paralelo, hasta las 41,8 personas en Ourense y 32,9 en Lugo.

La despoblación tiene consecuencias. Y no sólo socioeconómicas. Ese "éxodo agrario" que mencionaban pazo y Moragón ha ido provocando, a su vez y de manera progresiva, el envejecimiento de la población que no lo protagonizó. Bien porque las nuevas generaciones ya nacen en esas áreas urbanas o bien, también, porque esas nuevas generaciones también se están marchando. Y las razones son las mismas. Las expuso Rocío Toxo, de la Universidade de Santiago de Compostela, en su tesis Factores determinantes da emigración rural da poboación moza en Galicia no século XXI.

"La población joven en áreas rurales se encuentra con mayores obstáculos para acceder y consumir aquellos bienes y servicios más demandados en su franja de edad, así como también para poder desarrollar su formación y su vida profesional", señala la autora.

Galicia, en general, es una comunidad envejecida. Concretamente, la tercera de España, sólo por detrás de Asturias y Castilla y León, según los últimos datos del INE. En concreto, la edad media de los gallegos y gallegas es de 48,16 años, mientras que la de los primeros es de 49,3 y la de los segundos es de 48,3. Si afinamos un poco más los datos, esta vez del IGE, observamos que el porcentaje de población menor de 25 años ha pasado de ser de un 20,9% en 2010 al 19,7% en 2022. En el mismo periodo, los mayores de 85 han pasado de suponer el 3,2% del total de la población a ser el 5,2%.

¿Y por provincias? El mapa es idéntico al que se dibuja cuando se habla de despoblación. El porcentaje de ciudadanos menores de 20 años supera el 15% en A Coruña (15,85%) y Pontevedra (16,78%), pero no llega al 14% ni en Lugo (13,51%) ni en Ourense (13,2%). Por su parte, el índice de sobreenvejecimiento —es, decir, los mayores de 84 años— se sitúa en el 23,54% en Lugo y en el 23,19% en Ourense, mientras que desciende al 19,08% en A Coruña y al 18,15% en Pontevedra.

En cualquier caso, y aunque resulte paradójico, en Galicia sólo hay un concello que registra más nacimientos que muertes. Y está en A Coruña. Se trata de Ames, que en 2022 registró un salgo vegetativo de 17 personas. Una década antes, en 2013, esa lista estaba formada por otros 17 concellos, un número que cayó a los siete en 2018, a los cuatro en 2019 y a los dos en 2021. En 2022, además, hubo seis concellos sin un sólo nacimiento. Y sí, Lugo y Ourense se las reparten al 50%.

Todas estas cifras se contraponen con otra que, a priori, es positiva: la inmigración no ha dejado de crecer. Es más, en 2022 se registró, según arrojó el INE, el saldo migratorio más positivo desde que se tienen registros. Llegaron, así, 39.281 personas que antes vivían fuera de España, 14.000 más que un año antes. Pero eso tampoco sirve. Porque aunque en 2022 el dato fue más elevado que nunca, el saldo migratorio positivo lleva años dándose en Galicia. Pero Pérez Fra advierte de que, en cualquier caso, gran parte de estas inmigraciones no son más que retornos de población gallega que emigró durante la década de los 60 y 70. "Es especialmente importante recalcarlo, porque muchas zonas rurales reciben población, pero son personas jubiladas. No se produce, por tanto, una revitalización del territorio", explica.

La única manera de hacerlo es con políticas decididas, dice. En la campaña electoral de 2009, la que llevó por primera vez a la Presidencia de la Xunta al conservador Alberto Núñez Feijóo, el conservador ya situó la crisis demográfica de Galicia entre sus mayores preocupaciones. Pero trece años después las medidas adoptadas, entre ellas la creación de un Observatorio Galego de Dinamización Demográfica y la aprobación de una Ley de Impulso Demográfico, no han logrado resultados. Pérez Fra lo achaca a que siempre se ha puesto el foco en el fomento de la natalidad. "Podemos tener más hijos, pero si el espacio sigue sin ser atractivo cuando crezcan esas personas se seguirán marchando", diagnostica.

Por eso hay que incidir ahí. "Conseguir que el espacio rural sea atractivo se consigue generando empleo", sostiene, y el envejecimiento de la población de esas áreas puede ser una oportunidad. Pero hay otro factor sobre el que trabajar: "Hay que garantizar que esa población que pueda quedarse puede acceder a unas condiciones de vida digna". Es decir, que las áreas rurales respondan también "a parámetros del siglo XXI". También con perspectiva de género. "Entre los jóvenes, quienes más emigran son mujeres, que dedican más tiempo a labores de cuidado para que las que existen servicios en las zonas urbanas", reclama.

En cualquier caso, la situación desemboca en una conclusión clara: el resultado que salga de las urnas este domingo saldrá sobre todo de población mayor. De hecho, según publicó Praza.gal, los votantes menores de 35 van a suponer en estas elecciones la mitad que en 2001. Así, y analizando el censo de residentes en el Estado, se observa que casi un tercio del total (el 32,6%) tiene más de 65 años y que casi 6 de cada 10 (el 59,45%) supera los 50 años. El porcentaje de menores de 35 años es del 16,49%. Por provincias, la misma dinámica: Pontevedra es la provincia con el porcentaje de menores de 35 llamados a votar más alto (17,85%), mientras que Ourense es la provincia con el electorado de mayor edad, con un 38,7% de posibles votantes por encima de 65 años y un 63,5% por encima de 50 años.

El titular llamó hace no mucho tiempo la atención. En Ourense ya hay más pensionistas que cotizantes. El éxito como país que supone vivir cada vez más años (en Galicia, la media está en 86 años para las mujeres y 80 para los hombres) también dejaba al descubierto el reto de financiar de manera digna las últimas etapas de la vida. 

En realidad, muchas provincias en toda España se encuentran en una situación delicada porque lo que la Seguridad Social ingresa por cotizaciones e invierte (evitemos decir gasta) en prestaciones no cuadra. 

Toca elegir si resignarse a dejar a los mayores a un lado, y que se las apañen como puedan (al fin y al cabo, ¡no hay dinero!), o acompasar la alegría que supone para un país que sus ciudadanos tengan vidas más largas con la oportunidad de un cambio de modelo. 

La reforma de las pensiones comandada por José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social, y acordada con la Comisión Europea (y esto es muy importante, porque en Bruselas se mira con lupa la sostenibilidad financiera del sistema), es un paso, así como el blindaje de su subida conforme al IPC. No nos engañamos: no hay que elegir entre la dignidad de nuestros mayores y las oportunidades de nuestros jóvenes. La dignificación de las condiciones de trabajo impulsada por Yolanda Díaz al frente de Trabajo, con subida del salario mínimo, mejoras para sectores como las empleadas del hogar o los riders, entre otros, es otro paso. 

Pero faltan otros muchos, también en otros campos y más allá del esencial aprovechamiento de los fondos europeos: la reindustrialización, el incremento de la productividad, la mejora en la educación y la capacitación o, por qué no decirlo, la reforma fiscal pendiente para fortalecer la tracción pública, única capaz de reducir las desigualdades y dar oportunidades a las personas más vulnerables. Toca elegir: o nos resignamos al sálvese quien pueda y vaciamos lo público (imagínense quién sale beneficiado) o fortalecemos lo público para que nadie se quede al margen. 

En cuanto a las residencias, España y Galicia han optado claramente por el sálvese quien pueda. Por hacer de la vejez un negocio que nutre las cuentas de empresas privadas, en ocasiones con base o raíces en paraísos fiscales, que a menudo nos ofrecen imágenes miserables de usuarios mal cuidados, habitaciones o comida en mal estado. Y eso, los que tienen la suerte de lograr plaza entre listas de espera y precios altos. 

En Galicia, con pensiones bajas, la oferta sigue siendo mayoritariamente privada (sólo una de cada cuatro plazas es pública o concertada), con cuotas imposibles de pagar para la mayoría salvo que se sacrifiquen ahorros o contribuyan familiares. Y no todo el mundo tiene ahorros en una sociedad en la que las familias cada vez son menos numerosas. Hay apenas 3,3 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, que son más de 700.000 en Galicia, más de un cuarto de la población total (ver aquí este artículo de Marcos Pérez Pena en Praza Pública).

Por eso, que la Xunta se haya enfrentado al Gobierno y la nueva regulación del ministerio de Derechos Sociales liderado por Ione Belarra, rebelándose contra la rebaja del número máximo de residentes por centro sin aclarar tampoco si incrementará la ratio de trabajadores, es revelador, como explica este artículo de Lara Carrasco. Todo ello pese a recibir fondos públicos del Gobierno, como denuncia Pladigmare:

Si la pandemia nos enseñó algo es lo mal preparadas que estaban las residencias privadas. Dramática fue la mortalidad en las de DomusVi frente a las públicas, como explicó Manuel Rico en su investigación al respecto, de absoluta referencia. Y dramática fue la falta de preparación de lo público, en exigencia de trabajadores, profesionales sanitarios e inspectores, todavía sin revertir pese a la nueva estrategia. 

En las dos páginas escasas que dedica el programa electoral de Alfonso Rueda no hay ni una cifra. Ni un compromiso de inversión, ni un bosquejo de modelo concreto. Sólo verbos como “reforzaremos”, “incrementaremos” “impulsaremos” o “extenderemos”. Compromisos concretos, ninguno. Parecido es el del PSdeG, con cuatro referencias contadas a las residencias y tres a los centros de día, sin concreción alguna. Algo más de detalle ofrecen Sumar y Podemos, pero sin duda el más profuso es el del BNG, con un análisis basado en datos y compromisos concretos sobre número de residentes por centro, tipos de módulo y un catálogo de medidas que abordan buena parte de los ángulos de los cuidados. 

Salvo los reproches al PP por no construir nuevos centros públicos (algo que su propio programa reconoce al reivindicar un esfuerzo reciente y todavía en curso), las residencias siguen siendo, pese a todo lo que ha llovido, un asunto de segunda en un país con una necesidad de primera categoría. 

España ha registrado 211.077 nacimientos en los ocho primeros meses de 2023, entre enero y mayo, 6.862 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja de los ocho primeros meses de año en los últimos siete años, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos del INE, recogidos por Europa Press, durante los ocho primeros meses de 2023 se estima que han nacido en España 211.077 niños; frente a los 217.939 en 2022; 219.635 en 2021; 229.904 en 2020; 236.965 en 2019; 245.696 en 2018; y 257.779 en 2017. Continúa así la tendencia a la baja desde que se contabilizan estos datos mensuales.

Por otro lado, en las 39 primeras semanas de 2023, es decir, hasta el 1 de octubre fallecieron en España un total de 324.446 personas, lo que representa 25.747 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja en esas semanas desde 2019, según la estimación de defunciones semanales del INE.

Finalmente, por cada año, las defunciones en España en este periodo de tiempo han sido 324.446 estimadas en 2023; un total de 350.193 en 2022; 335.029 en 2021; 367.939 en 2020; 312.724 en 2019; y 321.564 en 2018.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de nacimientos en España del primer semestre de este año supuso un descenso del 2,5% con respecto a los de 2022 y de un 10,8% con respecto a los de 2019. También según el organismo, en 2020 hubo 11 ciudades españolas en las que las mujeres no tuvieron ni un hijo. Además, el último Focus on Spanish Society de Funcas situó a nuestro país como el europeo en el que más nacimientos hay entre las mujeres mayores de 40. Y así se suceden distintas cifras que llevan a la misma conclusión: cada vez nacen menos niños en España y la población, por tanto, envejece. Con esta premisa, ¿habrá suficiente alumnado para las escuelas del futuro?

Es la cuestión que ha planteado el informe publicado este jueves por EsadeEcPol bajo el título Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo, en el que se cifra en 450.000 el número de niños y niñas menores de 16 años que España ha perdido entre 2013 y 2023. Y el camino todavía no ha terminado. Jorge Galindo, sociólogo y autor del informe junto a Lucas Gortazar, explica que, hasta 2037, esa cifra habrá sobrepasado el millón. "El pico demográfico de esta edad tuvo lugar en 2013, ahora estamos en ese proceso de pérdida de población menor de 16 años. El problema está en marcha", diagnostica.

No ocurrirá de la misma manera en todas las etapas. Según se especifica en el estudio, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) perderá un 25% de su alumnado potencial en 2037, pasando de los casi 2,1 millones de niños y niñas entre 12 y 15 años de hoy a 1,6 entonces. Primaria, por su parte, se vaciará antes: si en 2017 tenía 3 millones de alumnos, en 2032 se quedará por debajo de los 2,4.

Pero tampoco será igual en toda España. Como explica Galindo, y siempre tomando como referencia las proyecciones provinciales del INE, serán Zamora, León, Palencia, Albacete o Jaén las más perjudicadas por la pérdida de alumnado menor de 16 años de aquí a una década. La caída de la primera será del 44% y las del resto, de alrededor de un tercio. "Estas cifras coinciden con aquellos lugares en los que hay mayor despoblación. Al final, el desequilibrio territorial de España es algo que se ha gestado durante muchísimas décadas", recuerda el sociólogo. Así, en el otro lado de la moneda se encuentran otros lugares como Madrid (que sólo perderá un 10%), Barcelona (un 7%), Murcia (1%) o Navarra (0%).

