Se trata de una gran victoria para Rui Pinto, el informante tras el origen de las revelaciones de Football Leaks, investigación de la red European Investigative Collaborations (EIC) y multitud de medios europeos, entre los que está infoLibre, sobre los oscuros entresijos del negocio del fútbol. Este 29 de abril, al término de su segundo juicio, el portugués de 37 años fue absuelto por el tribunal de Lisboa. Se trata de su segundo proceso por piratería informática, después de haber sido condenado a cuatro años de prisión con suspensión de pena en septiembre de 2023 por hechos similares.

Los jueces dictaminaron por unanimidad que las acusaciones de este segundo juicio eran nulas, por ser contrarias a la Constitución portuguesa, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al conocido principio non bis in idem, que prohíbe juzgar varias veces a una persona por los mismos hechos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Mediapart, constituye un auténtico varapalo para los fiscales, que "vulneraron el derecho a la dignidad humana" de Rui Pinto con el objetivo de "prolongar su condición de acusado" durante años.

De este modo, los jueces confirman casi palabra por palabra las acusaciones formuladas por Rui Pinto y sus abogados, que ya en 2019 denunciaron la actitud de unos fiscales "más preocupados por perseguir a quien denunció los delitos en el fútbol que por perseguir a los autores de esos delitos".

"Es una decisión valiente que honra al sistema judicial portugués", han trasladado sus abogados portugueses, Francisco y Luisa Teixeira da Mota, en declaraciones a Mediapart. "Los múltiples procedimientos contra Rui Pinto reflejan el ensañamiento judicial que pueden suscitar las revelaciones de un denunciante. El tribunal lo sanciona con dureza apoyándose en principios fundamentales de un juicio justo", añade su abogado francés, William Bourdon.

A pesar de la dureza de la sentencia, la Fiscalía de Lisboa ha anunciado su intención de recurrir la absolución. "Sabemos que la batalla judicial de Rui Pinto no ha terminado y que el fiscal sigue decidido a llevarlo de nuevo ante un tribunal", lamentan Francisco y Luisa Teixeira da Mota.

Rui Pinto es "uno de los mayores denunciantes contemporáneos", no han dejado de sostener sus abogados. Facilitó más de 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con infoLibre, Mediapart y el resto de socios de la red European Investigative Collaborations (EIC).

La investigación Football Leaks permitió revelar, en 2016 y en una segunda parte en 2018, decenas de escándalos relacionados con los mayores clubes de fútbol europeos, como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, y con los agentes de jugadores más influyentes, así como las maniobras de los organismos dirigentes del fútbol mundial y europeo, como la FIFA y la UEFA.

Football Leaks llevó a varios países, como Francia, a abrir investigaciones judiciales. Varias superestrellas del fútbol, entre ellas Cristiano Ronaldo, fueron finalmente condenadas por fraude fiscal, mientras que el fiscal federal suizo tuvo que dimitir a causa de sus relaciones inapropiadas con la FIFA.

Rui Pinto también está en el origen de las revelaciones Malta Files sobre la evasión fiscal en Malta, investigación publicada por Mediapart y el EIC, así como de Luanda Leaks, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que desveló el sistema de depredación financiera de Isabel dos Santos, hija de un antiguo dictador angoleño.

En 2019, el joven, que vivía en Budapest, fue detenido a petición de la fiscalía de Lisboa y extraditado a Portugal, donde pasó un año en prisión preventiva. A pesar de la magnitud de los delitos que reveló, fue el único protagonista de Football Leaks en conocer la cárcel.

La fiscalía de Lisboa mostró entonces una actitud totalmente esquizofrénica con Rui Pinto. Por un lado, lo procesaba por haber hackeado algunos de los datos de Football Leaks, hecho que él reconoció, y por haber intentado chantajear al fondo de inversión Doyen Sports, acusación que él niega.

Por otro lado, Rui Pinto obtuvo el estatus de testigo protegido al aceptar colaborar con la Justicia y descifrar los discos duros llenos de datos confidenciales incautados en su domicilio de Budapest.

Pero Rui Pinto pronto se dio cuenta de que se trataba de un acuerdo engañoso. Acusó entonces a los fiscales de querer "proteger a quienes practican la corrupción y la evasión fiscal", y en particular al poderoso Benfica, club de fútbol de Lisboa. "[La fiscal] dejó muy claro que solo quería cooperar conmigo en una lógica de autoincriminación, y no para investigar delitos cometidos por otros".

Los acontecimientos posteriores le dieron la razón. De manera inexplicable, la fiscalía dividió los hechos de piratería en tres procedimientos distintos, para que Rui Pinto fuera juzgado tres veces en lugar de una.

Así, fue condenado por primera vez en septiembre de 2023 a cuatro años de prisión con suspensión de pena por una serie de ataques informáticos, así como por intento de extorsión; sentencia que ha recurrido.

En enero de 2025 se abrió su segundo juicio, por una nueva serie de 241 presuntos delitos informáticos (en particular contra el Benfica de Lisboa y la firma de gestión patrimonial de Isabel dos Santos), a pesar de que estas intrusiones se cometieron en el mismo momento y en el mismo contexto que las primeras.

Los magistrados acaban de considerar estas segundas acusaciones "inválidas", sin entrar siquiera en el fondo del asunto, al entender que el fraccionamiento de las actuaciones vulneró los "derechos humanos" y "el derecho fundamental a la dignidad" de Rui Pinto, y supuso un "atentado intolerable" contra los derechos de la defensa.

La sentencia denuncia la estrategia "totalmente arbitraria e intolerable" de la fiscalía, que dividió el procedimiento en tres cuando se trataba de "un único delito", con "el mismo contexto temporal y la misma motivación". Al actuar así, los fiscales tenían "como objetivo prolongar en el tiempo su condición de acusado".

Los jueces insisten además en la deslealtad de la fiscalía, recordando la "vulnerabilidad" de Rui Pinto, que de hecho aceptó autoincriminarse al entregar los datos que había obtenido. "La cooperación de […] Rui Pinto […] fue crucial y decisiva para obtener las pruebas que condujeron a su imputación", escriben los magistrados.

Queda por ver si esta sentencia será confirmada o no en apelación. Rui Pinto también sigue amenazado por el tercer procedimiento por piratería, abierto en 2023, pero en el que aún no ha sido formalmente imputado por la fiscalía. "El mantenimiento de este procedimiento plantearía serios problemas en materia de respeto del Estado de derecho y de protección de los derechos humanos fundamentales", indican sus abogados Francisco y Luisa Teixeira da Mota.

Rui Pinto soñaba con "limpiar el fútbol", colaborando con los medios y después con la Justicia. Pero la fiscalía portuguesa le prohibió durante años compartir sus documentos con fiscales extranjeros. Solo pudo hacerlo en febrero de 2024, durante un viaje a París, en el que descifró una copia de sus datos que la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF) había logrado recuperar in extremis en Budapest en 2019, justo antes de la extradición de Rui Pinto a Portugal.

La totalidad de los documentos, que se refieren al fútbol, pero también a Malta, Angola o las Islas Caimán, fueron compartidos por la PNF a través del organismo de cooperación Eurojust, y por tanto están accesibles para todos los países europeos que lo deseen. Durante su estancia en París, Rui Pinto fue además interrogado como testigo por los policías franceses de la Oficina Anticorrupción (OCLCIFF), así como por un comisario de policía belga y un fiscal alemán.

Estos interrogatorios devolvieron la esperanza a Rui Pinto. "Fue exactamente lo contrario de lo que vivo en Portugal. Me sentí respetado y percibí que los policías y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información", declaró.

En Francia, estos datos podrían alimentar en particular la investigación judicial abierta en febrero de 2024 por "tráfico de influencias" en relación con el traspaso del futbolista brasileño Neymar da Silva al PSG. Como reveló Mediapart gracias a los documentos Football Leaks, Gérald Darmanin, entonces ministro de Cuentas Públicas, ayudó en 2017 al PSG a no pagar impuestos ni cotizaciones sociales por ese traspaso, en contra de la doctrina de la administración que estaba bajo su tutela.

"Mi vida está completamente bloqueada", lamentó Rui Pinto durante su estancia en París. No puede trabajar, ya que "no es compatible con las condiciones de seguridad fijadas por el programa de protección de testigos". Tampoco dispone de dinero suficiente para pagar a sus abogados, que hasta ahora han sido remunerados por la fundación The Signals Network, especializada en el apoyo a denunciantes. Rui Pinto espera que la "locura" judicial que vive en Portugal se detenga y que pueda "retomar una vida normal". Pero los fiscales de Lisboa no parecen dispuestos a abandonar el caso, mientras Pinto sigue viviendo en un lugar bajo protección policial debido a las amenazas que ha recibido.

España se encuentra entre los primeros de una lista 62 países –37 Estados miembros y 25 socios– de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en integridad de su sistema judicial. La organización internacional con sede en París ha analizado los indicadores de anticorrupción de la judicatura y la Fiscalía española, y coloca a ambos cuerpos por encima de la media de los Estados analizados. El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, publicado el pasado 24 de marzo considera, en contra de la apreciación de gran parte de la derecha política y judicial y de las asociaciones corporativas, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "un órgano independiente", según las normas del organismo que, junto a la Comisión Europea y el Consejo de Europa, evalúa periódicamente la calidad de la democracia.

Las conclusiones que alcanza el documento sobre la integridad de la judicatura, la Fiscalía y sus órganos de gobierno coloca a España por delante de otras grandes economías europeas como Italia, Francia o Bélgica. Mientras que en los indicadores relativos al funcionamiento de la judicatura la coloca en décima posición, en los del Ministerio Público aparece en el décimosegundo puesto. En el apartado reservado a los jueces se cumple el 88% de los criterios sobre normativas de integridad judicial, criterios que, en la práctica, se implementan al 64%. La media de los países analizados en este campo se sitúa en el 66% y el 45%, respectivamente.

La OCDE valora la regulación constitucional de los miembros del Poder Judicial que, según la norma fundamental son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". También que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) garantice esa inamovilidad y establezca "las causas objetivas de su cese". Esa misma norma legal "establece que la selección y promoción de los jueces debe basarse en procedimientos objetivos y basados en el mérito, incluyendo exámenes", prosigue el documento.

El análisis sobre integridad y anticorrupción también se refiere al CGPJ, "el órgano encargado de decidir sobre el nombramiento y promoción de los jueces". El Consejo, continúa el informe, "es un órgano independiente según las normas de la OCDE". La afirmación contrasta con la visión de la derecha judicial y política, que considera que la institución está politizada e instrumentalizada por los partidos que proponen a sus miembros. Las organizaciones judiciales conservadoras –todas salvo Juezas Jueces para la Democracia– al igual que las formaciones políticas de derechas, proponen como solución que los 12 vocales procedentes de la carrera de los 20 que integran el órgano sean elegidos directamente por la carrera sin intervención del Parlamento. Sin embargo, lo que avala la OCDE es el sistema parlamentario de renovación actualmente vigente, el preferido por el Gobierno y la asociación judicial de izquierdas.

Otro de los aspectos que subraya el documento es la existencia de un código de principios de ética judicial, que el Consejo aprobó en 2016, así como el hecho de que la ley regule "una lista de incompatibilidades que deben observar los jueces y las situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses". Sin embargo, la OCDE afea que la normativa solo obligue a presentar declaraciones de intereses a "los miembros de los máximos órganos del Poder Judicial". "Mientras las declaraciones de todos los miembros del CGPJ están disponibles en línea, las declaraciones de intereses de los magistrados del Tribunal Supremo no son públicas", advierte.

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general, los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

Por último, el documento valora la existencia de un canal interno de denuncias de irregularidades, "que permite a las personas denunciar conductas indebidas". Los denunciantes están protegidos por la Ley de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, aprobada en febrero de 2023. "El sitio web del canal de denuncias contiene información sobre los derechos de los denunciantes, los procedimientos para denunciar conductas indebidas y los datos de contacto para presentar las denuncias", subraya el documento.

La valoración de la integridad de la Fiscalía es algo menor, pero también muy alta. El Ministerio Público español cumple con el 76% de los criterios normativos anticorrupción, que se cumplen en la práctica al 74%, según la OCDE. Dichos porcentajes también se colocan por encima de la media de los 62 países analizados (66% y 52%, respectivamente) lo que sitúa a España por encima de varias de sus principales socios europeos también en este campo. Como en el caso de los jueces, en el de los fiscales se valora que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la LOPJ establezcan "las garantías de integridad del sistema fiscal", entre ellas "los motivos objetivos para el cese de los fiscales" y los "procedimientos objetivos y basados en el mérito para su selección y promoción".

El informe valora que esas mismas normas definan "las circunstancias y relaciones que pueden dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los fiscales y las circunstancias que podrían dar lugar a la recusación de los fiscales". Sin embargo, como en el caso de los jueces, reprocha que los miembros de la Fiscalía no estén obligados a presentar declaraciones de intereses.

Empieza la recta final del curso político con dos juicios por corrupción, cuya coincidencia, por cierto, no deja de ser curiosa. El caso Kitchen llega hoy a los juzgados, casi veinte años después de las primeras indagaciones sobre Gürtel, la trama de financiación ilegal del PP que llevó a una sentencia en la que se declaraba a dicho partido responsable a título lucrativo, y que motivó la moción de censura que condujo al primer gobierno de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018. De aquella Gürtel, esta Kitchen. Es decir, la trama por la que los populares intentaron tapar los casos de corrupción por financiación ilegal utilizando –presuntamente– a la cúpula del ministerio de Interior dirigido por Fernández Díaz para desactivar al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que amenazaba con hablar y contar hasta qué punto máximos dirigentes del partido, incluido un tal “M. Rajoy” que los jueces nunca llegaron a identificar, estaban involucrados en el cobro de sobresueldos y financiación irregular del Partido Popular con dinero procedente de contratos amañados y mordidas (la noticia la desveló entonces El País, en 2013, ¡hace 13 años!, por si alguien no la recuerda). 

Mañana la atención girará hacia Ábalos y Koldo, los socialistas acusados de corrupción por mordidas en contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia, en el año 2020, cuando los muertos se contaban por centenares cada día. Una trama que ha llevado a que José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ingresara en prisión de forma preventiva. Un escándalo que llevó a especular con un caso de financiación ilegal del PSOE –hoy sin constatar– y que alumbró las sombras sobre Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos como secretario de organización en el Partido Socialista, y cuyas –supuestas– irregularidades se siguen investigando.

Pese a que el estallido de los escándalos se remonta en el primer caso a hace casi dos décadas, y el otro a aproximadamente dos años, ambos coincidirán en nuestras pantallas en esta semana que comienza. Bienvenida sea la agilidad de la Justicia en el último de los dos procesos; pero ojalá fuera siempre así y de manera generalizada, incluyendo a asuntos como el primero.

Esta coincidencia va a multiplicar las reacciones equidistantes. Parece sensato criticar con toda la vehemencia posible los casos de corrupción de socialistas y populares y clamar por una regeneración de la vida política que acabe con cualquier atisbo de corrupción. ¿Quién no firmaría esto? Más difícil es, sin embargo, mantener la misma implacabilidad contra la corrupción sin que ello lleve a fomentar la antipolítica. Que me perdonen Santiago Segura y su nuevo Torrente, pero no, no todos son iguales. 

No es lo mismo poner a tu servicio la mismísima Policía para –presuntamente– tapar un caso de financiación ilegal que afecta a numerosos dirigentes y destruir las pruebas después a martillazos, que descubrir que personas de máxima relevancia del partido han estado lucrándose forzando contratos en lo peor de la pandemia. En este último asunto se desvela –supuestamente– una insoportable utilización del dinero público; en el primero, sin embargo, hablamos del tipo más grave de corrupción que puede existir, la captura no ya de políticas, sino del propio aparato del Estado, para hacer callar a quien podría destapar la dimensión de un escándalo.

Tampoco la reacción ha sido igual. Los unos aún no han reconocido públicamente la gravedad de Gürtel y Kitchen y les cuesta distanciarse de aquello –es difícil reprimir una sonrisa cándida al recordar a Pablo Casado anunciar la venta de la sede cuya reforma se pagó con dinero de la Gürtel–. Los otros expulsaron inmediatamente a los presuntos corruptos e iniciaron una auditoría interna que indica que no hay financiación ilegal. Si se desvelara lo contrario, ni sus socios ni sus militantes ni sus votantes lo perdonarían. Los ya exsocialistas están en prisión desde hace meses; los conservadores procesados jamás han llegado a pisar una celda.

Existe una tercera diferencia, sustancial a mi entender, en lo que debe exigirse a cada uno. Al Partido Popular cabe pedirle el reconocimiento oficial de lo que aquello supuso y la depuración política de responsabilidades: Fernández Díaz está suspendido de militancia del PP desde 2021, pero no expulsado, y el resto de dirigentes implicados en Gürtel jamás dejaron el partido. Más hay que exigir, a mi juicio, a los socialistas, que llegaron al gobierno en 2018 izando la bandera anticorrupción. En sus manos está adoptar las medidas necesarias para que ni unos casos ni otros vuelvan a producirse, ni en el interior de los partidos ni mucho menos en las instituciones del Estado. Sin embargo, como se puede leer, la OCDE ha vuelto a afear a España que no tenga una adecuada regulación de lobbys –cuya tramitación ha sido iniciada al menos tres veces (ver aquí), sin llegar nunca a aprobarse–, ni de financiación, democracia interna e integridad de los partidos, algo que clama al cielo, considerando los dos casos que se van a juzgar estos días y que protagonizarán buena parte de la conversación ciudadana en lo que queda de curso. Por cierto, en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas. Nada menos.

En definitiva, contra la corrupción cualquier demócrata debe ser implacable. Y justamente por ser demócrata, no debe dejar que esta implacabilidad se convierta en un ejercicio de antipolítica. Porque ni todos son iguales, ni todos los casos de corrupción son lo mismo. No se trata de cuál sea más grave, sino de quién o quiénes están implicados, cómo ha reaccionado el partido en cada caso y qué queda por hacer, o sea, a cada cual, según sus posibilidades.

Definitivamente, Donald Trump nunca acaba de deshacerse de quien fuera su amigo por más de diez años, Jeffrey Epstein, el financiero que murió en prisión tras ser acusado de uno de los mayores escándalos de pedofilia de la historia reciente.

Aunque el presidente de los Estados Unidos siempre ha negado haber estado al corriente de las actividades de Epstein, tanto en Nueva York como en Florida, y ha explicado que se rompió con él en 2004, tres correos electrónicos revelados el miércoles 12 de noviembre por los miembros demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes parecen acreditar que ha mentido sobre lo que realmente sabía, e incluso sobre su implicación.

En un email de 2011 dirigido a Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 a veinte años de prisión por su papel en el tráfico sexual de menores, Jeffrey Epstein se refiere a su examigo como un “perro que no ladró”, dando a entender que no habló con las autoridades sobre lo que sabía. El financiero añade que una de sus víctimas, cuyo nombre ha sido ocultado por los demócratas, “pasó horas en [su] casa con [Donald Trump], y nunca se mencionó ni una sola vez”.

