Economía apura el plazo para decidir sobre la opa del BBVA: solo los reguladores la avalan y Sumar se opone
La Oferta Pública de Adquisición (opa) que el BBVA lazó sobre el Sabadell hace un año se ha convertido en la operación empresarial más mediática de los últimos tiempos. Este martes entra en una nueva fase, ya que el Ministerio de Economía deberá decidir si guarda silencio y permite su aprobación, si impone condiciones a la operación o si decide elevar la decisión al Consejo de Ministros para un examen más exhaustivo. A unas horas de que se conozca la decisión final del Gobierno, desde el Ministerio de Economía señalan que “por el momento” no van a dar detalles sobre la consulta pública que el Ejecutivo cerró el pasado 16 de mayo. Aunque más allá de esto, las posiciones de muchos grupos se han ido haciendo públicas estas semanas.
Desde Cataluña, sede actual del Sabadell, llegan las reticencias más fuertes, que alinean tanto a los consumidores con las opiniones de los foros económicos, como a la patronal de los empresarios o a Junts. A nivel nacional el PP tampoco se ha mostrado partidario —"a mí me gusta la competencia bancaria", señalaba Alberto Núñez Feijóo la pasada semana— y tampoco sindicatos o asociaciones de consumidores respaldan la fusión. Sí lo han hecho, en cambio, reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Banco Central Europeo. Ahora es el Gobierno quien debe decidir y, hasta el momento, ha estado más en el lado del 'no'. Desde Sumar, se oponen abiertamente y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha evitado pronunciarse. “Es un gravísimo error facilitar esta opa”, apuntó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en vísperas de que el Gobierno se pronuncie.
Este mes el Banco Central Europeo (BCE) lanzaba una recomendación al sector financiero, conminándoles a crear bancos más grandes y solventes, animando incluso a fusiones transfronterizas para crear grandes entidades europeas. Si bien la recomendación evitaba hacer alusión a entidades particulares, en España la referencia era inevitable. “Nosotros lo que buscamos es la estabilidad del sistema financiero en la zona euro y España es un país importante”, aseguraba hace dos semanas el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Por su parte, la CNMC dio el visto bueno a la opa a finales de abril, aunque puso condiciones y señaló algunos riesgos, como el posible empeoramiento de las condiciones para particulares, pymes y autónomos “derivados de la posición competitiva preponderante que obtendrá el banco” y recomendaba vigilar posibles efectos de exclusión financiera por del cierre de oficinas presenciales, por ejemplo en zonas rurales.
Pese a que el BBVA se ha comprometido a respetar algunas de estas demandas, desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), insisten en que los contras pesan más: “Al margen de las cuestiones que afectan a la competencia en un sector que sufre las consecuencias de la concentración, consideramos que existen aspectos relacionados con la operativa bancaria y la atención a los clientes en un ámbito que es crítico”, señalan a infoLibre. Este es uno de los puntos en los que la CNMC insistió para dar el visto bueno a la operación, pero el perfil digital del banco vasco no convence a Asufin: “En el de los mayores de 65 años el acceso se ve claramente perjudicado. BBVA no está emitiendo, por ejemplo, libretas de ahorro para nuevos clientes y solo mantienen las de sus antiguos clientes”, concluyen.
En el lado del Sabadell, que ha tratado de evitar la absorción desde el primer momento, también se sitúan actores tan dispares como UGT y Comisiones Obreras, Junts, Partido Popular, Foment del Treball o el Cercle d'Economía de Barcelona. El Cercle fue la última institución en pronunciarse después de que concluyese el plazo de la consulta pública que convocó el Gobierno y lo hizo en contra de la oferta de adquisición. Insistían en que se debía promover un desarrollo “armónico” en los territorios y privar a Cataluña del Sabadell —que tiene sede en Barcelona— redundaría en un “desequilibrio territorial”. También la patronal catalana, Foment del Treball está en esta posición, y recientemente reclamó al Gobierno que paralizase la operación “para defender el interés general”. No así CEOE, la patronal nacional, que ha preferido mantenerse en una posición neutral.
Del lado de los sindicatos, el principal punto para oponerse a la operación está en la pérdida de empleos que podría suponer una hipotética fusión. En un informe que UGT y Comisiones Obreras han remitido al Ejecutivo, señalan que la pérdida de empleos se podría mover en un rango entre 7.000 y 10.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Este mismo lunes, la vicesecretaria de UGT de Cataluña, Cati Llibre se dirigía al Ejecutivo para señalar que hay “evidencias sobradas para que se opongan a esta operación de concentración financiera”. Un argumento que ha reforzado Díaz, cuando en la misma jornada señaló que “España es un país que está en alerta sobre la concentración bancaria y esto va a encarecer el coste financiero de las pequeñas empresas catalanas y de las familias”, remarcó.
Un procedimiento poco usual
La concentración bancaria, un argumento que une a Sumar, PP y sindicatos contra la opa del BBVA
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De los grandes bancos españoles, el BBVA y Bankinter son los únicos que no habían realizado grandes movimientos de fusión. El último que realizó la entidad vasca fue en 2014 cuando se unió a Caixa Cataluña y la repercusión mediática de la operación comercial actual está siendo más marcada que en otras grandes uniones como la de CaixaBank con Bankia. De hecho, si la operación sale adelante, el banco resultante sería el segundo más grande de España, por detrás del Santander.
“Hay varios puntos que han hecho que la operación tenga más resonancia. Primero, la oposición del Sabadell y su arraigo social en Cataluña. Esto ha movilizado a muchos actores porque además de las consideraciones técnicas, existe el convencimiento de que parte de su valor fundamental está en el arraigo y el servicio que presta allí y que se podría ver comprometido”, explica Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de la consultora financiera Eurocofín. El segundo factor, detalla, es la posición no neutral del Gobierno, que siempre ha sido más próximo al 'no' y que, al convocar una consulta pública, introdujo un procedimiento “que no se había visto hasta ahora”.
“Hay un condicionante social, de sensación de que con la fusión se pierde algo apreciado y, por otro lado, hay un debate político que se da también dentro del propio Gobierno”, concluye Balado. A la espera de lo que vaya a anunciar el ministro Carlos Cuerpo, no parece que haya consenso en el seno del Gobierno. Entre las posibilidades que se abren ahora está que Economía avale la operación o lo haga imponiendo condiciones que el BBVA deberá aceptar. Si por el contrario decide llevar la opa al Consejo de Ministros, el proceso aún se alargará un mes más, el plazo oficial que tiene este órgano para emitir una decisión final.
