Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

De policía nacional dedicado a la localización de fugitivos a asesor local del eurodiputado Alvise Pérez. Ese es el resumen de los últimos años de carrera laboral de Adrián Yacar. También ha sido cantante de rock aficionado y empresario de inteligencia artificial, actividades en las que aún continúa según ha expresado él mismo públicamente. El puesto que ya no desempeña es el de asesor del eurodiputado ultra.

Pero eso no quiere decir que Yacar no siga de la mano de Alvise. El policía, que según asegura se encuentra en excedencia, es el cabeza de lista de Se acabó la fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas que se celebrarán este 17 de mayo.

Adrián Yacar ofreció una entrevista el pasado mes de julio para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños. En ella alababa públicamente a Alvise sin hablar de su vinculación con él —ahora ha contado que se conocieron en UPyD, el extinto partido de Rosa Díez—, afirmaba estar de excedencia de su puesto como policía nacional y haber sido reconocido con la medalla de la Orden del Mérito Policial, unas distinciones que concede el Ministerio del Interior y sobre las que el departamento de Marlaska guarda una gran opacidad.

El propio Alvise Pérez ha presumido de su fichaje como candidato asegurando que Yacar ha recibido esa distinción "por la detención de Samir Benbouabdellah, uno de los más buscados de Francia por intento de asesinato a un hombre y una niña de siete años con un subfusil". ¿Pero hasta qué punto es cierto?

No se sabe. El Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se niega a aclarar cuál era el último destino de Yacar en la Policía y si efectivamente le ha otorgado la medalla. Tampoco quiere revelar los motivos de esa supuesta concesión. 

Interior se niega a entregar esos datos, entre otros, alegando la supuesta protección de los datos personales de Yacar y se salta así una resolución del Consejo de Transparencia. El organismo había estimado que esa información debía ser pública tras una reclamación de infoLibre.

Todo se remonta al desembarco de Yacar como asesor de Alvise Pérez con cargo a las arcas del Parlamento Europeo. infoLibre informaba este verano del fichaje, unas semanas después de que el propio Yacar concediera la entrevista a Pedro Baños en la que se omitía su nuevo puesto.

De lo que sí habló Yacar es de su currículum. Es cierto que el policía ha trabajado en el Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenece a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). De hecho, esa labor le llevó a ser uno de los protagonistas de la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, en la que se muestra cómo trabaja ese grupo.

Yacar comentó ese trabajo en la entrevista y también habló de ciertas operaciones concretas en las que asegura haber participado. Incluso mencionó la supuesta medalla: "Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado, pero luego le dan la medalla del mérito policial a la Virgen del Rocío. A mí me la dieron, pero creo que ganada, que bien merecida".

Debido a esas declaraciones públicas del propio Yacar, infoLibre realizó una solicitud al amparo de la ley de transparencia dirigida a Interior. Este medio pedía al ministerio saber "si Adrián Yacar López es policía nacional en excedencia o qué situación o relación tiene con el Cuerpo y desde qué fecha se encuentra en la misma". Además, se solicitó conocer "cuál fue su último cargo, puesto y destino antes de coger la excedencia" y "si se le ha distinguido o no con la Orden del Mérito Policial y en caso afirmativo, con qué categoría, por qué motivo se le concedió, en qué fecha y una copia de la resolución de la concesión".

Interior denegó la solicitud de infoLibre. El ministerio aseguró que era abusiva, que la información que se solicitaba no tenía relación con los objetivos de la ley de transparencia y que había que salvaguardar la protección de los datos personales de Yacar. En ese momento, infoLibre decide reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo es el que se encarga de decidir si la información debe ser pública cuando un ciudadano utiliza la ley de transparencia para solicitarla, pero la Administración se la deniega. El CTBG es quien pondera los distintos derechos en juego y decide quién tiene razón.

En este caso fue claro y estimó al completo la reclamación de infoLibre. El Consejo entendió que el ministerio no había justificado "de forma suficiente y adecuada la concurrencia del carácter abusivo de la solicitud" y que tampoco prevalecía la protección de los datos personales. "No se ha justificado ni se alcanza a apreciar en qué medida el conocimiento de la situación administrativa de servicio activo o de excedencia de un funcionario de policía cuya identidad es públicamente conocida y participa en actividades igualmente públicas puede generar un riesgo para su seguridad personal o constituir una injerencia grave en su derecho a la intimidad personal y familiar", reza la resolución.

Sobre la concesión de la supuesta medalla el Consejo va incluso más allá: "La acreditación de los méritos que se han tenido en cuenta para otorgar la condecoración recogerá hechos o actuaciones ya consumadas por el policía en relación con su servicio al Estado, por lo que difícilmente puede argumentarse que su conocimiento pueda causarle ningún perjuicio a su intimidad o seguridad; siendo evidente, en cambio, el interés público en conocer los méritos acreditados en la medida en que constituye una herramienta indispensable para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad, que a estos efectos se le reconoce, sin incurrir en arbitrariedad".

Tras esa resolución, Interior debía entregar la información que había solicitado infoLibre, pero, en lugar de cumplir, se reafirmó en sus argumentos. En una comunicación dirigida a este medio y al Consejo de Transparencia, y firmada por Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, el departamento "reitera la procedencia de la aplicación" de la protección de datos personales. "El hecho de desempeñar una función pública no legitima a solicitar datos de índole personal utilizando indebidamente la ley de transparencia", asegura el documento en el que, en lugar de eso, Interior debería haber facilitado la información que había pedido infoLibre.

Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia, explica a este medio que lo que ha hecho Interior es incumplir con la resolución del Consejo sin ni siquiera recurrirla ante los tribunales.

"La oposición de las Administraciones ante las resoluciones de los consejos de transparencia debe materializarse a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, pero nunca de esta manera. Dar respuesta al reclamante incumpliendo el mandato del Consejo no puede admitirse. O se discute su decisión ante los tribunales, o lo único que queda es cumplir con ella", resume el experto, que asegura que hace falta "un modelo eficaz de multas coercitivas cuando se detecta el incumplimiento de una resolución firme" como en este caso.

Los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración Pública se han dado con cierta regularidad en los últimos años. La actual ley de transparencia no recoge ningún tipo de sanción para estos casos y, en ocasiones, la Administración se salta la normativa optando por no recurrir las resoluciones ante la Justicia pero tampoco cumplirlas. Concepción Campos Acuña, que será la nueva presidenta del Consejo, también ha pedido sanciones para las Administraciones que actúen de esta forma.

Mientras, Alvise Pérez ha anunciado a su nuevo candidato presumiendo, precisamente, de la supuesta medalla al mérito policial y citando otros supuestos éxitos de su currículum policial. Por ahora, nada de ello se puede corroborar debido a la opacidad del Ministerio del Interior y a su negativa a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

El Tribunal Supremo ha abierto la quinta causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por la querella que ha presentado el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales, informa EFE.

La querella se formuló por los delitos de coacciones y amenazas condicionales con carácter subsidiario, si bien el tribunal solo aprecia "indicios cualificados y suficientes" del segundo delito.

En su auto, la sala de lo Penal explica que de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que Alvise habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían a Landaluce comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión como alcalde.

Dice el Supremo que "la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación" permiten apreciar esos indicios de delito "en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor".

Por el contrario, no aprecia indiciariamente el delito de coacciones, que exige una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación.

Se trata de la quinta causa abierta a Alvise por el Supremo, que ya ha dirigido en dos de ellas el suplicatorio al Parlamento Europeo para continuar con los procedimientos.

Respecto de las otras cuatro causas, en las cuales ya ha declarado, una es por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.

Y la cuarta por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que concurrieron con él en el partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024 y que después rompieron con su formación.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha multado multa con 10.000 euros al agitador de ultraderecha Vito Quiles por desobedecer a la Policía durante la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 en Madrid, según informa EFE.  

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado la sanción en declaraciones a los medios de comunicación, tras la entrega de los reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer a ocho mujeres que representan "un ejemplo de superación y lucha por la igualdad" en distintos ámbitos de la sociedad. 

La Delegación del Gobierno ha iniciado un procedimiento de sanción contra Vito Quiles por desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras "intentar boicotear" la manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del año 2025.  

Martín ha hecho un llamamiento a que "termine esa violencia en las calles que algunos agitadores continuamente están perpetrando y que lleva a algunas personas a vivir situaciones absolutamente insoportables".  