Por eso hay que actuar. "La situación abre el debate sobre cómo podemos preservar la universalidad de la educación a largo plazo, porque esto sólo abrirá las diferencias entre territorios", explica Galindo, que rechaza la posibilidad de aplazar el "plan" que ya es necesario idear y poner en marcha. "Dejar todo como está no hace que la demografía no vaya a cambiar. Lo único que supondría sería aplazar la decisión y los conflictos, lo que acabaría provocando que los recursos acabasen destinados de manera poco eficiente con los alumnos futuros", detalla.

"Es mejor salir de la inacción y aprovechar la oportunidad ahora en vez de reaccionar tarde. La caída demográfica es un fenómeno imparable que comenzó hace más de un lustro y tiene todavía una década por delante. Las autoridades educativas [...] se enfrentan a un marco de decisión complejo que les va a obligar a reestructurar, ya sea ahora o más adelante, el mapa escolar", detalla el informe.

El objetivo, insiste Galindo, es que el principio de la universalidad de la educación se mantenga. Afirma que hay que asumir que habrá cierre de escuelas, pero habrá que idear bien de qué manera hacerlo. Por ejemplo: no es lo mismo cerrar un colegio que está en un municipio pequeño a kilómetros de los demás centros que agrupar al alumnado de tres que son muy cercanos. En Polonia, según explicó Gortazar en un artículo de El País, se tomó la "dolorosa decisión de cerrar las escuelas más pequeñas de las zonas más alejadas" y de reinvertir esos recursos "en escuelas medianas o grandes en municipios cercanos (a no más de 5 ó 10 kilómetros) para ampliar las infraestructuras y mantener una ratio razonable, a la vez que poner en marcha sistemas de transporte público que lleguen a cada pueblo, por muy remoto que sea".

Porque esa es la otra "pata" de la cuestión, según explica Galindo. Si hay menos alumnado y encima se cierran escuelas, habrá más recursos por alumno. "Si los recursos públicos educativos se mantienen o bajan a un ritmo más lento que la caída demográfica, el gasto público por alumno va a crecer considerablemente gracias a la caída de alumnos. La caída demográfica supone la principal oportunidad real de nuevos recursos públicos para el sector educativo", señala el estudio de EsadeEcPol publicado este jueves, que detalla que, por niño o niña, el gasto aumentará entre un 5% y un 25%.

A priori, el dato es positivo, pero sólo si se reparten de manera adecuada garantizando, una vez más, la universalidad de la educación. "Uno de los principios del buen uso de los recursos públicos es usarlos de tal manera que amplíen derechos y oportunidades de un mayor número de alumnos, y en el caso de la educación, que permitan una mejor educación y un mayore aprendizaje para el mayor número posible de alumnos", detalla el informe. "Hay que empezar a decidir a qué vamos a dedicar el excedente, porque hay niños y niñas que no están en zonas de riesgo de cierre de escuelas pero sí tienen dificultades de acceso efectivo a la educación", amplía Galindo.

Por eso los expertos apuestan por seis medidas específicas. La primera consiste en reducir la ratio y el tamaño de las aulas más tensionadas invirtiendo en infraestructuras y personal allí donde sea más efectivo. Tras ello, habría que ampliar el tiempo en la escuela, el refuerzo escolar y el cuidado, apostando por la jornada partida. "En España, la jornada continua avanza de manera imparable en educación Infantil y Primaria y es una realidad asentada en los centros públicos" que "puede perjudicar el aprendizaje de los alumnos, pero también la igualdad de género en el empleo", apunta el informe.

Precisamente hace unos meses, la OCDE instó a España a acabar con la jornada continua porque, a su juicio, la partida responde mejor a las necesidades de los alumnos, especialmente de los más desfavorecidos, para los que los expertos de EsadeEcPol proponen un mayor refuerzo. En otras palabras: existe ahora la oportunidad de dar recursos "de manera quirúrgica en cada centro educativo con programas y estrategias que son eficaces, especialmente con el alumnado más vulnerable y rezagado". Se reforzaría, así, el papel corregidor de desigualdades de la educación.

En paralelo, el informe apunta a la necesidad de reformar las políticas docentes y mejorar las condiciones laborales del profesorado para acabar con la interinidad que perjudica la continuidad del aprendizaje de los alumnos y alumnas y agudiza el burnout pospandémico que sufre la profesión. Además, es necesario promover una mayor colaboración docente para implementar nuevos modelos educativos y seguir expandiendo las etapas de educación infantil de 0 a 3 años y Formación Profesional, algo que favorece "el desarrollo temprano de los alumnos y la conciliación de las familias además de la inserción laboral de los jóvenes", explica el estudio, que finaliza con la recomendación de aplicar políticas "eficaces" contra la segregación.

España ha registrado 26.513 nacimientos el pasado mes de junio por lo que el número de nacimientos en el primer semestre del año asciende a 155.629, un 2,51% menos en comparación con el mismo periodo de 2022, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a junio de 2023, ha recogido Europa Press.

La cifra de este pasado mes de junio continúa la senda ascendente registrada a lo largo del año, con 26.216 nacimientos en mayo, 25.031 en abril, 26.412 en marzo, 24.471 en febrero y 26.986 en enero, mes que por ahora ostenta el mayor número de nacimientos.

El dato de este semestre de 2023 es además un 10,82% inferior con respecto al mismo periodo del año 2019.

Por otro lado, en las 30 primeras semanas de 2023 fallecieron en España 255.641 personas, al fallecer 7.328 en la última semana, lo que supone un 7,77% menos que en el mismo periodo de 2022 y un 2,48% más que en las mismas semanas de 2019, según la estimación de defunciones semanales del INE.

Las mujeres no tuvieron ni un hijo de media en 11 ciudades españoles durante 2020, año en el que el número medio de hijos por mujer se situó en 1,19. No obstante, ninguna gran ciudad de España tuvo un número medio de hijos por mujer superior a 1,8 en 2020 según se desprende de los datos procedentes de los Indicadores Urbanos, correspondientes a 2023, publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Así, las ciudades con mayor número medio de hijos por mujer son Melilla (1,77), Lorca (1,65), La Línea (1,49), Cartagena (1,45), Manresa (1,45), Almería (1,43) y Ceuta (1,43) mientras que las ciudades con menor número medio de hijos por mujer son los municipios canarios de San Cristóbal de la Laguna (0,81), Santa Cruz de Tenerife (0,87) y Las Palmas de Gran Canaria (0,88), seguidos de Gijón (0,89), Telde (0,90), Fuengirola (0,91) y Cádiz (0,96).

El indicador del número medio de hijos por mujer se define como el número medio de hijos que tendría a lo largo de su vida fértil una mujer residente en caso de mantener la misma intensidad fecunda por edad que la observada en un año concreto. Los indicadores urbanos ofrecen información de 39 indicadores para una selección de 126 ciudades españolas, nueve conurbaciones y 70 áreas funcionales en torno a las principales ciudades.

Precisamente, la semana pasada se dio a conocer que en marzo de 2023 nacieron 26.677 niños en España, según la estimación mensual de nacimientos del INE, 600 menos que en marzo de 2022 y 6.000 menos que en marzo de 2017. Además, en el primer trimestre de 2023 nacieron 78.534 niños en España, según las estimaciones del INE, 1.363 nacimientos menos que en el mismo periodo de 2022 y 1.291 más que en el de 2021.

Por otro lado, en las 17 primeras semanas de 2023 fallecieron en España 156.742 personas, 2.234 menos que en el mismo periodo de 2022, según la estimación de defunciones semanales del INE y la cifra más baja en esas mismas semanas desde 2019.

Otro de los indicadores alude a la esperanza de vida al nacimiento, en representación del número medio de años que se espera que una persona viva desde el momento de su nacimiento, se ha calculado como media de tres años, siendo 2020 el año central de referencia.

En este sentido, tres municipios, todos ellos de Comunidad de Madrid, superaron los 85 años: Majadahonda, Las Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón, mientras que en el extremo opuesto, tres de las 126 ciudades estudiadas presentaron una esperanza de vida al nacimiento inferior a 80 años: Ceuta, La Línea de la Concepción y Melilla. Además, tres de las 126 mayores ciudades de España superaron los 85 años de esperanza de vida en 2020.

En cuanto a la edad mediana de la población (indicador que muestra la edad exacta que divide a la distribución por edades de la población residente dejando el mismo número de personas por debajo y por encima de ella), la edad mediana a nivel nacional fue de 45,1 años a 1 de enero de 2022, con dos municipios que superaron los 51 años: Ferrol (51,6) y Avilés (51,1), y León, Zamora, Salamanca, Gijón y Valladolid (todas con más de 50 años).

Por el contrario, tres municipios registraron una edad mediana inferior a 40 años. Así, la ciudad con la edad mediana más joven en 2022 fue Melilla, con 35,6 años, seguida de Ceuta (38,1) y Rivas (39,7) fue menor de 40 años.

Respecto a la población extranjera (indicador que relaciona la población residente con nacionalidad extranjera con el total de la población residente), el porcentaje de extranjeros en España a 1 de enero de 2022 fue del 11,7%.

Por ciudades, las que presentaron mayores porcentajes de extranjeros fueron Torrevieja (40,7%), Fuengirola (37,6%) y Benidorm (29,6%). En el extremo opuesto, los porcentajes más bajos se dieron en San Fernando (1,6%), Sanlúcar de Barrameda (1,9%) y Cádiz (2,2%), todas de la provincia de Cádiz.

La publicación Indicadores Urbanos se deriva del Proyecto Europeo Urban Audit, que recoge información sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea y los países candidatos. Se trata de un proyecto puesto en marcha a finales de los años 90 por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), coordinado por Eurostat y desarrollado por las Oficinas de Estadística de los Estados participantes.

Como recuerda el INE, su objetivo es la recopilación, estimación y publicación de datos estadísticos comparables de contenido socioeconómico para conocer y medir la calidad de vida en un determinado número de áreas territoriales relacionadas con el ámbito urbano.

La caída de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida le han dado la vuelta a la famosa pirámide demográfica, lo mismo en España que en el resto de los países desarrollados. La población menor de 39 años se ha reducido en casi un 16% desde 2008, mientras que los mayores de 40 han crecido un 22,2%. En consecuencia, son muchos más quienes sobrepasan la cuarentena, 27,3 millones de personas, que quienes no llegan a esa edad, 19,7 millones, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y la tendencia es imparable: con menos de 18 años hay nueve millones de personas en España, pero los mayores de 50 son más del doble, 19,6 millones.

Ese cambio tiene su traducción inmediata en el mercado laboral. Cada vez se incorporan menos jóvenes al trabajo, por lo que su número no cubre las jubilaciones. Las plantillas envejecen y la oferta de mano de obra se achica con cada nueva generación. De modo que se puede dar la paradoja de que el país campeón del paro en Europa, con una tasa de desempleo del 12,5% –la media del euro es del 6,5%, su mínimo histórico– sufra al mismo tiempo un problema de falta de personal. Ya está ocurriendo, al menos en algunos perfiles profesionales.

La población activa ha crecido desde 2008, tras superar el bache de la crisis financiera e inmobiliaria, aunque no mucho, un 1,1%. Pero mientras los activos de más de 39 años han aumentado un 36,3% desde el cuarto trimestre de 2008 hasta el tercero de este año –un 31,45% hasta el cuarto de 2019, antes de la pandemia–, el segmento más joven del mercado ha menguado un 29% en los últimos 14 años.

Si el foco de atención se coloca sobre los recién incorporados al mercado laboral, la EPA cuenta sólo 3,8 millones de activos –en disposición de trabajar– con menos de 29 años. En cambio, los que se encaminan hacia el final de sus carreras profesionales, entre 50 y 65 años, son el doble, 7,5 millones.

Esta brecha no tuvo siempre este dibujo. En 2008, cuando se rompió la burbuja inmobiliaria, la relación era la inversa: había más trabajadores jóvenes, 12,54 millones de activos por debajo de los 39 años, que maduros, 10,72 millones por encima de esa edad. Lo mismo ocurría con quienes tenían entre 16 y 29 años, que sumaban más que los mayores de 50: había casi 1,2 jóvenes por cada veterano. Es decir, se han perdido 1,63 millones de trabajadores jóvenes, los de ingreso laboral más reciente: casi un 30% de los 5,48 millones que había hace 14 años.

El vuelco lo dio la curva en 2011. A partir de ese año y hasta ahora el número de las nuevas incorporaciones se ha reducido al mismo tiempo que no deja de crecer el de quienes se acercan a la jubilación. Y el de quienes, de hecho, se jubilan. Si en 2008 las altas de nuevas pensiones sumaron 269.772, según las estadísticas de la Seguridad Social, en 2021 alcanzaron las 316.156. Un aumento del 17,2%.

