Regulación

Competencia alerta contra el plan del Gobierno para controlar la regulación de los mercados

El Gobierno acelera la fusión de los órganos de Competencia

El lunes 7 de octubre se pondrá en marcha la nueva "comisaría" encargada de vigilar el funcionamiento de los mercados de la energía, las telecomunicaciones, el sector postal, los aeropuertos y los medios audiovisuales. El macro-organismo se denominará Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y estará compuesta por 10 consejeros, repartidos en dos salas, una de regulación y otra de supervisión. La CNMC estará adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad.

Sobre el papel, todo son ventajas: menos duplicidades, aprovechamiento de economías de escala, más agilidad en la toma de decisiones y menor probabilidad de que el sector privado o el Gobierno "capture" al regulador e influya en sus decisiones. Todo eso sobre el papel. Porque en la práctica, la ley recién aprobada para crear el organismo (Ley 3/2013 de 4 de junio) ha desatado mucha inquietud.

El Gobierno echa balones fuera. Según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, el nuevo organismo será más independiente. La prueba:  los cuatro directores generales del nuevo organismo serán nombrados por el consejo de la nueva comiisón y no por el Gobierno.

La carga de profundidad más rotunda ha llegado de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En el informe que ha elaborado sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto Orgánico del nuevo supervisor, Competencia advierte que puede provocar perjuicios a la seguridad jurídica.

Dudas sobre el ahorro

Más aún, Competencia pone en cuestión que se alcancen las sinergias estimadas y alerta sobre un "incomprensible sistema de informes preceptivos" entre las salas de supervisión y de regulación que "puede poner en peligro la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia".

Las dudas de Competencia sobre el funcionamiento del nuevo organismo están justificadas si se observan los números que han acompañado al anuncio de su creación. El Gobierno adelantó, por ejemplo, que al agrupar en un único organismo todos los órganos supervisores en funcionamiento (Energía, Telecomunicaciones y Competencia), se ahorrarían cerca de 30 millones al año.cerca de 30 millones al año.

La cuenta  de ahorro, al final, explica uno de los consejeros afectados, es muy optimista. Porque tiene en cuenta el ahorro de un gasto que no se ha producido y que se estima en unos 20 millones de euros. La explicación es sencilla: la Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno preveía crear hasta tres nuevas comisiones, de medios audiovisuales, de aeropuertos y del juego, que nunca se han llegado a constituir, pero que han servido para hacer propaganda de todo lo que se va a ahorrar.

Mucha inquietud

Lo que sí es cierto es que las comisiones afectadas por la fusión están revueltas. Los 10 consejeros de la nueva comisión tienen que ser elegidos de entre los 30 que, según Economía, ejercen funciones en estos momentos. Tendrán que pasar el filtro de la Comisión de Economía del Congreso, con derecho de veto sobre los propuestos. La negociación política entre partidos será fundamental. Ya lo fue en la tramitación de la ley, con CiU y el PNV muy reticentes que, finalmente suavizaron sus posturas.

En las últimas semanas, explica un alto cargo en una de las comisiones afectadas, los ministerios de Economía y de Industria han mantenido contactos para acelerar el proceso de transición al nuevo sistema, copiado del que funciona en los Páises bajos y que despierta muchos recelos.

Entre los más desconfiados por los planes del Gobierno figura la propia Comisión Europea.La UE obligó a reformar el proyecto inicial del Ejecutivo porque, según advirtió la comisaria europea Neelie Kroes, el plan no respetaba la independencia del regulador en materia de telecomunicaciones.

Control gubernamental

Detrás de los recelos de la UE está el riesgo de que el Gobierno controle, vía nombramientos en los supervisores, el funcionamiento de sectores clave de la economía. Es lo que se denomina “captura del regulador”. De alguna forma, ese riesgo es lo que destacaba el Tribunal Supremo en sentencia del 3 de diciembre, al criticar el intento de los grandes partidos, PP y PSOE, de llenar de funcionarios de libre designación el Tribunal de Cuentas con el consiguiente riesgo de politización.

Tras las advertencias de Bruselas, el PP suavizó algunos de los extremos de la norma. Así, eliminó la idea de nombrar los directores de Instrucción de los casos que lleguen al nuevo organismo supervisor y renunció a reforzar la discrecionalidad del Gobierno en actuaciones en el mercado de telecomunicaciones.

Sin embargo, el Ejecutivo se reserva importantes resortes de presión. Por ejemplo, que el nuevo organismo se financie mediante tasas (y no del presupuesto), aunque la recaudación y el reparto de dinero correrá de su cuenta.

Sobre el polémico plan de unificación de supervisores planea lo sucedido con Hungría, país al que la UE abrió un procedimiento de infracción en 2012 porque reformó la Constitución y, entre otras cosas, sometió al banco central a la disciplina del Gobierno.

Para crear la nueva comisión, el Gobierno ha contado con pocos precedentes. El más cercano en el tiempo es el de Holanda. El país cuenta con una comisión que integra también los supervisores de mercados clave para la economía, con el añadido de la defensa del consumidor. En Alemania, también hay un organismo regulador único, pero no integra el área de Competencia.

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