Las tecnológicas se enfrentan a su primer gran juicio por generar adicción con las redes sociales

Por primera vez, el modelo de negocio de Silicon Valley no se enfrenta solo al escrutinio de la opinión pública o a comparecencias políticas de escaso recorrido. Esta vez se arriesga al veredicto de un jurado popular. Este martes comenzará, en el Tribunal Superior de California del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, un proceso judicial sin precedentes en el que tres de los mayores gigantes tecnológicos del planeta —Meta (matriz de Facebook e Instagram), TikTok y YouTube— deberán responder a una acusación central: haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción en los jóvenes, con un impacto grave en su salud mental.

El litigio marca una nueva fase en el debate sobre los efectos sociales de la tecnología y ya ha sido calificado por expertos y activistas como “los juicios al tabaco de nuestra generación”. 

La comparación no es retórica. Al igual que las tabaqueras ocultaron durante décadas los efectos nocivos de la nicotina mientras reforzaban su carácter adictivo, los demandantes sostienen que estas compañías han priorizado el tiempo de uso y la interacción por encima de la seguridad, ignorando riesgos documentados de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas entre menores.

Los juicios contra las tabaqueras iniciados en la década de 1990 marcaron un punto de inflexión histórico al demostrar que grandes corporaciones podían ser consideradas legalmente responsables por los daños causados por productos diseñados para generar adicción. 

Aquellos procesos sacaron a la luz documentos internos que probaban que las empresas conocían los efectos nocivos del tabaco y, aun así, los ocultaron, manipularon la información científica y orientaron su marketing hacia públicos vulnerables. 

El acuerdo de 1998 entre las tabaqueras y 46 Estados no solo supuso indemnizaciones millonarias y fuertes restricciones publicitarias, sino que estableció un precedente clave: la salud pública podía prevalecer sobre los intereses comerciales cuando se demostraba un diseño deliberadamente dañino. 

Redefinición legal

Desde entonces, esos juicios representan el momento en que la impunidad regulatoria de una industria se quebró y se redefinieron los límites de su responsabilidad social y legal.

El caso que abre esta ofensiva legal contra las redes sociales es el de KGM, siglas detrás de las cuales está una joven californiana de 19 años que asegura haberse vuelto adicta a estas plataformas desde los 10. Según los documentos judiciales, el diseño atractivo y el flujo constante de notificaciones de Instagram, TikTok y Snapchat —esta última aplicación alcanzó un acuerdo extrajudicial poco antes del inicio del juicio— la empujaron a un consumo compulsivo que derivó en una depresión severa, en conductas de autolesión y pensamientos suicidas.

La demanda sostiene que las empresas diseñaron sus productos de forma que los menores podían eludir el consentimiento paterno, quedando expuestos a desconocidos, depredadores y a contenidos dañinos relacionados con la imagen corporal y la comparación social. 

Lo verdaderamente histórico del caso no es solo la gravedad de los daños alegados, sino que por primera vez las compañías deban rendir cuentas ante un jurado por sus decisiones de diseño de producto.

Durante años, las grandes tecnológicas se han protegido tras la Sección 230, la norma federal estadounidense que las exime de responsabilidad por los contenidos publicados por los usuarios. 

Pero los abogados de los demandantes han encontrado una grieta en su defensa: no demandan por lo que se dice en las plataformas, sino por cómo están construidas. El núcleo del argumento es que el desplazamiento infinito, los algoritmos de recomendación y los sistemas de notificaciones constituyen elementos de diseño defectuosos y peligrosos. 

Responsabilidad civil

Al encuadrar la demanda en el ámbito de la responsabilidad civil por productos defectuosos, el caso ha logrado superar las mociones de archivo que durante años frenaron litigios similares. 

Como resume Matthew Bergman, abogado de la demandante, en declaraciones a Reuters, el proceso se desarrolla sobre una auténtica “tabla rasa legal” que amenaza con erosionar el poder omnímodo de las grandes tecnológicas.

Las empresas han reaccionado desplegando todos sus recursos. Meta ha contratado a Covington & Burling, el bufete que defendió a la farmacéutica McKesson en los litigios multimillonarios por la epidemia de opioides en Estados Unidos. El abogado principal de TikTok, por su parte, participó en la defensa de Activision Blizzard y Microsoft en disputas relacionadas con el diseño adictivo de videojuegos. La elección de estos equipos legales dice mucho sobre el debate que se abre y que ya no es tecnológico, sino clínico y conductual.