En consecuencia, si antes de la crisis del ladrillo la edad media de los ocupados españoles era de 39,7 años, ahora es de casi 45. “Y si no hay un cambio radical, en poco tiempo superará los 50 años”, advierte Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de un informe sobre envejecimiento demográfico para la empresa de recursos humanos Manpower que ya en 2018 alertó ante la pérdida de trabajadores potenciales, la caída del número de jóvenes nativos, la necesidad de cubrir ese déficit con inmigrantes y el creciente desplazamiento de los activos hacia quienes superan los 50 años.

Una buena muestra del declive demográfico y laboral está en las administraciones públicas. En España, el 46% de los empleados públicos supera los 55 años. Sólo Italia tiene funcionarios más envejecidos. La media de la OCDE es sólo del 26%. Desde 2015, además, el porcentaje de empleados públicos mayores ha crecido en España un 11%, impulsado por la política de no reposición de vacantes impuesta por los recortes de gasto público que siguieron a la crisis financiera. La edad media de los empleados de la Administración General del Estado es de 51,32 años. De hecho, el 64% de su plantilla tiene más de 50 años. En la Seguridad Social aún es peor: el 80,9% de sus trabajadores supera esa edad. Y el futuro no parece demasiado alentador. El último Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado prevé que en 2032 se habrá jubilado el 58,6% de la plantilla actual, unos 97.000 empleados públicos.

Estas cifras exceden con mucho las del sector privado –los asalariados mayores de 50 años son un 30,3%, menos de la mitad que en el sector público–, pero no por ello es menos grave el fenómeno. Sobre todo porque no es un desarrollo coyuntural. La Estrategia España 2050, que ha elaborado la Oficina Nacional de Prospectiva del Gobierno, cifra en un 12% la pérdida de población en edad de trabajar que puede ocasionar hasta mediados del siglo el envejecimiento demográfico, unos 3,7 millones menos de trabajadores potenciales, e incluso prevé que habrá 2,5 millones menos de ocupados, si se mantienen las tasas de empleo anteriores a 2019, que fueron de un 2% en promedio.

Según sus estimaciones, la reducción de la población activa se traduciría en un descenso de la ocupación del 0,5% anual. “Lo que tendría consecuencias profundas para la economía y los ingresos públicos, y supondría una fuente de tensión par la sostenibilidad del estado de bienestar”, advierte la Oficina. Para llegar a esa conclusión se basa, a su vez, en proyecciones de Eurostat para la zona euro que calculan en 11 puntos porcentuales la caída de la ratio de población en edad de trabajar en la UE: del 65% en 2020 al 54% en 2050.

Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas –el centro de estudios de las cajas de ahorro– y miembro del Consejo Económico y Social (CES), cree que el impacto del encogimiento del mercado laboral dependerá de los perfiles de quienes ingresen en el mercado de trabajo: jóvenes y también emigrantes. De si su cualificación profesional se corresponde a la que demandan las empresas. Por el momento, la ocupación contradice los vaticinios de España 2050 y no sólo no se ha resentido, sino que sigue creciendo por encima de lo que está avanzando la economía, aunque cada vez de forma más titubeante por culpa de la crisis energética y la inflación desbocada. El paro continúa descendiendo, al tiempo que las vacantes que ofertan las empresas no se cubren. Torres explica que el mercado laboral no funciona “de forma mecánica”: no se puede esperar que, a menos trabajadores demandando empleos, haya menos parados; o que, con menos jóvenes entrando en el mercado de trabajo, haya automáticamente menos paro juvenil.

También Josep Oliver pone el foco en el desajuste entre los perfiles de la mano de obra y los perfiles que demandan las empresas. Se está produciendo, en efecto, un “vaciamiento de generaciones jóvenes”, asegura, ocasionado por la caída de la tasa de natalidad, pero los que comienzan a trabajar están “incorrectamente formados”, lo que los aboca al desempleo. A las elevadas cifras de abandono escolar se une que más de un tercio de los ocupados por debajo de 35 años están sobrecualificados. “A partir de los 25 años cae la tasa de paro porque se produce un ajuste de expectativas”, explica, “cuando, por ejemplo, muchos licenciados terminan aceptando empleos por debajo de su cualificación”. En España, al igual que en el resto de los países del sur de Europa, faltan ocupados con formación profesional, mientras que la cifra de quienes tienen sólo una cualificación baja o superior es muy elevada comparada con Alemania o los países nórdicos, continúa Oliver.

En 1995 entraban anualmente en la estadística laboral unos 750.000 mayores de 16 años, destaca el catedrático, pero 10 años después se quedaron en sólo 450.000. El déficit se cubrió con la llegada de inmigrantes.

“Según las últimas proyecciones del INE, si no llegan siete u ocho millones de inmigrantes, la población española bajará hasta los 44 millones de habitantes en 2050 [ahora es de 47 millones]”, anticipa el catedrático catalán. El INE calcula que haría falta un saldo migratorio anual de unos 300.000 inmigrantes para sostener la población española hasta mediados de siglo. El de este año lo cifra en 484.137 personas y prevé que se mantenga por encima de los 300.000 hasta por lo menos 2031. Si el saldo migratorio fuera cero, en 2072 España tendría sólo 31,8 millones de habitantes.

La pérdida de músculo, y de juventud, del mercado laboral causa serios perjuicios. Hace más difícil la transición tecnológica y agrava el ya de por sí grave déficit español de productividad, advierte Josep Oliver. A su juicio, la solución, además de por los inmigrantes, puede pasar por estimular la “movilidad” de los trabajadores. Es decir, trasladar el exceso de oferta de mano de obra de las provincias con más paro a otras con escasez de personal, o formar a trabajadores con un nivel educativo escaso o poco demandado para que adquieran competencias más solicitadas por las empresas.

En España, el 70% de los trabajadores entre 20 y 64 años están ocupados, recuerda Raymond Torres, pero en Alemania y los países nórdicos la tasa de ocupación asciende hasta el 80%. Aumentar la tasa española hasta esos niveles, asegura, permitiría compensar el impacto del envejecimiento demográfico. En Italia, compara el economista, el problema es el elevado número de inactivos, que son más difíciles de incorporar al mercado laboral que los parados y necesitan de “mecanismos muy específicos” para familias monoparentales, excluidos sociales, enfermos mentales o prejubilados. La propuesta de la Estrategia España 2050 para evitar el achicamiento del mercado de trabajo es, además de incorporar inmigrantes y reducir el paro juvenil, elevar la tasa de empleo de las mujeres en 20 puntos –ahora es del 57%–, lo que equivaldría a contar con casi dos millones de trabajadoras más en 2050. Porque, de lo contrario, la merma de la fuerza laboral estancará el crecimiento del PIB entre el 0,3% y 1,1% –cuando de 2014 a 2019 mejoró a un ritmo del 2,5%– hasta mediados de siglo.

Naciones Unidas certificó la semana pasada que el planeta tiene por primera vez más de 8.000 millones de habitantes. Todos los continentes aumentan su población excepto la vieja Europa. La población mundial tiene una media de edad de poco más de 30 años mientras los europeos rondan los 44. Europa es más vieja, envejece dos veces más rápido y es el único continente que depende de la inmigración para no perder población. El viejo continente se convirtió en el continente viejo sin que las políticas de fomento de natalidad cambiaran la tendencia.

Mientras la población mundial era en 1990 un 66% de la actual (de 5.280 a 8.000 millones) la europea era un 85% (de 382 millones a 446 millones). La población europea de los países que hoy forman la Unión Europea era en 1990 el 7,23% de la población mundial y hoy es el 5,5%.

La tasa de fertilidad cae en países con muchas ayudas a la infancia o con casi ninguna, en países muy liberales con el aborto o muy restrictivos. En países en que los jóvenes dejan el hogar familiar a los 25 o a los 35. Nada parece afectar a un fenómeno al que las políticas no consiguen embridar.

En una entrevista al canal francés LCI, el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, decía que “el invierno demográfico de Europa solo se cubre por los aportes del resto del mundo”. “Nos guste o no”, decía Borrell, “es un hecho”. Borrell decía en esa entrevista que hay sociedades “que prefieren el envejecimiento a la mezcla, como Japón y algunos países europeos” y que otras prefieren un cierto nivel de inmigración.

El occidente europeo va aumentando muy ligeramente su población gracias a la inmigración porque el crecimiento natural (balance positivo o negativo de restar las defunciones a los nacimientos) es negativo. Pero el centro y el Este de la Unión Europea pierden población. Los 27 países de la Unión Europea están en los primeros 43 puestos del mundo por edad media de su población. Sin contar el Principado de Mónaco, Japón es el país más viejo del mundo con 48,6 años de media y Alemania es el segundo con 47,8. España está en decimotercera posición con 43,9 años de edad media.

España envejece ligeramente más que su entorno. El envejecimiento de la población española se disparó cuando el nivel de vida empezó a crecer y a acercarse a los estándares europeos. En 1950 la edad media de los españoles era de 27,5 años y en 1980 de 30,4 años. Apenas envejecieron 2,9 años en 30 años. En la década de los 80 fue tanto como en las tres anteriores, 2,9 años para alcanzar los 33,4. En los años 90 se produjo un salto aún mayor, de 4,2 años para llegar a los 37,6.

En la primera década de este siglo XXI el envejecimiento fue de 2,4 años y en la segunda década se dio otro salto, esta vez de 4,5 años. Solo la llegada de un importante flujo migratorio en los primeros años 2000 frenó ese envejecimiento, que se disparó de nuevo cuando la inmigración se estancó tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera entre 2008 y 2012. De creer al INE en esta década, los españoles envejecerán 4,7 años y en la próxima otros tres años hasta alcanzar los 52,6.

El envejecimiento europeo es prácticamente igual de espectacular. Los datos de Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea, hablan de una Europa a la que se le ven cada vez más las arrugas y las canas. En los últimos 20 años la población de la Unión Europea envejeció 5,5 años para llegar a los 43,9. En el mismo período la población española envejeció 6,9 años.

La región más vieja de Europa es la alemana de Chemnitz, que ya superó los 52 años de media. En la Liguria italiana se acercan a los 51,5 años y en la también alemana de Sachsen-Anhalt pasaron de 51,2 años. Todas por encima de la región española más vieja, Castilla y León, que va por los 49,2 años. Las tres regiones europeas más jóvenes están situadas fuera del continente europeo. Las francesas Mayotte (17,7 años) y Guyana (26,1 años) y la ciudad autónoma española de Melilla (34,4 años).

La tasa de fertilidad de las mujeres europeas está estancada desde hace décadas. De los 1,43 nacimientos por mujer de 2001 fue subiendo ligeramente hasta alcanzar 1,57 nacimientos en 2008, cuando empezó de nuevo a caer hasta los 1,51 en 2013. Desde entonces sube y baja unas décimas y sigue apenas por encima de 1,50. Los expertos aseguran que para mantener el mismo número de habitantes sin inmigración ni emigración hace falta una tasa de fertilidad de 2,1. Ninguno de los 27 Estados miembro de la Unión Europea llega a 1,90. Algunos no llegan ni a 1,50. España e Italia no alcanzan el 1,30.

La esperanza de vida de los europeos en 1960 era de 67,3 años para los hombres y de 73,0 años para las mujeres. Hoy es de 77,5 años para los hombres y de 83,2 años para las mujeres. En 60 años se ha ganado una década.

El porcentaje de población por grupos de edad muestra un envejecimiento acelerado en los últimos 10 años. Si en 2011 el 17,8% de los europeos tenía más de 65 años, en 2021 ya era el 20,8%. En esa década se reducía de 15,4% a 15,1% el porcentaje de población hasta 14 años y de 66,9% a 64,1% el de la población entre 15 y 64 años.

La inmigración es ya lo único que sostiene a un continente cada vez más viejo y que tiene cada vez menos niños. En 2010 nacieron en los 27 países que hoy forman la UE 4,6 millones de niños. En 2021 fueron 4,06 millones, casi un 12% menos.

Mientras la llegada de inmigrantes iba dando tumbos según la situación económica y las crisis (0,23% de aumento de población europea debido a la inmigración en 1992, 0,07% en 2001, 0,34% en 2013), el crecimiento natural bajó en los primeros años 90. En 1990 el balance neto entre nacimientos y defunciones todavía hizo aumentar la población un 0,18%, pero en 1995 fue apenas un 0,02%. Durante dos décadas se estancó y en la mitad de la década pasada volvió a bajar con fuerza. En 2021 el balance entre nacimientos y defunciones hubiera dejado una pérdida de población del 0,28%. La inmigración hizo que esa pérdida se redujera hasta el 0,04%.

El Este de Europa es la prueba de la necesidad de la inmigración si se quiere al menos mantener el número de habitantes. Con tasas de fertilidad similares al Occidente (superiores a España o Italia), las pérdidas de población son masivas porque no tienen apenas inmigrantes mientras sí generan emigración al Oeste. Si rumanos, polacos, búlgaros o bálticos no hubieran emigrado al Oeste sus países perderían menos población, pero perderían.

