Los perjuicios de la salida a bolsa de Bankia vuelven a caer en el bolsillo del contribuyente

Entre julio de 2011, cuando Bankia vendió en bolsa el 55% de su capital a 3,75 euros la acción para captar 3.092 millones de euros, y mayo de 2012, cuando la entidad declaró su quiebra técnica, hay un inmenso agujero de 23.465 millones de euros, el 2,4% del PIB. El agujero lo cubrió el Estado, que es dueño desde entonces del 60% de Bankia a través del FROB-BFA. Pero el agujero no deja de crecer.

El falseamiento de las cuentas en la salida a bolsa de la antigua Caja Madrid va a suponer un coste añadido de en torno a 1.000 millones por reclamaciones civiles de los pequeños inversores estafados. La cuenta va a recaer, una vez más, sobre los bolsillos de los contribuyentes, lo que ha desatado las críticas de organizaciones de consumidores como la OCU o de Economistas Frente a la Crisis.

Los ministerios de Economía y de Hacienda, la CNMV y el FROB tienen que resolver el problema antes de que expire el plazo para que Bankia presente cuentas, el próximo 28 de febreropróximo 28 de febrero. La solución "será razonablemente rápida" aseguran fuentes del Banco de España. "Lo antes posible", señalan en el FROB.

Pequeños inversores

Pero el debate es intenso. Bankia quiere que los 1.000 millones en juego -1.400 millones en el caso de que reclamen todos los pequeños inversores- los ponga íntegros la entidad matriz de Bankia, BFA (100% del Estado). Su argumento es simple: si la entidad tuviera que asumir la carga de la fraudulenta salida a bolsa, la cotización de la acción se vendría abajo, se evaporarían los 1.000 millones de beneficios obtenidos en 2014 y estaría más lejos el horizonte de la devolución de las ayudas recibidas.

El argumento se basa en la seguridad de que Bankia, controlada ahora por el Estado, será privatizada cuanto antes, por lo que cualquier circunstancia que afecte al valor de la acción en el mercado será malo para el contribuyente.

Pero el debate entre los actores implicados en el caso va más allá. Pilar Valdecabres (UGT-Bankia) apunta a una razón de peso para que la discusión esté siendo intensa: la proximidad de las elecciones. Descargar sobre el FROB-BFA todo el desembolso de las reclamaciones tiene mala venta. De ahí que se baraje como posibilidad que el FROB-BFA asuma la parte proporcional de los 1.000 millones que corresponde a su participación en Bankia (62%) y el resto lo asuma la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.

Perjuicio en bolsa

"Con que Bankia caiga en bolsa un 5%", señalan fuentes de la antigua caja, "la cuenta ya sale peor que si el coste de las demandas lo asume BFA". "En términos de lógica económica, tiene más sentido que lo pague la matriz".

Economistas Frente a la Crisis (EFC) no comparte esa lógica. En opinión de la organización que preside Jorge Fabra, la aportación de nuevos fondos públicos a Bankia para cubrir el fraude de la salida a bolsa "supone un nuevo abuso y una arbitrariedad". Desde su punto de vista, el nuevo esfuerzo que recae en los contribuyentes sólo tendría sentido si Bankia se mantuviera en el sector público.

EFC defiende la recuperación de la banca pública con el redimensionamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el aprovechamiento de las posiciones del Estado en Bankia (62%) y Banco Mare Nostrum (75%).

Las consecuencias de lo que EFC califica como "manejos fraudulentos" que han durado años en Bankia podrían haber sido incluso más graves si los inversiones institucionales, que compraron 1.400 millones de las acciones vendidas en 2011, se  hubieran unido a los pequeños accionistas. El Banco Sabadell, que invirtió 50 millones en la salida a bolsa, ha anunciado que no piensa reclamar.

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Según el Banco de España, además del Sabadell, compraron acciones el Santander (156,7 millones); Caixabank -junto a Barclays- hoy propiedad de la entidad catalana (185,2 millones); Banco Popular (55,9 millones); Ibercaja (11 millones); Bankinter (6,95 millones) y Banca Cívica (5 millones). BBVA fue el único gran banco que no compró en la salida a bolsa. BFA/Bankia dedicó, por su parte, 76,6 millones.

Quien sí ha anunciado acciones judiciales inmediatas es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La OCU explica en un comunicado que la acción está dirigida a aquellas personas que acudieron a la OPV de verano de 2011 ó compraron acciones hasta la nacionalización de la entidad.  La organización calcula que los afectados podrían llegar a 360.000.

Por su parte, la actual presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, ha defendido la actuación del supervisor en la salida a bolsa de Bankia. En su opinión, el supervisor, dirigido entonces por Julio Segura, «hizo lo que tenía que hacer y lo que podía hacer» en el proceso del debut bursátil del banco.