En aquella época, Jeffrey Epstein gozaba de vida profesional y social, intercambiando emails con periodistas y conocidos muy bien situados, tres años después de haber llegado a un acuerdo con la justicia de Florida, que algunos calificaron como “el acuerdo del siglo”: el abandono de todos los procesos federales a cambio de la admisión de su culpabilidad por dos cargos, “solicitud de prostitución” y “solicitud de prostitución de menores”.

En 2008, Epstein fue condenado a dieciocho meses de prisión, pero solo cumplió trece, en condiciones especialmente favorables. Disfrutaba de un horario flexible que le permitía ir a trabajar a su oficina durante el día y volver a la cárcel solo para dormir.

Los miembros republicanos de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes se apresuraron a revelar el nombre de la víctima mencionada en el correo electrónico y ocultada por los demócratas: se trata de Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana que se convirtió en la principal demandante en el caso Epstein.

En 2011, cuando se redactó el correo electrónico, acababa de acusar por primera vez a Jeffrey Epstein de haberla utilizado como “esclava sexual” a principios de la década de 2000. También había denunciado al hermano del rey Carlos III de Inglaterra, Andrew, quien, según ella, la había agredido sexualmente cuando era menor de edad. Giuffre se suicidó en abril. Andrew siempre ha rechazado esas acusaciones.

La razón por la que los republicanos decidieron nombrarla es que, cuando en 2016, durante un juicio civil, se le preguntó sobre la posible implicación de Donald Trump, Virginia Giuffre respondió: “No creo que Donald Trump haya participado en nada”. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también contraatacó afirmando que “el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por comportarse de manera inapropiada con sus empleadas, entre ellas Giuffre”.

El segundo correo electrónico, fechado en 2015, es un intercambio entre Epstein y el periodista Michael Wolff, conocido por haber escrito cuatro libros sobre Donald Trump y que posee más de cien horas de entrevistas grabadas en 2017 con el pedófilo. En vísperas de un debate en el marco de las primarias republicanas que retransmitiría la CNN, Wolff explicaba que la cadena de televisión tenía previsto preguntar a Trump sobre sus vínculos con Epstein, lo que no ocurrió. El financiero le pedía consejos sobre cuál podría ser la respuesta.

“Creo que debería dejarle que se ahorque él mismo”, responde el periodista. “Si él afirma que no ha tomado ningún avión ni ha estado en su casa, eso será para usted una ventaja considerable en términos de relaciones públicas y poder político”. Y añade: “Por supuesto, es posible que, cuando le pregunten, declare que Jeffrey es un tipo estupendo, que tuvo un acuerdo desfavorable y fue víctima de lo políticamente correcto, que se acabará bajo un régimen de Trump.”

El tercer email data de enero de 2019, seis meses antes de su detención y encarcelamiento. Se trata de nuevo de un intercambio entre Epstein y Wolff. El primero afirma que “claro que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

Michael Wolff lo explicó detalladamente en un podcast de la web Daily Beast titulado Inside Trump’s Head (Dentro de la cabeza de Trump), un medio con el que colabora.

Para él, estos tres emails confirman lo que figuraba en las grabaciones que realizó con Epstein en 2017 y de las que publicó extractos en la web del Daily Beast justo antes de las elecciones presidenciales de 2024. En ellos, el pedófilo cuenta su cercanía con el presidente republicano, afirmando incluso que “la primera vez que él [Trump, ndr] se acostó con ella [su futura esposa Melania, ndr] fue en su avión”.

El miércoles, Michael Wolff explicó que en aquel momento se trataba de exponer los estrechos vínculos entre ambos hombres y mostrar hasta qué punto Trump no era “digno” de ser presidente de los Estados Unidos. “Se conocían perfectamente”, señaló, “y luego se enfadaron con extrema animosidad. Pero durante más de diez años, eso es lo que hicieron. Y su obsesión eran las mujeres, las chicas, las modelos”. De hecho, ambos eran propietarios de una agencia de modelos.

Para el escritor, “Epstein temía lo que le sucedería si Donald Trump se convertía en presidente”. “Los medios de comunicación prefirieron ignorar este asunto hasta que aparecieron pruebas irrefutables”, indicó. “Creo que nos estamos acercando al objetivo.”

En su red social Truth Social, Donald Trump acusó a los demócratas de instrumentalizar este asunto, calificado como “bulo demócrata”, “porque están dispuestos a todo para desviar la atención de su catastrófica gestión del bloqueo presupuestario y de muchos otros temas”.

“Solo un republicano especialmente incompetente, o incluso estúpido, caería en esta trampa”, añadió, mientras que los congresistas de su partido anunciaban que se unirían a los demócratas para aprobar una moción que allanara el camino para la publicación de los documentos sobre el caso Epstein en poder de agencias del Gobierno federal, como el FBI, o de ministerios como el de Justicia.

Los medios de comunicación americanos revelaron que el presidente había llamado a dos congresistas de su partido que abogan por la publicación de los Epstein Files (expedientes Epstein), Nancy Mace y Lauren Boebert. A esta última incluso se la invitó a participar en una reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca. La portavoz Karoline Leavitt, al ser preguntada al respecto, respondió que era “una prueba de [su] transparencia querer reunirse con los miembros del Congreso y responder a sus preocupaciones”. “Debatir diversos temas con los miembros del Congreso es un elemento esencial de la transparencia, y no voy a detallar las conversaciones que tuvieron lugar en la sala de crisis”, prosiguió.

Por su parte, los miembros republicanos denunciaron la selección realizada por los demócratas, publicando más de 20.000 emails en los que, según el New York Times, “Epstein describe a Donald Trump como un hombre de negocios ‘podrido’, ‘al borde de la locura’, poco digno de confianza y, ‘en la vida real y de cerca’ aún peor que la imagen que trataba de proyectar en público”.

Donald Trump pensaba haberse librado de este asunto, pero, con el fin del bloqueo presupuestario y la reanudación de los trabajos en la Cámara de Representantes, se lo vuelve a encontrar de frente. La Casa Blanca está que arde.

Traducción de Miguel López

Una gran estancia en el sótano, gris y fría, hace temblar a parte de la élite política y económica ucraniana. No se trata de la sala de interrogatorios de un servicio de lucha contra la delincuencia financiera, ni de un sótano reservado para los trabajos sucios de un grupo mafioso, sino de un estudio de grabación.

Allí, bajo los focos y con un fondo negro, el periodista Denys Bihus y su equipo graban reportajes de investigación que revelan escándalos de corrupción, nepotismo o malversación de fondos públicos en toda Ucrania. Esas investigaciones suelen dar lugar a la apertura de investigaciones por parte de la justicia, a destituciones y dimisiones de diputados, jueces o altos funcionarios, y conducen a la incautación de yates de empresarios corruptos incluso en Italia.

“Mi ambición era construir un segundo estudio y ampliar aún más el equipo”, explica este periodista cuarentón mientras muestra sus espaciosos locales en el centro de Kiev, “pero el fin de la ayuda americana me ha frenado en seco.” Al igual que muchos otros medios de comunicación y ONG, su web de investigación se ha visto muy afectada por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que proporcionaba parte de su presupuesto.

Sin embargo, Denys Bihus no está preocupado. “Nos adaptaremos. Estamos acostumbrados a la incertidumbre”, asegura mientras echa un vistazo a la sala de redacción, donde una decena de reporteros trabajan frente a sus pantallas y teléfonos. Bihus, estrella del periodismo ucraniano, se hizo famoso en 2014 cuando, junto con varias decenas de voluntarios, recuperó y reconstruyó los documentos triturados y arrojados al lago de la residencia del derrocado presidente Víktor Yanukóvich para ocultar los últimos secretos de su régimen.

Tras la invasión rusa de febrero de 2022, Bihus dejó el periodismo para alistarse en el Ejército como operador de drones. Hoy ha vuelto al mundo de la información y no le falta trabajo: los escándalos de corrupción relacionados con la guerra son innumerables.

A finales de mayo, su medio reveló un caso de posible malversación de fondos por parte de empresas encargadas de construir fortificaciones militares en las regiones de Jersón y Yytomir. Las empresas en cuestión no compraban los materiales necesarios directamente a los fabricantes, sino a intermediarios que aplicaban importantes márgenes. La fiscalía de Jersón anunció la apertura de una investigación preliminar.

No se libra ningún aspecto de la guerra. También en Jersón, se han adjudicado contratos para la construcción de refugios escolares sin licitación a empresas sospechosas de haber recibido sobornos. En la región de Leópolis, los investigadores de una agencia gubernamental especializada han descubierto un sistema ilegal de importación de coches bajo la apariencia de ayuda a las fuerzas armadas. Son numerosos y están documentados los casos de sobornos pagados por hombres en edad de combatir para eludir la movilización.

Incluso el proyecto de construcción de un gran cementerio militar para rendir homenaje a los soldados muertos en defensa de su país está salpicado de sospechas de favoritismo: una de las empresas descartadas ha presentado una denuncia ante el Comité Antimonopolio de Ucrania.

Pero estos escándalos, aunque suscitan una gran indignación pública, no son los que más cuestan al Estado y a los contribuyentes, según Yurii Nikolov, otra cara del periodismo anticorrupción en Ucrania. Sus investigaciones sobre la sobrefacturación de alimentos destinados a los soldados provocaron la dimisión de un ministro de Defensa en plena guerra.

“Son tres los tipos de personas que se han enriquecido durante la guerra: los que están en los circuitos de compra de armas, los que participan en la construcción de centrales energéticas y, por último, los vinculados al ámbito de la justicia, que tienen el poder de pedir sobornos a los dos primeros”, analiza fríamente el periodista. Su medio, Nashi Groshi (“nuestro dinero”), ha investigado, entre otras, la adquisición, a precios sorprendentes, de jaulas de hormigón armado utilizadas para proteger los transformadores eléctricos de los ataques de drones rusos.

Los periodistas y activistas anticorrupción son expertos en dos ámbitos: examinar el estilo de vida de los funcionarios, los políticos o los magistrados para comprobar que sus gastos (coches, relojes, joyas...) se corresponden con su nivel salarial declarado, y analizar los contratos públicos para detectar precios superiores a la media.

Ese fue el procedimiento utilizado por los periodistas que revelaron un posible escándalo relacionado con la compra de armas. La agencia estatal encargada de la compra de equipamiento militar, la DPA, firmó contratos con intermediarios que “aplicaron sobreprecios considerables, no respetaron los plazos o no entregaron los pedidos”, reveló en octubre de 2024 el medio de comunicación Ukrayinska Pravda.

Uno de estos intermediarios, la empresa pública SpetsTechnoExport, recibía una comisión del 3% por cada contrato firmado. Entre otras cosas, vendió 80.000 bombas de mortero de 120 mm a un precio de 650 euros la unidad (frente a los 520-560 euros de media de otros proveedores) que nunca se entregaron. El perjuicio para el Estado podría ascender a varios cientos de millones de euros. ¿Negligencia, favoritismo, enriquecimiento indebido? Por el momento es imposible determinarlo con certeza. Pero a raíz de esta investigación, el ministro de Defensa, Roustem Oumerov, prometió “reformas en el sistema de contratación pública” de su ministerio.

Estos casos demuestran que la corrupción en Ucrania no ha cesado con la guerra. Pero el hecho de que sean públicos, revelados por investigaciones judiciales o periodísticas, también pone de relieve que  tampoco han cesado los esfuerzos por documentar y combatir este mal endémico.

“La invasión a gran escala no ha interrumpido nuestro trabajo”, confirma desde su despacho la presidenta del Tribunal Superior Anticorrupción, Vira Mijailenko. Su jurisdicción, creada en 2019, tiene 314 causas penales en trámite, entre ellas casos de corrupción relacionados con la guerra.

La magistrada desearía disponer de más medios para seguir el ritmo de los expedientes que le envía la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, que cuenta con unos 800 empleados. Los ucranianos reprochan a su justicia ser demasiado lenta, especialmente en estos temas. “La gente ha visto tantos casos de corrupción que quiere que se haga justicia, y rápido. Pero debemos cumplir ciertos estándares, trabajar con rigor. Si encarcelamos a la gente inmediatamente, ¿qué diferencia habrá con lo que ocurría en la Unión Soviética?”, se pregunta la magistrada.

A pesar de contar con personal limitado, considera que lo esencial es otra cosa: “Nadie puede escapar a la justicia. La gente lo ve”, afirma satisfecha. El Tribunal ha impuesto recientemente arresto domiciliario a un exviceministro de Defensa implicado en el escándalo de sobrefacturación de alimentos destinados a los soldados.

Este trabajo se realiza a veces bajo presión e intimidación. La jueza Vira Mijailenko se ha impuesto como norma personal “no leer los canales anónimos de Telegram”, en los que sus colegas y ella son a veces objeto de ataques, insultos y amenazas. Aunque asegura que nunca ha sido objeto de presiones por parte de responsables políticos: “Saben que es demasiado peligroso para ellos”.

Para los periodistas que trabajan en estos temas, las cosas a veces van más allá. El 14 de enero de 2024, varios hombres no identificados vestidos con uniformes militares se presentaron en el domicilio de Yurii Nikolov, intentaron forzar la puerta y dejaron notas con insultos, entre ellos uno que calificaba al periodista de “puta del Kremlin”.

Al día siguiente apareció un vídeo en Internet en el que se veía al equipo de Bihus.info durante una reunión de trabajo y luego en una fiesta en un complejo hotelero, a una hora en coche de Kiev. Los autores de la grabación clandestina (ya retirada) afirman que en ella se ve a los periodistas consumiendo marihuana y MDMA, dos drogas prohibidas en Ucrania. Los reporteros lo ven, sobre todo, como un intento de intimidación especialmente sofisticado y se comprometen a encontrar a los autores.

Se inicia entonces una audaz contrainvestigación. El equipo de periodistas regresa al lugar, descubre los percheros donde se escondían las cámaras, recupera las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel e identifica al grupo de espías que colocó los micrófonos ocultos en sus habitaciones.

Gracias a un número de teléfono, una matrícula y una larga investigación en redes sociales, los periodistas anticorrupción averiguan los nombres de algunos de esos agentes. El equipo de Denys Bihus consigue localizarlos en persona, en una cafetería situada justo al lado de las oficinas del principal servicio de inteligencia ucraniano, el SBU, y los interpelan cámara en mano, dejando en ridículo al servicio para el que trabajan: el departamento de protección del Estado del SBU.

Sus revelaciones, recopiladas en una larga investigación en vídeo con comentarios precisos y sarcásticos, son vistas por dos millones de personas. Les salió el tiro por la culata y se hunden lentamente en un océano de vergüenza. El jefe del departamento en cuestión es destituido y el propio jefe del SBU, Vassyl Maliouk, lamenta en un comunicado las acciones “inaceptables” de sus servicios.

¿Cuánto tiempo más aguantarán estos jueces, activistas y periodistas? Parece que se les están levantando vientos en contra. Todos consideran que la llegada de la administración Trump es una mala noticia para la lucha contra la corrupción. Estados Unidos no solo ha dejado de ayudar financieramente a organizaciones muy activas, sino que también ha dejado de presionar al Estado ucraniano para que sea ejemplar en estos temas, algo que sí hacía la administración Biden.

“Tengo la impresión de que, debido a la guerra, la gente ya no quiere oír malas noticias, ni siquiera casos de corrupción. Solo quieren entretenerse”, teme también Denys Bihus. “Además, el tiempo pasa y me temo que sea demasiado tarde para reconvertirme...”, bromea el periodista.

Otros, más optimistas, se aferran a los logros obtenidos. Tras la movilización de activistas, ha sido restablecida la obligación de los políticos y los funcionarios de declarar su patrimonio, suspendida al inicio de la guerra, recuerda Tetiana Shevchuk, del Centro de Acción Anticorrupción, una ONG con sede en Kiev.

Estas declaraciones, que se publican cada año, permiten conocer la lista detallada de los relojes de marca que posee el presidente ucraniano (Breguet, Rolex, Tag Heuer y Bovet, declarados desde 2019), así como detectar posibles enriquecimientos sospechosos.

El Centro de Acción Anticorrupción también ha contribuido, junto con otros periodistas y activistas, a la aprobación de una ley que obliga a las empresas que licitan para contratos públicos a publicar el precio de las materias primas utilizadas. La medida, aparentemente anecdótica, ha llenado un vacío que muchos empresarios sin escrúpulos aprovechaban para inflar sus precios. El sector de la construcción —y de la reconstrucción— va mucho mejor, admite Yurii Nikolov.

El proceso de adhesión de Ucrania a la UE, que conlleva numerosos requisitos en materia de lucha contra la corrupción, podría ayudarles en su lucha. Siempre y cuando los Estados miembros decidan dar prioridad a esta cuestión. “Los europeos a veces prefieren el silencio al escándalo”, afirma Yurii Nikolov. “Pero el despilfarro de fondos se toma más en serio cuando se trata de donantes extranjeros que cuando se trata del dinero de los ucranianos”, constata el periodista.

Traducción de Miguel López

He oído y leído estos días que la corrupción había sido desalojada en nuestro país en 2018. Además de simplista, eso es un error, un error mayúsculo, o una mentira intencionada. Como acabamos de comprobar, ni siquiera en el ámbito del gobierno central había desaparecido. Y desde luego tampoco en el resto de las administraciones públicas territoriales: Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones. 

Frente a la corrupción, en especial la que ahora ocupa las noticias, derivada de los contratos públicos, es preciso identificar claramente a quienes intervienen y son responsables de las prácticas corruptas. No todos ellos aparecen en las noticias de estos días.

Primero están los cargos públicos (se habla en general de los políticos), los representantes de la ciudadanía: en el gobierno y parlamento del Estado, en los gobiernos y parlamentos autonómicos y en las administraciones locales, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos. Pero estos solos, sin que intervengan más personas, no pueden poner en marcha, con éxito, redes corruptas para quedarse con el dinero de todos, con el dinero público.

En segundo lugar, intervienen aquellos que pagan por recibir, con amaños variados, contratos públicos de forma ilegal o irregular: las empresas contratistas con las administraciones públicas. De estas, apenas se habla o se ha hablado hasta ahora. Y ellas son igual y totalmente responsables de la corrupción. Si de verdad no hay corrupción en las empresas, hay que preguntarse: ¿por qué no denuncian cuando les piden dinero para adjudicar un contrato? ¿O son ellas mismas las que lo ofrecen?

Además, hay otro nivel que no aparece en las informaciones sobre la corrupción en la contratación de las administraciones públicas: empleados y funcionarios públicos. Estos son los que, con sus informes y propuestas, hacen posible la unión entre los intereses de los cargos públicos (políticos) corruptos que quieren que el contrato se adjudique a tal empresa y la empresa dispuesta a pagar por la adjudicación de ese contrato.

Los políticos siempre están parapetados detrás de un informe o propuesta de un funcionario que es el que viste, da visos de legalidad, con interpretaciones y valoraciones “ad hoc”, a esas adjudicaciones amañadas en favor de la empresa amiga predeterminada. 

Como cierre del sistema de corrupción en las administraciones públicas, la última falla está en el control judicial, o mejor, en la debilidad extrema del imprescindible control judicial que debería ser exhaustivo, rápido y objetivo. 

Cuando hay denuncias sobre estas prácticas en casos no mediáticos o de fuera de Madrid, el sistema judicial se inhibe demasiadas veces, dando, además, a los corruptos un mensaje de impunidad que les hace valientes en sus prácticas presuntamente delictivas.

