La asociación progresista de jueces confirma que no hará huelga tras consultar a sus bases
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) ha confirmado que no apoyará la huelga convocada por la mayoría de las asociaciones a principios de julio en protesta de las reformas judiciales en marcha, pese a que se muestra contraria al proceso de estabilización contemplado para la carrera, según informa EFE.
Cinco de la siete asociaciones de jueces y fiscales (tampoco está entre ellas la Unión Progresista de Fiscales) han convocado una concentración frente al Tribunal Supremo el próximo sábado, y tres días de huelga (1, 2 y 3 de julio) si no se retiran los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
Aunque JJPD no estaba entre las convocantes, ha sometido a sus asociados a una consulta, en la que el 75,81% han votado en contra de secundar la huelga, de modo que en un comunicado anuncian que la asociación "no apoyará dicha medida (...) sin perjuicio del ejercicio individual y personalísimo de este derecho por cada asociado".
La asociación explica que algunas medidas de la reforma de acceso a la carrera le parecen positivas, si bien se muestra muy crítica con otras, como el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, que considera que "no es aceptable".
Pese a ello, cree que, aunque se puede discrepar, el proyecto no supone la quiebra del Estado de Derecho ni pone en riesgo la independencia judicial, como sostiene la mayoría de las asociaciones.
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El portavoz de JJPD sostiene que, en el proceso de estabilización, "deberían excluirse a los juristas que no tienen tal condición, pues se trata de atajar un problema de abuso de temporalidad" y que debe ampliarse la antigüedad exigible, promocionar la incorporación por el cuarto turno y, sobre todo, "que en ningún caso se vean lesionados los derechos de quienes ya forman parte de la carrera judicial".
La asociación afirma que este proceso de estabilización previsto por el proyecto no tiene justificación jurídica y europea clara y es en realidad un acceso extraordinario, al abrirse a otros profesionales (operadores jurídicos con cinco años de experiencia), generando discriminación.
En definitiva, cree que el proyecto, en este sentido, es "técnicamente discutible y jurídicamente inseguro". No obstante, el portavoz de la asociación ensalza otros aspectos como las becas, el aumento en transparencia de las pruebas de acceso, o que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en un centro público de preparación de oposiciones.
