La CEOE pide la exención total de un beneficio fiscal por el que Hacienda ya deja de recaudar 105.000 millones al año

La CEOE aprobó este miércoles en la junta directiva sus propuestas para el Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril. Como ya ha hecho en convocatorias anteriores, la patronal plantea las medidas que considera necesarias para una buena marcha de la economía nacional. En este caso, para frenar la desaceleración, crear empleo y mejorar la competitividad, así como para conjurar los que califica de principales riesgos: la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono de las reformas estructurales y la quiebra de la unidad de mercado.

En su programa, los empresarios comienzan reclamando rebajas de impuestos, tras quejarse de la elevada presión fiscal en Españala elevada presión fiscal en España y asegurar que ya se han recuperado los niveles de recaudación de 2007. Según las cifras del documento, las empresas españolas dedican un 47% de sus beneficios a pagar impuestos, por encima de la media de la OCDE, un 40,3%, y de la UE, un 39,3%. Sin embargo, de acuerdo con los datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, la presión fiscal en España, medida como los impuestos y contribuciones sociales pagados en relación con el PIB, es del 34,5%, por debajo de la media de la eurozona, el 41,4%, y de la UE, el 40,2%. Por tanto, España se sitúa como el octavo país de la zona euro y el décimo de la UE con menor presión fiscalel octavo país de la zona euro y el décimo de la UE con menor presión fiscal.

Y, si bien es cierto, como señala la patronal, que la recaudación tributaria total ha superado las cifras precrisis, con unos ingresos de 207.610 millones de euros en 2018 –por encima de los 200.676 millones de 2007–, el impuesto sobre sociedades sigue a la mitad de lo que sumaba entonces. En 2007 las empresas pagaron a Hacienda por sus beneficios 44.823 millones de euros; 10 años después, y pese a haber superado los beneficios que declaraban entonces, el fisco sólo ha ingresado por este concepto 24.179 millones.

Aun así, la CEOE pide que se rebaje el impuesto sobre sociedades eliminando las limitaciones actuales a la compensación de pérdidas y la deducción de gastos financieros. Unas limitaciones que modificó el ministro Cristóbal Montoro en su reforma fiscal de 2014: hasta un 30% del beneficio para los gastos financieros y hasta el 70% de la base imponible si la empresa tiene pérdidas –a partir de 2016 el umbral se bajó al 60%– con un tope de un millón de euros. A cambio, se suprimió la limitación temporal para compensar esas pérdidas en años posteriores.

También reclama la patronal que se establezca una exención total para los dividendos y ganancias patrimoniales que las empresas obtienen de sus filiales, tanto nacionales como extranjeras, y que intenta evitar la doble imposición. Sólo la pueden disfrutar las empresas que sean dueñas de al menos un 5% de otra y siempre que esa participación tenga una antigüedad mínima de un año. La reforma de Montoro añadió un nuevo requisito: que el capital en su poder sea superior a los 20 millones de euros. Desde 2015 también se exige a las filiales extranjeras que se encuentren sometidas en el país donde se asientan a un tipo nominal superior al 10% o que exista con ese territorio un convenio con España para evitar la doble imposición. Pero, como se trata de un tipo nominal, el efectivo puede ser inferior y en el concepto puede incluirse no sólo el impuesto sobre sociedades, sino cualquier otro tipo de gravamen, como el de la renta, por ejemplo. Es decir, la tributación de la filial queda siempre muy por debajo del tipo nominal español de sociedades, el 25%. Tampoco pueden acceder a esta exención las filiales que estén situadas en paraísos fiscales –excepto, curiosamente, si se trata de países de la UE– o sean entidades patrimoniales, sin actividad económica real.

La exención más voluminosa

“Las exenciones por doble imposición son los beneficios fiscales más importantes”, destaca el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, por lo que considera su ampliación una “barbaridad” teniendo en cuenta el desplome actual de la recaudación del impuesto sobre sociedades. De hecho, el proyecto de Presupuestos del Estado para este año, que fue rechazado en el Congreso el pasado febrero, iba en dirección contraria y recortaba la exención del 100% al 95%. Como no salieron adelante las Cuentas, la medida de gracia sigue intacta en los términos en que la dejó el anterior Ejecutivo.

Según las cifras de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016, el último ejercicio del que aporta datos, las arcas públicas dejaron de ingresar por la exención por doble imposición a los dividendos un total de 105.090,46 millones de euros. Y, en efecto, es la exención más voluminosa de todas las que se aplican al resultado contable de las empresas. De esa cantidad, el 65,6% fue aprovechado por 521 empresas que facturaron más de 180 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de Gestha. Cuanto mayor es la compañía, más se benefician de la exención. De las 14.442 firmas que disfrutaron de la exención en 2016, el 42% tenía un volumen de negocio superior a los 180 millones.

Además, la exención por rentas obtenidas en el extranjero a través de sucursales, fábricas o cualquier tipo explotación u obra, restó otros 3.059,47 millones a las arcas públicas ese año. La deducción para evitar la doble imposición internacional alcanzó los 225 millones, de los cuales el 68% correspondió a las 136 empresas con facturaciones por encima de los 180 millones de euros. Otro tanto ocurrió con la doble imposición nacional: 147,1 millones de euros de los que se beneficiaron en un 33,2% las compañías de mayor tamaño, señalan los datos de Gestha.