Cómo funciona la corrupción y cómo deja de funcionar el sistema de control público es, a mi juicio, la cuestión imprescindible en este momento.  Para ello, es necesario abrir las ventanas, que se investigue y aparezcan todos los nombres de todas las personas que intervienen en el proceso de la contratación corrupta, con el fin de acabar con la sensación de impunidad de quienes intervienen.

Los cargos públicos (los políticos) son los que deciden, pero no lo hacen por sí solos. Para que resuelvan sobre la adjudicación de un contrato ha habido antes uno o varios funcionarios que han hecho informes y propuestas. Funcionarios, técnicos o jurídicos, que, en esas situaciones, lo que hacen es justificar, dar apariencia de legalidad a la adjudicación del contrato a favor de la empresa predeterminada. Hasta que no caigan, junto con los cargos públicos, aquellos funcionarios que hicieron posible la trampa en la adjudicación del contrato, no empezaremos a reducir o pensar en acabar con la corrupción.

Las empresas conviven con naturalidad en este sistema corrupto de adjudicaciones de contratos públicos. ¿Por qué no denuncian públicamente cuando les piden comisiones o regalos a cambio de una adjudicación? ¿Por qué no recurren ante la justicia cuando conocen adjudicaciones fraudulentas? Esto es claramente corrupción. Lo mismo se puede decir para aquellos funcionarios que conocen y saben de la corrupción pública y no la denuncian.

Las empresas se mueven en ese mundo de relaciones en las administraciones públicas, con cargos públicos y con funcionarios, pagando comidas y fiestas, viajes exóticos, haciendo regalos, cuyos costes salen del dinero público; intercambiando favores personales e institucionales y creando una red de complicidades y de compra de voluntades en el sector público. Ahí está la corrupción.

Es imprescindible que en relación con estos dos sectores, funcionarios y empresas contratistas, se actúe con mucha más dureza, con penas de cárcel, no solo de inhabilitación. Y por supuesto, introducir una prohibición de contratar para siempre a aquella empresa que haya participado en un proceso de corrupción y haya sido condenada judicialmente: que nunca más pueda participar en un contrato público.

La última frontera que falla para impedir la corrupción es el control judicial. El mundo judicial es reacio a investigar ante denuncias por casos claros de tráfico de influencias, malversación de dinero público, prevaricación, salvo casos muy mediáticos en Madrid, o por razones ideológicas de sus titulares. La conclusión es que los juzgados son demasiado tolerantes ante las presuntas prácticas corruptas denunciadas, sobre todo en provincias. 

No menciono los órganos que deberían encargarse de llevar a cabo el control externo, el Tribunal de Cuentas y los órganos similares en cada Comunidad Autónoma, dado que no sirven para nada. Han sido fagocitados por los partidos políticos que se turnan en su dirección, obedecen sus directrices y maquillan los resultados de sus auditorías.

Para terminar, este sistema se sustenta en una complacencia y comprensión de la sociedad hacia la corrupción en lo público: los evasores y defraudadores de impuestos, los que consiguen contratos a cambio de dinero, los que en definitiva se aprovechan y se lucran con lo que es de todos, son bien vistos, son considerados listos. A una parte importante de la sociedad le gustaría estar ahí. No hay una condena ética rotunda a ese tipo de comportamientos. No está mal visto robar de lo público.

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Gabriel Risco Ávila es socio de infoLibre.

Durante los últimos 30 años, mi familia ha vivido lo que cualquier persona consideraría una auténtica pesadilla. Hemos sido perseguidos por las calles de Guatemala por vehículos del Estado con algunos de sus mejores sicarios a bordo, hemos sufrido atentados con armas de fuego, explosiones de granadas en nuestra casa, allanamientos ilegales, secuestros e, inevitablemente, la fragmentación de nuestra familia a través del exilio. Pero nada nos preparó para la detención arbitraria de mi papá, el periodista Jose Rubén Zamora, y la brutal persecución y la tortura a las que ha sido sometido durante los últimos tres años por parte de la dictadura de la corrupción en Guatemala. 

Esta no es una dictadura con un caudillo, sino una que se ha apoderado del sistema judicial para perseguir a voces críticas y a cualquier persona que considere oposición u obstáculo a sus actos de corrupción, entre ellos mi papá, quien estuvo detenido arbitrariamente y expuesto a tratos inhumanos en una cárcel guatemalteca durante 813 días, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas. Aunque hoy finalmente puede defenderse desde un arresto domiciliario, sigue siendo criminalizado por hacer periodismo y continúa enfrentando procesos espurios que los actores corruptos y antidemocráticos dilatan maliciosamente para intentar silenciarlo, coartar su libertad y enviarle una amenaza a todos los periodistas en Guatemala.

Por eso, este ha sido el golpe más brutal que hemos recibido en mi familia, incluso más que cuando intentaron asesinarlo y lo dimos por muerto durante 24 horas. O cuando tuvimos que irnos de nuestra casa durante el autogolpe de Estado de Serrano Elías en 1993, y nos vimos forzados a refugiarnos todos en distintas casas. Mi papá no aceptó a los censores del Estado y nos vinieron a avisar que muy pronto llegarían a buscarnos para intentar silenciarlo. Como de costumbre, imprimió y distribuyó el diario Siglo 21, incluso una edición internacional que en aquel entonces se envió a todas las redacciones del mundo vía fax, cambiando el nombre de la cabecera por Siglo XIV, haciendo referencia a una época de oscurantismo. 

Diez años después, en 2003, la incursión armada en nuestra casa marcó un antes y un después en nuestras vidas. Aquel día, miembros armados de cuerpos de élite del Estado, incluyendo la guardia presidencial, irrumpieron en nuestra vivienda gritando que iban a matarnos a todos. Nos acorralaron violentamente en un solo cuarto, atándonos de pies y manos, mientras simulaban la ejecución de mi papá frente a nosotros. Durante dos horas y media, nos amenazaron, nos golpearon e intentaron humillarnos. La intención no era solo infundir miedo, sino callarnos, hacer que mi papá desistiera de su trabajo periodístico. Pero no lo lograron.

Los ataques no cesaron. En 2008, mi papá fue secuestrado, golpeado y drogado con barbitúricos en un intento de asesinato. Fue abandonado en un terreno baldío, dado por muerto. Un médico incluso comenzó a realizarle la autopsia cuando, milagrosamente, un reflejo de dolor lo delató: estaba vivo. Este intento de asesinato fue planeado con la complicidad de altos funcionarios del Gobierno de entonces. Y, aunque los responsables materiales fueron condenados, al igual que los de los actos violentos de 2003, los autores intelectuales quedaron ambas veces impunes.

El 29 de julio de 2022, mi esposa y mis hijos fueron a la casa de mis padres en Guatemala durante las vacaciones escolares. Todo parecía normal. Pero en una llamada telefónica, escuché el peligro en la voz de mi mamá. Hablaba con mi papá, y escuché la voz de ella, mientras corría hacia él y decía: “Están entrando. Hay gente en el techo y están entrando a la casa”. Era un allanamiento policial, pero al otro lado del teléfono, en EEUU, no podía hacer mucho. Llamé a mi esposa y le dije: “Esconde a los niños en un clóset y prepárate para cuando entren. De ser posible, toma fotos y mándamelas”. Ese día, mi papá fue arrestado por un proceso espurio en su contra. Logramos denunciar ese allanamiento en tiempo real y, con las fotos que me enviaron, los usuarios de redes sociales lograron identificar a la fiscal a cargo del registro irregular, quien tuvo secuestrados a mis hijos estadounidenses y menores de edad ilegalmente por más de seis horas. Lamentable e irónicamente, mis hijos fueron finalmente expuestos a la violencia que tanto les intenté evitar quedándonos a vivir en el extranjero durante los últimos 21 años.

Sin duda, fue un despliegue desproporcionado de fuerza —una caravana de aproximadamente 12 patrullas, decenas de policías con pasamontañas y fusiles de asalto— como si a quien buscaba se tratara de un peligroso capo del crimen organizado y no de un periodista de 67 años, reconocido a nivel mundial y con una trayectoria intachable, que se habría presentado voluntariamente si lo hubieran citado. Ese mismo 29 de julio, mientras el Estado llevaba a cabo ese innecesario allanamiento en la casa donde mi familia ha vivido durante 32 años y detenía a mi papá, las mismas autoridades realizaban otro allanamiento ilegal en las oficinas, redacción e imprenta de elPeriódico.

Ese otro operativo duró 17 horas, durante las cuales los empleados fueron sometidos a interrogatorios intimidatorios. Como si eso no fuera suficiente, se les negó el acceso a alimentos y, a aquellos con problemas de salud, se les impidió tomar sus medicamentos.

El día de la primera audiencia, mi hermano menor y yo intentamos visitar a mi papá en prisión. Cruzamos la ciudad en plena hora pico del tráfico matutino, pero al llegar nos informaron de que ya no estaba allí. Sin otra opción, atravesamos nuevamente la ciudad hasta la Torre de Tribunales, solo para descubrir que nunca había llegado. Empezamos a hacer llamadas y, por unos minutos de angustia, pensamos que el Estado lo había desaparecido. Finalmente, nos enteramos de que la audiencia había sido cancelada mientras lo trasladaban, y a medio camino lo habían regresado a prisión. Fueron momentos de mucha tensión. Volvimos al carro, mi viejo Volkswagen escarabajo de temperamento caprichoso, cuyo único atractivo es la pintura impecable. No arrancó y tuvimos que empujarlo. Al regresar a la prisión, no nos permitieron entrar, pero logramos conversar un buen rato con un joven guardia del sistema penitenciario, un soldado que, curiosamente, se llamaba Hitler. De regreso a casa, mi hermano y yo bromeamos sobre cómo el nombre de una persona podría influir en su destino y en la profesión que termina ejerciendo.

Paralelamente, empezó una persecución contra todas las personas cercanas a nuestra familia y a elPeriódico. Primero fueron los abogados, pero también lanzaron campañas de desprestigio y amenazas contra los anunciantes del diario. Poco a poco, el Estado nos fue aislando hasta el punto de que incluso los anunciantes más leales rompieron comunicación con nosotros. El miedo a ser perseguidos por apoyarnos llevó a que solo quisieran comunicarse a través de aplicaciones seguras y desde teléfonos en Estados Unidos. La criminalización de mi papá generó una paranoia generalizada entre los guatemaltecos.

En los primeros días de su encarcelamiento, las visitas eran limitadas y las reglas cambiaban arbitrariamente. Se nos negaba la entrada en los horarios establecidos con el argumento de que tenía prohibidas las visitas. Cuando logramos verlo, los registros fueron exhaustivos e invasivos, con el claro propósito de humillarnos. En otras ocasiones, los guardias le decían que nadie había ido a visitarlo y que su familia lo había abandonado por ser un criminal.

Desde el inicio de la persecución, embargaron todas las cuentas bancarias de mi papá y elPeriódico, y la estructura corrupta dentro del Ministerio Público y sus jueces cómplices nos bombardearon con requerimientos imposibles de cumplir. En una ocasión, nos exigieron entregar 20 años de archivos administrativos y fiscales en un plazo de apenas 48 horas, bajo amenaza de presentar nuevos cargos y ordenar más detenciones. El equipo trabajó sin descanso, organizando documentos en condiciones de extrema presión, lo que incluso afectó la salud de varios miembros.

A lo largo de este proceso, hemos sufrido innumerables y dolorosas pérdidas: el cierre de la versión impresa de elPeriódico el 30 de noviembre de 2022, y meses después, el 15 de mayo de 2023, su cierre definitivo. El Estado silenció al diario y sus 160 trabajadores perdieron sus empleos injustamente. Sin tener ninguna obligación legal, nuestra familia colaboró con el equipo para mantener el medio operando durante casi un año después de la detención arbitraria de mi papá y, finalmente, para cerrar la operación de la manera más ordenada posible, asegurando el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes. Un proceso desgastante y devastador física y emocionalmente.

Durante ese primer año de detención, presenciamos la persecución, encarcelamiento y/o exilio forzado de algunos de los abogados de mi papá, así como de un testigo clave del caso y de diez miembros adicionales de la redacción de elPeriódico. Hicimos todo lo posible por protegerlos y ayudarlos a encontrar oportunidades en el extranjero. Por un lado, el objetivo era dejar a mi papá en estado de total indefensión; por el otro, forzar el cierre definitivo del medio.

Mientras tanto, la situación en Guatemala se volvía cada vez más peligrosa para mi mamá y mi hermano menor. En abril de 2023, mi hermano tuvo que salir del país al enterarnos de que se preparaba un caso espurio en su contra. Incluso lo buscaron en la universidad en la que era catedrático y director de un centro de innovación en alianza con el Massachusetts Institute of Technology. Luego, las amenazas alcanzaron a mi mamá. Cuando finalmente logró salir de Guatemala y llegó a un lugar seguro, durmió 24 horas seguidas tras casi un año de vivir bajo el asedio del Estado.

Desde el 29 de julio de 2022 hasta el 15 de enero de 2024, fuimos testigos de los tratos inhumanos y torturas a las que fue sometido mi papá. Pasó meses encerrado en una celda de aislamiento, oscura, fría y húmeda, durante 23 horas al día. Fue víctima de infestaciones intencionales de insectos, privación del sueño mediante ruidos constantes y registros nocturnos con perros. Incluso le cortaron el suministro de agua por períodos prolongados. Estos abusos se intensificaban la semana previa a sus audiencias, que por más de dos años solo sirvieron para postergar maliciosamente su detención arbitraria.

En cada una de las embestidas del Estado durante los últimos 30 años, mi papá se mantuvo firme. No dejó de denunciar la corrupción, no calló ante las amenazas y no cedimos al exilio permanente. Sin embargo, la represión alcanzó un nivel sin precedentes cuando fue detenido arbitrariamente en 2022. Fue un proceso lleno de irregularidades, en el que se le negó el debido proceso y se violaron todos sus derechos. Su encarcelamiento fue una represalia directa por su incansable trabajo periodístico. Durante 921 días, la parte cooptada del Estado ha utilizado toda su maquinaria para intentar aplastarnos. Nos enfrentamos a ataques diarios, a un aparato judicial corrupto y a una campaña de desprestigio orquestada desde las esferas del poder. Pero para su asombro, no nos han logrado quebrar.

El 11 de noviembre de 2024, el presidente Bernardo Arévalo nos invitó a mi papá y a mí a una reunión con él y la Sociedad Interamericana de Prensa, durante un evento en el que firmó la declaración de Chapultepec sobre libertad de prensa. Llevar a mi papá a esa reunión fue realismo mágico puro. Después de más de dos años encerrado 23 horas al día en una celda de aislamiento, transitamos la ciudad y en todos los semáforos que nos tocaron en rojo, la gente lo reconocía; le bocinaban y gritaban lo mucho que lo admiraban y apoyaban. Ocurrió lo mismo en la corta caminata del parqueo al Palacio Nacional, donde algunos vehículos bocinaban y sus conductores gritaban: “¡Zamora libre!”. Los peatones lo pararon varias veces y preguntaron si podían tomarse fotos con él. En el trayecto de salida del Palacio, lo detuvieron varios periodistas. Algunos de ellos habían trabajado alguna vez en elPeriódico, y de los dos lados se miraba la emoción de esos reencuentros. Al llegar a la puerta de salida, lo paró una persona más. Aunque no lo reconocimos, pensamos que era un periodista. Le dijo que lamentaba mucho la persecución y le alegraba verlo libre. Fue entonces cuando se dio la vuelta y empezó a hablarle en inglés a un grupo de personas, a las que les explicó que se trataba de un gran periodista que fue perseguido por la administración anterior, estuvo más de dos años en prisión y que ahora finalmente estaba libre. Fue entonces que nos dimos cuenta de que se trataba de un guía turístico. El grupo de visitantes aplaudió efusivamente. Esa anécdota, el haber sido parte de un tour por el Palacio Nacional, todavía nos causa reír a carcajadas. Es importante reconocer que, desde la toma de posesión de Arévalo, un presidente genuinamente comprometido con la democracia, pero con un sistema cooptado de justicia en su contra, las condiciones de encarcelamiento de mi papá fueron dignas. Lo que muestra la intencionalidad de la administración de Alejandro Giammattei de torturarlo.

Esta ha sido una batalla entre David y Goliat. Una lucha desigual en la que el Estado ha empleado todos sus recursos para doblegarnos. Pero, si algo nos ha enseñado mi papá, es que la verdad y la justicia siempre prevalecen. Como familia, hemos resistido. Nos hemos sostenido en la esperanza, en la solidaridad de quienes creen en la libertad de expresión y en la convicción de que nuestro papá, a pesar de haber estado detenido arbitrariamente y continuar bajo arresto domiciliario mientras siguen los procesos espurios en su contra, es inocente y sigue siendo libre.

Hoy, miramos hacia atrás y sabemos que hemos sobrevivido a lo impensable. Nos sentimos agradecidos con nuestros padres por ser siempre excelentes guías, por enseñarnos a ser correctos, a tener principios y a vivir con integridad. Nos han enseñado a ser resilientes, a enfrentar cualquier reto con dignidad, paciencia, gratitud, paz y serenidad. Y aunque creemos que nuestro papá ya ha cumplido con su misión de vida y con Guatemala, seguiremos firmes apoyándolo en su lucha hasta que recupere totalmente su libertad. El legado de José Rubén Zamora no es solo la capacidad de sobreponerse al miedo, sino la verdad que ha defendido toda su vida y su entrega total para construir una mejor Guatemala desde las trincheras del periodismo. 

Este proceso nos ha demostrado el lado más oscuro de la humanidad, pero al mismo tiempo el mejor, que sobrepasa por mucho ese lado oscuro, a través de la unidad familiar, el apoyo, solidaridad y cariño de amigos y colegas del mundo entero, así como de los guatemaltecos, organizaciones que defienden la libertad de prensa, la democracia, los derechos humanos y todos los países libres y democráticos del mundo. A todos, nuestra gratitud por no perder de vista el caso de mi papá, ni los esfuerzos de los actores corruptos para cooptar la totalidad del Estado en Guatemala.

Es un homenaje del que podría haber prescindido. El periodista peruano Gustavo Gorriti, junto a Wael al-Dahdouh, jefe de la oficina de Aljazeera en Gaza, Carmen Joukhadar, corresponsal de Al Jazeera en Líbano, y el bloguero Ruan Xiaohuan, alias Program Think, encarcelado en China, ha sido propuesto por Reporteros sin Fronteras (RSF) para el “premio al valor” de la 32ª edición del Premio de la Libertad de Prensa, que se entregará el 3 de diciembre.

“Su trabajo ha conducido a la apertura de investigaciones penales y al derrocamiento de presidentes”, afirma RSF. Gustavo Gorriti es “atacado cada poco por campañas de difamación y desinformación”, y “también intimidado por procedimientos judiciales”. “A pesar de la presión, lucha por no revelar sus fuentes”.

