SEGURIDAD SOCIAL

La presión sindical frustró el primer intento del PP de privatizar la gestión de las altas médicas laborales

La presión sindical frustró hace 13 años el primer intento del PP de permitir a las mutuas dar altas médicas

El Ministerio de Empleo incluyó la reforma de la Ley de Mutuas en el informe sobre los logros de la reforma laboral que presentó en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, pese a que su aprobación no está prevista hasta finales del año. Hasta el momento el departamento que dirige Fátima Báñez ha elaborado un par de borradores del proyecto de ley, que planea autorizar a las mutuas a dar las altas médicas en las llamadas contingencias comunes. Desde 1994 estas entidades privadas, sin ánimo de lucro, creadas por empresarios y tuteladas por el propio ministerio, emiten altas sólo en caso de enfermedad profesional o accidente de trabajo. Pero no es ésta la primera vez que el PP intenta ampliar las competencias de las mutuas, un cambio al que se oponen frontalmente los sindicatos y las asociaciones médicas.

En el último artículo de un real decreto ley de junio de 2000 sobre “medidas urgentes para intensificar la competencia en mercados de bienes y servicios”, el Gobierno de José María Aznar coló la autorización a los médicos de las mutuas para emitir altas médicas. El rechaxo de CCOO y UGT fue inmediato. Sus secretarios generales, José María Fidalgo y Cándido Méndez, escribieron una carta al presidente del Ejecutivo donde le acusaban de atacar el Diálogo Social modificando de forma “unilateral y sin la preceptiva consulta” la Ley General de la Seguridad Social, que “claramente atribuye a los médicos del sistema sanitario público la capacidad para dar altas y bajas laborales”.

El decreto se publicaba apenas unos días antes de que sindicatos, patronal y Gobierno comenzaran a reunirse para negociar los asuntos entonces candentes del mercado laboral: la jornada de 35 horas, el coste del despido, el abuso de los contratos temporale. En su carta, Fidalgo y Méndez reprochaban a Aznar que quisiera quebrar “la coherencia y confianza en el Sistema Nacional de Salud” reconociendo a unos “profesionales ajenos” a él “una facultad tan importante” como la concesión de las altas por incapacidad temporal, “introduciendo factores de fuerte discrecionalidad, de inseguridad e incluso de trato desigual de unos asegurados en relación a otros, en función de la mutua en que estén, y de los criterios e indicadores que cada una imparta a los médicos de su plantilla”.

Mejores tiempos para el Diálogo Social

El escenario político y la actitud del Gobierno respecto a los sindicatos eran entonces muy distintos a los actuales: ante la amenaza de los sindicatos de romper el Diálogo Social, el Ejecutivo rectificó enseguida y garantizó a CCOO y UGT que “la última palabra” la seguirían teniendo los médicos del sistema público. Además, el reglamento que debía desarrollar el sucinto artículo en cuestión no se elaboraría “sin el consenso” de los agentes sociales. En realidad, la medida había sido una iniciativa del Ministerio de Economía, entonces en manos de Rodrigo Rato, tomada a espaldas de Trabajo, llegó a decir Cándido Méndez.

Las negociaciones continuaron, pero el reglamento no llegó a ver la luz y la nueva potestad para los médicos de las mutuas nunca se puso en marcha. Aunque sí ha sido continua la ampliación de las parcelas de gestión sanitaria encomendadas a estas entidades, así como el aumento del control y la política de ahorro en las prestaciones que acompañan a la incapacidad temporal. Desde el recorte de la prestación –dos veces y media el Salario Mínimo Interprofesional– y de su duración, hasta la obligación de los autónomos a afiliarse a las mutuas.