"Una cosa es el periodismo y otra cosa muy distinta es el acoso", ha afirmado el delegado del Gobierno, quien ha reivindicado el ejercicio del periodismo con profesionalidad y que "se terminen los espacios y las oportunidades para que los violentos, los acosadores, puedan trabajar con impunidad en las calles".  

"Nadie está por encima de la ley. Todos debemos cumplir con las normas y atender a las instrucciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan dar en un momento determinado, precisamente para garantizar nuestra seguridad. Cualquiera que haga tenga un comportamiento como el que supuestamente ha tenido este señor, si la policía eleva una propuesta de sanción, será sancionado", ha resaltado Martín.

Un juzgado ha requerido al líder de Se Acabó la Fiesta y eurodiputado, Alvise Pérez, a que elimine de sus redes sociales contenidos que publicó amenazando al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, con difundir informaciones sobre supuestos acosos sexuales cometidos por él si no dimitía y a que cese de publicar nuevos contenidos de la misma índole.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 estima parcialmente la petición de medidas cautelares que Landaluce incluyó en la demanda que interpuso contra Pérez el pasado mes de diciembre, después de que éste amenazara en mensajes de Telegram con difundir informaciones contra el alcalde si éste no dimitía.

Alvise fue también quien, en ese mismo canal, difundió un año antes pantallazos de conversaciones de WhatsApp en los que dos concejalas de su equipo comentaban que les había "tocado el culo" o "metido mano" debajo de la mesa.

Esas mismas conversaciones fueron la base con la que el PSOE de Algeciras denunció el pasado mes de diciembre a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó el asunto al considerar que los pantallazos no pueden servir de base para investigar tales delitos.

En tanto se resuelve la demanda principal del alcalde contra Alvise Pérez, el juzgado ha aceptado una parte de las medidas cautelares solicitadas por Landaluce.

Así acuerda requerir al líder de SALF para que "cese de forma inmediata y provisional en la publicación, difusión o reproducción de nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones" relacionados con el alcalde de Algeciras que guarden relación con el objeto de la demanda, hasta que recaiga resolución firme en el proceso principal o se acuerde el alzamiento de las medidas cautelares.

Además, le impone la eliminación de las publicaciones difundidas en su canal de Telegram los pasados 17 y 18 de diciembre ya que contienen "imputaciones directas y reiteradas" de "conductas de agresiones o acoso sexual y otros delitos", aludiendo a que tenía "material probatorio de agresiones sexuales cometidas por el actor, incluso contra familiares de personas del entorno político de éste, de irregularidades relacionadas con la gestión del dinero público del consistorio e incluso de un homicidio cometido durante la construcción de una vivienda".

"Tales imputaciones, que se difunden en un canal público en la red social Telegram que cuenta con más de 650.000 seguidores, suponen un evidente menoscabo en el derecho al honor del actor, y se realizan sin base en hechos objetivamente contrastados o en resolución judicial alguna, con el único fin de atentar contra la reputación de un rival político", apunta el auto.

El juez entiende que de no adoptarse la medida cautelar solicitada "el transcurso del tiempo hasta la finalización del procedimiento, en caso de dictarse sentencia estimatoria, podría hacer inútil el reconocimiento judicial del derecho al honor" del alcalde "ante la continua difusión de mensajes por el demandado como los que son objeto de autos".

"Devuélveme mi país", el libro autopublicado de Alvise Pérez, ha escalado hasta el número uno de los libros más vendidos en Amazon España. El agitador digital ha alcanzado este puesto con un libro de 256 páginas que, según su descripción, desgrana "el saqueo sistemático de España" y que solo está disponible en la plataforma de Jeff Bezos, al margen de las librerías tradicionales y las grandes cadenas, por parte de las cuales el eurodiputado ultra denuncia un boicot.

Lo cierto es que solo él sabe cuántos ejemplares ha vendido. Fuentes editoriales consultadas por infoLibre reconocen no poder cuantificar las ventas necesarias para alcanzar el número uno en Amazon debido al "hermetismo total" de la plataforma sobre sus cifras reales. 

Lo que sí se sabe es que el sistema de clasificación de Amazon es alterable. Ejemplos como el de ResultSource —una empresa de marketing ya extinta que “fabricaba bestsellers” manipulando los listados de ventas— o casos en los que reseñas coordinadas han impulsado libros de pseudociencia u obras paródicas publicadas expresamente para denunciar lo manipulable del sistema, demuestran que alcanzar el top no requiere necesariamente ventas masivas, sino movilización concentrada de una comunidad activa.

"No es casualidad que el libro salga ahora", explica Guillermo Fernández Vázquez, politólogo de la Universidad Carlos III. "Un libro no se escribe de un día para otro. Esta es una decisión tomada hace cinco o seis meses, cuando Alvise había perdido completamente el foco mediático y muchos analistas daban a SALF por amortizado".

La publicación llega tras meses de escándalos que han erosionado la imagen del eurodiputado. Desde que reconoció que no está sorteando su sueldo de eurodiputado —una promesa central de su campaña— hasta la sanción del Parlamento Europeo por ocultar sus ingresos y las denuncias de sus propios eurodiputados por acoso, Alvise necesitaba una operación de reposicionamiento de cara al “año electoral de 2026”, explica el politólogo.

"La escritura del libro es la manera de volver a hablar de ti, de hacer una pequeña gira. Es intentar reflotar la marca Alvise Pérez", añade Fernández. "No creo que sea principalmente económico, porque nadie gana mucho dinero con un libro, por muy autopublicado que sea".

El contenido del libro se estructura en torno a capítulos con títulos alarmistas como "Una nación que se extingue", "El colapso de la seguridad ciudadana" o "La reconquista demográfica". "El libro no tiene nada de política, ninguna complejidad", señala Carmen Lumbierres, politóloga. "Son declaraciones de personas que se quejan y un conglomerado de discurso patriótico encendido, el mismo populismo que arrasa en toda Europa".

Lumbierres describe el discurso de Alvise como una "gota malaya" que ha ido calando "en toda esta gente que se aferra a que el Estado es malo, y le da igual que este señor sea un delincuente, porque es una impugnación al sistema". El mensaje, según la experta, conecta directamente con el trumpismo: "Somos grandes, somos una gran nación, no nos tratan como merecemos".

José Rúas, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Vigo, señala las contradicciones del fenómeno Alvise, que “se presenta como antisistema pero vive del sistema", como ejemplifica su elección como eurodiputado en 2023. Ahora, Alvise celebra el éxito de su libro en Amazon en el mismo canal de Telegram en el que ha denunciado repetidamente a la plataforma por ser parte de la "tiranía coordinada" contra las redes sociales alternativas, o por “proporcionar datos de ciudadanos europeos a los servicios de espionaje norteamericanos”.

"El síntoma político importante es que el fenómeno Alvise sigue pasando, está vivo y sigue ocurriendo muchas veces por debajo del radar", advierte Fernández. "Sin que nos demos cuenta, Alvise vende muchos libros. Eso significa que hay un público, y es un público que solemos pasar por alto".

Las elecciones de Aragón del pasado 8 de febrero ejemplifican este patrón, señala el experto. SALF obtuvo 18.000 votos (2,74%) —triplicando a Podemos y doblando al Partido Aragonés— con los que se quedó a apenas mil votos de IU-Sumar que sí consiguió escaño. "Mucha gente se enteró de que SALF se presentaba casi ese mismo día o dos días antes", recuerda Fernández.

El resultado de Aragón, aunque insuficiente para conseguir representación, evidencia la capacidad de movilización de SALF al margen del ecosistema mediático tradicional. La formación se presentó con escasa cobertura en medios convencionales, sin apenas actos públicos de campaña y con una candidata, Cristina Falcón, prácticamente desconocida fuera de los círculos de seguidores de Alvise en Telegram.

La clave, según el politólogo, está en que la estrategia de invisibilidad mediática no le perjudica. "Precisamente que los medios no le den bola, que no le inviten, que no forme parte del ecosistema, le da gasolina para su estrategia de victimización", explica. Una estrategia que ha trasladado del plano electoral al editorial: además de los supuestos boicots de librerías y editoriales, Alvise también denuncia una campaña de “sabotaje político” a los envíos de su libro por parte del centro logístico de Barcelona. 

Incluso el trato diferenciado que recibe respecto a Vox —con quien el PP y los medios de derecha han sido más condescendientes— le permite legitimar su mensaje, señala Fernández: "Veis, yo soy el verdadero peligro. Yo no soy como Vox, soy una fuerza política no domesticada".

