De súbditos a ciudadanos: ¿un camino de vuelta?
Hace no mucho, un amigo, profesor de filosofía, me hablaba con admiración de la democracia de Estados Unidos. Evité la discusión fácil, la que recurriría a sus orígenes violentos o a sus contradicciones históricas, y me limité a un hecho: se trata de un sistema político con poco más de dos siglos de vida. Un periodo en el que, sin duda, ha evolucionado, pero también en el que ha convivido durante décadas con realidades como la esclavitud, la segregación racial o la exclusión de la mujer del sufragio.
No es una anomalía. Es, en realidad, el recorrido habitual de las democracias modernas: procesos incompletos, tensos, siempre en construcción.
Mientras tanto, Europa recorría otro camino. Durante siglos, la mayor parte de sus habitantes no eran ciudadanos sino súbditos. La Revolución Francesa introdujo una idea radical: el individuo como sujeto político. Pero ese cambio no fue ni inmediato ni lineal. El continente tardó más de un siglo —y dos guerras mundiales— en empezar a consolidar sistemas en los que los derechos políticos dejaran de ser concesiones para convertirse, al menos formalmente, en un fundamento del Estado.
Se suma un elemento menos visible, pero quizá más decisivo: el desplazamiento efectivo del poder hacia ámbitos cada vez más alejados del control ciudadano
Tras la Segunda Guerra Mundial, ese proceso pareció alcanzar un punto de inflexión. Se construyó una arquitectura internacional con vocación de no repetir fracasos anteriores. Desde entonces, esa arquitectura se articula a través de tratados, instituciones y organismos diseñados para evitar nuevas catástrofes. Por primera vez, el orden entre Estados no descansa solo en la fuerza, sino en normas compartidas y espacios de arbitraje.
En ese contexto, Estados Unidos asumió un papel central, no como un imperio clásico basado en la ocupación territorial directa, sino como una potencia capaz de estructurar el orden internacional, combinando influencia política, económica y militar. En ocasiones actúa como árbitro; en otras, como parte interesada. Pero en ambos casos contribuye a definir las reglas del juego.
Ese modelo ha generado estabilidad durante décadas. También crecimiento. Y ha consolidado la idea de que la democracia liberal, acompañada de un sistema económico expansivo, era el horizonte natural de las sociedades avanzadas.
Sin embargo, ese equilibrio ha entrado en una fase de transformación cuyo alcance apenas empezamos a comprender.
En los últimos años, se acumulan señales que apuntan a una reconfiguración profunda: tensiones en las alianzas tradicionales, debilitamiento de organismos internacionales, reordenación de las relaciones de poder y una creciente desconfianza hacia las instituciones. A esto se suma un elemento menos visible, pero quizá más decisivo: el desplazamiento efectivo del poder hacia ámbitos cada vez más alejados del control ciudadano.
Hoy, muchas de las decisiones que condicionan la vida de millones de personas se toman en espacios que no forman parte del circuito democrático clásico. Mercados financieros, grandes corporaciones y estructuras ejecutivas cada vez más alejadas del control democrático configuran un entorno en el que la capacidad real de influencia del ciudadano se reduce, aunque sus derechos formales permanezcan intactos en apariencia. No siempre por imposición, sino también por una renuncia tácita: la complejidad de esos espacios los vuelve inaccesibles, y lo inaccesible termina por no cuestionarse. Y en ese punto, la distancia deja de ser solo institucional para convertirse en personal: cuanto más complejo se vuelve el sistema, más fácil resulta delegar en él sin hacerse responsable de sus consecuencias.
No se trata de una desaparición de la democracia, sino de algo más difícil de detectar: su transformación.
El lenguaje sigue siendo el mismo. Votamos, elegimos representantes, mantenemos instituciones reconocibles. Pero, al mismo tiempo, se amplía la distancia entre esas estructuras formales y los centros donde se toman decisiones de fondo. Y en esa distancia, el ciudadano se diluye sin dejar de serlo.
Nada de esto ocurre de manera abrupta. No hay ruptura visible, ni un momento claro de quiebra. Al contrario: el proceso es gradual, silencioso y, en gran medida, asumido con una mezcla de resignación y desconcierto, con la extendida sensación de que poco o nada puede hacerse para cambiar el curso de las cosas.
Quizá el rasgo más inquietante no sea la transformación en sí, sino nuestra reacción ante ella. Observamos los cambios, intuimos sus consecuencias, pero rara vez encontramos mecanismos eficaces, individuales o colectivos, para influir en ellos.
La pregunta, por tanto, no es si las democracias están desapareciendo, sino en qué se están convirtiendo. Y, sobre todo, cuál es el papel que, en nuestra condición formal de ciudadanos, nos queda en ellas.
Porque tal vez el tránsito de súbditos a ciudadanos no esté siendo revertido por la fuerza, sino por algo mucho más eficaz: nuestra propia renuncia, disfrazada de impotencia, a ejercer como tales.
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Isabel Torné es socia de infoLibre.