La defensa de Zapatero pide que se soliciten a EEUU datos clave sobre los mensajes que persiguen al expresidente

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que lidera el reputado procesalista Víctor Moreno Catena, mueve ficha en relación a los mensajes clave que persiguen al expresidente del Gobierno. El letrado ha presentado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito [consulta aquí el documento], al que ha tenido acceso infoLibre, en el que pide al instructor de caso Plus Ultra, el magistrado José Luis Calama, que amplíe la comisión rogatoria a Estados Unidos para solicitar información clave sobre el volcado del teléfono del empresario Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de la compañía, por parte del Homeland Security Investigations. Lo hace, dice el abogado, dada la "parquedad" de la "información" proporcionada sobre la copia y envío de dicho dispositivo.

La información contenida en el móvil de Rojas sirvió a Calama para atar la imputación de Zapatero como "núcleo decisor y estratégico de la red" de tráfico de influencias que se encuentra bajo la lupa. Cuando el instructor citó al expresidente como investigado, lo hizo poniendo sobre la mesa algunos mensajes: "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Los de gowair saben lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto", "No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI", "Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad" o "Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España".

Estas comunicaciones fueron localizadas, todas ellas, en un teléfono de Reyes Rojas que el brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional copió en 2021. Aquella información llegó a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 18 de marzo, cinco años después de su obtención, en un momento de máxima tensión entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez y una vez activada, vía Interpol, la orden internacional de arresto de Reyes Rojas. Ahora, el instructor trata de validarla no solo como medio de investigación, sino también de prueba. Y para ello ha decidido cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos. Porque la "eficacia" como "medio de prueba" en el "proceso penal" de la información que facilitan autoridades policiales extranjeras "requiere" una "adecuada incorporación" a las actuaciones.

La defensa de Zapatero quiere profundizar en ese clonado. Y para ello ha pedido al instructor que amplíe su rogatoria para introducir algunos elementos clave. En concreto, quieren saber más del origen de los datos, desde cómo se produjo ese volcado y si contaba con autorización judicial hasta cómo se preservó dicha información, que tardó cinco años en ser remitida por los estadounidenses. Todos estos detalles son relevantes si se quiere buscar la nulidad de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque para que sea válida en nuestro país una prueba llegada desde el extranjero la misma debe haber sido obtenida respetando las garantías constitucionales del proceso penal en España.

En su escrito, el abogado del expresidente sostiene que "la ausencia de los datos completos" sobre el dispositivo, "su aprensión", el "método de volcado", la "autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo" o "las circunstancias en que se ha producido el intercambio" de información entre "órganos policiales" permite plantear "dudas razonables" sobre "el respeto del derecho a proceso con todas las garantías". Y también "legítimas dudas y graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio de derecho de defensa".

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"Es imprescindible que aquellos contra los que las actuaciones procesales se dirigen puedan disponer en el procedimiento de una posibilidad real y efectiva de discutir y controvertir acerca de la autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto de todos los materiales que se usan como elementos probatorios de cargo por las acusaciones, y también del material proporcionado por la Agencia gubernamental norteamericana", resalta el escrito. Por ello, pide al instructor que en su petición de cooperación jurídica a Estados Unidos solicite información sobre cómo se obtuvo el dispositivo o cómo se custodió la información obtenida del mismo.

La defensa pretende conocer, entre otras cosas, la "concreta resolución judicial", "orden" o "autorización administrativa" que amparaba la incautación o clonado del dispositivo, así como su posterior "extracción" y "análisis". También el procedimiento o investigación que existiera entonces en Estados Unidos contra Reyes Rojas y que motivara la incautación del dispositivo. O los "informes" y "actas" del Homeland Security Investigations "relativos a la extracción telefónica", así como información sobre el alcance de la misma: "Indicando si se trató de una extracción total, parcial, física, lógica, remota o selectiva, así como el software o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo".

El escrito, del mismo modo, solicita que se informe sobre los "mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida" –desde los hashes (algo así como una huella digital única) a las actas de desprecinto y volcado–, el "modo de preservación de la información" y la "cadena de custodia" hasta la entrega a las autoridades españolas –procedimiento que también pide que se detalle– o las "autorizaciones del órgano competente" de Estados Unidos "que hayan permitido la remisión de las conversaciones" a la Policía española. Datos, en definitiva, para verificar si las conversaciones "que se dicen contenidas" en el dispositivo y que han sido analizadas "cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud", que son "imprescindibles" para que se puedan considerar como "prueba" en el proceso penal y como indicio en fase de instrucción.