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Destruir el Estado reforzando el poder digital, la seguridad y el espionaje

Julián Lobete Pastor

Al mismo tiempo que Javier Milei prosigue su tarea de destruir el Estado de bienestar en Argentina, está reforzando su poder personal, incrementando los servicios de espionaje y utilizando el control que facilitan las nuevas tecnologías de la información, sobre todo la Inteligencia Artificial

En el mes de julio de 2024 el gobierno argentino ha aprobado dos decretos y una resolución publicados en su Boletín Oficial, que desarrollan lo antes expuesto. Se trata, por ejemplo, del Decreto 614/2024 de Reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional, para desarrollar el organigrama de las Secretarias Presidenciales, que son ahora cinco, tres de ellas con categoría de Ministro de su titular: de Prensa (el ministerio de la Verdad); Legal y Técnica (el ministerio del Amor) y de Inteligencia del Estado, que puede ser similar a la amplia estructura de espionaje del Gran Hermano en la novela de Orwell, 1984

Naturalmente, Argentina está todavía muy lejos del sistema descrito en la novela, es un Estado democrático, pero como se ha expuesto en el comentario “De anarcocapitalistas y minarquistas “ (Librepensadores del 21 de julio de 2024), la ideología libertaria sólo podrá triunfar en un Estado totalitario, cuyas bases se están empezando a montar por el gobierno minarquista de Milei. 

Incrementando los servicios de espionaje

La Ley de Inteligencia Nacional argentina, ley 25520, de 2001, creó la Agencia Federal de Inteligencia ahora suprimida debido a sus notables deficiencias, según se declara en la exposición de motivos del decreto de urgencia 614/2024 que regula el nuevo Sistema de Inteligencia Nacional. 

Lo que crea el decreto es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) compuesta de seis organismos descentralizados, cuatro de nueva creación y dos ya existentes. Los nuevos son el Servicio de Inteligencia argentino (SIA);  la Agencia de Seguridad Nacional (ASN); la Agencia Federal de Ciberseguridad ( (AFC); y la División de Asuntos Internos (DAI). Los preexistentes son la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. 

El Servicio de Inteligencia Argentino es “el órgano encargado de la producción de inteligencia exterior a través de la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y amenazas que afecten a la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo republicano y federal que establece la Constitución Nacional”, según reza el artículo 15 del decreto comentado. 

La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) comprenderá el espionaje y vigilancia interior en aspectos como la criminalidad organizada, el narcotráfico, la proliferación armamentística, así como "toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos”. La ASN contará con medios propios para la obtención y reunión de información.   

La Agencia Federal de Ciberseguridad será el órgano competente para obtener inteligencia sobre la ciberdelincuencia, infraestructuras críticas y objetivos de valor estratégico tecnológicos y de información. A tal fin tendrá, entre otras facultades, desarrollar y aplicar sistemas de ciberseguridad, encriptación y todo otro mecanismo de seguridad informática, así como diseñar e implementar las tecnologías necesarias a los fines de modernizar las capacidades técnicas del Sistema de Inteligencia Nacional. 

La División de Asuntos internos (DAI) será el órgano encargado de promover auditorías, investigaciones, inspecciones y revisiones para evaluar el desempeño del sistema. 

La dirección de Inteligencia Criminal, creada en 2001, tiene competencias muy similares a la recién creada Agencia de Seguridad Nacional. La Inteligencia Estratégica Militar es la parte de la inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesan desde el punto de vista de la defensa militar, según la definición de la Ley de Inteligencia Nacional de 2001.   

Control parlamentario del sistema de inteligencia

El decreto de urgencia 614/2024 del Sistema de Inteligencia, que se viene comentando, modifica aspectos organizativos del sistema que reguló la ley 25220 de 2001 pero no puede modificar las bases jurídicas establecidas por aquella ley. 

Dentro de esas bases fundamentales está el control parlamentario del sistema que es ejercido por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia. El control parlamentario ha hecho posible que el poder legislativo anule el presupuesto de cien mil millones de pesos (115 millones de euros) que el gobierno había asignado, también mediante decreto de urgencia, para las nuevas entidades de la Side. Mientras que para partidas sociales no hay plata, para el espionaje y la seguridad la hay en abundancia.

