La representación legal del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial porque entiende que el rechazo por parte de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana a su personación en la misma le genera una situación de "seria indefensión", según informa EFE.

Fuentes de su defensa han explicado que el recurso presentado ante la Audiencia se sostiene en que hay una "anomalía procesal relevante" derivada del momento en que la jueza elevó una exposición razonada para su investigación en la causa.

Además, el recurso, que incide en que "no hay responsabilidad penal alguna de Mazón", pide "dejar sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que le afecten o le hayan afectado, de modo que su posición en la causa quedara reducida de forma efectiva a la de un mero testigo ajeno a cualquier posible afección procesal" y si se mantienen, le permita su personación "para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa". 

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido personarse en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Se trata de un giro en su estrategia tras rechazar en tres ocasiones declarar voluntariamente a petición de la jueza que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, que se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara investigarle, como pidió la jueza, al no considerarle "garante" de la seguridad de la ciudadanía durante la emergencia del 29-O. Tras esta decisión, Ruiz Tobarra acordó la citación de Mazón como testigo —todavía sin fecha— y le pidió que aportara —voluntariamente— los mensajes de WhatsApps que intercambió la tarde de la dana.

Este lunes, el letrado que ejerce la representación del exjefe de Consell, Ignacio Gally, presidente del Colegio de Abogados de Alicante, ha presentado un escrito ante el juzgado con la misma premisa que la magistrada que mantiene las diligencias abiertas “sobre él [Mazón], aún después de la resolución del tribunal competente". Al personarse, su defensa busca acceso a las diligencias, al contenido completo del sumario y a la capacidad de intervenir en una investigación que sigue examinando decisiones, tiempos y omisiones que afectan de lleno al papel del expresidente valenciano durante la emergencia, en la que fallecieron 230 personas.

Fuentes del PP explican a infoLibre que Mazón y su equipo jurídico consideran que Ruiz Tobarra sigue investigándole de facto pese a la decisión del TSJCV y que ha dirigido una "investigación prospectiva" sobre él durante los últimos meses pese a no estar investigado y "no poder defenderse". Por ello, su defensa se acoge al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que extiende a diputados y senadores —y, por analogía, a aforados en situaciones equivalentes— determinadas garantías de defensa cuando se les atribuye un hecho punible. Ahora, la jueza deberá pronunciarse sobre si acepta la personación de Mazón.

Este movimiento puede interpretarse como una "declaración voluntaria como imputado" por parte de Mazón, que le permitiría estar acompañado de su letrado, no tener obligación de contestar a todas las partes y tampoco de decir la verdad, aunque en el PP no lo ven de ese modo y señalan que únicamente quiere personarse como "interesado" en el proceso. Se trata, en todo caso de una situación sin precedentes que deberá dirimirse, en primer lugar, en el juzgado de Catarroja. Si Ruiz Tobarra no acepta su personación, el exjefe del Consell puede presentar un recurso a la sección segunda de la Audiencia de Valencia, que sería la encargada de decidir si Mazón puede estar en el proceso sin estar imputado ni perjudicado.

Con esta decisión, Mazón trata de blindarse jurídicamente y, sobre todo, ganar tiempo dilatando su declaración ante la jueza, a la que no se ha puesto fecha. Según el escrito presentado por su defensa, hasta la fecha su "posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia" pese a haber tenido "conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

Es el argumento que utiliza su defensa para justificar que en estos meses Mazón haya evitado ir a declarar ante la jueza, como sí ha hecho su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al igual que cargos de la Generalitat. Ahora, el exjefe del Consell busca conocer qué piezas maneja la causa, qué testigos han hablado, qué han dicho, qué documentos pesan sobre su actuación y qué margen tienen las acusaciones para volver a dirigir el foco sobre él. "Es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del Tribunal competente".

Para las acusaciones particulares, la decisión del TSJCV ha reforzado a Mazón, pero creen que todavía es pronto para que el actual diputado del PP cante victoria. A mediados de febrero, la jueza de Catarroja reclamó a Telegram y WhatsApp los mensajes del jefe de Gabinete con Mazón, el ex secretario autonómico de Presidencia, la exconsellera de Justicia y la cúpula de Emergencias. Si en uno de esos mensajes de demuestra que Mazón dio algún tipo de orden directamente, a través de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, o de la exconsellera Salomé Pradas, actualmente imputada, su situación procesal cambiaría rápidamente.

Con todo, la decisión del TSJCV no ha cerrado el debate político sobre el papel del entonces jefe del Consell. Al contrario. Las asociaciones de víctimas han seguido situándolo en el centro de las exigencias de responsabilidades, hasta el punto de reclamar que renuncie a su escaño para perder el aforamiento, al que se aferró para evitar los tribunales. Una posibilidad que descartan desde el PP. El propio Pérez Llorca defendió públicamente que "el acta de diputado no se la da el partido sino la soberanía popular" y aseguró que, cuando concluya la instrucción judicial, se adoptarían "las medidas oportunas" conforme a los estatutos.

Los estatutos del PP contemplan el expediente disciplinario en su artículo 20 a un afiliado cuando "se tenga conocimiento de que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial". Si, finalmente, la justicia acepta que se persone en la causa pero a cambio de que se declare como investigado, los conservadores deberán decidir si le piden o no su acta en Les Corts.

Mazón es, de hecho, la mochila política que sigue acompañando al PP y que Pérez Llorca quiere quitarse de encima. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Algo que también se refleja en las encuestas, ante la imposibilidad de desprenderse de un lastre que sigue pesando demasiado. En la formación conservadora aseguran que una imputación de Mazón sería "nefasta" para el partido, pero añaden que su situación actual tampoco es la ideal, porque genera titulares y debates incómodos en la esfera pública.

"No cabe concluir que infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal". El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tumbado el intento de la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de que se investigara al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por la dana de 2024. La Sala de lo Penal ha rechazado la exposición razonada elevada por la instructora. Y lo ha hecho al entender que no se pueden atribuir penalmente al exlíder del Ejecutivo autonómico los 230 muertos que dejaron las inundaciones. El auto, y la argumentación que contiene, blinda judicialmente al exdirigente conservador. Al menos, mientras no aparezcan nuevos indicios que lo incriminen.

La instructora tocó la puerta del Tribunal Superior de Justicia hace tres semanas con un extenso escrito bajo el brazo en el que calificaba los hechos como constitutivos de delitos de homicidio imprudente en comisión por omisión, algo que se regula en el artículo 11 del Código Penal: "Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación". En la exposición razonada, se mencionaba la posición de garante del aforado en cuanto president de la Generalitat. O la "pasividad" del mismo ante las "obligaciones propias de su cargo".

Los magistrados comienzan recordando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo deja claro que no tiene cabida una simple responsabilidad penal por elevación. "Para que se pueda considerar autor a un determinado directivo o autoridad administrativa [es necesario] que haya intervenido directa o mediatamente en la realización del hecho punible, sin que se le pueda atribuir esa condición por el simple desempeño de un cargo", recoge en una de sus sentencias. El mismo razonamiento que el Alto Tribunal desplegó cuando archivó, por ejemplo, varias querellas interpuestas por colectivos ultras contra miembros del Gobierno central también por la dana: "De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad".

Con esto apuntado, la Sala de lo Penal entra a valorar si se puede responsabilizar a Mazón de los homicidios imprudentes por omisión. Y, para ello, deja claro que la "comisión por omisión" requiere que se cumplan una serie de requisitos. "Sin la presencia de todos y cada uno, decae", explican los magistrados. Así, tal y como ha establecido la doctrina del Supremo, es necesario, entre otras cuestiones, que el sujeto "se encuentre en una posición de garantía, normativamente prevista". Y que ese "deber de actuar en garantía" tenga "naturaleza jurídica y no meramente moral o social". Es decir, que debe derivarse "de fuentes normativas jurídicamente reconocibles como la ley". Y todo eso, concluye el TSJCV, no se da en el caso de Mazón.

Los magistrados hacen una repaso de las diferentes normas que la instructora pone sobre la mesa para apuntalar dicha posición de garante: Ley de Gobierno Valenciano, Ley de Protección Civil o Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Sobre la primera, dice que los "deberes jurídicos" que recoge son, en relación a los hechos investigados, "genéricos por no decir inexistentes". Y lo mismo ocurre en relación a las otras dos. "Pese a la especificidad de una y otra normativa, tampoco su literalidad autoriza apreciar en el aforado esa condición de omitente en posición de garante. En ningún caso atribuyen competencia específica en materia de protección civil y gestión de emergencias al president".

La única que se le atribuye de alguna manera viene recogida en el artículo 12.4 de la Ley de Protección Civil, que otorga al líder del Ejecutivo valenciano la capacidad de "declarar la situación de emergencia catastrófica" y asumir el mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia. Se trata de un mecanismo que nunca llegó a activarse, permaneciendo, por tanto, inalterada la cadena de mando. Una "omisión" que, sin embargo, tampoco sería delictiva. "En el ámbito en el que nos encontramos no cabe confundir facultades discrecionales con obligaciones legales", recogen los magistrados, que recuerdan que la norma no obliga, sino que permite –"podrá declarar"–.

