Energías renovables

Industria acumula 23 demandas internacionales que reclaman miles de millones por el tajo a las renovables

José Manuel Soria

Los grandes inversores extranjeros pueden poner en un grave aprieto a España por el recorte a las renovables promovido por el Ministerio de Industria, que dirige José Manuel Soria. El Estado se enfrenta a nada menos que a 23 denuncias ante tribunales de resolución de conflictos interpuestas por empresas que invirtieron en este sector en España y que alegan que el tajo en las ayudas a las energías limpias provoca que vayan a dejar de ganar miles de millones de euros.

La última de las denuncias fue presentada por los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, el pasado 12 de agosto, ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo internacional de arbitraje y resolución de conflictos dependiente del Banco Mundial a cuya jurisdicción se someten 150 países. Pero a estas entidades se suman muchas otras, como las eléctricas alemanas E.On –que registró su denuncia el día 11 de agosto– y RWE o la empresa portuguesa Cavalum, especializada en renovables. Por su parte, los inversores nacionales también están reclamando indemnizaciones por los cauces judiciales internos.

La presentada el día 12 de agosto fue la decimonovena demanda interpuesta contra España en este mecanismo desde 2013 –es el tercer país con más procesos abiertos en el Ciadi, tras Venezuela y Argentina–, y a estas denuncias hay que sumarle otras tres presentadas ante la Cámara de Comercio de Estocolmo y una más en la Comisión de la ONU para el derecho mercantil internacional (Uncitral, en su acrónimo en inglés).

infoLibre intentó conocer la versión del Ministerio de Industria sobre este asunto, pero la respuesta obtenida fue que los responsables de este asunto se encontraban "de vacaciones" y nadie podría responder "hasta final de mes" (ver La caja negra, al final de este reportaje). Horas después de la publicación del reportaje, no obstante, un portavoz del departamento dirigido por José Manuel Soria se puso en contacto con este medio para indicar que el Ministerio "no se pronuncia ante el caso concreto de estas demandas, a la espera de que dichas instancias internacionales emitan los correspondientes laudos arbitrales".

El portavoz argumentó, sin embargo, que el Gobierno "ha tenido que atajar el problema estructural del déficit de tarifa, garantizar la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico en su conjunto", y sostuvo, en relación a las primas a las renovables, que el Ejecutivo "ha establecido un marco regulatorio homogéneo, transparente, estable y no discriminatorio". "Los criterios son objetivos e independientes del origen de los inversores", asegura Industria, que afirma que el nuevo sistema "permite a las instalaciones cubrir los costes necesarios para competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías".

La reforma de 2013 desencadena los pleitos

Las compañías se centran en denunciar los recortes a la energía solar iniciados a finales de 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció un tajo del 30% a las primas a la energía fotovoltaica para ahorrar 2.220 millones en en tres años. Al año siguiente, diversos fondos inversores en esta tecnología demandaron a España ante Uncitral. Pero la verdadera oleada de demandas comenzó en el año 2013, cuando se aprobó la reforma del sistema eléctrico por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha supuesto la aplicación de duros recortes en las subvenciones a las renovables.

En esa reforma (que se materializó en 2014 con la aprobación del Reglamento), el Gobierno estableció un nuevo sistema de cobro de las primas consistente no en ofrecer una cuantía por la cantidad de electricidad generada, sino en calcular una "rentabilidad razonable" ligada a la de la deuda pública española para toda la vida útil de cada instalación. En la práctica, esto significó que las subvenciones a las renovables descendiesen de golpe en 1.700 millones, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por ello, los inversores que han denunciado a España ante los organismos internacionales no critican una normativa concreta, sino los sucesivos cambios regulatorios que han provocado una fuerte reducción en su expectativa de beneficios. Tal y como explica Juan Castro-Gil, secretario de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), el arbitraje en este tipo de tribunales se apoya en la Carta de la Energía, un documento diseñado para "defender a los inversores extranjeros de cualquier modificación normativa que pueda perjudicar sus intereses en esta inversión".

De esta forma, aquellas empresas que hayan invertido en energías renovables en España y se hayan visto perjudicadas por los cambios regulatorios están legitimadas a denunciar al Estado ante estos mecanismos. ¿Por cuánto dinero? La cuantía exacta es, por ahora, una incógnita, afirma Jorge Morales de Labra, patrono de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que apunta que en este tipo de procesos "en primer lugar se pide a los árbitros que determinen si el país es culpable, y después se inicia un proceso de cuantificación del daño".