Desde febrero, Gustavo Gorriti, de 76 años, fundador del portal de investigación IDL-Reporteros, de la ONG Instituto de Defensa legal de Lima (IDL), es objeto de una campaña de acoso judicial y mediático sin precedentes. El 3 de febrero, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori (fallecido el pasado septiembre), cuyo partido, Fuerza Popular, ha formado parte de los sucesivos gobiernos de la presidenta Dina Boluarte, ha exigido que se “investigue a fondo” la relación de Gustavo Gorriti con los dos fiscales anticorrupción peruanos José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Keiko Fujimori, a la espera de juicio por corrupción en el caso “Cócteles”, que se inició en julio y en prisión provisional desde hace 16 meses, presentó el 20 de febrero una querella de Fuerza Popular por “organización criminal, corrupción y tráfico de influencias” contra el periodista y siete altos magistrados, entre ellos el equipo de la fiscalía especial encargada de las ramificaciones en Perú de la investigación “Lava Jato” (lavado exprés, en portugués). Se trata de la investigación que sacó a la luz los pagos secretos realizados por el grupo brasileño de obras públicas Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

La denuncia fujimorista se basa en las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, destituida como fiscal de la Nación, quien, bajo la condición de arrepentido (“colaborador eficaz”), acusó, sin pruebas tangibles, a los jueces del caso Lava Jato de haber “entregado información confidencial” al periodista “a cambio de apoyo mediático”, y a Gustavo Gorriti de “dirigir las investigaciones”.

“Abrir una investigación por apoyo mediático a los fiscales anticorrupción no tiene sentido. Esto no tiene más que un objetivo: la censura”, comentó Juan Carlos Ruiz, uno de los abogados de IDL. Pero, contra todo pronóstico, a finales de marzo se abrió una investigación preliminar contra Gustavo Gorriti y los magistrados José Domingo Pérez y Rafael Vela por parte del fiscal Alcides Chinchay, especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos. A falta de datos concretos, una de las primeras peticiones del juez fue “toda la información sobre los teléfonos utilizados durante cinco años por el periodista, entre enero de 2016 y abril de 2021”.

La iniciativa fue acogida inmediatamente con satisfacción por el eurodiputado español Hermann Tertsch, representante en América Latina del partido ultraderechista español Vox, impulsada por el Foro de Madrid creado en 2021 en torno a los líderes más prometedores del continente a ojos de la ultraderecha (como el chileno José Antonio Kast, nostálgico de Pinochet, el argentino Javier Milei y Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente brasileño) con el apoyo incondicional de los Fujimori, padre e hija, en Perú.

“Hay mucha esperanza en Perú de que las instituciones resistan por fin los ataques de los siniestros grupos de interés de la izquierda caviar de Gorriti y su tropa”, escribió Hermann Tertsch en la red social X, un mes después de su visita a Lima. El representante de Vox pidió “el fin de la impunidad de los conspiradores”. Atribuyendo a Gustavo Gorriti el papel de “orquestador [...] de una red de fundaciones y lobbies woke extranjeros”, el eurodiputado expresó su indignación por el hecho de que el fiscal haya dado al periodista un plazo para entregar su teléfono “en el que habría pruebas para enviarlo a prisión durante mucho tiempo”.

“El fiscal quería que le entregáramos la información de mis teléfonos, y mi respuesta fue no”, explica Gustavo Gorriti, contactado por Mediapart. “De ninguna manera voy a hacerlo. Sería faltar a mi deber de proteger a mis fuentes. Voy a hacer todo lo posible para que no se utilice ninguna información”.

El periodista ha presentado varios recursos y el 3 de septiembre acudió al Tribunal Constitucional para hacer valer su derecho al secreto de las fuentes. En la audiencia, el fiscal Chinchay argumentó que no quería verificar las fuentes del periodista, sino comprobar sus movimientos “por geolocalización”, sobre todo para determinar si había podido reunirse con los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en su domicilio.

El Centro para la Libertad de Expresión, creado por la Universidad de Columbia (Estados Unidos), envió un dictamen jurídico al juez constitucional, subrayando que la apertura de una investigación penal contra el periodista constituía una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Se trata de una contraofensiva general, a largo plazo, de la extrema derecha y las fuerzas de la corrupción”, continúa el periodista. “El objetivo es desacreditar a los periodistas de investigación, a mí en particular, y a los fiscales especializados en corrupción, especialmente a los que llevaron la investigación del caso 'Lava Jato' en Perú, para cambiar el relato y hacer aparecer a los implicados como víctimas de una serie de calumnias fabricadas por conspiradores”.

Para Gustavo Gorriti, que vivió los días oscuros de la dictadura fujimorista –fue secuestrado por el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en abril de 1992–, la actual campaña es de un nivel superior a las orquestadas en su tiempo por Alberto Fujimori y su mano derecha Vladimiro Montesinos, que eran expertos en manipulación.

El periodista señala un “conjunto de medios”, “vinculados entre sí en cada una de las ofensivas”. “Las supuestas revelaciones comienzan en Willax Televisión [dirigida por el financiero Erasmo Wong, pivote de las relaciones de la extrema derecha peruana con Vox y uno de cuyos hermanos, Edgardo Wong, firmó el acta constitutiva del Foro de Madrid, lanzado por Hermann Tertsch - ndr] y son replicadas por los periódicos Expresso, La Razón, Noticias del País, y luego una serie de comentaristas supuestamente imparciales expresan su indignación por las revelaciones, que en un 99% son calumnias.” Esas sucesivas campañas “duran unos días, una semana, dos semanas...”, y “cuando se agotan, se lanzan otras, basadas en un punto que haya quedado en el aire en la anterior”.

En el último episodio, el ex asesor del fiscal, Jaime Villanueva, afirmó que en abril de 2019 Gustavo Gorriti le ofreció abrir una botella de vino para celebrar el suicidio de Alan García, presidente entre 2006 y 2011, quien se disparó en la cabeza cuando la policía acudía a detenerlo por el caso “Lava Jato”. Una “mentira” entre otras muchas, dijo el periodista, que se declaró conmocionado por la muerte.

“Han construido un verdadero edificio, una pirámide de calumnias”, dice Gustavo Gorriti. “Y lograron que algunos medios de periodismo supuestamente estándar, como El Comercio, reprodujeran algunas de las acusaciones extremas, lo que dio pie a los grupos corruptos de la fiscalía para abrir investigaciones hostiles”.

Aunque también ocupan titulares en la prensa fujimorista, los fiscales anticorrupción José Domingo Pérez y Rafael Vela siguen a cargo de las secuelas del caso “Lava Jato” en Perú.

En concreto, han cerrado las investigaciones sobre el ex presidente de izquierdas (2001-2006) Alejandro Toledo, entregado por Estados Unidos en 2023 tras seis años prófugo, y condenado en octubre a veinte años y seis meses de prisión, tras una acusación de José Domingo Pérez. El fiscal detalló los cargos contra Toledo, quien recibió 35 millones de dólares del grupo Odebrecht a cambio de que se le adjudicara la construcción de tramos de la Carretera Interoceánica Sur, que une la costa pacífica peruana con la costa atlántica brasileña.

Pero, al mismo tiempo, el fiscal Alcides Chinchay se comprometió a verificar la integridad de los dos magistrados involucrados en la investigación contra Alan García, y a interrogar a dos de los principales arrepentidos del caso Lava Jato, Miguel Atala, exdirector de PetroPerú, y Luis Nava, uno de los asesores presidenciales de García.

En el caso de García, Odebrecht había pagado por tres contratos: la continuación de la construcción de la carretera interoceánica, el proyecto Olmos para irrigar el lado Pacífico de la sierra con un río amazónico, y la Línea 1 del metro aéreo de Lima. Los millones para García habían sido dirigidos a Miguel Atala y luego entregados al asesor presidencial, según han admitido ambos.

“Las acciones del fiscal Alcides Chinchay forman parte de una campaña para denigrar a los miembros del grupo especial [Lava Jato]”, comentó el juez Rafael Vela. “Esta nueva ofensiva se produce en un momento crítico, ya que varios procesos, entre ellos el del Metro de Lima que involucra a ex funcionarios del gobierno [de García], están llegando a su fin”. Los fujimoristas, como los ex allegados a Alan García, esperan extraer de las investigaciones de Chinchay nuevos argumentos para impugnar los procesos y alimentar su defensa.

“El objetivo es destruir por completo las investigaciones ‘Lava Jato’ y ‘Lava Juez’”, advierte Gustavo Gorriti en el diario La República.

Lava Juez es otro caso más, iniciado en 2018 por IDL-Reporteros a partir de escuchas telefónicas que revelan una red mafiosa entre altos magistrados. Uno de ellos, César Hinostroza, magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo, sospechoso de encabezar una red de corrupción conocida como Cuellos blancos del puerto (de Callao), que negociaba indultos y despidos, se esconde ahora en Bélgica. Sin embargo, ha acudido ahora a los tribunales para obtener la entrega de los archivos de audio de IDL-Reporteros y para impugnar el proceso. Y el 25 de octubre, el juez del Supremo Juan Carlos Checkley ordenó a la Fiscalía recuperar las escuchas de la web de investigación e interrogar a Gustavo Gorriti para que revele sus fuentes.

“Ya se nos ha dado traslado formal para que entreguemos información a la Justicia en los casos Lava Juez y Cuellos Blancos, y la Fiscalía ha registrado nuestras oficinas”, dice Gustavo Gorriti, “pero nos hemos defendido y opuesto a cualquier entrega, y lo hemos dicho con toda seriedad. Eso es lo que le voy a decir al juez Checkley”.

Según el periodista, la coalición gobernante “ha extendido su poder sobre las instituciones de control”, y “las dos únicas instituciones capaces de enfrentarse al clan de los corruptos”, la judicatura y la fiscalía, se encuentran en una situación frágil. “Hay magistrados que se oponen y que se van a oponer, pero hay otros que están dispuestos a transigir”, comenta Gustavo Gorriti.

Traducción de Miguel López

La reciente denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, –a la que ahora se suma otra de la plataforma Hazte Oír– "ha puesto de manifiesto la delicada relación entre justicia, política y medios de comunicación". Así lo ha explicado Juezas y Jueces para la Democracia en un comunicado en el que recuerdan "la necesidad de mantener la independencia judicial en un contexto donde las líneas entre la justicia y los intereses políticos pueden difuminarse".

Los jueces y juezas de instrucción juegan un papel esencial en la investigación de presuntos delitos y en la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, asegurar que puedan operar libres de cualquier influencia externa o presión y mantener su independencia "es esencial para mantener la confianza en nuestro sistema legal". En este sentido, la nota emitida por JJpD destaca que "la independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia saludable. Los jueces deben poder actuar con total libertad y sin temor a represalias para garantizar un proceso justo y equitativo".

Según explican, dañar la reputación sin pruebas sólidas puede ser perjudicial para la democracia y "las denuncias basadas únicamente en información mediática pueden ser precipitadas y carecer de la rigurosidad necesaria". Por lo tanto, es necesario abordar las prácticas que intenten manipular el sistema judicial con motivos indebidos.

JJpD advierte sobre este peligro, afirmando que "es fundamental salvaguardar la integridad del sistema judicial frente a intentos de manipulación política. La justicia debe ser ciega a las presiones externas y centrarse exclusivamente en los hechos y pruebas presentadas ante ella".

Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje de confianza en las instituciones democráticas y reafirmando el compromiso de JJpD con la justicia imparcial y el Estado de derecho: "Juezas y Jueces para la Democracia sigue confiando en las instituciones y en la independencia judicial".

Sumar quiere ser el partido que enarbole la bandera anticorrupción tras los recientes escándalos alrededor de la compra de material sanitario durante la pandemia –como el caso Koldo o el fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso– a través de la creación de un nuevo organismo independiente, la oficina de prevención contra la corrupción, que tendría capacidad para abrir investigaciones en instituciones públicas, partidos, sindicatos y empresas que reciban subvenciones del Estado.

La iniciativa, anunciada hace unas semanas por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha registrado finalmente este jueves en la Cámara Baja de la mano del portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y los diputados Enrique Santiago y Verónica Martínez. Errejón ha asegurado que la corrupción implica el "secuestro del Estado por los comisionistas y las tramas corruptas" y ha subrayado que Sumar toma medidas frente a la "pelea de gallos de PP y PSOE". Santiago, por su parte,  avanzado que traerán al Congreso una batería de 40 medidas contra la corrupción.

El texto presentado por la formación minoritaria del Gobierno contempla la creación de un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades o malas prácticas administrativas y elabora una "estrategia integral de prevención de la corrupción". Su principal función sería prevenir el uso correcto de todo el dinero público de origen estatal y el sistema para elegir al director o directora del organismo se haría a través del Congreso, idealmente con una mayoría de dos tercios pero, en el si caso de no haber consenso, en el plazo de seis meses se reduciría a mayoría absoluta. La persona en cuestión no podría militar en ninguna formación política, sindicato o asociación profesional o empresarial.

Según reza la propuesta, las autoridades de este organismo —funcionarios de carrera— podrían personarse en cualquier dependencia de "administraciones y entidades públicas o centro afecto a un servicio público" para "realizar comprobaciones in situ y examinar los documentos, los expedientes, los libros, los registros, la contabilidad y las bases de datos". Asimismo, plantea que se habilite un buzón destinado a recibir quejas, denuncias o sugerencias de la ciudadanía relacionadas con actuaciones posiblemente corruptas.

Asimismo, prevé un sistema de sanciones para quien impida las funciones de la oficina, no entregue la información requerida, oculte documentación sobre la investigación abierta o manipule la información demandada o realice una denuncia falsa, entre otros supuestos. De esta forma, se estipula en las infracciones más graves multas que oscilan entre 30.001 a 400.000 euros si las responsables son personas físicas y de 600.001 hasta un millón de euros si son personas jurídicas.

Con independencia de las sanciones, los responsables de tramar un posible caso de corrupción deberán "restituir los daños producidos e indemnizar a los perjudicados". También a personas individuales y sociedades que sean perceptoras de subvenciones, créditos, avales y ayudas públicas, incluidos partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, unido a cualquier contratista o subcontratista de concesiones estatales.

Esta oficina de prevención contra la corrupción podría imponer, además, la prohibición de concesión de subvenciones públicas o cualquier tipo de ayuda, así como beneficios fiscales, durante un plazo máximo de cuatro años y la prohibición de contratar con el sector público durante tres años. La oficina, aparte de su régimen sancionador, deberá informar de la justicia de hechos presumiblemente constitutivos de delito.

La propia Yolanda Díaz ha reprochado al PSOE que esté entrando en la estrategia del PP de convertir el debate político en un "lodazal", a cuenta de la corrupción. En una entrevista en Onda Cero lamentó que se esté entrando en los mismos "marcos" que la derecha y que responder a todas sus insinuaciones es de "nivel de patio de colegio". Así, lamentó los "insultos, ruido y el 'y tú más'", que es "absolutamente destructivo". A su juicio, se está incurriendo en un "espectáculo bochornoso" e insistió en que la mejor forma de actuar ante la corrupción es impulsar propuestas como la presentada este jueves, la regulación de los lobbies o la limitación de los aforamientos.

Desde Sumar consideran que ese 'y tú más' protagonizado en las últimas semanas por el Partido Popular y los socialistas sólo conduce a la desafección de la ciudadanía. Un hartazgo que, según fuentes de la dirección, afecta especialmente afecta las formaciones de izquierdas y al Gobierno de coalición. Así, consideran que mientras las informaciones sobre su pareja no mueven "ni un solo voto" de la derecha hacia Ayuso, la corrupción sí que puede pasar factura a la izquierda, al igual que el tono bronco y duro.

Estas mismas voces se muestran preocupadas por la parálisis a la que se va enfrentar el Congreso en las próximas semanas por las sucesivas convocatorias electorales y consideran que la ciudadanía que "les dio una oportunidad" el pasado 23J, espera de su Gobierno medidas ambiciosas como, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral o la ampliación de permisos por paternidad y maternidad. Desde Sumar contaban con incluir algunas de sus medidas estrella en los Presupuestos Generales, pero el ala socialista del Ejecutivo decidió, sin mediar consulta alguna, prorrogarlos tras el adelanto catalán.

En Sumar recuerdan que cuando Sánchez aterrizó en la Moncloa, una parte importante de la ciudadanía situaba la corrupción como uno de los principales problemas de España. Se trataba de una preocupación muy elevada en el ranking de prioridades de la ciudadanía según el CÍS, que con el paso de los años se fue reduciendo. Ahora, el socio minoritario del Ejecutivo teme que les "pase factura" y recuerdan la experiencia de Izquierda Unida en Andalucía, a la que perjudicó gobernar con el PSOE tras los ERE.

Ha sido Santiago quien ha recordado que España tiene obligaciones legales pendientes desde la aprobación de la Ley de Protección de Denunciantes de Corrupción, como establecer una Autoridad Independiente que vele por los informantes. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, más conocido como Greco, afeó recientemente que nuestro país siguiese sin cumplir totalmente sus recomendaciones para combatir esta lacra, al igual que Transparencia Internacional (TI) que ya advirtió a finales de enero que nuestro país estaba estancado en materia anticorrupción.

"El estancamiento de este año, unido al descenso de los dos anteriores, pone de manifiesto las dificultades en las que aún se encuentran las políticas públicas para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción", señalaba la organización en su último informe anual, que situaba a España bastante por detrás de otros países de su entorno –Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Bélgica o Francia– en esta materia.

Esta Autoridad Independiente de Protección al Informante, que tiene entre sus funciones gestionar un canal externo de denuncias de irregularidades –informaciones que este mismo organismo se encargará de investigar– o adoptar las medidas pertinentes de protección del alertador aún no se ha creado. Además, tiene potestad sancionadora, es decir, es la encargada de castigar las posibles represalias que sufran los denunciantes.

Otra de las "reformas" que Transparencia Internacional mencionaba en su informe como necesarias para "reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público" es la de la Ley de Transparencia. La renovación de esta norma fue uno de los compromisos que se incluyeron en el acuerdo de coalición que dio el pistoletazo de salida a la pasada legislatura y aunque se han producido algunos avances, la reforma de la ley, que diez años después aún no cuenta ni con un reglamento, sigue pendiente.

Las autoridades judiciales españolas no han mostrado “ningún interés” en aprovechar para sus investigaciones los 20 terabytes de información que Rui Pinto, el denunciante de los Football Leaks, entregó el pasado día 1 a policías y fiscales alemanes, franceses y belgas en París. Así lo atestigua a infoLibre un portavoz de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF), que organizó la cita junto con Eurojust, el organismo europeo de coordinación judicial.

España fue uno de los 10 países europeos que empezaron a cooperar para utilizar la información de Football Leaks en febrero de 2019, aunque ya antes, en 2018, Rui Pinto se había puesto a disposición de los fiscales franceses. Sin embargo, a la entrega de los discos duros desencriptados en París este mes no acudió ningún representante español. Y ello pese a que las revelaciones de Football Leaks, publicadas por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, permitieron abrir en España las investigaciones judiciales que terminaron en las condenas por fraude de fiscal a Cristiano Ronaldo y José Mourinho, además de desvelar las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el FC Barcelona.

Este periódico ha preguntado, sin éxito, al enlace español en Eurojust, el juez José de la Mata, por el motivo de la ausencia española en la cita de París y por la disposición española para utilizar los datos aportados por Rui Pinto. Por su parte, la Fiscalía española niega haber tenido conocimiento de la reunión. “No se le informó de la entrega [de los discos duros]”, asegura un portavoz. Aunque añadió que, en caso de necesitar esa información, sabe que la tiene a su disposición, al igual que el resto de las autoridades europeas, a través de Eurojust.

