La Audiencia de Alicante pide que se sancione a un abogado por no revisar un escrito elaborado con IA

Centrarse en los argumentos de la petición a presentar ante un tribunal y dejar para el ChatGPT o cualquier otra herramienta similar el engorroso trabajo de buscar las sentencias del Supremo, el Constitucional o cualquier otro tribunal que traten de acreditar que tenemos razón. El uso de la inteligencia artificial por los abogados está cada vez más extendido, pero también genera problemas a los letrados que no comprueban lo que les devuelven estas plataformas. La Audiencia de Alicante acaba de proponer al colegio de abogados de esa capital que sancione a uno de sus colegiados por atribuir en un recurso entrecomillados textuales de una sentencia que, en realidad, no estaban en ella. En 2024 fue el Constitucional el que sancionó a un letrado por no revisar un recurso de amparo presentado con plataformas de este tipo.

Los tres magistrados de la sección ocho de lo civil del tribunal provincial, a diferencia del abogado, sí que se leyeron íntegramente su recurso –presentado en un proceso por concurso de acreedores– y comprobaron las resoluciones que se citaban. Entre ellas se encontraba una de la Sala de lo Civil del Supremo muy reciente, de marzo de este año, con entrecomillado. Los miembros del tribunal lo chequearon con el texto de la sentencia del Alto Tribunal, pero se llevaron la sorpresa de que el razonamiento que se citaba supuestamente de manera textual en el escrito no pertenecía a la resolución. "Lo que no es admisible no es solo que se pretenda deducir de la sentencia una doctrina que no fija", relatan los magistrados, "sino imputarle un texto entrecomillado que no figura en ella", prosigue el tribunal.

Tras recoger el fragmento textual redactado en el recurso, la sentencia de la Audiencia de Alicante advierte de que el texto "no resulta cierto". Después añade: "O bien el recurso es fruto de alucinaciones de la inteligencia artificial o bien es consecuencia de una voluntad de engaño que sobrepasa con creces el respeto a las reglas de la buena fe a las que deben ajustarse los intervinientes en el proceso". Esa es la razón por la que la Audiencia decide "remitir testimonio de esta resolución al colegio de abogados por si pudiera proceder a la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria".

La sentencia de la Audiencia de Alicante es uno de los primeros casos en los que un órgano jurisdiccional detecta el uso erróneo de esta tecnología. Un caso similar se produjo en septiembre de 2024 en el Tribunal Constitucional, aunque de una dimensión muy superior. En este último caso, en un recurso de amparo "de especial trascendencia constitucional" aparecían 19 supuestas sentencias de ese mismo órgano que no se correspondían con la realidad. No era que el abogado que redactó el escrito se hubiera equivocado con los números de las resoluciones, es que ninguno de los textuales casaba con ninguna resolución previa del Constitucional.

El desconcierto inicial dio paso al enfado de los magistrados de la Sala Primera del tribunal, la que preside Cándido Conde-Pumpido, que consideró que el escrito constituía una falta de respeto "con claro desprecio de la función jurisdiccional que estos desempeñan al atribuirles el conocimiento de una serie de declaraciones entrecomilladas de doctrina constitucional que estos debían dar por buenas, cuando las mismas carecían de todo anclaje en la realidad". El incidente terminó con una sanción de apercibimiento contra el letrado directamente impuesta por el órgano de garantías. También se rechazó de plano el recurso que contenía las citas falsas, con el consiguiente perjuicio para su cliente.

Obligación de informar del uso de IA

Fuentes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) –la entidad que engloba a todos los colegios de España– advierten de que el uso a la IA por los despachos es una realidad cada vez más recurrente. Este tipo de tecnologías "pueden automatizar tareas rutinarias y repetitivas, como la revisión de documentos y la investigación legal, lo que libera tiempo para que los abogados se centren en el trabajo más estratégico y de mayor valor", escribió el experto Iñigo Jiménez en un artículo en el portal de la abogacía.

Entre sus usos más habituales está el de redactar versiones iniciales de los escritos, citar jurisprudencia (sentencias de altos tribunales que sirvan como precedentes), presentar argumentos o rebatir los de la parte contraria. Es decir, permite acelerar los trabajos, aunque la intervención humana, sobre todo en la supervisión, sigue siendo fundamental para evitar casos como el del letrado alicantino.

La inteligencia artificial en los despachos también puede generar otros problemas, como la tendencia a los sesgos del algoritmo que tiene cualquier plataforma o aplicación de internet. "Además, puede amenazar la privacidad y la confidencialidad de la información legal si no se maneja adecuadamente", según John Villaseñor, investigador del Centro para la Innovación Tecnológica de The Brookings Institution.

 La ley del derecho de defensa, en vigor desde diciembre de 2024, establece el derecho de todos los ciudadanos a conocer la utilización de la IA por parte de cualquier entidad o institución que preste servicios jurídicos. La norma afecta a los abogados y a cualquier tipo de sociedad o entidad que se dedique al asesoramiento legal o a poner en contacto a profesionales y clientes, pero también al resto de operadores: jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, notarios, registradores... Todos tienen la obligación de informar de los criterios y los fines seguidos por esa tecnología cuando se utilice ante la demanda de cualquier cliente o usuario.

Un decreto del Gobierno de 2023 reguló, además, el uso en los juzgados de las denominadas "actuaciones asistidas", en las que es un ordenador el que genera "un borrador total o parcial" de resolución que puede ser producido por algoritmos, según el texto legal. Jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia deben revisarlos y adverarlos –otra vez la crucial intervención humana– para que adquieran validez y puedan desplegar sus efectos.