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha citado a Luis Pérez Fernández 'Alvise', para que declare el próximo día 26 por la querella de los dos eurodiputados que abandonaron su formación política por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos junto a él en los pasados comicios europeos, según recoge EFE.

Marchena ha dictado una providencia en la que acuerda su citación, una vez que el propio Alvise manifestó al magistrado su disposición a declarar voluntariamente tras ser preguntado por el juez.

Precisamente este lunes, Diego Adrián y Nora Junco declaran como testigos ante el instructor en la cuarta causa penal abiertas contra Alvise en el alto tribunal, por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados, quienes concurrieron por su partido Se Acabó la Fiesta (SALF) a las elecciones europeas de 2024.

Tras ser elegidos, los eurodiputados se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos y poco después se querellaron contra Alvise al denunciar no solo una campaña de hostigamiento en redes como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos sino que, incluso, habían llegado a temer por su integridad física al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Añadían que una vez filtradas sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, habrían recibido una ingente cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes, hasta el punto de que se "habrían visto compelidos a soportar una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas". Todo ello, según recoge la querella, "obstruye significativamente su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar" además de mencionar el "miedo que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".

Cuando la Sala abrió causa, consideró que la actuación de Alvise "pudiera colmar las previsiones normativas contempladas en el tipo penal indicado, habida cuenta de las explícitas llamadas del mismo a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil hacia los querellados".

Para la Sala, igualmente, "aparece indiciariamente justificado" que Alvise "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas, todo ello, sin que cesara en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados, reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política".

Alvise tiene otras tres causas abiertas en el Supremo, en las que ya ha declarado. Una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021, y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. 

La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

En un auto fechado este lunes al que ha tenido acceso EFE, el magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria que supera los 247 millones.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda el procesamiento por delitos masa de estafa y organización criminal, al tiempo que abre una pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En el auto, el juez Calama indica que Romillo, conocido como CryptoSpain, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito".

Dicha organización estaba integrada por el propio y por Borja Lara Varas; Alejandro Pérez Frías; Pedro Estanislao Bris García; Domingo Romillo Iriarte; Juan Carlos Romillo Iriarte; Mihaela Munteanu Manole; David Alcázar Jiménez; Rosa María de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera, y Juan José Moreno Ruiz.

Todos ellos, bajo las instrucciones de Romillo, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos.

El objeto de la organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable.

A través de dicha web, prosigue el auto, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, prosigue el magistrado, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

En su auto, Calama impone a los diez procesados el pago de una fianza solidaria de 247.349.230 euros con el fin de hacer frente a las posibles responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente en caso de ser condenados.

De forma paralela, el juzgado abre una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo, ya que esa parte del procedimiento se encuentra en un estado incipiente dadas su mayor complejidad.

El entramado societario consta de 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones.

En su auto de procesamiento, el magistrado acuerda mantener en prisión provisional a Romillo por los riesgos de fuga y de reiteración delictiva.

Alvise Pérez ha cobrado 106.000 euros de una o varias empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha revelado infoLibre después de que el propio líder de Se acabó la fiesta (SALF) lo haya reconocido al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo para indicar que ha ingresado ese dinero por labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación". Pero, ¿para qué empresa o empresas? No se sabe y el eurodiputado se niega a aclararlo.

Los europarlamentarios están obligados a presentar estas declaraciones de intereses y mantenerlas actualizadas. Estos documentos deben detallar las actividades e ingresos que tengan antes y durante su mandato, con la intención de poder fiscalizarlos y evitar conflictos de intereses. El código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo las tienen que rellenar, establece que deben indicar "cualquier actividad remunerada realizada paralelamente al ejercicio del cargo, incluido el nombre de la entidad" de la que reciban ingresos.

A pesar de ello, Alvise oculta el nombre de la empresa o empresas que le han pagado e indica únicamente que se trata de compañías "españolas" y "del sector de la comunicación". Tal y como explica a infoLibre Raphaël Kergueno, responsable de Políticas de Transparencia Internacional Unión Europea (UE), los eurodiputados que trabajan como autónomos —como es el caso de Alvise— en muchas ocasiones detallan únicamente la cantidad total de sus ingresos y la actividad a la que se dedican de forma genérica, sin especificar quiénes son sus clientes.

De hecho, Alvise asegura a infoLibre que ha rellenado la declaración de intereses de la forma que le ha dicho el Parlamento Europeo. Según el eurodiputado, la Eurocámara le comunicó que "el código de conducta no se aplica a los ingresos que declaramos los eurodiputados cada trimestre de varias empresas". 

infoLibre ha preguntado al Parlamento si esto es cierto, pero el equipo de la institución ha rechazado dar detalles de la posible conversación con Alvise porque no comentan casos individuales. Aun así, el Parlamento Europeo asegura que las declaraciones deben "contener una lista detallada de información, incluyendo cualquier actividad remunerada que se realice paralelamente al ejercicio del cargo" y reitera a infoLibre que los eurodiputados deben indicar el "nombre de la entidad" de la que cobran, algo que Alvise no ha hecho.

Kergueno explica que la redacción del código de conducta sobre este asunto no es del todo clara y eso da lugar a este tipo de problemas. La última vez que Transparencia Internacional estudió las declaraciones de intereses de los eurodiputados fue a finales de 2024, con la formación del nuevo hemiciclo tras las elecciones de ese año. La ONG denunció que varios eurodiputados habían declarado de forma opaca actividades "como 'trabajador autónomo' o 'miembro del consejo de supervisión' [de una empresa] (sin indicar a qué entidad podría pertenecer)".

En 2023 la misma organización analizó al detalle la información de los parlamentarios que afirmaban trabajar como autónomos. La conclusión fue que el 42% omitía datos clave en sus declaraciones de intereses, como es el caso del nombre de sus clientes, al igual que ha hecho Alvise. 

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas limitaciones. No pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la UE ni trabajar para compañías que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. La ocultación de quién está pagando a Alvise impide saber si en su caso se da alguna de esas dos circunstancias.

Alvise Pérez se ha negado a aclarar a infoLibre para quién trabaja o ha trabajado, pero asegura que "no son un lobby ni nada que condicione mi mandato". El eurodiputado define la empresa o empresas como de "asesoría y comunicación" y "de lo mío", sin mayor explicación al respecto. 

Pero Kergueno deja clara la importancia de conocer de quién cobran los eurodiputados: "Revelar la identidad de los clientes es necesario para poder evaluar si existe algún conflicto de intereses derivado de una actividad externa, como la de los eurodiputados que trabajan como consultores o abogados. Sin esa información, no se puede evaluar si existe o no el conflicto de intereses", cuenta el miembro del capítulo europeo de Transparencia Internacional.

En la misma línea se explica Vicky Cann, investigadora de Corporate Europe Observatory, una organización que denuncia la influencia de las empresas y sus grupos de presión en las políticas de la UE. Cann detalla a infoLibre que "no hay justificación para ocultar los nombres de los clientes que han pagado por servicios de consultoría". "La transparencia debe ser lo mínimo que podemos exigir en este caso, ya que, de lo contrario, nadie puede comprender el alcance de los conflictos de intereses, si ese trabajo tiene vínculos directos o indirectos con la labor parlamentaria, o en qué medida podría constituir una labor de lobby", remata. 

En el caso de Alvise, es muy probable que ese pago corresponda a una única empresa. En una entrevista este mes de octubre el eurodiputado aseguró: "Solo con una asesoría mía cobro 106.000 pavos [sic]". Y solo dos semanas después actualizó su declaración de intereses para añadir que había ingresado, precisamente, 106.000 euros.

Raphaël Kergueno explica, como se ha señalado, que esta falta de transparencia entre los parlamentarios se produce "porque la normativa es confusa" y por la falta de supervisión de la Eurocámara. El experto pone como ejemplo a los eurodiputados que ejercen como autónomos o aquellos que trabajan para consultorías o despachos de abogados. Aunque la normativa exige de forma genérica que indiquen el "nombre de la entidad" de la que cobran, para ese tipo concreto de casos no especifica que deban detallar todos los clientes a los que se factura. Según explica Kergueno, en la práctica a los eurodiputados que son autónomos "se les está permitiendo no identificar a sus clientes".