Mientras tanto, las compañías intensifican sus campañas públicas para tranquilizar a las familias —patrocinando talleres escolares, colaborando con organizaciones juveniles o anunciando nuevas herramientas de control parental—, al tiempo que se preparan en los tribunales para una batalla técnica sobre la mecánica de la dependencia.

Sin embargo, la analogía con el tabaco se refuerza a medida que afloran documentos internos. En procesos paralelos ya ha salido a la luz evidencia comprometedora: un investigador de experiencia de usuario de Meta llegó a comparar Instagram con una droga en comunicaciones internas. Revelaciones que evocan los documentos secretos que acabaron por demostrar que las tabaqueras conocían la peligrosidad de sus productos mientras la negaban públicamente.

Incluso el ex cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, hasta hace unos días la máxima autoridad en salud pública del país, ha reclamado que el Congreso imponga etiquetas de advertencia en las redes sociales, similares a las de las cajetillas de cigarrillos, ante la magnitud de la crisis de salud mental juvenil. 

Zuckerberg tendrá que testificar

El juicio obligará además a directivos de primer nivel, incluido el oligarca multimillonario Mark Zuckerberg, a declarar bajo juramento, con el riesgo de que salgan a la luz correos electrónicos y estrategias de captación de menores hasta ahora ocultas.

En todo caso, lo que ocurra en Los Ángeles en las próximas semanas será solo el comienzo. Se trata de un juicio que servirá de guía al sistema legal estadounidense para actuar en otros casos. Su resultado influirá en más de 1.000 demandas similares presentadas por familias, distritos escolares y fiscales generales de distintos estados. Un fallo condenatorio no solo implicaría indemnizaciones millonarias, sino cambios profundos en la arquitectura de las plataformas.

Nuevo México, por ejemplo, ya ha demandado a Meta por haber creado un “mercado para depredadores”, aportando pruebas de cómo los algoritmos facilitaban el contacto con menores. Todo apunta a que 2026 marcará un punto de inflexión en la rendición de cuentas de una industria que ha operado durante años con una libertad casi absoluta en el diseño de sus herramientas de persuasión.

Las compañías niegan las acusaciones. YouTube insiste en que su servicio es sustancialmente distinto al de sus competidores y que la seguridad es el eje de su actividad. Meta sostiene que los problemas de salud mental son complejos y que los demandantes los “simplifican en exceso”, al tiempo que presume de haber lanzado decenas de herramientas de control parental y cuentas juveniles con protecciones por defecto.

Para organizaciones como Madres Contra la Adicción a los Medios, estas iniciativas son poco más que cortinas de humo. Denuncian que las empresas emplean “todos los mecanismos de influencia imaginables” para desorientar a las familias, mientras mantienen intacto el núcleo del modelo adictivo.

Independientemente del veredicto, el juicio supone ya una amenaza real para las redes sociales. El proceso de pruebas y los testimonios públicos expondrán las tácticas de captación, la lógica de la adicción y, sobre todo, qué sabían realmente los ejecutivos sobre el impacto de sus productos en el cerebro adolescente.

El caso de los opioides

Y aunque, al final, las tecnológicas firmen un acuerdo para evitar males mayores, los precedentes indican que aun así les será difícil eludir las consecuencias. 

Un ejemplo es el caso contra McKesson por la crisis de los opioides, que no concluyó con un veredicto judicial, sino con un acuerdo extrajudicial histórico que evitó el juicio. 

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En 2021, la distribuidora farmacéutica pactó pagar alrededor de 7.400 millones de dólares como parte de un acuerdo global de más de 21.000 millones firmado junto a otros grandes distribuidores, destinado a resolver miles de demandas presentadas por Estados, condados y municipios de Estados Unidos. 

Aunque McKesson no admitió responsabilidad legal, el acuerdo reconoció implícitamente el papel del sistema de distribución en la expansión masiva de opioides al imponer cambios estructurales: controles reforzados sobre pedidos sospechosos, límites a la comercialización y obligaciones de supervisión activa. 

El resultado sentó un precedente decisivo que ahora se puede volver también contra las redes sociales: las empresas podían ser consideradas responsables no por fabricar el producto, sino por haber contribuido a una crisis de salud pública a través de su modelo de negocio.