La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha informado este lunes de que el Partido Popular va a presentar una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por "posible delito electoral", según recoge EFE.

Así lo ha informado en rueda de prensa Gamarra, quien ha asegurado que hay "indicios" de posible delito "por la vulneración del régimen electoral general".

La dirigente popular ha afirmado que el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, han hecho una "utilización absolutamente partidista" del CIS, algo que es también "un problema jurídico" que "tiene que tener consecuencias".

La verdad en política no es una abstracción filosófica, sino una condición básica para que la ciudadanía pueda decidir con libertad. Cuando un partido convierte la mentira, la desinformación y la huida de responsabilidades en herramienta sistemática, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de ese partido, sino la confianza en la democracia misma.

Sin información veraz no hay posibilidad real de elegir, solo de ser guiado por quien controla el relato. Por eso los bulos y las medias verdades no son simples “excesos de campaña”, sino un ataque directo al derecho de la ciudadanía a saber qué ocurre y quién hace qué.

En los últimos años, los verificadores de datos han mostrado cómo la desinformación se ha instalado en el corazón del debate público español, especialmente en periodos electorales. No es un fenómeno neutro: se concentra en determinados actores que han convertido la mentira en método de trabajo político.

Diversos estudios y análisis periodísticos han demostrado que una parte significativa de los mensajes difundidos por el Partido Popular en campaña eran directamente falsos o engañosos. Se trata de una forma de hacer política que asume que el rédito electoral justifica distorsionar la realidad, incluso cuando eso alimenta la polarización y la desconfianza.

Los ejemplos se repiten: desde mensajes alarmistas sobre inmigración o ayudas sociales en campañas autonómicas, hasta insinuaciones de fraude electoral sin pruebas, diseñadas para sembrar dudas sobre el propio sistema democrático. Cada bulo deja un poso, y aunque luego se desmienta, la sospecha ya ha hecho su trabajo en el imaginario colectivo.

La historia reciente ofrece casos en los que el Partido Popular ha utilizado informaciones falsas o manipuladas desde las propias instituciones. Episodios como la campaña contra profesionales sanitarios en Madrid, basada en acusaciones que más tarde la justicia declaró infundadas, muestran hasta qué punto la mentira puede arruinar vidas mientras se utiliza como munición partidista.

También hubo gobiernos del PP que difundieron versiones falsas o no contrastadas sobre hechos de enorme gravedad, instrumentalizando el dolor social para proteger su imagen y sus intereses políticos. Cuando quienes deberían encarnar la responsabilidad institucional optan por la cortina de humo, el mensaje al conjunto de la sociedad es devastador: mentir sale barato si sirve para salvar el día.

Los análisis de bulos en campañas españolas revelan patrones concretos: ataques personales basados en frases que nunca se dijeron, imágenes manipuladas y acusaciones de “pucherazo” que pretenden deslegitimar los resultados antes de que se produzcan. En ese ecosistema, dirigentes del Partido Popular y sus entornos mediáticos han jugado un papel central amplificando rumores y contenidos que luego son desmentidos por verificadores independientes.

No se trata de errores aislados, sino de una cultura política que premia el impacto inmediato frente al rigor. El objetivo no es informar, sino agitar emociones: miedo, enfado, resentimiento, esa mezcla perfecta para que el análisis sereno quede arrinconado.

La mentira no solo se expresa en lo que se dice, sino también en lo que se niega cuando los hechos ya son incontestables. Frente a los numerosos casos de corrupción que han salpicado al Partido Popular en distintos niveles de la administración, la reacción habitual ha sido minimizar, desmarcarse de los responsables o presentar las tramas como anécdotas del pasado.

Sin embargo, siguen acumulándose causas abiertas y piezas pendientes de juicio procedentes de redes como Gürtel o Púnica, que afectaron de lleno a exdirigentes y estructuras del partido. La negativa a asumir responsabilidades políticas profundas, más allá de los mínimos impuestos por los tribunales, alimenta la sensación de impunidad y distancia a la ciudadanía de las instituciones.

La desinformación no se queda en titulares; baja a la calle y condiciona la vida de la gente. Quien escucha una y otra vez que “los inmigrantes viven de ayudas millonarias” puede acabar señalando a su vecino sin papeles, aunque los datos muestren que tal relato es falso. Quien cree que el sistema electoral está amañado puede dejar de votar o asumir que la política es una farsa, justo el terreno donde crecen el cinismo y la abstención.

También ocurre con la corrupción: cuando se normaliza que un partido acumule casos durante décadas sin una autocrítica real, se instala la idea de que “todos son iguales” y de que robar es parte del juego. Esa resignación es el mejor aliado de quienes quieren seguir gobernando sin rendir cuentas.

Frente a esta dinámica, la defensa de la verdad no es un lujo moral, sino una urgencia democrática. La ciudadanía necesita medios independientes, verificadores de datos y una sociedad civil activa, pero también partidos que entiendan que perder un voto por decir la verdad es más digno que ganarlo mintiendo.

Mientras el Partido Popular continúe apostando por el bulo, la manipulación y la dejación de responsabilidades, no solo estará dañando a sus adversarios, sino debilitando la confianza en aquello que asegura querer defender: la democracia española. La pregunta ya no es si mienten, sino cuánta mentira estamos dispuestos a tolerar antes de decir basta.

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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.

Un cínico es una persona que actúa con falsedad, con desvergüenza o mentiras descaradas. Actúa por interés propio, en este caso político-judicial, y emplea la ironía, el sarcasmo y la burla para expresar desprecio o indiferencia hacia sus oponentes en general.

Además de mentirosos (entre otras cosas), Carlos Mazón o Miguel Ángel Rodríguez (MAR) son unos buenos ejemplos de cínicos, de indignos. Al llegar al Gobierno, Mazón eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias porque el Ejecutivo formado por el PP y Vox consideraba sus 9 millones de euros de presupuesto un gasto superfluo. Seguramente por haber sido creada cuatro meses antes por el gobierno presidido por Ximo Puig. MAR, por su parte y como gurú de sus líderes políticos, contribuye, directa e indirectamente, a empeorar la maltrecha salud (literal) del espacio público general y a mejorar la de algún que otro ciudadano particular.

El mismo presidente del PP es prisionero de los diseños de sus asesores, incapaz de seguir un criterio propio (si es que lo tiene). Intenta, obsesivamente y de manera también cínica, preservar la imagen de un país al borde de la destrucción, incluso al precio de negar los sucesos positivos más evidentes.

Todos estos cínicos son plenamente conscientes de la potencia de la imagen para evadir al ciudadano del mundo real, en nombre de la barbarie totalitaria que, en nombre propio o de sus allegados políticos, pretenden implantar (La mentira en política, Arendt, 1971). Por ello, se apropian de todos los medios públicos de comunicación a los que tienen acceso, o los amenazan con lanzallamas y motosierras metafóricas. A la par, riegan literalmente con dinero, eso sí, público, a una mayoría de medios privados que han convertido en sus altavoces mediáticos.

De esta forma, mediante la manipulación de la verdad y el uso de técnicas de construcción de la opinión social, dan un peso increíble al engaño y al fomento del autoengaño en la audiencia (bullshits, Harry Frankfurt, 2006)

Los cínicos intervienen porque la verdad alternativa, sea sobre la DANA, el ciudadano particular o los 7291 que todos tenemos en mente, tiene que resultar atractiva para una gran parte de la población. No es lo mismo vivir en una zona inundable que en otra que no lo es. Los cínicos hablan para la mayoría, y la mayoría es de secano, aunque a algunos de esa mayoría Hacienda les reclama cientos de miles de euros, o se sentarán en el banquillo acusados de cinco delitos, incluido el de grupo criminal, sin saber si irse de España o suicidarse.

Según Montesquieu, en El espíritu de las leyes, el ser humano resulta tan maleable que puede llegar a perder enteramente la conciencia de su propia condición si las circunstancias le fuerzan a ello. Les remito a un artículo anterior (Quien pueda resistir, que resista) para recordar cómo los aspirantes a totalitarios logran que el común de la gente olvide la diferencia entre lo verdadero y lo falso, aunque la degradación de la vida lleve a muchos a seguir apostando por una que no merezca ya la pena vivirse.

Estimado lector/a, huya de manera muy visible de estos cínicos y hágalo saber… Yo mismo, hace poco tiempo, en la cola de la caja de un Súper, al sentir un escalofrío me encontré con uno de ellos detrás y otro lleno de banderitas delante. Cuando salí visiblemente espantado a otra caja ya pensaba en escribir esta columna.

“La libertad se ejerce también como resistencia al poder”, incluso al judicial (Foucault, 2015).

Necesitamos una sociedad civil activa y dinámica, que permita que las personas se reúnan y hagan cosas importantes, además de acudir a las urnas de vez en cuando (Chomsky, 1986-2011).

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José Javier González es antropólogo y analista de la Fundación Alternativas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, hablarán en "las próximas horas" para analizar el futuro del PP de la comunidad entre los rumores de dimisión del dirigente valenciano.