600 millones por una sola demanda

"Lo que se reclama en los arbitrajes es la diferencia del valor del activo un día antes del cambio normativo con respecto al valor que tiene un día después", resume Castro-Gil, que relata que "lo que ocurre es que con la nueva normativa las instalaciones, en su vida útil, pueden ganar menos dinero y por tanto valen menos". La cuantía que se pueda exigir, por tanto, dependerá de la capacidad generadora de la instalación y de su antigüedad. Según informó El País, tan sólo los 15 inversores que presentaron una demanda colectiva contra España en 2011 ante Uncitral –la primera denuncia por el tajo a las renovables– le exigen el pago de unos 600 millones de euros.

Además, De Labra alerta de que a los costes por posibles indemnizaciones –que se pagarían a través de los Presupuestos Generales del Estado, recuerda el experto– hay que añadirle el elevado precio que supone mantener litigios en los tribunales de arbitraje internacional. "Cada pleito cuesta millones solo en abogados, porque cuando estos plantean su minuta suele ser un porcentaje de la cantidad reclamada" y estas cuantías suelen ser grandes, explica el experto, que coincide con Castro-Gil en pronosticar que el primero de estos procesos (el de los inversores que recurrieron en 2011 a Uncitral) se resolverá "a finales de este año o principios del que viene".

La situación, no obstante, pinta bastante mal para España, según Castro-Gil y Morales de Labra. Los dos expertos aseguran que el Estado tiene las de perder en estos procesos, y añaden que las empresas demandantes también lo tienen muy claro. "Nadie se gasta dos millones de euros en abogados si no entiende que va a recibir una indemnización mayor", sostiene gráficamente el patrono de la Fundación Renovables, mientras que Castro-Gil afirma que "estadísticamente, es posible que alguno de los 23 se pierda, pero la mayoría de los operadores tienen claro que van a ganar".

Avalancha de recursos ante el Supremo

Mientras que los inversores extranjeros han encontrado un filón en los tribunales de arbitraje a través del cual reclamar los beneficios que dejarán de ganar con los cambios de normativa, los productores nacionales no pueden acudir a estos tribunales para hacer lo propio. Sus reclamaciones, explica Castro-Gil, tienen que plantearse mediante los cauces internos: en primer lugar con una reclamación ante el Consejo de Ministros y, si este la desestima, recurriendo al Tribunal Supremo.

En este sentido, el secretario de Anpier explica que su asociación –que agrupa a más de 5.000 pequeños productores e inversores del sector– ha recurrido en varias ocasiones los recortes a las renovables. En una primera tanda, remitió al Consejo de Ministros 1.200 reclamaciones por daño patrimonial por otras tantas instalaciones, unos expedientes que el Gobierno rechazó y que ahora mismo se encuentran recurridos ante el Supremo. Posteriormente, Anpier pidió indemnizaciones por otras 1.816 plantas.

Además, Castro-Gil cifra en unos 450 los recursos que acumula el Tribunal Supremo contra la normativa que, en 2014, cambió el modelo de cálculo de las primas a las renovables. Gigantes como Gas Natural Fenosa o Enel se encuentran entre las compañías que han recurrido ante el Alto Tribunal, que sin embargo rechazó suspender cautelarmente este nuevo sistema en octubre de 2014.

EL MINISTERIO DE SORIA CALLA

infoLibre trató de recabar la versión del Ministerio de Industria sobre las 23 demandas presentadas ante instancias internacionales por varias empresas. El departamento dirigido por José Manuel Soria facilitó una dirección de correo electrónico para enviar las preguntas por escrito, pero aseguró que hasta finales de agosto los responsables de la Secretaría de Estado de Energía se encuentran "de vacaciones" y no hay ninguna persona que pueda contestarlas.

Estas son las cinco cuestiones que este periódico remitió a Industria:

1. ¿Qué alegará el Ministerio de Industria ante las 23 denuncias internacionales presentadas contra España (19 en el Ciadi, 3 en el SCC Institute y una más en Uncitral)?

2. ¿Cuál es la cantidad que las empresas demandantes reclaman a España por estas denuncias? 

3. ¿A qué cuantía calcula el Ministerio de Industria que pueden ascender las indemnizaciones a las que tendría que enfrentarse si los tribunales de arbitraje dieran la razón a las empresas?

4. ¿Cuánto lleva España gastado en los procesos de arbitraje?

5. ¿Cuándo estima el Ministerio que se conocerán las primeras sentencias?

Horas después de la publicación del reportaje, un portavoz del departamento dirigido por José Manuel Soria se puso en contacto con este medio para indicar que el Ministerio "no se pronuncia ante el caso concreto de estas demandas, a la espera de que dichas instancias internacionales emitan los correspondientes laudos arbitrales". El portavoz argumentó, sin embargo, que el Gobierno "ha tenido que atajar el problema estructural del déficit de tarifa, garantizar la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico en su conjunto", y defendió el nuevo sistema de concesión de las primas a las renovables. "Los criterios son objetivos e independientes del origen de los inversores", aseguró.

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