Los datos son abrumadores. La población rumana en 1990 era de 23,2 millones de habitantes y hoy es de 19,1 millones. La húngara era de 10,3 millones y hoy es de 9,7. La búlgara pasó de 8,7 a 6,8 millones, una pérdida superior al 25% en poco más de 30 años.

Los datos de las tres repúblicas bálticas son aún peores. Lituania pasó de los 3,7 millones de 1990 a 2,7 millones (-27%) a principios de este año. Letonia de 2,6 a 1,8 millones (-30%) y Estonia de 1,5 a 1,3 millones. Estonia es el único país de la región que parece haber frenado ese éxodo.

Las bases de datos de Eurostat muestran que esa inmigración de Este a Oeste arrancó en 1990, a la caída de los regímenes comunistas y creció a partir de 2004 (cuando 10 países de la región ingresaron en la Unión Europea).

Esas poblaciones hacen que crezca la de los países de Europa occidental. La población irlandesa creció un 40% entre 1990 y 2019, la española un 19,6%, la sueca un 17,9%, la austriaca un 16,6%, la belga un 15,8%, la francesa un 15,2%, la holandesa un 14,5%, la danesa un 12,7% y la finlandesa un 10,9%. Polacos, rumanos, búlgaros o bálticos son buena parte de esos inmigrantes.

Mientras el Este se vacía y el Oeste crece, el centro del continente se estanca. En 30 años Alemania e Italia aumentaron su población un 6%, Eslovenia y Chequia un 5,5%, Eslovaquia un 3,2% y Grecia un 1,9%. Todos gracias a los inmigrantes porque ninguno de los 27 Estados miembro de la Unión Europea consigue sostener su población en base al crecimiento natural.

La reacción de CCOO y UGT fue airada cuando el Ministerio de Seguridad Social hizo público su borrador para reformar el Reglamento de la Ley de Extranjería. La intención de José Luis Escrivá es incorporar al mercado laboral a miles de migrantes para que cubran la falta de mano de obra de la que se quejan algunos sectores. Esas 109.000 vacantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), para las que los empresarios no consiguen trabajadores, pese al 13,3% de paro que se mantiene en los registros de los Servicios Públicos de Empleo.

“Clasista”, “discriminatoria”, generadora de migrantes de primera y de segunda, y dinamitadora del Diálogo Social. Son algunos de los reproches que los sindicatos dedicaron al texto, en estos momentos en fase de audiencia pública. A diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de esta legislatura con otros asuntos laborales y sociales, ni los sindicatos, que se sienten “ninguneados”,  ni la patronal CEOE fueron consultados sobre la reforma de la política migratoria que el Gobierno pretende tramitar, además, de forma urgente. “Queremos que se apruebe lo antes posible”, aseguró este mismo martes en París el ministro, “el Gobierno entiende que esto es una urgencia”.

Pero para paliar la falta previa de negociación, los agentes sociales se reúnen hoy con el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea Cortijo, en una cita donde los sindicatos esperan que se concreten los compromisos que el Gobierno adoptó el lunes en la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. En ese órgano, adscrito al Ministerio de Trabajo, se sientan los agentes sociales, para asesorar al departamento de Yolanda Díaz en la gestión laboral de la inmigración. En ese foro, el Ejecutivo se comprometió a crear tres mesas: una para reformar el reglamento de la Ley de Extranjería, otra para estudiar la adecuación de la situación nacional de empleo –plasmada en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura–, y una tercera para transponer la Directiva de la Tarjeta Azul, que regula la contratación de trabajadores extranjeros muy cualificados.

Pese a estos ofrecimientos de diálogo, los sindicatos no están satisfechos. “El borrador ya está redactado y en audiencia pública, ahora sólo podemos hacer enmiendas a un texto, pero no cambiar temas de fondo”, lamenta Cristina Faciaben, secretaria de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO. Además, resalta que el ministerio tiene “muchísimas prisas” para aprobar la reforma de la política migratoria, quizá porque ayudará a aumentar los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, explica que la idea inicial que se les transmitió a los agentes sociales fue que se iba a trabajar en modificar el reglamento durante nueve meses, pero después “cambiaron los planes” y el ministerio ha terminado por tramitar de urgencia el proyecto de Real Decreto, cuya fase de audiencia pública termina el próximo lunes.

Aun con tanta premura, Escrivá recalcó en París que el Diálogo Social es “fundamental”, esgrimió los 14 acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con sindicatos y patronal hasta ahora y aseguró que para cambiar la política migratoria también contará con ellos. “Ahora lo tenemos que discutir con los agentes sociales”, anunció. El ministerio insiste a infoLibre en que “se está manteniendo un intenso contacto” y que el borrador “se enriquecerá con todos los comentarios”. “Se han iniciado las conversaciones y, como en otros temas, se harán reuniones con la frecuencia que sea necesario; diarias, si es preciso”, añaden.

Fuentes de la CEOE también se quejan de que la reforma no haya “pasado por el Diálogo Social” y se remiten a la reunión “técnica” con los responsables del ministerio “para conocer pormenores y que expliquen el contenido” del proyecto de Real Decreto.

Pero no sólo por las formas, sino también por el fondo, los cambios en el reglamento han disgustado a CCOO y UGT. “Tiene un sesgo de interés económico”, explica Cristina Faciaben. “Y cortoplacista”, apunta Ana María Corral, responsable del Departamento de Migraciones de UGT. Según el borrador, casi el 50% de las empresas declaran que tienen problemas de escasez de empleo. Así que, critican los sindicatos, el ministerio responde a las quejas de algunos empresarios de sectores muy determinados que no encuentran trabajadores porque ofrecen salarios y condiciones laborales precarios… para españoles, pero “aceptables” para migrantes. “Parece que estamos asumiendo que no generamos empleo de calidad ni para españoles ni para extranjeros”, lamenta Ana María Corral, quien recuerda que en la anterior crisis abandonaron el país más de 300.000 trabajadores foráneos, porque regresaron a sus países de origen o se marcharon a otros donde las oportunidades laborales eran mejores. Cristina Faciaben cree que, además, con la reforma se facilita la “selección de migrantes”: de primera clase y de segunda. El borrador del nuevo reglamento cita entre las ocupaciones vacantes las de teleoperador, representante comercial, conductor de vehículo de reparto y desarrollador de software.

El borrador incluye cuatro medidas. Amplía la contratación de migrantes en sus países de origen, permite que los estudiantes extranjeros trabajen en España una vez formados, crea una nueva figura de arraigo, con formación, que se añade a los existentes, laboral y social, y suprime obstáculos para los emprendedores y autónomos extranjeros.

Para conseguir el arraigo laboral en España, la autorización para trabajar de un extranjero que se encuentre en situación irregular, es necesario que haya residido en territorio nacional durante dos años y haya estado empleado durante seis meses. Para conseguir el arraigo social, hacen falta tres años en España, tener vínculos familiares o acreditar en un informe la inserción social, además de poseer un contrato de un año. En 2021, se concedieron 5.902 autorizaciones por arraigo laboral y 47.877 por arraigo social, así como19.051 por arraigo familiar. De las autorizaciones para autónomos, las llamadas visas de oro, se concedieron el año pasado 285.

Contratación en origen y oficinas de Extranjería

CCOO y UGT coinciden en que el modelo laboral para la migración español no es peor que otros europeos, pero también resulta mejorable. “Es una norma hecha de pedazos”, asegura Cristina Faciaben. José Luis Escrivá cree que es “muy antigua y se ha quedado obsoleta”, por lo que produce “anomalías”, como que no se pueda contratar a un extranjero que se ha formado como médico en España, “con la carencia que hay de médicos y con lo que cuesta su formación”, protestó.

Corral y Faciaben ponen el foco también en la necesidad de adecuar la contratación en origen a la reforma laboral en vigor desde el 1 de abril. “Las contrataciones en origen están basadas en contratos temporales, que tras la reforma laboral no pueden firmarse más que en circunstancias muy excepcionales”, explica la responsable de CCOO, “por lo que ahora deberían hacerse contratos fijos discontinuos, y la patronal se resiste”. Su temor es que se pretenda crear una figura contractual especial para estos migrantes, lo que sería discriminatorio. Este mecanismo se ha limitado en la práctica a los temporeros agrícolas, aunque sobre el papel debería servir para cubrir las vacantes del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que cada tres meses elabora cada servicio de empleo provincial con las peticiones de las empresas. Tras cotejarse con los demandantes de empleo del SEPE, si no hay nacionales para esos puestos, se piden trabajadores de otros países. “Lo normal es que esas vacantes sean muy pocas y con perfiles muy infrecuentes, por lo que suele ocurrir que se queden sin cubrir”, detalla Cristina Facieben. “Así que, por lo general, son los empresarios agrícolas los únicos que pueden justificar que necesitan trabajadores extranjeros para hacer contrataciones masivas, porque son empleos que los nacionales no quieren”.

“La contratación en origen nunca ha estado cerrada al sector agrario”, abunda Ana María Corral, quien apunta otro problema: “El empresario debe pagar uno de los dos billetes del trabajador contratado en su país, también el traslado desde el punto de llegada hasta la empresa, además de ofrecer la posibilidad –no pagar– de alojamiento. No sé si muchos hosteleros estarían dispuestos a hacer ese desembolso”, advierte.

Facieben también expresa sus dudas sobre los sesgos “económicos y de clase” que pueda tener el mecanismo para facilitar permisos de trabajo a estudiantes extranjeros: “A España sólo pueden venir a estudiar jóvenes con dinero de países en desarrollo”. El borrador del ministerio cifra en 50.000 los estudiantes no comunitarios matriculados en España, la mayoría de ellos, subraya, con perfiles de alta cualificación.

Corral dirige su atención a las oficinas de Extranjería, a las que les faltan medios materiales y humanos, critica. “Los que tienen no son adecuados para el volumen de población extranjera a la que atienden; es cierto que se tarda muchísimo en resolver las solicitudes y que homologar una titulación, por ejemplo, puede llevar tres años o más”. Según el propio borrador, la tramitación media de una autorización para residir y trabajar en España puede prolongarse durante nueve meses. Por lo que el ministerio propone “un nuevo modelo de oficina”, con más funcionarios y una “adecuada dotación económica” de esos puestos de trabajo, así como la creación de una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, centralizada, que preste apoyo a las oficinas.

España e Italia son los dos países que mayor numero de regularizaciones de migrantes ha llevado a cabo en la UE, tal y como destaca un informe del pasado marzo de la Fundación Por Causa. Hasta ahora han sido nueve, cuatro de gobiernos socialistas y cinco del PP. En total, fueron regularizados 1,35 millones de migrantes desde 1986 hasta la última, de 2005. Esa fue la más cuantiosa, cuando se benefició a 550.000 personas. Habría que añadir la reforma del Reglamento de Extranjería que se aprobó en octubre de 2021, y que flexibilizó la incorporación de jóvenes extutelados al mercado laboral. Según las cifras del Ministerio de Seguridad Social, desde entonces se han concedido 9.300 permisos, el 60% de los 15.000 que es el objetivo del departamento. Otros 1.200 expedientes se encuentran en tramitación. Los jóvenes están trabajando en la hostelería, el comercio, las manufacturas y la construcción, asegura Seguridad Social.

En toda la UE, entre 1996 y 2008, se han llevado a cabo 43 regularizaciones en 17 países. La más generosa fue la italiana ejecutada por el Gobierno de Silvio Berlusconi en 2006, que favoreció a 635.000 migrantes. Pero también han regularizado a trabajadores extranjeros Alemania –dos millones desde 1996–, Países Bajos y Francia –10 regularizaciones cada uno– o Grecia –un millón de personas entre 1997 y 2001–.

Según las cifras de la fundación, más de medio millón de migrantes residían en España sin papeles a finales de 2020. El 14% de los migrantes extranjeros. Y la mayoría de ellos trabajan: el 27% en actividades del hogar y un 24% en la hostelería, pero también los hay en la industria y en los servicios sanitarios y sociales. Seis de cada 10 migrantes sin papeles son mujeres.

El borrador no menciona el sistema de pensiones, otro de los caballos de batalla del departamento que dirige José Luis Escrivá, pero sí relaciona migración y envejecimiento demográfico. En 2030, resalta, los mayores de 65 años representarán un 35% de la población en edad de trabajar, seis puntos porcentuales más que ahora. El ministro siempre cita la inmigración como uno de los elementos que ayudarán a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), calcula que la entrada de 10 millones de migrantes hasta 2050 haría crecer el PIB siete décimas y los ingresos del sistema de pensiones, además de propiciar un menor aumento de la tasa de dependencia –el número de personas de más de 65 años respecto de los que tienen edad para trabajar–.

Otro estudio de la Universidad Pompeu Fabra, la Barcelona School of Economics, la Universitat de Barcelona y la Autónoma de Barcelona calcula que la regularización de 2005 generó unos 2.300 millones de euros anuales de ingresos extra sólo en cotizaciones a la Seguridad Social. De acuerdo con las cifras de la Fundación Por Causa, una regularización ahora aumentaría la aportación fiscal neta media de cada migrante unos 3.500 euros al año. Entre 790 y 950 millones de euros anuales. Sólo para el sector de la construcción, España necesita unos 70.000 trabajadores si quiere ejecutar los proyectos que se financiarán con cargo a los millonarios fondos de la UE para la recuperación.

