Inmigración, memoria o derechos de las mujeres: las cesiones del PP de Feijóo ante las presiones de Vox

Vox no gobierna en ninguna autonomía, pero ejerce un gran poder sobre el Partido Popular. Prueba de ello es que el único concejal que tiene la formación de Santiago Abascal en Jumilla, una localidad murciana, ha logrado que los populares aprueben una moción que veta celebraciones de actos islámicos, lo que ha soliviantado a la comunidad musulmana. La polémica, lejos de quedarse en un asunto local, ha estallado directamente en la dirección nacional del PP —que trata de justificarla como puede—y supone la última de una larga lista de cesiones a la extrema derecha en comunidades y consistorios donde el PP les necesita.

El plan de Abascal siempre ha sido exhibir la utilidad de Vox para derechizar y radicalizar al PP. Lejos de ofrecer resistencia y presentarse como un actor intermedio entre Vox y el PSOE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ido escorando su discurso cada vez más hacia la derecha en distintas materias, que después se han trasladado en políticas concretas. El abrazo con Vox, más allá de lo ideológico, también ha reducido a la mínima expresión —los diputados de UPN y Coalición Canaria— sus posibilidades de diversificar acuerdos con otros partidos para, eventualmente, liberarse de la extrema derecha.

La tesis del sector duro del PP de que hay que dar la "batalla cultural" contra la izquierda, aunque ello suponga defender lo mismo que los ultras, se ha acabado imponiendo. Sin embargo, Feijóo no ha logrado resolver su relación con el partido de Abascal, que tras las elecciones autonómicas y municipales de 2023 logró salirse con la suya y someter a dirigentes y alcaldes del PP que se resistían a compartir gobierno con Vox. Los de Abascal confían en doblarle también el brazo al PP cuando llegue el momento y estén en situación de compartir La Moncloa. Génova, por su parte, espera que la derecha sume en caso de nuevas elecciones, pero sigue creyendo que en ese caso podría gobernar en solitario, sin meter a Vox en el Ejecutivo. Pase lo que pase, Vox ha demostrado que es capaz de lograr contrapartidas, sea desde dentro del gobierno o presionando desde fuera.

Inmigración

La inmigración es la punta de lanza de Vox y el PP no solo ha abrazo su discurso vinculando inmigración con delincuencia y situando el foco en la expulsión, la confrontación y la exclusión, sino que ha tomado determinadas decisiones políticas que sustentan ese relato. La de Jumilla es una, pero no la única. Desde el año 2022, PP y Vox han firmado pactos de gobierno en comunidades como Castilla y León, Murcia, Aragón y la Comunitat Valenciana que han incluido medidas restrictivas, como por ejemplo la exigencia de la residencia legal, no solo del empadronamiento, para acceder a cualquier ayuda o subvención, la práctica de pruebas de edad a personas migrantes en los hospitales, la eliminación de las subvenciones a las ONG que atienden a migrantes y la prohibición de que en los centros educativos se desarrollen programas de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí, entre otras.

Medio ambiente

Que Vox ha hecho bandera de la inexistencia del cambio climático y que se opone frontalmente a la Agenda 2030 —la hoja de ruta mundial para avanzar en igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible— no es novedad. El PP abrazó rápidamente algunas de sus propuestas para desproteger el medio ambiente. En ciudades como Elche, Palma, Gijón y Valladolid, se han desmantelado infraestructuras sostenibles, en Balears y Murcia se han derogado leyes como la de protección del Mar Menor o la ley de cambio climático. En el sector agrícola, que también reclamaba un freno en las políticas ambientales que afectan al sector primario con el argumento de que hacen más complicado y más caro el trabajo de sus profesionales, el PP también abrazó el discurso contra el Pacto Verde desde el interior de las instituciones.

Lenguas cooficiales

En la Comunitat Valenciana y Balears también se ha notado el sello de Vox pese a la ruptura con los populares del pasado verano. En la primera, en julio de 2024, ambas formaciones aprobaron una ley para permitir a los padres elegir la lengua vehicular de sus hijos en la enseñanza valenciana para tratar de acabar con el modelo de plurilingüismo y discriminación positiva hacia el valenciano que imperaba hasta la fecha. Una ley que provocó una huelga, las críticas de las entidades en defensa de la lengua y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por Compromís. De momento, la norma no se está aplicando aunque está previsto que lo haga el próximo curso. En Balears, Vox ha influido en decisiones clave como destinar millones de euros para desmantelar la educación pública en catalán y establecer inspecciones contra lo que denominan "intromisiones ideológicas" en las aulas.

Memoria

Tras las elecciones autonómicas, la memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. Una ofensiva reaccionaria que, acabó por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el PP. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla y León las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Balears, Comunitat Valenciana o Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República.

Eutanasia

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En Castilla y León, PP y Vox impidieron que se tramitase la ley de derechos al final de la vida, a propuesta del grupo socialista. Vox justificó la medida diciendo que el PSOE quería “colar la eutanasia” a través de esa ley, aunque esta no regulaba directamente la eutanasia sino cuidados paliativos y derechos del paciente. En Balears, el pacto suscrito por los ultraderechistas y el PP implicaba reformar la ley autonómica de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir, aprobada en 2015, para "asegurar una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor”, aunque todavía no se ha modificado.

Oficinas antiabortistas

PP y Vox lo enmascaran como "oficinas de apoyo a la maternidad" pero ambas formaciones han aprobado en ciudades como Sevilla y Alicante estas clínicas, cuyo supuesto objetivo es asesorar a mujeres vulnerables y fomentar la natalidad. El de la ciudad andaluza, que abrió sus puertas el pasado mes de mayo, lo dirige una activista provida y antiaborto, María Pastor, que ha figurado varias veces en las listas electorales de la formación de ultraderecha, por lo que las organizaciones feministas han puesto el foco en lo que consideran un "chiringuito antiaborto de PP y Vox". A esto se le suma que el Ayuntamiento de Valencia ha organizado charlas antiabortistas, con el diputado de Vox Carlos Flores como ponente y ha concedido 6.000 euros a la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, vinculada a movimientos antiabortistas. Una apartida que aparece en los presupuestos municipales de 2025.

Censura cultural

Las coaliciones de PP y Vox se estrenaron en 2023 con una censura cultural que le valió la reprimenda de la comunidad. El Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid) rechazó que se representara el clásico de Virginia Woolf, Orlando, al alegar "problemas presupuestarios" aunque Vox directamente dijo que era por su "ideología de género", al igual que ocurrió con La Villana de Getafe, de Lope de Vega, que la ultraderecha pidió retirar por "representaciones sexuales incómodas". En Santa Cruz de Bezana (Cantabria), la misma coalición impidió, como ya habían hecho antes las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, la exhibición de la película infantil Lightyear, donde hay una escena de un beso entre dos mujeres.