La Sala, del mismo modo, apunta que la convocatoria del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) o el envío de la alerta a la población –Es-Alert– tampoco eran competencia de Mazón. Y responde a otras cuestiones planteadas para apuntalar la actitud negligente. Sobre la comparecencia en la que dijo que el temporal se desplazaba a la Serranía de Cuenca, apunta que no se puede decir que estuviera "eludiendo el peligro". Y sobre la comida en El Ventorro, que "poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas". "Pero no nos corresponde analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", completa.

En relación con el envío tardío del Es-Alert, los magistrados creen que no hay pruebas de su participación en el proceso. Consideran que las informaciones sobre eso "se mueven en el terreno de la mera conjetura". Ni siquiera ven indicios de ello en los mensajes que el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, envió a la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, a las 19.54 horas de aquel trágico 29 de octubre: "Salo. De confinar nada". "No cabe entender ni el tono de los mensajes remitidos por el jefe de Gabinete, ni la proximidad personal y profesional de éste con el aforado, ni la propia lógica, más cuando permite una interpretación y la opuesta. Ninguna de estas apreciaciones autoriza, desde luego, verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de su participación".

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia blinda, al menos por ahora, al expresident. Alguna de las acusaciones reconoce en privado que la resolución cierra la puerta a una investigación penal contra Mazón solo por la posición que ocupaba en el organigrama y por su pasividad durante la emergencia. Ahora bien, rechazan que sea un cerrojazo definitivo. "Lo único que queda es poder demostrar que diera algún tipo de orden directamente o a través de Cuenca o Pradas", exponen las fuentes consultadas. A mediados de febrero, la jueza de Catarroja reclamó a Telegram y WhatsApp los mensajes del jefe de Gabinete con Mazón, el ex secretario autonómico de Presidencia, la exconsellera de Justicia y la cúpula de Emergencias.

"La única que puede acreditar eso es Pradas", conceden otras fuentes jurídicas pulsadas, para las que tampoco supone un mazazo la decisión del TSJCV, que tildan de "previsible y lógica": "La prioridad era que la instrucción continuara. Y si el TSJ se hubiera quedado a Mazón y, viendo alguna de las cosas que dice en el auto, era posible que incluso hubiera dicho que no había ningún delito y que se archivaba la causa contra todos". Las mismas fuentes recuerdan que en poco más de un año están previstas unas nuevas elecciones autonómicas. Y habrá que ver si Mazón continúa entonces como aforado. Porque, por el momento, calculan que la instrucción puede alargarse un par de años más: "Aún quedan por declarar decenas de alcaldes, bomberos, peritos".

Mazón no será investigado. El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana. La decisión llega porque no aprecian “un fundamento sólido y objetivo” de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa “revistan carácter de delito”.

Los cinco magistrados que integran el órgano judicial descartan de esta forma abrir una causa penal contra Mazón y basan su decisión principalmente en que éste no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión.

Así lo recoge un auto que consta de 70 páginas y que responde a la exposición razonada que elevó el pasado 24 de febrero la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana de 2024, en la que solicitaba al Tribunal Superior que investigase al expresident, que es actualmente diputado en Les Corts y por tanto aforado.

El tribunal tampoco ve elementos que acrediten la participación de Mazón en el Es-Alert que se envió a la población a las 20:11 horas el día de la dana en que murieron 230 personas y señala, además, que no es "insensible a la tragedia ocurrida", pero precisa que solo puede analizar la responsabilidad del exjefe del Consell "desde una perspectiva jurídico-penal" y no moral o política.

La resolución, que puede ser recurrida ante el TSJCV en el plazo de tres días, se pronuncia exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal del expresident, para archivar las actuaciones respecto de él, y no sobre los dos investigados en la causa: la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

Esta decisión del TSJCV "no significa que el procedimiento no pueda continuar" en el juzgado de Catarroja: "Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio", expone el auto, que elogia el "esfuerzo y la laboriosidad" de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

Los magistrados señalan que es indispensable que haya indicios "reforzados" de criminalidad y una "individualización concreta de la conducta" susceptible de reproche penal, pues "no basta cualquier sospecha o conjetura" ni son "suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas".

La Sala admite que las víctimas "están necesitadas de lograr el esclarecimiento de la verdad y de obtener justicia y reparación", pero insiste en que el único "instrumento de análisis" es el Código Penal y debe basarse en los "principios de legalidad y culpabilidad".

En este caso, indica, ha de determinar si los hechos que se atribuyen en la exposición razonada de la instructora respecto del aforado encajan con el delito de homicidio imprudente, en su modalidad de comisión por omisión, pues "no toda conducta política o socialmente discutible e incluso en su caso, reprobable, tiene encaje en un precepto penal".

Y tras analizar la legislación aplicable, el Tribunal concluye que no se da en el aforado la posición de garante exigible para apreciar una actuación comisiva por omisión por su parte: "No cabe concluir que el president de la Generalitat infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal", indica en coincidencia con los argumentos de la Fiscalía Superior.

Según la Sala, la legislación autonómica no asigna al jefe del Consell unos deberes específicos dentro de la normativa relativa a la protección civil y a la gestión de emergencias, sino que hace recaer el mando único de la emergencia en el titular de la Conselleria competente en esa materia.

"Sin prejuzgar otras posibles responsabilidades, es claro que el president de la Generalitat no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias al no atribuírsele deber específico alguno en este ámbito", señala la Sala, que aclara que la ley de Emergencias solo contempla la "facultad" del jefe del Consell de declarar la situación de emergencia catastrófica, pero esta "nunca fue declarada" por Mazón.

Sobre la posible participación del expresident en el envío del mensaje de alerta la población, "que supondría la desaparición de la conducta omisiva para su transformación en activa", los magistrados consideran que las consideraciones de la instructora en su exposición razonada "se mueven en el terreno de la mera conjetura".

Para el Tribunal, esos argumentos están "huérfanos de la acreditación indiciaria que la asunción de la competencia por la Sala requiere", pues no cabe entender que ni el tono de los mensajes remitidos ese día a la consellera por el que era jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ni la proximidad personal y profesional entre ellos dos sirvan para "verificar la concurrencia de indicios, y mucho menos sólidos, de la participación" del entonces president en el envío del Es-Alert.

"Consecuentemente, ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud sobre la participación del aforado en el envío del Es-Alert, tampoco desde esta perspectiva podrá la Sala declararse competente para conocer de la causa", señala la resolución.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV también analiza otros aspectos de la exposición razonada de la instructora por los que ésta aprecia una posible responsabilidad penal del expresident, como la "prolongación de la comida" que mantuvo en un restaurante el 29 de octubre de 2024 y su "situación de ajenidad a los acontecimientos criticada en la exposición".

"Poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas. Pero no nos corresponde, como bien anota el órgano remisor, analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", indica.

En esa línea, la responsabilidad penal de Mazón "no puede derivar del cargo que ocupaba, en ningún momento se encontró en posición de garante, ni siquiera (…) en lo que respecta a la coordinación de las consellerias en caso de emergencias", indica.

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana considera que “en este momento no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación" del expresident Carlos Mazón en la causa de la dana.

La Fiscalía solicita al Tribunal Superior de Justicia valenciano la devolución del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, para que continúe con la investigación, según informa en un comunicado.

Lo hace en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunitat Valenciana, en el que la jueza considera que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón por la gestión de la dana.

En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones" o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis" de que el expresident "hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”, en la que fallecieron 230 personas.

La fiscalía, según el comunicado tras las alegaciones que ha presentado ante el TSJCV, "no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana" pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación" de Mazón.

Y por ello estima, en consecuencia, que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.

Este lunes, a las 15:00 horas, finalizaba el plazo dado a las partes por el TSJCV para presentar alegaciones a la exposición razonada de la jueza de Catarroja que pide que se investigue a Mazón por su gestión de la dana, algo que han ido haciendo varias de ellas desde la semana pasada.

Entre esas partes que las han presentado este lunes, la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al TSJCV que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la dana que se investiga en ese juzgado de Catarroja y donde ella figura como imputada, y de forma subsidiaria expone que, de estimarse la existencia de indicios para investigar a Mazón, sea el TSJCV el que asuma "sin más dilación toda la causa".

En el caso del otro imputado en esta causa, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha solicitado al Tribunal Superior que, en caso de admitir la investigación contra Mazón, se quede con la totalidad de la causa.

La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que no aplique el aforamiento del expresident de la Generalitat y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja.

La jefa de prensa de Carlos Mazón el día de la dana el 29 de octubre de 2024, Maite Gómez, ha dicho este viernes a la jueza que desconoce dónde estuvo el entonces presidente de la Generalitat Valenciana esa tarde y ha explicado que informaron a la prensa de lo que hizo por lo que suponían o les parecía lógico, pero no hablaron con él, según informa EFE.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, Gómez ha explicado que estuvo hasta las 17.30 horas trabajando en el Palau de la Generalitat, y desconoce dónde estuvo Mazón esa tarde, pues solo coincidió con él cuando subió al coche oficial para ir al Centro de Coordinación de Emergencias.

