La transición en España y la impunidad de los crímenes franquistas, una anomalía democrática en la UE

El 21 de noviembre Falange Española de las JONS repetirá su marcha hasta la sede del PSOE desde el lugar de nacimiento de su fundador, José Antonio Primo de Rivera, pasando también por la sede del PP. La marcha de exaltación fascista estará amparada en una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, hace un año, desestimó la no autorización de la Delegación del Gobierno.

Esta cobertura legal para la actuación de la Falange es mucho más profunda que la medida del TSJM y bebe de las decisiones de la Transición. Las mismas que permitieron a la Falange lanzar esta marcha en 2024 cantando El Cara el Sol falangista, himno oficioso del franquismo, y que mantienen a España como una anomalía democrática en la Unión Europea. La “excepción española”, en palabras del excomisario europeo, Frans Timmermans, por no haber juzgado a los responsables de su dictadura, como sí hicieron Italia, Alemania, Polonia o Hungría. “Un negro borrón en la UE”, es lo que supone para Izaskun Bilbao, exeurodiputada del PNV.

En la manifestación de Madrid este año participará Orsola Mussolini, la nieta del dictador italiano. En su país no podría hacerlo porque Italia, tras el fin del régimen fascista y aprobar una nueva Constitución, prohibió el partido de su abuelo. Su Carta Magna de 1947 no permite “cualquier forma posible de reorganización del disuelto partido fascista” y, en sus disposiciones transitorias, establece que una ley debía regular durante un “periodo no superior a un quinquenio desde la entrada en vigor de la Constitución, limitaciones temporales al derecho de voto y a la elegibilidad para los jefes responsables del régimen fascista”. Es decir, los dirigentes fascistas quedaban inicialmente purgados de la vida política.

Las escisiones, fusiones o la propia existencia de la Falange de las JONS no serían posibles en Italia, al tratarse del partido de la dictadura, ni tampoco sus líderes podrían haber participado en la nueva democracia. En España, sí fue y sigue siendo posible. Es lo que lleva al abogado y filósofo Jaume Asens a decir que “no tenemos una auténtica Constitución democrática” y a contraponerla con la italiana, “que se basa y funda en el compromiso con los muertos. La diferencia entre la barbarie y la civilización, donde sí hay un derecho a enterrar dignamente a los muertos”.

Desnazificación frente a pervivencia franquista

La comparación con Alemania agrava aún más la anomalía democrática de la transición española, denuncia el Grupo de la Memoria Democrática del Parlamento Europeo. La Ley Fundamental de la RFA de 1949 declara “inconstitucionales” a “los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia”. En sus disposiciones transitorias mantiene vigentes las normas sobre la “liberación del pueblo alemán del nacionalsocialismo y del militarismo”. No se permite ninguna exaltación o recuperación de la simbología nazi, de las SS o la Gestapo.

En su articulado, el código penal alemán prohíbe la producción, distribución y exhibición de símbolos del Tercer Reich, o la negación del Holocausto, e impone severas penas de cárcel a cualquier glorificación. Una fundación como la Francisco Franco sería ilegal en Alemania, igual que una marcha con banderas preconstitucionales o cánticos al dictador. Frente a este proceso legal de desnazificación, Asens, eurodiputado de En Comú, señala que la democracia en “España se crea mediante un pacto de impunidad y de olvido”.

En su ensayo sobre la desnazificación de Alemania a partir de 1945, Sanya Romeike sitúa el concepto de justicia transicional como “los instrumentos y esfuerzos para lidiar con el pasado de un régimen o conflicto violento y permitir una transición hacia una sociedad permanentemente pacífica y principalmente democrática”, citando a la profesora Susanne Buckley-Zistel, directora ejecutiva del Center for Conflict Studies de la Universidad de Marburg.

El término justicia transicional, explica Romeike, se enfoca a “la penalización legal de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por los regímenes dictatoriales o represivos del pasado”. Una justicia no aplicada en España que, hasta la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, permitía la glorificación de parte de esos crímenes en el Valle de Cuelgamuros y donde, como destaca la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, “la justicia no ha sido capaz de juzgar ni un sólo crimen, ni siquiera los robos de bebés que se prolongaron hasta bien entrada la democracia”.

Diez años de lucha por la Memoria Democrática en Bruselas 

En junio de 2006, una declaración institucional del Parlamento Europeo condenó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 aunque sin los votos del PP europeo, posicionado con una extrema derecha entonces minoritaria en esa institución. Hoy sí contarían con los escaños suficientes para bloquearla porque el 63% de los eurodiputados son populares y de extrema derecha. 

Desde hace diez años, en la Eurocámara trabaja un Grupo de Memoria Democrática formado por todos los grupos españoles con representación menos el PP y Vox. Están el PSOE, Sumar, Podemos, ERC, PNV, BNG, Compromís, En Comú y Bildu. Su labor se centra en “visibilizar ante las instituciones europeas la denominada anomalía o excepción española” y para “dar apoyo a las organizaciones memorialistas que trabajan en el Estado español ofreciendo respaldo político y simbólico en el marco europeo”.

En una década de actividad ha conseguido la proyección en el Parlamento Europeo del documental El silencio de los otros, las intervenciones de Carlos Slepoy, abogado impulsor de la Querella Argentina sobre los crímenes del franquismo, o de la jueza María Romilda Servini analizando los crímenes contra la humanidad de la dictadura o la presencia de organizaciones memorialísticas, como CEAQUA, La Comuna, Iridia o de los investigadores del Pazo de Meirás. Entre sus victorias, que el Informe Nagy de la Eurocámara del 2016 sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE recogiese la petición para que “todos los Estados Miembros colaboren con las investigaciones judiciales e internacionales destinadas […] a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios”.

Hoy, este grupo denuncia que en España “el fascismo vuelve no por la voluntad del pueblo, sino por la imposición cruel y violenta de los de arriba”. Su blanqueamiento parece vivir un momento dulce también en la UE. En julio, Vox consiguió colar en la Eurocámara una exposición fotográfica sobre Cuelgamuros con el título La Cruz como símbolo de las raíces cristianas, donde los paneles informativos lo reivindicaban como “monumento a la reconciliación de los españoles”. “Hay fascistas con traje y corbata que dirigen grandes empresas del Ibex35, medios de comunicación o presentan programas de máxima audiencia y hay fascistas en la sede de la soberanía popular”, incide Montero, eurodiputada de Podemos.

Las protestas del Grupo de Memoria Democrática ante la presidenta de la institución, Roberta Metsola, al vulnerar la exposición la Ley española de 2022 empleando la denominación Valle de los Caídos, dar una visión parcial y falseada de la historia aludiendo a la participación voluntaria de los presos en el mausoleo o al omitir los cientos de cuerpos de republicanos enterrados allí sin consentimiento de sus familias, cayeron en saco roto. Y la anomalía impulsada por Vox, aplaudida por eurodiputados lepenistas, permaneció expuesta curiosamente hasta el 18 de julio.