Financiación autonómica

La batalla de la deuda: Cataluña y Valencia ansían una quita que rechazan las comunidades abanderadas de la austeridad

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Senado.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desenterrado la idea de conceder una quita de la deuda contraída por las comunidades autónomas, aunque sin llegar siquiera a nombrarla. La reacción no ha sido tan airada como la que sufrió el secretario general del PSC, Miguel Iceta, desde sus propias filas cuando incluyó la propuesta en el programa socialista para las últimas elecciones catalanas. Entre otras razones porque, en principio, el ministro se ha limitado a pedir sugerencias para ver “qué se hace” con la deuda autonómica y, “particularmente, con la que las comunidades tienen contraída con el Estado”.

Pero Montoro también invitó a estudiar “qué parte de esa deuda corresponde a insuficiencias del sistema de financiación actual”. “[El ministro] está reconociendo implícitamente que existe una insuficiencia de financiación de algunas comunidades autónomas”, apunta el catedrático de la Universitat de València Francisco Pérez García, uno de los expertos de la comisión que el pasado julio elaboró un informe sobre el sistema a petición del ministerio. Un primer paso en el camino hacia la quita.

Así han debido de entenderlo también los dirigentes de Extremadura, Canarias, Castilla y León y La Rioja, que se han pronunciado inmediata y radicalmente en contra de una condonación, sobre todo si no es para todas. “Las deudas hay que pagarlas”, zanjó la vicepresidenta extremeña, Pilar Blanco-Morales, quien no obstante apoya una “reestructuración” a interés cero. “La Rioja ha tenido mejor comportamiento durante la crisis económica y un mayor compromiso con los objetivos de consolidación fiscal”, replicó el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, “y eso no puede ser penalizado”. Si hay quita, añadió, debe ser igual para todas las comunidades autónomas e incluir una compensación adicional a las menos endeudadas.

En el mismo sentido se pronunció la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, quien pide “iguales condiciones para todos” y que se tenga en cuenta a las comunidades que, como la suya, “han cumplido con el objetivo de déficit y han tenido capacidad para financiarse en los mercados ordinarios”.

La consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, ha desdeñado por “inoportuna” la propuesta de Cristóbal Montoro, que tacha de “globo sonda”. A su juicio, “si hay una quita o una reestructuración, tiene que ser equitativa para todas las comunidades autónomas”. También reprochó al ministro que pretenda “arreglar la crisis de Cataluña” perdonando la deuda y “dejando atrás a las comunidades que han tenido un buen comportamiento”.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, no ha dudado en sumarse al carro de las críticas pidiendo que primero se reestructure la deuda de los ayuntamientos y entidades locales, en lugar de premiar a las administraciones “ineficientes”.

Sólo el presidente valenciano, Ximo Puig, ha saludado las palabras del ministro. “Son un avance”, elogió. La Comunidad Valenciana, la segunda con mayor volumen de deuda y la más perjudicada por los sistemas de compensación del sistema de financiación autonómica, necesita “una compensación respecto al pasado”, reclamó Puig.

Una deuda de 284.407 millones de euros

Durante la crisis económica y fruto del aumento de los déficit presupuestarios de las administraciones, la deuda pública se disparó del 35,6% del PIB en 2007 hasta superar el 100% en 2014. En el tercer trimestre de 2017 se situaba en el 98,7% del PIB. Sólo la deuda de las comunidades autónomas creció del 5,7% del PIB en 2007 hasta el 24,7% en el tercer trimestre del año pasado, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Así, suma 284.407 millones de euros. De esa cifra, el 56% corresponde a la deuda de las comunidades con el Estado.

Cataluña es la más endeudada, con 76.831 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 44.435 millones, y de Andalucía, con 33.631 millones. Madrid debe 32.517 millones de euros. Las menos endeudadas son La Rioja –1.528 millones– y Cantabria –2.996–. Pero si se relaciona con su PIB, la deuda valenciana representa el 41,3%; la catalana, el 34,9%; la de Castilla-La Mancha, el 36,1%; la de Baleares, el 30,7% y la de Murcia, el 28,7%. La menos endeudada del régimen común –excluidos, por tanto, el País Vasco y Navarra– es Canarias, con un 16,7% de su PIB.

Soluciones diferentes para deudas distintas

La comisión de expertos reunida por Hacienda el año pasado reconoció que las causas del endeudamiento de cada comunidad autónoma son distintas: se parte de distintos niveles iniciales de deuda en el momento en que se homogeneizaron las competencias, en 2002; desde entonces los recursos con que han contado las comunidades han sido diferentes y, finalmente, también han sido dispares los niveles de gasto por habitante. Por consiguiente, coincidieron los economistas, la solución no puede ser la misma para todas. En cambio, no pudieron ponerse de acuerdo en cómo ha de “metabolizarse” la deuda.

