Lo que está en juego en Venezuela

El año 2025 ha sido el del inicio por la Administración Trump de la voladura del derecho internacional nacido tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas obliga al respeto a la soberanía de los pueblos y a no utilizar la violencia en las relaciones internacionales. El genocidio en Palestina ha sido seguido de la puesta en marcha del mayor cerco militar desplegado nunca en América del Sur por los Estados Unidos, frente a las costas del Caribe y en el Pacífico.

La excusa ha sido el combate a una supuesta organización "narcoterrorista", el Cartel de los Soles, que nadie conoce, que no aparece en ningún informe Antidrogas de la DEA o de la Unión Europea y que no tiene ninguna acusación presentada en ningún tribunal del mundo. Con esa excusa se han generalizado los asesinatos extrajudiciales contra personas en embarcaciones en el Mar Caribe o en el Pacífico frente a las costas de Venezuela, de Colombia y de México. 

Las intervenciones militares solo son legales si responden a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o se producen en legítima defensa

El Estado de derecho y el derecho internacional garantizan la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, incluso a presuntos delincuentes. Lejos de tratarse de una operación para imponer la ley y combatir la delincuencia, el despliegue militar de Trump pretende hacerse con los inmensos recursos petrolíferos de Venezuela y controlar este país para mayor beneficio de las multinacionales estadounidenses y, ¿por qué no?, de alguna empresa familiar del presidente Trump. Es la nueva diplomacia de EEUU, que busca hacer negocios antes que mejorar las relaciones internacionales entre pueblos. Trump negocia en Ucrania a cambio de hacerse con los recursos minerales de ese país o negocia en Palestina a cambio de hacerse con un inmenso negocio turístico en el Mediterráneo.

Las naciones que se denominan civilizadas necesariamente deben relacionarse sobre el respeto a unas reglas del juego justas y equilibradas, que no son otras que los tratados de derecho internacional. Las intervenciones militares solo son legales si responden a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o se producen en legítima defensa ante una agresión militar. Lo demás son excusas. 

El ataque militar a Venezuela se veía venir, pero no por eso deja de ser más grave. En Venezuela la comunidad internacional no se está jugando la legitimidad de uno u otro gobierno. Lo que está en juego es el sistema de Naciones Unidas y las leyes internacionales. No puede permitirse que una potencia militar se relacione con otros países mediante actos de piratería y terrorismo militar de Estado. Como ha pedido Gustavo Petro, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos deben reaccionar de inmediato, exigir el cese de los ataques estadounidenses y la puesta en libertad del presidente Maduro y cuantas personas hayan sido secuestradas por los Estados Unidos y tomadas como rehenes, en caso de confirmarse esa noticia. 

La Unión Europea no puede seguir callada. Frente a la ruptura del derecho internacional y la imposición de la fuerza en las relaciones internacionales, no valen menciones vacuas a resultados electorales o anteponer la preocupación por los residentes nacionales en el país agredido, como hasta ahora ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores español emitiendo un comunicado que dista mucho de defender contundentemente el derecho internacional y sobre todo de condenar la brutal agresión militar contra el pueblo y las instituciones de Venezuela. 

Hoy es Venezuela y mañana será la apropiación de Groenlandia por Trump. Y quizás pasado mañana nos encontremos que el inquilino de la Casa Blanca dirige sus amenazas a nuestro país teniendo en cuenta que nuestra oposición hace tres años que vive instalada en la deslegitimación de este gobierno. Hay que actuar ahora en defensa del derecho internacional y no esperar a que sea demasiado tarde.

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Enrique Santiago Romero es portavoz parlamentario de Izquierda Unida y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.