En efecto, a partir de ahora, “la asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados”, destacó a Mediapart, socio galo de infoLibre, también miembro de EIC, la Fiscalía Financiera francesa, que calificó de “prometedor” el contenido de los discos duros obtenidos.

España sí participó en la primera reunión de febrero de 2019, celebrada en La Haya, donde se acordó aprovechar las revelaciones de Football Leaks para investigar delitos en toda Europa. Los medios de EIC llevaban publicando desde diciembre de 2016 los casos de corrupción, fraude fiscal, dopaje, compra de partidos e influencia política que documentaba la filtración, en principio 3,4 terabytes obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con una quincena de medios de comunicación europeos.

La Fiscalía Nacional Financiera abrió entonces una primera investigación penal por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra varios futbolistas, entre ellos Javier Pastore, que en esa época jugaba en el Paris Saint-Germain, y Lucho González, que militaba en el Olympique de Marsella. En España, la fiscalía hizo lo propio enseguida con Xabi Alonso, Radamel Falcao, Fabio Coentrão…

Una segunda tanda de relevaciones comenzó a publicarse en noviembre de 2018, desde las citadas operaciones opacas del Barça con Leo Messi hasta la burla del fair play financiero llevada a cabo por el Paris Saint Germain y el Manchester City, con el consentimiento de los presidentes de la UEFA, Michelle Platini, y de la FIFA, Gianni Infantino.

Hace sólo unos días, la Audiencia Nacional confirmó una sanción de 23 millones de euros al Barça por pagar a sus jugadores parte del sueldo a través de sus agentes y reducir así a sus estrellas la factura del IRPF. Un ardid que ha utilizado también el Real Madrid y otros clubes de fútbol, tal y como documentó Football Leaks. El pasado martes, además, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Mourinho, que finalmente tendrá que pagar la multa por fraude fiscal que se le impuso en España. También intentó ocultar parte del sueldo que le pagaba el Real Madrid cobrándolo a través de su agente, Jorge Mendes. El mismo truco utilizado por Cristiano Ronaldo, con quien compartía representante. El entrenador portugués fue condenado en 2019 a un año de cárcel y al pago de tres millones de multa.

Pero la información facilitada por Rui Pinto a la Justicia europea no se limita al mundo del fútbol. El portugués también está en el origen de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por otro consorcio de medios, ICIJ, y la ONG PPLAF, que destapó las turbias operativas financieras de Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos. Además, los discos duros contienen información sobre sociedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales, como la que permitió publicar a EIC los Malta Files.

Es más, los discos duros ahora en manos de las autoridades judiciales pueden alimentar nuevas investigaciones o ayudar a cerrar otras en curso. En Francia, la ya citada sobre Javier Pastore, pero también otra sobre discriminación racial en el PSG, que fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) ha presentado una segunda denuncia para intentar relanzar el caso. Además del posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Mientras, en España, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

El caso lleva abierto desde 2019. El pasado julio se concedió una nueva prórroga por culpa de unas comisiones rogatorias pendientes, necesarias para el informe de la Agencia Tributaria, que ejerce funciones de auxilio. En diciembre, la Fiscalía informó en contra de más prórrogas, pues considera concluida la instrucción. Ahora el juez deberá decidir si sobresee la causa o si continúa el procedimiento. Ese magistrado es ahora Santiago Pedraz, pero quien inició la instrucción y la dirigió hasta noviembre de 2020 fue José de la Mata, el enlace español en Eurojust.

Rui Pinto lleva colaborando con los fiscales franceses desde 2018, pero sólo puedo desencriptar sus discos duros cinco años después, porque se lo impedía un requerimiento de la Justicia portuguesa, según ha explicado su abogado, William Bourdon. Pinto fue detenido en Budapest, a petición de las autoridades lusas, en enero de 2019. Le acusaban de piratería informática e intento de extorsión.

Después fue extraditado a Portugal. Estuvo en prisión hasta que en 2020 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Lisboa: fue puesto en libertad como testigo protegido pero, además, se le prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa. Ese pacto fue impugnado por el Benfica ante los tribunales, una demanda que perdió en noviembre de 2023.

Dos meses antes, en septiembre, Rui Pinto había sido condenado a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que el portugués ha recurrido. También se declaró culpable ante un tribunal de París, tras aceptar una pena de seis meses de prisión, igualmente en suspenso, por piratear los buzones de correo electrónico del Paris Saint-Germain.

La historia de Rui Pinto no es muy distinta a la de Hervé Falciani, el ingeniero italofrancés que desde 2009 colabora con la Justicia internacional tras haberse apoderado de los datos de 130.000 evasores fiscales cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.

Detenido en Barcelona en 2012, pasó cinco meses y medio en la prisión de Valdemoro (Madrid), mientras la Audiencia Nacional decidía si lo extraditaba a Suiza, que le acusaba de revelación de secretos y de espionaje económico. También de intentar vender los datos de la que luego se conoció como Lista Falciani. Finalmente, no fue extraditado e incluso fue protegido por el CNI y la Policía. La Audiencia Nacional lo puso en libertad en mayo de 2013, pero la Cámara Federal Penal suiza lo condenó en rebeldía dos años después a cinco años de cárcel. Lo que dio pie a que Suiza volviera a ordenar su detención. Fue arrestado de nuevo en España, en la Universidad de Comillas (Cantabria). La Fiscalía pidió su prisión provisional, pero el juez dejó a Falciani en libertad con medidas cautelares.

En su caso, sí funcionó la cooperación europea: Francia compartió la lista con otros países, entre ellos España. Con la lista Falciani en la mano, se investigaron 659 nombres y se recuperaron 260 millones de euros. Entre los evasores fiscales pillados se encontraba el presidente del Banco Santander, Emilio Botín y su familia. La Agencia Tributaria ofreció a los españoles de la lista –empresarios, abogados– la posibilidad de pagar los impuestos que la información de Falciani demostraba que habían defraudado sin abrirles una inspección. Unos aceptaron y otros no. Estos últimos terminaron en los tribunales.

Rui Pinto llevaba más de cinco años esperando este momento. El informante portugués, en el origen de las revelaciones de Football Leaks, visitó el martes y el miércoles en Nanterre (Francia) los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos financieros y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, donde fue entrevistado en calidad de testigo. Se trata de la brigada de la policía francesa encargada de los mayores casos de corrupción y de delitos financieros.

Rui Pinto también acudió al departamento de informática de la Policía Judicial. Se sentó frente a seis ordenadores, donde los investigadores habían almacenado copias de discos duros encriptados incautados durante un registro en su domicilio de Budapest en 2019, a petición de la Justicia portuguesa. Después introdujo las contraseñas que daban acceso a su tesoro: más de 20 terabytes de datos, que contienen decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol. Y mucho más.

El joven, que ahora tiene 35 años, ya había facilitado parte de estos documentos desde 2016 a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germanin, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA).

Esas informaciones permitieron a varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrir investigaciones penales. Pero Rui Pinto tenía prohibido hasta ahora cooperar con ellos por falta de voluntad de la Justicia portuguesa, que le condenó el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel con suspensión de pena por piratería informática e intento de extorsión.

Aunque había empezado a cooperar con los fiscales franceses en 2018, Rui Pinto sólo pudo desencriptar sus discos duros hasta cinco años después, porque se lo impedía “un requerimiento de la Justicia portuguesa”, explicó este jueves durante una rueda de prensa junto a su abogado, William Bourdon.

“Es la primera vez que las autoridades judiciales de Francia y de otros países europeos distintos de Portugal tienen acceso pleno y sin restricciones a todos los datos. El trabajo de investigación comienza ahora”, declaró Rui Pinto.

Su visita a París fue organizada por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) en colaboración con Eurojust, el organismo europeo de cooperación judicial. Un comisario de policía belga, así como un fiscal y un agente de policía alemanes también estuvieron presentes para entrevistar a Rui Pinto y recuperar una copia de los datos. No había ninguno español. Otros países europeos podrán acceder a ella si lo desean a través de Eurojust. De hecho, los Países Bajos han manifestado su interés.

“La entrevista con Rui Pinto se llevó a cabo en presencia de investigadores extranjeros, en el marco de la asistencia judicial europea, bajo los auspicios de Eurojust”, confirmó la PNF a Mediapart. “Rui Pinto permitió el acceso a los voluminosos datos de Football Leaks, que los investigadores podrán ahora empezar a analizar, aunque por el momento no es posible determinar si guardan relación con investigaciones ya en curso. La asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados. [...] La cooperación de Rui Pinto fue esencial para permitir el acceso a estos datos, cuyo contenido parece prometedor”, añadió la Fiscalía Financiera francesa.

Los documentos sobre el mundo del fútbol, a los que ha tenido acceso Mediapart, podrían alimentar varias investigaciones francesas en curso.

La primera, abierta por la Fiscalía en diciembre de 2016 a raíz de una información de Footbal Leaks, se refiere en particular a la evasión fiscal del exjugador del PSG Javier Pastore. La segunda, sobre discriminación racial en el PSG, fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) presentó una segunda denuncia para intentar relanzar el caso.

Además, está la muy reciente investigación en torno al Paris Saint-Germain, dirigida por jueces de instrucción parisinos, sobre el posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Tras los primeros descubrimientos de los investigadores, Mediapart profundizó en Football Leaks y encontró documentos inéditos sobre esta operación, que demuestran que Gérald Darmanin y su jefe de gabinete actuaban entonces como asesores fiscales del Paris Saint-Germain. Gracias a la desencriptación de los datos llevada a cabo esta semana por Rui Pinto, los magistrados y policías encargados de la investigación tienen ahora acceso a estos documentos.

“Sé que hay muchas cosas en mis datos que aún no han sido exploradas, y el reciente caso de este ministro francés que facilitó los asuntos fiscales del PSG es un muy buen ejemplo de ello. Me siento muy satisfecho porque demuestra que los datos son poderosos”, destaca Rui Pinto. Para preservar el secreto de las investigaciones judiciales, el portugués no quiso precisar sobre qué temas le interrogó la policía: “Sobre todo me hicieron preguntas sobre clubes franceses y agentes de jugadores activos en Francia”. ¿Y sobre el PSG? “La respuesta a esta pregunta es evidente”, sonríe.

El examen del enorme volumen de documentos también podría llevar a varios países a abrir nuevas investigaciones judiciales. “Mis datos no sólo se refieren al fútbol, sino a muchos otros temas que no han sido publicados” por los medios de comunicación, asegura Rui Pinto. Por ejemplo, hay información sobre evasión fiscal en Malta (publicada por EIC como parte de los Malta Files), pero también datos que han permanecido secretos sobre las Islas Caimán y otros.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

La historia de la colaboración de Rui Pinto con la Justicia es digna de un thriller. A finales de 2018, justo después de la publicación de la segunda temporada de Football Leaks, el portugués, aún anónimo, inició la cooperación con la Fiscalía francesa, a la que entregó una muestra de 12 millones de archivos. Pero el proceso se interrumpió unas semanas después: en enero de 2019, Rui Pinto fue detenido en Budapest a petición de la Justicia portuguesa, que lo perseguía por piratería informática e intento de extorsión. La policía húngara se incautó en su domicilio de varios discos duros encriptados.

Es el inicio de un conflicto entre Francia, que quiere explotar la información, y Portugal, cuya prioridad es procesar a Rui Pinto. En febrero de 2019, la Fiscalía francesa compartió esa muestra de datos con Eurojust, que organizó una reunión con fiscales de nueve países. Un mes más tarde, justo antes de que Rui Pinto –y sus datos– fueran extraditados a Portugal, los fiscales franceses volaron a Budapest y obtuvieron de las autoridades húngaras una copia del contenido de los discos duros. “Los franceses recuperaron los datos a espaldas de los portugueses”, ríe Rui Pinto.

Pero los datos encriptados son inutilizables y Portugal no coopera con Eurojust. Pinto pasa un año en prisión preventiva. Pese al alcance de sus revelaciones, es el único protagonista de Football Leaks que ha pisado la cárcel. En diciembre de 2019, denunció en una entrevista con EIC que estaba siendo víctima de un procedimiento sesgado, ejecutado para servir a los intereses de los dirigentes del fútbol portugués, y en particular del poderoso Benfica de Lisboa, un “un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación”.

La situación cambió con la publicación, en enero de 2020, de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por el consorcio de medios ICIJ y basada en nuevos datos aportados por Rui Pinto a la ONG PPLAAF. Los artículos exponían las turbiedades financieras de Isabel Dos Santos, hija de un antiguo autócrata angoleño, y sobre cómo supuestamente blanqueó parte de su dinero en Portugal. “Las autoridades se sintieron muy avergonzadas por las revelaciones de Luanda Leaks, que crearon un terremoto en Portugal. Fue en ese momento cuando los fiscales portugueses empezaron a discutir sobre el acceso a los datos”, recuerda Rui Pinto.

En los primeros meses de 2020 se llegó a un acuerdo. El joven aceptó descifrar el contenido de sus discos duros y cooperar con la Fiscalía de Lisboa. A cambio, queda en libertad, se beneficia de la condición de testigo protegido y los fiscales se comprometen a sobreseer los procedimientos relacionados con cinco demandantes, entre ellos el Benfica. El acuerdo establece que estos procedimientos no se detendrán hasta 18 meses después, y sólo si se cumplen varias condiciones, entre ellas que Rui Pinto no vuelva a cometer ningún delito.

Una de las cláusulas de este acuerdo había permanecido hasta ahora en secreto. “Mientras no se cerraran los cinco procedimientos incluidos en el acuerdo, se me prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa”, desveló este jueves Rui Pinto. El portugués añade que los fiscales de Lisboa nunca le permitieron cooperar plenamente con los investigadores franceses. La Fiscalía gala solicitó los datos descifrados a Portugal ya en septiembre de 2020, pero nunca los obtuvo.

Los fiscales y policías franceses consiguieron finalmente la autorización para reunirse en Lisboa con el informante en Lisboa en 2023. “Pero tuvieron que enfrentarse a la resistencia de un fiscal portugués, el mismo que dirige la acusación contra mí”, denuncia Rui Pinto. “Los investigadores franceses llegaron con palabras clave e hice todo lo que pude para ayudarles a buscar los datos”, detalla. “Pero el fiscal empezó por oponerse a la transmisión de los datos, amenazando con que el asunto lo decidiera un juez. Era absurdo”, protesta, “al final intervino otro fiscal, el que había concluido el acuerdo conmigo, pero los franceses sólo pudieron llevarse una cantidad muy pequeña de datos”.

Rui Pinto tuvo las manos atadas más tiempo del previsto, porque el Benfica impugnó ante los tribunales el acuerdo entre el informante y la Fiscalía. El club portugués perdió definitivamente en noviembre de 2023. Fue en ese momento cuando se archivaron las diligencias incluidas en el acuerdo, cuando Rui Pinto fue liberado de sus compromisos y cuando por fin pudo ir a París a desencriptar los datos obtenidos por la Fiscalía francesa en Hungría.

Su comparecencia ante los investigadores franceses, belgas y alemanes este jueves le ha dado esperanzas. “Fue exactamente lo contrario de lo que vi en Portugal. Me sentí respetado y tuve la sensación de que la policía y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información. En Portugal, que yo sepa, nunca se han utilizado mis datos en el marco de investigaciones judiciales, y los investigadores nunca me han entrevistado para que les ayudara en este asunto”.

Para entender la conducta de la Fiscalía de Lisboa, hay que recordar que la ley portuguesa no permite, a diferencia de la de otros países europeos como Francia, utilizar documentos obtenidos ilegalmente como pruebas legales. “Pero eso no cambia, porque a los poderosos no les interesa”, critica Rui Pinto.

A su juicio, los fiscales portugueses nunca tuvieron intención de investigar basándose en sus datos: “Lo único que querían era saber qué contenían y utilizarlos para incriminarme”.

En este asunto, puede decirse que la Justicia portuguesa se ha mostrado especialmente esquizofrénica. A pesar del acuerdo de cooperación concluido en 2020, el fiscal acusó a Rui Pinto de 90 delitos, principalmente de piratería informática –que admitió en parte– e intento de extorsión –que el portugués niega­.

Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto ha recurrido. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Pero sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones –clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros– en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados. “Es acoso judicial”, suspira Rui Pinto.

“Hay una voluntad de la Justicia y de la industria del fútbol portugués de perseguir a Rui Pinto a perpetuidad”, denuncia su abogado francés, William Bourdon. “Este fraccionamiento en varios procedimientos de hechos idénticos ocurridos durante el mismo periodo es absurdo y contrario a los principios fundamentales de un juicio justo”, critica, “estudiaremos la viabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto”.

“El caso de Rui Pinto, cuyas revelaciones son de una magnitud comparable a las de Edward Snowden, demuestra el altísimo precio que deben pagar los informantes cuando se enfrentan a poderosas redes de corrupción”, añade.

“Mi vida está totalmente bloqueada”, se queja Rui Pinto. Vive bajo el estatus de testigo protegido. Se aloja gratuitamente en un lugar secreto custodiado por agentes de policía, debido a las amenazas que ha sufrido. El Estado portugués también le paga una renta “inferior al salario mínimo portugués [820 euros al mes], que por supuesto no es suficiente para ganarse la vida”. Tampoco para pagar a sus abogados, cuya minuta ha sido cubierta hasta ahora por la fundación The Signals Network. Esta ONG, especializada en ayudar a los denunciantes de corrupción, lanzó recientemente un llamamiento para conseguir donaciones con las que financiar su defensa.

“No puedo tener un trabajo porque implicaría tener contactos con múltiples personas, lo que va en contra de las condiciones de seguridad del programa de protección de testigos. Intento leer, ejercitarme. Y esperar que toda esta locura, esta lucha contra estos fiscales portugueses, termine por fin y pueda empezar a vivir una vida normal”.

El martes de la semana pasada, a las 16.36 horas, llegó al Tribunal Penal de Lisboa un escrito de 85 páginas. Fue presentado por el equipo jurídico de Rui Pinto, el cerebro detrás de la plataforma Football Leaks. Se trata de un documento esperado con impaciencia: el recurso demuestra que Pinto se está preparando para dar la batalla en los tribunales europeos.

Pinto, el estudiante de Historia que entregó más de 70 millones de documentos a la revista alemana Der Spiegel y a sus socios de la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre, fue detenido en Budapest en 2019. Sus datos revelaron un fraude fiscal sistemático en el fútbol de élite, que permitieron abrir investigaciones judiciales en varios países. Pero la Justicia también se interesó por cómo Pinto había obtenido los documentos.

Durante unos tres años, el portugués tuvo que responder por ello en un juicio celebrado en Lisboa. Los cargos incluían 90 infracciones penales. Entre ellas, cargos de intento de extorsión, acceso ilegal a datos confidenciales y violación del secreto de la correspondencia. Pinto no recibió su veredicto hasta el pasado mes de septiembre: fue declarado culpable de nueve cargos, entre ellos el intento de extorsión a un controvertido agente deportivo. El juez fijó la condena de Pinto en cuatro años, con suspensión condicional de la pena.