Preguntada por una acusación sobre las versiones ofrecidas desde la Generalitat sobre la llegada de Mazón al Palau, Gómez ha señalado que informaron basándose en suposiciones, en lo que consideraban lógico, pero no sobre lo que sabían porque no le preguntaron al presidente valenciano, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

La jueza ha considerado poco creíble lo dicho por la testigo, y le ha señalado que no se puede creer que en un día como el de la dana, en el que acabaron falleciendo 230 personas, informaran sobre dónde estaba el entonces president sin confirmarlo con él.

Gómez ha asegurado que a las 19.45 le llamó María Jesús García, directora general de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, para decirle que fuera al Palau con la intención de ir a l'Eliana, donde desde las 17.00 horas estaba reunido el Cecopi por la emergencia de la dana, aunque no le dijo el motivo.

Ha explicado que el coche oficial, en el que iban Mazón y un asesor, Josep Lanuza, la recogió finalmente en las Torres de Serranos, y al poco de subir sonó el Es-Alert, pero no pudo ver la reacción del resto de ocupantes ya que ella iba sentada delante.

En ese momento, llamó a sus hijas porque estaban solas y a su marido, que estaba trabajando en un polígono y que le dijo que no podían salir y que pasaría la noche allí; también habla con el entonces director general de Promoción Institucional, Francisco González, para contarle que van de camino a l'Eliana.

Gómez también decidió en ese momento que no se enviara la agenda del expresidente valenciano a los medios de comunicación y que se anularan los billetes que tenía el equipo de prensa para acompañar a Mazón a un acto previsto en Madrid al día siguiente, ya que entendió que no iban a coger el tren de las 6.00 horas de la mañana.

Representantes de dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han asegurado que no les mueve ni el "odio" ni la "venganza" sino la justicia por unas muertes creen "evitables", y han pedido al PP que deje de proteger al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, informa EFE.

Así lo han afirmado las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí, en su comparecencia este martes ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las inundaciones.

La primera en comparecer ha sido Rosa Álvarez, quien ha afirmado que su organización no busca venganza sino justicia, y ha asegurado que 230 personas no murieron "por un hecho meteorológico imprevisible" sino por la "negligencia" del Gobierno valenciano, que "solo tenía que hacer su trabajo y, al menos, mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo".

En la misma línea, Mariló Gradolí ha asegurado ante la comisión que "no habrá normalidad" mientras se siga "protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas", Carlos Mazón, y ha asegurado no estar aquí "por odio", sino "por responsabilidad, porque detrás de cada cifra hay una familia y detrás de cada decisión no tomada hay una consecuencia".

Esta comparecencia ha tenido lugar el mismo día en el que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el expresident valenciano, que es aforado por ser diputado en Les Corts Valencianes.

La reacción de la oposición no ha tardado en llegar. El PSPV-PSOE y Compromís han instado este martes al Partido Popular a reclamar el acta de diputado autonómico a Mazón y, si no la deja, expulsarle del grupo popular y del partido, al considerar que es "una vergüenza" que siga siendo diputado autonómico.

La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha afirmado que "al PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo" a Mazón y ha aseverado en un mensaje en X que ni manteniéndole como diputado "podrán tapar tanta negligencia" y cada día se está "más cerca de que se haga justicia".

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado en los pasillos de Les Corts que hoy se ha dado "un primer paso importante" hacia la imputación del expresident y parece que "ni el aforamiento" va a impedir que Mazón acuda los tribunales a declarar por su "inacción fundamental" el día de la dana.

Para Muñoz, "no tiene sentido que la democracia valenciana siga aguantando" a Mazón como diputado autonómico, y por ello el president de la Generalitat y presidente del PP, Juanfran Pérez Llorca, debe exigirle el acta, y si no la deja debe expulsarle del grupo y del partido, o seguirá siendo "el encubridor" de su antecesor. Además, ha conminado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a actuar.

El síndíc de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que la decisión de la jueza de Catarroja llega después de haber escuchado a 500 testigos y "ratifica lo que todo el pueblo entiende, y es que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado", por lo que la "única salida digna" que le queda es dejar el acta e irse de Les Corts.

El Gobierno de España también se ha sumado a la presión al PP para exigir el acta del expresident. Fuentes del Ejecutivo señalan a EFE que con el caso de Mazón y el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual, se demuestra que al Partido Popular siempre le tiembla la mano cuando se trata de casos que afectan a sus dirigentes.

Desde el Congreso de los Diputados, otros portavoces políticos han coincidido en que la decisión de la jueza demuestra que Mazón debe dejar su escaño.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que "hacía muchísimo tiempo que debería haberlo dejado", mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha afirmado que "es lógico" que la jueza pida la imputación y que Mazón "debería dejar el escaño para que no hubiera otras competencias y facilitar la investigación".

"Parece que los hechos son más graves de lo que parecen, pero tengo que leerlo con detenimiento. ¿Tendría que dejar el escaño? Pues sí, posiblemente sí", ha asegurado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresident "debe dejar el escaño le imputen o no, porque es una indignidad". "Feijóo puede decirle a los suyos que lo expulsen del Grupo Popular y se vaya al Grupo Mixto; no lo hará porque, en el fondo, al señor Feijóo ese día solo le preocupaba la comunicación", ha concluido Ibáñez.

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha rechazado comentar u opinar la decisión de la jueza Catarroja de este martes.

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, Pastor ha dicho que el PP no comenta las decisiones judiciales, ni las que le favorece ni las que no le favorecen. "No somos como ellos y además no queremos serlo", ha manifestado en referencia a los partidos de izquierdas.

"Siempre hemos huido de censurar o de aplaudir las decisiones judiciales según nos favorezcan o nos perjudiquen", ha manifestado Pastor, quien ha apuntado que no caerán ahora en ese error "porque sería renunciar" a uno de los principios del PP, que es "no opinar sobre las causas judiciales abiertas".

Ha afirmado que eso les diferencia de lo que hacen otros, y como ejemplo ha señalado que "cuando el juez Peinado instruye alguna cuestión que afecta a la mujer del presidente -del Gobierno-, salen tres ministros a decir que es un juez facha".

"Nosotros no somos iguales y no queremos serlo", ha indicado, y por eso ha añadido que no opinarán sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de que se abra juicio contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor ni sobre lo que han leído esta mañana sobre la jueza de la dana y su marido.

Preguntado por si desde el PP se va pedir el acta a Mazón, Pastor ha pedido no hablar "de futuribles", pues todavía no se sabe ni siquiera lo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia, y ha señalado que él no está en estos momentos para "para descartar o dejar de descartar".

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, que es aforado por ser diputado en Les Corts, según informa EFE. Debido a su posición, el juzgado de instrucción no puede investigarle, pero sí puede hacerlo el TSJCV.

Hasta ahora solo dos altos cargos en el momento que se gestionó la crisis de la dana estaban siendo investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; y su número dos, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. Ahora, la jueza ha tomado esta decisión después de escuchar más de 500 declaraciones.

Será ahora el alto tribunal valenciano el responsable de decidir si investiga formalmente al expresident, que dimitió del cargo el pasado 3 de noviembre pero que sigue siendo diputado autonómico, y por tanto aforado y por ello no puede ser investigado por un juzgado de instrucción. En caso afirmativo, la instrucción pendiente de esta causa penal, en la que se investigan 230 posibles homicidios y lesiones imprudentes, pasaría a desarrollarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La jueza cree que la "exclusión voluntaria" de Mazón en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo", una "omisión equiparable a la acción" en los fallecimientos y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.

Según detalla la instructora en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 109 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, "el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que habrán de imputarse los fallecidos".

"El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos, insiste la jueza, conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante".

La jueza Nuria Ruiz Tobarra considera indicios contra Mazón también el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de las mismas o la falta interacción con los responsables autonómicos".

Dicha pasividad cabe "calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada", añade la instructora.

"En realidad -según la jueza-, desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante. Se mantenía en el interior del restaurante durante el peor momento de la emergencia y las llamadas que se pudieron haber hecho no revisten ningún resultado positivo, ni ninguna actuación".

A juicio de la instructora, el president "estuvo ausente en la gestación del envío de una alerta", es decir, de forma presencial en el Cecopi, pero cree también que intervino en aquel proceso a través de quien fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y de las instrucciones que éste trasladó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas (investigada en la causa).

Según detalla la jueza, "existen indicios" de la "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del mensaje masivo Es-Alert por varios motivos: "La condición de Cuenca de secretario autonómico, jefe de gabinete y persona de estrecha confianza convierte sus mensajes no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes".

Además, la expresión "de confinar nada, Salo” (en un WhatsApp de Cuenca a Pradas) posee en opinión de la instructora un "carácter claramente imperativo". "En definitiva, una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior", remarca.

También señala la instructora el aviso que Cuenca dio a Pradas respecto a la llegada inminente del president al Cecopi aquella tarde, que "es en definitiva una forma de decirle que se espere", y eso es algo que "solo puede producirse si había una comunicación constante entre Mazón y su jefe de gabinete".

Recuerda la jueza que "el confinamiento, pese a los mensajes del jefe de gabinete de Mazón, está previsto en el plan especial frente al riesgo de inundaciones" y reprocha a la exconsellera Pradas que "tenía en un principio importantes dudas sobre sus propias competencias, lo cual generó una parálisis en los momentos decisivos y sería decisiva en el resultado mortal en la gestión de la emergencia".