Los PERTE, los proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Recuperación con los que el Gobierno pretende impulsar el crecimiento al tiempo que se transforma y moderniza la economía española, suman ya una inyección de 33.283 millones de euros públicos. Los 11 que ya han sido aprobados deben arrastrar inversiones privadas para regar con 71.235 millones los principales sectores productivos nacionales. Ese es el montante de los proyectos diseñados, según el esquema previsto y publicado por el Gobierno, pero la cifra será superior cuando se le añadan las cantidades de dinero privado que movilizarán los dos últimos PERTE aprobados, el de microelectrónica y semiconductores y el de economía social y cuidados, que de momento no han incluido el dato. En el caso del primero, la previsión del Ministerio de Economía es de casi duplicar el monto público comprometido, que alcanza los 12.250 millones de euros, el mayor de los 11 proyectos estratégicos. Trabajo aún no ha informado del dinero privado que atraerá el segundo. Es decir, la transfusión de fondos podría superar los 83.000 millones en cuatro años.

Los PERTE, los proyectos estrella del Plan de Recuperación y Resiliencia que se está financiando con los milmillonarios fondos europeos, se han creado para reactivar la economía tras el parón forzado por la pandemia, pero vienen para quedarse, según proclama el propio real decreto-ley que los regula. No sólo tienen “vocación de permanencia”, sino que además pretenden ser un instrumento que ayude a “corregir fallos de mercado”: deben ser los tractores que arrastren al capital privado cuando este, por miedo al riesgo, no se decide a invertir.

Las diferentes administraciones, empresas, universidades, centros de investigación o asociaciones empresariales que deseen formar parte de un PERTE y recibir las consiguientes subvenciones deben inscribirse en un registro público. Y en algunos de ellos se han constituido “alianzas” a las que, además de los ministerios implicados, se incorporan el resto de los actores privados de cada proyecto y que estará al cargo de su gobernanza. Así, hay una Alianza Salud de Vanguardia para las Renovables Innovadoras o para el PERTE Agroalimentario. Hasta ahora un buen número de grandes empresas, desde Volkswagen hasta Intel, se han integrado en estos proyectos estratégicos. Pero también están pensados para arrastrar a las pymes. Por ejemplo, en el del vehículo eléctrico, el 40% de las empresas participantes deben ser pequeñas y medianas.

De los 11 proyectos aprobados, sólo tres han abierto ya convocatorias de ayudas.

Estos son los proyectos que hasta el momento ha aprobado el Consejo de Ministros.

Fue el primero que recibió la luz verde del Gobierno. Este viernes ha concluido el plazo para acceder a los 2.975 millones de euros en subvenciones correspondientes a la parte industrial del PERTE. En total, están presupuestados 4.300 millones de euros públicos, que deberían movilizar otros 19.700 millones de inversión privada y crear 140.000 empleos.

Uno de los proyectos presentados es una gran fábrica de baterías que Seat/Volkswagen quiere levantar en Sagunto (Valencia) y generará 3.000 empleos. Con una inversión de 3.000 millones de euros, será una de las cinco factorías de baterías para coches eléctricos que el grupo quiere construir en Europa.

Stellantis –Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y otras– se ha puesto al frente de dos proyectos: Tesis y Aries. El primero se centra en la fábrica de Opel en Figueruelas (Zaragoza) con 223 millones de euros de inversión, reúne a 23 socios tecnológicos e industriales repartidos por seis comunidades autónomas y servirá para fabricar nuevos modelos de coches eléctricos. El segundo, con un presupuesto de 43 millones de euros, coordinará las plantas de Vigo y Madrid, incluye a 25 empresas, pondrá en marcha un taller de baterías y promoverá la reutilización de agua.

Renault, aliada con Gestamp, Grupo Antolín, Cellnex, Iberdrola o la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros socios, lidera una iniciativa de descarbonización –hidrógeno, combustibles neutros, baterías–, conectividad –vehículos autónomos– y servicios de movilidad. El 70% de las empresas implicadas son pymes.

Otro proyecto corre a cargo de Acciona, que con la china Envision instalará una megafábrica de baterías para coches eléctricos en Navalmoral de la Mata (Cáceres) con una inversión de 2.500 millones de euros.

Con una inyección pública de 982,4 millones de euros hasta 2023, se pretende atraer otros 486,8 millones de la iniciativa privada para estimular tanto el tejido científico como el empresarial. El Gobierno lo denomina “alianza científico-empresarial”. Terapias avanzadas, técnicas innovadoras de diagnóstico y prevención de enfermedades e incluso plataformas para diseñar y producir medicamentos y vacunas son las herramientas con las que se quiere mejorar la salud de la población. El proyecto también incluye acuerdos con las comunidades autónomas para impulsar la transformación digital de la atención primaria.

En la Alianza de Salud de Vanguardia se han integrado desde la Asociación Española Contra el Cáncer y la Federación Española de Enfermedades Raras u organizaciones de pacientes hasta las patronales Farmaindustria y Ametic, de las empresas tecnológicas.

Hasta el momento se ha abierto una convocatoria de ayudas de 50 millones de euros para el sector farmacéutico y de equipos médicos, cuyo plazo acaba el próximo día 15.

Para conseguir la independencia energética y acelerar en la descarbonización, este PERTE tiene previsto dedicar 6.920 millones de euros de dinero público, que deberían movilizar 9.450 millones de iniciativa privada. Y crear 280.000 puestos de trabajo. “Construir una transición energética diseñada y fabricada en España” es el objetivo diseñado por el Gobierno. Como resultado, el país debería ser en 2030 el productor del 10% de los 40 gigavatios que la Comisión Europea se fijó como meta para descarbonizar la economía en 2050.

Ya se ha cerrado una convocatoria de ayudas por importe de 50 millones de euros para que instituciones públicas y privadas sufraguen proyectos de I+D de almacenamiento energético. El próximo día 7 concluyen también los plazos de los cuatro programas de incentivos, por un total de 250 millones de euros, para empresas que presenten proyectos que abarquen toda la cadena tecnológica del hidrógeno renovable, así como proyectos sobre movilidad por hidrógeno, ya sea por carretera, ferroviario, aéreo o marítimo.

El PERTE pensado para reforzar toda la cadena agroalimentaria tendrá un fondo público inicial de 1.803 millones de euros, que podrán atraer otros 2.000 millones de procedencia privada. Habrá 400 millones para que la industria agroalimentaria mejore sus procesos de producción y otros 454 millones para que desde los agricultores y ganaderos hasta las empresas transformadoras y comercializadoras hagan su adaptación digital. También se destinarán 148 millones a apoyar la innovación e investigación y aumentar así la competitividad del sector. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha prometido que este mismo mes estará lista la primera convocatoria de ayudas por 400 millones de euros.

Inteligencia artificial, ciencia en español, turismo de la lengua, industrias culturales. Son algunas de las herramientas para hacer del español y las lenguas cooficiales un activo para impulsar la economía y la competitividad, dice el Gobierno. A este fin se destinarán 1.100 millones de euros, a los que la privada debería sumar otros 1.000 millones.

Con este dinero se quiere crear un Observatorio del Español, que estudie la situación del idioma castellano en el mundo, pero también un banco de datos de la lengua. Igualmente se ha proyectado una Red de Excelencia en Inteligencia Artificial, que costará 330 millones de euros. Además, se digitalizará el Instituto Cervantes y se creará una plataforma tecnológica única para aprender español. Ambos proyectos supondrán un desembolso de 475 millones más.

Aparte de una Alianza para la Nueva Economía de la Lengua que incluirá a universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos, así como a la FEMP, ya se ha nombrado una comisionada especial, que supervisará el PERTE, la periodista Cristina Gallach.

Reducir los residuos al mínimo es el objetivo de la llamada economía circular, una manera de producir y consumir que, además de contribuir al crecimiento sostenible, tiene un gran potencial de empleo: en España se podrían crear el 10% de los 700.000 nuevos puestos de trabajo que se calculan para Europa, asegura el Gobierno. De forma que este PERTE asegura la inversión pública de 492 millones de euros, que deberían atraer 740 millones de la iniciativa privada.

La idea es que las subvenciones las reciban sectores como el textil, el plástico y los bienes de equipo, para hacer sus industrias sostenibles, pero también las empresas de cualquier otro sector para que rebajen el consumo de materias primas o gestionen mejor sus residuos, por ejemplo. Se trata de fomentar el reciclaje y la reparación, que se consuman más servicios y menos productos.

En este PERTE están implicados el Observatorio del Sector Textil y de la Moda, las asociaciones Anarpla, de recicladores de plásticos y EsPlásticos, así como Aeólica –aerogenadores–, Unef –módulos solares fotovoltaicos– y Aepibal –pilas y baterías–.

La construcción naval, en permanente reconversión tecnológica y productiva desde hace décadas, deberá utilizar los 310 millones de euros públicos del PERTE para diversificarse hacia nuevos productos. En concreto, las energías renovables marinas y los barcos de bajas emisiones. La previsión es arrastrar hasta 1.150 millones de procedencia privada. No sólo tendrían que crearse 3.100 empleos en ese esfuerzo, sino también mejorar la capacitación profesional de los trabajadores del sector. En conjunto, promete el Gobierno, con esas inversiones la industria naval debería crecer un 9% y su competitividad aumentar un 15%.

El instrumento serán en este caso préstamos con un tramo no reembolsable. Y sus destinatarios, desde start-ups y pymes hasta grandes empresas. Al frente del proyecto estratégico se han situado los astilleros públicos Navantia, la tecnolólgica Siemens y la patronal Pymar, que agrupa a los astilleros privados españoles. Los tres presentaron en 2021 un Plan de Transformación del Sector Naval alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, que ha servido de base para el PERTE.

España tendrá su propia Agencia Espacial gracias a este PERTE, al que se dedicarán 2.193 millones de euros públicos, con la intención de incorporar otros 2.340 millones de la iniciativa privada. Además, es un PERTE internacional, porque contará con la colaboración de Portugal en la Constelación Atlántica, un programa satelital de observación de la Tierra para monitorizar el cambio climático.

Aviones de cero emisiones o no tripulados son algunas de las capacidades que gracias a estas inversiones podrá conseguir la industria aeronáutica española.

Modernizar los sistemas de gestión del agua, tanto los urbanos como los agrícolas y para usos industriales, costará 2.125 millones de euros públicos. Unas inversiones que deberán sumar 1.120 millones de procedencia privada. Y crear 3.500 nuevos empleos. Así se conseguirá ahorrar en el consumo de agua, además de aumentar la seguridad del suministro y de las presas y embalses.

El PERTE incluye un plan de digitalización de la gestión del agua, desde el regadío hasta las confederaciones hidrográficas, al tiempo que la creación de un banco de datos y el uso del big data. La intención es también utilizar imágenes captadas desde drones y satélites para administrar el recurso de forma eficiente, así como promover el empleo de contadores inteligentes. Además, se modificará la Ley de Aguas, se actualizará el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y se creará el Observatorio de la Gestión del Agua en España. Las subvenciones las gestionarán las comunidades autónomas.

Los cuellos de botella en las cadenas de producción mundiales han hecho saltar al primer plano la importancia geoestratégica de los microchips. La UE depende de un número limitado de proveedores en Asia, por lo que se ha fijado como objetivo que la producción europea de semiconductores se eleve al 20% de la producción mundial en 2030. El PERTE de los microchips está pensado para conseguir la autonomía nacional en este campo. De hecho, se ha apartado el mayor volumen de fondos de todos los proyectos estratégicos para este PERTE, 12.250 millones de euros, que deberían casi duplicarse con las aportaciones privadas.

El plan integra un total de 11 proyectos, que no sólo deberían reforzar el I+D+i sobre microprocesadores e incluso desarrollar chips cuánticos, sino también crear tanto empresas fabless –no fabrica, sólo diseña y vende los chips— como plantas de fabricación de semiconductores. Además, se prevé constituir un fondo de capital para financiar startups y pymes innovadoras del sector.

La multinacional estadounidense Intel ya ha anunciado una inversión de 200 millones cada uno, que se completa con otros 200 millones de dinero público, en un laboratorio de diseño de microchips que la empresa creará en las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). El proyecto, que se prolongará durante 10 años, generará 300 empleos altamente cualificados.

Este PERTE también tiene ya su comisionado especial, Jaime Martorell, ingeniero de telecomunicaciones que ha trabajado en Silicon Valley.

Cooperativas, sociedades laborales, cofradías de pescadores, mutuas… componen el llamado tercer sector y son los impulsores de la economía social. Representan el 10% del PIB y el 12,5% de empleo, destaca el Gobierno. Un total de 43.000 empresas. Este PERTE intenta impulsar el sector mediante la inyección de 808 millones de euros. Con ese dinero se quiere fortalecer las políticas de igualdad y facilitar la conversión de empresas en crisis o sin relevo generacional en cooperativas de trabajo, así como desarrollar los servicios vinculados al cuidado de las personas, en una sociedad cada día más envejecida.