Ahora el portugués se defiende. En el recurso, al que han tenido acceso Der Spiegel y sus socios internacionales, los abogados de Rui Pinto atacan puntos centrales del proceso judicial. También se refieren a la ley de amnistía promulgada en Portugal este verano con motivo de la visita del papa Francisco en virtud de la cual se liberó a jóvenes delincuentes de ciertos delitos menos graves. Pinto también se benefició de la medida de gracia, ya que en virtud de ella se le retiraron 79 cargos. Con el recurso, sus abogados quieren comprobar ahora si otros delitos por los que Pinto fue condenado también deben quedar cubiertos por la amnistía.

Un segundo elemento del contraataque de Pinto se refiere a la acusación de intento de extorsión a Doyen Sports Investments Limited, un fondo creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, David Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En su recurso, los abogados argumentan que algunas de las pruebas que consideran exculpatorias no fueron suficientemente tenidas en cuenta en la sentencia. Se trata de correos electrónicos que supuestamente demuestran que Pinto desbarató el intento de chantaje por iniciativa propia. Los abogados piden al tribunal que absuelva a Pinto del cargo tras revisar esa prueba. El intento de extorsión constituye por sí solo la mitad de los cuatro años de la pena suspendida.

La defensa de Pinto también pide al tribunal que reconsidere fundamentalmente otros dos aspectos. El primero, que Pinto admitió durante el juicio que había tenido acceso no autorizado a datos personales y buzones de correo de terceros. El segundo, que explicó que muchos de los delitos que se le atribuyen fueron cometidos por otros miembros de la red Football Leaks. Aunque Pinto había recibido de ellos los datos y también había participado en la planificación de los ataques, no se llevó él mismo el material. Sin embargo, Pinto aún no ha revelado la identidad de sus presuntos cómplices.

En su sentencia, el tribunal consideró “inverosímiles” las declaraciones de Pinto, ya que la fiscalía no había encontrado pruebas de la participación de otras personas en el delito. Los abogados de Pinto argumentan ahora, entre otras cosas, que los investigadores no encontraron comunicaciones con periodistas, pero que se ha demostrado que existieron. El análisis técnico de algunos de los soportes de datos encontrados en el apartamento de Pinto también sugiere la implicación de otras personas, explican los abogados.

Además, la orden de detención europea con la que Pinto fue detenido en Budapest en 2019 va a ser reexaminada en el procedimiento de apelación. Los abogados plantean la cuestión de si la orden era suficiente como base para llevar a cabo un proceso judicial tan extenso en Lisboa. La pregunta puede servir de preparación de otros pasos procesales con los que Pinto querría que se aclarara su posición ante los tribunales europeos.

En última instancia, su caso podría dar lugar a sentencias pioneras sobre cómo afrontar la ciberdelincuencia, qué información se considera de interés social y cuál es el ámbito de actuación de los Estados nacionales. Serían fallos importantes que también podrían dar a otros informadores, denunciantes de corrupción y fiscales de Europa un poco más de seguridad jurídica. Pero también sería un largo camino, que plantea una pregunta: ¿puede Pinto permitirse económicamente otra batalla legal que puede durar años?

El portugués, que tiene 35 años, vive en el programa de protección de testigos desde hace unos tres años y no tiene ingresos significativos. Su equipo legal está formado por Francisco Teixeira da Mota, su hija Luisa y el francés William Bourdon, que también ha defendido a Edward Snowden, el filtrador que hizo público el programa de vigilancia masiva de la CIA y la NSA. Ya se han gastado “miles de dólares” en los renombrados abogados, asegura Delphine Halgand-Mishra, directora ejecutiva de The Signals Foundation, la red estadounidense para la protección de whistleblowers que ha sufragado hasta ahora los gastos de la defensa de Pinto. “Los denunciantes de corrupción y quienes, como Rui Pinto, revelan información de interés público son el freno de emergencia de nuestra sociedad. Garantizan que nuestras democracias sigan prosperando y que los poderosos rindan cuentas. Merecen nuestro apoyo”, explica Halgand-Mishra.

La responsable de The Signals Foundation está buscando más donantes para financiar a los abogados de Pinto y también se ha abierto al público una página de donaciones. Porque, además del recurso, Pinto se enfrenta aún a otra acusación: presentada en julio, la fiscalía le acusa de 377 delitos. Sin embargo, el tribunal aún no ha decidido si habrá juicio: primero debe aclarar cuántos de esos cargos ya han sido perdonados por la reciente ley de amnistía.

Al menos Pinto, sus abogados y Halgand-Mishra ya no tienen que preocuparse por uno de ellos: el miércoles, el portugués se declaró culpable ante un tribunal de París de haber tenido acceso no autorizado a los buzones de correo de los directivos del Paris Saint-Germain entre 2015 y 2019. La información filtrada sirvió para destapar los trucos financieros practicados en el club francés, financiado por Qatar, así como su racista sistema de ojeadores. El tribunal parisino ha condenado a Pinto a seis meses de prisión, que ha dejado en suspenso. También deberá pagar los honorarios del abogado y una indemnización al PSG: un euro. Un pago simbólico.

Con Doñana en el punto de mira por la ley del PP y Vox para ampliar regadíos, un conflicto judicial se abre paso en el corazón del Parque Nacional. Un juzgado de La Palma del Condado (Huelva) ha iniciado diligencias de investigación tras una denuncia presentada contra la cúpula de la empresa que gestiona desde hace más de 40 años las visitas a la joya natural. La denuncia alerta de un cúmulo de supuestas irregularidades, entre ellas la ocultación de visitantes –y por tanto de ingresos– a la Junta de Andalucía, los traslados de turistas entre Cádiz y Huelva sin permiso, la reducción mediante engaños del canon a pagar por la concesión y el reparto de dinero negro.

La denuncia lleva la firma de Juan Valladolid, trabajador y socio de la cooperativa Marismas del Rocío, concesionaria oficial de las visitas guiadas al menos desde 1982. La acción penal tiene entrada oficial en los juzgados de La Palma el 13 de julio y ha recaído en el juzgado de primera instancia 2, que registró el asunto el 11 de agosto e incoó diligencias previas, tal y como ha confirmado oficialmente infoLibre. Los hechos narrados son respaldados por otros cuatro socios, que Valladolid propone como testigos, explica a este periódico el propio denunciante. La denuncia se dirige contra la sociedad, con sede en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), así como contra su presidente, Fernando Rodríguez; su vicepresidente, Gonzalo Dorado; y su secretario, Sebastián López, como máximos responsables de la cooperativa. Está por ver hacia dónde orienta su investigación el juzgado instructor, que aún no ha llamado a nadie a declarar. No pesa cargo alguno contra ninguno de los denunciados.

infoLibre trasladó el martes por la mañana a la cooperativa y a los tres denunciados el contenido de las afirmaciones recogidas en la denuncia para recabar su versión o explicación. No ha habido respuesta, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas. Gonzalo Dorado, vicepresidente de la cooperativa, declaró el mismo martes en conversación telefónica no tener constancia de ninguna denuncia con el contenido descrito y prefirió no realizar ningún comentario, decisión que ha mantenido.

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta (PP) afirma, a través de un portavoz, que el director y el gerente del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellanos y José Juan Chans, respectivamente, "han tenido conocimiento de desavenencias" y de "un conflicto entre socios" de la cooperativa, sin que "en ningún caso" alguno de los implicados "haya comunicado la posible existencia" de delitos. "La única acción de mediación ha consistido en pedirles seriedad, sentido común y absoluta transparencia entre los socios", señala el departamento que dirige Ramón Fernández-Pacheco, con competencias sobre la gestión de Doñana.

La denuncia se produce cuando la concesión a Marismas del Rocío de las visitas está caducada y la consejería trabaja "desde hace meses en una nueva licitación" para sacarla antes de final de año, añade el portavoz, que insiste en que dicho departamento no ha tenido conocimiento de ningún "fraude" y desconoce la propia denuncia.

Marismas del Rocío es una empresa emblemática, responsable de un servicio aún más emblemático, que incluye no sólo las visitas guiadas sino también la cafetería en el centro de visitantes y la tienda de recuerdos. "Somos los únicos con los que visitarás todos los ecosistemas de Doñana", anuncia la empresa en una web llena de fotos de distintos paisajes, aves y mamíferos. La cooperativa cuenta con el aval expreso de la Junta de Andalucía, que la publicita en su portal turístico.

Juan Valladolid, que trabaja como "guía-conductor" en la empresa desde 1982, expone en su denuncia –y detalla a infoLibre en una conversación en la que repasa todo lo relatado– cómo empezó a detectar posibles irregularidades en la cooperativa. En primer lugar, dice, su salario mensual legal bajó en 2015 de 2.090 euros netos a 1.500, pasando el resto a ser abonado "en mano". Es decir, en un sobre, en B, en dinero negro, siempre según su relato. El denunciante aporta como documento un listado de trabajadores de la cooperativa en el que se recoge el sueldo por "transferencia" y el extra "líquido" o "efectivo" de cada uno. La cantidad mensual en "efectivo" en uno de los meses recogidos asciende a 12.680 euros repartidos entre 23 trabajadores, según este documento. Hay abonos en "efectivo" contabilizados de hasta 815 euros a un solo trabajador. Además, el denunciante entrega fotografías de varios sobres en los que supuestamente se abonaba el dinero e imágenes para acreditar transferencias realizadas por un trabajador que se enviaba a su propia cuenta las cantidades recibidas en mano. La denuncia no particulariza quiénes son los responsables concretas de estas presuntas irregularidades detectadas en 2015.

Valladolid narra un episodio que lo lleva a advertir un supuesto reparto de dinero negro en cantidades superiores a las que conoció directamente. Tuvo lugar en 2016 –según el denunciante–, cuando un grupo de trabajadores, que habían recibido un sobre con 100 euros por la asistencia a una asamblea, comprobaron que en varios sobres en realidad había 2.000 euros, que se les hizo devolver al advertir el "error". El episodio lleva a Valladolid a sospechar que se han producido repartos de dinero negro en cantidades mayores a las abonadas en sobres a la mayoría de los socios. Valladolid no particulariza quién podría haber recibido estas supuestas cantidades.

El denunciante afirma que los pagos en negro continúan en la actualidad, aunque señala que tanto él mismo como los cuatro socios que llama como testigos han dejado de percibir complementos en líquido como consecuencia de haber expresado sus discrepancias sobre la gestión. "Yo no estoy de acuerdo con cobrar así, quiero todo mi sueldo en mi nómina y declarado. Pero es mi sueldo, es parte de mi sueldo. Retirarnos ese complemento es un castigo por haber levantado la mano para alertar de las irregularidades", añade. Como mínimo, asegura, ese "castigo" se extiende en todos los casos a todo este 2023.

Las denuncias en el seno de la cooperativa acumulan ya más de cinco años, como acredita la documentación aportada. El denunciante expone en la misma cómo cuatro socios, entre ellos él mismo, se negaron a respaldar ya en la asamblea general ordinaria de julio de 2018 las cuentas del año anterior por existir "graves irregularidades contables". Como resultado de sus reclamaciones, la asamblea aprobó dos meses después la realización de una auditoría del ejercicio 2017, encargada a una empresa por 4.950 euros más IVA con "fecha máxima de entrega" en marzo de 2019, según el acta aportada. La denuncia asegura que la auditoría no se ha llegado a culminar.

El relato de hechos en la denuncia detalla varios intentos por parte del denunciante y otros socios de conocer el resultado de la auditoría. En octubre de 2021, en una asamblea en la que fue renovado el consejo rector –asumiendo los tres denunciados sus actuales cargos–, un socio pidió a la nueva dirección la entrega de la auditoría, según el acta aportada. En agosto de 2022 el denunciante y otros socios volvieron a solicitarla por escrito. Dos meses después recurrieron al requerimiento notarial. "Tras mucho insistir, la única información que se ha recibido de la cooperativa respecto de la auditoría es una copia de la comunicación recibida de la empresa [auditora], con fecha 16/12/2022, informando que la auditoría de 2017 no se realizó por 'opinión denegada' del auditor", recoge la denuncia. Dicha comunicación fue entregada a la asamblea en enero de este año, casi cuatro años y medio después de aprobarse la realización de la auditoría, siempre según la denuncia.

El trabajador que firma la denuncia señala que la "total falta de información" y la "carencia absoluta de interés" de los administradores por "acabar con la contabilidad fraudulenta" lo han llevado a buscar vías de obtención de información alternativas. Así logró, con la ayuda de otro trabajador y socio, tener acceso a un "memorándum" de la empresa auditora que nunca fue dado a conocer a los socios, asegura Valladolid. Dicho documento, de diez páginas, concluye que existe "ausencia de control y revisión contable", "ausencia de los elementos de control más básicos y elementales" y una lesión al "valor del negocio" al haberse "disminuido el patrimonio neto de la entidad". El documento recomienda la reformulación de las cuentas de 2017, año en el que se centran los trabajos. "Nada de esto se ha llevado a cabo por los denunciados, es más, ha sido ocultado deliberadamente a todos los socios", afirma la denuncia.

Valladolid incorpora a la denuncia lo que él mismo identifica como comunicaciones de los auditores a la empresa. En una de ellas un auditor reseña "anomalías" en las cuentas de 2017: "no existe inventario", "no existe arqueo de caja", "no se ha dispuesto de los libros de actas", "faltan las CCAA [cuentas anuales] y la memoria"... El auditor expresa "dudas" sobre "ventas que no hayan sido declaradas", "gastos de personal u otros que se hayan pagado en B", "disposiciones de socios en B", "servicios que se han prestado [...] que no han sido objeto de facturación" o "retribuciones" por asistencia a reuniones que "tampoco han sido declaradas". "Es imprescindible revisar la cuenta de caja al completo", dice el correo aportado por el denunciante, que critica que toda esta información fuera –afirma– ocultada a los socios. Según la denuncia, los sucesivos responsables de la empresa también encargaron trabajos de auditoría de años posteriores a 2017, sin que se hayan presentado tampoco los resultados.

La supuesta irregularidad en la gestión se extiende hasta la actualidad, según la denuncia, que alerta de un posible engaño a la administración. Valladolid recalca que "los pagos en B [...] deben proceder lógicamente de ingresos en B o no declarados". ¿Cuáles? La respuesta del denunciante es que el balance diario que se entrega al Parque Nacional supuestamente recoge una cantidad de visitantes menor que la real. De ese modo, añade, el "canon" por la prestación del servicio que la empresa debe pagar es también menor y así se dispone de dinero para los abonos en B.

La denuncia adjunta un documento de 122 páginas que compara información de dichos balances diarios –los llamados "estadillos"– con los cuadrantes de trabajo, detectando una diferencia de "uno o dos coches diarios". La denuncia se extiende a una supuesta irregularidad más: "Los gerentes [...] también están propiciando que [...] la cooperativa realice servicios que ni constan en los partes de trabajo ni en los estadillos remitidos al Parque, y que consisten en hacer traslados privados a Sanlúcar de Barrameda [Cádiz] desde Matalascañas [Huelva] sin permiso del Parque, y por supuesto sin facturar".

Ante afirmaciones como las anteriores, puestas en conocimiento de la cooperativa, no hubo respuesta a requerimiento de infoLibre.

"Hay un grupo de socios, entre los que estoy yo y cuatro más, que tenemos muy claro que las cuentas no se corresponden con la realidad. Es evidente. Si yo cobro 590 euros en negro, las cuentas no son reales. Yo no quiero ni un euro en negro, no sólo porque va en contra de mis derechos laborales, de mi jubilación, sino por mi convencimiento político", afirma Valladolid en conversación con este periódico. Y añade: "Irregularidades como la ocultación de visitantes en el estadillo diario están causando un perjuicio tanto a Hacienda y a la Seguridad Social como al propio Parque Natural, que está siendo víctima de un engaño". Valladolid insiste en una idea: su denuncia no debe interpretarse en ningún caso como "un ataque a la cooperativa", que suma un total de 23 trabajadores, 12 de ellos socios. "La cooperativa –afirma– ha hecho siempre un gran trabajo, muy importante para el parque, que no debe verse empañado por estas posibles malas prácticas. Sería muy injusto. No hay que hacer borrón y cuenta nueva con una cooperativa histórica en la zona, pero sí aclarar todo lo que ha ocurrido y por supuesto depurar responsabilidades".

La consejería también hace un balance favorable de la gestión realizada por la empresa. "Se ha mantenido una valoración positiva de la actividad de la cooperativa, que fue pionera en una actividad de guías de naturaleza y que es una pieza importante en el conjunto de actividades que pivotan sobre las instalaciones de uso público de Doñana", señala el portavoz, que afirma que, mientras no se tenga conocimiento formal de la denuncia, "no cabe ninguna acción" o "petición de aclaración".

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, la filtración que desnudó la cara sucia del fútbol europeo, ha sido condenado este lunes en Portugal a cuatro años de prisión, con suspensión de la pena, por lo que no irá a la cárcel. La jueza Margarida Alves lo ha encontrado culpable de un delito de extorsión en grado de tentativa, tres delitos de violación de correspondencia agravada y cinco delitos de acceso ilegítimo. El resto de los cargos que le imputaba el Ministerio Fiscal han quedado retirados en virtud de la amnistía concedida gracias a la Jornada Mundial de la Juventud, y también por falta de pruebas.

Además de la condena suspendida, Rui Pinto tendrá que pagar una indemnización al fondo Doyen de 3.000 euros y a los abogados que del despacho PLMJ. João Medeiros 15.000 euros más, mientras que otros dos abogados tendrán derecho a 2.039 euros cada uno. También ha sido condenado el abogado Aníbal Pinto, en su caso a dos años de prisión igualmente con suspensión de pena. Y tendrá que compensar a Doyen con 2.500 euros.

En su sentencia, la jueza destaca que Rui Pinto tenía a su favor la edad cuando cometió los hechos, su falta de antecedentes penales, el arrepentimiento que expresó durante el juicio y el hecho de que pusiera a disposición de un consorcio de periodistas, la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto Expresso como infoLibre, los documentos que dieron lugar a investigaciones de interés público.

Fueron más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. Tras analizarlos la revista alemana junto con sus socios de EIC, esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

En la lectura de la sentencia del caso Football Leaks, la jueza explicó que “no era creíble” la alegación de Rui Pinto de que los correos electrónicos enviados al consejero delegado de Doyen, Nélio Lucas, proponiendo el pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones, eran sólo una provocación, ya que no esperaba que el gerente de Doyen contestara en absoluto. “El acusado sabía claramente que Nélio Lucas iba a responderle”, zanjó Margarida Alves.

La jueza subraya también que Rui Pinto actuó solo y que, en octubre de 2015, era el único poseedor de la información extraída de Doyen y de otras entidades. “No sólo era el cerebro del proyecto Football Leaks, sino que además era la única persona que tenía acceso a la información y a los archivos en ese momento”, señala. El hacker portugués siempre adujo que la extracción de los documentos había sido fruto de un trabajo colectivo, ejecutado por un grupo de personas del que él sólo era uno más. Pero Margarida Alves concluye que el argumento de Rui Pinto de que había otras personas en posesión de los archivos tampoco es creíble y que, si hubiera actuado solo, no habría podido decidir y controlar las conversaciones con Nélio Lucas.

“Nadie pide dinero a cambio de información si no la posee en exclusiva”, apunta la jueza. “Era únicamente el acusado Rui Pinto quien la tenía y gestionaba”, remató.

