CONTRATOS PÚBLICOS

Un recurso obliga a AENA a suspender el macroconcurso de seguridad por soslayar el acuerdo que firmaron Empleo y Fomento tras la huelga de El Prat

Trabajadores de Eulen protestan en el aeropuerto de El Prat durante la huelga.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha suspendido el plazo de presentación de ofertas para el concurso que debe adjudicar los servicios de vigilancia privada de los aeropuertos españoles. El sindicato USO presentó un recurso especial el pasado 25 de enero y AENA está ahora “rectificando” los pliegos del concurso tras haber “detectado la necesidad de modificarlos”, según publicó este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El gestor aeroportuario ha reconocido a infoLibre que el plazo de presentación de ofertas, que inicialmente debía cerrarse este viernes, queda suspendido hasta que se pronuncie el TARC, que depende del Ministerio de Hacienda, sobre el recurso presentado por USO. El macrocontrato, por importe de 359,46 millones de euros, debe servir proveer de vigilantes privados a los 27 aeropuertos de mayor tráfico de AENA durante los dos próximos años. El gestor también ha abierto otro concurso, de 10,86 millones de euros, para los 20 aeropuertos de menos de 400.000 pasajeros.

Ambos contratos se licitaron el pasado diciembre, poco después de que los ministerios de Fomento y Empleo firmaran con la patronal y los sindicatos de la seguridad privada un acuerdo para garantizar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales en las empresas estatales de transporte. La huelga de los vigilantes de Eulen el pasado mes de agosto en el aeropuerto de El Prat había destapado el recorte salarial que sufrían por culpa de las adjudicaciones a la baja de AENA y sentó a la mesa de negociación a todos los actores implicados.

Ese acuerdo obliga a las empresas dependientes de Fomento –aunque la intención de las partes es extenderlo a toda la Administración pública– a elaborar “presupuestos adecuados” al licitar los servicios de seguridad privada y a adjudicarlos puntuando el criterio de calidad con “al menos el 51%” de la nota final. En concreto, el pacto obliga a incluir en los pliegos de los concursos una serie de cautelas: incumplir las condiciones salariales o no pagar los sueldos será motivo para resolver el contrato con el adjudicatario; éste debe enviar cada mes un certificado de que ha abonado tanto las nóminas como las cotizaciones a la Seguridad Social; la obligación de respetar el convenio colectivo del sector debe establecerse como “condición especial de ejecución” del contrato, y el adjudicatario debe informar al organismo contratante sobre las condiciones de los contratos de sus trabajadores.

Sin embargo, el sindicato USO alega en su recurso que los pliegos del concurso de AENA “sorprendentemente” no incluyen algunas de estas medidas. Y reclama que en ellos se introduzca “expresamente” la obligación para el adjudicatario de cumplir el convenio colectivo sectorial, pues “ése es el espíritu literal”, asegura, “de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”. Aprobada el pasado noviembre, la norma entrará en vigor en marzo y obliga a las empresas candidatas a respetar las condiciones salariales del convenio sectorial.

Omisiones en los pliegos

AENA replica que el acuerdo “sí está incluido”, aunque “en general a lo largo de todo el pliego de la licitación, donde se recogen las especificaciones” del documento firmado en noviembre. “Entre otros asuntos, se tienen en cuenta los nuevos pluses para vigilantes vinculados al desarrollo de determinadas actividades”, asegura. “Lo que ha hecho AENA es calcular el coste de los pluses y aumentar el precio global de la licitación, pero no hay referencia explícita a esos complementos”, rebate a la empresa el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Flebes. El sindicato teme que empresas que no están integradas en la patronal del sector, Aproser, se nieguen a pagar unos pluses que no aparecen como tales ni en los pliegos ni en el convenio colectivo sectorial. Se trata del plus de aeropuerto, de radioscopia, de filtro y el variable ligado al cumplimiento de objetivos. Los tres primeros suponen unos 330 euros mensuales. El cuarto es un porcentaje de la remuneración variable que recibirá el adjudicatario. “La manera de consolidarlos es que se incluyan en los pliegos del concurso”, subraya Febles.

USO advierte de que AENA también ha omitido el último de los plus citados, el variable ligado a objetivos, pese a que el acuerdo de noviembre obliga a incluir “un compromiso de creación” de este complemento salarial en los pliegos. Basilio Febles explica que ni se fija su cantidad ni se establece una fórmula para calcularlo.

En su recurso, el sindicato pide, además, que se elimine la subasta electrónica, que consideran un “procedimiento de puja eminentemente económica, a cuyo mejor postor se le atribuye la adjudicación”. “Una forma de bajar el precio”, resume Basilio Flebes, “por lo que al final nos encontraremos con el mismo problema que queríamos solucionar”. Que el único “componente disuasorio” sea el precio, prescindiendo de otros “de especial relevancia”, queda “muy lejos del espíritu de la directiva europea y la nueva Ley de Contratos Públicos, que pretende dar una ponderación importante a otros criterios sociales y de calidad”, critica. El sindicato solicitó este mismo miércoles una entrevista con el director de Seguridad de AENA para que explique los cambios que se van a introducir en los pliegos.

En cualquier caso, no será la primera modificación. El gestor aeroportuario ya tuvo que cambiar las cláusulas particulares del concurso el pasado 3 de enero para incluir “el mínimo de calidad técnica”, que en un principio no figuraba y ahora se ha fijado en un 70% de la nota final.

Competencia desleal, impago de nóminas

El acuerdo firmado por el Gobierno con la patronal y los sindicatos el pasado 21 de noviembre pretende evitar que consigan contratos públicos empresas que, amparadas en sus propios convenios colectivos, pagan salarios por debajo del convenio sectorial. Una posibilidad permitida desde 2012, cuando la reforma laboral concedió prioridad de aplicación a los convenios de empresa en esta y otras materias. Con sueldos hasta un 40% inferiores a los fijados para el sector, estas empresas logran adjudicaciones en las que prima siempre el criterio del precio más bajo.

Debido a los recortes en el gasto público, la licitación de contratos a la baja ha sido la tónica durante los últimos años. Los rivales de estas firmas low cost les acusan de competencia desleal y los sindicatos, de explotar a los trabajadores pagando sueldos de 800 euros. En muchos casos, además, las plantillas están teniendo problemas para cobrar sus exiguas nóminas. Es lo que les ocurrió a los vigilantes del Ministerio de Defensa –Marsegur– y están sufriendo ahora los vigilantes del Metro de Madrid y de las instituciones que guarda Seguridad Integral Canaria en el archipiélago, o de la Tesorería de la Seguridad Social en Jaén, a cargo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

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