Los controles democráticos son esenciales para impedir la consolidación de cualquier atisbo de implantar un sistema totalitario. No hay duda de que todos los países tienen su sistema de inteligencia y Argentina no tiene por qué ser menos. La cuestión es cómo y para qué se utilizan esos recursos. 

Lograr el poder digital

El columnista del Diario La Nación Carlos Pagni comenta la creación de la Side y sus órganos en un artículo titulado “Milei y el mito de la reestructuración”:  

“(El objetivo operativo) es montar un dispositivo de intervención en el campo digital para influir sobre la opinión pública y manipular la conducta del electorado. Una Cambridge Analítica criolla. Nunca la Cámara de Diputados ha dado de baja a un presidente un decreto de este tipo, en este caso una medida decisiva por su importancia política. 

Los cien mil millones de pesos asignados a la Side tendrían distintos destinos. Solventarían actividades de ésta, pero también a las Oficinas de inteligencia del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la parte más caudalosa de esa partida iría para la creación de la agencia de ciberespionaje. La asignación se justifica porque Argentina está desguarnecida en ese campo. 

El gobierno argentino ha de defenderse frente a los ciberataques, pero tal despliegue de medios en un gobierno obsesionado por el poder digital y el control ciudadano justifica todas las reticencias

Pero el proyecto de la Side en esa materia, aunque no se confiese, es defensivo y ofensivo. De la agencia de ciberespionaje se espera que constituya un dispositivo eficaz para intervenir en el debate público a través de las redes. Ese objetivo requiere de información de los usuarios, y esa información está en el Data Center de Arsat (empresa argentina de telecomunicaciones). Esa base de datos es una joya para quienes, como el joven Caputo (el principal asesor presidencial), colocan el marketing en el corazón de la política. Allí se acumulan datos procedentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y Aduanas. Una cantera invalorable para intervenir en la esfera digital, que es donde Libertad Avanza libra su principal batalla por el poder. El propósito de poner esa masa informativa al servicio de una campaña electoral permanente que lleva adelante la Casa Rosada requiere de un aparato tecnológico que es el que la Side espera adquirir con los fondos que ahora han sido rechazados por los diputados.”

La unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad (UIAAS)

A finales de julio de 2024, el gobierno argentino ha creado la unidad citada dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad con una norma con rango de Resolución, la 710/2024. No es parte del sistema de inteligencia, sino que se trata de una unidad operativa del Ministerio de Seguridad, dependiente de la Dirección de Ciberdelitos y Asuntos Cibernéticos.   

Es una Unidad que no tendrá control parlamentario como el sistema de inteligencia. Sus pautas de conducta son fijadas por otra Resolución del mismo ministerio. Aunque pueda resultar un poco tedioso, merece la pena transcribir las funciones de dicha unidad para comprender el alcance de la misma.  

  • Patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet, así como la deepweb “en orden a la investigación de delitos e identificación de autores”. 
  • Identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual; analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento facial; utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos; identificar patrones inusuales en las redes informáticas y detectar amenazas cibernéticas antes de que se produzcan ataques; procesar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para extraer información útil y crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos; patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias; realización de tareas peligrosas como la desactivación de explosivos mediante robots. 

Juzgue el lector la magnitud de las tareas y consiguientes medios que ha de tener la unidad de inteligencia artificial creada por y para el Ministerio de Seguridad. 

El gobierno argentino ha de defenderse frente a los ciberataques y actividades de la delincuencia organizada, pero tal despliegue de medios en un gobierno obsesionado por el poder digital y por el control ciudadano justifican todas las reticencias. 

Esperemos que la oposición parlamentaria y social pueda exigir garantías de transparencia y comportamiento democrático de esta unidad. Milei ha debido aprender que no puede comportarse sin respeto a las reglas democráticas. Además del rechazo a su presupuesto para las agencias de inteligencia, el parlamento ha aprobado una reforma llamada actualización jubilatoria que busca reducir el impacto negativo que las medidas de Milei han causado a los pensionistas. El presidente ya ha dicho que vetará el acuerdo parlamentario. El control del gasto es sagrado, ha dicho, pero no si se trata de reforzar su poder y control. 

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

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