LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La salida de los ERTE aumenta las horas trabajadas a la espera del acuerdo de salarios entre patronal y sindicatos

La hostelería es el sector donde más han subido los costes laborales por la reactivación de los trabajadores en ERTE.

Los salarios crecieron un 5% en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2020, hasta alcanzar una media de 1.952,37 euros mensuales. Ésa es al menos la cuantía de los costes salariales soportados por las empresas según los mide la Encuesta Trimestral de Coste Laboral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). También han aumentado en una proporción similar, un 5,2%, las cotizaciones a la Seguridad Social, que ascienden a 644,23 euros al mes. Ese ascenso tan espectacular se debe sobre todo a la salida continuada de trabajadores de los ERTE según va recuperándose la actividad económica tras la pandemia. Aunque no alcanza los niveles del segundo trimestre, cuando los costes salariales se dispararon un 14,4% y las cotizaciones sociales un 11,2%. Hay que tener en cuenta que la comparación se realiza con 2020, cuando las restricciones impuestas por el coronavirus hundieron un 8,3% los costes laborales totales.

En efecto, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Seguridad Social, a fecha del pasado día 15 sólo quedan en ERTE un total de 110.110 trabajadores, de los cuales 84.126 corresponden a ERTE Covid; el resto responden a causas económicas, productivas u organizativas. Son, por ejemplo, los que se están ejecutando en el sector del automóvil por culpa de los cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales. Es decir, desde el 31 de octubre, han salido de estos esquemas públicos de protección 56.755 asalariados, lo que equivale a un ritmo del 34,2% en mes y medio. En lo peor del confinamiento, abril de 2020, su número ascendía a 3,6 millones.

La consecuencia es que, con la vuelta a la actividad de estos trabajadores, si tenían el contrato suspendido –40.556– o con la recuperación de su jornada completa –si se les había reducido–, crece el número de horas efectivamente trabajadas –un 5,2%–, quienes percibían prestaciones por desempleo vuelven a cobrar su sueldo y las empresas deben pagar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social sin las exoneraciones de que disfrutaban antes.

También se produce un segundo efecto: al aumentar el tiempo efectivo de trabajo, lo que disminuye es el coste laboral por hora, un 0,3%, que se queda en 21,89 euros. El coste salarial por hora, descontadas las cotizaciones sociales, es de 16,13 euros, y también cae, un 0,2%. Más si se trata de la hora de un trabajador a tiempo parcial, un 0,7%.

Hostelería, a la cabeza

Gracias a la recuperación de las horas de trabajo por la progresiva retirada de los ERTE, es el sector servicios y, dentro de él, la hostelería, la actividad donde más han crecido los costes laborales y salariales en el tercer trimestre. Nada menos que un 23,9% y un 27,7%, respectivamente, seguida del comercio, con un 7,2% y un 6,9%, y de las actividades administrativas, con un 6% y un 5,5%. Por el contrario, los salarios se reducen en el sector inmobiliario –un 1,6%– y en el eléctrico y energético –un 2,4%–. La hostelería es la rama de actividad con menores sueldos, una media de 1.139 euros que se traduce en sólo 9,92 euros la hora. Los más elevados se pagan en las empresas energéticas, 4.102 euros al mes, 32,31 euros la hora.

Finalmente, el mismo impacto de los ERTE se dibuja también en la distribución territorial de los salarios. Los costes laborales, tanto por trabajador como por hora, han aumentado en todas las comunidades autónomas, pero las mayores alzas benefician a aquellas donde el turismo tiene más peso económico y los ERTE más relevancia. En Baleares han crecido un 10,7%, en Canarias un 9,8% y en la Comunidad Valenciana un 6,9%.

Cuestión distinta es la brecha autonómica. Las dos comunidades con mejores sueldos son el País Vasco y Madrid. Lo que se traduce también en mayores costes laborales: 3.219,1 euros mensuales en la primera y 3.113 euros en la segunda. Es decir, como destaca el propio INE, ambas superan en 400 euros la media nacional –2.648,87 euros–. Por el contrario, las dos comunidades más pobres, Canarias y Extremadura, pagan costes laborales 400 euros por debajo de la media: 2.140,87 y 2.098,95 euros, respectivamente.

Inflación, SMI y devaluación salarial

Hasta aquí las buenas noticias. Porque esa recuperación salarial se quedará corta con una inflación que en noviembre escaló hasta el 5,5% en tasa interanual, su nivel más alto en 29 años. De momento, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos se mantiene en el 1,49% y el Gobierno acaba de aprobar la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) en 965 euros mensuales –con 14 pagas–. Ésa es su cuantía desde el pasado 1 de septiembre, cuando se subió 15 euros.

