El carajal constitucional

No soy jurista, como no lo son una buena parte de comentaristas de este país, tertulianos y politólogos y, por extensión, la mayoría de ciudadanos que observamos con estupor lo que ocurre en el Tribunal Constitucional.

Decía la ministra de defensa, Margarita Robles (magistrada de profesión) que el TC, con su sentencia sobre el estado de alarma, no ha tenido “sentido de Estado”. Los no juristas creemos que lo que no ha tenido el TC es sentido común. Y lo decimos no porque sea una ocurrencia más en este carajal en el que estamos metidos, sino porque hay cinco magistrados de los once que han votado en contra de la sentencia y han emitido sus votos particulares, y porque por suerte contamos en este país con excelentes catedráticos de derecho constitucional y magistrados que ven en esta sentencia una aberración jurídica. Un carajal.

El magistrado y uno de los miembros discrepantes con la sentencia del TC, Cándido Conde-Pompidu, no puede ser más diáfano en su valoración de la sentencia dictada por sus compañeros: "La sentencia de la mayoría no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma. Y no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos".

No vamos a repetir aquí lo manifestado por Conde-Pompidou, Javier Pérez Royo, los 5 magistrados discrepantes, ampliamente recogido en infoLibre, El País o elDiario.es, sobre las contradicciones en las que incurre la sentencia y sobre su pobreza argumental. Pero sí señalar, como cualquier observador, la peligrosa deriva a la que estamos abocados tras esta insólita sentencia.

Insólita, entre otras cosas porque quienes promovieron el recurso (Vox) lo hacían porque entendían que el decreto de confinamiento del Gobierno vulneraba derechos fundamentales, como lo es la libertad de movimientos (ellos están en contra de cualquier medida que socave la “libertad de los españoles”). Resulta que la sentencia señala que el Gobierno debió decretar el estado de excepción, que es mucho más restrictiva de las libertades. Y Vox saca pecho. Se nota demasiado que no se han leído la sentencia. No les hace falta, la ignorancia es una de sus señas de identidad. O su cinismo no tiene límites.

Insólita, porque el actual TC ha decidido quitarse la careta y asumir el papel de “tercera cámara” para dirimir en favor de la derecha y extrema derecha lo que no pueden obtener en el Parlamento, es decir, en la legítima confrontación política. Son los mismos que día sí y otro también, le recuerdan a Sánchez que debe respetar la separación de poderes, mientras ellos, por la puerta de atrás, utilizan el TC para sus espurios fines. El magistrado Andrés Ollero, discrepante con sus compañeros, les ha tenido que recordar este principio elemental para que funcione el Estado de derecho: “El TC no puede ni debe resolver asuntos que deben dirimirse en el Parlamento, en el poder legislativo”.

Insólita, porque el nada más ni nada menos que presidente del TC, Juan José González Rivas (discrepante con la sentencia) ha tenido que recordar con su voto particular que “ninguno de los derechos fundamentales ha sido suspendido", sino que se ha producido "una limitación de los mismos". Recuerda que “la sentencia debería de haber analizado si las restricciones a la libertad deambulatoria obedecían a finalidades legítimas”. Las discrepancias del presidente del TC colocan a España en una situación de bochorno jurídico y constitucional ante la UE. Ya son nueve los recursos presentados por Vox al TC, ante su incapacidad de conseguir ni un solo voto, fuera de los suyos, en el Parlamento.

Insólita, porque la sentencia se dicta 16 meses después de que se admitiera a trámite el recurso de la extrema derecha. Sentencia que debió dictarse por aquellos días si se quería devolver a los españoles “su libertad secuestrada” a cambio de 450.000 muertes que se habrían producido de levantar el confinamiento. No se hizo, entre otras cosas, porque los mismos que hoy se alegran con la sentencia entonces reclamaban medidas más duras si queríamos salvar vidas.

No me siento directamente afectado por la sentencia, aunque sí indirectamente como ciudadano que podía haberse contagiado y muerto (por mi edad) en aquellos aciagos días. Por ello, ni acato ni respeto un aborto de sentencia dictada por un Tribunal Constitucional ilegítimo (recuérdese que cuatro miembros no deberían dictar sentencias porque su mandato está caducado y una plaza no ha sido cubierta después de la renuncia de su titular).

No acato ni respeto la sentencia porque estoy más cerca de la interpretación del catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, quien señala: “Tal vez sea muy mal pensado, pero tengo la impresión de que la mayoría de magistrados que han dictado esta sentencia han pretendido enviar un doble mensaje: uno a Vox, animándoles a seguir recurriendo en el futuro aunque estos sean disparatados, y el otro al Gobierno, para que pierda toda esperanza”. Yo no soy mal pensado y, como ciudadano, me declaro en desacato ante un Tribunal que es la vergüenza de Europa.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre