MAR, el último eslabón del cerco judicial al núcleo de confianza de Díaz Ayuso

El entorno más cercano de Isabel Díaz Ayuso tiene problemas con la justicia: empezando por su pareja y acabando en su número tres en el PP de Madrid. A esa lista se le ha sumado este viernes su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a Rodríguez —o MAR, como se le conoce en los entornos políticos y periodísticos— para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que estaban trabajando en un artículo sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, la citada pareja de la presidenta madrileña. Desde el entorno del jefe de gabinete de Ayuso señalan a infoLibre que no tienen "nada que decir" sobre esta imputación.

La jueza inicia una causa que hace casi un año rechazó abrir al considerar que los hechos denunciados tenían "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad de los periodistas, un criterio del que discrepó de lleno la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló en un auto la pertinencia de "averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado". Además de MAR, un testigo y los dos periodistas perjudicados deberán declarar en esa misma jornada del 6 de mayo. En su providencia, además, la jueza se dirige a la Policía para que identifique a los agentes que prestaron servicio el día de los hechos como escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que uno de ellos identificó a los periodistas.

MAR es el estratega clave de la presidenta madrileña, el mismo que difundió que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador —cuando era al revés— y que este fue retirado por "órdenes de arriba", lo que dio lugar al desmentido oficial de la Fiscalía General del Estado que acabó con su máximo responsable condenado. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

González Amador, el 'ciudadano particular' pareja de Ayuso

Otra de las imputaciones afecta a la pareja de la presidenta madrileña y está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón. La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador. En septiembre del pasado año, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid dio por finalizada su investigación y abrió juicio oral contra él y sus socios, aunque previsiblemente no se sentarán en el banquillo ante un juez de lo Penal hasta 2027. Tras la condena al fiscal general, ha pedido su absolución porque, según su abogado, "no está afrontando un procedimiento penal justo".

La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros, por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el mayo de 2025. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

Ana Millán, la protegida de Ayuso en el PP de Madrid

La número tres de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. La exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero.

Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. Durante la instrucción la jueza intentó tomar declaración como testigo al marido de Millán, pero fue imposible localizarle tras varios requerimientos. 

En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada. El Ministerio Público también consideraba que había que tomar declaración al marido, citado para declarar dentro de tres meses, en junio de 2026.

Alfonso Serrano, el fiel 'número dos' que está en la lupa por una filtración

La mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano —cuestionado internamente por la gestión del caso de acoso sexual en el PP de Móstoles—, figura de momento como testigo en una causa contra la alcaldesa del PP de Alcalá de Henares por la filtración de un documento policial. En enero de 2024, publicó en sus redes una fotografía de un parte de la policía local para relacionar un delito de agresión sexual con la llegada de migrantes procedentes de Canarias.

La principal hipótesis es que ese pantallazo se lo envió la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. La investigación se centra en Piquet y en cómo llegó a manos del secretario general del partido ese documento que, en teoría, debía ser secreto. Serrano tendrá que declarar en los juzgados de Alcalá de Henares el 15 de abril, aunque su declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones.