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Crónica

La banca espera el resultado electoral del 20-D para iniciar fusiones que costarán más de 30.000 empleos

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde de Castro, en su toma de posesión junto a Mariano Rajoy y Luis de Guindos.

La banca española mantiene congelado el nuevo proceso de concentración y fusión de entidades financieras por las elecciones generales y por la incertidumbre ante la posibilidad de que del 20-D surja un gobierno de izquierdas que altere alguna de las piezas del puzzle bancario. Desde el Banco de España y en fuentes del sector admiten que en el primer trimestre de 2016 arrancará en cualquier caso una reestructuración obligada por las nuevas exigencias regulatorias de Basilea III y condicionada por unos tipos de interés en mínimos históricos que estrechan los márgenes de la rentabilidad bancaria. Ese proceso de concentración significará también, como temen los sindicatos, el cierre de miles de oficinas y el despido de más de 30.000 empleados.

El resultado que salga de las urnas no paralizará en ningún caso los planes de fusiones en el sector financiero, pero si los movimientos previstos en principio para este otoño se han aplazado es sobre todo por razones políticas. Desde el Gobierno y el PP, no interesaba que en vísperas de elecciones se produjeran tensiones en los llamados “mercados” y mucho menos que surgieran conflictos laborales con la pérdida de puestos de trabajo en un sector sensible que además se interpreta como una especie de barómetro de si hay crisis o “recuperación”. Desde la propia banca confirman además que “la incertidumbre sobre la formación del próximo Gobierno aconseja esperar y comprobar si el resultado afecta a alguna de las piezas del tablero”, en palabras del portavoz de uno de los grandes bancos.

En realidad ese resultado influiría fundamentalmente en el futuro de Bankia, la entidad cuyo saneamiento ha costado ya más de 22.000 millones de euros a las arcas públicas tras provocar en 2012 el rescate concedido por la troika con la exigencia de medidas concretas de política económica al Gobierno de Mariano Rajoy. No es lo mismo que Bankia salga a subasta con sus números saneados, libre de deudas y a un precio atractivo (incluso de saldo) para varios compradores o que se mantenga como banca pública. O que sólo se privatice con la exigencia de que los contribuyentes recuperen todo o buena parte de lo “escotado”. En el dibujo final del nuevo mapa bancario no es un asunto menor, y depende en buena parte de si sale de las urnas un Gobierno partidario de una opción u otras.

Los grandes y los "siete enanitos"

Uno de los presidentes de banco que más claro han hablado sobre la inminente “revolución” del sector es Ángel Ron, del Banco Popular. En una entrevista en La Nueva España en septiembre pronosticó que pronto habrá “más concentración” y que en España “es probable que las entidades más rentables sobrevivan y acaben absorbiendo a las demás”. En la realidad de la banca tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el rescate de las cajas, las seis “grandes” entidades son Santander, Caixabank, BBVA, Bankia, Popular y Sabadell. En todos los pronósticos de macrofusiones se da por hecho que a medio plazo esas seis entidades quedarían en tres.

Pero previamente, y arrancando incluso desde enero próximo, se producirán operaciones de compra o absorción de peces grandes a otros mucho más chicos. Siete entidades, conocidas como “los siete enanitos”, están bajo la lupa: Liberbank, Ibercaja, Bankinter, Abanca, BMN (Banca Mare Nostrum), Kutxabank y Unicaja. Esos primeros “bocados” sólo precisan el acuerdo de los consejos de administración implicados y la autorización del Banco de España, de modo que su ejecución sería relativamente rápida. Operaciones de mayor enjundia necesitarían la supervisión y aprobación del BCE y de los supervisores comunitarios.

Esta misma semana se ha conocido el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España. Después de recordar las exigentes condiciones regulatorias de Basilea y el elevado volumen de activos tóxicos aún presentes en los balances de los bancos, en su página 13 refleja que el sector bancario “ha dejado atrás las pérdidas muy elevadas de 2012” y ha vuelto a generar beneficios a sus accionistas. A continuación dice literalmente el Banco de España: “en estas condiciones, las entidades deberán ajustar su modelo de negocio y, cuando sea preciso, su estrategia corporativa, con objeto de adecuar su organización y estructura a un entorno económico y regulatorio muy exigente”. Para entendernos, “adaptar la estrategia corporativa” es un eufemismo de comprar o ser comprado, mientras que si una entidad decide sostenerse por sí misma lo que hace es seguir una “estrategia de crecimiento orgánico”.

En 2014 la banca española ganó 9.384 millones de euros, un 35% más que en 2013, sumando así dos años de beneficios. En el tercer trimestre de este 2015, sólo entre los cuatro mayores bancos (Santander, BBVA, Caixabank y Bankia) obtuvieron unas ganancias de casi 8.700 millones, de los cuales 5.106 corresponden a los beneficios netos publicados por el Santander. Sin embargo, los bajos tipos de interés, próximos a cero y sin perspectivas de subidas a medio plazo por la debilidad de la actividad económica, y las duras exigencias regulatorias sobre el capital bancario estrechan el horizonte de rentabilidad del negocio. Lo que imponen los acuerdos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea III fundamentalmente son mayores requisitos de capital para generar “colchones” contracíclicos, es decir para prevenir nuevas crisis que puedan poner en riesgo la liquidez de las entidades. Además se amplían las condiciones de transparencia, las exigencias de provisiones y se impone una nueva normativa contable (IFRS9). Todo ello impactará en la rentabilidad del negocio precisamente cuando el supervisor (tanto el Banco de España como el BCE) pone el énfasis en que esa rentabilidad debe superar el coste de capital. La vía tradicional de exprimir a los clientes vía comisiones en cualquier tipo de operación tiene el techo de cristal.

Despidos y cierre de oficinas

En el momento clave del estallido de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente crack financiero, en otoño de 2008, el sector bancario tenía 278.121 empleados. A 31 de diciembre de 2014 eran 208.659. Es decir que la crisis se había llevado por delante 70.000 empleos en entidades de ahorro y de crédito. “A finales de 2015 es probable que ya bajemos de 200.000 trabajadores”, pronostica Juan José Giner, responsable de banca en Comisiones Obreras.

Es imposible hacer cálculos precisos sobre el nuevo recorte al empleo que supondrá la reestructuración que se iniciará tras el 20-D, porque depende en parte de las operaciones concretas de compras, absorciones o fusiones que se vayan produciendo, pero “no sería descabellado pensar que hablamos de la amenaza sobre más de 30.000 puestos de trabajo”, reconoce el responsable del sector financiero en UGT, Sebastián Moreno.

En los sindicatos son conscientes de las exigencias de Basilea y la presión para una mayor concentración bancaria a escala europea, pero denuncian no sólo los riesgos para el empleo sino el carácter ideológico de la futura reestructuración. “Ya está ocurriendo pero con ella se afianzará el modelo de oligopolios financieros similares a los que se han impuesto en otros sectores como el energético o las eléctricas”, advierte Moreno, que además incide en “lo injusto” de que vuelvan a pagar el precio de esas decisiones “precisamente quienes han sufrido el paro, los recortes y además han dado la cara en las oficinas ante un montón de gente indignada por la gestión de la crisis bancaria”.

Un portavoz de una de las principales entidades reconoce también que las futuras fusiones o absorciones supondrán recortes de empleo. “La reducción del número de oficinas y de puestos de trabajo en la primera fase de reordenación bancaria ha sido insuficiente”, mantiene la citada fuente, que calcula que puede afectar a otro 20% de la actual plantilla total en el sector financiero. Lo justifican los bancos no sólo por las exigencias de un mayor tamaño de cada entidad sino también por lo que implica el desarrollo de la banca digital y los nuevos canales de relación con los clientes.

Los sindicatos se remiten a los datos para recordar que es cierto que España tiene un número de oficinas bastante superior a la media europea, pero también que en número de empleados estamos muy por debajo de esa media. De hecho España es uno de los países a la cola en el ránking de empleados bancarios por cada 1.000 habitantes. “El modelo de oficinas con tres, dos o incluso un solo empleado es lo que explica esos datos; y es erróneo continuar reduciendo el número de profesionales, que son precisamente los que pueden potenciar el crédito”, argumenta Juan José Giner. Los representantes de los empleados de banca sostienen que la banca por Internet está por llegar y falta muchísimo. “Yo no daría un crédito hipotecario por internet, ni tampoco lo pediría”, concluye Giner.

La política y las quinielas

Pese a los múltiples vaticinios que, especialmente en medios económicos, se manejan sobre posibles fusiones concretas, hasta el momento sólo existe la seguridad de que primero se abordarán las operaciones que afectan a los llamados “siete enanitos” y hay margen para abordar acuerdos que unan a varios de los grandes bancos entre 2016 y 2018, fecha tope para algunas de las exigencias más duras de Basilea III.

Las fuentes consultadas en distintas entidades coinciden en resaltar que el rescate de Bankia y su futuro condicionan los planes concretos de fusiones o adquisiciones en el sector. Y desde medios sindicales se advierte de un riesgo importante que tampoco niegan los portavoces de la banca: la ciudadanía ha “tragado” con los rescates de cajas valencianas, catalanas o gallegas, que han costado como mínimo 61.366 millones de euros al erario público, y con operaciones de privatización de las mismas que han significado “verdaderos regalos” a los compradores, como denuncian los portavoces sindicales. El caso Novagalicia es muy claro: el Estado inyectó 9.050 millones de euros para reflotarla y se vendió al venezolano Banesco por 1.000 millones para transformarla en Abanca. En el sector se ha atribuido esa operación al empeño político del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en favor del aspirante venezolano y en perjuicio de ofertas de otras entidades españolas.

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Lo cierto es que nadie quiere imaginar que se repita una operación similar con Bankia. “No es fácil que la sociedad acepte sin más que Bankia se regale a alguien por 5.000 millones después de que hemos pagado entre todos 22.000, y menos cuando seguimos conociendo por capítulos el escándalo de la gestión de Rato, Blesa y demás”, afirma Juan José Giner. Y lo reconocen también las fuentes consultadas en la banca: “no puede repetirse la fórmula de sumar manzanas podridas para generar un cesto disparatado”.

Aunque no haya quinielas precisas, en el sector hay algunos parámetros que se dan por seguros. Uno, que el BCE no quiere fusiones entre bancos pequeños. Dos, que Santander y BBVA tienen más interés en bancos que en antiguas cajas (como Unicaja, Liberbank o Ibercaja). Y tres: que por mucho que algunos medios lo hayan publicado, a Caixabank no le interesa el Sabadell, porque no son complementarios en territorios sino que además habría múltiples duplicaciones en redes de oficinas.

La próxima nueva reestructuración de la banca espera por tanto que pase el 20-D y se despeje la incógnita de si una posible coalición de izquierdas apostaría por una banca pública pilotada por Bankia. Pero hay una coincidencia absoluta, tanto en la cúpula bancaria como en medios sindicales: a partir de enero empezarán los movimientos que en dos años pueden dejar un mapa bancario mucho más reducido en número de entidades y de trabajadores. Un proceso encaminado también a reforzar un nuevo oligopolio.

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