Rusia recluta ucranianos para cometer actos de sabotaje en su propio país
Jitomir (Ucrania).– Desde hace cuatro años, los ucranianos han aprendido a mirar con temor al cielo, del que no paran de caer bombas y drones. Pero ahora, la amenaza rusa se cuela hasta en las calles. Menos visibles que los ataques diarios, los atentados suelen pasar desapercibidos, relegados a las páginas de sucesos.
El 11 de diciembre de 2025, por ejemplo, en Kiev, una explosión ocurrida durante una patrulla mató a un militar e hirió a otro. Una segunda bomba estalló a la llegada de los servicios de emergencia.
El 22 de febrero, el mismo modus operandi golpea el centro de Leópolis: dos deflagraciones mataron a una policía y a un militar, que acudieron tras una falsa denuncia de robo, causando veinticinco heridos. Unas horas más tarde, en Nicolaiev, un artefacto casero hirió a siete policías en una gasolinera abandonada.
Según los servicios de seguridad ucranianos (SBU), los servicios secretos rusos lanzaron ya en 2023 una operación denominada “Ruido saboteador”. Su objetivo era reclutar ucranianos para llevar a cabo ataques contra las fuerzas del orden, los centros de reclutamiento militar o las infraestructuras ferroviarias. Desde entonces, policías y agentes de seguridad afirman haber documentado o frustrado cerca de 1.400 ataques cometidos por ucranianos bajo las órdenes de “tutores” rusos.
“Desde el inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas del orden han tomado todas las medidas posibles para purgar las filas de los partidarios del ‘mundo ruso’. Los que podían actuar por convicción ideológica ya han sido detenidos. Hoy en día, vemos que reclutan sobre todo a personas atraídas por el dinero fácil”, explica Irina Martiniuk, portavoz del SBU en la región de Jitomir.
Reclutamiento en Telegram
A 500 kilómetros del frente y a dos horas en coche al oeste de Kiev, esta tranquila ciudad de 250.000 habitantes no escapa a esta nueva ofensiva. En el tribunal local, entre los divorcios y los accidentes de tráfico, se acumulan ahora expedientes de atentados, de transmisión de información al enemigo y de alta traición.
En el edificio sumido en la penumbra —la mayoría de las luces se apagan durante los cortes de electricidad—, la tensión aumenta de repente cuando seis militares escoltan a un hombre esposado, con la cabeza rapada y cabizbajo, hacia una sala de audiencias. A primera vista, Iván (nombre ficticio) no tiene nada de terrorista. Acurrucado en un box de cristal, habla en voz baja por el micrófono y evita la mirada de los jueces.
Según la investigación, este treintañero desempleado buscaba en septiembre de 2025 una forma rápida de ganar dinero para pagarse las drogas. A través de Telegram, un agente del FSB (los servicios secretos rusos) se habría puesto en contacto con él, prometiéndole una cuantiosa suma a cambio de llevar a cabo una misión.
Iván, originario de un pueblo de la región, había alquilado posteriormente un apartamento en Jitomir para fabricar allí un explosivo que ocultó en un extintor. Durante varios días, había recorrido las tiendas para comprar el material necesario sin levantar sospechas. El 14 de septiembre, siguiendo las órdenes de su “tutor”, habría tomado un taxi hasta el pueblo de Korostychiv, cerca de Jitomir, para colocar allí el artefacto cerca del cementerio, tapado con basura.
Unas horas más tarde, un militar y su esposa pasan por allí, guiados por las instrucciones recibidas a través de Telegram. El explosivo se detonó a distancia. El militar, de 34 años, murió en el acto. Iván fue detenido poco después.
Cinco mil dólares por un incendio
El día de nuestra visita, la vista se aplaza debido a la ausencia de la esposa superviviente. Para el fiscal, que habla bajo anonimato al no tener autorización para hablar con la prensa, este tipo de casos ya no sorprenden. “La mayoría de los que aceptan cooperar no se dan cuenta de que están hablando con el enemigo. Pero saben muy bien que no llevan un ramo de flores. No se plantean las consecuencias, porque lo único que les importa es el dinero”, observa. Los objetivos suelen ser militares, a veces atraídos con el pretexto de una compra de droga.
La estrategia rusa se aprovecha de la precariedad económica y las fragilidades sociales. Según las estadísticas del SBU, cerca del 55 % de los autores detenidos están desempleados y solo el 7 % tiene antecedentes penales. Los reclutadores operan en grupos de VKontakte (el equivalente ruso de Facebook, bloqueado en Ucrania), en TikTok, en aplicaciones de citas, en webs de búsqueda de empleo, pero sobre todo en la aplicación de mensajería Telegram.
