Leire Iglesias (Hondarribia, 1978), es la directora general de Sepes, la entidad pública empresarial de suelo, que va camino de transformarse en la empresa pública de vivienda que el Gobierno prometió a finales del año pasado. Este organismo, que antes únicamente gestionaba suelo, tiene ahora el mandato de impulsar la vivienda pública asequible, ya que España se encuentra a la cola de Europa en esta materia, con tan solo un 3,4% del parque con estas características.
“Las primeras viviendas procedentes de la Sareb entrarán a Sepes este año y seguramente a principios del año que viene podamos empezar a ofertarlas directamente a la ciudadanía”, explica Iglesias en su despacho de Madrid. “Hemos añadido dos patas a Sepes. La primera es que vamos a edificar vivienda, tanto directamente como con colaboración público-privada; la segunda es que también vamos a ser caseros”, resume.
No vamos a repetir el modelo de descalificar y liberalizar vivienda
Esta misma semana se ha confirmado que la empresa estatal recibirá 40.000 casas y 2.400 suelos para construir otras 55.000 viviendas procedentes de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como el banco malo). “La transferencia de activos no se hará de golpe, pero las primeras viviendas entrarán este año a formar parte de Sepes”, señala Iglesias, quien insiste en que estas llevarán aparejada la protección de su carácter público a perpetuidad. “No vamos a ceder ninguna parcela propiedad de Sepes, o en la que hayamos invertido para su desarrollo, que no podamos proteger permanentemente”, concluye.
La puesta en marcha del proyecto comenzará por colocar vivienda en las zonas con mayores problemas de precios: “Alrededor de 13.000 de estas casas están en zonas tensionadas y será prioritario incorporarlas al mercado. Además, priorizaremos las zonas afectadas por la dana en Valencia”.
La protección de la vivienda, “una condición sine qua non”
Las competencias de vivienda en España son de las comunidades autónomas y eso ha generado fricciones entre el Ministerio de Vivienda (del que depende Sepes) y algunas regiones, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular. “Para las que quieran llegar a acuerdos sobre la gestión, hemos establecido un modelo y priorizaremos la cooperación con empresas públicas de vivienda, ya sean autonómicas o municipales. En el caso de que no haya esa estructura o no exista esa voluntad, buscaremos la colaboración del tercer sector [por ejemplo, asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro]”, señala la directiva.
En el caso de la vivienda que no sea para alquiler, sino para venta, el blindaje de su estatus público será una línea roja. “Esto es una condición sine qua non para nosotros, lo tenemos clarísimo”, enfatiza. “Si los 2,7 millones de viviendas que se han financiado con dinero público desde la democracia siguieran teniendo un precio limitado, se habrían evitado dinámicas alcistas en los precios” y por eso, explica, “no vamos a repetir el modelo de descalificar y liberalizar vivienda”.
Iglesias señala que hay maneras de desarrollar este modelo, aun cuando las comunidades no lo suscriban. “Hay dos formas de hacerlo: vender solo en los sitios que acepten que la vivienda hay que protegerla permanentemente […] o imponiendo cláusulas a las operaciones de venta. Es decir, no venderemos suelo sobre el que no podamos garantizar su protección permanente”.
Sorteo entre quienes cumplan los requisitos
“Según vayan estando habitables —porque no todas las casas de la Sareb están para entrar a vivir— iremos colocando vivienda. Seguramente será a partir de 2026 cuando empiecen a entregarse”. El proceso de selección tendrá una primera fase en la que se publicará la oferta con las características de cada inmueble y un precio establecido según la renta de cada zona, de manera que el alquiler no supere el 30% de los ingresos del futuro inquilino. A continuación, se llevará a cabo la presentación de documentos y se realizará un sorteo entre quienes cumplan con los requisitos exigidos. “Habrá un máximo y un mínimo de renta para optar a ellas, porque estamos hablando de viviendas en alquiler asequible y no de viviendas sociales. No a haber una concurrencia competitiva en función de las circunstancias sociales de las familias, porque para eso hay otros recursos específicos”, concluye.
No vamos a abrir distintas sucursales porque no se trata de hacer un despliegue administrativo, sino de aprovechar estructuras que ya existen
Sobre la gestión del alquiler, Iglesias apunta que, en general, se hará con la mediación de asociaciones de vivienda y organismos regionales y autonómicos. “No vamos a abrir distintas sucursales porque no se trata de hacer un despliegue administrativo, sino de aprovechar estructuras que ya existen”, apunta. “Los ciudadanos no van a venir aquí a por la llave de la vivienda, sino que va a haber siempre un mediador. Entre otras cosas, porque multiplicar nuestra presencia en el territorio tendría un coste que después repercute también en el precio de los alquileres”.
Sepes aún no ha culminado su reconversión. “Estamos transformándonos y andando la vez. Esto es tan urgente que mientras que estamos haciendo los planes estratégicos de transformación de la empresa, las ofertas públicas de empleo, la incorporación de créditos y todo lo demás, estamos ya asumiendo esa función de gestionar viviendas y haciendo reservas de suelo”.
El impacto del precio de la vivienda más allá de no llegar a fin de mes: empleo y consumo, también en riesgo
Para construir, Iglesias insiste en que el modelo se basará en la colaboración público-privada. “Las licitaciones que hagamos para colaboración público-privada establecerán unos precios máximos de arrendamiento y lo que haremos para que al promotor privado le sea rentable la operación y pueda invertir —porque no nos va a regalar su dinero—, será incorporar financiación además del suelo para que los precios puedan ser asequibles”, explica. Aunque matiza que los márgenes de rentabilidad deben estar controlados.
Lo que queda de la Sareb
“Sareb fundamentalmente lo que gestiona es deuda y en ese sentido todavía tiene que completar su actividad. Tal y como estaba previsto entiendo que en 2027 se procederá a la liquidación”, explica la directora general. Esta entidad es conocida como el "banco malo" porque absorbió los activos inmobiliarios tóxicos de la crisis de vivienda. Entre estos había miles de casas y suelos, de los cuales una parte significativa (valorada en 5.900 millones) irá pasando a formar parte de Sepes a través de una donación. Sin embargo, de momento, esta entidad bancaria no desaparecerá.
“Hemos acordado que, por ejemplo, las estructuras de edificios sin terminar que no están en condiciones de habitabilidad, sería bueno que Sareb todavía los pudiera ir transformando en viviendas”, concluye.
Leire Iglesias (Hondarribia, 1978), es la directora general de Sepes, la entidad pública empresarial de suelo, que va camino de transformarse en la empresa pública de vivienda que el Gobierno prometió a finales del año pasado. Este organismo, que antes únicamente gestionaba suelo, tiene ahora el mandato de impulsar la vivienda pública asequible, ya que España se encuentra a la cola de Europa en esta materia, con tan solo un 3,4% del parque con estas características.
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