En cuanto al abogado Aníbal Pinto, la jueza señala que estaba “meridianamente claro” que acudió a la reunión de octubre de 2015 con Nélio Lucas –entonces bajo vigilancia de la policía judicial– “consciente del plan de Rui Pinto” de pedir dinero al fondo Doyen para dejar de publicar Football Leaks. “Ha quedado probado que los dos acusados se propusieron extorsionar al asistente de Doyen”, concluyó Margarida Alves.

La sentencia también responsabiliza a Rui Pinto de las publicaciones en el blog Mercado de Benfica. “Fue con la detención del acusado cuando cesaron todas las publicaciones en Football Leaks y Mercado del Benfica. ¿Es creíble que si el acusado hubiera actuado en grupo las publicaciones no habrían continuado?”, se preguntó la jueza.

A su juicio, “todo el plan [para extorsionar a Doyen] se llevó a cabo”, sólo que “no tuvo el resultado deseado por razones ajenas a su voluntad”; es decir, porque Doyen no pagó la cantidad propuesta por Rui Pinto y negociada por Aníbal Pinto. “Los acusados eran perfectamente conscientes de la ilegalidad de su comportamiento”, señala también Margarida Alves.

La sentencia condena también a Rui Pinto por cinco delitos de acceso ilegítimo, pero le absuelve de un sexto delito de este tipo, porque no se probó que hubiera accedido a la plataforma Score, de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La jueza tampoco duda en calificar de “inconcebible” prever una “disminución de la culpabilidad” asociada al “supuesto interés público” de las publicaciones de Football Leaks. “El derecho al secreto [de las comunicaciones] prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. Si no está bien para el Estado, mucho menos lo está para cualquier ciudadano”, dijo, señalando que el hacker también actuó por interés personal, chantajeando a Doyen. “En un Estado de Derecho, nadie puede estar por encima de la ley y le debe obediencia. No todo vale y nunca puede valer todo. La verdad no es un valor absoluto y no tiene por qué ser investigada a cualquier precio”, fue el argumento, seguramente polémico, expuesto por Margarida Alves.

Sobre los 68 delitos de acceso indebido a decenas de buzones de correo electrónico, la jueza señaló que este acceso se produjo en los sistemas de cinco entidades, entre ellas el fondo Doyen, el club Sporting de Lisboa y el despacho de abogados PLMJ. Y dictamina que debe ser absuelto de estos delitos en su versión agravada, beneficiándose de la amnistía por la visita del papa en la Jornada Mundial de la Juventud. La misma amnistía se aplica al delito de hurto simple de correspondencia. Sin embargo, se dictará una sentencia condenatoria por la violación de la correspondencia de los abogados de PLMJ, cuyos correos electrónicos fueron publicados en el blog Mercado del Benfica.

“Aunque Rui Pinto ha sido condenado, es un alivio que no se accediera a la petición de la fiscalía de sentenciarle a varios años de prisión”, ha declarado el abogado del informante portugués, William Bourdon, a EIC. El letrado aún no ha decidido si recurrirá la sentencia. “Lamentamos que el tribunal no haya atenuado su responsabilidad penal teniendo en cuenta el gran interés público de sus revelaciones”, ha explicado, “sin embargo, ha reconocido en su sentencia la contribución de Rui Pinto a la defensa del interés público, y es probable que esto influyera en el hecho de que no haya impuesto una pena privativa de libertad, al igual que el hecho de que Rui Pinto reconociera sus errores y aceptara sus responsabilidades”.

En un comunicado, Bourdon y los otros dos abogados que han defendido a Rui Pinto –Francisco Teixeira da Mota y Luisa Texeira da Mota– han elogiado la “independencia” del tribunal y que haya tenido en cuenta todas las explicaciones dadas por el portugués durante el juicio, además de los testimonios “muy convincentes”, recalcan, “de testigos eminentes”, confirmando el hecho de que es “uno de los mayores denunciantes [de corrupción] de los últimos años en Europa”.

Los abogados recuerdan, además, que Pinto “sigue siendo un testigo protegido”, debido a las amenazas que sufre, y “objeto de un insoportable acoso judicial ilustrado por las permanentes iniciativas legales emprendidas por los mayores clubes de fútbol de Portugal. Según destacan, ese acoso constituye “una prueba evidente de que existe en Portugal una comunidad de intereses que desea criminalizarlo ad vitam aeternam”.

Por ese motivo, no descartan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poner fin a esa “persecución judicial, que lesiona gravemente los principios fundamentales de un juicio justo”.

Yurii Nikolov cruzó la puerta del supermercado al filo del mediodía y se dirigió con paso seguro a la sección de frutas y verduras. En la mano llevaba una hoja de papel que los demás clientes probablemente tomaron por una lista de la compra. Se detuvo frente al contenedor de patatas. Allí miró su hoja de papel y la consultó un momento antes de exclamar: "¡Cuánta mierda!". 

Era el 6 de enero y la hoja de papel que Yurii Nikolov tenía en la mano no era una lista de la compra, sino la copia de un contrato con el Ministerio de Defensa ucraniano, un documento que se suponía secreto pero que una fuente de confianza le había enviado unas horas antes. 

Una vez en casa tras la visita a su supermercado local en Kiev, el reportero escribió un artículo que conmocionó a las más altas esferas del Estado ucraniano. 

Dos meses y medio después, nos recibe con un capuchino. Este hombre de 50 años no siempre ha sido periodista. En su primera vida, este ingeniero de formación trabajó en una fábrica como reparador mecánico. Entró en la prensa por casualidad a finales de los años 90, animado por un amigo que quería rejuvenecer la plantilla de un periódico de Soumy, en el noreste del país. 

Para su primer artículo, le enviaron a cubrir una reunión organizada por la administración regional. Volvió con un artículo que no decía nada sobre la reunión, pero detallaba el origen y el precio de todos los zapatos que llevaban los funcionarios que asistieron. "Eran demasiado caros para el sueldo que se les suponía", recuerda Nikolov. 

El joven investigador decidió hacer un seguimiento de la corrupción y su rastro. En 2005 se trasladó a Kiev y en 2010 cofundó Nashi Groshi ("Nuestro dinero" en ucraniano), una organización que pretende arrojar luz sobre los casos de malversación de fondos públicos analizando con lupa los contratos públicos adjudicados por el Estado ucraniano. 

Cuando las fuerzas armadas rusas invadieron Ucrania en febrero de 2022, Nikolov y sus colegas ni se lo pensaron: decidieron dejar de lado sus artículos sobre corrupción. "Ya no tenía sentido. Teníamos que trabajar sobre la guerra", dice. 

Los equipos de Nashi Groshi empiezan a publicar mapas de los lugares donde la gente puede refugiarse de los bombardeos, se infiltran en chats privados de militares rusos y tratan de evaluar el impacto de las sanciones económicas contra Moscú. 

"Cuando empezó la invasión, se acabó la corrupción", dice Nikolov, tomando un sorbo de capuchino. 

Señala como prueba la investigación que ha realizado sobre el precio de la harina vendida a las fuerzas armadas ucranianas. Cuando en 2021, antes de la gran ofensiva rusa, este alimento básico era comprado por el Estado a un precio anormalmente alto ("un 70% más"), señal, según él, de un probable mecanismo de enriquecimiento ilícito, la situación volvió a la normalidad "al día siguiente de la invasión". La administración empezó entonces a comprarlo "a precio de mercado", afirma.

Pero a medida que pasan los meses y el ejército ucraniano muestra una resistencia inesperada a la embestida rusa, empieza a volver a los oídos de los periodistas y activistas ucranianos especializados en escándalos financieros el soniquete de la malversación de fondos públicos. 

El dudoso uso del dinero público se simplificó con una medida adoptada al comienzo de la guerra: se retiraron las licitaciones estatales ucranianas, que antes eran públicas y se publicaban en una plataforma específica (Prozorro). 

En otoño de 2022, Nikolov y otros periodistas señalaron a un gobernador que había adjudicado un lucrativo contrato de construcción de carreteras a una empresa registrada a nombre de su pareja, preparadora física de profesión. Otros medios de comunicación están investigando el estilo de vida de varios diputados, entre ellos los del partido del Presidente Zelensky, Servidor del Pueblo.

Un año después del comienzo de la invasión rusa, el país ya tiene asumido que la guerra no ha puesto fin a la corrupción, la malversación de fondos y los conflictos de intereses. Pero el diagnóstico va acompañado de una segunda constatación, más grata: la guerra no ha acabado con los esfuerzos de quienes documentan y denuncian estas prácticas. 

Pero, ¿qué hacer cuando estas revelaciones afectan a la parte más sensible del Estado ucraniano en tiempos de guerra, su ejército? ¿Deben publicarse, aunque pueda desestabilizar a la institución para regocijo del ejecutivo ruso, que identifica y amplifica cualquier información susceptible de desacreditar al adversario? ¿O contenerse, permitiendo que prosperen prácticas que acaban minando los recursos humanos y financieros de ese mismo ejército? 

Yurii Nikolov no pudo evitar hacerse esas preguntas. Incluso se las encontró de frente cuando recibió un documento supuestamente confidencial en enero de 2023: la copia de un contrato en el que se detallan los precios a los que el Ministerio de Defensa ucraniano compra los alimentos suministrados a los soldados desplegados en varias regiones (Poltava, Soumy, Kiev, Jytomyr, Chernihiv y Cherkassy). Un gran contrato: 320 millones de euros. 

Chucrut, cebollas, calabacines en tarros, copos de maíz... el documento enumera decenas de tipos de productos. Los precios parecen altos, pero el periodista tiene que poder demostrarlo. Recorre los supermercados y compara los precios con los del Ministerio. El Ministerio paga dos o tres veces más por sus alimentos que en las tiendas. Los huevos para los soldados se compran a 17 jrivnias (0,42 euros) la unidad, frente a las 7 jrivnias (0,17 euros) de los supermercados; las patatas a 22 jrivnias (0,54 euros) el kilo, frente a las 8-9 jrivnias (0,20 euros) de los supermercados, y así sucesivamente. 

La empresa con la que el ministerio firmó este dudoso contrato fue investigada en 2019 bajo sospecha de falsificación de documentos elaborados en el marco de una licitación, según descubrió también Yurii Nikolov. Tras varias comprobaciones cruzadas, sobre todo a través de antiguos contratos del mismo tipo, el periodista llega a una dolorosa conclusión: algunos funcionarios del ministerio se aprovechan de la guerra para "desviar dinero destinado a la alimentación de los soldados". 

¿Qué hacer con esta información? "Sabía que si publicaba el contrato tal cual, sería inmediatamente utilizado por la propaganda rusa... y malinterpretado en Occidente", recuerda. En su lugar, optó por escribir una correo oficial al Ministerio de Defensa para obtener explicaciones y advertir a los equipos del Presidente Zelensky, con la esperanza de que pusieran fin a estas prácticas. 

Su correo no tuvo respuesta, al menos al principio, afirma. Otro factor que complica la situación es que al mismo tiempo, el 20 de enero, está prevista una reunión de los aliados de Ucrania para decidir sobre el futuro de la ayuda militar a Kiev, en particular el posible envío de tanques. "Esperamos a que terminara la reunión", ha explicado hoy Yurii Nikolov, "para no poner en peligro" un posible nuevo envío de ayuda. La cumbre terminaría sin una decisión sobre los tanques. 

Al día siguiente, 21 de enero, el periodista toma la difícil decisión de publicar su artículo (aquí en inglés). Empieza con la siguiente frase: "Pido disculpas de antemano a los lectores por el dolor causado". 

El texto causó revuelo. El Ministerio de Defensa aludió inicialmente a una "manipulación deliberada" y una "difusión de información falsa que perjudica los intereses de la defensa". Pero el Presidente Volodymyr Zelensky decidió finalmente ocuparse del asunto. En un vídeo difundido al día siguiente de la publicación del artículo, alabó el trabajo de los "periodistas que examinan todos los hechos y dan una imagen completa de la situación" y anunció futuras medidas.

La investigación de Yurii Nikolov acabó con la destitución de seis viceministros y cinco jefes de administraciones militares regionales. Desde entonces, el precio de los huevos comprados por el Ministerio de Defensa ha bajado de 17 a 9 jrivnias la unidad, y el Presidente Zelensky ha firmado una ley sobre transparencia en la contratación pública que obliga al Ministerio de Defensa a publicar los precios unitarios de sus compras en la plataforma Prozorro - con la excepción de las compras de armas. 

El periodista es sólo una cara de un movimiento mucho más amplio. Decenas de reporteros y activistas han publicado en los últimos meses, a pesar de la guerra, investigaciones sobre la posible corrupción en el sector de la defensa. Entre ellas, el caso de 30.000 chalecos antibalas encargados en Turquía pero nunca entregados, o varias investigaciones sobre cómo algunos dignatarios locales pagan por documentos que les permiten eludir la movilización. 

Un diputado ucraniano y ex miembro del partido presidencial, Geo Leros, se ha especializado en denunciar en las redes sociales casos de presunta corrupción. En un vídeo reciente, acusa a las autoridades ucranianas de comprar munición a precios excesivos. Nos reunimos con él en Kiev. Nos propone una reunión en la discreta trastienda de un elegante café. Aunque se le ve tenso, se desenvuelve bien: “La guerra es algo terrible, pero podría haber sido una oportunidad para llevar a cabo grandes reformas, acabar con los monopolios y luchar contra los oligarcas. No se ha hecho", afirma.

Desde los locales del Centro Ucraniano para la Prevención de la Corrupción, donde a veces trabaja, Yurii Nikolov añade: "Estoy convencido de que durante todos estos años Rusia nos ha controlado con dos cosas: la corrupción y el gas. Con eso nos debilitaban. Ucrania debe salir de esta guerra libre de corrupción. Tenemos que dejar de ser una mini-Rusia. Si no, ¿de qué habrá servido?

Traducción de Miguel López

Lunes, 23 de abril de 2018. El entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, toma la palabra en rueda de prensa para hacer una firme defensa de quienes se lo juegan todo destapando prácticas corruptas. "Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse", asevera el holandés. La afirmación vale para los papeles de Panamá, LuxLeaks o Cambridge Analytica. Y se hace en plena presentación de la propuesta del Ejecutivo comunitario para dar cobertura normativa a los alertadores. Una directiva que recibió luz verde a finales de 2019 y que daba dos años a los Estados miembro para proteger a estos whistleblowers en sus ordenamientos jurídicos. España aún no lo ha hecho. Y el tiempo ha terminado.

La protección de futuros Hervé Falciani, Rui Pinto o Ana Garrido, que proporcionaron información fundamental sobre evasión fiscal, corrupción en el fútbol o lo que acabaría siendo la Gürtel, se marcó como una de las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez para la primera parte de este curso político. Así, el Ejecutivo de coalición incluyó en su Plan Normativo de 2021 la transposición de esta directiva europea.

Lo hizo, en parte, por la existencia de unos plazos con los que tenía que cumplir. "Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021", recogía la norma.

El tiempo se ha agotado este viernes sin que España haya cumplido con la obligación impuesta desde Bruselas. Y eso puede tener consecuencias. Cuando un Estado no transpone una directiva, el Ejecutivo comunitario tiene carta blanca para abrir un procedimiento de infracción y llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No sería la primera vez. El pasado mes de febrero, el TJUE condenaba a España a pagar 15 millones por no transponer a tiempo la normativa de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales. Y unos meses antes, la Comisión Europea le abría un expediente sancionador por su retraso con la nueva directiva sobre servicios audiovisuales.

En el Ministerio de Justicia no parecen demasiado preocupados por ello. "Antes de que se abra un posible procedimiento sancionador habremos iniciado la tramitación, trasladando así un claro mensaje a Europa de nuestra voluntad inequívoca de cumplir con el mandato de la transposición", sostienen fuentes del departamento que encabeza Pilar Llop, que aseguran que están "en contacto" con la Comisión Europea y que el Ejecutivo comunitario "tiene conocimiento de los avances en la elaboración del texto".

Ahora mismo, explican desde Justicia, la Ley está a la espera de que se cierren "algunos flecos pendientes". "En enero lo elevaremos al Consejo de Ministros", sentencian.

El Ejecutivo central lleva algo más de un año trabajando en esta materia. El primer paso se dio una vez superada la primera ola de la pandemia. En junio, el Ministerio de Justicia conformó un grupo de trabajo dentro de la Comisión General de Codificación, un órgano colegiado de asesoramiento en la preparación de los textos prelegislativos, para que se pusiera a trabajar en la transposición de la directiva. Coordinado por un catedrático de Derecho Administrativo y un abogado del Estado, e integrado por otros juristas y altos responsables de grandes empresas –Iberdrola y Abanca, en concreto–, al grupo se le dio medio año para elaborar una propuesta de proyecto de transposición.

Con esta primera fase superada, Justicia abrió una consulta pública para que también la sociedad civil pudiese participar. Durante veinte días se recibieron decenas de documentos de particulares y organizaciones. Escritos en los que se pronunciaban sobre los diferentes aspectos de la norma que desde el Gobierno se sometieron a opinión gracias al margen de maniobra que la directiva ofrece a los Estados para la transposición.

Así, por ejemplo, se preguntaba si era conveniente extender la protección prevista en la norma comunitaria, si debían admitirse las alertas anónimas, cómo tienen que gestionarse los canales de denuncia interna o si es necesario crear una autoridad administrativa independiente que se haga cargo de la recepción de las denuncias –una suerte de Agencia Antifraude estatal–.

Mientras el Ejecutivo central trabaja en su propia propuesta, algunos grupos parlamentarios, de izquierda a derecha, han decidido llevar este asunto por su cuenta al Congreso. Lo hizo Vox, pero su iniciativa no logró superar la toma en consideración. Y lo hicieron Ciudadanos y una quincena de diputados de ERC, Compromís, BNG y Más País. Por el momento, están a la espera de ser elevados al Pleno para decidir si se da luz verde a su tramitación.

Ambos textos contemplan la creación de una autoridad independiente y cubren tanto a los alertadores del sector público como privado. Pero también presentan diferencias importantes. Así, por ejemplo, mientras que el de Ciudadanos solo se centra en los whistleblowers, el de la izquierda introduce también la figura del facilitador –aquellos que ayudan a revelar la información–.

Del mismo modo, algunas comunidades han decidido dar pasos por su cuenta. El pasado mes de junio, el Parlamento de Andalucía daba el visto bueno a la Ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la Persona Denunciante.

El texto recoge en buena medida la esencia de la directiva comunitaria. A partir de ahora, los alertadores en la región tienen derecho a no sufrir represalias por revelar corruptelas, a solicitar "la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias formuladas" o a no sufrir un empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral, derechos que se aplicarán también "a terceras personas" que estén relacionadas con el alertador.

La norma andaluza, incluso, va un paso más allá en relación con la directiva europea. Así, por ejemplo, contempla la posibilidad de que se puedan formular denuncias de forma anónima ante la nueva Oficina Antifraude andaluza. En el caso del texto de Bruselas, no se recoge expresamente la prohibición de alertar anónimamente. Pero tampoco su validez, a pesar de que algunas de las directivas aprobadas en los últimos años sí contemplan expresamente esa posibilidad.