"La forma en que tuvieron lugar los fallecimientos, en los domicilios, garajes, en accidentes in itinere, así como en la vía pública. En todos ellos era factible lanzar un aviso a la población que alertara y evitara la producción del resultado", según el escrito.

Por ello, "la omisión equivalente al resultado, que se atribuiría al president de la Generalitat, se desprende del hecho de que en todos y cada uno de los casos referidos es relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo, desde un organismo el Cecopi, y desde una Conselleria a la cual podía el president, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda".

Por todo lo anterior, la "negligencia" en la que supuestamente incurrió Mazón es "grave" en opinión de la instructora, "por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba y el resto de circunstancias descritas en la presente exposición".

Y como tuvo un "resultado mortal y lesivo, su conducta podría ser incardinable en el artículo 142 bis del Código Penal", es decir, el que permite "elevar en uno o dos grados la pena por homicidio imprudente si el número de fallecidos fuere muy elevado".

El que fuera asesor externo de Carlos Mazón el día de la dana, Josep Lanuza, ha afirmado este lunes, durante su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la emergencia, que el expresident de la Generalitat llegó al Palau entre las 19:32 y las 19:42 de aquel 29 de octubre y estuvo en su despacho unos 25 minutos antes de salir hacia el Cecopi, según recoge EFE.

Lanuza acompañó a Mazón en el trayecto en coche del Palau de la Generalitat al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre y accedió con él al edificio a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío del primer mensaje Es-alert a la población de las 20:11 horas.

La jueza que instruye la causa citó a Lanuza para conocer si oyó durante el trayecto en coche "cualquier comunicación sobre el envío de la alerta" o llamadas esa tarde entre el expresident y la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. 

Lanuza, asesor político externo en estrategia de comunicación que trabaja para el PP de Valencia, ha señalado ante la jueza que el 29 de octubre coincidió con Mazón en un acto por la mañana y quedaron de nuevo por la tarde a partir de las 19:00 horas, la hora habitual en la que se reunían para hablar de temas de comunicación, según fuentes conocedoras de la declaración. 

Ese día, ha añadido, habló por la mañana con Mazón de una encuesta reciente del CIS y ha señalado que no tuvo conocimiento de la alerta roja hasta más tarde, cuando se grabó el vídeo con el president para las redes sociales diciendo que la alerta se acababa a las 18:00 horas y que la tormenta se iba hacia Cuenca. Ha relatado que acudió al Palau de la Generalitat por la tarde de nuevo sobre las 18:30 horas y ha asegurado que Mazón llegó al edificio pasadas las 19:30 horas. Lanuza se encontraba en el patio Gótico y cuando llegó el president, solo y en una actitud normal, subió con él a su despacho.

Ha señalado que no tiene el minutaje pero serían entre las 19:32 y las 19:42 horas y que en el despacho le dijo que no podrían hablar de los temas que tenían previstos porque se acababa de inundar el metro. Según su declaración, estuvieron en el despacho entre 20 y 25 minutos, hablando y Mazón atendiendo llamadas en ese rato, pero que no le escuchó hablar de la emergencia.

Cuando colgó una de las llamadas le contó que había un problema con una presa, la de Forata. Ha señalado asimismo que sobre las 19:45 horas recibió una llamada de Pradas, que no le dijo nada más en relación a la dana y que sobre las 20:00 horas salieron del Palau.

La jueza instructora ha hecho ver al exasesor que este relato no coincide con el testimonio de los escoltas de Mazón, que en su declaración en el juzgado situaron la llegada del president al Palau cerca de las 20:00 horas y que estuvo en su despacho unos diez minutos. Lanuza ha mantenido su versión y ha insistido en que salieron del Palau a las 20:00 horas y acompañó a Mazón a la sede del Cecopi en l'Eliana, aunque de camino recogieron en las Torres de Serrano de València a la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez.

Justo cuando pasaron las torres, al otro lado del río, cuando habían transcurrido unos 5 u 8 minutos desde que salieron del Palau, sonó en los móviles el Es-alert de las 20:11 horas, ha relatado. Lanuza también ha manifestado que durante el trayecto oyó a Mazón hablar con la consellera de Interior, Salomé Prada, a quien le dijo que estaban de camino y volvió a hablar con ella justo antes de llegar a l'Eliana.

En el trayecto llamó también la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero no consiguieron transferir la llamada desde la Secretaría al teléfono del president por lo que le llamaron a él y pasó el teléfono a Mazón.

Ha señalado que Mazón solo comentó la preocupación por la presa de Forata y cuando recibieron el Es-alert comentaron que debía ser como el que se recibió en Madrid durante el temporal de Filomena. Por otra parte, el exasesor ha afirmado que es "falso" que él dijera "presidente, hay muchos muertos" cuando Mazón llegó esa tarde al Palau de la Generalitat, y ha aseverado que delante de él no oyó a nadie decir esta frase ni tampoco en alguna llamada.

El chófer del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el día de la dana ha testificado este viernes que cuando sonó el primer mensaje Es-Alert (a las 20:11 horas) llevaba a Mazón hacía el Cecopi, reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, pero aún no habían salido de València, según informa EFE.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, el conductor ha señalado que dejó al entonces president en su casa entre la medianoche y la una de la madrugada, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

También ha indicado que durante su jornada, en la que trasladó a Mazón y a personal de su equipo a varios actos y por último al Cecopi, no vio nada que le llamara la atención y no fue consciente de lo que pasaba hasta que llevaba un rato en L´Eliana.

El número de expedientes de regulación de empleo (ERTE) llevados a cabo el pasado año alcanzó los 4.506 procedimientos, un 37,6% menos que en 2024, cuando se dispararon por la situación generada por la dana, según informa EFE.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, el año pasado 3.405 empresas estaban inmersas en uno de estos procedimientos -un 42,9% menos que en 2024-, de las que 441 aún estaban afectadas por la dana, con un total de 446 procedimientos.

El número de trabajadores incluidos en algún despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de jornada disminuyó un 34% en 2025, hasta los 124.921, de los que 3.186 lo fueron debido a la dana.

Del total de afectados, hubo 84.860 hombres (37,9% menos), el doble que mujeres, con 42.061 (24,5% menos). Por tipo de procedimientos, la mayoría se vio afectado por una suspensión de contrato, con 78.303 trabajadores (45,3% menos), y 5.418 vieron reducida su jornada (38% menos).

Además, hubo 41.200 trabajadores que formaron parte de un despido colectivo, una cifra que aumenta un 10,2% y que en los próximos meses se dispará, previsiblemente, una vez se apliquen los anunciados en empresas como Telefónica, Tubos Reunidos, Teka o Pepsi.

En cuanto a las causas, 112.833 trabajadores formaron parte de un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), cifra que disminuyó un 25,7%; mientras que 12.088 lo fueron por fuerza mayor, con un descenso del 67,6%.

La mayor parte de trabajadores incluidos en un ERTE estaban empleados en el sector industrial (63.445), principalmente en la fabricación de vehículos de motor (con 25.175 afectados, uno de cada cinco, la mayoría en una suspensión de contrato). Le siguen los 57.335 trabajadores del sector servicios incluidos en un procedimiento, principalmente empleados en servicios de alojamiento, actividades administrativas, restauración y comercio mayorista y minorista. En menor medida, 2.676 trabajadores afectados pertenecían al sector de la construcción y 1.465 al agrario.

Atendiendo a las causas de los ERTE, dentro de los ETOP fueron los que afectaron a más trabajadores, sobre todo por causas de producción, con 55.101 empleados inmersos, sobre todo, en una suspensión de contrato (37.605). Le siguieron los 25.646 incluidos en un ERTE ETOP por causas económicas, más de la mitad por justificar pérdidas actuales; 21.938, por causas organizativas; y 10.148, por causas técnicas.

La mayor parte de los trabajadores fueron incluidos en un procedimiento con acuerdo entre las partes (99.747), mientras que 19.804 no dieron el visto bueno a su expediente y de 5.370 no consta la decisión. Por tamaño, el número de compañías con un ERTE fue mayor cuanto menor era su plantilla, de forma que hubo 1.379 microempresas en un ERTE, 1.290 pequeñas, 526 medianas y 210 grandes. Por regiones, destacan las 762 empresas con un ERTE en la Comunitat Valenciana, seguidas por las 570 de Catalunya, las 505 de Madrid y las 430 de Andalucía.

Además, hubo 11 empresas que se acogieron al mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, con 6.080 trabajadores incluidos, la mayor parte hombres (5.161) y todos con una suspensión de contrato. Este mecanismo, que se abrió en 2025 y que ha sido prorrogado hasta junio de este año, permitió a empresas de fabricación de vehículos de motor e industria auxiliar acogerse a estos procedimientos por causas extraordinarias.

El cambio climático obliga a cada vez más agricultores y ganaderos en España a asegurar sus fincas frente a la sequía, las inundaciones o el pedrisco, de manera que las subvenciones autonómicas y estatales para contratar estas pólizas cobran cada vez más importancia. Sin embargo, algunas autonomías apenas dedican presupuesto a esta partida, de manera que los profesionales tienen que poner más de su bolsillo.

