El uso del tiempo también es un derecho feminista

La historia de los derechos laborales ha sido, en buena parte, la historia de una conquista del tiempo. De cómo las clases trabajadoras han ido arrancando horas a la explotación para ganar vida, salud y libertad. Pero hay luchas que parecen haberse detenido. En España, uno de los derechos que más ha tardado en avanzar es el de la jornada laboral.

Hace más de un siglo, en 1919, la huelga de La Canadiense paralizó Barcelona y logró una conquista que parecía imposible: la jornada laboral de ocho horas. Fue una de las mayores movilizaciones obreras de nuestra historia y abrió la puerta a una idea revolucionaria para su tiempo: que trabajar menos no es un capricho, sino un derecho. Un siglo después nos toca a nosotras continuar ese legado.

Hoy, la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial no es solo una medida técnica o económica. Es una reivindicación social, feminista y transformadora, apoyada por más del 80% de la ciudadanía. Y es, sobre todo, una oportunidad para construir una sociedad más igualitaria y libre.

Si hay una verdad que no podemos seguir ignorando, es esta: el tiempo también es una cuestión de género

La reducción de jornada tiene efectos positivos ampliamente documentados: mejora la salud física y mental de las personas trabajadoras, reduce el absentismo, aumenta la productividad, disminuye las emisiones contaminantes y permite una redistribución más justa del tiempo y la riqueza. Pero, sobre todo, puede tener un impacto profundo y estructural en la vida de las mujeres. Porque si hay una verdad que no podemos seguir ignorando, es esta: el tiempo también es una cuestión de género.

Las mujeres en España siguen siendo quienes más sufren la precariedad, los sueldos bajos y las dobles jornadas. La brecha salarial es del 16,4 %, el desempleo femenino supera en tres puntos al masculino, y el 74% de los contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Contratos que, en su mayoría, no son una elección, sino una imposición derivada de un sistema que no garantiza servicios públicos suficientes, ni corresponsabilidad en los cuidados, ni acceso a empleos estables y dignos.

Y aquí está una de las claves que más se ha invisibilizado: la reducción de jornada también beneficiará a las mujeres con contratos a tiempo parcial, porque sus horas seguirán siendo las mismas, pero al modificarse la jornada máxima ordinaria, su salario se recalculará al alza. Es decir, esta reforma puede traducirse en una subida salarial directa para cientos de miles de trabajadoras que hoy sobreviven con empleos infravalorados. Es justicia redistributiva. Es justicia de género.

Esta transformación solo será real si se hace con perspectiva feminista. Si se acompaña de mecanismos que garanticen que quienes hoy trabajan parcialmente, sobre todo en sectores feminizados y precarios como los cuidados, el hogar, el comercio o la hostelería, puedan ver reconocidos sus derechos y mejoradas sus condiciones laborales y económicas.

Reducir la jornada sin reducir el sueldo es un desafío, sí. Pero sobre todo es un acto de valentía política. Es decidir si seguimos atrapadas en un modelo que sacrifica la vida en el altar del beneficio empresarial, o si construimos otro donde el tiempo de las personas valga más que el reloj del mercado.

Porque ganar tiempo para vivir es ganar libertad. Es ganar igualdad. Es recuperar algo que nos han robado durante demasiado tiempo: tiempo para cuidar y ser cuidadas, para participar, para descansar, para construir vidas más dignas y plenas.

En 1919, las trabajadoras y trabajadores conquistaron la jornada de ocho horas. Que dentro de un siglo se diga que en 2025 también hubo quienes entendieron que la dignidad no se mide en horas trabajadas, sino en calidad de vida compartida. Que esta reducción de jornada fue mucho más que una cifra: fue un paso firme hacia una sociedad más justa, más feminista y humana.

Ahora nos toca a nosotras, a todas las fuerzas políticas nos corresponde empujar esta reforma y blindarla desde la ley. No hay feminismo sin justicia económica, ni igualdad sin tiempo propio. Es hora de legislar a favor de la vida. Y de hacerlo con la misma determinación con la que hace un siglo se conquistaron las ocho horas:  con compromiso y con la certeza de que no hay derecho más revolucionario que el de ser las dueñas de nuestro tiempo.

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Esther Gil de Reboleño es vicepresidenta tercera del Congreso y portavoz de la Comisión de Igualdad de Sumar.