Así lo ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

El nuevo curso político ha arrancado con la dirección nacional del Partido Popular anunciando el inminente final del Gobierno de Pedro Sánchez, una premisa que mantienen desde que comenzó la legislatura. Como parte de esa estrategia, los conservadores han intensificado sus exabruptos contra el Ejecutivo, como hizo el número dos del PP, Miguel Tellado, el pasado sábado en un acto en el que animó a la movilización para "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido".

Tres días después de esas palabras, Tellado no ha vuelto a protagonizar ningún acto ni a conceder ninguna entrevista ni rueda de prensa, pese a que normalmente se prodiga mucho en estos formatos. Es más, ante la ausencia del portavoz nacional del partido, Borja Sémper —que se encuentra lidiando con un cáncer—, ha sido Tellado el encargado de sustituirlo de manera oficiosa. Sin embargo, el lunes fue su antecesora en el cargo, Cuca Gamarra, actual vicesecretaria de Regeneración Institucional, la que compareció desde la sede de Génova 13 para atender a los medios tras el comité de dirección.

Las palabras de Tellado generaron un aluvión de criticas por parte del Gobierno de Sánchez pero también de las asociaciones de memoria, que las ha entendido como una ofensa hacia las víctimas del franquismo y las califican de "aberrantes y lamentables". Gamarra, por su parte, aseguró que fue "una metáfora" sin mayor relevancia: "Seguro que ustedes han usado en muchas ocasiones", afirmó el lunes. "Si no saben qué es una metáfora, seguro que le ha quedado claro en estos momentos", zanjaba.

Este martes, Gamarra también ha sido la encargada de dar una entrevista a Telecinco —la misma cadena a la que acudió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el lunes— y quien ha mantenido una reunión con consejeros autonómicos del PP con competencias en materia de justicia. Tellado, sin agenda, sí está muy activo en su cuenta social de X, desde la que defendió sus palabras del sábado asegurando que se trataba de una "burda manipulación" en la que Sánchez utilizó "el Francomodín".

En el citado acto del sábado, el número dos del PP aseguró también que el Gobierno de Sánchez está en fase "agonizante, mendicante" y "arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida".

Sin embargo, en una entrevista en El Periódico de Catalunya, el dirigente del PP dijo que entre Junts y el PP había un "entendimiento", mientras en X tildaba a su líder, Carles Puigdemont, de "prófugo". Tellado alegaba que la formación catalana, de "centroderecha", puede tener una parcela de pensamiento parecida a la que guarda el PP en materia económica, que se escenificará en la votación de este miércoles en la que ambos, junto con Vox, van a tumbar en el Congreso la reducción de la jornada laboral.

A Alberto Núñez Feijóo le "gusta la fruta", según él mismo publicó en su perfil de Instagram. El líder del Partido Popular compartió este domingo un vídeo en el que se encontraba en un karaoke cantando 'Mi limón, mi limonero' y utilizó la misma expresión que popularizó la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en noviembre de 2023 para ilustrar la publicación.

Una frase que, en realidad, enmascara un insulto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que la madrileña llamó hijo de puta desde la tribuna del Congreso. Feijóo, que cuando llegó al cargo aseguró que no había venido a la política para "insultar"al presidente del Gobierno, ahora hace suyo ese insulto por primera vez.

Este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha justificado que su jefe de filas utilizara esa frase: "Forma parte de un vídeo en una celebración de un cumpleaños. Si en España no vamos a poder cantar referencias a una fruta, tenemos un problema", señalaba en una comparecencia desde la sede de Génova. "Si no podemos decir que nos gusta la fruta, tenemos un problema con el sector primario con la cantidad de fruta que producimos y de fruta que vendemos", ironizó después. Es más, Gamarra lo atribuyó todo a una "campaña de victimización" de Sánchez.

Además, la dirigente del PP también avaló la frase del secretario general, Miguel Tellado, sobre las "fosas" que empleó el sábado durante un mitin: "Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país", dijo. Según Gamarra, fue "una metáfora" sin mayor relevancia: "Seguro que ustedes han usado en muchas ocasiones", afirmó: "Si no saben que es una metáfora seguro que le ha quedado claro en estos momentos", zanjaba.

Fuentes del equipo de Feijóo insistían después de la rueda de prensa en que la referencia al 'me gusta la fruta' no escondía ningún insulto, desmarcándolo de la utilización que le dio Ayuso, explotada después por el PP madrileño."No hay ninguna vinculación", señalaban, pese a que precisamente el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este lunes que es un "auténtico placer" que al presidente nacional del partido "también le guste la fruta" como a ellos.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este miércoles de que el actual portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, será el nuevo secretario general del partido y su mano derecha, mientras que la vicesecretaria de Educación y Salud, Ester Muñoz, ocupará su lugar como portavoz en la Cámara Baja. El líder popular ha hecho este anuncio en una entrevista en Antena 3, según recoge EFE, después de que el lunes Cuca Gamarra anunciara que le había pedido su relevo. Ha apostado así por dos perfiles contundentes de cara a su objetivo de llevar a cabo una oposición más frontal para llegar a la Moncloa.

Según Feijóo, son "dos cambios importantes" y son "dos modelos, dos personas jóvenes" y con experiencia orgánica, en el caso de Tellado, y parlamentaria en el caso de ambos, ha dicho.

Como único candidato, Alberto Núñez Feijóo será reelegido presidente de la formación en el XXI Congreso que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio.

Miguel Tellado ejerce como portavoz popular en el Congreso de los Diputados desde octubre de 2023, cargo al que llegó por decisión directa de Feijóo, con quien mantiene una estrecha relación política desde sus años en Galicia, ya que fue secretario general del PP gallego. Gallego de 51 años, es uno de los hombres de confianza de Feijóo y el tono bronco y mordaz de su discurso encaja con el rumbo que quiere darle el líder popular a la formación de cara a la conquista de la Moncloa.

En su papel de portavoz, ha destacado por su estilo directo y sus críticas sin paliativos a un Ejecutivo al que considera "una mafia" liderada por "el capo" Pedro Sánchez. También desde su escaño, donde frecuentemente recibe llamadas de atención por parte de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol.

Sin embargo, cuentan quienes trabajan con él de su afabilidad para gestionar equipos y ha logrado sacar adelante numerosas iniciativas en el Congreso, ejerciendo muchas veces como mediador -entre bambalinas- y logrando el apoyo de grupos tan dispares como Junts, PNV o Vox.

Por su parte, Ester Muñoz, leonesa nacida en 1985 y licenciada en Derecho y máster en Derecho Internacional, ha emergido en los últimos años como una de las figuras con mayor proyección dentro del PP, al que entró a través de Nuevas Generaciones.

Figura cercana al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, comenzó a ganar protagonismo a nivel nacional tras las generales de 2023, cuando fue elegida diputada al Congreso. Unos meses después Feijóo la nombraba vicesecretaria, como parte de una reforma que llevó a cabo en su directiva para darle peso a voces femeninas y jóvenes.

La suya destaca también, como la de Tellado, por su tono combativo y vehemente que la ha llevado a tener cada vez más protagonismo en la Cámara Baja defendiendo iniciativas o participando en la sesión de control al Gobierno.

Feijóo ha detallado este miércoles que Gamarra, quien ha hecho "un buen trabajo durante este tiempo y ha entendido perfectamente que un congreso conlleva un nuevo equipo", va a ocuparse ahora de los asuntos de justicia, interior y defensa, unas funciones que ya desempeñaba desde que Esteban González Pons dejó el cargo.

El líder popular ha recordado que el día en el que el presidente Pedro Sánchez veía que su número dos, Santos Cerdán, entraba en la cárcel, Gamarra les decía a los medios de comunicación que daba un paso al lado. "Es una forma absolutamente distinta de entender la política", ha dicho.

La número dos del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado este lunes que dejará la secretaría general del partido tras el congreso que se celebrará este fin de semana en Madrid. “Ahora toca otra etapa distinta y lo que le he planteado al presidente es la necesidad de un relevo, toca relevo y pido relevo”, ha revelado Gamarra en rueda de prensa desde Génova, confirmando así los incesantes rumores sobre su marcha.

Fuentes del PP, sin embargo, precisan que “seguirá en el comité de dirección” con otras responsabilidades y apuntan hacia la vicesecretaría de Justicia, que previsiblemente abandonará Esteban González Pons tras acceder a la portavocía del PP en Bruselas. Su cartera, que alberga también competencias de exteriores y política institucional, podría ser repartida entre nuevos miembros.

Gamarra ha explicado que “hace tres años”, cuando Feijóo llegó a la presidencia del PP tras la defenestración colectiva de su antecesor, Pablo Casado, “las prioridades eran distintas” porque tenían que “conseguir la unidad del partido” y “recuperar el liderazgo político”: “Hoy ambas están cumplidas”, ha asegurado.

Sobre los cambios, añadió que "le corresponde" a Feijóo "decidir quiénes son las personas más adecuadas para abordar el futuro que tenemos por delante”, aunque evitó desvelar ningún nombre. Uno de los más citados en las quinielas internas para sustituirla es el del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que según voces del partido ya viene desempeñando ese cargo de manera oficiosa desde hace tiempo.

