El grupo público Tragsa reparte cuatro millones de euros en ‘bonus’ cuando prevé perder 40 este año

La empresa pública Tragsa ha repartido cuatro millones de euros en bonus entre su personal de mando pese a que este año prevé perder 40 millones de euros y presentó el pasado octubre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 1.336 trabajadores, el mayor de un grupo estatal. La denominada Dirección por Objetivos (DPO) se abona en dos pagas, en marzo y julio. La última, el pasado mes, se ha repartido cuando la empresa acababa de reincorporar a los 300 trabajadores que había despedido hasta abrilreincorporar , cuando la Audiencia Nacional declaró nulo el ERE. La primera se pagó mientras se ejecutaban los despidos.

La DPO tampoco dejó de abonarse en 2012, cuando a la plantilla de Tragsa se le suprimió la paga extraordinaria de Navidad, como al resto de los empleados públicos; ni en 2013, el primer año que el grupo terminó con pérdidas, 18,5 millones de euros. Al mismo tiempo, la empresa se niega a pagar al personal de su filial, Tragsatec, la subida salarial del 0,8% que establece para este año el convenio colectivo de ingenierías.

A 31 de diciembre de 2013, Tragsa contaba con una plantilla de 10.200 trabajadores, según consta en el informe anual de la empresa, de los que 688 son personal de mando. De estos últimos, el 72,5%, 499, cobran ese complemento variable, de acuerdo con las cifras que maneja CCOO.

Durante las negociaciones del ERE, los sindicatos señalaron el sobredimensionamiento de la cúpula directiva como la causa del crecimiento de los gastos de personal. Sin embargo, la empresa se negó a recortar el organigrama o reducir sus retribuciones variables. Según los sindicatos, unos 200 directivos del grupo público cobran sueldos por encima del asignado en los Presupuestos del Estado al presidente del Gobierno, 78.185,04 euros anuales. El argumento que entonces, y ahora, da la empresa a sus secciones sindicales para mantener la DPO, a pesar de los números rojos y el ERE, es que para determinados puestos son necesarios los incentivos al rendimiento.

Cúpula inflada y blindada

En una de sus últimas comparecencias en el Congreso antes de dejar el Ministerio de Agricultura –que tutela Tragsa y es su mayor cliente–, Miguel Arias Cañete acusó a los gobiernos del PSOE de haber inflado la plantilla de la empresa pública, de 1.122 trabajadores fijos a 4.279 en ocho años.

Las cuentas que hace CCOO son distintas. El sindicato asegura que desde 2004 se aprovecharon los años de bonanza económica para ampliar el organigrama de Tragsa. Por ejemplo, entre 2007 y 2009, la producción creció un 34,17% y el empleo medio un 32,15%, mientras que los gastos de personal aumentaron un 43,18%. Entre 2009 y 2012, con la crisis, la producción cayó un 33,91%, el empleo medio, un 34,73%, pero los gastos de personal sólo se redujeron un 29,03%. A juicio de CCOO, la causa de esta menor disminución no fue la destrucción de empleo temporal, con salarios más bajos, sino que sólo se encogiera la cúpula de mando en un 5%. En el mismo porcentaje se redujeron los puestos de estructura entre 2010 y 2013, cuando la producción se desplomó un 49,29% y el empleo medio un 40,70%.

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Después, con ocasión del ERE, la empresa blindó frente a los despidos al 100% de los expertos, el 96% de los jefes de departamento y el 93% de los mandos de actuaciones, asegura CCOO. Según el sindicato, el coste de ese personal directivo fue de 62,5 millones de euros en 2013. Ese año, el capítulo de gastos de personal ascendió a 391,4 millones de euros, de acuerdo con el informe anual de la propia empresa.

Otro ERE, flexibilidad o medidas voluntarias

Tras la anulación del ERE, que Tragsa ha recurrido ante el Tribunal Supremo, la dirección se ha reunido con los sindicatos para abordar el futuro de la empresa. Además de readmitir a los despedidos, el grupo debe hacer frente a los 40 millones de pérdidas previstas para este año. Así que ha propuesto a sus comités abrir otro despido colectivo subsanando las causas de nulidad reveladas por la Audiencia Nacional o bien negociar medidas de flexibilidad interna. Los sindicatos sólo admiten medidas voluntarias y exigen a la empresa –aunque no todos– que retire el recurso. Además, en septiembre debería abrirse otra mesa de negociación, para renovar el convenio colectivo.