En los últimos cinco años, tanto el Ministerio de Agricultura como las comunidades autónomas han incrementado alrededor del 50% su ayuda al sector primario en esta partida, aunque con enormes diferencias. País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias son de lejos las que menos apoyo dan, según los datos de 2025 de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), a los que ha accedido infoLibre.

Como explica Javier Alejandre, responsable de Seguros de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), no depende tanto del color político como de la tradición de cada región. De ese top cuatro, una está gobernada por el PNV, una por el PP y dos por el PSOE, mientras que Vox estuvo al mando en Castilla y León de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024. Alejandre también advierte de que este maltrato por territorios crea desequilibrios. "Un ejemplo muy visual son dos fincas contiguas, una en Alicante y otra en Murcia. La primera recibe una subvención enorme y la segunda, minúscula", afirma.

Murcia ha dado históricamente ayudas raquíticas para la contratación de pólizas agrarias, pese a que la región es conocida como la huerta de Europa y es además una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales y el granizo. En todo caso, en 2025 hubo varias comunidades con un desempeño todavía peor, empezando por el País Vasco. La Consejería de Agricultura de esta región es, año tras año, la que menos subvenciona la protección del sector primario en términos absolutos y relativos. El año pasado destinó menos de 400.000 euros a subvencionar los seguros agrarios. Y del 100% de la ayuda que finalmente se dio, el Gobierno vasco solo puso el 12,8%, mientras que el Ministerio de Agricultura soportó el 87,2%.

De media, el Gobierno central, a través del ministerio de Luis Planas, cubre cada año el 36% de lo que cuesta contratar una línea de seguro agrario, y se espera que las comunidades aporten el porcentaje restante para alcanzar juntos el 50%, de manera que el profesional solo tenga que pagar la otra mitad. Sin embargo, las consejerías de muchas comunidades aprovechan que no hay pactada ninguna aportación fija para ahorrar en esta partida.

Entre las peores de 2025, a País Vasco la siguió Castilla-La Mancha, que dejó que el ministerio cubriese el 82% de la subvención y la Comunidad solo aportó 18%. A continuación se situaron Castilla y León (19,6%) y Asturias (21,8%). Estas cuatro autonomías, junto con Murcia, llevan desde la década pasada siendo las que menos aportan.

"No todas las comunidades contribuyen igual, y eso es una de las medidas que acordamos con el ministerio en 2024", se queja Javier Alejandre. "El Gobierno ha tenido un compromiso fuerte para incrementar su aportación, pero queremos que las comunidades se pongan de acuerdo para que no haya diferencias entre unas y otras", afirma este agricultor de cereal. Su objetivo final, añade, es que entre unos y otros subvencionen el 70% de las pólizas, el máximo legal en la Unión Europea.

Hay que destacar que esta clasificación es relativa. Castilla-La Mancha, por ejemplo, es una de las que más gastan de toda España en subvencionar el aseguramiento, pero como tiene tantas hectáreas protegidas, las ayudas se reparten entre muchas manos y tocan a menos por agricultor. Lo contrario ocurre con Madrid que, siendo una de las que menos ayudas da en términos absolutos, es relativamente la segunda mejor situada del país: costea casi la mitad de la subvención que reciben los profesionales por asegurar sus tierras y animales.

Andalucía y Aragón, dos comunidades agrarias importantes, se sitúan en el rango medio de apoyo, pero ponen dos impedimentos relevantes a su sector primario. Son las únicas que el año pasado entregaron las ayudas a posteriori y el agricultor tuvo que adelantar el dinero, desincentivando la contratación de las pólizas. En el resto de autonomías, la partida del ministerio y de las comunidades autónomas se entrega directamente a Agroseguro –la sociedad que comercializa todas las pólizas agrícolas–, de manera que al profesional se le descuenta la subvención en el momento de contratarla.

El apoyo a la contratación de seguros es cada vez más importante para las cuentas del sector primario, según los datos de Enesa, debido al impacto del cambio climático y al encarecimiento de las pólizas. Entre 2020 y 2024, la superficie agrícola protegida no varió (6,15 millones de hectáreas), pero el valor total asegurado anualmente subió con fuerza de 15.260 millones de euros a 18.174, y en consecuencia crecieron un 28% las primas pagadas por agricultores y ganaderos, hasta los 1.020 millones anuales. En la ganadería, la contratación es cada vez más relevante y ya hay más de 440 millones de cabezas aseguradas, frente a 328 millones en 2020.

El sistema de seguros agrarios español ha sido tradicionalmente un referente internacional, pero en los últimos años el cambio climático ha puesto patas arriba el sector. La sequía y el pedrisco de 2023 dejaron daños nunca vistos y las subvenciones ascendieron a 1.241 millones de euros, obligando al Ministerio de Agricultura, a las comunidades autónomas, a Agroseguro y al Consorcio de Compensación de Seguros a aportar cientos de millones extra para evitar la quiebra. "Dos o tres años más como 2023 y el sistema de seguros se habría venido abajo", confiesa Javier Alejandre. Los dos siguientes años fueron más tranquilos, pero 2025 registró las segundas indemnizaciones agrícolas más grandes del histórico.

Las organizaciones agrarias, ante esta situación, llevan tres años reclamando sacar los daños del cambio climático de sus contratos, y que los cubra directamente el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, para que las inclemencias no repercutan en el coste de sus pólizas.

Para el año 2026, no se conocen aún las partidas autonómicas para subvencionar los seguros, pero sí la del Ministerio de Agricultura, que será de 315 millones de euros, la misma que había originalmente en 2025. Sin embargo, como ocurre en cada temporada, el año pasado se terminó incrementando la aportación en los meses siguientes –en este caso, hasta los 331,13 millones de euros– a medida que los daños superaron el cálculo original.

2026 ha comenzado con episodios muy fuertes de lluvias que ya dejan, según Agroseguro, unos daños de unos 35 millones de euros, principalmente en Andalucía, donde se estima que habrá que compensar unos 20 millones en pérdidas. "Es una cifra muy elevada. En poco más de un mes, la región ya alcanza un tercio del total abonado en todo el pasado año", valoran desde la agrupación de aseguradoras. La buena noticia es que el estado de los embalses aleja la posibilidad de sufrir sequías en los próximos meses.

El rescate de fotografías embarradas por la dana de Valencia de 2024, que continúa en marcha con el trabajo sobre 2,5 millones de imágenes, supone poder recuperar la memoria individual y colectiva y una parte esencial de las vidas que "alimenta el alma" para las familias que sufrieron la tragedia.

Así lo han expresado los representantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, la Associació de Víctimes de la dana 29 d'octubre y la Asociación de Damnificados dana Horta Sud, que han visitado este miércoles junto a la rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, el laboratorio del proyecto 'Salvem les fotos', en el Castillo de Alaquàs, donde se desarrolla la labor de recuperación de las imágenes.

Poder tener una foto de una comunión, de una boda, de una excursión, de tu mascota o de tu abuelo, de épocas en las que no había "nube" que las almacenara es "un tesoro", que también contribuye a cuidar la salud mental, han asegurado sus portavoces.

"La dana arrastró una parte de nuestra alma, con este proyecto se recupera", según la presidenta de la Associació de Víctimes, Mariló Gradolí: "Hemos perdido vidas, pero por suerte no vamos a perder la memoria", en palabras del presidente de la Asociación de Daminificados, Alex Carabal: "Restaurar imágenes es devolver parte de nuestra identidad personal y como pueblo", para la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Rosa Álvarez.

Además de visitar el laboratorio ubicado en una de las torres del Castillo de Alaquàs, han conocido los laboratorios del Museu de l’Horta Sud y el Museu d’Història Natural de la UV.

En estos espacios, además de Algemesí y Utiel, se instalaron laboratorios para la recuperación de las imágenes y donde se gestionan 2,5 millones de imágenes de 1.500 familias, la mitad de ellas ya recuperadas, en un trabajo desarrollado por voluntarios que continuará durante todo 2026.

Después de un año de trabajo, el laboratorio de Utiel ya se ha cerrado, pero sigue en el resto de laboratorios, que se encuentran al 40 o 50%, según los casos, de recuperación, según ha detallado la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV, Ester Alba.

Las imágenes han llegado en distintas condiciones y, además de su recuperación, se digitalizan, de igual manera que se rescata material audiovisual, postales, cartas u obras de arte.

'Salvem les fotos' fue impulsado por la UV 48 horas después de producirse la dana "pensando en que las familias que perdieron parte o todo pudieran recuperar parte de su historia", en un proyecto multidisciplinar que no se ha cerrado porque siguen apareciendo más fotografías, según Mavi Mestre.

El impacto fue tan fuerte que el estrés postraumático dura meses, años, y hay afectados que ahora empiezan a darse cuenta de la magnitud de lo que han perdido y traen fotografías, algo que contribuye en el proceso de salud mental, ha afirmado la rectora.

El proyecto, por el que han pasado 300 voluntarios, ha recibido 300.000 euros de fondos propios de la UV, y recientemente 200.000 euros del Ministerio de Cultura para la Fundación Horta Sud y 350.000 euros para el Museu de l'Horta Sud, y la Diputación de Valencia ha aprobado una ayuda de 60.000 euros.