La número dos del PP ha precisado que ella es “una mujer de partido” y que si está en política es “para servir” y no “para servirse” a sí misma. Fuentes de su entorno precisan que ella ha aceptado seguir en el comité de dirección con “otras funciones”. Gamarra fue la portavoz parlamentaria de Casado, un cargo en el que continuó tras la llegada de Feijóo en abril de 2022 y que, si se confirma lo de Tellado, volverá a estar vacante. Otro de los nombres que más se repite para ocuparlo es el de Ester Muñoz, aunque las fuentes consultadas no aclaran si pasaría a ocupar la portavocía de Génova, ocupada actualmente por Borja Sémper, o la del Congreso.

La sensación se extiende entre cargos del Partido Popular en toda España. A Alberto Núñez Feijóo sólo le queda una oportunidad. Las próximas elecciones marcarán dos caminos: llegar a La Moncloa o dejar paso a un nuevo liderazgo tras fracasar en dos ocasiones en el objetivo de vencer al archienemigo de Pedro Sánchez. Y ha activado con la convocatoria de un congreso su rearme.

Núñez Feijóo llegó al poder del Partido Popular en abril de 2022 tras la defenestración de Pablo Casado. El expresidente de la Xunta fue una solución de consenso entre los barones tras la cainita guerra entre el exlíder y la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. Y fue proclamado con una misión que parecía cantada: derrotar a Sánchez y que la derecha volviera al poder.

El PP sigue instalado en una eterna frustración después del revés que se llevó el 23 de julio de 2023 y la posterior investidura de Pedro Sánchez. Han pasado casi dos años de esas elecciones y, a pesar de la enorme presión de la derecha política, judicial, empresarial y mediática, la sensación en el Partido Popular es que la legislatura va para largo y que el PSOE va a hacer todo lo que pueda para llegar hasta 2027.

Núñez Feijóo ha decidido pulsar el botón del congreso del partido para los días 5 y 6 de julio en Madrid (su llegada se materializó en uno extraordinario sin ningún tipo de debate ideológico). Génova 13 lo ha convocado con la idea de reforzar el equipo directivo y poner a punto el ideario de la formación, ya que se revisarán los propios estatutos del partido y se debatirá una ponencia.

El actual líder se presentará otra vez a la reelección y no se prevé que concurra otra candidatura con posibilidades reales. Entre los barones hay coincidencia en que Núñez Feijóo debe tener una nueva oportunidad en las urnas. Otra cosa será si fracasa de nuevo en 2027: en ese escenario ya se vislumbran dos vías para sucederle representadas por el andaluz Juanma Moreno (cara del sector más moderado de los populares) y por la madrileña Isabel Díaz Ayuso (representante del ala dura).

Dentro de sectores del PP cunde también la idea de que Núñez Feijóo no tiene un equipo sólido y que no se ha dado con la tecla para ganarle el relato al Gobierno a pesar de las grandes dificultades que atraviesa Sánchez. No termina de convencer la actual dirección y en privado dirigentes del Partido Popular comparten que debería haber una especie de Gobierno en la sombra como pasó en la época de José María Aznar antes de llegar a La Moncloa (rodeado de nombres como Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas).

La idea de Núñez Feijóo es poner a punto el partido de cara al próximo ciclo electoral y los populares consideran que tienen que estar preparados para cualquier pantalla ante un Pedro Sánchez al que le gusta sorprender. La legislatura llega al ecuador y se vislumbra ya la batalla electoral, con las primeras paradas el año que viene en Castilla y León y en Andalucía. Y en 2027 llegará el súper año electoral con autonómicas y municipales en mayo y con generales previsiblemente en julio. Un horizonte en el que lleva tiempo su rival del PSOE trabajando desde el congreso de diciembre y la posterior renovación de los liderazgos territoriales con importante presencia de ministros como María Jesús Montero (Andalucía), Pilar Alegría (Aragón), Diana Morant (Comunidad Valenciana) y Óscar López (Madrid), entre otros.

“Vamos a pasar del cónclave del papa al cónclave del PP”, lanzó Núñez Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional este lunes cuando anunció el congreso de julio, a la vez que explicó que no será un trámite sólo para volver a ratificar su liderazgo, sino que habrá una ponencia marco para definir las “prioridades” del Partido Popular y otra de estatutos para definir el funcionamiento interno del partido.

Esto supone abrir un melón muy importante dentro de la formación, que lleva desde 2017 sin sentarse en un congreso a hablar de sus propios principios e ideologías. De esta manera saldrán a relucir temas sin una definición homogénea ahora mismo como el aborto, la eutanasia o las políticas de vivienda. Y se tratará del primer gran debate ideológico del Partido Popular desde que irrumpiera Vox a gran escala en el panorama político español. Se prevé, por tanto, tensión entre los sectores moderados y los más duros con el eterno debate de si acercarse a la ultraderecha para engullirla o si marcar distancias para ganarse al electorado de centro que puede decantar las elecciones en el último momento.

Otro tema que puede estar sobre la mesa es el propio sistema de primarias aprobado en el último congreso. Fue la medida estrella de aquella cita pilotada por Mariano Rajoy, donde se estableció un sistema a doble vuelta. Una primera votación abierta a toda la militancia y una segunda y definitiva a través de compromisarios. Esa vía fue utilizada en 2018 tras la marcha del expresidente a raíz de la moción de censura. Soraya Sáenz de Santamaría se impuso en la primera vuelta, pero luego los delegados se decantaron por Pablo Casado. El actual líder está abierto a volver a tocar ese sistema al que llegaron los populares presionados por Ciudadanos.

En el equipo de Feijóo no hay ninguna duda sobre el liderazgo del expresidente de la Xunta y no tienen miedo a una candidatura alternativa. Todos los principales barones apoyan al gallego en este cónclave. Isabel Díaz Ayuso no tiene intención de pelear en estos momentos por Génova 13. Y el más díscolo, el catalán Alejandro Fernández, no tiene peso ni interno ni institucional para desestabilizar la cita. Además, el PP valenciano, siempre determinante en las luchas internas, está viviendo sus horas más bajas por la gestión de la dana por parte de Carlos Mazón.

Los populares siguen liderando casi todas las encuestas si hubiera elecciones, aunque no logran grandes aumentos respecto a lo que lograron en julio de 2023. En las anteriores elecciones el voto de las mujeres, de los jóvenes y de las personas LGTBI fue clave para que la balanza siguiera a favor, por poco, de Sánchez y sus socios. No obstante, en Génova 13 creen que el presidente está ahora muy quemado por los distintos casos que afectan a su entorno familiar y por el “colapso generalizado” que se está viviendo con fenómenos como el apagón y la paralización de los trenes AVE hace dos domingos.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles al PP de "buscar excusas" para votar en contra de las medidas para paliar los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos y ha negado que exista "ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o territorio frente a otro", según recoge EFE.

En respuesta a sendas preguntas del PP, de los diputados Cuca Gamarra, Jaime Eduardo de Olano y Elías Bendodo, Montero ha enfatizado que no existe "ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o un territorio frente a otro", en referencia al anunciado el martes por Junts con el que, según dijeron, las empresas catalanas obtendrán el 25% de las ayudas antiaranceles de los 14.100 millones de euros.

Ha recordado que el martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, habló con el diputado del PP Juan Bravo para explicarle los detalles del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los populares tienen "el conocimiento y la propuesta" encima de la mesa. "Desde ayer por la tarde y esta mañana parece que el PP busca una excusa para votar en contra de las medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para protegernos de los aranceles", ha espetado la vicepresidenta.

Con todo, ha preguntado al PP qué necesita para "comprometerse con los españoles y decir sí cuando la patria lo necesita".

Gamarra ha dicho que "quienes tienen que elegir entre España o sus socios" es el Gobierno y que cuando ha tenido que hacerlo "siempre eligen a los segundos", por lo que ha advertido que "si lo vuelven a hacer", no contarán con el apoyo del PP. A su vez, ha acusado al Ejecutivo de estar "aprovechando" la crisis de los aranceles para beneficiar a Junts y le ha pedido "igualdad entre todas las empresas, tengan donde tengan su CIF".

Además, ha asegurado que la vicepresidenta ha sido "cesada de facto" por el protagonismo de Carlos Cuerpo en la negociación de las ayudas contra los aranceles y le ha dicho que "no está capacitada para ocupar un cargo público," por, entre otras cosas, ser "incapaz" de aprobar unos presupuestos generales del Estado.

En el mismo sentido, Bendodo ha pedido a Montero que presente unos presupuestos y, haciendo un símil de fútbol, le ha dicho que no hacerlo es como si el Borussia Dortmund dice esta noche que no juega contra el Barcelona porque va a perder el partido, algo que ha calificado que sería un "escándalo monumental".

Montero ha argumentado que no ha visto "mayor preocupación del PP" con su figura en una sesión de control plagada de preguntas dirigidas a ella, ante la ausencia de Pedro Sánchez por su viaje a Asia. "Para estar cesada vaya si están empleando tarea en intentar desgastar mi imagen", ha reprochado.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho a su llegada al pleno del Congreso que el anuncio de la formación de Carles Puigdemont es "humo de Junts y de Convergencia".

