Recortes sociales

La Abogacía del Estado cree constitucionalmente “discutible” el recorte de las pensiones actuales

Los expertos dicen que el “éxito” de la economía y el Gobierno impedirán que el factor de sostenibilidad baje las pensiones

Los expertos que diseñaron el factor de sostenibilidad de las pensiones pasaron por encima del informe que la Abogacía del Estado les redactó sobre la constitucionalidad de ese mecanismo de ajuste automático. El documento concluye que es constitucionalmente “discutible” la aplicación de ese factor sobre los pensionistas actuales. Sin embargo, el informe que elaboraron los 12 sabios propone aplicar la segunda fórmula a partir del próximo año para todos los beneficiarios de estas prestaciones.

El PSOE ya ha adelantado que una reforma de las pensiones basada en el informe de los expertos tal y como ha sido entregado al Gobierno puede ser inconstitucional. El informe de la Abogacía del Estado, de hecho, recuerda los límites que la Constitución impone a cualquier intento de “reforma no paramétrica de calado" que suponga "un cambio fundamental de modelo”. Una modificación de ese alcance fue una de las primeras propuestas de una parte de los expertos, pero fue rechazada finalmente por el resto del comité.

Así, la Constitución exige a los poderes públicos que garanticen “prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. En concreto, deben garantizar “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Además, el Tribunal Constitucional ha sentado doctrina en el sentido de que el sistema de pensiones debe mantenerse “en términos reconocibles para la imagen que de él tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”. También, dice el informe jurídico, se concibe como una “función del Estado” proteger a los ciudadanos ante situaciones de necesidad, “rompiéndose en buena parte la correspondencia prestación-cotización”.

"Derecho incuestionable"

La Abogacía del Estado considera que los pensionistas actuales tienen un “derecho subjetivo adquirido”, un derecho “incuestionable”. Por tanto, dice, sería inconstitucional aplicarles un factor de sostenibilidad que les privara de su pensión. Cuestión aparte es si ese derecho incluye el de percibir una pensión de cuantía determinada. El informe explica que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el asunto. En su lugar, acude a dos sentencias en las que el tribunal legitima la retroactividad de las subidas de impuestos en caso de “supuestos excepcionales y graves desde el punto de vista de la coyuntura económica”. Para el abogado del Estado, también sería constitucional aplicar el factor de sostenibilidad a la revalorización de las pensiones, que la Constitución vincula a los recursos disponibles y a la situación económica.

Tampoco alberga dudas el informe sobre la legalidad de aplicar el mecanismo de ajuste a los cotizantes actuales/pensionistas futuros. Éstos sólo disfrutan de una “expectativa de derecho”, no de un derecho adquirido, que puede ser modificada dentro de los límites constitucionales.

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