La mayoría de los 21 expertos se pronunciaron a favor de una “restructuración transparente, supervisada por el Banco de España y la AIReF [Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal]”, que se traduciría en una ampliación “razonable” de los plazos, nuevos periodos de carencia y tipos de interés favorables. Pero siempre condicionada al cumplimento de unos objetivos de consolidación fiscal y presupuestarios.

Otra parte de la comisión apoyaba una quita en dos tramos. El primero debería cubrir un porcentaje común para todas las comunidades autónomas por la insuficiencia de recursos padecida entre 2009 y 2016. El segundo atendería la infrafinanciación sufrida por algunas comunidades que han recortado sus gastos por habitante por debajo de la media nacional. También en este caso la condonación estaría condicionada a los objetivos para eliminar el déficit.

Reestructuración inevitable, pero con equidad

Francisco Pérez García fue uno de los expertos a favor de la quita. Según sus cálculos, ésta podría cifrarse entre 65.867 millones de euros, el mínimo para conseguir que las comunidades vuelvan a financiarse en los mercados –para ello tendrían que alcanzar una ratio de deuda respecto de sus ingresos del 180%, ahora algunas superan el 250%–, y un máximo de 191.498 millones, el importe de los recursos gastados en prestar los servicios públicos fundamentales entre 2009 y 2016.

Según explica, no se puede hablar de comunidades “descuidadas” en su gestión sin analizar primero las causas del endeudamiento. “Hay que ver cuánto tenía al principio y cuánto me he gastado después”, resume. La Comunidad Valenciana, a la que representó como experto, es una de las más endeudadas “no porque haya gastado más, sino a pesar de que gastó menos”. Sus ingresos, calcula, han sido ocho puntos inferiores a la media, como también sus gastos. En todas las comunidades autónomas, el gasto real por habitante se ha reducido un 15% de media, lo que no ha impedido el endeudamiento, destaca, debido a la caída de los ingresos. Tras ese recorte está la crisis, pero también el modelo de financiación, argumenta Pérez García.

Santiago Lago-Peñas, profesor de la Universidad de Vigo y representante de Galicia en la comisión de expertos, se pronunció en contra de la quita, pero considera “inevitable” la reestructuración. A su juicio, el problema de la condonación está “muy concentrado” en Cataluña y la Comunidad Valenciana, que suman un tercio de la población. En cualquier caso, reclama una mejora del sistema –“es cierto que algunas comunidades están infrafinanciadas y tienen que ganar en recursos”, admite– y ayuda para hacer sostenible la deuda, ampliando plazos y con tipos de interés bajos. Porque, con una quita insuficiente a la Comunidad Valenciana “no se soluciona el problema si no se reforma el sistema de financiación”. Y advierte de que si los tipos de interés regresan a valores normales –del 3% al 5%–, la deuda valenciana o catalana es “una bomba de relojería que puede estallar en dos o tres años”.

“Hay poca diferencia entre reestructuración y deuda”, tercia Alain Cuenca, profesor de la Universidad de Zaragoza que participó en la comisión a propuesta de Aragón. Se trata, apunta, de una mera cuestión de “intensidad”. Cuenca pone el foco en que lo fundamental es que la medida se aplique con “equidad”, sin beneficiar a las comunidades que “peor han gestionado”. Tanto Madrid como la Comunidad Valenciana están infrafinanciadas, pero sus deudas son “distintas”, resalta. Lo mismo ocurre con Castilla-La Mancha y Andalucía. Y la diferencia estriba en el “gasto excesivo”. Esa equidad, por tanto, debería evitar que se “deje en la estacada” a las autonomías que han sido “prudentes”, como Aragón, Galicia o Castilla y León, por ejemplo.

Para Alain Cuenca, el objetivo debe ser que todas las comunidades autónomas vuelvan a financiarse en los mercados –en lugar de con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como ahora– en un plazo de dos o tres años, porque, su juicio, introducirán “cierta disciplina”.

Hasta dónde quiere llegar el ministro Montoro con la deuda, si se quedará en la reestructuración o llegará hasta la quita, es aún una incógnita. Cuenca no descarta el perdón de la deuda, teniendo en cuenta que “las comunidades le piden [al ministro] un aumento de la financiación de hasta 17.000 millones de euros”. Tanto Lago Peñas como Pérez García insisten en que una quita sin reforma del sistema no soluciona nada. Lo fundamental, apuntan, es mejorar el modelo. “No tiene sentido una quita sin reformar el sistema”, recalca el catedrático valenciano, “porque si las comunidades siguen infrafinanciándose, el alivio [de una quita] no durará mucho tiempo”.

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