El escudo social prorrogado el pasado febrero tras intensas negociaciones del Gobierno de España con Junts per Catalunya, que junto a PP y Vox había provocado inicialmente su derogación, incluyó la conocida como moratoria de los desahucios. Esa medida permite que las personas inmersas en un proceso judicial de desahucio por impago del alquiler puedan acogerse a “un incidente de suspensión extraordinaria” del desalojo si acreditan, a través de los servicios sociales correspondientes, estar en una situación de vulnerabilidad económica —según los criterios legales— “que imposibilite encontrar alternativa habitacional”.
El propio Real Decreto-ley subrayaba que el carácter de la suspensión de estos desahucios era “extraordinario y temporal”. Y que se trataba de una medida concebida para “dejar de surtir efecto el 31 de diciembre de 2025”, esto es, en apenas semanas y media tras un año en el que Galicia ha registrado 800 desahucios. Una cifra que, advierten entidades sociales, puede ampliarse si el Gobierno de España no decide prorrogar la suspensión o si lo hace pero no halla apoyos parlamentarios suficientes para mantenerla en pie.
En los últimos días el Consejo General del Poder Judicial actualizó con las cifras del tercer trimestre del año su serie de estadísticas económicas inaugurada durante la gran recesión —de hecho, la sigue denominando Efecto de la crisis en los órganos judiciales—, que incluye los datos de lanzamientos, esto es, de desahucios que llegan a realizarse. Y el resultado es que, de enero a septiembre, nuestro país había registrado 812 desalojos, su gran mayoría (714, casi el 90%) en viviendas alquiladas.
Esta es la suma resultante de agregar los datos del tercer trimestre: 173 desahucios por impagos de arrendamiento y 34 derivados de ejecución hipotecaria. Son una veintena más que en el mismo trimestre del año previo, incremento que resulta significativo porque las cifras son, en este caso, una estimación provisional de los servicios estadísticos del Poder Judicial al estar, por el momento, incompletos los datos de 64 partidos judiciales de todo el Estado, entre ellos los de Arzúa, Cambados, Monforte, Negreira, Ordes, Ortigueira, Padrón y Xinzo.
Con la mencionada moratoria como telón de fondo, entre otras circunstancias, las cifras de desahucios acumulan un trienio de relativa estabilidad en Galicia, con unos 300 por trimestre. Es, a grandes rasgos, la mitad de los registros de los peores años de la gran recesión y también de los previos a la pandemia de la COVID, momento tras el cual el Gobierno de España comenzó a incorporar medidas paliativas.
En este sentido, las entidades sociales firmantes del manifiesto 'Ni un desahucio más', que reclaman la continuidad y estabilización de la moratoria, estiman en casi 60.000 los desalojos parados en cuatro años por una suspensión con la que son críticos por considerarla incompleta, pero cuya desaparición, advierten, sería mucho peor. Es preciso, consideran, convertir los mecanismos de suspensión en permanentes, una “solución estructural” acompañada “de un presupuesto ambicioso” para “garantizar y agilizar de manera efectiva alternativas de vivienda” a las personas afectadas. Así lo trasladaron en las últimas semanas a representantes en el Congreso de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Junts.
Ocupación residual, otra vez
La mencionada serie estadística del Poder Judicial incluye, como es habitual, información sobre los casos de ocupaciones ilegales de viviendas que ingresan en los juzgados. Y, como es habitual, las cifras son muy bajas. En este caso, incluso más aún de lo habitual —este indicador no está afectado por la transmisión incompleta de datos de algunos partidos judiciales—.
Entre julio y septiembre de este año Galicia registró 11 nuevas demandas por ocupación ilegal de viviendas “en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social”. Son catorce menos que en el mismo trimestre del año previo y cuatro menos que en los tres meses anteriores. La propia escasez del fenómeno da lugar a que las variaciones porcentuales sean especialmente pronunciadas, en este caso de un descenso interanual del 56%.
El propio Poder Judicial destaca la escasa incidencia de los nuevos casos de ocupación ilegal en Galicia, también en relación con el resto del Estado. Las cifras del tercer trimestre nos dejan en 0,4 casos por cada cien mil habitantes, tres décimas menos que la media estatal. Y su volumen total, 11 casos, hace que los desahucios sean casi veinte veces más en el mismo período.
El escudo social prorrogado el pasado febrero tras intensas negociaciones del Gobierno de España con Junts per Catalunya, que junto a PP y Vox había provocado inicialmente su derogación, incluyó la conocida como moratoria de los desahucios. Esa medida permite que las personas inmersas en un proceso judicial de desahucio por impago del alquiler puedan acogerse a “un incidente de suspensión extraordinaria” del desalojo si acreditan, a través de los servicios sociales correspondientes, estar en una situación de vulnerabilidad económica —según los criterios legales— “que imposibilite encontrar alternativa habitacional”.