En las respuestas a infoLibre, Alvise afirma que ha rellenado la declaración de la forma que le ha dicho "la propia Administración del Parlamento a través del servicio responsable de la verificación de las declaraciones de intereses" y que, aunque no sea público, él remite al Parlamento no solo la declaración de intereses, sino "toda la información" sobre estos ingresos, incluyendo el nombre de la empresa e, incluso, las "facturas". 

infoLibre ha preguntado a la Eurocámara por la veracidad de todas estas afirmaciones, pero la institución ha declinado valorar casos personales. Kergueno dice que la supuesta orientación que el Parlamento Europeo habría dado a Alvise indicando que hay que rellenar la declaración de intereses sin listar los clientes concretos podría ser cierta. Coincide también Cann, que asegura que no le sorprendería, aunque añade que "no se ajustaría al espíritu de la ley ni a una aplicación ambiciosa de las normas éticas con el fin de crear una cultura de transparencia y responsabilidad" en Bruselas.

De todos modos, como se ha explicado, esa falta de transparencia sobre las empresas de las que cobran los eurodiputados no se da solo en el caso de Alvise. A pesar de ser algo recurrente, no ha habido sanciones por ello, según asegura Transparencia Internacional UE, organización que lleva años investigando el asunto. 

El código de conducta de los eurodiputados no solo establece cómo deben cumplimentar la declaración de intereses, sino que también posibilita las sanciones para cuando lo hacen mal. Pero "el Parlamento Europeo nunca ha sancionado a un eurodiputado por no identificar a los clientes de los que cobra como autónomo", explica Kergueno. Tampoco hay constancia de que se le haya pedido a ninguno que añada esa información, aunque los detalles de las investigaciones sobre las declaraciones de los eurodiputados son privados —únicamente se hacen públicas las sanciones finales al respecto—.

Aun así, ha habido otros casos sonados. Uno de ellos es el de la actual ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, que fue eurodiputada entre 2009 y 2019. En su tiempo en la Eurocámara, indicaba simplemente que recibía ingresos paralelos como "abogada", pero no declaraba quién le estaba pagando por ello. En su declaración de intereses de 2018 aseguraba cobrar por esas labores 16.000 euros brutos mensuales.

Tras diversas investigaciones periodísticas, se pudo saber que había recibido grandes cantidades de dinero de empresas como Renault. De hecho, la Justicia francesa la está investigando por, presuntamente, haber cobrado 900.000 euros por trabajos de asesoría para la empresa automovilística que, en realidad, no realizó. Todo ello mientras tenía escaño en Bruselas.

"Se desveló que trabajaba para empresas como Renault y que la cantidad que cobraba era significativamente mayor a lo que declaraba. Todo ello gracias a la prensa. En ningún momento el Parlamento Europeo le preguntó quiénes eran sus clientes o para quién trabajaba cuando finalmente resultó que había un caso real y claro de conflicto de intereses. Estaba utilizando su posición para favorecer a las empresas de las que cobraba", explica Kergueno.

Por ello, hay quien directamente defiende la prohibición para los eurodiputados de ejercer labores de consultoría paralelamente a su labor parlamentaria, como hacía Dati o está haciendo Alvise. Cann asegura que "todas estas funciones de consultoría deberían prohibirse, ya que este tipo de trabajo, ya sea como abogado o como consultor, implica cobrar dinero de unos clientes y existe un alto riesgo de que los intereses de esos clientes entren en conflicto o incluso superen al interés público, que debería ser la motivación principal de todos los cargos electos".

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

Alvise Pérez ha cobrado al menos 106.000 euros de empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha reconocido él mismo al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo este mes de noviembre. Según el parlamentario ultra, ha recibido ese dinero debido a sus labores como "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

De hecho, Alvise ha especificado que el dinero proviene de "empresas españolas del sector de la comunicación". Toda esa información ha quedado reflejada en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben rendir cuentas y detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con la intención de evitar posibles conflictos de intereses.

El líder de Se acabó la fiesta (SALF) ha indicado estos nuevos ingresos en el apartado donde deben especificar "cualquier actividad remunerada" realizada durante "el ejercicio del cargo" y ha asegurado a infoLibre que corresponden al último trimestre de 2025.

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y dirigidas a la Unión Europea ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. 

Estos 106.000 euros se suman a los 783.200 que Alvise Pérez había declarado haber ganado desde 2021, principalmente como agitador en redes sociales. En total, ha ingresado 889.200 euros de trabajos externos al Parlamento Europeo en los últimos cinco años.

A esa cantidad hay que añadir su sueldo como eurodiputado, que, a pesar de sus promesas electorales, lleva más de un año sin sortear. El salario de los europarlamentarios es de 10.927,44 euros brutos al mes. Con este noviembre, Alvise lleva ya 14 meses sin repartirlo a alguno de sus seguidores. Lo que suma 152.984,16 euros. Por ello, entre unos ingresos y otros, ha recibido al menos 1,04 millones de euros desde 2021.

La cifra es incluso mayor, ya que desde que es eurodiputado ha seguido cobrando a través de redes sociales, según mantiene en su declaración de intereses. Según ese documento, Alvise estaría ingresando 500 euros al mes de Instagram y otros 2.500 gracias a Patreon, YouTube y Twitter.

El líder de SALF ha indicado esos 106.000 euros en su declaración de intereses detallando únicamente que han sido "empresas españolas del sector de la comunicación" las que le han pagado por sus supuestas labores como "consultor freelance" y que actualizará esa información "de forma trimestral".

Además, según ha aclarado ante las preguntas que le ha hecho llegar infoLibre, el dinero lo ha facturado en el último trimestre de 2025. Es decir, entre octubre y noviembre, ya que el mes de diciembre no había empezado cuando Alvise presentó la modificación de su declaración ante el Parlamento Europeo.

El eurodiputado ha asegurado a infoLibre que ejerce como autónomo en el campo de la "asesoría" y la "comunicación" y que factura "por obra y servicio". Pérez también afirma que nunca antes había indicado ingresos de este tipo en su declaración porque en los anteriores trimestres desde que es eurodiputado no había facturado nada como autónomo. 

El código de conducta del Parlamento Europeo especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses. Además, establece sanciones para los que mientan u oculten información en sus declaraciones. De hecho, Alvise ya fue sancionado por este motivo. El líder de SALF, cuando llegó a Bruselas, rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que en los últimos años había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

Tras la penalización, que le dejó sin dos días de dietas como eurodiputado, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses. Algo que ahora ha vuelto a hacer para declarar los ingresos que está recibiendo de empresas españolas. 

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

En las ultimas semanas, figuras como el influencer Vito Quiles han recorrido universidades y ciudades al grito de “libertad”. Con cámaras en mano y estética de youtuber insurgente y rodeado de seguidores que lo vitorean, ya no se esconden tras la pantalla del móvil: la provocación digital se ha hecho carne, y el escenario ya no es un timeline, sino la plaza pública.

La escenografía invierte la estética tradicional de un mitin político. Ya no hay atril, el líder habla desde la calle, entre la multitud como si fuera uno más, pero con el control absoluto del relato y del plano. Cada aparición se convierte en un espectáculo que se graba, se corta y multiplica en las redes.

En algunos actos ondean banderas preconstitucionales, se entonan himnos y se corean lemas que evocan el franquismo. Y, sin embargo, no persiguen un regreso literal al pasado, sino algo más inquietante: la exaltación del desorden como forma de identidad y poder. Su objetivo no es restaurar el franquismo, sino reanimar su estética, vaciarla de historia y llenarla de adrenalina.

La ultraderecha digital ha aprendido a polarizar: simplificar conflictos, “emocionalizar” los debates y convertir al adversario en enemigo. Ahora ese aprendizaje ha salido del algoritmo para ocupar el espacio físico.

De TikTok y Telegram han pasado al mitin improvisado, del meme a la consigna amplificada con megáfonos. Quiles y otras nuevas figuras de la ultraderecha digital se autoproclaman “libertarios”, pero actúan como emprendedores del caos, disputando la atención mediática mediante escenificaciones calculadas.

Frente a ellos, las respuestas de la ultraizquierda suelen ser reactivas, sin el control simbólico ni la eficacia comunicativa de este nuevo extremismo. No disputan el relato, sino que responden a él, entrando en la lógica del adversario: reaccionan a sus provocaciones, y al hacerlo refuerzan su visibilidad.

Este enfrentamiento no es simétrico: quien domina la narrativa domina también la realidad. Mientras la ultraderecha juega en un terreno comunicativo que domina –la emocionalidad, la provocación, el lenguaje audiovisual–, la izquierda radical sigue apelando a marcos racionales o morales que no generan el mismo impacto emocional ni mediático.