José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de Gabinete del expresident valenciano Carlos Mazón, ha asegurado que no dio "ninguna orden ni instrucción" a miembros encargados de gestionar la dana, sino que simplemente "trasladó una reflexión" al indicar a la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas que "de confinar, nada".

Cuenca ha comparecido este lunes de nuevo ante la comisión investigadora del Congreso de los Diputados sobre la gestión de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. Allí ha negado haber ordenado a Pradas esa tarde "no confinar" cuando esta se lo sugirió ante la gravedad de la situación. "Yo no le di ninguna orden ni ninguna instrucción aquella tarde a ningún miembro que estuviera al frente de la emergencia", ha afirmado.

En esos intercambios, que Pradas ha mostrado en sede judicial, se ve cómo Cuenca a las 19:54 horas del día señalado le indicaba a la ex consellera: "Salo, de confinar nada, por favor. Calma" y le insistía a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza". Cuestionado sobre el contenido y el tono de esos intercambios, ha explicado que "simplemente trasladaba una reflexión de que lo que se hiciera, se hiciera con la cobertura legal" necesaria.

Durante toda la sesión, ha reiterado que "no es cierto" que él estuviera dando "instrucciones del president (Mazón, con quien también estaba en contacto por WhatsApp)" a Pradas y ha rechazado que él "frenara el confinamiento" ante una acusación de la diputada Àgueda Micó (Grupo Mixto). Al respecto, ha recordado que ante la tragedia él no tenía "ningún rol y ninguna competencia en una emergencia". "Yo ni paralizo ni impulso nada porque yo no formo parte de la gestión de la emergencia", ha enfatizado.

Micó lo ha conminado a "ser valiente" y "decir la verdad" al acusarlo de ser "muy fiel a (Carlos) Mazón y muy poco fiel a los valencianos y valencianas y a quienes quieren la verdad". De nuevo, ha respondido con una frase muy utilizada a lo largo de toda la intervención: "Lo que usted está diciendo no lo puedo compartir".

En otro momento de la comparecencia, el diputado Mikel Otero, del Grupo EH Bildu, ha considerado que "la cuestión hoy es saber si su entrometimiento" con esos mensajes a Pradas tuvo "consecuencias graves en la gestión de la emergencia".

"En todo momento he dicho la verdad", ha contestado el exjefe de Gabinete, que ha sugerido: "lo que nos tiene que empezar a preocupar fundamentalmente es que miles de valencianos recuperan la seguridad ante cualquier otro episodio imprevisible de la naturaleza como el que se dio el 29 de octubre".

La diputada Patricia Blanquer, del Grupo Socialista, lo ha interpelado además por la desaparición de mensajes de su teléfono móvil entre los que figuraban los que mantuvo esa tarde con Pradas y Mazón. Sobre ello ha considerado que se trata de "destrucción de pruebas y obstaculización a la justicia" por no dejar "ni rastro de comunicaciones porque su móvil corporativo fue reseteado". Sobre esta acusación, el interrogado ha respondido: "Yo no he borrado nada".

"No tenía competencias, pero tomó decisiones y, si actuaba por orden (de Mazón), la responsabilidad era de su jefe", ha observado la socialista, al tiempo que Cuenca reiteraba que él no dio "ninguna orden" y no la dio "en nombre de nadie".

Esa diputada, con quien ha tenido un tenso intercambio, ha cuestionado si el exjefe de Gabinete trasladó a Mazón el contenido de todos los mensajes que le envió Pradas comunicándole, por ejemplo, que se había producido un primer fallecimiento y que un río en Utiel se estaba desbordando. "Los avisos eran claros; la pasividad, injustificable", ha lamentado Blanquer.

A Cuenca se le ha reprochado "haber mentido" en sus declaraciones, haber eliminado mensajes de su teléfono móvil de forma deliberada a fin de "encubrir" a Mazón y haber "interferido" en la gestión de Pradas con una serie de intercambios en los que se mostraba contrario a un confinamiento.

Uno de los escoltas que estuvo al servicio del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 ha afirmado que el entonces jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas y que sobre las 20:00 horas salieron hacia la sede donde estaba reunido el Cecopi, según informa EFE. 

Así lo ha afirmado en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, en la que ha precisado que su servicio comenzó a las 7:30 horas del 29 de octubre y finalizó a las 2:00 del día siguiente, según fuentes conocedoras de esa declaración. 

Este escolta ha explicado que Mazón tuvo un acto por la mañana, tras el cual volvió al Palau de la Generalitat sobre las 11 horas, y más tarde salieron a pie hacia la comida que el expresident mantuvo en El Ventorro con la periodista, Maribel Vilaplana. 

Mazón prescindió de los servicios de los escoltas antes de llegar al restaurante y continuó solo el trayecto, algo que, según este testigo, "era raro" pero no era la primera vez que ocurría. 

Los responsables de la seguridad del president conocían la existencia de esta comida privada desde el día anterior, ha indicado el testigo, que ha añadido que en ningún momento se comentó nada de suspenderla por la alerta meteorológica, y ellos tampoco sabían el motivo de la comida. 

Los escoltas regresaron al Palau, mientras que el entonces president llegó a la sede del Gobierno valenciano sobre las 19:50 horas, subió un momento al despacho y, sobre las 20 horas o un poco antes, salieron hacia el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana (Valencia), donde llegaron sobre las 20:30 horas. 

Este testigo ha señalado que Josep Lanuza, asesor de Mazón, iba en el coche del president, y de camino al Cecopi recogieron a la jefa de prensa, Maite Gómez.

La tarde del 29 de octubre de 2024, durante la trágica dana de Valencia, el barranco del Poyo se desbordó en Chiva a su paso por la A-3, convirtiendo la autopista en una trampa mortal donde murieron más de una veintena de personas que a esa hora volvían de trabajar. Ese tramo concreto no se consideraba entonces peligroso en los mapas de riesgo de inundaciones, incluso en los modelos más extremos a 500 años, pero en una revisión de la cartografía tras la riada del 29-O ha sido incorporado como uno de los puntos de riesgo.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, publicó la semana pasada su propuesta de actualización de los mapas de zonas inundables en esa cuenca y ha introducido siete nuevos enclaves que hasta ahora no se consideraban de riesgo. Además del de Chiva, plantea añadir dos tramos fluviales situados a las puertas de la ciudad de Valencia y otros cuatro puntos dispersos por la Comunidad. Juntos suman 52 kilómetros nuevos de cauces peligrosos. También se han revisado otros 18 puntos rojos existentes con una nueva cartografía.

En total la Confederación calcula que hay ahora al menos 1.063 kilómetros de río en la cuenca del Júcar con riesgo de desbordamiento. En el plan anterior, aprobado en 2023, había 868 kilómetros. Para rehacer los mapas se han utilizado datos sobre la superficie anegada durante el 29-O, estimaciones de daños a bienes y personas y visitas de campo a la zona de la catástrofe.

La nueva cartografía está ahora en audiencia pública y tiene que ser después aprobada en Consejo de Ministros, por lo que podría sufrir cambios. El organismo destaca también que se trata de una evaluación parcial que podría ser ampliada, ya que faltan por analizar tramos en las ramblas del Poyo y del Magro, la zona cero de las riadas de 2024. 

Fuentes de la CHJ explican que los tramos ahora introducidos como peligrosos "no cumplieron con los criterios y umbrales" para considerarse como áreas de riesgo de inundación en el pasado. "Revisada la metodología y actualizada la información histórica, incluyendo el episodio de octubre de 2024, se han incorporado las Arpsi (Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación) indicadas", añaden desde el organismo.

La revisión de los mapas de inundaciones no es exclusiva de la cuenca del Júcar, sino que la ley obliga a redibujar los planos cada seis años en todas las cuencas españolas, y los mapas del Tercer ciclo debían actualizarse a cierre de 2025. Con cada nueva edición, se introducen mejoras en los cálculos hidrológicos y se añaden también los datos de precipitación de los últimos años, lo que explica que territorios que hasta ahora no se consideraban un punto rojo, ahora pasen a serlo. 

En concreto, se han añadido a la lista de la cuenca del Júcar tres Arpsi y cuatro subtramos de Arpsi. Las primeras son zonas completas donde hasta ahora no se percibía peligro y los segundos son tramos nuevos que se añaden a áreas ya detectadas en el pasado. Los nuevos enclaves son el río Magro en el entorno de Utiel-Requena, el barranco de Poyo en Chiva, el río Sot en Sot de Chera, el barranco de Murtal en Godelleta, la cañada del Monegrillo en Iniesta, el barranco Ràtils en Vila-Real y el río Servol en Vinaròs. Varios de esos puntos sufrieron fuertes crecidas durante la dana del 29-O y en tres de ellos hubo incluso fallecidos. 

Las lluvias de aquella jornada superaron en algunos lugares las previsiones más catastróficas de los planes de inundaciones de Segundo ciclo, con una precipitación máxima en Turís (València) de 771 litros por metro cuadrado en 24 horas. Esa cifra no fue récord, pero sí el registro de 185 litros por metro cuadrado en una hora.