I.- Las políticas públicas

Desde una perspectiva ciudadana las políticas públicas deberían ser evaluadas, apoyando las medidas adecuadas y ejerciendo el control crítico. En este sentido, la idea de eficacia es diferente de la eficiencia desde dos líneas de análisis: por un lado, no se mide únicamente la eficiencia como menor coste de las acciones sino como el rigor en el control de las inversiones y, por otro lado, porque en la valoración de la eficacia cuenta la rentabilidad social.

En la rentabilidad social se combinan resultados de diversas acciones, se tendrán en cuenta la cantidad y la calidad, las buenas prácticas satisfactorias para la ciudadanía y para sus profesionales, la rendición de cuentas tanto como los resultados individuales y colectivos.

“…evitar un tipo de análisis que restringiese las políticas, así como las instituciones que las representan o implementan, a normas, decretos, programas o a las definiciones y aplicaciones 'oficiales'” (1)

Demasiados análisis se basan en valoraciones sobre los decretos o programas y su cumplimiento, pero no tienen en cuenta la rentabilidad social sino los resultados cuantitativos de cada una de las medidas, muchas veces con datos de la misma administración que lo ha puesto en marcha y basados en indicadores previamente señalados. Por lo cual, en innumerables evaluaciones esos resultados no son relevantes para conseguir la información necesaria para corregir o mejorar, no sirven para determinar el origen de unos malos resultados, no son útiles para corregir “malas prácticas” porque los indicadores aluden a normativas de gestión “administrativas”.

“La evaluación es un proceso de valoración que tiene que servir para mejorar, para conseguir los mejores resultados con el mínimo esfuerzo y la máxima gratificación” (Santos Guerra, M.A)

En las políticas públicas es fundamental: validar las inversiones, la mejor utilización de los recursos, valorar las buenas prácticas y en suma defender lo público. Para no caer en fórmulas corporativas de defensa de los intereses profesionales, buscando perspectiva desde el desarrollo humano, desde las necesidades sociales y los intereses colectivos.

Para las políticas públicas dirigidas a las personas mayores:

“…contribuir a desmontar los estereotipos, prejuicios y simplificaciones comunes que suelen presidir tanto las intervenciones administrativas y políticas, como las tomas de posición de los agentes sociales con respecto a ellas y a sus destinatarios.” (2)

Otra cuestión a desmontar en la actualidad es la obsesión por las estadísticas, que pocas veces son útiles para mejorar una política y demasiadas veces “las cifras sometidas a tortura confiesan cualquier cosa”. Es preferible dotar de herramientas de análisis para huir de conceptos deformados, análisis partidistas, consignas simplificadoras, sin ninguna profundidad ni útiles para proponer mejoras que realmente sirvan para defender las políticas públicas. Sobre todo aquéllas relacionadas con los derechos humanos o con la justicia social, dedicadas a las personas mayores.

Influyen las situaciones relacionadas con el poder político, que son relevantes casi siempre, sobre todo si no existen políticas de Estado consensuadas; es necesario considerar las relaciones entre lo local, lo territorial y lo global; y también la “distancia” o la subjetividad de la persona que analiza. Elementos fundamentales dependiendo del contexto geográfico, social, cultural y temporal en que se realizan el análisis y las propuestas.

Sin conocimiento del origen, las características, las dimensiones, los obstáculos y las consecuencias, no hay política viable ni rentable. Sin un diagnóstico que valore en profundidad el alcance, las modalidades y sobre todo los factores generadores de dificultades (políticos, sociológicos, económicos, laborales, psicológicos, etc. etc.) es imposible disponer de garantías de éxito. Sin perspectiva estratégica, sin medir las consecuencias o generalizando de forma uniforme a colectivos que no son homogéneos se cometen errores que provocan retrocesos. Si no se enfrentan o neutralizan los miedos o las ansiedades, producto de las resistencias al cambio, se proponen desde acciones demagógicas hasta el fomento de liderazgos autoritarios o prohibiciones absurdas.

II.- Las propuestas de Naciones Unidas y el cambio de paradigma:

El plan para el Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030 consistirá en diez años de colaboración concertada, catalizadora y sostenida. Las personas mayores serán el eje central del plan, que aunará los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales, las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado en aras de mejorar la vida de estas personas, así como las de sus familias y comunidades. (3)

Los objetivos guardan relación con:

Las bases para el Plan del Decenio pasan por múltiples aspectos que reconocen la complejidad, la diversidad y el dinamismo de los procesos de envejecimiento. Algunos parten de los ODS 2030:

a) Será fundamental evitar que las personas mayores caigan en la pobreza. Para ello se requerirán políticas de jubilación flexibles, pensiones mínimas financiadas con impuestos, seguridad social y acceso a servicios de salud y atención crónica (ODS Nº1 Fin de la Pobreza)

b) Las personas mayores pueden ser vulnerables a la inseguridad alimentaria, ya que las familias y los programas de asistencia suelen dar prioridad a los jóvenes. Centrarse en las personas mayores ayudará a revertir los patrones de desnutrición y a prevenir la dependencia de los servicios de atención (ODS Nº 2. Hambre cero)

c) “El envejecimiento saludable significa que las personas mayores contribuyen a la sociedad durante más tiempo, con oportunidades para gozar de buena salud en todas las etapas de la vida, cobertura sanitaria universal y sistemas sociales y de salud integrados, transformadores y centrados en las personas, en lugar de sistemas basados únicamente en la enfermedad” (ODS 2030 –Nº 3 Salud y Bienestar)

d) “Un aprendizaje a lo largo de toda la vida, que permita a las personas mayores hacer lo que valoran, conservar la capacidad de tomar decisiones y su identidad e independencia, así como sus metas vitales. Todo ello exige alfabetización, capacitación y espacios de participación cultural y política sin obstáculos, en particular en el ámbito digital” (ODS Nº 4 Educación de calidad)

e) Hacer efectiva la igualdad de género a lo largo de toda la vida conduce a mejores resultados en las mujeres mayores. Los sistemas deben promover la participación equitativa en la fuerza de trabajo y en las pensiones sociales para mejorar la situación económica de las mujeres de edad y su acceso a los servicios. La violencia de género debe ser eliminada.( ODS 2030 Nº 5 Igualdad de género)

f) Las personas mayores no disfrutan del mismo acceso a los servicios y la asistencia en sus hogares, vecindarios y comunidades, a menudo a causa de su género, etnia o nivel de educación. El envejecimiento saludable requiere políticas encaminadas a superar esa inequidad en todos los sectores (ODS Nº 10 Reducción de las desigualdades)

g) Las instituciones para todas las edades empoderarán a las personas mayores y les permitirán lograr cosas inimaginables para las generaciones anteriores. Para ello se requerirán campañas de sensibilización contra el edadismo, una labor de promoción específica sobre el envejecimiento saludable y leyes que prohíban la discriminación basada en la edad a todos los niveles. (ODS Nº16 Paz, justicia e instituciones sólidas)

Hasta aquí lo más destacable de los 17 ODS2030, aunque en todos existen consideraciones para las personas mayores, preferimos señalar principios para el cambio de paradigma, para elaborar programas válidos y viables:

1.- Evitar el tratamiento uniforme como si las personas mayores fueran un colectivo homogéneo: tramos de edad con grandes diferencias de salud, condiciones físicas o mentales; orígenes sociales de clase desiguales; condiciones económicas con amplias brechas; niveles de estudios con desigualdades abismales por el origen social o territorial; diferencias en las relaciones intergeneracionales por condiciones familiares; diferencias de acceso a las nuevas tecnologías de origen territorial, familiar, profesional, etc.; obviamente el género determina muchas opciones y las condiciones de autonomía o dependencia no son las mismas en función de los motivos físicos o mentales; y las experiencias vitales en relación a la cultura, la política o la participación ciudadana son altamente heterogéneas.

2.- Es necesario erradicar el asistencialismo. Porque genera pasividad, dependencia, llega a estigmatizar y cronifica. Por eso es vital promover la participación sociopolítica y la solidaridad intergeneracional.

3.- Buscar mecanismos comunitarios y unir intereses colectivos. Las relaciones sociales con compromiso y responsabilidades compartidas son la contrapartida obligada que supera el individualismo y la soledad no deseada. Implementando la economía de cuidados como corresponde a una sociedad desarrollada y envejecida.

4.- Conseguir coordinaciones integrales y flexibles con todas las administraciones y agentes sociales, desarrollando capacidades personales y cooperativas, con proximidad espacial y emocional. Con la rentabilidad social señalada.

III.- Resumen de un enfoque crítico

Cualquier acción tiene una dimensión política: No es admisible aceptar soluciones “técnicas” si no se respetan los principios claves de derechos humanos, ODS, envejecimiento saludable y de las políticas públicas pactadas. Nada es aséptico, ni neutro, las recetas estandarizadas no sirven. Tampoco tienen sentido las respuestas políticas sin fundamentos científicos.

Los problemas a atender siempre son complejos y dinámicos: no se pueden simplificar, ni aplicar recetas mágicas, necesitan políticas integrales, multisectoriales o en varias direcciones, contar con la participación, el debate, la colaboración. Actuar desde distintas áreas o distintas dimensiones: económica, social, cultural, sanitaria, educativa, etc.

Si un factor de injusticia es estructural hay que intervenir en el origen (familiar, social, económico, etc.) Nunca sólo contra el síntoma. Se plantean acciones de choque para paliar los efectos negativos, la emergencia, pero se diagnostica en profundidad para atacar las fuentes del problema, con medidas estratégicas que a medio y largo plazo puedan superar la situación crítica.

Las políticas públicas no deben caer en solucionar sólo problemas individuales (estilo caridad), sino plantear inversiones con rentabilidad social hacia la justicia social, en un proceso viable y sostenible. La adaptación o la flexibilidad no pueden traducirse en privatizaciones de los servicios ni en promoción de productos que traten a las personas mayores como consumidores, clientes de un mercado específico (medicamentos, tecnologías, nutrición, productos financieros, inmobiliarios, turismo, cultura…)

El proceso de aplicación de programas y su viabilidad merecen una atención especial. Las políticas públicas deben tender a incorporar procesos e instrumentos de participación, de activación de roles personales y comunitarios y de enriquecimiento humano y social. El paternalismo también genera pasividad y estigmatización.

Es imprescindible capacitar a los profesionales, invirtiendo en innovación e investigación social, desarrollando el conocimiento y mejorando los funcionamientos institucionales. Es ineludible la evaluación como rendición de cuentas y como herramienta. Las condiciones laborales forman parte de la calidad del servicio, que progresa si se profesionaliza, con procedimientos físicos, mentales y emocionales sistemáticos y con recursos materiales.

Las capacidades de las personas mayores son uno de los aspectos que sería interesante debatir, desde distintas circunstancias y distintas historias. Por ahora, con el Plan para el Decenio del Envejecimiento Saludable, estar pendientes de los Proyectos de Ley de los cuidados y de los derechos sociales de las personas mayores, para contribuir al cambio de paradigma.

(1): Franzé Mudanó, A (2013): Perspectivas antropológicas y etnográficas de las políticas públicas. Revista de Antropología Social.22 UCM. Madrid.

(2): Franzé Mudanó, A (2013).

(3): Consultar en páginas webs especializadas, IMSERSO, Ministerios.

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Estella Acosta Pérez es orientadora y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid jubilada y miembra de la Asociación Isegoría y del Instituto Europeo de Políticas Públicas. Como cada 1 de Octubre, este viernes se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores.

Esa generación “más ancha” de la que habló el ministro José Luis Escrivá el pasado jueves en TVE se está convirtiendo en protagonista a su pesar de la reforma de las pensiones. Los también llamados baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1977, actores del estallido demográfico que llevó aparejada una economía inusitadamente próspera tras la Segunda Guerra Mundial, también van a convertirse en el mayor club de jubilados de la historia. De jubilados con pensión, se entiende. Y ahí está el problema. O por lo menos es a quienes se menciona cuando de reformar el sistema público de pensiones se trata, un debate recurrente que no termina de cerrarse pese a los sucesivos cambios legislativos.

La mención del titular de Seguridad Social al “ajuste pequeño” que deberán sufrir en su pensión los nacidos en los años 60 y 70 cuando se jubilen de aquí a 2050 ha encendido las alarmas de los recortes, justo cuando sindicatos, patronal y Gobierno acaban de dar por enterrada la reforma de 2013. La misma que limitó las subidas anuales de estas prestaciones públicas desligándolas del IPC y establecía un factor de sostenibilidad a partir de 2019 que reduciría la pensión inicial de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida de cada generación.

En efecto, en los años 60 y hasta 1975 la tasa de natalidad en España se disparó hasta los 20 nacimientos por cada 1.000 habitantes. A partir de 1981 la tasa de fecundidad empezó a caer: entonces estaba en 2,04 hijos por mujer, en 1998 ya era de 1,13. En 2019, tras un ligero repunte como resultado de la mayor fecundidad de las mujeres migrantes, se ha quedado en 1,23. En cualquier caso, inferior a los 2,1 hijos por mujer necesarios para mantener la población.

