"Para qué aprobar unos Presupuestos más sociales si las ayudas a las familias se las va a 'tragar' el pago del alquiler"

Javier Gil, portavoz del sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, tuvo una semana difícil: este vecino de Carabanchel combinó su trabajo personal con reuniones con los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, entre ellos el socio menor de Gobierno Unidas Podemos, para firmar un manifiesto a favor del control de precios de los alquileres. 

PREGUNTA: ¿Cree que se regularán los alquileres, como venía en el pacto de gobierno PSOE-UP?

RESPUESTA: Hemos conseguido la firma de siete grupos parlamentarios exigiendo al Gobierno y al Ministerio de Transportes que lancen una ley para regular el precio de los alquileres. El PSOE se está quedando solo con las derechas al incumplir el acuerdo, y todo por la presión que sufre de la patronal inmobiliaria, fondos buitre o bancos. Los grandes propietarios de vivienda están en contra de esta ley, porque para ellos regular el precio de los alquileres significa ganar menos dinero. Una ley que es muy necesaria porque afecta a millones de personas cuya vida cambiaría mucho. Hay ciudades donde los alquileres han subido más de un 60% en los últimos años y ahora miles de personas ven sus ingresos reducidos ante la nueva crisis económica.

P: No se le ve optimista.

R: Bueno, en estas semanas nos jugamos mucho. Si se aprueba una ley en este sentido va a ser estas semanas. Toca presionar al PSOE para que escuche a sus votantes, a la ciudadanía, a las 9.000 organizaciones y entidades tan diversas como la ONCE, Facua, Cruz Roja o Cáritas que apoyan un manifiesto que hemos sacado para regular los precios de los alquileres. Por eso hemos lanzado una campaña con siete grupos parlamentarios.

P: ¿Han hablado con el PSOE o con la parte del Gobierno de coalición mayoritaria?

R: Llevamos meses hablando con el Gobierno y trabajando distintas políticas de vivienda. Pero justo en esta etapa final el PSOE no quiere escuchar a los movimientos y sindicatos de vivienda e intenta hacer como si no pasara nada, aprobando los Presupuestos Generales del Estado sin la ley que pactaron. Aquí somos muy claros: para qué aprobar unos Presupuestos sociales si al final gran parte de las ayudas a las familias se las va a tragar el alquiler.

P: ¿Y con el Ministerio de Transportes, a cargo de Vivienda? ¿Han hablado?

R: La última reunión con el ministerio fue a principios de septiembre. Desde entonces no hemos tenido más encuentros. Les estamos ahora mismo escribiendo y diciéndoles que nos tenemos que reunir de manera inmediata: al PSOE, al propio José Luis Ábalos... Pero se han cerrado en banda.

P: ¿Puede saberse de qué hablaron en esa última reunión?

R: En las reuniones con ellos hemos trabajado las distintas medidas sobre la mesa en torno a la vivienda, entre ellas por supuesto la regulación de alquileres. Ahora vemos que intentan incumplir el pacto de Gobierno y que siempre nos remiten a una ley de vivienda estatal que llevan retrasando dos años para evitar controlar los precios de los arrendamientos. Para nosotros la ley estatal que ellos blanden no está enfrentada con la regulación, sino todo lo contrario. Una ley estatal de vivienda es muy necesaria pero no se puede supeditar el control de precios a dicha ley. A corto plazo regular precios es la idea más efectiva: se aprueba, se prueba durante dos años, se analizan sus efectos en zonas tensionadas, se adoptan otras iniciativas como promover el parque público de pisos sociales, se extraen conclusiones cuando pase un tiempo...

P: El secretario general de Vivienda, David Lucas, avanzó en infoLibre que no aprobaría una medida así hasta hacer una radiografía del mercado inmobiliario tras el paso del covid-19. no aprobaría una medida así

R: Nosotros decimos al Gobierno que la radiografía ya está hecha. En seis años, subidas de un 50% de los alquileres en todo el país, alcanzando cotas del 77% en ciudades como Valencia. Es una radiografía alarmante, y el Gobierno tarda en reaccionar. Nos contactan personas diciéndonos que les suben el alquiler por encima de sus posibilidades. Todo el mundo ve cómo los precios han subido muchísimo. El mercado inmobiliario está en realidad regulado: a favor de la especulación, de incumplir el derecho constitucional a una vivienda digna...