Según explican desde la CHJ, esta primera parte de la revisión de la cartografía –la segunda parte incluirá el Poyo y el Magro– se ha centrado en actualizar los modelos hidráulicos de la cuenca del Júcar, y solo se han actualizado al alza los caudales máximos del río Sot, donde ahora se calcula un caudal punta de 2.481 litros por segundo para un episodio de lluvias torrenciales. Como referencia, esa cifra supondría superar el caudal máximo registrado en el histórico del Ebro, el río más caudaloso de España.

Los modelos de cambio climático estudiados durante la renovación de los mapas inundables revelan una vez más que el cambio climático está detrás del incremento de las precipitaciones torrenciales sobre la Comunitat Valenciana. "La tendencia general en los modelos muestra una reducción de la precipitación anual, aunque con una concentración de las precipitaciones en eventos más intensos. Esto significa que los periodos de lluvia extrema estarán intercalados con periodos más o menos intensos de sequía o escasez de precipitaciones", se lee en el informe. También cita que en el noreste de España el impacto de danas podría crecer hasta un 88% de aquí a final de siglo.

L'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O han reclamado este miércoles a la Generalitat Valenciana que "reconozca a sus víctimas", asuma "de una vez" su responsabilidad e indemnice a los familiares de los 230 fallecidos en la tragedia.

En un comunicado conjunto, denuncian que quince meses después de los hechos la Generalitat "todavía no ha abonado ninguna indemnización a los familiares de las personas fallecidas, mientras que sí ha procedido a compensar daños materiales", como vehículos u otros bienes, así como ayudas escolares. Una situación que resulta "profundamente dolorosa y ofensiva para las familias, que continúan esperando un mínimo gesto de reparación institucional", afirman.

Las asociaciones consideran además "especialmente grave e indignante que, desde el ámbito institucional, se haya pretendido comparar a las víctimas mortales de la dana, consecuencia de una gestión negligente de una emergencia, con las víctimas de un accidente ferroviario". Afirman, "desde el respeto absoluto, la solidaridad y el dolor compartido con las víctimas y familiares de un accidente de tren", que "no se puede ni se debe comparar un accidente con la gestión criminal de una emergencia, existiendo información disponible y decisiones que no se tomaron".

Aclaran además que las víctimas mortales han sido indemnizadas por el Estado con el mismo importe en ambos casos. "En el caso del accidente ferroviario, a dicha cuantía se ha podido sumar la compensación derivada del seguro incluido en el billete de tren, lo que ha dado como resultado una cantidad final superior", explican.

Añaden que "en ningún caso esto supone una indemnización pública mayor ni un trato discriminatorio respecto a las víctimas de la dana", y manifiestan que "utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable". "Lo que denunciamos es que la Generalitat Valenciana no ha asumido su parte de responsabilidad con las familias de las víctimas mortales de la dana, ni en términos económicos ni políticos", aseveran.

A todo ello se suma que, quince meses después, "tampoco se han asumido responsabilidades políticas, manteniéndose en sus cargos el Consell responsable de la gestión de aquel día, así como el acta de diputado de Carlos Mazón y la continuidad de los consellers Camarero, Rovira y Barrachina", lamentan las asociaciones.

Recuerdan por último que "el respeto a las víctimas comienza por no realizar comparaciones capciosas, continúa con la verdad y la justicia, y se concreta con la reparación". "Las víctimas y sus familias no son un argumento político, ni una cifra, ni un ejemplo interesado: son vidas truncadas que merecen dignidad, responsabilidad institucional y una respuesta a la altura del daño causado", concluyen.

Alberto Núñez Feijóo cumplió con el guión previsto en la comisión de investigación del Congreso en la dana, a la que acudió este lunes para dar explicaciones sobre sus contactos con el expresidente valenciano, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024. El líder del Partido Popular se sacudió cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido y aseguró en varias ocasiones que "volvería a hacer lo mismo", en relación a los mensajes que se intercambió con Mazón durante esa jornada e insistió en que estuvo informado "en tiempo real" el día de la dana, pese a que el primer mensaje entre ambos fue a las ocho de la tarde.

El líder del Partido Popular defendió al expresident de la Generalitat por hacer "lo que debía hacer", en referencia a su dimisión el pasado 2 de noviembre. "Cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irse", fue el único comentario que hizo respecto a la decisión del valenciano. No contestó, sin embargo, sobre si debe también dejar su acta en Les Corts e insistió en que se quedó en su puesto tras la tragedia porque "alguien debía quedarse al mando". "Ya ha dimitido como presidente autonómico", se limitó a responder.

Sin embargo, no fue Feijóo quien forzó esa dimisión, sino la presión de los familiares de las víctimas durante el funeral de Estado que se celebró por el aniversario de la dana. Mazón acabó dimitiendo a regañadientes, pero conservó el acta en Les Corts para garantizarse el aforamiento. Para Feijóo, con esa salida es más que suficiente. El conservador también justificó que le pidiera que "liderara la comunicación", una indicación que ha defendido pese a asegurar también que no tenía "autoridad" sobre Mazón.

"He venido a dar la cara. Probablemente no lo he hecho bien, pero he dicho lo que pensaba, no tengo la menor duda. Y lo seguiré diciendo", fue la conclusión del líder del PP, que arremetió contra el Gobierno y los grupos que le apoyan. "Ustedes son especialistas en la ética de la mentira. ¿Les parece normal que el líder de un partido comparezca aquí antes que el presidente del Gobierno?", planteó. "Como político les diré que ustedes han hecho lo contrario de lo que es la política, pero como ciudadano me repugna que el dinero de los españoles se emplee para esto", fue el alegato final del conservador.

Feijóo protagonizó una bronca comparecencia, con duros enfrentamientos con varios portavoces. La diputada de Compromís, Águeda Micó, le acusó de ser "igual de culpable" que Mazón, mientras que el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, le reprochó sus mentiras a lo largo de este último año, a lo que Feijóo le respondió con ETA, uno de los comodines habituales del PP. "Usted sigue las instrucciones políticas y morales de Otegi", aseguró el líder del PP. "¿Tiene información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA?", le espetó después de que el diputado abertzale le preguntara si "se sentía orgulloso" de que Mazón aguantara tanto tiempo.

En ese momento la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, le llamó al orden y le pidió que centrara sus respuestas en la cuestión de la dana: "Es una pena que no ejerza usted la presidencia del Congreso para que el presidente y su Gobierno contesten a lo que le preguntamos", respondió el líder del PP. Una petición que volvió a realizar durante el turno de intervención del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, después de que este le recriminara la "falta de respeto" del PP con las víctimas que cuestionan su relato. En ese punto, citó las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recientemente se dirigió a los familiares de las víctimas de las residencias de Madrid como una "plataforma de frustrados".

Rufián comenzó su intervención enumerando las "cinco o seis mentiras" que había dicho Feijóo en sus intervenciones previas. Entre ellas, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó —"sí lo hizo, a las 11:45 y a las 12:20 horas", señaló el republicano—, que sí hubo presencia del Gobierno estatal en el Cecopi a través de la delegada del Gobierno y cuestionó que la Generalitat haya desembolsado fondos económicos para las víctimas, además del baile de versiones sobre cuando se supo que había fallecidos. "Dijo que no se enteró de los muertos hasta las cinco de la mañana cuando a usted le dijo a las once de la noche que había muertos".

El líder del PP también trató de parapetarse detrás de las recientes víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Rodalies. "No se pide el cese del Ministerio de Transportes, que debería haber dimitido hace tiempo", señaló el conservador. En ese sentido, Feijóo sostuvo que la dana de 2024 fue un "acontecimiento meteorológico sin presentes", obviando la dejación de funciones de la Generalitat, y cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque la tragedia de Adamuz fue una "negligencia ferroviaria continuada".

En ese sentido, el portavoz de Esquerra Republicana le preguntó a Feijóo por qué el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe dimitir cuando "estaba a la media hora dando explicaciones en televisión" mientras Mazón "estaba de copas en el reservado de un restaurante" y no "dando las órdenes que hubieran salvado al 90% de las personas que murieron ese día". "Usted encubrió a un homicida y lo compara con un descarrilamiento que seguramente fue fruto de que una subcontrata no hizo bien su trabajo", señaló Rufián. "¿Un fenómeno meteorológico se puede comparar con todos los avisos que dieron los maquinistas sobre ese puesto en concreto?", respondió después el líder del PP a la portavoz de su grupo, Ester Muñoz.

El líder del PP también encontró complicidad en el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, que utilizó su turno para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez y no realizó ni una sola pregunta a la persona citada por la comisión, aunque sí admitió que Mazón había realizado una "gestión errónea y contradictoria". "Hoy Vox no se equivoca", concedió Feijóo, para concluir: "Ha usado su tiempo para describir realidades y el contexto político, no a criticar al PP. Que Vox no critique al PP es un avance", celebró.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de "inhibirse de sus responsabilidades" en la catástrofe de la dana y ha vuelto a defender que el Ejecutivo central debió declarar el nivel 3 porque "fue una emergencia nacional de libro", según informa EFE. 

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, que dejó más de 200 muertos, ha instado a los diputados a preguntar a "otro líder político", en referencia al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y no a él, que no tiene esas funciones de declarar una emergencia. 

