VIOLENCIA SEXUAL
La Xunta esquiva la apertura de centros de crisis por violencia sexual en A Coruña y Pontevedra
El último día de 2024, al límite de un plazo prorrogado, la Xunta puso en servicio cinco centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual. El proyecto, impulsado por el Gobierno de España mediante fondos europeos transferidos a las autonomías, requería la apertura de, como mínimo, uno de estos centros por provincia. El Ejecutivo gallego optó por instalar cinco en otras tantas ciudades: Vigo, Ourense, Lugo, Santiago y Ferrol.
Más allá de la demora —que afectó a múltiples comunidades autónomas—, estos centros echaron a andar en nuestro país acompañados por varias controversias. Por la decisión de la Consellería de Política Social de encomendar su gestión a empresas privadas —los contratos los ganaron los gigantes multiservicios OHL y Eulen—, por el silencio impuesto sobre su funcionamiento en los primeros meses de andadura. Y por la exclusión de las ciudades de A Coruña y Pontevedra del servicio una vez decidido ir más allá del modelo estrictamente provincial.
Tras el primer año completo de funcionamiento de los centros, el PSdeG volvió a cuestionar al Gobierno gallego sobre la posibilidad de extender los centros de crisis a las dos ciudades que no disponen de ellos. Y Política Social, como ya hiciera meses atrás, vuelve a esquivar esta posibilidad.
En una pregunta parlamentaria registrada el pasado abril por las diputadas Paloma Castro y Silvia Longueira y el diputado Julio Torrado, los socialistas resaltan que fue la propia Xunta la que, en su balance de los primeros doce meses de los centros, concluyó “que se trata de un recurso público imprescindible para dar una respuesta eficaz, integral y basada en los derechos de las víctimas de violencia sexual”. “Sin embargo, a pesar de la relevancia y de los resultados positivos, dos de las principales áreas urbanas de Galicia carecen de estos centros, lo que supone una desigualdad territorial en el acceso a un servicio fundamental”.
Por eso cuestionaron al Ejecutivo si, dado que “los califica como un recurso público imprescindible”, “tiene previsto proceder a la creación y puesta en funcionamiento de centros de crisis 24 horas en A Coruña y Pontevedra”. En su respuesta, registrada el pasado mayo, Política Social e Igualdad evita el compromiso.
Concretamente, el departamento que dirige Fabiola García centra la contestación en describir los centros que sí existen: “Tiene en funcionamiento cinco centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, uno más de los que exige la normativa: uno por provincia”, constata. “Están integrados en las respectivas áreas hospitalarias y prestan atención presencial y telefónica las 24 horas del día, basta”.
Violencia machista a la sombra del estadio o por qué las mujeres salen perdiendo en los eventos deportivos
Ver más
“Como no podía ser de otra manera”, agrega, “el Gobierno gallego analiza los datos con detalle de sus centros de crisis y, en función de las necesidades, no descarta la apertura de nuevos puntos de atención”, dicen sin ofrecer más detalles. Las primeras cifras de uso de los centros aportadas al Parlamento indican que durante 2025 los cinco centros atendieron a 381 víctimas, algo más de una al día, y que el 57% llegó derivada de otros recursos como centros de información a la mujer o servicios sociales, mientras que el 40% fue por iniciativa propia o de familiares o personas cercanas.
En cuanto a la distribución territorial, la información facilitada al legislativo indica que el 31% de las mujeres atendidas lo fueron en el centro de Vigo. A continuación estuvieron los de Ferrol y Santiago, en el entorno del 20%, y los de Lugo y Ourense, alrededor del 15%.
Por razones obvias, no existen datos de A Coruña y Pontevedra —cuando menos, no en la información divulgada por Política Social—, ciudades en las que durante ese mismo año 2025 los delitos de agresión sexual con penetración fueron 24 y 5, respectivamente —en ambas urbes, con tendencia al alza—; y el resto de delitos contra la libertad sexual, 78 y 22 —incremento interanual en A Coruña, ligero descenso en Pontevedra—, según la información disponible en el Ministerio del Interior.