“Desde 2019, cuando Telegram comenzó a implantarse activamente en el espacio informativo ucraniano, los rusos han lanzado bots, grupos y canales que parecen ser ucranianos y que, en realidad, difunden el mensaje del Kremlin”, informa Volodímir Solovian, investigador especializado en desinformación del Ukraine Crisis Media Center. “En esos canales, el FSB puede identificar a ucranianos descontentos y reclutarlos más tarde.”
En páginas web descubiertas por periodistas ucranianos, los agentes rusos publican a veces una auténtica tabla de tarifas: 100 dólares por una falsa alerta de bomba y hasta 5.000 dólares por un incendio o un atentado con bomba. Las tareas encomendadas van desde las más sencillas, como facilitar el número de teléfono, la dirección personal de un reclutador militar o pintar grafitis prorrusos, hasta las más arriesgadas como incendiar el coche de un militar, un nudo ferroviario local o incluso una oficina de correos. Cuando el atractivo del dinero no basta, los rusos apelan al patriotismo haciéndose pasar por agentes de los servicios secretos ucranianos.
Misiones insignificantes para empezar
Familias en situación precaria, adolescentes, personas mayores, drogadictos: “Tienen un guion específico para cada perfil. Al otro lado del teléfono móvil hay psicólogos, especialistas en manipulación”, subraya Irina Martiniuk desde su oficina del SBU en Jitomir, mientras reordena los expedientes en su mesa. Mediapart ha tenido acceso a varios casos y sentencias judiciales que arrojan luz sobre los diferentes métodos de reclutamiento.
Los “tutores” suelen empezar con una misión de prueba, aparentemente inocua y de bajo riesgo, como fotografiar vehículos militares. Luego, proponen una operación más ambiciosa a cambio de una remuneración más elevada.
A veces, los mandantes recurren al chantaje, como en un caso juzgado en Jitomir, cuyo expediente ha podido consultar Mediapart. Tres jóvenes de entre 18 y 20 años esperaban recibir 200 dólares por incendiar una cabina de señalización ferroviaria y 2.000 dólares por incendiar dos vehículos militares, que debían grabar en vídeo para aportar pruebas. Tras esos actos, su contacto ruso les amenazó con enviar los vídeos a las autoridades ucranianas si se negaban a continuar. Nunca recibieron el pago y, además, fueron detenidos.
Cada caso es terrible, pero cuando hay niños implicados, se trata de una tragedia especial
En uno de cada cuatro casos, se recluta a menores, como esta adolescente de 16 años detenida tras un intento de atentado el 16 de enero de 2026, también en Jitomir. Según la investigación, ya había provocado varios incendios en la ciudad. Bajo las órdenes de su “tutor” ruso, del que se había enamorado, había fabricado y colocado un artefacto explosivo en el centro de la ciudad, antes de llamar a la policía para atraerla al lugar. La bomba, escondida en un juguete, no explotó, la adolescente fue detenida y se enfrenta a cadena perpetua.
“Cada caso es terrible, pero cuando hay niños implicados, es una tragedia especial”, dice Irina Martiniuk. “Los niños se ven atrapados en una triple trampa: como autores, porque el delito lo cometen con sus propias manos; como víctimas, porque son manipulados; y como futuros reclusos, porque van a cumplir una condena.” Al otro lado de la línea del frente, los servicios ucranianos también reclutan a jóvenes rusos para llevar a cabo acciones de sabotaje o transmitir información.
El fenómeno ha alcanzado tal magnitud que las autoridades ucranianas han lanzado una campaña nacional de sensibilización, con intervenciones en las escuelas e incluso un chatbot para recoger las denuncias. “Nunca es demasiado tarde para decir basta”, insiste Martiniuk. “Si las personas reclutadas aún no han cometido el acto que se les ha pedido y acuden a las fuerzas del orden, pueden quedar exentas de acciones penales.”
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Esta campaña rusa va incluso más allá de Ucrania. Entre febrero de 2022 y febrero de 2026, se registraron en Europa 151 casos de actos de vandalismo o sabotaje, incendios provocados o misiones de vigilancia vinculados a Rusia, en la mayoría de los casos con ejecutores locales reclutados en las redes sociales. En el Reino Unido, seis hombres fueron condenados en octubre de 2025 por incendiar, por orden de Moscú, un almacén londinense que suministraba ayuda material a Ucrania.
Traducción de Miguel López
