Una firme voluntad de privatizar la asistencia sanitaria
Desde hace años, han venido convergiendo decisiones políticas y de gestión, junto a una indisimulada actitud de muchos profesionales, para llevar a la sanidad pública por un camino de deterioro que ha abonado el desarrollo del sector privado en el ámbito sanitario. Es muy probable que esta estrategia esté llegando a un punto de no retorno.
Las decisiones políticas provienen de gobiernos de diferente signo, pero sin lugar a dudas han sido aquellas comunidades autónomas con gobiernos conservadores durante décadas las que más lejos la han llevado. Es el caso de Cataluña y Madrid, por otra parte las que mayor volumen de negocio ofrecen dada su población y nivel económico. En ambos casos ya partían de un sector privado con gran implantación, que ha ido ganando terreno progresivamente.
El punto de vista de los gestores es bastante uniforme en todo el Estado, volcando su interés en la asistencia hospitalaria, con un abandono de la atención primaria que la ha llevado a una situación límite. La creación de gerencias integradas, que en la práctica han supuesto una absorción de la atención primaria por los hospitales, ha sido un elemento esencial de esta estrategia.
No son ajenos a esta situación gran número de profesionales, que generan demoras en la atención hospitalaria cada vez más injustificables. La propia dinámica de los hospitales es ineficiente per se: ingresos que se prolongan innecesariamente, solicitudes reiteradas de exploraciones complementarias con dudoso criterio, cancelación de cirugías programadas, infrautilización de instalaciones (es característico el argumento sobre escasez de quirófanos, que sin embargo permanecen inutilizados en su mayoría por las tardes)… Pero además son cada vez más los profesionales que, quién sabe si intencionadamente o como fruto de la simple desidia, generan demoras en la atención.
Nos encontramos así con que algunos servicios hospitalarios acumulan un retraso superior a un año para una primera visita, o que exploraciones complementarias, como endoscopias, se están realizando (en clínicas concertadas, por supuesto) dos años después de que fueran solicitadas. Algunos pacientes (aquellos que pueden permitírselo) optan por pagar en clínicas privadas por estas consultas o pruebas diagnósticas, o contratan seguros privados que les permitan hacer frente a estas contingencias. La entrada en estos circuitos privados acarrea una hipermedicalización, con consultas, pruebas y tratamientos muchas veces innecesarios, que los pacientes suelen tratar de obtener de la sanidad pública, generando más presión sobre un sistema ya saturado.
Pero no sólo se llega a la privada por iniciativa del paciente. Hace años se hicieron famosos los planes especiales de gestión de lista de espera, con los que se pagaba generosamente por las tardes el trabajo que se dejaba de hacer en la jornada ordinaria. Era un sistema perverso que fomentaba el acúmulo de demoras asistenciales. Eso fue en la época de bonanza económica, luego vino la crisis y los recortes se los llevaron por delante. Sin embargo se ha ido generando un sistema que a la larga ha sido aún más perverso, ya que se contrata con la sanidad privada los intentos de resolver esas demoras. A veces son los mismos profesionales que deberían prestar esta atención en la pública los encargados de hacerlo en clínicas privadas.
La creación de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria y la reforma de la Atención Primaria, en el último cuarto del pasado siglo, supuso un duro revés para muchos de los que siempre han buscado hacer negocio con la salud de las personas. En pocos años, promociones de médicos y médicas de familia con una excelente formación a través del sistema MIR prestaban atención en los nuevos centros de salud que se iban creando por toda nuestra geografía (aunque no con el mismo entusiasmo en todas las comunidades, en la línea de lo ya comentado). Se ofertaba una accesibilidad y una capacidad resolutiva que muchos especialistas hospitalarios con actividad privada vieron como una amenaza a sus negocios. Es la oposición que durante años mostraron ciertos ginecólogos a que en atención primaria se siguieran los tratamientos anticonceptivos, o la que en la actualidad muestran algunos radiólogos a la implantación de la ecografía en los centros de salud.
Tras la reforma siguieron décadas de estancamiento que han llevado a la actual situación, con plantillas envejecidas y sin expectativas de reemplazo generacional, con un número de pacientes asignados por profesional inmanejables, con instalaciones desfasadas para las necesidades asistenciales actuales (a pesar de su utilización intensiva en horarios de mañana y tarde), y finalmente rematados por las exigencias de una pandemia a la que se ha hecho frente con más coraje que recursos.
Dudo que a estas alturas, cuando tanto han conseguido los enemigos de la sanidad pública, haya opciones de recuperar el terreno perdido. En mi opinión sólo hay un camino: la financiación debe entrar por la atención primaria, de forma que pueda dotarse de los recursos que precisa y que sea ésta la que haga llegar al sector hospitalario la dotación que le corresponda en función de su desempeño. Junto a esto es imprescindible establecer unas bases legales que hagan incompatible la combinación de actividades públicas y privadas en el ámbito de la asistencia sanitaria.
Francisco Escobar Rabadán es socio de infoLibre