El lema es claro: libertad. Libertad frente a la censura, al feminismo “impositivo”, a la “agenda 2030” o al supuesto adoctrinamiento progresista. Pero esa libertad es un caballo de Troya: se presenta como antisistema, aunque se propaga gracias a los mismos algoritmos y plataformas que sostienen el sistema.

La libertad se vuelve una coreografía de rebeldía que no busca deliberar, sino provocar. En cada vídeo viral se condensan los ingredientes del nuevo populismo juvenil: desafío, emoción y teatralidad.

Los datos ayudan a entender esta deriva. En España, los jóvenes muestran un desencanto creciente con la democracia y una mayor tolerancia hacia actitudes autoritarias. Mientras generaciones anteriores mostraban un compromiso más sólido con la democracia, entre los jóvenes actuales aumenta el apoyo potencial a regímenes autoritarios, sostienen algunos autores.

El enemigo no es un adversario político, sino un símbolo que activa emociones inmediatas: ira, orgullo, nostalgia, miedo. Y esas emociones se amplifican con estética de vídeo en TikTok: banderas, gritos, planos cenitales, frases cortas…

La European Parliament Youth Survey 2024 confirma que los jóvenes europeos priorizan la autoexpresión y los espacios simbólicos sobre la pertenencia partidaria tradicional. A su vez, el informe From Posts to Polls revela que el atractivo del mensaje radical aumenta entre los menores de 25 años, especialmente en el sur de Europa.

Cuando estos influencers anuncian que van a “salir de las redes”, no buscan dialogar: buscan performar la libertad. Su presencia en universidades o plazas es una extensión del algoritmo: quien más escándalo genera, más visibilidad obtiene.

La provocación se ha convertido en marketing político. Su lenguaje es el del clickbait: breve, agresivo, eficaz. Pero lo que venden no es un proyecto, sino un sentimiento: la libertad entendida como rechazo a cualquier límite.

Mientras tanto, la participación democrática se desploma. Solo el 36% de los menores de 25 años votaron en las elecciones europeas de 2024, frente al 42% de 2019. En España, la participación total fue del 46,39%. El Eurobarómetro 2024 confirma ese escepticismo: la mayoría de jóvenes reconoce que votar es importante, pero dudan de que sirva para algo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2024) añade que el voto se sustituye por formas de participación simbólica, activismo digital, boicot o performance, que generan sensación de acción, pero poca transformación institucional.

Frente a lo que se pudiera pensar, no asistimos al regreso del franquismo, aunque su escenografía revive en cada bandera y cada consigna. Lo que emerge es una mutación: el populismo digital convertido en espectáculo callejero. Lo que se busca es mantener la tensión y colonizar el imaginario juvenil con una idea adulterada de libertad.

La respuesta no puede ser el silencio ni la réplica airada. La pedagogía democrática debe recuperar el sentido crítico, la escucha y la complejidad. La libertad no se defiende en un grito ni en un tuit, sino en la capacidad de disentir sin destruir.

Mientras las redes se llenan de estas imágenes, la democracia se observa en silencio. Y quizá ese silencio, cómodo, cansado o incrédulo, sea hoy su mayor riesgo.

____________________________________________

Maite Aurrekoetxea Casaus es profesora y doctora en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al empresario Álvaro Romillo la comisión de una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través de su entramado societario Madeira Invest Club (MIC). El conocido en redes sociales como 'CryptoSpain' ha sido detenido este jueves en el marco de esta investigación.

Al empresario que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, se le acusa de ser presuntamente el responsable máximo de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales a través de su sociedad.

Se trata del Madeira Invest Club, que empezó a operar a principios de 2023 y que se presentaba como un "club privado de inversión" que ofrecía supuestas oportunidades inmuebles, vehículos de lujo, yates, whisky, oro y criptomonedas, entre otras, garantizando rentabilidades fijas y recompra asegurada.

Las aportaciones de los inversores se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de arte digitales, que el club se comprometía a recomprar en un plazo determinado con beneficios preestablecidos.

Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal en el que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores.

La organización contaba con un entramado societario y bancario distribuido en varias jurisdicciones, incluyendo, entre otros, España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EEUU, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.

A lo largo de la investigación se ha contado con la colaboración de Europol y de cuerpos policiales de otros países, como el Homeland SecuritySI de EEUU, la Singapore Police Force de Singapur, la Royal Malaysia Police de Malasia y la Royal Thai Police de Tailandia.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha ordenado la detención, investiga esta presunta estafa piramidal sobre la que se ha levantado este el secreto de sumario tras recibir los informes de la UCO y de la Agencia Tributaria.

Según el auto en el que el juez ordena el arresto, al que ha tenido acceso EFE, la Policía de Singapur informó que entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024, una cuenta de Alipay Merchant Services Pte Ltd, que tiene como titular la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, "recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas", Maidentok LDA y Sabrosso LDA.

"La Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a dos ciudadanos españoles", Álvaro y Domingo Romillo.

El magistrado añade que los informes recibidos "ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad" de que Álvaro Romillo, "aprovechando su popularidad en redes sociales", desarrolló un "negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal".

Lo hizo, presuntamente, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, "a través de la plataforma digital Madeira Club Invest, que se promocionaba en internet como 'un club privado de inversión', cuyo objetivo es 'obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual', movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito".

Romillo se anunciaba como experto en elusión fiscal y llegó a convencer a cerca de 30.000 personas para que ingresasen en el club. Para acceder a la plataforma era requisito un pago inicial de 2.000 euros, que posteriormente se recompensaría con transferencias bancarias en criptomonedas.

'CryptoSpain' ganó relevancia en redes mostrándose como un empresario contrario al Estado y a los impuestos. Con 18 años comenzó su actividad empresarial con una entidad dedicada a distintas actividades, como la venta de bisutería o como agencia de publicidad.

El pasado agosto, Romillo denunció haber sufrido un asalto en su chalé de Ciudalcampo. Según el acta de declaración, al empresario le amenazaron a punta de pistola y le sustrajeron objetos de valor como diamantes, joyas y relojes de lujo. Según su testimonio, fue maniatado durante cuatro horas.

Romillo consiguió atención mediática tras presentar una denuncia contra Alvise, en la que aseguraba haberle entregado 100.000 euros en efectivo el 27 de mayo de 2024 para su campaña electoral para los comicios europeos. Esto supuso la apertura de una investigación por parte del Supremo por supuesta financiación ilegal al líder de Se Acabó La Fiesta.

Ya en 2023 la CNMV alertó de su plataforma ahora investigada, el Madeira Invest Club. Según la comisión, el club no estaba autorizado para captar inversión.

Ahora, el juez explica que "la gravedad de los hechos y penas" que comportan, unido a "la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero" por Álvaro Romillo y "la contundencia de las evidencias de que este lideró su comisión" invitan a pensar que pueda no comparecer a su citación mañana, viernes, y "trate de evadirse al extranjero".

Por ello, ha ordenado este jueves su "inmediata detención" para "asegurar su comparecencia" y "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia".

El juez instructor aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000. 

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este miércoles que la institución ha puesto en marcha el procedimiento interno para retirar la inmunidad parlamentaria del líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, solicitado por el Tribunal Supremo español.

Metsola anunció ante el hemiciclo comunitario que las autoridades españolas le habían remitido dicha solicitud y que será enviada a la comisión de Asuntos Jurídicos, la encargada de tramitarla.

En el caso de Alvise, el Supremo español ya había solicitado que se levantara su inmunidad por el caso en su contra a raíz a los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La semana pasada, el Supremo sumó una nueva petición de levantamiento de la inmunidad del eurodiputado español para poder investigarlo por delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con el partido Se Acabó La Fiesta.

El Parlamento Europeo aún no ha confirmado a cuál de estas dos solicitudes se ha referido este miércoles la presidenta y por lo tanto cuál se tramitará primero, ya que al ser dos cargos independientes las peticiones del Supremo se estudian de manera individual.

La inmunidad parlamentaria permite que un eurodiputado sea libre para ejercer su mandato sin ser perseguido políticamente de forma arbitraria, pero no escuda a los eurodiputados contra cualquier proceso legal en su contra; sólo lo hace contra aquellas imputaciones por sus opiniones o votos expresadas en el marco de su actividad parlamentaria.

Tras el anuncio en pleno de la solicitud del levantamiento de inmunidad por parte de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el trabajo pasa ahora a la comisión de Asuntos Jurídicos, que se encarga del trámite. Los tiempos a partir de este momento los marca esa comisión de Asuntos Jurídicos, que tiene que recibir la documentación y nombrar un ponente para cada una de las peticiones que emita el Tribunal Supremo.