A su entrada a la comisión ha dicho que, al igual que hizo ante la jueza de la dana, cuando compareció el pasado 9 de enero de manera telemática, este lunes contestará a todos los grupos parlamentarios.

La diputada Águeda Micó de Compromis, la primera que le ha interrogado, le ha preguntado en tono duro si él tenía autoridad sobre las decisiones que tomaba el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la tragedia, a lo que el líder del PP ha respondido que "evidentemente, no".

Feijóo ha dicho que le preguntó a Mazón por mensaje qué ocurría, si necesitaba algo, pero no dónde estaba. De hecho, fue el primer político que se puso en contacto con él, ha añadido. "Ninguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel exigible -ha proseguido-. Lo he dicho y lo reitero, cada uno con sus responsabilidades".

Ha criticado la falta de información adecuada y puntual por parte de organismos relacionados con las previsiones meteorológicas como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, dadas las intensas lluvias y caudales, y por parte del Gobierno. Y ha negado, ante las acusaciones de Javier Sánchez, de Podemos, sobre sus declaraciones sobre la tragedia, que él mintiera. "No pude mentir, entre otras razones porque he dado voluntariamente mis mensajes, tanto los que recibí del señor Mazón como los que yo le remití", ha apostillado.

El diputado de Podemos ha reprochado a Feijóo que mostrara "más interés por el relato para despejar las responsabilidades del PP de Valencia que para garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas".

El líder de los populares ha defendido en todo momento su papel y se ha preguntado en tono irónico si es culpable por haberse interesado con lo que estaba ocurriendo en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, y por ponerse en contacto a partir de las 19:59 horas con los responsables de esas autonomías.

Ante la insistencia de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, Feijóo ha vuelto a lanzar una pregunta: ¿Ustedes creen que el líder de la oposición tiene que tener conocimiento del funcionamiento de todos los sistemas de emergencia de todas las comunidades autónomas?".

El líder del PP ha comparado la respuesta del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón tras la dana, con el cese "inmediato" de dos consejeras, y la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente ferroviario de Adamuz, quien debería, ha dicho, haber dejado ya su cargo. 

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia, Feijóo ha contestado a los diputados que le gustaría que de la misma forma que le preguntan por las responsabilidades políticas de Mazón ante la dana, exigieran también al Ejecutivo el cese del ministro Puente. 

Feijóo ha defendido que tras la dana, Mazón cesó a dos conselleras, entre ellas la responsable de las emergencias en la Comunitat Valenciana, y posteriormente dimitió y ha espetado que Puente tendría que haber dimitido "hace tiempo". 

En esa línea, el líder del PP ha ironizado con que los socios del Gobierno creen que Puente "lo ha hecho muy bien" en la gestión del accidente. "Me sorprende mucho que no se pida el cese del ministro de Transportes, por mantener el mismo criterio y proporcionalidad", ha añadido.

Feijóo también ha contestado con alusiones a "los 800 muertos de ETA" y al historial de Arnaldo Otegi a las preguntas que le ha formulado el diputado de Bildu Oskar Matute en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, lo que ha llevado a la presidenta a llamarle al orden. "No tengo por qué callarme cuando le oigo hablar de cuerpos sin vida, de delitos y de víctimas. ¿Cómo es posible?", le ha dicho Feijóo a Matute.

"¿Me pregunta si amparo a un presidente de una comunidad autónoma la misma persona que ampara a (Arnaldo) Otegi? Se me ponen los pelos como escarpias", ha expresado el dirigente popular. Feijóo ha indicado que escuchar a Oskar Matute hablar "de mentiras y de dimisiones" le parecía "un insulto" y ha aludido a "los 800 muertos de ETA".

"¿Usted tiene alguna información para esclarecer los asesinatos de ETA pendientes?", le ha preguntado a Matute, que le ha contestado que él no tiene ningún antecedente penal. "¿Y su partido? ¿Y su líder?", ha dicho Feijóo, que ha añadido que el diputado de Bildu "sigue las consignas políticas de Otegi" y de "la organización terrorista que respaldan".

El duro enfrentamiento entre Feijóo -que ha dicho que cuando sea presidente del Gobierno no va "a blanquear a Bildu"- y Matute ha llevado a la presidenta de la comisión, Carmen Martínez, a pedirle repetidas veces que se ciñese al contenido de la comparecencia y finalmente a llamarle al orden.

La ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha reprochado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que mintiera para darle "una coartada" al expresident Carlos Mazón en relación con su "negligente" gestión de la dana y que siga haciéndolo.

Diana Morant ha participado en el programa Mañaneros 360 de TVE coincidiendo con la comparecencia de Alberto Núñez Feijoo en la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la dana de Valencia. Durante la entrevista ha señalado que Feijóo estaba compadeciendo "por una mentira" ya que aseguró "que estuvo puntualmente informado por el señor Mazón, y con eso lo que quería era darle una coartada a su gestión y a la gestión negligente del PP”, ha dicho Morant.

“El PP, Feijoo y Mazón estaban todos en El Ventorro y hasta que no salió Mazón de El Ventorro hubo un apagón informativo, y ni Feijoo estaba enterando ni la ciudadanía estaba enterada, porque el máximo responsable estaba en El Ventorro”, ha recordado Morant.

Ademas, ha añadido que “hoy ha admitido que le escribió por primera vez en torno a las 20.00 horas de la tarde porque la información le llegaba solo a través de los medios de comunicación”.

A juicio de Morant, Feijoo apoyó y sigue apoyando a Mazón, que continúa como parlamentario valenciano, “porque su objetivo era ganar el relato, ese fue el consejo que le dio a Mazón aquel 29 de octubre, que liderara la comunicación, y para el PP y Feijoo liderar la comunicación significaba mentir a los valencianos y a toda España”.

Feijoo tenía autoridad para haber obligado a dimitir a Mazón, y, como mínimo, podía haberle exigido el acta, como el PSOE ha hecho con Ábalos, ha señalado Morant, que ha argumentado también que la decisión sobre situar a Juanma Pérez Llorca, el actual president, en el lugar de Mazón, la tomaron Feijoo y el líder de Vox, Santiago Abascal.

“Lo ha mantenido porque ha querido”, ha señalado, además calificar a Feijoo como “el mentiroso de Catarrocha” y pedir elecciones en la Comunitat Valenciana.

El Ministerio de Sanidad ha arrancado un estudio piloto de vigilancia para evaluar durante tres años el impacto de la dana en la salud mental de los afectados, ya que catástrofes medioambientales como esta pueden aumentar el riesgo de ansiedad, depresión o estrés postraumático, según recoge EFE.

Se trata de un estudio de cohorte prospectiva en dos fases, una primera con una recogida de datos inicial aproximadamente al año de la dana, y dos oleadas adicionales previstas a los dos y tres años posteriores, según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa. Es decir, el estudio seguirá a un grupo de individuos físicamente sanos durante estos tres años para observar los posibles efectos de la catástrofe. Con ello pretenden ayudar a la planificación de medidas de control y de servicios asistenciales adecuados tanto en esta dana como en futuras emergencias similares.

Más específicamente, también buscan desvelar la frecuencia de probable depresión, ansiedad y estrés postraumático según el nivel de exposición a la inundación, ya que las catástrofes medioambientales pueden aumentar el riesgo de aparición de estos trastornos, e identificar factores personales, sociodemográficos, de apoyo social y relacionados con la dana asociados a la morbilidad psicológica.

La población de referencia se sitúa en 608.772 personas mayores de 5 años residentes en las zonas afectadas en el momento de la catástrofe, distribuidas en 37 municipios y 4 pedanías de la provincia de Valencia que fueron clasificadas como zonas de impacto medio y alto según el informe de la Cámara de Valencia.

El Instituto Valenciano de Estadística ha llevado a cabo un muestreo aleatorio estratificado por sección censal, nivel socioeconómico, grado de afectación, edad y sexo; así, se ha definido una muestra compuesta por al menos 8.153 adultos mayores de 18 años y 2.718 menores de entre 6 y 17, procedentes de los 23.318 hogares seleccionados invitados a participar.

Las personas seleccionadas recibirán la invitación mediante correo postal; lo que acepten, deberán comunicar su consentimiento expreso por medios telefónicos o electrónicos, tras lo cual se concertará una entrevista que podrá realizarse de manera presencial o telefónica. Todas las oleadas se realizarán a los mismos participantes.

Habrá dos tipos de cuestionario, uno dirigido a adultos y otro para los menores, en los que se recogerán datos sobre características personales y del hogar, percepción de salud y calidad de vida, morbilidad, salud mental, apoyo social y variables específicas relacionadas con la dana.

Realizado a través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y el Comisionado de Salud Mental, junto con las Direcciones Generales de Salud Pública y Salud Mental de la Conselleria de Sanidad valenciana, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, este trabajo permitirá identificar de forma específica el impacto en el bienestar emocional provocado por fenómenos climatológicos extremos como las inundaciones.

Asimismo, contribuirá a generar evidencia local sobre los determinantes del impacto emocional y psicológico en contextos de emergencia para establecer medidas preventivas y de atención más eficaces.