Los precios tienen que bajar a, como mínimo, el nivel de 2013 antes de que comenzase el ciclo de especulación amparada por las Administraciones Públicas: y ahí están el cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la ley de las socimis o la enajenación de miles de viviendas protegidas a Blackstone y Goldman Sachs.

P: Insisto en este punto. ¿No es mejor hacer una radiografía sobre el impacto de la actual crisis en la vivienda antes de tomar medidas? Es una pandemia que ocurre cada 100 años.

R: Para nosotros la radiografía es el covid-19: el coronavirus ha endurecido las condiciones habitacionales de las familias y las personas. La crisis precisamente no facilita que la gente pueda pagar los alquileres, muchas veces abusivos. Necesitamos más protección: ahora mismo hay una suspensión de desahucios por impago del alquiler y cuando se levante esta moratoria [enero de 2021], nos podemos enfrentar a una situación de impagos masiva. Ojo: en Estados Unidos se calcula que podría haber hasta 50 millones de inquilinos incurriendo en impagos cuando pase la crisis, y también allí han aprobado una moratoria. En un contexto de escasez, ingresos reducidos, crece el desempleo... mantener las rentas del alquiler de antes del confinamiento no es sostenible a largo plazo. Muchos comercios están empezando a cerrar por falta de actividad y se les sigue pidiendo que paguen alquileres antiguos. Una situación inconcebible para el pequeño comercio, se protege al rentismo y se arruina la economía real.

P: Cataluña, además de regular los precios de los alquileres, acaba de obligar a rebajar un 50% lo que pagan los comercios que hayan tenido que cerrar su local por el coronavirus.

R: Hay que ver si se cumple, pero la ley catalana es muy importante: si obligas a un comercio a cerrar tienes que protegerlo legislativamente de su casero. Muy interesante.

P: El capitalismo digital encareció la vivienda.

R: Claro. Plataformas como Airbnb que permiten multiplicar la rentabilidad, o como Idealista, fundamentales para analizar cómo se configuran los ciclos de especulación y tener información privilegiada. Precisamente: cuando se ha disparado el precio de los alquileres, Idealista ha multiplicado su valor por cinco, y ahí está el fondo sueco [EQT] que la ha comprado por 1.000 millones. No son actores neutrales aunque se presenten así a los medios: son parte interesada y su beneficio es proporcional a las subidas de los alquileres, la expulsión de inquilinos, la rotación, etcétera. Para nosotros el derecho a la vivienda digna es no tener que estar pensando en que te van a echar cuando accedes a un piso de alquiler. Queremos apostar por el alquiler asequible como una forma de vida, como en Alemania. Que puedas vivir 15 o 20 años en una vivienda en arrendamiento, algo que apenas sucede en España.

P: Según el Ministerio de Transportes, muchos alquileres turísticos han pasado al alquiler tradicional y las zonas tensionadas lo están menos.

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R: En Idealista, la oferta de alquileres tradicionales y no turísticos se ha multiplicado por tres. Pero cuidado: muchos de estos pisos se alquilan por meses. Lo que quieren estos inversores y multipropietarios es, de manera temporal, seguir obteniendo ingresos y, una vez haya vacuna y turismo, volver al Airbnb. Esto es un problema: los alquileres por menos de un año ¡incumplen la ley! Y lo hacen masivamente. La residencia habitual de una persona en España tiene que tener un mínimo contrato de cinco años y, si se trata de una entidad jurídica, de siete.

P: ¿Qué le parece el plan de Ábalos de construir miles de alquileres sociales?

R: Llevan mucho tiempo anunciando la medida. Nos parece bien, hay que apostar por ella pero complementándola con otras como la regulación de precios o, por ejemplo, sancionar las viviendas vacías. Esto último es una forma rápida de ampliar la oferta, como hacen muchas Comunidades Autónomas. También se pueden expropiar los usos de las casas en manos de entidades financieras porque las mantienen vacías durante más de dos años. U otras iniciativas: en la Generalitat Valenciana han ejercido su derecho de tanteo y retracto cuando el Banco Sabadell quería vender al fondo Cerberus a un valor por debajo del mercado más de 200 viviendas. Y más: la Sareb, una sociedad que ha recibido fondos públicos, opera exclusivamente con criterios privados; Sareb llegó a tener decenas de miles de viviendas en su cartera en su día.