Una gasista del 'caso Montoro' busca cubrirse con una cláusula anticorrupción enviada a Equipo Económico

Praxair –ahora Nippon–, una de las compañías de gases industriales que están siendo investigadas en el llamado caso Montoro, hizo llegar a Equipo Económico una cláusula anticorrupción por la que el despacho se comprometía a no "ofrecer o pagar" ninguna "gratificación" para "inducir" a cualquier persona o entidad, pública o privada, a "celebrar, aplicar o cumplir" cualquier "contrato o compromiso" suscrito con la gasista. El envío de la misma, acompañada de un formulario que Equipo Económico devolvió cumplimentado, se produjo a mediados de 2015, pocos meses después de que el sector gasista consiguiese, con la mediación del despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que el Gobierno aprobase una beneficiosa bonificación fiscal que llevaba tiempo buscando.

El instructor del caso, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos, requirió a finales de enero a las gasistas investigadas que aportasen la documentación que acreditara la prestación de servicios por los que pagaron al despacho, las comunicaciones mantenidas con órganos del Ministerio de Hacienda o la normativa interna de pago a proveedores. Mes y medio después, todas ellas ya habían respondido. La mayoría, según los escritos a los que ha accedido infoLibre, en la misma dirección: alegando que las relaciones con Equipo Económico y Hacienda se canalizaron desde la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, la patronal del sector.

Uno de esos escritos fue remitido a comienzos de marzo por Nippon Gases España, marca bajo la que empezó a funcionar Praxair España tras su adquisición por el grupo japonés Taiyo Nippon Sanso. Y en él, la compañía trata de poner en valor su política anticorrupción, cuya existencia y funcionamiento puede ser determinante a la hora de exonerar a la mercantil de responsabilidad penal por los delitos cometidos en su beneficio. Así, relata que antes incluso de que con la reforma del Código Penal de 2015 se reforzase y concretase el deber de control de las compañías, Praxair ya había introducido –en 2014– un "procedimiento de homologación de proveedores" que alineaba su "normativa interna" con la legislación estadounidense en materia de anticorrupción y relaciones con empleados públicos –Foreign Corrupt Practices Act–.

A raíz de esto, la gasista puso en marcha un "proceso de re-homologación". Y el 2 de junio de 2015, remitió por correo certificado una carta a Equipo Económico, que acompañó de una cláusula anticorrupción y de un formulario que se enviaba a todos aquellos proveedores que pudieran tener relación con la Administración Pública. "En aplicación de nuestro programa de cumplimiento normativo, hemos tomado una serie de iniciativas encaminadas a asegurar la transparencia en las relaciones comerciales de Praxair y a reforzar nuestro compromiso con la ética empresarial e integridad en los negocios", rezaba la misiva, en la que relacionaba ese movimiento con la dureza de la legislación americana en esa materia –entonces, Praxair pertenecía a un grupo de empresas de capital estadounidense–.

La cláusula anticorrupción rezaba que el despacho se abstendría "de ofrecer o pagar gratificación alguna" para "inducir a cualquier persona o entidad, pública o privada, a celebrar, aplicar o cumplir cualquier término o condición de cualquier contrato o compromiso" suscrito con la compañía gasista. O que durante "la vigencia" del contrato con la compañía ninguno de sus "socios, directivos, administradores o empleados" tendría la condición de funcionario de la Administración Pública. Del mismo modo, recogía el compromiso de no ofrecer, pagar o entregar "ningún pago o donación" de cualquier "cantidad pecuniaria u objetos de valor" a funcionarios "para influir" en actos relativos al contrato. Y en caso de incumplimiento, la obligación de resarcir y mantener "indemne" a Praxair "frente a cualquier reclamación, pérdida, daños, gastos y obligaciones".

Un formulario y una "investigación"

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Junto a eso, la gasista remitió un formulario que el despacho vinculado a Montoro devolvió cumplimentado y firmado el 17 de septiembre de 2015. En él, se identifica a Francisco Piedras y Manuel de Vicente-Tutor como socios directores y se deja constancia de que ambos son inspectores de Hacienda en excedencia desde 2006. También se describen los servicios que ofrece la compañía –"asesoramiento a empresas en materia de carácter económico, financiero, fiscal y jurídico-regulatorio"–, el número de clientes que tiene o la relación con la gasista. Y niega estar imputado, haber sido condenado penalmente o estar inhabilitado para prestar servicios a la Administración Pública. Eso sí, reconoce haber sido citado en medios de forma negativa en los últimos tres años.

Praxair, en su escrito, expone que en ningún momento miró hacia otro lado. "La diligencia debida de mi representada no se limitó a solicitar la documentación requerida por la política a Equipo Económico, sino que incluyó también una investigación de los administradores de este proveedor para confirmar que no incluían personas que fueran empleados públicos", resaltan. La acreditación de la existencia de mecanismos internos de control es clave en aquellos casos que afectan a empresas. Así, el artículo 31 bis del Código Penal establece la exención de responsabilidad de la persona jurídica cuando el órgano de administración de la misma hubiera "adoptado y ejecutado con eficacia" antes de la comisión del delito "modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos".

Apenas unos meses antes de aquello, sin embargo, el sector ya había conseguido, con la mediación del despacho, la tan ansiada reforma del Impuesto Especial sobre la Electricidad, cambio normativo que ampliaba el beneficio fiscal de las empresas gasistas. Una rebaja impositiva que unos años después ampliarían, de nuevo con la ayuda del despacho vinculado al exministro de Hacienda, también al Impuesto de Actividades Económicas. Tanto una como otra modificación normativa se encuentran bajo la lupa judicial. Entre 2011 y 2020, según un informe reciente de la Agencia Tributaria, las empresas investigadas pagaron a Equipo Económico 991.613,76 euros, abonos realizados "al ritmo de los hitos" producidos para la obtención del "beneficio fiscal".