El ponente es el encargado de redactar el informe sobre el caso y la recomendación sobre si levantar o no la inmunidad. El único requisito es que no sea de nacionalidad española y que no comparta grupo político con Pérez, quien de hecho no está adscrito aún a ninguna de las formaciones de la Eurocámara.

El proceso entero se lleva a cabo a puerta cerrada en varias audiencias en la comisión de Asuntos Jurídicos, que puede solicitar más información y también da al afectado la opción de comparecer brevemente para exponer su caso y defenderse, acompañado si quiere por un abogado que le asesore. Una vez el ponente tiene lista su recomendación, ésta se debate entre los diputados de esta comisión y se somete a votación antes de que en última instancia la vote también el pleno del Parlamento Europeo. Se trata en este caso de un voto a mano alzada que se supera con mayoría simple.

El eurodiputado siempre puede recurrir el levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea. No hay tiempos establecidos para una decisión final, que principalmente depende de la frecuencia de reuniones de la comisión de Asuntos Jurídicos, pero es probable que se extienda durante varios meses.

El Parlamento Europeo ha tramitado en los últimos 30 años casi 200 solicitudes de levantamiento de inmunidad por motivos tan variados desde multas de tráfico hasta casos de corrupción. Entre los más visibles figuran la retirada de la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí por su papel en el proceso independentista catalán, que se alargó mucho más de lo habitual debido a la pandemia, o los casos vinculados al 'Catargate'.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Alvise el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que sólo permite que la justicia le procese por el delito que figure en la solicitud que remitan las autoridades. Es por eso que la Eurocámara deberá tramitar por separado todos los suplicatorios que le remitan los tribunales españoles y serán éstos quienes decidan si Pérez debe ser inhabilitado. 

Mi padre tiene 89 años, empezó a trabajar a los 13 y a los 60 se prejubiló y no porque no encontrara a ese tonto o a esa tonta, no. Primero porque le iba esa forma de ganarse la vida y segundo porque no creo que fuera fácil dar con el individuo en cuestión. Hoy creo que sí lo sería. Un dato: El Xokas tiene cuatro millones de seguidores.

Dicho esto me pregunto: ¿Qué lleva a personas afectadas por la desigualdad a apoyar propuestas que claramente les perjudican? ¿Por qué se dejan seducir por emociones fútiles, datos falsos y una batería de promesas simples y falaces que pretenden resolver problemas complejos? No lo sé, no dispongo de la tecnología, como dijo Michael Scott en The Office a propósito de entender lo que piensa el tigre.  Pero sí sé que desde que el Estado nos da la oportunidad de decidir, la ciudadanía tenemos el deber de formarnos.

Quiero creer que no somos cada día más tontos. Lo que sí creo es que estamos expuestos a una sobredosis de información (El monstruo insaciable) y que cada vez tenemos más atajos para llegar a una conclusión que no es nuestra del todo pero que nos sirve para un debate familiar, un post, un comentario a una noticia o (música de terror) para decidir nuestro voto. 

Por atajos me refiero a canales que suponemos informativos de formato ultrabreve, segmentado, con poco contexto, mucho sesgo, mucha mentira y mucha falsa emoción como Whatsapp, la red anteriormente conocida como Twitter, Instagram, Facebook o TikTok pero que, en realidad, son canales de opinión.

El problema es que los atajos perjudican al espíritu crítico necesario para tomar buenas decisiones y que requiere de habilidades, predisposición y tiempo. Y que, aunque la mayoría tenemos el primer ingrediente, la predisposición se nos hace bola y el tiempo empieza a escasear. O mejor dicho, se fragmenta. Tenemos tiempo pero hay que repartirlo cada vez entre más tareas, por lo que las porciones son cada vez más pequeñas.

Un consejo para terminar: si alguna persona piensa como mi padre y quiere encontrar al tonto o tonta que le lleve a ese nirvana con trazas de materialismo que debe ser il dolce far niente hoy, le recomiendo que se ponga a buscar: empiezan a escasear. 

Porque, aunque compartirán muchos, a los cuatro millones de seguidores de El Xokas hay que sumar los tres millones de votantes de Abascal o los ochocientos mil de Alvise, que les permiten a estos dos maulas vivir sin dar un palo al agua.

(Continuará)

_______________________________________

Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmumidad para poder investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Este es el segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara para que se le levante la inmunidad a Alvise de las cuatro causas que tiene abiertas en el Supremo, ya que el pasado mes de julio ya se acordó remitir la que investiga presuntos delitos, como acoso, de los que habría sido víctima la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

Este mismo domingo Alvise Pérez presentó en un acto en Vista Alegre, en Madrid, su partido SALF a nivel nacional y con el que pretende concurrir a las próximas elecciones generales con un programa que plantea la deportación masiva de inmigrantes irregulares, la creación de una cárcel como las de El Salvador o un referéndum para decidir si España sigue en la UE.

En relación a este nuevo suplicatorio, Sánchez Melgar indica que los hechos investigados, basados en una denuncia del empresario Álvaro Romillo, conocido como "CriptoSpain", se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas, en la que Alvise le habría solicitado dinero para financiar su partidp, pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad. A cambio de entregarle ese dinero, 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

Ambos -prosigue el auto- habrían acordado que la entrega se haría por un tercero, comisionado de Romillo, que entregaría a Pérez una mochila con dicha cantidad. Los detalles se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha sido comprobado por la instrucción a través del teléfono móvil de Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma Madeira Investment.

El citado comisionado llevó una mochila de color oscuro, que entregó a Alvise, quien dijo tomarla y llevarla a su casa, sin ingresar tal cantidad de dinero, que iba en billetes de diversas clases, conforme aseguró al serle tomada declaración, y que dejó guardada en su casa, gastándose hasta el día de la declaración, aproximadamente el 50% de su importe, en gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos.

El auto recuerda que Alvise, en la declaración que prestó en julio ante el instructor de forma voluntaria, aseguró que recibió ese dinero en pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid, ante una colectividad de posibles seguidores o interesados en su posición política, intervención de escasa duración, y por la que iba a cobrar la expresada suma de 100.000 euros, “hecho a todas luces, poco verosímil”, indica el auto. Alvise negó que utilizara el dinero para la financiación de su partido porque, según aseguró, la campaña le costó poco más de 30.000 euros.

Indica el instructor que la prueba pericial del teléfono intervenido a Romillo en esta causa, y que ha sido practicada por la policía judicial, acredita sin embargo "todos los aludidos extremos", fundamentalmente las conversaciones entre ambas personas y los pormenores de una presunta financiación irregular.

Ello, añade, "supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral, tratándose de aprovechar de influencias futuras (...) que ayude al Sr. Pérez a obtener escaño en el Parlamento europeo y se transgreda, en consecuencia, el bien jurídico protegido que lo es la limpieza y transparencia electoral”, reza el auto.

El magistrado considera que los hechos objeto de investigación han de ser calificados, como sendos delitos de financiación ilegal de partidos políticos y delito electoral.

Dado que no puede seguir con la investigación sin obtener el placet del Parlamento Europeo para continuar instruyendo la presunta comisión delictiva, el juez acuerda además suspender, mientras tanto, las actuaciones, salvo aquellas actuaciones urgentes que no comprometan los derechos esenciales del eurodiputado.

El instructor argumenta también que este procedimiento judicial no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias, y que los hechos imputados y los delitos que se consideran de aplicación se centran en su actuación anterior en el tiempo a la adquisición de su condición de diputado del Parlamento Europeo.

Luis Pérez Fernández, o más conocido como Alvise, ha presentado este domingo su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) a nivel nacional para concurrir a las próximas elecciones generales con un programa centrado en "el mayor plan de deportación masiva de inmigrantes ilegales", eliminar impuestos o convocar un referéndum "para que los españoles decidan si quieren seguir en la UE".

Rodeado de miles de seguidores en la plaza de toros de Vista Alegre, en Madrid, Alvise ha disfrutado de un baño de masas entre gritos y cánticos de "¡Viva España!" o "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Antes de su aparición estelar, han subido al escenario los principales miembros de su ejecutiva, que se han deshecho en palabras de admiración hacia su líder y han destacado que su partido no llega con la intención única de derrocar al actual Gobierno sino con la de acabar con "el sistema corrupto de la partitocracia".

Tras estos discursos, el último en hablar ha sido Alvise, recién proclamado presidente de SALF con casi el 99% de los votos. Su llegada al escenario ha sido triunfal, caminando entre el público enardecido, que agitaba con fuerza banderines de España.