Cuando anunció su candidatura para presidir el Partido Popular hace ahora tres años, Alberto Núñez Feijóo aseguró que él "no venía a insultar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino a "ganarle en las urnas". No consiguió lo segundo por la falta de alianzas —pese a ser la primera fuerza en las generales de hace dos años— pero tampoco lo primero, ya que tanto él como otros miembros de su dirección llevan tiempos instalados en el insulto contra el presidente del Ejecutivo, del que han llegado a cuestionar su legitimidad. Para muestra, la reunión interparlamentaria celebrada este pasado fin de semana en Sevilla, en la que Feijóo y su círculo más próximo se dirigieron a Sánchez como "pequeño dictador, "déspota", "autócrata" o "activo tóxico", entre otros.

En su discurso del domingo, el jefe de la oposición cargó contra el "despotismo sanchista" del socialista por no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Todo para Sánchez, pero sin el pueblo", dijo, calificando la posibilidad de prorrogar las cuentas como una decisión propia de "repúblicas bananeras" obviando que actualmente hay varias autonomías presididas por el PP cuya mayoría depende de Vox con las cuentas prorrogadas como Murcia, Aragón, Extremadura, Baleares y Castilla y León. "No es posible seguir con la decadencia democrática del estado de derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación", afirmó.

Más allá fue su número dos, Cuca Gamarra, que equiparó al presidente del Gobierno, democráticamente elegido, con un "pequeño dictador": "Deje de actuar como un pequeño dictador y empiece a respetar los contrapoderes y la voluntad de la mayoría", dijo en el discurso de apertura del evento, en el que también denunció que la democracia española está "en peligro" por la dependencia del Gobierno de las "minorías" representadas en el Congreso. Así, concluyó que Sánchez "pisotea" el Estado de derecho y "huye" del Parlamento: "Frente a este deterioro democrático, esta corrupción y degradación, el PP es la solución", señaló

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que intervino en una de las mesas redondas organizadas también ese sábado, siguió esa misma línea y acusó al presidente del Gobierno de querer "impedir la alternancia política" y de "desertar del constitucionalismo": "Nunca antes en España había gobernado el que había perdido las elecciones", dijo, obviando que España es un sistema parlamentario y no presidencialista. Además, también afirmó que Sánchez es un "elemento tóxico" porque lo "contamina absolutamente todo"

En esa misma mesa intervino también la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que definió a Sánchez como un "autócrata" sin credibilidad en la Unión Europea al que sus colegas han "calado", pese a que es el principal referente de la socialdemocracia en la actualidad. Montserrat le presentó como un político "sin escrúpulos", que "miente sin pestañear y desprecia el control institucional", "no respeta la separación de poderes" y que "convierte a la Fiscalía General en un brazo político y a la prensa en enemiga".

Una serie de apelativos que contrastan con lo que decía Feijóo a su llegada a Madrid sobre los insultos: "Son la ausencia de razones, y a mí no me gusta practicarlos" —afirmaba en una entrevista en El Mundo—, pero que no son una novedad en el PP, ya que en este último año Feijóo ha equiparado en varias ocasiones al presidente del Gobierno con el dictador Francisco Franco y se llegó a referir a él como un "caudillo" en su propio partido. Sobre Sánchez también ha llegado a afirmar que tiene "dosis de narcisismo impropias de una persona madura" y que le sobra "soberbia y arrogancia": "Hoy han podido ver todos los españoles, lo faltón, lo chulesco, lo desencajado y lo desorientado que está", afirmó en el reciente debate sobre el aumento del gasto en defensa.

En ese debate Feijóo apeló a firmar un pacto de Estado sobre el presupuesto militar que, precisamente, el PP ha enfriado en la interparlamentaria celebrada en Sevilla. Aunque hace tres años el conservador se presentó como un político dispuesto a alcanzar pactos de Estado con el Gobierno de Sánchez, decidido a "sacar la política española del enfrentamiento" y convencido de que no iba a participar del "entretenimiento infantil", ha liderado una oposición sin tregua a Sánchez en todos los frentes con escasos acuerdos con el Ejecutivo más allá de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a instancias de la Comisión Europea, y la del Tribunal Constitucional (TC), un órgano al que ahora acusa de estar al servicio de Sánchez, el consejo de administración de RTVE, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la ley para los enfermos de ELA.

La llamada a la negociación de pactos de Estado ha sido una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que tradicionalmente han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque, teóricamente, deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno.

Tras las elecciones del 23J ofreció seis de estos pactos de Estado —y un acuerdo imposible a Sánchez en que el PSOE debía apoyarle a cambio de dejarle gobernar durante dos años para después convocar elecciones— sobre regeneración democrática, Estado de Bienestar, saneamiento económico, por las familias, un pacto nacional del agua y un acuerdo el clave territorial. En esta legislatura ha demostrado que la forma que tiene el líder del PP de entender los pactos de Estado es firmarlos con sus propias condiciones, pero cuando es La Moncloa quien plantea la necesidad de esos acuerdos, Feijóo se echa atrás. Bajo su liderazgo, únicamente se ha reeditado el pacto contra la violencia machista, pero no se ha alcanzado ningún otro gran acuerdo.

Los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977 solo ha habido ocho, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016. La mayoría de ellos se cerraron con la derecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Solo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa. Ninguno con Rodríguez Zapatero ni con Sánchez.

El último, a propósito de la violencia machista, hizo posible que en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—, España se dotase de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la piedra angular de la lucha contra los asesinatos machistas en España. Hace apenas un mes se renovó con el visto bueno de todas las formaciones a excepción de Vox, en línea con sus tesis negacionistas sobre la violencia contra las mujeres.

Hay uno de esos pactos, promovido por el Gobierno de José María Aznar en 1998, que el PP abandonó en 2021. Se trata del Pacto de Estado contra el transfuguismo, que se amplió en 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno de los conservadores. Un año después, sin embargo, el PP lo incumplió tras el intento de moción de censura en Murcia que su presidente, Fernando López Miras, impidió precisamente cooptando a miembros de otros partidos a los que acabó colocando en su Gobierno. La comisión de seguimiento del pacto tildó de “tránsfugas” a los exmiembros de Ciudadanos que cambiaron de caballo después de haber firmado dicha moción. El PP trató de hacer lo mismo en la votación de la reforma laboral con los dos diputados de UPN, pero la equivocación del diputado Alberto Casero les llevó a aprobar la normativa con un solo voto de diferencia.

"¿Cree que sus prioridades coinciden con los intereses de los españoles?". Esa debía ser, según consta en el diario de sesiones, la pregunta que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, debía formular al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control celebrada este miércoles 11 de diciembre. Sin embargo, el conservador la modificó para preguntar en su lugar "cuánto más va a costar a los españoles" que el socialista siga en la Moncloa. En su turno de réplica Feijóo censuró la "precariedad parlamentaria" y la "debilidad judicial" de Sánchez e incidió especialmente en ese último punto, hasta llegar a asegurar que en la "mesa de navidad" del presidente del Gobierno "se sentarán dos imputados", en referencia al socialista y a su mujer, Begoña Gómez. "Usted es incompatible con la confianza y el interés general", zanjó, contestando así a la pregunta inicial —jamás formulada—.

Sánchez, por su parte, sí respondió a esa pregunta inicial y aseguró que "las prioridades del Gobierno de España coinciden con la de los ciudadanos" y citó algunas de ellas como la vivienda, el empleo, la seguridad, la economía o la sanidad —tal y como consta en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas—. Y añadió: "¿Saben cuántas veces me ha preguntado el señor Feijóo desde que lleva siendo líder de la oposición por estas cuestiones? En las 22 preguntas parlamentarias que me hizo en el Congreso y en el Senado no me ha preguntado ni una sola vez por estas cuestiones. Por lo que pregunta el señor Feijóo es 'a quién escucho como presidente' o si 'creo que gobernar consiste en vivir mejor en La Moncloa'".

Lo cierto es que a lo largo de la actual legislatura, que arrancó en noviembre del pasado año tras la investidura de Sánchez, las preguntas de líder de la oposición se pueden resumir en dos categorías: aquellas relacionadas con la amnistía, Cataluña o las formaciones independentistas que apoyan al Gobierno y aquellas que tienen que ver con las investigaciones judiciales que rodean al Ejecutivo, desde el caso Koldo al Fiscal General del Estado y, por supuesto, la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente. De las 18 sesiones de control en las que Feijóo ha preguntado el último año al socialista en el Congreso —el conservador no interviene si no está Sánchez—, en 17 de ellas el líder del PP ha hablado sobre el olvido penal a los dirigentes del procés, sobre las presuntas "mordidas" del Gobierno por las mascarillas y las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, sobre el auge de Bildu y la responsabilidad de Sánchez en ello, sobre "el cupo independentista" y, especialmente, sobre el entorno familiar de Sánchez.