Según las estadísticas del INE, en estos momentos en España hay 14,34 millones de personas entre 44 y 63 años. De ellos, son población activa –en disposición de trabajar– 10,53 millones de personas. Integran esa generación “ancha” que está empezando a jubilarse y que lo hará de forma masiva hasta 2050. Después, el número de personas en edad de retiro descenderá al mismo ritmo que lo hizo la natalidad desde los 80.

Además, esas cohortes demográficas van a disfrutar de una mayor esperanza de vida que sus predecesoras. España tiene una de las más elevadas del planeta, tanto al nacer como a partir de los 65 años. En el primer caso, se sitúa en 83,2 años –86,1 años para las mujeres–, sólo por detrás de Japón y Suiza. Pero es que, a partir de los 65 años, los españoles viven de media 21,6 años más, sólo un poco menos que los franceses, que viven una media de 21,9 años tras la jubilación. No hay que olvidar que, a principios del siglo XX, esa etapa de la vida no superaba los 10 años. Pero en 2050 se llegará a los 23,7 años. La esperanza de vida aumenta un año cada siete.

Es decir, no sólo va a crecer el número de pensionistas, sino que también van a cobrar pensión durante más años. Una prestación que cada vez es más alta: desde los años 60 el nivel de estudios de los españoles y su capacitación profesional no han hecho sino mejorar; por tanto, también sus salarios, a la par que la prosperidad económica. 

La tasa de dependencia se duplicará

Esa mayor presión ha hecho saltar las alarmas sobre la capacidad de respuesta del sistema público de pensiones, más aún con las sucesivas crisis económicas y de empleo. Pese a que la llegada de migrantes a partir de 2000 rejuveneció la población –no sólo porque los migrantes son más jóvenes, sino porque las mujeres migrantes tienen más hijos que las españolas y los tienen antes–, la tasa de dependencia no ha dejado de crecer. Ésta resulta del cociente entre la población mayor de 67 años –y cobra una pensión– y la población menor de esa edad –y que está en edad de trabajar–. En España es del 29,7%, aún por debajo de la media de la UE, que alcanza el 32%, según los datos de Eurostat para 2020.

Pero las previsiones del organismo estadístico comunitario la sitúan en el 59,9% en 2050, incluso por encima de la media de la UE, un 52%. De forma que España será el cuarto país con mayor tasa de dependencia tras Portugal, Grecia e Italia. El INE calcula una tasa inferior del 53%. Según explican José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea, y Clara I. González, economista del Banco de España, en El futuro de las pensiones en España, recién publicado por Cajamar, hoy en día de cada 100 personas, 16 tienen menos de 15 años, 67 están edad de trabajar –entre 16 y 66 años– y 17 son mayores de 67 años. Pero en 2050, de cada 100, 13 serán menores de 15 años, 58 estarán en edad de trabajar y 29 estarán jubiladas. Para entonces, la generación del baby boom tendrá más de 75 años y representará el 18% de la población española, que rozará los 50 millones de habitantes, si el INE acierta en sus previsiones y contando con un flujo acumulado de 6,8 millones de migrantes hasta ese año. Hoy, los mayores de esa edad equivalen al 9,8% de la población, que suma 47,39 millones de personas. Su número, por tanto, se habrá duplicado.

El impreciso referente de 2011

El acuerdo sobre pensiones alcanzado esta semana incluye la derogación del factor de estabilidad incluido en la reforma de 2013 y su sustitución por un nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional” que deberá entrar en vigor en 2027. Gobierno, sindicatos y patronal reconocen que van a necesitarlo para equilibrar el sistema por las “necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo” que van a suponer “la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida”baby boom . Para diseñarlo, se comprometen a recuperar “el planteamiento consensuado en la reforma de 2011”. Se refieren al factor de sostenibilidad que apenas se esbozó en el texto que firmaron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los sindicatos y la patronal y que fue aprobado en el Congreso con los votos del PSOE y CiU.

Entonces, el artículo 8 de la Ley 27/2011 de 2 de agosto establecía que, cada cinco años, “los parámetros fundamentales del sistema” –la edad de jubilación, los años de cotización, el periodo de cálculo de la cuantía de la pensión, etcétera– serían revisados “por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población” y la esperanza de vida a los 67 años en 2027 –el año en que se preveía empezar a aplicar el factor–. El objetivo de esa revisión era “mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad”.

Ese factor fue sustituido por el creado en la reforma de 2013, que el PP aprobó en solitario en el Parlamento y sin el acuerdo de los sindicatos. Se trataba de una fórmula matemática que ligaba el importe de la pensión a la esperanza de vida y se aplicaba de forma automática a la pensión inicial. Para ello se iban a utilizar las tablas de mortalidad de la población pensionista elaboradas por la propia Seguridad Social. No llegó a ver la luz, puesto que el Gobierno del PP lo dejó en suspenso en 2018. Pero, de haberlo aplicado, habría recortado la pensión de los nuevos jubilados a partir del 1 de enero, de 2019 de forma que se garantizara que la cuantía total de la pensión cobrada por los trabajadores desde la jubilación hasta su fallecimiento fuera similar, aunque unos vivieran más años que otros.

Ahora, en cambio, recuperando el dibujo de 2011, aunque tampoco siendo mucho más claros y precisos que entonces, Gobierno y agentes sociales pretenden que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional incorpore “indicadores” que ofrezcan “una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población”. El texto del acuerdo no concreta qué indicadores, pero el acuerdo menciona que deben “actuar de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema”. Así se evitará que recaiga sobre “las generaciones más jóvenes” el coste de las pensiones de los baby boomersbaby boomers y “se fortalecerá la sostenibilidad del sistema” en el largo plazo. En otras palabras, no será un recorte automático con un coeficiente reductor como el de la reforma de 2013. Pero sí “ajustará el sistema” actuando sobre el resto de los parámetros, ya sea la edad de jubilación, el periodo de cálculo necesario para cobrar el 100% de la pensión o los años de cotización. De ahí la mención de Escrivá al “ajuste pequeño” o a que los miembros de la generación “ancha” quizá tengan que “trabajar algo más”.

Los ejemplos europeos

Es así como funcionan este tipo de mecanismos en otros países europeos. En Alemania, la cuantía de la pensión se determina según el número de puntos acumulados por cada trabajador a lo largo de su vida laboral, que dependen de sus cotizaciones respecto de la cotización media de todos los trabajadores. El valor de cada punto depende, a su vez, de la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas, por lo que la esperanza de vida se considera implícita en ese cociente.

En Italia, para establecer la cuantía de la pensión se utiliza un coeficiente de transformación que se calcula utilizando las tablas de mortalidad de la población. Éste se revisa periódicamente según aumenta la esperanza de vida.

En Francia, el cálculo de la pensión se basa en un coeficiente entre el número de trimestres cotizados por el trabajador y un número máximo de trimestres que se aumenta según lo hace la esperanza de vida a partir de los 60 años.

En Portugal, se utiliza un factor que es el resultado de dividir la esperanza de vida a partir de los 65 años en un año de referencia y la esperanza de vida un año antes de jubilarse. Se aplica sólo a las jubilaciones anticipadas, pero el recorte es considerable: en 2020 era de un 15,2% y este año llegará al 15,5%, por efecto del aumento de la esperanza de vida.

España crearía 37.677 puestos de trabajo con 75.354 nuevas plazas residenciales de atención a la dependecia de personas mayores, según se desprende del proyecto Mayores Europa, presentado esta semana por la Fundación Economía y Salud. La iniciativa se ha presentado en el marco de una jornada en la que se han analizado los antecedentes y estado actual de los recursos residenciales en la atención a la dependencia en Europa y en España con el fin de formular una propuesta concreta de creación de camas para alcanzar la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, según informa Europa Press.

Por ello, Mayores Europa se centra en la creación de 1.226.498 camas para aquellos países de la Unión Europea que no alcancen la ratio recomendada por la OMS, lo que generaría 613.249 nuevos empleos con una inversión de 73.590 millones de euros, mediante una adecuada colaboración público privada.

En el caso de España, la creación de 75.354 nuevas camas residenciales generaría 37.677 puestos de trabajo con una inversión privada de 4.521.240.000 euros y una reducción del déficit público durante los próximos 6 años, con apoyo de los fondos Next Generation EU & nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-27.

En apoyo a este proyecto, se ha llevado a cabo el estudio El sector de la atención a la dependencia en la Unión Europea, recogido por Europa Press, un informe en el que se enfatiza que el envejecimiento en la Unión Europea es un hecho ya que en 2005 la población mayor de 65 años correspondía con el 15,60% de la población total, en 2019 aumentó hasta el 19,20% y se estima que para 2040 sea el 26,80%. En España supone el 16,80% en 2005, 19,40% en 2019 y se estima el 31,30% en 2040.

Mientras, el volumen de negocio medio en el sector de atención a la dependencia en 2019 en la UE asciende a un 1,55% del PIB, alcanzando los 216.000 millones de euros anuales. En España el porcentaje es de 0,71% que supone 859 millones de euros.

En España se atendía en 2009 a 717.044 personas beneficiarios de la Ley de Dependencia. Diez años después la cifra asciende en 385.037. La lista de espera actualmente es de 854 personas, más 159.193 que se encuentran pendientes de resolución, según los autores del estudio.

Por ello, afirman que la inversión tendría repercusiones que supondrían retornos positivos para las administraciones debido al ahorro en prestaciones sociales, ingresos fiscales y a la estimulación de la actividad económica.

La dependencia, un sector estratégico

En la que presentación de la iniciativa el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez Artés, manifestó que "el proyecto pretende resolver el problema de la lista de espera de las personas mayores en situación de dependencia".

Giménez Artés analizó también los problemas surgidos en las residencias durante la pandemia de covid-19, achacables en su opinión a un colapso sanitario y a una falta de suministros de material sanitario más que a problemas de gestión internos.

Además, concluyó que "no cabe duda" de que se trata de "un sector estratégico que no solo procura calidad de vida a las personas mayores, sino que puede suponer un indudable apoyo al sistema sanitario si se establecen las adecuadas coordinaciones sanitarias y sociales, así como un claro estímulo a la actividad económica generando inversión, empleo e importantes retornos económicos".

La presentación también contó con la asistencia de la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés Marín, quien destacó que "la Unión Europea se enfrenta a un desafío demográfico con importante envejecimiento de la población y baja tasa de natalidad". "La UE representa una población reducida frente al mundo. España es un país donde la tasa de natalidad es muy baja. La demografía importa en todo y en el desarrollo regional. Por ello la UE desempeña un papel auxiliar en la lucha por los desafíos demográficos ya que la epidemia está teniendo un fuerte impacto en toda la zona", detalló.

El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido de la Cierva, también presente en el acto, abogó por "fomentar la iniciativa privada para solucionar el problema iniciativa privada que tenemos con la falta de plazas". "En esta sociedad hay que agradecer el papel de las residencias en la lucha contra el coronavirus sin ser centros sanitarios. La pandemia nos ha enseñado que hay que potenciar el sector ajustándolo al coste real. Tenemos que convencer a las administraciones de todo ello. Agradezco desde CEIM la atención a las personas mayores y por tener iniciativas empresariales", afirmó.

El rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, cerró el acto haciendo hincapié en que "se dibuja un escenario preciso y exacto en cuanto a desafíos de envejecimiento". "Estoy seguro de que la universidad debe estar cercana a los desafíos de la sociedad ya que aportamos el conocimiento que generamos en investigación. Envejecimiento y Ley de Dependencia dependen del peso de la ciencia y el conocimiento por la capacidad de anticipar. Innovación con mayúsculas supone la capacidad de anticipar lo que va a ser pertinente en los próximos años", vaticinó.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la actualización de sus proyecciones demográficas, recogidas por Europa Press, en las que estima que, si se mantienen las tendencias actuales, el 26% de la población residente en España tendrá 65 años o más dentro de 15 años. Se trata de una cifra muy preocupante que evidencia el reto demográfico que tiene por delante el país y la presión que sufrirá el sistema de pensiones.

El sistema de pensiones español es de reparto, lo que significa que las prestaciones que perciben los jubilados se financian con las cotizaciones que pagan las personas que están trabajando en ese mismo momento. Es un sistema que se basa en la solidaridad intergeneracional y que garantiza que todos los ciudadanos del Estado español tengan derecho a su pensión por jubilación, independientemente de la región en la que vivan. Los trabajadores financian las pensiones y confían en que las futuras generaciones financien las suyas.

En España, este sistema se aplica desde los años 70 y ha funcionado relativamente bien hasta ahora. El problema es que se basa en la pirámide de población de un país y necesita una base amplia de trabajadores que lo financien. Las proyecciones del INE indican que la pirámide va a cambiar. La base de trabajadores va a ser mucho más pequeña en el futuro y, en cambio, aumentará considerablemente el número de pensionistas a los que habrá que sostener.