Ha comenzado a desgranar su programa hablando de la falta de seguridad en "nuestras calles" debido a las altas tasas, ha dicho, de criminalidad entre los extranjeros.

Para atajar esta situación ha planteado poner en marcha "el mayor plan de deportación masiva" de inmigrantes irregulares "de la historia reciente de España" y aparejado a ese plan ha propuesto dejar de subvencionar "con nuestros impuestos" a los países "que nos invaden", como Marruecos.

En sus planes está también la construcción de una cárcel para reincidentes y grandes criminales al estilo de las de El Salvador, "sin gimnasio ni piscina, sino con disciplina y el que quiera rebajar su condena que trabaje como vosotros desde por la mañana".

En cuanto a la corrupción, que ha estado escenificada por un imitador del exministro José Luis Ábalos al que el público gritaba: "devuelve las chistorras", Alvise ha asegurado que hará una reforma del Código Penal para que aquel que no devuelva el dinero no se le conceda el tercer grado penitenciario y ha abogado también por penas de prisión para los familiares, amigos o "amantes" que se benificien de ese dinero.

También pretende acabar con la financiación con dinero público de partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación. "Que se lo paguen de su bolsillo, como hacemos nosotros", ha sentenciado.

Otro caballo de batalla serán los impuestos, o lo que ha llamado una "revolución fiscal" para devolver el dinero "a los bolsillos de los españoles".

Entre esas medidas, ha expuesto la de el cero por ciento del IRPF a todo español que no gane más de 35.000 euros al año o aplicar cinco puntos menos de IRPF por cada hijo, "que tener hijos es el futuro de España y no traer cinco millones de inmigrantes".

También ha dicho que eliminará todas las trabas a la construcción de viviendas y reformará el sistema de pensiones para acabar con la actual "estafa piramidal".

Otra de sus luchas será contra el "fraude electoral" y ha presentado una herramienta basada en la Inteligencia Artificial, Escrutinia 2.0, que pretende poder instalar en todas las mesas electorales para evitar fraudes en el recuento de votos.

El eurodiputado tiene cuatro causas abiertas, entre ellas una sobre la financiación de su candidatura con 100.000 euros en efectivo.

También está investigado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y por varios mensajes que escribió en su canal de Telegram contra la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València. La última causa que le ha abierto el Supremo tiene que ver con las dos personas que obtuvieron acta de eurodiputados en su lista electoral.

 La Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo que investiga al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF), que solicite al Parlamento Europeo que le suspenda la inmunidad para poder imputarle formalmente.

Según ha adelantado La Sexta y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el fiscal, en un escrito fechado el pasado 19 de septiembre en cumplimiento al traslado que le confirió el magistrado para que se manifestara al respecto, propone que se curse el suplicatorio de suspensión de la inmunidad que Alvise Pérez tiene como diputado ante el Parlamento Europeo.

El pasado agosto, el juez instructor Julián Sánchez Melgar prorrogó seis meses –con efectos a partir del 20 de septiembre– la instrucción de esta causa, que fue abierta al conocer que el eurodiputado recibió 100.000 euros de un empresario supuestamente para financiar su campaña a las elecciones europeas.

El motivo de esta prórroga fue debido precisamente a que su condición de eurodiputado ralentiza la tramitación.

"No puede obviarse una circunstancia muy significativa como lo es la condición de diputado del Parlamento Europeo de la persona investigada que obliga, a modo de condición de procedibilidad, a solicitar la autorización de la Cámara para que la fase previa pueda sustanciarse. Trámite que, a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará por varios meses", apuntaba ya entonces el magistrado, que previsiblemente cursará en los próximos días el suplicatorio.

El pasado 11 de julio, el eurodiputado accedió a comparecer voluntariamente ante el juez, con anterioridad a ese trámite, tal y como establece la el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al aforado poder ejercitar su derecho a la defensa sin necesidad de que se le levante previamente la inmunidad como eurodiputado.

Ese día reconoció ante el juez que el empresario Álvaro Romillo, propietario de la plataforma Madeira Invest Club y conocido en redes sociales como 'CriptoSpain', le entregó dicha cantidad en efectivo en un maletín negro por una "charla" sobre libertad financiera "de unos 30 minutos".

No obstante, negó que utilizara el dinero para la financiación ilegal de su partido porque, según aseguró, la campaña le costó poco más de 30.000 euros.

Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma, fue quien denunció haber entregado los 100.000 euros a Alvise el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas.

El Supremo considera que su actuación encajaría en el delito de financiación ilegal de partidos, toda vez que "es de aplicación a los hechos el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en cuanto refieren una conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos".

Además de por este asunto, Alvise ha comparecido en el Supremo por otras dos causas que tiene abiertas: una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La Policía considera "a todas luces evidente" que el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, buscó financiar su campaña electoral para los comicios europeos de 2024 con "fondos opacos en el sentido de no declarados" y de "origen difuso", tratando que no fuesen fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

Una tesis que plasma la Dirección General de la Policía en un informe, al que ha tenido acceso EFE este jueves, remitido al Tribunal Supremo, que investiga al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) y al empresario Álvaro Romillo en una causa abierta por presuntos delitos como financiación ilegal de partidos, entre otros.

En el foco se sitúa la entrega de 100.000 euros en efectivo que dicho empresario -investigado a su vez en la Audiencia Nacional por una presunta criptoestafa- efectuó a Alvise el 27 de mayo de 2024, una cantidad que estaba "fuera de los circuitos económicos legales" y que "obedecería a capital recabado" por el eurodiputado para "financiar su campaña electoral".

Tras analizar los mensajes que ambos se cruzaron por aquellas fechas, los investigadores concluyen que no fue un pago como tal, sino que lo encuadran en "un simple proceso de ocultación, transformación e integración entre activos, que es propio del blanqueo de capitales o en este caso de la financiación ilícita de partidos".

"Los 100.000 euros en realidad no fueron un pago realizado por Álvaro Romillo, sino que se gestaron en el entorno de Luis Pérez, canalizándolos a través de la estructura del empresario con la única pretensión de difuminarlos", precisan.

El informe destaca también que Alvise en un primer momento ofreció a Romillo que hiciese el pago de 100.000 euros a través de una transferencia a la empresa Somos Libres SL, incursa en una operativa reportada como "sospechosa" al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales).

Los investigadores sospechan que varias sociedades podrían haber sido "instrumentalizadas para financiar a la agrupación electoral soportando gastos íntimamente vinculados con la misma, cuestión que se prohíbe específicamente por la ley de financiación de partidos políticos". 

Consideran acreditada la entrega de esos 100.000 euros en metálico en las instalaciones de la plataforma bancaria Sentinel, en Madrid, y creen que hay "datos que sugieren que las cantidades inyectadas para la financiación pudieran haber sido más elevadas".

En sus conversaciones, Romillo explica a Alvise que compensará las criptomonedas que este le entregue con dinero en efectivo "con la pretensión" de "elusión fiscal", evitando que se conecte el dinero físico con los activos virtuales, y le ofrece además "otras tipologías de blanqueo/financiación ciertamente sofisticadas", aunque no hay indicios de que el eurodiputado las usase.

El informe menciona, por ejemplo, una entrega de Alvise a Romillo de 10.000 euros en criptomonedas, una cantidad que, a juicio de los agentes, "se correspondería con una de las entregas que luego se compensan con los 100.000 euros" que el empresario le dio en metálico.

Según la investigación, aunque la "voluntad" de ambos era financiar la campaña, en realidad lo que buscaba Álvaro Romillo era "involucrar a los seguidores" de Alvise como clientes de su plataforma, el supuesto chiringuito financiero denominado Madeira Invest, "con la pretensión de lucrarse". 

Los agentes apuntan a que el asalto ocurrido el 11 de agosto en la casa de Álvaro Romillo en Madrid podría tener "íntima relación" con los hechos, pues este denunció que le robaron 1,3 millones de euros en criptomonedas, que estarían albergados en lo que se conoce como "monederos fríos". 

Destacan este episodio porque casi todo el capital recaudado por Alvise para su agrupación a través de monederos virtuales publicitados en Instagram habría acabado en "monederos fríos vinculados a Madeira Invest Club".

Y mencionan que los monederos publicitados por el eurodiputado en Telegram para financiar su formación fueron creados por Romillo, quien habría sido el autor directamente de los principales ingresos. Es así como vinculan dichos monederos relacionados con Alvise con el supuesto chiringuito financiero del empresario.

