Shakira tiene razón: hay que "revisar" cómo afrontan los ricos los delitos fiscales, pero no como ella quiere

“Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal”. Es un párrafo del comunicado de prosa afilada que el entorno de Shakira hizo público tras conocerse que había esquivado el fantasma de la cárcel al llegar a un acuerdo con la Fiscalía y las abogacías del Estado y la Generalitat y admitir que ha defraudado a Hacienda.

Los técnicos de la Agencia Tributaria (AEAT) comparten con ella que “debería revisarse el sistema”, pero para “no permitir” casos como el suyo. “No queremos que un artista, deportista o cualquier otra persona entre en prisión, pero sí que paguen las consecuencias de lo que han hecho. Si el Código Penal permite que se redima la pena con el pago, nos parece bien que a alguien con rentas medias se le pongan 40 euros por día de prisión para que pueda solventar la situación, pero a quien ingresa como Shakira, debería asignársele una cuantía más acomodada a su capacidad económica”, defiende José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Apela a “la conciencia fiscal” de todos.

Desde el colectivo de técnicos no critican que se intenten ahorrar pleitos con legiones de asesores enfrente. “Así ganamos todos”, deslizan, pero plantean que, tal vez, lo que haya que hacer es “bajar directamente las penas máximas" asociadas a este tipo de procesos con defraudadores multimillonarios de por medio, "que llegan a los cinco años de prisión, seis en los delitos agravados, y multas de hasta seis veces los defraudado"; para no transmitir a la sociedad que "los muy ricos nunca van a la cárcel". Si bien, el abogado Juan Carlos Alférez, del despacho Constitución 23, Estudio de Litigación, entiende que "el equilibrio entre pena y beneficio penológico por la devolución del dinero favorece la recuperación de ese dinero público, que debe ser el fin que ha de tener la pena en este bien jurídico concreto que es un delito contra la Hacienda Pública". "Si la norma favorece mediante un sistema de penas que quienes más deben, devuelvan, aunque no vayan a la cárcel, para qué hay que cambiarla", se pregunta. 

La cantante colombiana hace en su escrito una alusión a las “discrepancias con Hacienda” que “podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal”. Las multas del acuerdo de conformidad pactado por la artista con las acusaciones en la vía penal alcanzaron los 7.329.990 euros. Técnicos de Hacienda han realizado un cálculo teórico de las sanciones por las infracciones que tipifica la Ley general tributaria por dejar de ingresar la deuda de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Patrimonio de 2012 a 2014 -de lo que se ha acusado a Shakira-, que, hipotéticamente, podría haber impuesto la AEAT de no haber remitido estos hechos a la Fiscalía. En ese escenario teórico, los hechos denunciados se habrían calificado como infracciones tributarias muy graves, al haberse verificado la utilización de personas o entidades interpuestas con la finalidad de ocultar la titularidad de sus bienes o la obtención de las rentas, y las sanciones se graduarían por el perjuicio económico causado a la Hacienda Pública. Se obtendría, además, una reducción por la conformidad y otra por el pago de las multas, al igual que se ha hecho en el acuerdo de conformidad de los juzgados. El resultado de esos cálculos es que pactar con las acusaciones sería más beneficioso en 315.569,01 euros que la sanción tributaria efectiva de 7.645.559,01 euros que la AEAT habría impuesto a la artista. 

Aunque, si en el cómputo global se incluyesen las multas de 432.000 euros sustitutivas de las penas de tres años de prisión aceptadas por la artista en sede judicial, se podría aseverar que a Shakira el proceso penal le habría costado 116.430,99 euros más que en un hipotético expediente administrativo.

“Sin minusvalorar el indudable impacto emocional que supone la investigación tributaria y la posterior querella de la Fiscalía por seis delitos contra la Hacienda Pública -cinco agravados-, el equilibrio económico entre el acuerdo de conformidad y la cifra que habría resultado de unas hipotéticas sanciones administrativas, es lo que ha debido favorecer" que se alcanzase el consenso por ambas partes, concluyen los técnicos tras sus operaciones matemáticas.

Al margen de los números, a los miembros de Gestha les ha chirriado el trasfondo de las declaraciones resonantes de la cantante de que han “entrado de forma invasiva en sus datos” y “han escudriñado sus redes sociales y su intimidad” para encontrar a 117 testigos que fueron citados al juicio, aunque por la alianza entre las partes no tuvieron que romper el silencio. Piensan que sus asesores han hecho “una voladura controlada”, al indicarle que aceptara la comisión del delito, pero transmitir a la opinión pública que lo hacía, no por estar de acuerdo con lo que asumía, sino por sus hijos. El mensaje de “la pobre artista a la que la Agencia Tributaria española tan malvada le ha invadido la intimidad”, no ha “gustado nada” entre los técnicos de Hacienda.

¿Qué le sucede a un ciudadano medio cuando no paga a Hacienda? “Si hay un descuido o un error involuntario, puede que la Agencia Tributaria ni sancione a la gente corriente. Si supera los 3.000 euros de fraude y hay ocultación, entonces, esa infracción se considera grave y la sanción parte del 50% y puede llegar hasta el 100% de lo defraudado. Ese sería el abanico de la infracción grave. La muy grave, que está prevista para, entre otros casos, cuando se han utilizado medios fraudulentos, parte del 100% y puede alcanzar hasta el 150%”, detallan desde Gestha. Hay circunstancias que agravan la sanción y también que la disminuyen, como que no se recurra, se muestre conformidad y que se pague, lo que sería un caso análogo al de Shakira.

Los asesores, señalados

Si se hurga más en el comunicado difundido por el entorno de la cantante, hay otra arista reseñable. “Los asesores de Shakira eran fiscalistas de primer nivel como PriceWaterhouseCoopers y Ernst & Young”, se afirma en él, para engarzar que ella “siempre hizo todo lo que le indicaron y pagó toda la deuda antes incluso de la interposición de la querella”. De acuerdo a su versión, la cantante “declaró -siguiendo instrucciones de sus profesionales- su residencia desde 2015 en España y, desde entonces hasta su reciente vuelta a Miami, pagó todos sus impuestos en este país”.

En relación con esto, Mollinedo aboga por “incorporar a los asesores a los procesos penales”. Es más, recuerda que el Tribunal Supremo (TS) ya les reprochó a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria que no lo hubieran hecho en el “caso Messi”, el jugador de fútbol que fue condenado junto a su padre por tres delitos contra la Hacienda Pública. “Ciertamente resulta difícil de comprender que los asesores a los que se acudió hayan sido excluidos de toda preocupación acusadora por el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado”, reza con exactitud en el corpus de la sentencia del Alto Tribunal. Fuentes del ámbito jurídico señalan que lo reproducido supuso un aviso claro a ese colectivo, ya que, pese a que “el sujeto activo del delito fiscal solo pueda ser el sujeto obligado al pago de la cuota defraudada, los asesores también podrán ser condenados como cooperadores necesarios del mismo”.

Los problemas judiciales todavía no han acabado para Shakira. Tiene otra segunda causa pendiente en la que la Fiscalía le reclama 6.686.502 euros por la declaración de 2018 del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. De hecho, ya ha depositado en el juzgado dicha cuantía. El dinero quedará consignado y servirá para cubrir eventuales responsabilidades económicas, si al final las fija la Justicia.