Reforma laboral

Díaz abrirá este mes la negociación de la reforma laboral con dos escollos sobre la mesa: la subcontratación y la ultraactividad de los convenios

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El Ministerio de Trabajo quiere abrir este mes de octubre sin mayor dilación la negociación con los agentes sociales sobre la reforma laboral, cuya derogación parcial tuvo que posponerse en marzo con motivo de la declaración del estado de alarma. Varias fuentes del Gobierno así lo confirman y portavoces oficiales del Ministerio que dirige Yolanda Díaz aseguran que esto ocurrirá "en las próximas semanas"

"Los trabajos en este sentido ya se iniciaron en marzo y se retrasaron en medio de la pandemia, pero es un objetivo del ministerio llevar esto al diálogo social y continuar avanzando", añaden a infoLibre en Trabajo. Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y la patronal CEOE confirman que no tienen aún noticias del Ejecutivo pero que las esperan "inminentemente".  Y apuntan a dos escollos principales a resolver antes de que el resultado de la negociación se remita al Consejo de Ministros: la subcontratación y la ultraactividad.

Que Díaz iba a abordar la reforma laboral era un hecho, pero no el cuándo. El equipo de la ministra maneja ahora octubre. Y confía en arrancar un acuerdo unánime, para lo cual le avala la experiencia reciente: seis pactos para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con los agentes sociales, el último alcanzado de madrugada hace una semana, con todas las partes negociadoras sin dormir. "Cuanto antes se convoque la mesa de diálogo social para retomar los temas que dejamos de discutir abruptamente por el estado de alarma, mejor", valora Mari Cruz Vicente, responsable de Acción Sindical de CCOO. 

La experiencia de pactar los ERTE

El punto más delicado, confían fuentes gubernamentales, será el que afecta a las subcontratas. El Ejecutivo central está decidido a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, algo que los empresarios entienden que puede disparar sus costes laborales. Las centrales sindicales, por el contrario, exigen inmediatamente una mejora general de los empleados en subcontratas y arremeten contra la figura del "falso autónomo" que procede muchas veces de la externalización de personal. 

"El tema de la subcontratación era un escollo importante antes de la pandemia, eso es así", reconocen en CEOE. Fuentes de la confederación patronal dicen no saber "si la propuesta se retomará donde se dejó o habrá cambios. Tenemos que ser prudentes: los cambios normativos con la situación actual, en plena segunda ola, pueden generar mucha incertidumbre". 

La intención de Yolanda Díaz es cuando menos elevar las condiciones de los subcontratados. Desde la reforma laboral de 2012, CCOO y UGT piden abordar este capítulo, y son recurrentes los informes sectoriales en los que se denuncia la precariedad de los trabajadores. En 2019 CCOO vinculó el "alarmante aumento" de la siniestralidad en la construcción, con un 15% más de casos que en el ejercicio anterior, a "la falta de actuaciones y control por parte de la administración para que las empresas cumplan con leyes como la de Subcontratación o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". Una de las demandas de las centrales es que no se cumple ni la propia ley porque no hay medios para obligar a las empresas a hacerlo. 

UGT igualmente ha denunciado esta práctica en otros sectores, como su informe de 2018 La precariedad laboral en los servicios externalizados de atención a la violencia de género. "La externalización precariza el empleo femenino, fragmenta las condiciones de trabajo en los servicios públicos, no es sinónimo de calidad y de eficiencia y limita el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género", denunciaba este sindicato. También UGT ha señalado que otro sector, las plataformas de reparto como Glovo o Deliveroo, ahorra 168 millones con los falsos autónomos. El Supremo falló el pasado 23 de septiembre que los riders –los trabajadores que reparten pedidos vía app- eran falsos autónomos, esto es, asalariados

Derogar la reforma totalmente

"Sobre las subcontrataciones, pedimos definir qué se entiende por subcontrata y qué no, y que todos los trabajadores, subcontratados o no, tuvieran como mínimo de referencia el convenio sectorial", dice Mari Cruz Vicente. 

El otro hueso reside en la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, es decir, que en caso de que caduque el antiguo convenio éste se mantenga vigente hasta la negociación de uno nuevo. Con la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, la vigencia dura un año y, cumplido este plazo y si sigue sin haber acuerdo entre representantes sindicales y empresa, se aplica el convenio de ámbito superior que sea de aplicación. 

"La salida de este crisis no puede ser como la de 2008, a costa de los trabajadores", advierte la responsable de Acción Sindical de CCOO. Los secretarios generales de CCOO Unai Sordo y de UGT Pepe Álvarez han pedido recientemente celeridad al ministerio para empezar el diálogo social.

UGT cree que la reforma laboral tiene que derogarse en su conjunto. "El Gobierno tiene que reanudar la mesa, no empezarla de cero", afirma Gonzalo Pino, responsable de Política Sindical de UGT. "No sería deseable para nadie abordar los asuntos más lesivos individualmente [como la subcontratación o la ultraactividad]. Hay que establecer un calendario para derogarla totalmente". 

Líneas rojas sindicales

Más puntos sobre la mesa: volver a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en caso de concurrencia (la reforma laboral dio prioridad al de empresa) o la capacidad de la empresa para eliminar unilateralmente condiciones de trabajo de sus asalariados en caso de no llegar a un acuerdo con ellos. Todas estas cuestiones, la ultraactividad, subcontratación o la concurrencia de convenios se enmarcan dentro de la negociación colectiva

Las partes negociadoras conceden que, cuando llegue el momento de sentarse sobre la mesa, entablarán la discusión más complicada desde que se declaró el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Las personas consultadas creen que con los ERTE la patronal no tuvo opción: en el sexto acuerdo firmado hace una semana, CEOE dio el sí cuando el Gobierno ya estaba reunido para comunicar que la prórroga solo había podido pactarse con los sindicatos; la jugada no fue mala, ya que la patronal CEOE (junto a Cepyme) consiguió que Trabajo aumentara las partidas de los expedientes de regulación temporales. 

Con todo, la ministra de Trabajo ya ha derogado puntos de la reforma laboral. En febrero Yolanda Díaz revirtió el apartado que permite despedir a trabajadores por acumulación de bajas médicas justificadas, una de las novedades de la reforma de 2012. 

Las consecuencias desde 2012

Derogar parcialmente la reforma laboral va a ser mucho más largo y difícil. En mayo, un acuerdo firmado entre PSOE y Bildu en una de las prórrogas del estado de alarma desató una tormenta política. Todo el arco parlamentario de la izquierda ha expresado públicamente sus intenciones de derogar la reforma laboral que promulgó la ex ministra de Empleo Fátima Báñez hace ocho años.

Aprobada a comienzos de 2012, en su primer año destruyó 800.000 empleos para luego ir recuperando puestos de trabajo a un ritmo por encima del 2% (la mitad que en la recuperación tras la crisis de los años noventa). Uno de los problemas que denuncian muchos expertos es que la recuperación laboral no se produjo con las mismas condiciones que los empleos perdidos: si en el primer trimestre de 2013 la tasa de temporalidad era del 21,9%, en el segundo trimestre de 2018 se disparó hasta el 27,4% según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

De la misma manera, la devaluación salarial (el salario por hacer el mismo trabajo) cayó un 10,8% entre 2008 y 2017, según afirmó el Banco de España en mayo pasado. La tasa de paro por su parte alcanzó su cénit en marzo de 2013 con el 26,3%. Antes de la pandemia, en febrero pasado, la EPA la situaba en el 13,6%. Después llegó la pandemia del covid-19.

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