Las cifras evidencian el problema. La población de 65 años o más suponía el 10,2% del total en el año 1975, el primero de los registros del INE. Hoy en día supone el 19,6% de la población, prácticamente el doble, y en 2035 llegará al 26,5%. Eso significa que dentro de 15 años uno de cada cuatro españoles tendrá 65 años o más y será pensionista. Otro dato revelador: la población centenaria, es decir, los ciudadanos con 100 años o más, se multiplicará por tres en estos 15 años y pasará de las 12.551 personas en la actualidad a 41.836 personas en 2035.

Uno de los indicadores que mejor representa el problema del sistema de pensiones es la tasa de dependencia, que relaciona el número de jubilados con la población en edad de trabajar, que es la que financia las pensiones. Esta tasa apenas superaba el 10% en 1975. En 2020 se ha situado en el 30,2% y en 2035 será del 43,2%. En 2050 tocará un máximo de 56,9%, y supondrá que habrá dos personas trabajando en España por cada pensionista. 

Esperanza de vida y tasa de natalidad

El aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad explican este fenómeno. Que los ciudadanos vivan más tiempo es sin duda una señal de progreso para cualquier sociedad, pero puede convertirse en una situación difícil de gestionar si se combina con una tasa de natalidad que lleva años en descenso.

Aunque la actual crisis del covid-19 va a suponer una disminución coyuntural de la esperanza de vida en 2020, el descenso se recuperará en 2021. Y posteriormente seguirá creciendo. En 2035, la esperanza de vida superará los 83 años en el caso de los hombres (tres años más que en 2020) y se acercará a los 88 años en el caso de las mujeres (dos años más que en 2020).

En cambio, el número de nacimientos seguirá cayendo hasta 2027, continuando con la tendencia iniciada en 2009. No obstante, a partir de 2028 los nacimientos comenzarán a aumentar debido a la llegada de generaciones más numerosas a las edades de mayor fecundidad. En concreto, las nacidas a partir de la segunda mitad de los años 90. Así, el número medio de hijos por mujer será de 1,31 en 2034, frente al 1,23 actual.

Aun así, los nacimientos siempre estarán por debajo de las defunciones. De hecho, el INE estima que en España habrá más defunciones que nacimientos durante los 15 próximos años, es decir un saldo vegetativo negativo. Este saldo vegetativo alcanzará el valor más bajo en torno a 2060, y se prevé que se irá recuperando levemente a partir de entonces.

Vida digna, desarrollo humano y justicia social.

Dada la historia y las prácticas sociales hegemónicas sobre el cuidado de la infancia y de las personas dependientes por discapacidades o por razones de vejez, es comprensible que se haya generalizado la reivindicación de la necesidad de contar con una economía que atienda a esa tarea social o unas políticas públicas que desarrollen un modelo de atención. Aquí no reiteraremos la aportación a la igualdad de género o a los valores sociales de solidaridad que implican esas políticas, ya que está fundamentado de múltiples formas y desde distintos ámbitos. También la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos habla de economía de cuidados con trabajo remunerado, incorporando el análisis del trabajo no remunerado, de carácter informal, aunque conserva su alto valor social y económico.

A veces, la idea que subyace en una palabra o concepto, aunque pertinente en la coyuntura social o en medio de alguna disputa ideológica, resulta poco adecuada para abarcar las reales necesidades a atender. Al menos en mi caso, el concepto de “cuidados” me resuena ligado a una función de tipo “familiar”, tradicionalmente ejercida por las mujeres, mediante prácticas y capacidades no profesionales, respondiendo a costumbres, hábitos y pautas de conducta totalmente enraizados a la vida familiar. Otra fuente proviene de la dedicación de religiosas, misioneros o sistemas de caridad y así se refuerza la informalidad que lleva a la precariedad y la negación de la necesidad de cualificación. Ha sido así y sigue siendo así en muchas sociedades de todo el planeta. Cuanto más tradicionales, más se sostienen en las prácticas familiares en el hogar y generan sentimientos de culpa cuando no es posible una práctica adecuada de reproducción de esas costumbres.

Sigue siendo así y no se valora la importancia de la formación para realizar ese trabajo, tanto para familiares como para profesionales. Los servicios “personales” no cumplen con unas mínimas garantías de calidad ni siguen unos protocolos de prevención de riesgos psicosociales y músculo-esqueléticos para los “cuidadores”, ni se organizan los servicios residenciales con pautas reguladas estrictas, porque se identifican con los “cuidados” familiares y los trabajos informales.

En función de algunas de las prioridades para el desarrollo humano y la justicia social que podemos enunciar, es necesario cuestionarse o reflexionar sobre algunas de las bases para clarificar en este tema.

¿Cuidados o bienestar humano?

Es el dilema que va a determinar la modalidad y la calidad del servicio de atención a las personas que lo necesitan. Si apelamos únicamente a los cuidados, será necesario definir en qué consisten, porque no es lo mismo una guardería como aparcamiento que una escuela infantil con objetivos educativos y orientaciones pedagógicas. La demanda de apertura de colegios para satisfacer necesidades de conciliación (función social) se puede diferenciar de la educación formal que se imparte desde una institución. Ocurre lo mismo con la atención domiciliaria o los centros residenciales de atención a la dependencia.

En cambio, si agregamos la idea de bienestar, los objetivos y las acciones a realizar van a ser más específicas. Implica condiciones materiales, de alimentación, salud, recursos para actividades, etc. y se plantean desafíos concretos en cada situación atendida. Además, el bienestar humano no se desarrolla solamente desde la perspectiva física, sino que es necesario considerar varios aspectos psicológicos y necesidades intelectuales, emocionales y sociales de las personas atendidas.

¿Familiar o profesional?

Por otra parte, los principios y los procedimientos o métodos a utilizar implican respuestas profesionales, el “cuidado” deja de ser tarea “familiar”, aunque hay que tener en cuenta las cuestiones emocionales. Si defendemos una concepción de servicios públicos en el sentido de responsabilidades colectivas, no se puede centrar la atención únicamente en los criterios “familiares” aunque nunca deba desaparecer el registro emocional. Desde la infancia hasta la vejez, pasando por las personas con discapacidades, todos los seres humanos necesitan asistencia integral, adecuada a su condición, adaptada a sus capacidades, con acciones que promuevan una vida digna. Una mayor profesionalización que favorezca una vida digna y satisfactoria debe promoverse desde las políticas públicas.

¿Uniformidad o pluralidad?

Otra tradición que se instaura en las economías de cuidados es la uniformidad. Se plantea la necesidad de generalizaciones por “colectivos”, se programa para la infancia, para las personas “mayores”. En el caso de las discapacidades es más inmediata la diferenciación de sus necesidades por las grandes distancias entre unas discapacidades y otras. En la infancia, ya existen características propias en las distintas etapas evolutivas. Pero en las personas mayores todavía se planifica, se invierte o se forman profesionales sin diferenciar edades y condiciones.

Algo que debería considerarse, incluso en las jubilaciones: no es lo mismo quien ha disfrutado de una vida plena, ha estudiado y ha viajado, o quien no ha salido de su pueblo de zonas rurales o, viviendo en la ciudad, no ha disfrutado de la vida cultural. No es igual la vejez de un albañil que la de una científica, ni la de una limpiadora a la de un escritor. No son iguales las personas con 65 o 70 años que las de 90, no acceden a los mismos recursos si su origen es de clase obrera o de la burguesía, no hay uniformidad posible ni social ni individual.

Además, en muchas sociedades ya se diferencia entre tramos de edad o por niveles de participación en el envejecimiento activo. La pluralidad es la marca del desarrollo humano como especie y las desigualdades, la herencia menos humana de las sociedades de clases. Habría que aplicar aquellas ideas de Rosa Luxemburgo: “socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”

¿Activo o pasivo?

El cuidado suele aludir a una actitud pasiva por parte de quien cuida: protege, cubre necesidades básicas, higiene, comida, etc. La gran conquista de las escuelas infantiles en los 80 fue transformar en educación la tarea de las antiguas “guarderías”. Incluso para los centros de personas discapacitadas se ha avanzado en el sentido de desarrollar sus capacidades y en el reconocimiento de sus posibilidades de integración en la vida social, cuando eran ocultadas o negadas sus habilidades o posibilidades de vida autónoma en algunos casos. La atención a la diversidad funcional ha progresado a pasos acelerados en nuestra sociedad.

En mi opinión no ha ocurrido todavía lo mismo con la vejez, se ha avanzado en las políticas para la “tercera edad” de personas con autonomía y sin grandes problemas de salud (turismo, eventos recreativos, etc.). Se menciona reiteradamente el envejecimiento activo pero la mayoría de las propuestas se limitan a cuestiones físicas o nutricionales, en una suerte de medicalización (algo infantilizante) donde la comida y el ejercicio físico son la panacea.

Quisiera insistir en la noción de bienestar y vida digna donde, sin menospreciar la nutrición o el ejercicio (base imprescindible), se pueda pensar en acciones para promover la salud mental, el bienestar emocional, la satisfacción subjetiva y social que rescata la experiencia y el conocimiento adquiridos a lo largo de la vida. Una vida activa implica también la integración social, la participación en acciones colectivas, el bienestar de la comunidad cercana o los grupos institucionales en las residencias. Se habla mucho de la soledad, como una especie de drama morboso que provoca titulares, pero el intenso prestigio del individualismo impide determinadas conductas grupales que podrían desarrollar apoyos o instancias compartidas

¿Igualdad o equidad?

Como muchas de las políticas públicas de un Estado del Bienestar, se incluyen en los derechos sociales pero, si el objetivo es la justicia social, los cuidados no se pueden limitar a la igualdad de oportunidades y a dar prestaciones universales igualitarias a quienes no son iguales. Compensar desigualdades es la función que permite conseguir una verdadera equidad como justicia social. Por un lado, el bienestar tradicional se ha identificado con la posesión de bienes y acceso a los servicios que, como aspecto redistributivo (con discriminaciones positivas), es necesario, pero no suficiente. En muchos otros aspectos no somos homogéneos social y culturalmente, por lo cual ese reconocimiento es inherente a las políticas públicas que aspiran a coincidir con el desarrollo humano. A su vez, la democracia con justicia social significa igualdad de derechos y equidad en el ejercicio de la representación política, difícil de implementar en algunas discapacidades y bastante compleja en una vejez apartada del mundanal ruido. Es necesaria mucha reflexión crítica sobre el significado del bienestar de una vida digna que no se limite a los cuidados tradicionales.

El desarrollo humano

Los índices de desarrollo humano consideran el Producto Interior Bruto por habitante (que ya no nos dice nada), la salud y la educación con la misma ponderación.

Como todas las generalizaciones internacionales en unas sociedades puede ser útil la igual ponderación, pero en otras se desequilibran algunos indicadores. Por ejemplo, la distancia de la edad media de la población entre África y Europa nos dice con claridad que las inversiones en salud en Europa serán muy superiores en unas patologías propias de la vejez; en cambio en África deberían ser más potentes en educación, prevención y luchas contra la desnutrición o las enfermedades contagiosas. Hasta ahí una visión global a partir de la variable de la edad. En cuanto se afina en el análisis y se consideran las situaciones económicas, sociales y culturales, aparecen unas brechas inmensas. Entonces, la ponderación, sobre todo en educación o salud, necesita matizaciones importantes y multiplicidad de variables a considerar.

En el desarrollo humano se analizan las condiciones de una vida larga y saludable, la sociedad del conocimiento y el nivel de vida digna más allá del PIB per cápita (trabajo decente, pensiones, atención a la dependencia, etc.). Una vez incorporado el enfoque de las capacidades, las dificultades en la economía del bienestar se producen en la distinción entre la capacidad y su funcionamiento, entre los logros que se consiguen y los índices de libertad. Una persona anciana puede poseer un bien (una bicicleta), pero puede saber montar o no, disponer de la capacidad física del equilibrio o no. En otras situaciones una persona discapacitada puede ser libre jurídicamente, pero no disponer de la capacidad de decidir o incluso al revés. El ejemplo clásico de la dicotomía libertad-capacidad es la comparación entre quien no puede comer por falta de recursos y quien ayuna por razones religiosas. Ambos tienen libertad de comer, pero uno no tiene la capacidad de comer por ausencia de un bien básico. Con todas las apelaciones a la libertad de elección ocurre lo mismo: socialmente no somos iguales con respecto a las capacidades que permiten realizar una elección libre, consciente y fundada.

Si unificamos los tres ejes de una vida larga y saludable, el conocimiento y una vida digna con la justicia social mediante el enfoque de las capacidades, las condiciones para las políticas públicas de bienestar ya no dependen únicamente de acceso a bienes, de una “economía de cuidados” sino de intervenciones integrales, heterogéneas, activas, plurales, equitativas y profesionalizadas. Sin lugar a dudas, estas perspectivas necesitan una profundización en cada ámbito de actuación y un enriquecedor debate social.

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Estella Acosta Pérez es orientadora y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid. Jubilada. Asociación ISEGORÍA. Instituto Europeo de Políticas Públicas.