En la única ocasión en la que Feijóo no mencionó ninguna de estas cuestiones fue en la sesión de control del 10 de abril de 2024. De lo que habló fue, sin citarlo, del humorista David Broncano, ya que apenas unos días antes su programa no recibió el apoyo del consejo de administración de RTVE, lo que provocó una crisis en el ente público que se saldó con la salida de la entonces presidenta, Elena Sánchez, y del director de contenidos, José Pablo López Sánchez, autor del fichaje de Broncano y recientemente elegido como presidente de la corporación. "Dado que usted ha estado muy interesado en hablar de economía y yo no he tenido el tiempo suficiente, sí que le quiero dar dos noticias, una buena y una mala. La buena es que esta mañana ha conseguido usted gastar 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa en Televisión Española para mejorar su vanidad televisiva. La segunda, la mala, es que a la gente no le interesa la propaganda, porque ya es usted un experto", le reprochó el líder del PP a Sánchez.

Desde que llegó a Génova 13, Feijóo ha descrito al presidente del Gobierno como un político sin límites a la hora de extender su poder y ha liderado una ofensiva sin tregua contra él con tres pilares claros: la movilización, la crispación y la polarización social. Primero con la amnistía, contra la que se manifestaron en numerosas ocasiones y trataron de impedir en el Congreso y ahora también en los tribunales, y después con la corrupción después de que estallara el escándalo del caso Koldo, una investigación dirigida por el juez Ismael Moreno acerca del supuesto cobro de comisiones por parte de uno de los antiguos asesores del exministro José Luis Ábalos. Lo que el líder del PP busca es instalar en la opinión pública la idea de que existe una trama de corrupción liderada por Pedro Sánchez mediante la cual el Gobierno y el PSOE se han enriquecido a costa del erario público.

Feijóo cuenta con sus dos lugartenientes en el Congreso para poner en práctica esa estrategia. Uno de ellos es el portavoz del PP en la Cámara, Miguel Tellado, la voz más dura en la sesión de control de los miércoles y que somete a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a un cuestionamiento permanente en todas las sesiones a puerta cerrada que celebran semanalmente la Mesa y la Junta de Portavoces. El portavoz suele confrontar con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque antes de su marcha a Bruselas también lo hizo con la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que responsabilizó de la dana ocurrida en Valencia el pasado octubre. "¿Qué entiende usted por terrorismo?"; "¿Qué información tenía el Gobierno sobre la trama de corrupción del llamado caso Koldo?"; "¿Cómo puede combatir la corrupción un Gobierno que fue investido gracias a amnistiar la corrupción?"; "¿Va a seguir su Gobierno pactando con quienes niegan el terrorismo y 'carecen de madurez democrática'?"; ¿Por qué cree que los españoles se merecen ahora un Gobierno corrupto?", son solo algunas de las preguntas planteadas por el conservador en los últimos meses.

El portavoz del PP ha llegado a calificar de "anomalía democrática" a la mayoría parlamentaria que invistió a Sánchez, al que deseó que saliera "del país en un maletero" y del que aseguró que "prostituye la Constitución con tal de satisfacer su ego". Además, también justificó el acoso al ministro Óscar Puente al considerar que los socialistas eran "matones de patio de colegio" por lo que no podían "ni salir a la calle". Desde que saltó el caso Koldo, Tellado trata de situar a Sánchez como "el cabecilla" y a los ministerios de su gobierno como cómplices pese a que, hasta la fecha, ni el sumario ni la investigación de la Guardia Civil apuntan a una trama organizada por el PSOE. Además, apoya la mayoría de sus acusaciones, tanto en sede parlamentaria como en redes sociales, en titulares de The Objective, OkDiario y, sobre todo, El Debate.

La que también ha ido ganando espacio en estas sesiones de control es Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP, que juega un papel protagonista en esta ofensiva parlamentaria. Es ella la que, habitualmente, se enfrenta a Bolaños y desde la formación conservadora consideran que es "muy hábil" durante sus intercambios dialécticos. "¿Cuál es la aportación exacta de la ley de amnistía a la convivencia entre españoles?"; "¿Va a informar la Portavocía del Gobierno sobre las próximas negociaciones con Puigdemont?"; "¿Qué va a hacer el Gobierno si los tribunales deciden que la ley de amnistía, pensada y redactada por y para los delincuentes y en contra de los principios elementales del Estado de Derecho, está al margen de la Constitución y el Derecho Europeo?; "¿Cuál es el conflicto entre España y Cataluña?"; "Qué hará el Gobierno cuando el prófugo con voluntad de reincidir, Puigdemont, regrese a España?"; "¿Es 'acción democrática' que los ministros menoscaben la imagen pública del Juez que investiga a la mujer del Presidente?", son algunas de las preguntas que ha trasladado al Ejecutivo. Todas ellas sobre Cataluña, la amnistía o la corrupción, siguiendo la misma línea que Feijóo.

La diputada por Barcelona es una de las voces más reconocibles del ala dura del partido, en sintonía habitual con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambas han rechazado abiertamente que el PP alcance pactos con Junts y se han mostrado críticas con algunas decisiones de Feijóo, pero el líder del PP ha dejado en manos de Tellado la organización del Congreso y él ha decidido rehabilitarla pese a la traumática experiencia de la dirección del PP. Después de su destitución, en agosto de 2020, el equipo de Casado confiaba en que el ostracismo al que había sido condenada dentro del grupo parlamentario acabaría indicándole el camino de salida del Congreso, pero Álvarez mantuvo el escaño y, además, publicó su libro, Políticamente indeseable, en el que se mostraba especialmente dura con el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, al que acusaba de practicar acoso dentro del partido.

Otra de las figuras que está ganando peso en el partido es Ester Muñoz, encargada de confrontar con Ribera por la dana, y también una de las voces más duras contra el Gobierno. Ascendió a la dirección del PP hace un año como vicesecretaria de Educación y Sanidad y es la encargada de preguntar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o al ministro Óscar Puente. "¿Qué información tenía usted sobre la trama corrupta que se desarrolló en el seno del Ministerio de Transportes?; "¿Cuánto tiempo van a seguir amparando la corrupción?" son las últimas cuestiones que ha planteado en el control de los miércoles.

Desde Génova se la está promocionando también por las televisiones mientras otras figuras como la de la secretaria general, Cuca Gamarra, o el portavoz nacional, Borja Sémper, ven diluida su presencia en la Cámara Baja. Gamarra sí pregunta en cada sesión de control, antes a la vicepresidenta Nadia Calviño y ahora a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero sus intervenciones quedan en un segundo plano pese a que, precisamente, sí que suele preguntar por la materia competente al contrario que el resto de sus compañeros. En el caso de Sémper en el último año apenas ha tenido preguntas en estas sesiones parlamentarias.

El Gobierno y grupos de la izquierda como ERC han criticado al Partido Popular por "boicotear" la elección de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como comisaria europea, y han afeado que opere en la Unión Europea "en contra de su país", según informa EFE.

El Ejecutivo ha reaccionado a la estrategia del Partido Popular, que en Bruselas ha logrado retrasar una semana las reuniones para valorar el desempeño de los cinco candidatos a vicepresidentes de la Comisión Europea y maniobra para convencer al Partido Popular Europeo (PPE) de rechazar a la candidata española.

A su llegada este miércoles al Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado que estamos ante "un caso inaudito en el que el PP siempre opera contra su país" y ha defendido que "estamos en las mejores manos con la señora Ribera".

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha denunciado lo que considera un "show" del PP para desviar la atención y "tapar una irresponsabilidad manifiesta en estos días", en alusión a la gestión de la dana. "Es vergonzoso utilizar el momento político que se vive en España para intentar perseguir fines políticos", ha agregado.

También de "vergüenza" respecto a un Partido Popular que "ya se conoce en Europa" ha hablado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

"Curioso patriotismo; al final, una persona con capacidad de optar a un puesto de tanta responsabilidad que sea boicoteada por la derecha española, pues curioso patriotismo", ha dicho, por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.

Además, en los pasillos del Congreso se ha preguntado a los dirigentes del PP si cuentan con el respaldo del resto del Partido Popular Europeo para bloquear la elección de Teresa Ribera como comisaria, una cuestión que no han aclarado ni la secretaria general de este partido, Cuca Gamarra, ni su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha defendido que Ribera debe comparecer en el Congreso y dar las explicaciones sobre la dana que no ha dado hasta el momento porque es la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tellado, por su parte, ha sostenido que en el Pleno del Congreso debería estar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar "a la fuga" para no dar explicaciones de lo que ha hecho su Ejecutivo, en referencia a su viaje a la cumbre del clima que se celebra en Bakú (Azerbaiyán).

¿Tiene o no el Partido Popular un protocolo antiacoso? Según su número dos, Cuca Gamarra, la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con él desde hace un año. "Nosotros tenemos un protocolo aprobado, creo recordar, desde hace un año, porque además es consecuencia de la propia ley que el Gobierno de coalición aprobó", aseguró Gamarra en Telecinco el viernes. Sin embargo, a preguntas de infoLibre, desde el PP se remiten únicamente al código ético y de conducta del partido, ratificado y actualizado en 2023 y no facilitan más documentos.