Y así seguirá mientras el Gobierno consulta con la patronal y los sindicatos a partir de enero un nuevo aumento. Su compromiso es que alcance el 60% del salario medio a finales de 2023. CCOO y UGT reclaman que en 2022 alcance ya los 1.000 euros mensuales, la misma cantidad que está pactada con la CEOE como salario mínimo de los convenios colectivos.

No sería una medida menor teniendo en cuenta que el 42,7% de los contribuyentes que declararon sus ingresos a Hacienda en 2020 percibieron una cantidad inferior al salario mínimo anual, según los datos de la Agencia Tributaria, que no incluyen información sobre País Vasco y Navarra –tienen sus propias haciendas forales–. Suman 7,89 millones de personas. De ellas, la mayoría son mujeres: el 53,7% de quienes ingresan al año una cantidad equivalente a la mitad del SMI –situado en 13.510 euros– y el 52,9% de quienes ingresan de medio a un SMI. En Baleares y Canarias, así como en Extremadura y Andalucía, es donde hay más declarantes del IRPF por debajo del salario mínimo anual.

Aunque la precariedad salarial va mucho más allá. Un informe de CCOO cifra en el 6,2% el recorte que ha sufrido el salario medio real por hora en España desde 2008. El sindicato culpa de esa devaluación tanto a la crisis económica de hace una década como al efecto de la reforma laboral de 2012. Pese a la recuperación iniciada a partir de 2014, los sueldos apenas mejoraron y el poder adquisitivo volvió a resentirse en 2017, cuando el salario real por hora se hundió un 9,5%, el mismo nivel que tenía en 2013. Ni siquiera la subida del SMI en 2019, nada menos que un 22,3%, ni los sucesivos acuerdos de salarios firmados por los sindicatos con la patronal han conseguido revivir las retribuciones, asegura el estudio. A juicio de CCOO, la causa estriba en el abuso del empleo temporal, así como en los mecanismos establecidos en la reforma laboral de 2012, que permiten rebajar los sueldos del convenio sectorial en el convenio de empresa, o no aplicar las alzas salariales de cualquiera de éstos, además de modificar las condiciones de trabajo sin negociar con los representantes sindicales.

El Acuerdo de Negociación Colectiva, a las puertas

Otra de las mesas de diálogo que deberán impulsar el próximo año patronal y sindicatos es precisamente el acuerdo de negociación colectiva (ANC). En él se establece el marco general de las subidas salariales en los convenios. Ya se han firmado cuatro ANC desde 2007. La negociación del próximo se pospuso mientras se discutía la reforma laboral, pero los sindicatos reclaman que se abra ya la que debería culminar en un acuerdo para los dos o tres próximos años. Y que éste incluya subidas lo bastante elevadas como para garantizar el poder adquisitivo. La pensión media de jubilación ha subido este año un 2,21% –hasta los 1.196,17 euros–, por encima del alza pactada en convenio para los salarios. El aumento aprobado para 2022 será del 2,5%. Los salarios de los empleados públicos crecerán otro 2%.

Enfrente los sindicatos tendrán a la CEOE, que ya rechazó el alza del salario mínimo y cifra en un 10% la caída de los márgenes empresariales por efecto de la pandemia. La patronal argumenta que el motivo de ese recorte es que las empresas no han trasladado aún a los precios la subida de costes de producción ocasionada a su vez por el encarecimiento de las materias primas. Tanto los empresarios como la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, quieren evitar subidas salariales que afecten “de forma estructural” a la inflación. “La evolución de los salarios tiene que adecuarse a las características de cada empresa y de cada sector”, explicó en una entrevista publicada en La Vanguardia. A su juicio, las mejoras retributivas no deben tener “un impacto negativo sobre el crecimiento y la creación de empleo”. Es lo que los economistas denominan “efectos de segunda ronda”: que el aumento de los precios produzca una subida de los salarios que a su vez dispare de nuevo los precios por el aumento del consumo.

De momento, eso no está ocurriendo. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió ya en noviembre un pacto de rentas para enfrentarse a los riesgos de la inflación, de forma que su coste se reparta entre los empresarios, reduciendo sus márgenes, y los trabajadores, frenando salarios. Según las previsiones del órgano supervisor, la presión inflacionista se mantendrá hasta la próxima primavera. El Banco de España coincide con el BCE y los organismos internacionales en que se trata de un fenómeno transitorio. Pero, advierte también, “cuanto mayor sea la duración de ese episodio de aumento de algunos precios y costes, más elevada será la probabilidad de que se filtre, de modo más generalizado, al conjunto de precios finales de la economía, así como a las demandas salariales”. Funcas, el instituto de estudios de las cajas de ahorro, prevé que la inflación termine el año en España aún más arriba de donde está ahora, en el 5,8%.

Pese a las incertidumbres de la pandemia, las empresas parecen optimistas. El 88,37% prevé subir los sueldos de sus empleados en 2022, si hay que hacer caso a una encuesta que la consultora KPMG ha hecho a 44 empresas españolas de diferentes sectores.

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