El empresario Álvaro Romillo, investigado por una supuesta criptoestafa y quien reveló haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, ha denunciado haber sufrido un asalto en su casa, en el que le robaron joyas, 210.000 euros en efectivo y 1,3 millones en criptomonedas, según informa EFE.

Romillo, al frente de un presunto chiringuito financiero -Madeira Invest- que la Guardia Civil considera que constituiría una estafa piramidal con miles de afectados, denunció el pasado lunes en la Policía Nacional que cinco encapuchados entraron en su casa, en Madrid, durante la madrugada y le robaron a punta de pistola.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso EFE, este empresario denunció que le sustrajeron hasta siete diamantes, varias joyas de más de 20.000 euros, más de una treintena de relojes de lujo, pulseras, un anillo de compromiso y dos sortijas. Efectos que se unen a los 210.000 euros en efectivo y 1,3 millones en criptomonedas que, según dijo, se llevaron los asaltantes.

Este empresario presentó hace meses una denuncia contra Luis Pérez, Alvise, en la que dijo haberle entregado 100.000 euros en efectivo el 27 de mayo de 2024 para su campaña electoral para los comicios europeos, una acción que motivó la apertura de una investigación por presunta financiación ilegal al eurodiputado en el Tribunal Supremo.

Romillo, que denunció amenazas cuando fue a declarar al Supremo hace semanas, no pudo identificar ante la Policía a los cinco presuntos autores de su robo, ya que ocultaban su rostro, y señaló que algunos de ellos tenían acento latino.

Según el relato que aportó a la Policía, se despertó la madrugada del lunes y observó a cinco hombres encapuchados que le encañonaban a él y a su mujer y que les maniataron con bridas. "Sabemos que has robado mucho dinero, nos han contratado para recuperarlo. A mi me van a pagar igual, tanto si te mato a ti o a tu mujer, así que colabora", le dijo uno de ellos, de acuerdo al acta.

El empresario señaló que los ladrones le preguntaron por los relojes, por las claves de la caja fuerte -que Romillo aseguró que no era suya, sino de la casa que tenía alquilada- y también por "los 40 millones en criptomonedas", si bien éste dijo esa información no era "real". Contó que los autores del robo accedieron a varias billeteras virtuales que tenía en diferentes dispositivos móviles y que hablaron por videollamada con otra persona que, según dice, conocía "el funcionamiento" de las operativas de criptomonedas.

Uno de esos móviles fue volcado por la Guardia Civil y tenía bloqueadas criptomonedas por orden de la Audiencia Nacional, donde este empresario está investigado. Según refiere Romillo, "el terminal no ha sido localizado tras los hechos" y desconoce dónde puede estar, "si bien cree que los autores se lo han llevado debido a que tenía bloqueada la cantidad de 1.800.000 dólares americanos".

La vida de Adrián Yacar ha dado un vuelco en las últimas semanas. En julio pidió una excedencia de su trabajo como policía, según él mismo ha explicado. El día 14 de ese mismo mes creó una empresa enfocada a la inteligencia artificial (IA): Next Generation Inteligencia Artificial SL. Y tan solo unos días después continúa con sus giros profesionales y ha pasado a formar parte del equipo del eurodiputado ultra Alvise Pérez.

Alvise ha contratado a Yacar como asistente local, una figura que permite a los eurodiputados contar con asesores que trabajan desde su circunscripción —la española en este caso— y no en el Parlamento Europeo. El nuevo hombre de confianza de Alvise había alabado públicamente al político ultra hace tan solo unos días en una entrevista.

Yacar será el único asistente local de Alvise, aunque el eurodiputado de Se acabó la fiesta cuenta también con dos asistentes acreditados —los asesores que sí trabajan en Bruselas y Estrasburgo—: Pedro David Alemany Navarro y Luis de las Heras Vives. El nuevo destino de Yacar se ha publicado esta misma semana en la web del Parlamento Europeo.

El asesor ha trabajado como policía, donde formaba parte del Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, una unidad especializada en buscar y encontrar a personas huidas. Esa labor le llevó incluso a protagonizar la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, donde aparecían diversos miembros de esa unidad de la Policía y se mostraba su labor en la búsqueda de fugitivos.

No ha sido su única incursión en el mundo del entretenimiento. Lo intentó también con la música. En una entrevista en 2022 aseguraba: "Tenía dos sueños: ser policía nacional, lo conseguí; ser una estrella del rock, lo estoy intentando". Ese mismo año publicó canciones como 'Titan', que interpretó en un concierto de Cadena 100, o 'Chúpamela', un sencillo que editó para los espectáculos del cómico Juan Dávila. También ha sido vocalista de una banda tributo al grupo británico Muse.

Su nombre artístico cuando actuaba en solitario era Yacar, su propio apellido. No se sabe si Adrián Yacar sigue soñando con ser estrella del rock, pero en lugar de vivir de la música ahora lo hará de un sueldo del Parlamento Europeo. El salario concreto de cada asesor de los eurodiputados no es público, pero para los asistentes locales existe un tope mensual. En el caso de España está fijado en 9.595 euros.

En total, además de su sueldo de algo más de 10.000 euros mensuales —que Alvise prometió sortear aunque no lo está haciendo—, los eurodiputados cuentan con alrededor de 30.000 euros al mes de presupuesto para poder pagar a sus asesores —tanto los asistentes acreditados como los locales—. 

En el caso de los locales, como Yacar, su sueldo se paga a través de una empresa en el país de origen, que ejerce como agente pagador. Esta medida se tomó para que los eurodiputados no controlen directamente ese dinero después de algunos casos de fraude y uso inadecuado de esos fondos que salen directamente del Parlamento Europeo. Alvise emplea como agente pagador a una empresa catalana, radicada en Viladecans (Barcelona), llamada Oficina Legal Gestió i Administració Empresarial SL.

Yacar ofreció una entrevista hace tan solo unas semanas para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños, militar en situación de reserva. Allí fue presentado como "una de las personas más brillantes dentro del Cuerpo Nacional de Policía", aunque Baños también aseguró que Yacar había pedido la excedencia "hace tan solo tres días". A pesar de ello, en ningún caso ni Baños ni Yacar mencionaron que la hubiera solicitado para trabajar como asesor de Alvise Pérez.

El motivo que se da en la entrevista es distinto. Según explican, Yacar habría pedido la excedencia para poder crear una empresa dedicada a la inteligencia artificial, que fue constituida el 14 de julio. "No me voy de la Policía porque esté desagusto [sic]. Es algo que me ha costado mucho decidir. Estaba muy a gusto, me sentía valorado, estaba haciendo grandes operaciones… [...] Pero en la vida hay trenes que pasan solo una vez y este llevaba mi nombre", explicó Yacar en referencia a la inteligencia artificial.

Según el asesor, el pasado mes de noviembre descubrió las aplicaciones que puede tener la IA en el mundo de las empresas gracias a un amigo y a partir de ahí comenzó a formarse: "Empecé a estudiar, a estudiar, obsesionarme, hacer cursos, estudiar por mi cuenta… Hasta que he llegado a un punto en el que creo que ya me he preparado suficiente y entonces digo: 'Voy a montar una empresa'".

La entrevista fue publicada el 23 de julio y ese mismo día fue compartida por Alvise Pérez en su canal de Telegram. No es casualidad. El propio Yacar mencionó en un momento de la entrevista al eurodiputado. No se habló de ningún tipo de trabajo o colaboración entre ambos, pero le alabó públicamente. Al final de la entrevista Yacar pide comentar algo y explica que en la Policía trabajan mucho gracias a los soplos que reciben "de fuentes anónimas y no tan anónimas".

"Hay también muchos activistas, incluso muchos influencers, que te escriben. Alvise, por ejemplo, alguna vez ha puesto a la brigada judicial de Madrid: 'Oye, pues en esta dirección hay un piso de tráfico de drogas. Si no vais vosotros, van las ardillas'. Es una lástima que no se dé tanta voz a este tipo de colaboración ciudadana. Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado", aseguró Yacar.

El asesor en todo momento durante la entrevista explicó estar enfocado en su nueva empresa dedicada a la inteligencia artificial. La misma, por ahora, cuenta con una página web en la que se ofrece formación. El único curso disponible, llamado 'Inteligencia Artificial Práctica (Básico)', consta de 20 horas y cuesta 249,99 euros, aunque se encuentra rebajado a 199,99. Los profesores del curso están todos generados por IA.