Fuentes de la formación aseguran que "el mayor protocolo está en el código penal porque los delitos no se encubren, se denuncian". Un argumento, el de acudir a la justicia, que también ha dado este martes el propio Feijóo en Esradio. "A mí me preocupa que haya que ir a una red social y no se pueda ir a una comisaría. Oiga, vaya usted a una comisaría para que se activen todos esos mecanismos", ha señalado, mostrando su recelo por esa vía del testimonio anónimo.

El líder del PP ha criticado que "sea más fácil denunciar por Instagram que en una comisaría" pero también ha hecho hincapié en que "nadie pone la mano en el fuego por nadie" dentro de su propio partido. A renglón seguido, reconoció que este lunes tuvo conocimiento de "una referencia a un senador" del PP.  Se trata del senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a quien el eurodiputado ultraderechista Alvise Pérez acusó de cometer acoso sexual.

Este periódico ha preguntado al equipo de comunicación del PP si la formación puso en marcha el protocolo antiacoso al que hizo referencia Gamarra el pasado viernes y aseguran que Feijóo "no ha dicho que haya activado ningún protocolo" sino que, ante las acusaciones, fue el PP andaluz el que contactó con Landaluce. Así, evitan confirmar que este protocolo exista.

Por su parte, el portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, ha afirmado que el PP andaluz "está trabajando en conocer de primera mano los hechos pese a que consta denuncia alguna ni pública ni privada": "Las partes han sido contactadas para conocer esas informaciones y en las próximas horas llegarán las conclusiones", ha explicado. Con todo, el portavoz del PP en el Congreso ha recalcado que "no conocen si se da la veracidad" en las acusaciones de Alvise.

Sobre la investigación que ha abierto el juzgado de Estepona a raíz de una denuncia dirigida por un funcionario del Ayuntamiento contra el alcalde José María García Urbano (PP) por un presunto acoso sexual, Tellado ha afirmado que "desconoce la noticia" porque "no ha podido ni leerla. "Como no me gusta hablar de lo que no conozco, creo que esa pregunta hay que dirigírsela a la oficina de comunicación del partido en Génova", ha zanjado.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que el Partido Popular (PP) va a presentar este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra el PSOE por los delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias para que se "investigue profundamente" lo que el partido considera una "corrupción sistematizada" por parte del Gobierno y los socialistas, tras las últimas revelaciones relacionadas con el caso Koldo.

Gamarra ha informado de este movimiento en una rueda de prensa en la sede de Génova, después de que el comité de dirección del partido se reuniera este domingo de urgencia ante "la extrema gravedad" de los hechos que se están conociendo en lo que ha llamado "la trama Sánchez".

Se ha referido a informaciones periodísticas y a otras que aparecen en informes de la UCO, como que el exministro de Transportes José Luis Ábalos informó a Pedro Sánchez de la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo europeo por las sanciones impuestas por la UE al régimen de Nicolás Maduro.

Lo que no ha aclarado Gamarra es cuando planean llamar a Sánchez para que comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Se ha limitado a responder ante la insistencia de los periodistas que "no tengan ninguna duda de que será llamado en el momento oportuno, veremos si antes desfilan los ministros o cómo vamos organizando los trabajos".

Ha recordado en este sentido que se va a proceder a la solicitud de la ampliación del objeto de la comisión para "que alcance a todo lo nuevo que se está conociendo en los últimos días" al señalar que ahora Sánchez "está mucho más implicado de lo que estaba al principio", hasta el punto -ha dicho- de que ya es conocido "como el número 1 de la trama".

La dirigente popular ha subrayado que a la vista de lo que se está conociendo y si se unen "todos los puntos de la corrupción aparece la cara de Pedro Sánchez", quien, a su juicio, "debería ser consciente de cuánto le asfixia su corrupción. Cuanto antes se vaya, mejor".

Gamarra cree que todo lo que está saliendo a la luz sobre el caso Koldo es grave, pero también lo es "por los silencios y las mentiras" del presidente del Gobierno: "nadie miente ni nadie calla salvo que tenga algo que ocultar".

Los silencios, ha añadido, no solo están afectando al PSOE, también a Sumar, su socio en el Ejecutivo, mientras que de sus socios de investidura espera que reflexionen y se pronuncien, o si, por el contrario, "se van a dejar arrastrar por la corrupción que asfixia a Sánchez".

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha respondido este sábado al anuncio del PP asegurando que "Feijóo no tiene autoridad moral en este país para pedir explicaciones a nadie. Es una anomalía en Europa que alguien con un amigo narcotraficante haya aspirado a presidir un gobierno", ha asegurado

La portavoz socialista ha recordado que el PP tiene abiertas "treinta causas por corrupción" y a modo de ejemplo que, tras la detención de Koldo García, el PSOE "tardó solo cinco días en suspender de militancia a José Luis Ábalos y abrirle un expediente de expulsión del partido".

"Cuando el PP actúe de esta manera contra la corrupción, podrá dar lecciones. Hasta entonces, seguirán siendo el partido que destrozó ordenadores a martillazos, el partido de los sobresueldos y el partido del 'Luis, sé fuerte'", ha añadido a través de una nota difundida por el PSOE.

Peña también se ha acordado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, a quien ha acusado de remover "el fantasma de ETA con declaraciones lamentables para desviar el foco de su nefasta gestión", e invitado a dar explicaciones "por 7.291 razones" en alusión a los mayores fallecidos durante la primera ola de la pandemia en residencias.

El PP ha aprovechado este miércoles la sesión de control en el Congreso para redoblar sus ataques al Gobierno por el "cuponazo" otorgado a Cataluña, como ha calificado la diputada popular Cuca Gamarra al acuerdo de financiación PSC-ERC, que en cambio para Junts no es en absoluto un concierto comparable al vasco.

En respuesta al PP, no tanto a Junts, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han criticado a su vez la política fiscal de las comunidades populares y la falta de una postura común en materia de financiación en el partido de Alberto Núñez Feijóo.

En la primera sesión de control en el Congreso tras las vacaciones, Gamarra, secretaria general del PP, ha cargado contra el Gobierno por financiar "el cuponazo separatista" otorgado a Cataluña "con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños (...) la dependencia de los asturianos, así van a financiar el procés".

A continuación, el diputado y vicesecretario de Economía popular, Juan Bravo, ha asegurado que el pacto fiscal en Cataluña supondrá para el conjunto de los españoles, según los expertos independientes, 13.200 millones menos para los españoles y generará "independentistas de primera y ciudadanos de segunda".

Bravo ha pedido a la vicepresidenta que "no amenace a los presidentes de las comunidades" y ha dicho que si el Gobierno plantea un sistema de financiación para todas, los gobiernos autonómicos "trabajarán para mejorarlo".

Más tarde, el también popular Manuel Cobo ha señalado que ya se ha comprobado que "no hay solidaridad ni diálogo territorial, sino negociación bilateral" entre gobiernos y ha pedido que "no tomen por tontos a los españoles diciendo que con este cupo se beneficia a Cataluña y al resto de España".

Lejos de estos planteamientos, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha opinado que el acuerdo PSC-ERC "ni es concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja" y ha reclamado a la titular de Hacienda el control sobre "todos los ingresos y gastos" para Cataluña.

Mientras Montero ha reclamado a Junts que apoye tanto la propuesta de financiación singular como la senda de estabilidad, porque son "buenas para Cataluña" y el resto del país, tanto ella como Bolaños han dirigido el grueso de sus respuestas y reproches al PP. La vicepresidenta primera ha acusado a Gamarra de mantener una estrategia "para dividir y enfrentar a territorios y ciudadanos" y le ha dicho: "Ustedes contra Cataluña siempre viven mejor y este Gobierno no va a aceptar lecciones de igualdad de un partido que es una maquinaria de enfrentamiento territorial y de generar injusticias".

En el cruce de recriminaciones, Montero ha respondido que cómo pueden defender que quién más tiene más contribuya cuando "están dando regalos fiscales al 0,2 % de la población" o están perdonando 6.000 euros de promedio "a la gente más rica de este país en Madrid y en las comunidades donde gobiernan".

A Juan Bravo le ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy subió los impuestos "a la clase media y a la clase trabajadora" en 70.000 millones de euros, mientras el ejecutivo de Pedro Sánchez les ha bajado la presión fiscal en más de 30.000 millones, mientras ha puesto en marcha los impuestos a las energéticas, la banca, las transacciones digitales y las tecnológicas.

Por su parte, el responsable de Presidencia ha recordado a Manuel Cobo el programa electoral del PP de Cataluña de 2012, que hablaba de financiación "singular", y la disposición de Núñez Feijóo a abordar este asunto en 2016.

Bolaños también ha recriminado al PP que no fuera capaz, en su cumbre de presidentes autonómicos del pasado viernes, celebrada "en un entorno monclovita", "de producir ni un papel, ni una línea, ni una letra, ni una declaración pública" y ha dicho a la bancada popular: "El día que tengan ustedes una posición única hablamos e intentamos mejorar la financiación en España".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "responsable último" de lo sucedido con el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha denunciado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha vigilado al líder de Junts porque el jefe del Ejecutivo "así lo ha querido" y que, por contra, se le ha puesto "una alfombra roja con las siglas del PSOE", ha informado Europa Press.