No solo España parece haberse enredado con la adaptación de su ordenamiento jurídico al texto comunitario. Por el momento, solo dos de los Veintisiete Estados miembro –Austria y Francia– han notificado a Bruselas la aprobación de algunas medidas nacionales relacionadas con la transposición, según la información que este miércoles facilitaba la Unión Europea.

Eso no quiere decir, no obstante, que los países se hayan olvidado de esta cuestión. Según el EU Whistleblowing Monitor, que elaboran diferentes colectivos con presencia por todo el Viejo Continente, 24 Estados se encuentran actualmente en proceso de transposición. Solo en tres casos figura, en gris, un "no iniciado": Luxemburgo, Chipre y Hungría.

En suelo galo, la transposición está casi lista. Hace justo un mes, la Asamblea Nacional daba luz verde de forma unánime al proyecto normativo para la protección de los alertadores, la conocida como Ley Waserman –por el apellido del parlamentario francés que actuó como ponente–, un texto que da vía libre a los denunciantes para que divulguen públicamente la información sin estar obligados a pasar previamente por sus superiores jerárquicos primero y luego por las autoridades –las etapas que hasta ahora se prevén en la conocida como Ley Sapin II– y que obliga a las empresas que tomen represalias contra estos alertadores a financiar su defensa.

Ahora, la iniciativa legislativa se encuentra en el Senado. Y bajo el asedio de diferentes grupos de presión. Así, por ejemplo, la Asociación Bretona de Empresas Agroalimentarias no ha tenido ningún problema en enviar correos electrónicos, desvelados por Mediapart, socio editorial de infoLibre, a varios senadores invitándoles a torpedear el texto y facilitándoles, incluso, propuestas de enmiendas para conseguirlo: "Debe modificarse para evitar su apropiación indebida por parte de activistas animales que, bajo la apariencia del bienestar animal, a menudo buscan el fin de cualquier explotación del animal y el fin del consumo de carne".

No habrá, por el momento, una norma antifraude en la comunidad autónoma de la Púnica, Gürtel o Lezo. Derecha y ultraderecha han impedido este martes con sus votos –un no de los primeros y una abstención de los segundos– que se pueda tramitar en la Asamblea de Madrid una ley para la creación de una agencia contra el fraude en la región y la protección de los denominados whistleblowers, aquellos alertadores que ponen en conocimiento de las autoridades prácticas corruptas con las que se topan en su día a día. Una cobertura que, precisamente, desde las instituciones europeas llevan exigiendo a los Estados miembro desde hace un par de años y en la que ya han avanzado algunas comunidades autónomas como Andalucía.

La proposición de Ley, registrada por Más Madrid, trataba de avanzar en la línea marcada desde Bruselas en materia de lucha contra unas prácticas que, según estima el propio Ejecutivo comunitario, cuestan a la economía europea 120.000 millones de euros. "Se pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la corrupción", se recoge en el texto. La oposición ha sostenido la iniciativa sobre la directiva europea a la que se dio luz verde hace algo más de dos años, un texto que nació al calor de revelaciones tan relevantes como LuxLeaks, los Papeles de Panamá o Football Leaks.

"Esta ley trata de igualdad, de democracia, de creerse las instituciones", se arrancó al comienzo de la tarde el diputado de Más Madrid Alberto Oliver, quien ha sido el encargado de defender la iniciativa desde la tribuna de oradores. Una intervención que, desde la grada del Parlamento regional, escuchaba con atención Ana Garrido, quien fuera directora de Juventud en el Ayuntamiento de Boadilla y una de las denunciantes de lo que luego terminaría denominándose caso Gürtel. Una de esas "personas honestas y honradas", en palabras de Oliver, que han visto cómo toda la "vida" que habían "construido" se terminó viniendo abajo cuando decidieron alertar de la existencia de prácticas corruptas.

La norma puesta sobre la mesa por la oposición tenía dos objetivos claros. El primero, la creación en la comunidad autónoma de una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, un ente al que se atribuye, entre otras funciones, la "prevención e investigación de posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho". No es una ocurrencia. Organismos similares ya existen en Andalucía, Comunitat Valenciana, Cataluña o Baleares, así como en el Ayuntamiento de Madrid o Barcelona.

La directiva europea de octubre de 2019 recoge, justamente, la obligación de los Estados de establecer canales de denuncia externa "independientes y autónomos". De ahí, el planteamiento de la oposición de crear en la región una entidad con funciones de "inspección e investigación". "El personal de la agencia que tenga atribuidas funciones inspectoras y de investigación tendrá la condición de agente de la autoridad y los documentos que formalicen en los que se recojan los hechos constatados en el ejercicio de sus funciones servirán de prueba, salvo que se acredite lo contrario", apunta el texto.

Un compendio de artículos que regulan su funcionamiento contra los que se cargó con dureza desde la bancada conservadora. "Es la ley más inconsistente, chapucera, ilegal e, incluso, inconstitucional", dijo el diputado del PP Ignacio Catalá. El parlamentario hizo una intervención muy técnica. "Ustedes crean un procedimiento de alerta, que puede ser verbal, anónimo y sobre cuestiones delictivas. Esto ya es propio del Sebin –organismo de inteligencia de Venezuela–", sostuvo Catalá. La denuncia verbal también se contempla en la directiva europea. Y el anonimato en la recién aprobada Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía.

La norma aprobada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla ha servido en parte de guía a Más Madrid para el diseño de su propuesta. Es más, no tiene problema en calificarla en su exposición de motivos como el texto "más avanzado" hasta el momento, un "salto de calidad" en la "integración" de los denunciantes de corrupción. Porque más allá de la Oficina Antifraude, el texto andaluz dedica un título entero a los alertadores –desde sus derechos hasta las medidas a adoptar para cubrirlos ante represalias–. Y ese es, justamente, el segundo pilar sobre el que se sostenía la norma registrada en la Asamblea autonómica por la formación que lidera Mónica García.

En este sentido, la proposición de Ley puesta sobre la mesa por la oposición contempla el derecho de los whistleblowers a recibir "asesoramiento legal", "asistencia psicológica gratuita", a que no pueda adoptarse durante la investigación "ningún tipo de medida o represalia" que le "perjudique" en su "situación laboral o personal", a que se acuerde su traslado a "otro puesto de similares características al que venía ocupando" y a no incurrir "en responsabilidad" respecto al acceso a la "información" denunciada siempre que dicho acceso no constituyera en sí un delito. Planteamientos que están recogidos en la directiva europea de hace un par de años.

La izquierda trató de persuadir al bloque de la derecha para evitar que el texto quedara guardado directamente en un cajón. "La corrupción nace como un problema individual. No cabe hacer generalizaciones, salvo que la Asamblea se niegue a adoptar medidas para evitar que vuelvan a producirse estos casos", sostuvo el diputado de Más Madrid Jacinto Morano. Si hay cosas que no convencen, vinieron a decir desde los tres partidos del bloque progresista, dejen que el texto se tramite y presenten enmiendas. "Trabajar juntos y dotarnos de una buena herramienta para combatir la corrupción. Quedan señalados quienes lo siguen permitiendo", señaló el diputado socialista Diego Cruz.

Pero no hubo manera. El rodillo de la derecha impidió que el texto pudiera iniciar su camino parlamentario. "No nos opondremos a su tramitación", dijo la parlamentaria ultra Ana Cuartero, quien señaló que desde su grupo no se iba a entorpecer una norma autonómica para proteger a los denunciantes de corrupción mientras se tramita una ley a nivel estatal sobre esta misma cuestión. Pero a la hora de votar, nada de decir sí, lo que hubiese permitido que la iniciativa fuese tomada en consideración. La extrema derecha, una vez más, prefirió ponerse de perfil. Vox se abstuvo. Y lo dejó todo en manos del PP: "Veamos hasta dónde llega su compromiso con la corrupción".

Y los conservadores se encargaron de rematar la jugada. "La normativa comunitaria persigue una armonización de estos procedimientos en todos los países, no la creación de 17 chiringuitos en las comunidades autónomas", se despachó Catalá. Horas más tarde, todo su grupo pulsaba el botón de no. Y la protección en la región de los denunciantes de corrupción quedaba guardada en un cajón. Una postura que contrasta con la que se vivió en esa misma Cámara hace justo un año, cuando por unanimidad todos los grupos dieron el visto bueno a la tramitación de un texto también centrado en los alertadores. Entonces, la iniciativa partía de Ciudadanos, su socio de Gobierno. Ahora, de la oposición. Y, ahí, la cosa cambia.

“Coherencia interna de la contabilidad rendida: NO”. Insertada en el informe que sobre las elecciones autonómicas de mayo aprobó el jueves la Cámara de Cuentas de Madrid [puedes consultarlo pinchando aquí], esa escueta nota consagra y resume lo que el organismo fiscalizador ha detectado en Vox, uno de los seis partidos que cuando se celebraron los comicios tenían diputados en esa comunidad. Las cuentas electorales de la formación ultraderechista que a escala regional comanda Rocío Monasterio no cuadran.

Aunque menores en lo que respecta a las cuantías, el examen ha localizado “inconsistencias internas” que abren interrogantes. Porque, según fuentes conocedoras de la materia, la clave reside en la propia discordancia y no en la diferencia de importes que señalan distintos documentos de su contabilidad aportados por Vox en aplicación de la ley. En las anteriores autonómicas, las de 2019, la Cámara no halló ninguna anomalía. En estas, el único gasto legalmente prohibido al que se refiere el informe es uno de Vox, también de cuantía muy reducida: 325 euros por la emisión de cuñas de radio previa al inicio oficial de la campaña.

El apartado del informe donde se analizan las "inconsistencias internas" de Vox desgrana los casos a que se refieren. Un ejemplo: “La cuenta de acreedores varios en Balance presenta un saldo de 672,72 euros, y en el Libro Mayor presenta un saldo de 29.372,40 euros”. Es decir, la cifra de lo adeudado por Vox a distintos acreedores por sus actividades en la campaña autonómica de Madrid se balancea en 28.699,68 euros, según el papel que se consulte.

Otro ejemplo:  la llamada cuenta de cuentas corrientes no bancarias del balance “presenta un saldo de 1.813.000 euros”, mientras que el desglose de Aportaciones del partido “muestra un total de 1.824.306 euros”. Y esa diferencia se desglosa a su vez en dos partidas que la Cámara de Cuentas detalla así: “En el extracto bancario no se registra un importe de 1.000 €, correspondiente a 2 ingresos de 500€ en concepto de “Recarga Pidal Reg. 5414-9614”, que sí se incluyen en la cuenta 580 de Tesorería, así como en la cuenta 554 de Cuentas corrientes no bancarias y en el Balance”. A renglón seguido, el informe añade lo siguiente: “Aunque en alegaciones se afirma que el origen de estos movimientos en contabilidad que no tienen reflejo en el extracto bancario se encuentra en la recarga de una tarjeta virtual, realizada erróneamente por el Banco desde una cuenta corriente no electoral, lo cierto es que no se ha acreditado documentalmente la recarga en la cuenta no electoral de titularidad del Partido, lo que hubiera fundamentado su consideración como aportación del mismo”.

Otro importe, de 12.306 €, registrado en el extracto bancario sin que conste su procedencia, ausente en la cifra de Balance y en la cuenta contable 554, de Cuenta corriente electoral, sí está presente en la cuenta 580 de Tesorería, como “devolución pago anticipo”, y declarado como aportación del partido en un desglose de aportaciones facilitado al margen de la propia contabilidad” .

El informe detalla que los "gastos electorales ordinarios justificados" ascienden a 1.339.171,65 euros. "Se financiarán con la correspondiente subvención de la Comunidad de Madrid, por importe de 596.492,37 €, con las donaciones privadas por importe de 20.000 €, y el resto, 722.679,20 € con las aportaciones del Partido". Los gastos por envío de propaganda electoral –474.184,49 euros–, se financian "en su totalidad con la subvención" específica para esa tarea.

Este martes, infoLibre pidió a los portavoces de Vox Madrid su versión sobre lo sucedido y sobre el porqué de las "inconsistencias internas". No hubo respuesta.

El dictamen de la Cámara de Cuentas madrileña no exige explicaciones adicionales por parte de Vox. Pero el partido de Santiago Abascal tal vez deba ofrecer nuevos datos si prospera en el Congreso una iniciativa registrada por el PSOE el 8 de septiembre aunque salió a la luz la semana pasada: la que propone que se encomiende al Tribunal de Cuentas “una fiscalización de la contabilidad” de Vox en 2018 y 2019, “con especial atención a los hechos recogidos en la petición remitida al tribunal en julio de 2020 por la Fiscalía de Valencia”.

La petición mencionada por los socialistas fue la que el ministerio público cursó al órgano fiscalizador estatal tras dar carpetazo a la denuncia con que una exmilitante valenciana de Vox había alertado de la supuesta existencia de una caja B en su comunidad. Tanto la interposición de la denuncia como el carpetazo a la investigación por la Fiscalía provincial de Valencia se produjeron en el lapso de 13 días. Lo que hizo el ministerio público, que no vio indicios de delito, fue derivar el asunto al Tribunal de Cuentas: por si lo que se desprendía del relato de la denunciante podía implicar que Vox hubiese infringido la Ley de Financiación de Partidos.

Pero, como publicó este medio el pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas guardó el escrito de la Fiscalía en un cajón. El órgano fiscalizador, adujeron sus portavoces a preguntas de este periódico, solo investiga lo que "de oficio" considera prioritario o lo que solicitan las Cortes o Parlamentos autonómicos. Y "así se ha procedido –se leía en la respuesta oficial– en relación con el escrito enviado al Tribunal de Cuentas por parte de la Fiscalía de Valencia". Este lunes, y tras el pacto político del Gobierno con el PP para desbloquear órganos constitucionales, la progresista Enriqueta Chicano -propuesta por el PSOE- relevó en la presidencia del  Tribunal de Cuentas a la conservadora María José de la Fuente. Aupada por el PP, De la Fuente entró como vocal del TCU en 2012. Y en 2018 fue elegida presidenta.

Si la denuncia de Valencia se estrelló contra la Fiscalía levantina, lo mismo pero en sentido inverso sucedió luego con la presentada por un pequeño partido que observa a Vox con lupa: Alianza Cívica. El 13 de mayo, Alianza presentó una amplia denuncia contra Vox también por la supuesta infracción de la normativa legal sobre financiación política. El 3 de junio se supo que Cuentas había rebotado la denuncia a la Fiscalía madrileña. Y el 18 de octubre trascendió que el ministerio público había vuelto a dar carpetazo. Lo que adujo ahora la Fiscalía fue muy parecido al argumento que esgrimió en Valencia: que la pretensión de imputar a Vox hechos aparecidos “en su mayoría” en informaciones periodísticas resultaba "excesivamente vaga, abstracta, amplia, indiscriminada, y carente de precisión mínima e individualización necesaria respecto a la conducta presuntamente realizada".

Este martes, fuentes de Alianza Cívica aseguraron lo que cabría condensar así: que no han tirado la toalla frente a Abascal y su equipo. “VOX y sus irregularidades fiscales tendrán la preceptiva querella en el momento oportuno”, anuncian sus portavoces. Con un discurso que interpreta la iniciativa parlamentaria del PSOE como una decisión que bebe de la denuncia de mayo, los portavoces de Alianza Cívica no se detienen ahí: “En nuestro ánimo por sacar toda la putrefacción de la clase política que ensucia nuestras instituciones vamos a dar traslado a todos los grupos parlamentarios que lo deseen del dossier completo de pruebas y testificales recabadas aportados en nuestra denuncia y algunas más que están siendo objeto de estudio”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha informado favorablemente a la concesión de un indulto parcial al denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas, que fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a 5 años y 3 meses de prisión, 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta, 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multas, informa Europa Press. 

En su informe, remitido al Ministerio de Justicia, apoya que se conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta a las que José Luis Peñas fue condenado (una de 3 años y otra de 2 años y 1 mes) por dos penas de inhabilitación especial, de idéntica duración que las conmutadas, para cargos públicos de libre designación o elección.

La Sala ha tenido en cuenta el criterio del fiscal, que respaldaba la concesión del indulto parcial a José Luis Peñas, atendiendo a razones de justicia, equidad y utilidad pública, requisitos que exige la Ley del Indulto, y al arrepentimiento del solicitante.

El Ministerio Público recordaba en su informe que las penas de prisión impuestas fueron suspendidas al considerar que ninguna de las penas por separado superaban los dos años y que Peñas " ha realizado un importante esfuerzo reparador mediante el ingreso de importantes cantidades" en el juzgado.

Señalaba, tal y como recoge ahora el Supremo, que "las grabaciones realizadas por el penado (...) desde 2005 a 2007 a diversos miembros de la denominada trama Gürtel y su denuncia inicial han sido fundamentales para llegar a la condena del citado y de otros coimputados" en el juicio de la denominada Época I.

Incidía en que Peñas a pesar de su condena ha comparecido como testigo en todas las piezas separadas de esta trama que han acabado en sentencia condenatoria: "Fitur, Valencia piezas 1, 2 y 6, Jeréz, Aena y la visita del Papa a Valencia".

El informe del Ministerio Público destacaba que el cumplimiento de inhabilitación absoluta en el caso de Peñas significaría la pérdida de su trabajo, lo que supondría para él una aflicción desmedida e innecesaria. En cambio, consideraba que el indulto parcial, conmutando las penas de inhabilitación absoluta por dos de inhabilitación especial, le permitiría no perder la condición de funcionario público y seguir en el desempeño de sus funciones como ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid.

Protección al denunciante

Además, el fiscal expresaba en su informe la falta de protección de los denunciantes en España, algo que "no incentiva y protege a los funcionarios públicos que habiendo intervenido en las actividades delictivas deciden ponerlo en conocimiento de la justicia".

En este sentido, el Ministerio Público recordaba que "España ha recibido la crítica de diversos organismos internacionales y supranacionales ante la falta de un sistema destinado a proteger a los denunciantes de buena fe", a diferencia de lo que sucede en el derecho comparado en el que se reconoce la figura del whistleblower (delator o arrepentido).whistleblower 

La Fiscalía ponía en valor que en el marco de la Unión Europea ya se contempla la Directiva 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Y subrayaba que España tiene hasta el 17 de diciembre para trasponerla a nuestra legislación.

Se opone al indulto parcial de la exmujer de Correa 

Además de estudiar el caso de Peñas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha analizado la petición correspondiente a Carmen Rodríguez Quijano, expareja del líder de la Gürtel GürtelFrancisco Correa, que fue condenada a 17 años y ocho meses de prisión.

Los magistrados han informado, al igual que Fiscalía, en contra de que se le conceda la medida de gracia a Rodríguez. La mujer alegó que ya han transcurrido más de 16 años desde que se produjeron los hechos, periodo en el que -según ha dicho- ha desarrollado un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento, además de haberse deteriorado sus circunstancias familiares, personales, económicas y de salud.

El Ministerio Público, sin embargó, aseguró que no se apreciaban en su caso las razones de equidad, justicia o utilidad pública que deben concurrir. A su juicio, la concesión del indulto parcial "burlaría la norma legal y contribuiría a reprimir la eficacia del fin de la prevención general, con un efecto favorecedor, que no disuasivo, respecto de la comisión del delito". En este sentido, ha insistido en que sería "una burla" y "una invitación al delito".