Las 7291 muertes en las residencias acorralan a los ex altos cargos de Ayuso pese a la "parálisis judicial"
Tras un año de la presentación de la macrodenuncia, los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya están imputados en ocho procedimientos distintos por la gestión de las residencias durante la pandemia. Sin embargo, la querella colectiva que debía unificar la investigación de los Protocolos de la Vergüenza en un solo juzgado, ha acabado troceada en 92 casos a lo largo de distintos tribunales de la Comunidad de Madrid y con instrucciones que avanzan a paso lento.
"Nos dijeron que no había nada que hacer, que eran órdenes. Pero nosotros seguimos pidiendo justicia", ha recordado Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, en rueda de prensa un año después de aquella mañana del 10 de octubre en que 109 familias registraron en la Fiscalía Superior de Madrid una macrodenuncia por las muertes en las residencias madrileñas. La querella se centró en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal.
Además, los familiares aportaron pruebas inéditas, como informes internos de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, actas de inspección y comunicaciones oficiales que demuestran cómo miles de mayores fueron excluidos de la atención hospitalaria en marzo y abril de 2020 por aplicación de los llamados Protocolos de la Vergüenza. Una situación que provocó la muerte de 7.291 mayores en los geriátricos, como desveló infoLibre.
Carlos Mur, imputado en ocho procedimientos
Los principales ex altos cargos señalados son Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueron directores de Coordinación Sociosanitaria y responsables directos de los dos Protocolos de la Vergüenza. Hasta ahora se conocían dos procedimientos abiertos en los que figuraban como imputados, pero a ellos se han sumado causas en otros dos juzgados de Madrid capital y en los de Alcobendas, Collado Villalba, Getafe y Valdemoro. En total, Mur figura como imputado en los ocho procedimientos, Peromingo en siete y el exdirector del SUMMA 112, Pablo Busca, en seis.
También aparece mencionado Antonio Burgueño, responsable del fallido plan de medicalización de los geriátricos, junto a varios geriatras de enlace que debían aplicar las órdenes en los hospitales públicos. En algunos casos, Burgueño ha sido citado como testigo, aunque las asociaciones no descartan que su responsabilidad acabe bajo investigación formal.
La "guerrilla judicial" frena la investigación
A pesar de que el equipo de abogados ha considerado "un avance importante" que los responsables estén imputados, ha denunciado que los 92 procedimientos derivados de la macrodenuncia "no pueden seguir dispersados" en distintos juzgados. Una fragmentación provocada por el Ministerio Fiscal, que decidió dividir la denuncia colectiva en una diligencia por cada denunciante. Según el balance de Marea Residencias, 73 siguen en instrucción, diez están pendientes de recursos ante la Audiencia Provincial, cuatro han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y cinco han sido desistidos por las familias.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha sido el primero en citar a Mur y a Peromingo como investigados, pero las declaraciones se suspendieron a última hora porque las defensas alegaron no haber recibido la documentación completa. Un mes después, el Juzgado número 6 de Leganés volvió a citarlos, pero también se canceló. En este caso, el abogado de Peromingo solicitó acumular todos los procesos en el juzgado madrileño número 3, mientras que Mur se opuso.
A partir de dicha petición, distintos juzgados de la región han solicitado unificar 14 procedimientos en el número 3 de Madrid, que el pasado 27 de agosto rechazó asumir siete de ellos. "Ahora hay una especie de guerrilla procesal para ver en qué juzgado recae el procedimiento", ha reconocido Alejandra Jacinto, una de las abogadas de las víctimas. La decisión final sobre quién debe instruir, según la jurista, recaerá en la Audiencia Provincial de Madrid.
Una situación que contrasta con la de los fallecidos por la dana en Valencia, donde todas las causas se han acumulado en un solo juzgado, el número 3 de Catarroja. "En Madrid, en cambio, el debate sobre la competencia sustituye a la investigación penal", ha lamentado el equipo jurídico.
"No se ha investigado absolutamente nada"
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El equipo jurídico también ha advertido que el delito denunciado tiene un plazo de prescripción de cinco años, lo que situaría el límite en marzo de 2025 para los procedimientos que aún no se han iniciado. "Tememos que algunas causas prescriban por la inacción y la desidia judicial", ha alertado Eduardo Ranz, abogado del colectivo. "Si eso ocurriera, sería responsabilidad total de la desidia de determinados juzgados, y analizaríamos si esa actuación puede considerarse irregular", ha añadido.
Ranz ha calificado de "escandaloso" el retraso en algunos tribunales. "En el Juzgado de Instrucción número 5 de Navalcarnero presentamos las querellas el 2 de abril y hasta el 9 de octubre no hemos tenido número de diligencias previas. Esto significa que durante más de seis meses no se ha podido presentar ni un solo escrito", ha denunciado. También ha citado el caso del Juzgado número 39 de Madrid, que dictó un auto de inadmisión el 25 de marzo y lo notificó medio año después, el 22 de septiembre. "Hay jueces que no han realizado su trabajo, no han investigado y eso es lo más grave", ha insistido Ranz.
Desde Marea de Residencias, Carmen López ha subrayado que el paso del tiempo no les hará rendirse. "Después de cinco años seguimos sin que nadie asuma nada, pero no vamos a parar. Queremos que se investigue de una vez, porque nuestros mayores merecen justicia y memoria", ha incidido.