Así lo ha defendido mediante una declaración sin preguntas a la que ha dado lectura en la sede nacional del partido en la que también ha recriminado al Gobierno que guarde "silencio" después de que Puigdemont haya desaparecido tras pronunciar un discurso público a primera hora de este jueves en Barcelona.

"El Gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto", ha censurado Gamarra.

La dirigente conservadora ha destacado que el hecho de que el CNI no cumpla sus obligaciones es una "prueba" de hasta qué punto "los socialistas han desarmado al país". "El CNI no cumple su función y no controla ni vigila a Puigdemont porque Sánchez así lo ha querido", ha indicado.

Tras preguntarse si los "emisarios" del PSOE que fueron a Suiza lo hicieron para "disuadir" al expresidente o para "pactar los términos de su regreso con total complicidad política", Gamarra ha concluido que "la alfombra roja" con la que ha desembarcado en Barcelona "lleva las siglas del PSOE". "Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña", se ha lamentado a continuación.

La dirigente conservadora ha denunciado que Puigdemont ha regresado este jueves a España "en cumplimiento del trato" con el Gobierno. "Vuelve porque ahora en España, Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley", ha censurado Gamarra.

Al respecto, ha lamentado "otra humillación insoportable y otro espectáculo bochornoso" con el desfile Puigdemont por Barcelona, alertando de que esto puede suponer una pérdida en la confianza de las instituciones, aunque ha culpado a Sánchez de "una humillación consentida y alentada".

"El PP hace un llamamiento al cumplimiento de las resoluciones judiciales y al respeto a la ley y a los servidores públicos encargados de ejecutarlas. Damos también nuestro respaldo a la Justicia, para que actúe libre e independientemente y no se deje presionar por el Gobierno. Reclamamos también al Gobierno que ponga los medios y la voluntad para que los cuerpos y fuerzas de seguridad cumplan con su función", ha proclamado.

Gamarra ha continuado hablando de la investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, advirtiendo de que se trata de "la vuelta a la casilla de salida del procés" y cargando contra los pactos de los socialistas catalanes y de Sánchez.

Gamarra ha insistido en definir el regreso de Puigdemont como "espectáculo grotesco" y ha puesto en valor que si existe la posibildiad de detenerle es porque "sigue habiendo jueces en España" y porque la amnistía, "además de inconstitucional y contraria al ordenamiento europeo, es una chapuza tramposa".

Sobre la amnistía, la dirigente del PP ha recriminado a Salvador Illa que, durante su discurso en el debate de investidura de este jueves, intentara "señalar e instruir" a los jueces con la aplicación de esta medida de gracia.

La 'número dos' del PP también ha aprovechado esta declaración institucional en la sede nacional del partido para volver a cargar contra el pacto fiscal entre PSC y ERC que supondrá que Cataluña salga del régimen común de financiación y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos.

"Sánchez mete la mano en todas las instituciones del Estado para favorecer a sus socios y ahora pretende meter la otra mano en el bolsillo de los españoles para favorecer a uno de los suyos", ha denunciado.

Por último, Gamarra ha alertado de que Sánchez está realizando "un intento de reformar en profundidad el Estado por la puerta de atrás, una mutación constitucional sobre la que no se ha consultado a los españoles y que se ha negociado a puerta cerrada entre Sánchez y sus socios".

El Partido Popular no quiere aclarar cómo financió el viaje —fallido— de sus parlamentarios a Venezuela del pasado sábado y cuyo objetivo, según la formación conservadora, era ejercer como observadores de las elecciones del domingo. Sin embargo, no lograron salir del aeropuerto al no obtener el permiso del Gobierno de Nicolás Maduro, que acabó expulsando a los diez diputados, senadores y europarlamentarios del partido, entre los que se encontraban el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, y el vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons. Según la número dos del PP, Cuca Gamarra, "lo importante es a qué se iba" y no como fuera financiado el viaje. "No creo que haya mucha diferencia si se ha pagado desde el Partido Popular o desde el grupo parlamentario", afirmó.

Gamarra, al igual que González Pons en Antena3, no ha querido detallar si el dinero utilizado para costear el trayecto de sus parlamentarios salió del erario público o de las arcas de su partido. "Me llama la atención que lo único que preocupe sea cómo se han pagado esos billetes. Depende de los viajes y de la circunstancia de los viajes, de si era una delegación oficial de una institución o si era una serie de diputados", se ha limitado a señalar en declaraciones desde Génova 13.

Desde el PSOE han pedido explicaciones a los conservadores. Fuentes del partido recalcan que hay una intención de "despistar" y "no reconocer que los billetes se hayan pagado con las asignaciones que el PP tiene en el Senado, Congreso o el Parlamento Europeo" porque, a su juicio, eso implicaría admitir que han utilizado dinero público "con el único fin de llamar la atención y montar un show". Los socialistas también subrayan que el PP conocía de antemano que "no podrían entrar en Venezuela con su pretensión de autodenominarse observadores internacionales, y por ello cambiaron de opinión varias veces sobre el objeto de su viaje".

Así lo ha explicado también este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a la Cadena Ser. "La solicitud que recibimos del Senado iba a ser una misión interparlamentaria y la tramitamos a las autoridades venezolanas, que denegaron esa solicitud. Fue inmediatamente después cuando el PP nos solicitó otra misión. La tramitamos exactamente igual y la respuesta fue la misma. Ellos sabían que iban a ser devueltos", ha afirmado. Con todo, ha aclarado que en Ejecutivo central no tenía ningún problema en que ese viaje se realizara: "A nosotros nos hubiera gustado que esa misión hubiera podido tener su acreditación, no se veía ningún obstáculo por parte del Ministerio de Exteriores".

Gamarra, sin embargo, asegura que su formación no ha obtenido una "respuesta formal" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido que "se llame a consultas al embajador de España en Venezuela para que dé explicaciones sobre las gestiones que se hicieron esos días". El Ejecutivo, por su parte, se reafirma en que el PP fue el único partido que decidió trasladarse al país pese a que sabía que su solicitud había sido rechazada. Su secretaria general ha incidido en que iban a "defender la democracia" y ha lamentado que el Gobierno "no haya estado a la altura" porque "España debería estar liderando el apoyo a los demócratas venezolanos". El Gobierno español, por el momento, todavía no ha reconocido oficialmente los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, según el cual el actual presidente y candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, ha recibido el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de su adversario, Edmundo González Urrutia.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que Vox está actuando de forma "irresponsable" por plantear el "órdago" de romper los pactos autonómicos por el hecho de que las comunidades vayan a acoger "entre 10 y 30 menores no acompañados" cada una. A su entender, se trata de un paso "absolutamente desproporcionado" que suena a "excusa" y a "coartada".

"Por tanto, creo que Vox está siendo absolutamente irresponsable sólo por plantear un órdago de estas características cuando lo que creo que quiere romper por otras circunstancias. Serán ellos los que tengan que dar explicaciones a sus votantes y a los ciudadanos", ha asegurado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Gamarra ha criticado que se pretenda "romper cuando se aplica el principio de solidaridad entre comunidades autónomas cuando el problema no es éste" sino "no atajar la inmigración irregular por parte del Gobierno de España". "Creo que es absolutamente desproporcionado y más suena a una excusa y a una coartada que a otra cosa", ha enfatizado.

La número dos del PP ha insistido en que "nadie se puede creer" que Vox vaya a dar este paso por los menores migrantes cuando en las cinco comunidades autónomas en las que tienen pactos se han estado dando acogida a menores no acompañados, aplicando el principio de solidaridad. "Creo que evidentemente ésta no puede ser la causa. Tendrán que dar las explicaciones oportunas", ha señalado.

En la misma línea se ha posicionado el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, que ha ironizado con esta ruptura con Vox por acoger a "una media de entre 15 y 30 inmigrantes", poniendo en entredicho la magnitud del problema que denuncian los de Santiago Abascal, que cargan contra los populares por supuestamente "estafar" y "poner en peligro" a los españoles.

En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, el dirigente del PP ha "dimensionado" el acuerdo surgido de la Conferencia de menores celebrada el miércoles por la tarde en Tenerife, y ha recordado que en regiones como Aragón o Murcia -donde cogobiernan con Vox- se acogerán apenas a 20 menores migrantes.

"Estamos hablando de que Vox anuncia una hipotética ruptura, porque en comunidades autónomas donde gobierna con el PP, como por ejemplo Aragón, se van a recibir a 20 inmigrantes. En Murcia, 16. Hay una media de entre 15 y 30 inmigrantes por comunidad. Estos son los motivos por los cuales Vox anuncia una hipotética ruptura de la estabilidad allí donde gobierna con el PP", ha escarnecido el portavoz del PP.