Salto cualitativo

Según destacan los expertos consultados, el salto que quiere darse ahora irá mucho más lejos, será “cualitativo”. Y, a diferencia de lo ocurrido en 2000, las posibilidades de consensuar el texto con sindicatos y patronal no parecen realistas. La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, asegura que está prevista una reunión con el Gobierno en la primera quincena de septiembre para hablar del proyecto de ley, pero los precedentes de lo ocurrido con otros cambios legislativos no invitan a los sindicatos al optimismo. El Diálogo Social lleva en coma desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, y CCOO y UGT no se cansan de denunciar que el Ejecutivo incumple sistemáticamente su deber de consultarles. La última vez, las modificaciones de la reforma laboral que, en los despidos colectivos, eximen a las multinacionales extranjeras de presentar sus cuentas y limitan las demandas individuales de los trabajadores.

De acuerdo con el borrador, las mutuas podrán dar el “alta médica presunta” al trabajador si en seis días su propuesta a los inspectores médicos de la sanidad pública no ha sido respondida. Y es en el silencio administrativo donde los sindicatos advierten el mayor peligro. “Un alta no puede emitirse sin un acto médico previo, y en seis días no se puede hacer un informe ni las pruebas necesarias”, protesta Carmen López. “Es ilógico e inviable”.

Además, explican los expertos consultados, existe una incompatibilidad manifiesta al convertir a las mutuas en “juez y parte” del proceso. Los empresarios pagan los primeros 15 días de incapacidad temporal. Después la Seguridad Social se hace cargo de la prestación. Por tanto, el empresario es el primer interesado en acortar al máximo el periodo de baja. Y el trabajador puede ver conculcado entonces su derecho a la salud y su nivel de protección.

Gasto menguante, ahorro dudoso

“Detrás de la medida se vislumbra la idea de que el fraude es muy abundante y de que el sistema público es incapaz de atajarlo”, explican los expertos consultados. También se percibe el eco, añaden, de que la gestión privada de las mutuas es más eficaz. De hecho, su patronal (AMAT) cifra en 7.600 millones de euros el ahorro que se conseguiría si se les encomendara la gestión total de las bajas laborales. Incluso promete recortar entre un 30% y un 40% su duración.

Carmen López, por el contrario, cree que el ahorro no sería muy grande. El gasto en incapacidad temporal no ha hecho más que bajar desde 2004. En 2012 el desembolso fue de 5.450 millones de euros, un 12,66% menos que en 2011. En 2010 cayó otro 10%. Si en 2007 tanto la Seguridad Social como las mutuas abrían una media de procesos por contingencias comunes de 483.011, en 2012 fueron 283.923, un 41% menos, según las estadísticas del Ministerio de Empleo.

Además, el 70% de las bajas se prolongan menos de 15 días. Mientras la mayoría de las contingencias profesionales no dura más de una semana, las contingencias comunes acaban en tres o cuatro días. Y se trata de patologías menores, del aparato respiratorio o problemas osteomusculares. Por el contrario, el 70% del gasto en incapacidad temporal se debe al 15% de las bajas, las de más de más duración y gravedad.

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Médicos, inspectores, trabajadores

Miguel Ángel Díaz Peña, que fue director de Ordenación de la Seguridad Social con el anterior Gobierno socialista, cree que la ampliación de competencias de las mutuas va a ser una medida “conflictiva” y difícil de aplicar. Conflictiva, porque tiene en contra a los médicos, enfrentará a la Inspección médica de los servicios públicos de salud y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, también aumentará las impugnaciones por parte de los trabajadores. Difícil de aplicar, porque implicará un aumento de la burocracia y pone en peligro la confidencialidad de las historias clínicas, que ahora podrían caer en manos del empresario. Otros expertos apuntan que las mutuas deberán “quintuplicar” plantillas para atender a sus nuevas facultades, algo que reconoce la propia patronal del sector.

Los sindicatos, por su parte, ven el proyecto de ley como un intento más de abrir nuevas parcelas sanitarias a la gestión privada. Pero también como un factor adicional de presión sobre el trabajador. El número de bajas médicas no ha dejado de caer por efecto de la crisis –el temor a perder el trabajo– y por culpa de la reforma laboral. Desde su aprobación, el empresario puede despedir a un empleado –a cambio de 20 días por año de indemnización– por “faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes” que equivalgan al 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos. Es decir, por estar de baja médica durante 10 días. Un tipo de despido en auge, denuncian los sindicatos.

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