Adiós a patrimonio y sucesiones

La patronal quiere que se suprima igualmente el impuesto sobre el patrimonio y se reduzca el de sucesiones, que a su juicio “alcanza niveles confiscatorios en algunas comunidades autónomas”. Sin embargo, en la gran mayoría de ellas, las herencias de hasta 250.000 euros que reciben los sucesores incluidos en los grupos I y II –descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes– están totalmente libres de pago o la cantidad que se abona es simbólica. En total, el Estado recaudó por el impuesto de sucesiones en 2017 –último ejercicio del que el Ministerio de Hacienda facilita datos– en las comunidades de régimen común 2.411,29 millones de euros. Es probable que esa cifra baje en los próximos años debido a las reducciones y exenciones que están aprobando las comunidades autónomas. Ocho de ellas empezaron a aplicar en 2018 un total de 134 reducciones, deducciones y bonificaciones en el impuesto de sucesiones y otras 94 en el de donaciones. Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, La Rioja y Navarra han emprendido lo que el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), perteneciente al Consejo General de Economistas de España, llama una “perversa carrera”, compitiendo por rebajar el impuesto y arriesgándose a su “desaparición”, pese a la importancia que le otorga “para la equidad tributaria intergeneracional”.

Por lo que se refiere al impuesto sobre el patrimonio, la recaudación ascendió en 2017 a 1.204,41 millones de euros –incluidos País Vasco y Navarra–, tras experimentar una reducción del 49% desde 2008. El desplome lo explica el REAF en el hecho de que en 2011 se estableció por defecto un mínimo exento de 700.000 euros y una exención de la vivienda de hasta 300.000 euros. Además, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo bonifica al 100%: no hay que pagarlo, pero sí declararlo a partir de dos millones de euros.

Medidas laborales

Además de recortes fiscales –incluida una bajada en las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social, “un impuesto al empleo”, asegura–, la CEOE pide en sus propuestas para el futuro Gobierno que no derogue la reforma laboral no derogue la reforma laboral de 2012. Pero también reclama “fórmulas flexibles” para contratar a jóvenes, sin precisar más, y que se “atenúe” la dualidad del mercado laboral, la división entre trabajadores con contrato fijo y temporal. A su juicio, en todo caso, el fin de esa segmentación debe hacerse “sin penalizar los contratos temporales”. Igualmente pide que se “mejore” la contratación a tiempo parcial, también sin detallar cómo. Tampoco quiere que se modifique el actual sistema de subcontratación, uno de los asuntos que el Gobierno y los sindicatos intentaban modificar en el Diálogo Social y que se ha quedado en el tintero a falta de los apoyos necesarios en el Congreso. Tanto UGT y CCOO como el Ejecutivo pretendían igualar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados con los de la empresa principal. La CEOE se opone.

Para la crisis del sistema de pensiones, la patronal no sólo propone ahondar en la llamada “separación de fuentes” –que el Estado pague con impuestos las prestaciones no contributivas y sólo las contributivas se financien con cargo a las cotizaciones sociales–, sino además aumentar la edad de jubilación “a medida que lo haga la esperanza de vida”. La edad legal de jubilación se retrasó hasta los 67 años en la reforma de 2011, una ampliación que se está llevando a cabo de forma gradual y no culminará hasta 2027. Actualmente se sitúa en 65 años y ocho meses. La CEOE no especifica si quiere aumentar esa edad legal más allá de los 67 años. De momento, el Gobierno del PSOE mostró su intención de retrasar la edad real de jubilación para acercarla a la edad legal. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) coincide. La primera se encuentra ahora en los 63 años. También pretenden los empresarios que se incentive fiscalmente la contratación de planes de pensiones privados y se mejore el control del absentismo, dando mayores competencias a las mutuas, uno de sus tradicionales caballos de batalla.

113.600 millones de euros en infraestructuras

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El único apartado del programa en el que la CEOE aporta cifras concretas es en el de infraestructuras. Así, ofrece al nuevo Gobierno un completo plan que debería financiarse con cargo a fondos europeos y en el que consideran “esencial” la participación de las empresas.

En conjunto, harían falta 113.600 millones de euros para construir accesos a las ciudades –cercanías y vías de circunvalación–, infraestructuras de movilidad urbana, logísticas y de transporte interurbano, la partida más cuantiosa: 46.000 millones destinadas a carreteras, ferrocarril e incluso a más líneas de alta velocidad. En la cifra total se incluyen también infraestructuras para el tratamiento de residuos, hídricas y de equipamientos públicos.

Pese a la rebaja de impuestos con que comienza su lista de propuestas, la CEOE termina lamentando el déficit inversor que padece España en infraestructuras, que cifra en más de 120.000 millones de euros. La patronal culpa de ese desfase al hecho de que la inversión pública ha soportado el 48% de la reducción del gasto público desde 2010. Según destaca, la inversión del Estado equivale sólo al 2,1% del PIB, un nivel equivalente al registrado en los años 80. “Nuestro país está a la cola de la Unión Europea en inversión en infraestructuras por habitante”, critica.