Sémper también ha expresado sus dudas sobre qué está anunciado Vox, si "una ruptura" con el PP, o si está "pidiendo excusas y justificándose o pidiendo perdón por romper gobiernos autonómicos que están funcionando". "No entiendo qué es lo que pretende Vox cuando estamos hablando de un ejercicio de solidaridad de todos los españoles", ha proseguido.

Así las cosas, ha incidido en que el PP no va a ceder ante las amenazas de los de Abascal, ya que los populares se rigen por los principios de "solidaridad" y de "entender la política migratoria como lo que es, como una política que impacta y afecta a seres humanos, en este caso, a menores de edad". Por ese motivo, ha cargado con Vox por haber estado últimamente "empeñado en hacer más oposición al PP que a Pedro Sánchez".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de preocuparse de la vivienda “cuando de un proceso electoral puede depender la suya”, antes de exponer el Plan + Vivienda que los populares han diseñado para abordar el que “es uno de los tres principales problemas a los que se enfrenta" este Ejecutivo. Contiene 16 medidas “urgentes” agrupadas en tres grandes apartados: las dificultades para los jóvenes en esta materia, el desequilibrio entre oferta y demanda y la okupación, que acapara más de un tercio del esquema.

Dentro del bloque ligado a la juventud, los populares proponen cuatro iniciativas: “Generar vivienda en alquiler a precio asequible”, para ese colectivo social y quienes tienen menos ingresos, “con fórmulas de colaboración público-privada como las que están desarrollando las comunidades” gobernadas por ellos; avalar la fianza del alquiler a jóvenes con rentas medias y bajas; facilitar el acceso a la hipoteca, mediante avales u otras fórmulas; y abonar “seguros de impago para quienes ponen su vivienda en alquiler para atenuar incertidumbres” sobre el cobro de la renta. En relación a este primer grupo, fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, señalan que, excepto esto último, el resto “ya está en marcha”. 

De hecho, el Consejo de Ministros dio luz verde al convenio que servirá para activar una línea de 2.500 millones de euros en avales para hipotecas de jóvenes y familias con menores a cargo y la operación está solo a falta de la firma del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Junto a ello, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, informó recientemente de que la construcción de viviendas en alquiler social en edificio eficiente desde el punto de vista energético había alcanzado las 24.964, financiadas con incentivos de los fondos europeos por un importe de casi 1.000 millones, lo que es un 24,8% más de lo comprometido con Bruselas, gracias a 211 acuerdos firmados con autonomías y entidades locales.

Rodríguez también ha defendido que el Ejecutivo coincide con el objetivo del sector de “aumentar la oferta para garantizar el derecho a una vivienda asequible”, por lo que se ha comprometido a “fortalecer la colaboración público-privada”.

Al margen de esto, desde el ministerio instan al PP a “implementar bien” iniciativas que se han impulsado vinculadas a la juventud como el Bono Joven de Vivienda, que ha acumulado retrasos significativos en regiones como Andalucía y Madrid, provocando protestas de los posibles beneficiarios.

Por lo que respecta a la oferta y la demanda de inmuebles, los populares quieren “más suelo”, dado que es “la materia prima para poder ofrecer nuevas viviendas”, por lo que hay que “poner en valor todo” el disponible; acabar con “el infierno burocrático, tanto para el planeamiento, como en la gestión urbanística y la concesión de licencias”; y “dar seguridad jurídica en la ordenación de planeamiento urbanístico y en el alquiler”, para, entre otras cuestiones, “evitar la anulación de desarrollos urbanísticos por defectos de forma”. Junto a ello, el PP aboga por “crear una industria de la rehabilitación, que permita modernizar y hacer más habitables y eficientes las viviendas, dado que “el 50%” tiene “más de 40 años” y “el 75%” carece de “eficiencia energética”; y aplicar una deducción en el IRPF a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos dos años para jóvenes menores de 35 años, con el fin de “incentivar el afloramiento de viviendas vacías al mercado”. 

Sin abandonar el ámbito fiscal, apuestan por bonificar al “100% en el Impuesto de sucesiones y donaciones” las “cantidades donadas para la adquisición de vivienda”, importes que “dentro de la familia española” unos miembros “quieran entregar” a otros. En relación a esta sección del plan, las fuentes de Vivienda consultadas recuerdan que el texto para modificar la Ley de Suelo para "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores formales" paralicen los planes urbanísticos, en palabras de la ministra, “está ya en el Congreso”.

Y hay más. El Gobierno está actualizando la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras con el propósito de “agilizar” la gestión urbanística e “introducir elementos muy importantes, como las nuevas técnicas constructivas, especialmente en lo que se refiere a la industrialización de la construcción, o los factores de sostenibilidad” en esa actividad.

Por último, seis de los 16 enunciados del Plan + Vivienda, están centrados en la okupación y pasan por: el desalojo en 24 horas, garantizar la imposibilidad de empadronarse en la vivienda que se habita, incrementar “las penas para quienes okupan y quienes promuevan la okupación con recomendaciones o instrucciones”, el refuerzo a las comunidades de propietarios donde haya ese fenómeno, una “atención prioritaria a las víctimas”, poniendo “medios a su alcance”; y la “erradicación de okupaciones en las viviendas públicas, que están destinadas a los más vulnerables”. Acerca de esta sección, Gamarra ha afirmado que la okupación “ha subido un 41%” desde que Sánchez “llegó a la Moncloa en 2018” y ha instado al PSOE a "desbloquear" en el Congreso la proposición de ley anti okupación de su partido que fue aprobada en el Senado, donde tiene mayoría.

Si bien, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expuso en la Cámara baja hace unas semanas que las denuncias de okupaciones de viviendas bajaron un 9% en 2023 en comparación con el año anterior y recurrió a datos oficiales de la Fiscalía para indicar que los casos graves de allanamiento, en los que las Fuerzas de Seguridad actúan sin necesidad de intervención judicial, representaron algo menos del 2% del total de los episodios registrados.

Ivan Auciello-Estévez, investigador en Economía en la CY Cergy Paris Université, afiliado en Future Policy Lab y experto en vivienda, considera que la propuesta más interesante del plan del PP es la que mira a la rehabilitación, ya sea a través de ayudas directas o de préstamos a interés 0, dado que podrían “ampliarse las viviendas en alquiler, mejorar la eficiencia energética, contribuir a mantener edificios, etcétera”. Además de favorecer la recuperación de edificaciones que “no son habitables en ciudades”, donde “no hay suelo disponible”; y en zonas rurales en las que “los centros históricos estén en ruinas o casi”. 

Más allá de eso, Auciello-Estévez cree que buena parte del plan “está vacío de contenido” en el sentido de que “obviamente alquiler asequible queremos todos”, pero “no dicen nada” de cómo lograrlo. Avisa luego de que en la actualidad identificar las viviendas vacías es “administrativamente imposible” y tilda de “previsible” el área de la okupación o la bonificación del impuesto de sucesiones, “uno de los mayores canales de distribución de la riqueza con el que contamos”, lanza. “Si de 16 medidas, seis son anti okupación es que no han entendido nada de las prioridades que necesita la vivienda”, indica, para rematar: “Hay que tenerla en cuenta administrativamente, pero no es ningún problema principal en estos momentos”. En definitiva, el grueso de la propuesta es “generalista y no son los puntos pertinentes a los que hay que apuntar”, cierra.

En la misma línea, el director de investigación sobre vivienda en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, entiende que los populares no aportan novedades de relieve sobre la oferta y la demanda. "Es un mito de la ideología anarcocapitalista que liberando mucho suelo y eliminando trabas burocráticas se construye más y se bajan precios". Asocia el boom de oferta de nueva construcción que ha habido en algunos países a "la concesión masiva de hipotecas" y en lo relativo a la generación de vivienda en alquiler asequible, advierte de que "el plan de Madrid ha sido un desastre y los precios siguen nada asequibles, como era de esperar", desliza. "Son concesiones público privadas parasitarias, pensando más en sostener determinados márgenes de beneficio que en garantizar asequibilidad", remata.

De su lado, Víctor Palomo, abogado y portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, manifiesta que “son medidas muy alejadas de la calle”. ¿Por qué? “No ponen remedio a la situación de emergencia habitacional que tenemos, hablan de alquileres asequibles, pero para un futuro y de manera indeterminada, cuando el problema de exclusión de muchísima gente lo tenemos hoy”. Echa en falta, asimismo, una “mención a los pisos turísticos y a los fondos buitres”, sobre “lo que hay que legislar” más pronto que tarde. Con todo, en la rueda de prensa de presentación de la propuesta, el PP ha apremiado al Ejecutivo de Sánchez a “hablar con los ayuntamientos” en concreto por las viviendas turísticas y no se ha cerrado a que se tomen decisiones “quirúrgicas” y “adaptadas” casi por barrios.

En opinión de Palomo, el plan del PP destila el “mismo discurso que tienen la patronal, los fondos y las inmobiliarias”, y respecto a la okupación, niega que haya aumentado. “Ha disminuido y, como cada vez hay más empresas dedicadas a desalojar a okupas que meten mucho miedo, se ha dificultado”, concluye. El PP pretende llevar su plan al Congreso y al Senado.